Organizaciones sociales compartieron en redes digitales la información de que el Concejo Municipal de Upala, “por unanimidad, con dispensa del trámite de comisión, acuerda en definitiva y en firme, realiza agenda al acuerdo tomado en el acta N° 225-2020, capítulo V, artículo 1, el cual textualmente acuerda lo siguiente: El Concejo Municipal por unanimidad, con dispensa del trámite de comisión, acuerda en definitiva y en firme, dar por aprobada la siguiente moción, y a su vez, que se publique el Diario Oficial La Gaceta.
Moción, Considerando: con base en el artículo 44 y 45 del Código Municipal, y considerando que el próximo 09 de marzo del 2020, se vence la moratoria sobre la construcción de hidroeléctricas en nuestro cantón de Upala, ratificamos las razones por las que se tomó dicho acuerdo de moratoria.
Por lo tanto: con el respaldo de distintos representantes de sectores de la sociedad, para que se prorrogue por 5 (cinco) años más a partir de su vencimiento.
Por lo que, se agrega lo siguiente al acuerdo: La Moratoria aprobada fue el 13 de marzo de 2015, en sesión número N° 06-2015, Capítulo V, artículo 1 y publicada en La Gaceta N° 47 del 09 de marzo del 2015, mediante solicitud N° 27926 – (IN2015011850).
El Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, la Comisión de Realidad Nacional y las personas profesionales que atendemos cotidianamente las manifestaciones de la pobreza y la desigualdad. Hoy 28 de marzo de 2020, hacemos un llamado vehemente a la sensatez por parte de las esferas de poder políticas y económicas del país, considerando que:
El actual Gobierno de la República, firmó el 3 de diciembre del año 2018, la ley 9636, FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, «LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO», a pesar del llamado de la clase media trabajadora, durante semanas de manifestaciones multitudinarias, a negociar una ley progresiva que no afectara de manera tan significativa sus ingresos.
El 21 de marzo de 2020, se aprueba la ley denominada: «AUTORIZACIÓN DE REDUCCIÓN DE JORNADAS DE TRABAJO ANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL». Ley 9832, como medida para las empresas que vean afectados sus ingresos en al menos un 20% en relación al mismo mes del año anterior, provocado por un suceso declarado de emergencia nacional.
El 24 de marzo de 2020, el Gobierno, mediante su página oficial emite un comunicado de prensa que anuncia medidas laborales en el sector público para combatir el Covid- 19, entre ellas: «Creación de un plan básico de funcionamiento y cancelaciones a los aumentos salariales a los funcionarios». Como medida de reducción del impacto de la crisis económica del país.
Las instituciones públicas costarricenses han respondido a la emergencia y han demostrado la responsabilidad en la atención de la Pandemia del Covid-19.
La emergencia nacional ha sido acogida por la mayoría de sectores adoptando la medida de seguridad de quedarse en casa, situación que desmoviliza a las y los trabajadores.
Una gran cantidad de personas del sector independiente y empresarial van a ver sus ingresos reducidos al mínimo, sin poder garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas.
El día 26 de marzo, el señor Rodrigo Chaves, Ministro de Hacienda, anunció la propuesta del Gobierno de un impuesto solidado a los salarios mayores de ₵500,000 (quinientos mil colones), para «ayudar» a las personas afectadas por la pandemia de COVID-19. Noticia que fue después reversada por el presidente de la república Carlos Alvarado.
El día 27 de marzo, el señor Carlos Alvarado, Presidente de la República, plantea un impuesto solidario de carácter temporal para salarios que superen el ₵1,000,000 (un millón de colones).
Previo a la pandemia, muchas familias en pobreza y pobreza extrema veían comprometida su salud física y mental debido a la dificultad de cubrir los costos de la canasta básica.
La exclusión económica y la desigualdad en el país son históricas, por lo que impactan derechos básicos para la vida humana como vivienda y salud.
Consideramos, por lo tanto:
Invitar al Gobierno Central y Ministerio de Hacienda a gravar a los grandes capitales y empresas evasoras, con el fin de no aniquilar la economía básica de sectores que deben sobrevivir con ingresos per cápita en vulnerabilidad que no permiten la cobertura de servicios ni la canasta básica. Así como, ofertar deducciones de sus propios ingresos, evitando así recargar en la clase media- baja trabajadora el peso de la crisis económica que enfrenta el país.
Reflexionar que, a pesar del constante aumento en el costo de vida, el sector público brindó su aporte al no percibir el aumento anual. De igual forma, parte de los salarios se encuentran sujetos al pago de impuesto de renta y en calidad de consumidoras, las personas pagan el reciente impuesto al valor agregado. Por ello, recomendamos que la contribución solidaria grave los salarios (públicos y privados) y pensiones de aquellas personas que se ubiquen a partir del quinto decil más alto según los salarios reportados[1].
Recordar a la Asamblea Legislativa y gobernantes del país, que la ciudadanía les escogió como servidores públicos y que las medidas redistributivas solidarias inician cuestionando los propios privilegios.
Solicitar al Poder Ejecutivo que brinde criterios claros de selección de las personas que recibirán subsidios por afectación del COVID-19; así como, habilitar y diversificar los medios de comunicación y espacios de participación accesibles para aquellas personas que no cuentan con recursos digitales para optar por el beneficio.
Instar que las medidas que se tomen por parte del Gobierno sean cuidadosas, solidarias, sostenibles y transparentes; de lo contrario, las acciones pueden vulnerabilizar aún más a quienes disponen de menos recursos para garantizar la reproducción de sus condiciones de vida.
Hacer un llamado de atención a los habitantes del país a dar seguimiento y fiscalizar los actos del Gobierno y las propuestas que después de salir a la luz, sean desmentidas públicamente. La corrupción se gesta, la mayoría de las veces, desde la complicidad y el silencio.
Considerar como un deber ético de nuestra profesión el pronunciarse ante la injusticia y defender los derechos de los sectores en pobreza, pobreza extrema y población vulnerable en torno a su acceso a la salud.
El Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica pone a disposición la experiencia de personas profesionales en torno al diseño, ejecución y evaluación de Políticas Sociales, que garanticen bajo un enfoque de derechos los criterios y medios más adecuados para la distribución de dichos recursos.
Según la Ley No. 3943 Ley Orgánica del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, en su artículo 1 corresponde a este ente “b. Velar por que se cumplan los principios éticos de la profesión”, “c. Defender el interés particular y de grupo de sus colegiados” y “d. Colaborar con el Gobierno de la República, en las situaciones de emergencia nacional, por medio del organismo correspondiente”.
[1] Según datos a los que se tuvo acceso reportados por la CCSS con base en la Dirección General de Hacienda, el quinto decil se encuentra en un rango entre 2,250,000 y 2,500,000 colones. Para más información consultar sem anarioun iversidad .com/p ais/cuantos-son-y-cuanto-es-el-salario-d e-los-sup erricos/.
Teatro Cambusina nos comparte en historias de títeres en tiempos de Covid19. Una microgoticúla de Covid19 se transporta por medio de una señora. ¡Tremendo susto se pegó Cone Y Pato! ¡No hay que recibir visitas!
Dania Obando, secretaria general de SITRAPA (Sindicato Industrial de Trabajadores de la Palma Africana y Afines) y secretaria de género y medio ambiente de FENTRAGH, nos comparte que en dicho sindicato no se cuenta con licencia sindical, por lo que las labores sindicales las hacen por las tardes después de las jornadas laborales, inclusive los domingos.
Maikol Hernández, secretario general de FENTRAGH, en la reunión que realizaron el pasado mes de febrero propuso y posteriormente se aprobó, la compra de una motocicleta para este sindicato, ya que las fincas son bastante separadas y no contaban con un medio de transporte. Con este gran aporte los y las compañeras de SITRAPA van a poder atender más las necesidades de los y las trabajadoras en las diferentes regiones afiliadas: Coto, Puerto Cortés, Puerto Jiménez y Los Celajes.
Un mensaje de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica
Se debe actuar de manera urgente para que, mientras se observan los resultados de las medidas de distanciamiento físico, toda la población tenga capacidad básica de compra, en particular de alimentos, así como de servicios básicos. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Desde inicios de marzo, nuestro país tomó medidas rápidas para abordar la pandemia del COVID-19. El 13 de marzo, con 26 casos detectados, el Poder Ejecutivo y, específicamente, el Ministerio de Salud Pública, instaron a la población a quedarse en casa, a sabiendas de que, para hacerle frente a esta pandemia, es imperativo interrumpir la cadena de contagios.
En estas circunstancias, es muy importante que la población tenga tranquilidad en dos sentidos. Primero, debe saber que no dejará de recibir servicios básicos (agua, electricidad e internet), aunque no tenga condiciones económicas para pagarlos. Segundo, debe tener seguridad de que contará con un ingreso básico para atender sus necesidades prioritarias, principalmente alimentos. Esta tranquilidad se alcanza mediante el respaldo del Estado y la solidaridad colectiva de todos los sectores sociales.
El Ministro de Salud Pública, don Daniel Salas, ha señalado claramente que no hemos alcanzado todavía el pico de contagio, lo cual ocurrirá posiblemente a inicios de mayo. Si no logramos aplicar sistemáticamente el distanciamiento físico, con el fin de detener o ralentizar la propagación del virus, pagaremos, como país y colectividad, un alto precio: un aumento del ritmo de personas contagiadas, mayor demanda de servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por encima de su capacidad de atención; colapso de un sistema de salud que necesitamos fortalecido, no debilitado, para que pueda hacerle frente a las demandas durante y después de esta pandemia; y más vidas perdidas, quizá de personas que apreciamos y queremos.
Al mismo tiempo, la prolongación del distanciamiento físico extiende y profundiza la crisis social y económica. Peor aún, es evidente que esta medida, indispensable en una emergencia sanitaria como la que vivimos, debe ir acompañada de garantías básicas para la vida. De no ser así, atentaríamos contra la ética de la solidaridad y provocaríamos la desobediencia de quienes deben elegir entre el distanciamiento y algún mínimo ingreso. Debemos actuar solidariamente con quienes sufren las consecuencias de una disposición sanitaria que beneficia a todas las personas.
Para garantizar el distanciamiento físico y lograr que dure el menor tiempo posible, es imperioso hacerle llegar a toda la población un mensaje claro y sencillo: puede quedarse en casa con el apoyo del Estado y de toda la sociedad.
La mayor parte de los servicios básicos se encuentran en manos de empresas públicas. Estas empresas deben garantizar los servicios y estimar los costos que esta garantía supondrá para aquellas personas y hogares que no puedan pagarlos, de manera de asegurar que no sufran interrupción.
Además, debemos crear un fondo de solidaridad para garantizar un ingreso básico único durante tres meses para toda la población que no lo tiene asegurado. ¿Por qué un ingreso básico único y no transferencias diferenciadas? Porque una transferencia diferenciada requeriría de algo que no tenemos: tiempo.
Antes de la crisis había en Costa Rica 1,7 millones de personas en condiciones de pobreza y 600 mil personas auto-empleadas, muchas en condiciones de precariedad. Además, había en el país 300 mil personas desempleadas. Ahora hay miles de personas viviendo suspensión de contratos de trabajo (más del 9.000 al 27 de marzo) así como siendo despedidas. La lista de personas vulnerables es muy larga y va desde choferes de taxi y trabajo doméstico hasta personal de restaurantes, vendedores ambulantes, productores agrícolas y madres con hijos/as que dejan de recibir su pensión alimentaria. Identificar una por una a las poblaciones vulnerables nos llevará a correr detrás de los acontecimientos: muchas personas que hasta ayer tenían su sostenibilidad económica resuelta, hoy no la tienen más. Mañana, quienes estarán en esa situación, serán aún más personas. Por eso, en vez de agregar poblaciones, el criterio debería ser alcanzar a toda la población menos la que aún está en la planilla que mensualmente recibe la CCSS.
Este ingreso básico durante tres meses se puede financiar de manera solidaria y con criterios de progresividad. Con impuestos temporales a la actividad de grandes empresas que no han dejado de trabajar; a empresas y personas que en 2019 se beneficiaron de una amnistía tributaria; y por supuesto también a los salarios altos en trabajos formales y seguros, tanto públicos como privados. La emergencia requiere, además, considerar nuevo endeudamiento.
Las posibilidades son diversas, pero lo más importante es que hay opciones para financiar un ingreso básico garantizado a toda la población que lo necesita.
Cabe resumir lo planteado bajo la idea de que se debe actuar de manera urgente para que, mientras se observan los resultados de las medidas de distanciamiento físico, toda la población tenga capacidad básica de compra, en particular de alimentos, así como de servicios básicos. Ello permitirá concretar el distanciamiento físico y atender simultáneamente el cuidado de la vida, la necesidad de volver a poner en marcha la economía, y preservar el orden social. No es, en realidad, solo la curva sanitaria la que debemos aplanar, sino también la curva del acatamiento mayoritario, si no total, al distanciamiento físico como único escudo protector contra la pandemia.
Recomendaciones para mejorar nuestra convivencia durante este período de distanciamiento físico a causa del COVID 19. Fuente: Dra. Mónica Salazar Villanea
A partir del 23 de marzo de 2020, a causa de la Emergencia Nacional del CORONAVIRUS, el Área de Salud Carmen – Montes de Oca tomó medidas especiales, tómelas en cuenta.
CITAS MÉDICAS EN EBAIS:
Los EBAIS del Área de Salud Carmen – Montes de Oca no darán citas nuevas, sólo citas programadas.
Las consultas presenciales en EBAIS se mantienen para padecimientos respiratorios, resfríos y sospechosos de CORONAVIRUS.
Se suspenden las citas para Electrocardiogramas.
Por el momento, no hay una Línea Telefónica para Información y Consultas, las líneas telefónicas habilitadas son para Teleconsulta Médica.
Las citas que se reprogramaran de acuerdo con las posibilidades, después de la emergencia se darán las indicaciones para que realice la reprogramación de su cita.
Las urgencias serán atendidas en la Sede Clínica Central de manera presencial.
Los pacientes de Anticoagulados deben asistir al Laboratorio Clínico el día de su cita asignada, después de las 7 am., la consulta será vía telefónica.
Las pacientes con Visita Domiciliar serán atendidos vía telefónica.
Se atenderán pacientes de la Clínica de Cesación de Tabaco, vía telefónica al 25390000 opción 1, luego marcan 2210 Ext. 1204 o 1205.
Las citas de control de crónicos se realizarán en dos modalidades, TELECONSULTA MÉDICA y PRESENCIAL, dependiendo del EBAIS al que usted asista.
Si no puede usar la modalidad de Teleconsulta Médica o Presencial, haga la solicitud de continuación de medicamentos al correo electrónico: as_catedral@ccss.sa.cr
Si hace solicitudes por correo electrónico anotar en el mensaje:
-Nombre completo -Cédula -Motivo de la solicitud -EBAIS y Fecha de la cita -Dirección física donde se enviará su medicamento.
Citas de control sólo modalidad TELECONSULTA MÉDICA (Llamada telefónica con su médico).
**Para saber a qué número debe llamar según el EBAIS al cual usted pertenece y demás información importante con respecto a farmacia, enfermería, laboratorio, odontología y demás atención en especialidades, INGRESE EN EL SIGUIENTE ENLACE para informarse:
-Se debe cubrir, sin excepción, a todas las familias compatriotas en desventaja
-El Subsidio Social Subsidiario (SSS) propuesto por ANEP dará asistencia a 660 mil familias y con 250 mil colones mensuales
La propuesta del Gobierno para otorgar un subsidio a 375 mil familias y por un monto de 200 mil colones mensuales, durante un trimestre, se queda cortísima. Están pensando en asistir, únicamente, a las personas trabajadoras que ya han perdido sus empleos producto de la pandemia del covid-19, o que han sido afectadas por reducción de jornada con rebaja salarial. ¡Esto está bien!, en principio.
Sin embargo, la gravedad de esta crisis obliga a pensar en todas las personas desempleadas que ya tenían tan grave condición social antes del estallido de la pandemia. ¿Cómo se van a quedar en casa con hambre? ¡Eso no es humano!
Hablamos de las 309 mil personas que, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), estaban ya desempleadas, el 12.4 % de la Población Económicamente Activa (PEA). ¿Qué pasará con estas personas?
Por el contrario, la propuesta formulada por la ANEP, con el apoyo del Encuentro Social Multisectorial, establece la posibilidad de cubrir hasta un total de 660 mil personas-familias sin ingreso alguno o muy reducido; y, aun así, de seguro, más compatriotas estarán entrando a la miseria producto de esta crisis de salud y de economía.
La propuesta de la ANEP para establecer el Subsidio Social Solidario (SSS), se financiaría con la declaratoria de una moratoria en el pago de intereses de la deuda pública, por un lapso igual de tiempo, tres meses, inicialmente; que permitiría emplear con ese fin social los 5.500 millones de colones diarios que el Ministerio de Hacienda está erogando para honrar esos intereses, considerados abusivos y obscenos.
Hablamos de que habría un monto mensual de unos 165 mil millones de colones volcados en la economía del mercado interno con lo cual se obtiene un doble efecto: solidaridad social y reactivación económica.
Creemos que hoy en día, dado los acontecimientos mundiales y el parón de la economía planetaria, una moratoria como la que plantemos tiene espacio político a raíz de que las rigideces fiscales, dogmáticas y fundamentalistas, inspiradas en el neoliberalismo, están siendo barridas por la lógica de los acontecimientos; y en los mismos países-cuna de tales políticas macroeconómicas y fiscales, las mismas están haciéndose añicos.
La propuesta de ANEP, incluida dentro del documento 15 medidas para enfrentar la crisis ante la emergencia del Covid-19, mismas que -repetimos-, cuentan con el respaldo del Encuentro Social Multisectorial, ya la conoce el Gobierno y estamos esperando, al menos, un “acuse de recibo”.
El SEC rechaza rotundamente la propuesta abusiva y maquillada con el nombre de “aporte solidario”, que propone el Gobierno, por ser un impuesto más al salario, el cual viene a golpear a la clase trabajadora del sector público.
Una vez más podemos observar cómo recargan a esta clase asalariada propuestas que llevarán a la debacle de sus familias, mientras los aportes solidarios de los que más tienen se eximen descaradamente.
La clase económicamente poderosa se sigue privilegiando con medidas que protegen su capital, aun cuando la contención de la problemática provocada por el Covid-19 es responsabilidad de todos. Este grupo debe entender que una crisis de salud no debe generar otra crisis de carácter social.
Exigimos un diálogo asertivo y transparente para que juntas y juntos busquemos salidas razonables.
¿Cuál es el aporte solidario de las empresas y zonas francas? Les recordamos los “Panamá Pappers”
Estudios y estadísticas presentadas meses atrás, provocaron que el Poder Ejecutivo hiciera correr a todo el entramado financiero para que ajustaran y rebajaran tasas de interés, además para que se le adecuaran deudas a las trabajadoras y los trabajadores, en su mayoría cabeza de familia y del sector público por estar altamente endeudados. Es así como se hizo la propuesta denominada “Salvamento”, exigiendo a todas las instancias financieras poner en ejecución el mismo.
Siendo así, no comprendemos cómo es que hoy se presenta una propuesta nueva denominada “Aporte Solidario” que no deja de ser un impuesto más al salario, es decir, “la misma mona con distinto rabo”.
Para el Magisterio Nacional es llevar a la debacle a las familias de las trabajadoras y trabajadores activos, pensionados y jubilados, que aún hoy muchos de ellos no han recibido su salario completo.
Es por esta razón que rechazamos rotundamente dicha propuesta la cual se camufla con la crisis que esta Pandemia del Covid-19 ha generado.
De tal manera apelamos a la sensatez de las diputadas y los diputados para que esta propuesta no sea aprobada, ya que vendría a romper la paz social del país.
Reiteramos el llamado al Magisterio Nacional de estar a disposición de tomar las medidas requeridas para defender la estabilidad laboral y económica de sus familias, esto si no se establece un proceso de diálogo y negociación donde juntas y juntos busquemos medidas para enfrentar esta crisis económica que ha provocado el COVID-19.
¿Cuál es el aporte solidario de las empresas y zonas francas? Les recordamos los “Panamá Pappers”, o la cantidad de empresas que durante muchos años reportaron en cero sus ganancias.
El Programa de Investigación en Enfermedades Tropicales de la Escuela de Veterinaria de la UNA (PIET-UNA), se dirigió al Gobierno para ponerse a su disposición para la colaboración y el apoyo necesario desde cada una de sus áreas de experiencia ante la situación de alerta sanitaria que vivimos.
A continuación, compartimos la carta dirigida por el PIET-UNA al Gobierno de la República.
