Historia de la obra creada por David Villalobos escultor costarricense. Esta escultura está disponible para la venta para continuar con el proyecto de construcción de Galería la Mantis en Guacimal de Puntarenas, un espacio para el arte. Un sueño personal que lleva trabajando muchos años.
La inspiración para esta obra viene de la naturaleza y de la mujer como seres creadores de vida.
Le invitamos a ver el siguiente video donde el artista explica más a fondo su intención al realizar esta escultura.
La ANDE está organizando una campaña de recolección de víveres para colaborar con las familias que perdieron sus casas en el incendio del pasado miércoles en Guararí de Heredia.
La comunidad indígena de Curré, situado en el Sur de Costa Rica, realizará del 23 al 26 de enero su ceremonia ancestral anual más importante que rememora las antiguas luchas que tuvieron sus antepasados con los conquistadores españoles.
Esta es una antigua tradición que convoca a centenas de turistas nacionales y extranjeros, quienes disfrutan de sus vistosas máscaras y vestuarios coloridos.
En esta festividad existen dos actores principales; el toro, que representa al español y que llegó como invasor a las tierras indígenas y los diablitos, que representan a los antepasados borucas que dieron su lucha en defensa del territorio y sus valores culturales.
Las fases del Juego de los Diablitos:
– La Nacencia: Se realiza el jueves 23 de enero a eso de la medianoche. Para este ritual, los diablitos suben en silencio a una loma cercana al pueblo y esperarán con respeto a que sea exactamente la medianoche. Al sonido de una bomba que anuncia la fiesta, sonará el caracol seguido por los tambores, flauta y acordeón.
Los diablitos gritan, bailan, saloman y empiezan a descender de la loma dirigidos por los caciques o diablos mayores, los cuales gozan de plena e irrefutable autoridad durante el desarrollo de este juego.
El pueblo entero les acompaña a la distancia y juntos recorrerán, durante el resto del amanecer, todas las casas del poblado en donde son recibidos con entusiasmo y benevolencia, mientras comparten chicha de maíz y tamales de arroz. De casa en casa, diablitos y pueblo avanzan hasta el amanecer.
-Primer día del Juego.
A eso de las 9 a.m., del viernes 24 de enero, los diablitos regresan a la acción, pero esta vez, tendrán la aparición inesperada de un actor que se convertirá por el resto de los días del juego en su peor enemigo: el toro. Una figura simbólica semejante a un toro real, elaborado con madera liviana y atada a una cachamenta con la que embisten a los diablitos, interpretados por jóvenes indígenas del pueblo, vestidos con sacos de gangoche, con sus rostros protegidos por máscaras de madera de balsa con diseños zoomorfos y antropomorfos.
Esa será la dinámica del juego por los siguientes dos días de lucha: El toro ataca y los diablitos esquivan sus golpes.
-Segundo día del Juego.
Similar al día anterior. Se suman más diablitos.
-Tercer y último día de juego.
Al llegar el domingo 26 de enero, al final de la tarde, los diablitos son parcialmente doblegados por el toro en una de las fases llamada “La tumbazón”, que representa una transición de suma importancia para el desenlace del juego.
El toro, al dejar tumbados a los diablitos, huye a refugiarse en la montaña y al pasar de unos 10 minutos, los diablitos despiertan y se reincorporan a la lucha. Juntos van tras la cacería del toro que se esconde en el monte.
Lo encuentran, lo atan y lo llevan arrastrado al centro del pueblo donde lo matan, lo queman y, en señal del triunfo, se reparten de manera simbólica sus partes, concluyendo así el tradicional “Juego de los Diablitos” en Rey Curré.
Por su valioso aporte a la identidad nacional, el Juego de los Diablitos fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de Costa Rica desde el 2017 bajo el decreto ejecutivo Nº 40766-C
“Es una actividad abierta al público nacional e internacional, gratuito, recomendable para toda la familia que desea conocer de cerca de una de las tradiciones más antiguas de Costa Rica”, agregó Rojas.
¿Cómo llegar a Rey Curré?
La comunidad indígena de Rey Curré se ubica en la Zona Sur de Costa Rica, en el cantón de Buenos Aires, provincia de Puntarenas, a 220 km al sur de San José.
Su acceso es muy sencillo, ya que se ubica a orillas de la carretera Interamericana Sur, entre Palmar Norte y Buenos Aires. Se cuenta con servicio de buses que pasan por Rey Curré cada dos horas.
La comunidad no posee servicios de hospedaje. Se recomienda a los visitantes tomar en cuenta este detalle y reservar hoteles y cabinas en Palmar Norte y Buenos Aires, los cuales se ubican a 20 minutos de Rey Curré en carro.
Para conocer más detalles visite la página electrónica: REY CURRÉ YIMBA.
A pesar de la aceptación de la vacuna contra el VPH, algunos mitos persisten en la población
La Encuesta Actualidades 2019, con un margen de error del 3 %, reveló las percepciones de los costarricenses hacia la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). Foto: Karla Richmond.
En Costa Rica, el 67 % de la población está de acuerdo con que la vacuna contra el Virus de Papiloma Humano (VPH) sea obligatoria para todas las niñas de 10 años.
Su aplicación es la principal forma de prevención del cáncer de cuello uterino, el cual es responsable del 70 % de su incidencia en el mundo. Por este motivo, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) empezó a aplicar la vacuna contra el VPH a más de 35 000 niñas de 10 años en todo el país en junio del 2019.
El hecho de que la vacuna se aplique en temprana edad radica en que las personas sexualmente activas han tenido contacto con el virus. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mayoría de los hombres y mujeres contraen la infección poco después del iniciar su vida sexual.
Sin embargo, un 64 % aún no sabe o está de acuerdo con que la vacuna posee efectos secundarios. Esta creencia no está comprobada por ningún estudio científico de acuerdo con la OMS.
Asimismo, un 30 % considera que la vacuna contra el VPH puede incentivar el inicio de la vida sexual, respuestas que principalmente brindaron personas con primaria o menos.
“El mayor reto que tuvimos fue a la hora de hacer las encuestas, pues algunas personas se sentían incómodas con el tema, ya fuese por motivos religiosos o por desconocimiento, lo que provocaba que las personas no quisieran responder ciertas preguntas”, comentó Lindey Carvajal, estudiante de tercer año de la Escuela de Estadística.
Ella, junto a Amram Aragón y a Josué Baltodano, se encargaron de trabajar este tema con el interés de conocer qué tanto conocimiento poseían los habitantes en torno a la vacuna y si el grado de conocimiento que poseían, influía en la opinión que tenían respecto a la aplicación de la vacuna a niñas de 10 años.
Confusión prevalente
Algunos aspectos relacionados a la función de la vacuna contra el VPH aún son confusos según los resultados de la Encuesta Actualidades 2019. Por ejemplo, el 62 % de las personas consultadas afirman que la vacuna previene la transmisión del virus. Mientras que, casi el 35 % considera que con su aplicación se cura la infección con el virus.
El VPH tiene más de 200 tipos y solo alrededor de 40 tipos pueden infectar el área genital. Según el Dr. Rodrigo Mora, especialista en microbiología oncológica de la UCR, indica que el sistema inmunológico actúa en el 90 % de las displasias causadas por el virus y estas desaparecen al cabo de unos meses sin ninguna intervención médica. Las displasias son una alteración en las células o tejido uterino.
Además, en la encuesta destacan los porcentajes de costarricenses quienes no saben las respuestas. Como es el caso de los que dicen no saber si la vacuna previene la aparición de verrugas genitales (el 34 %), si previene el cáncer de cuello uterino (22 %) o si el VPH se transmite por contacto sexual (9 %).
El VPH sí se transmite por contacto sexual, sin embargo, no es necesario que haya una relación sexual como tal, pues el contacto directo piel con piel de la zona genital es un modo de transmisión reconocido.
“Se requiere un gran esfuerzo por parte del gobierno para que se divulgue más y mejor información acerca de la vacuna, para que así la población logre estar más informada acerca de sus beneficios”, manifestó Carvajal.
Es a través del curso de Diseño y Ejecución de Encuestas que los futuros estadísticos son los que escogen el tema, definen su bibliografía, hacen las entrevistas de campo, las digitalizan y analizan hasta realizar la presentación de resultados.
“Tratamos de indagar temas cotidianos, de la actualidad. Con esta entrega ya hemos investigado 84 temas, en los que los estudiantes se someten a todas las fases que conlleva realizar una encuesta en un semestre”, señaló Johnny Madrigal Pana, profesor supervisor del estudio.
De igual manera, los alumnos trabajaron con otros ocho temas como las actitudes hacia los anticonceptivos de emergencia y las actitudes hacia el consumo de insectos en Costa Rica.
El uso de desechos orgánicos en biocombustibles ayudaría al control de los gases de efecto invernadero
Investigadores de la UCR exploran el uso potencial de biomasas propias de Costa Rica para la generación de biocombustibles. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
¿Existe la posibilidad de que Costa Rica produzca su propio combustible para reducir gastos en importación? ¿Podría el sistema de transporte costarricense funcionar, en su totalidad, a partir de biocombustibles? Estas son algunas de las preguntas que busca responder un proyecto que nace en la Escuela de Ingeniería Química (EIQ) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Dicha iniciativa tiene como objetivo generar biocombustibles a partir de desechos orgánicos provenientes de la agroindrustria, corrientes de lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales, desechos orgánicos urbanos, aguas negras, excretas de la crianza de animales y plásticos, mediante un procedimiento novedoso denominado licuefacción hidrotérmica (LHT).
“Costa Rica posee una matriz de energía eléctrica excelente, un 95 % es generada por medio de fuentes renovables. Sin embargo, el 60 % de la energía total que consumimos proviene de combustibles fósiles, fundamentalmente para el sector transporte. Este tema está muy ligado con la parte de emisiones de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, el calentamiento global”, explicó el investigador principal del proyecto y director de la EIQ, Dr. Esteban Durán Herrera.
De allí surge la necesidad de buscar una alternativa al uso de combustibles tradicionales (los cuales tienen un fuerte impacto en el ambiente), de manera que las fuentes renovables se introduzcan en la generación de energía limpia dentro del sistema nacional de transportes.
Como parte de la primera etapa de tal iniciativa, la EIQ se aventuró a explorar el uso de desechos orgánicos o biomasas disponibles en Costa Rica, como el pinzote de banano y el rastrojo de piña.
“Con este proyecto se estudia y evalúa el uso posible de biomasas propias de nuestro país, ya sea en la actualidad o potencialmente, porque no pretendemos explorar solo los desechos de piña, banano y café, sino también otras opciones, como pueden ser algas o lodos de aguas residuales, a las cuales en este momento no se les saca ningún provecho”, mencionó Durán.
La innovación
El LHT consiste en transformar una sustancia de un estado gaseoso a líquido. Esto ocurre por la acción de la temperatura y el aumento de la presión. Es decir, acontece un cambio químico que produce una mezcla de hidrocarburos, los cuales al enfriarse se condensan en un líquido.
Como en la mayoría de los procesos de gasificación, la biomasa no tiene que ser seca debido a que la licuefacción hidrotérmica se realiza en estado húmedo.
A criterio de Durán, este es el primer trabajo en el país que explora el uso de dicho procedimiento y, si se obtienen buenos resultados en la etapa experimental de investigación, uno de los objetivos a futuro sería realizar el LHT en mayor magnitud para, eventualmente, construir una planta piloto en Costa Rica que permita probar el concepto con un incremento en los volúmenes. Si se logra un efecto positivo, podría escalarse a una planta con capacidad industrial.
Al integrar a este proceso los desechos de la agroindustria, se garantiza su manejo adecuado, lo cual reduce de forma considerable los problemas ambientales, como la proliferación de plagas, malos olores y enfermedades.
El proyecto está a cargo del Dr. Esteban Durán Herrera, con la colaboración de la estudiante Mariángel Escalante Castro, la Licda. Natalia Montero Rambla, la Dra. Natalia Hernández Montero y el estudiante Raúl Ulate Sancho. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Durán indicó que las empresas nacionales productoras de banano y piña han estado anuentes a contribuir con el proyecto, al facilitarles biomasas para las investigaciones.
Asimismo, este experto se refirió al gran beneficio que pueden obtener las empresas con el desarrollo de esta iniciativa, pues el tratamiento adecuado de los desechos, en lugar de representarles un costo, se podría convertir en una ganancia. Lo anterior porque no se trata solo de un desecho, sino más bien de una materia prima.
De esta forma, podrían resolver la problemática que surge de la mala gestión de las biomasas y obtendrían un ingreso, al cederlas para que se conviertan en biocombustibles.
En Costa Rica, se producen cerca de 183 000 toneladas de desecho de pinzote de banano y 4.28 millones de toneladas de rastrojo de piña, al año.
Beneficios para Costa Rica
“Hay múltiples beneficios, el principal sería que podríamos sustituir, no en su totalidad, pero sí en una fracción, el uso de los combustibles tradicionales. A nivel nacional, se ha establecido como meta disminuir la huella de carbono, y los combustibles fósiles son, sin duda, uno de los componentes más importantes de esta”, recalcó Durán Herrera.
Otra de las grandes ventajas señaladas por el director de la EIQ es el incentivo económico que se daría al sustituirse la importación de combustibles, provenientes del petróleo, por la producción y empleo de los distintos tipos de biomasas disponibles en Costa Rica.
Además, los biocombustibles, al ser químicamente muy similares a la gasolina tradicional, pueden ser utilizados en cualquier medio de transporte. Tal es el caso que, si fuese necesario, podría usarse un automóvil alimentado cien por ciento con combustible de este tipo.
Actualmente, esta iniciativa se encuentra en su etapa experimental, la cual desde hace aproximadamente 11 meses ha dado buenos resultados. Según el investigador, un próximo paso consistirá en desarrollar cálculos económicos y de escalamiento para determinar si, a partir de los efectos obtenidos, sería posible construir una planta que lleve a cabo una producción anual de biocombustibles.
Si no fuese rentable, sería necesario evidenciar cuáles condiciones tendrían que cambiar para que sí lo sea. También un potencial resultado de la investigación podría ser que esta propuesta no es rentable del todo.
“Estamos muy contentos con el proyecto, hemos tenido muy buena acogida, porque el proceso como tal tiene muchas ventajas y, de llegarse a concretar y ser rentable, tendría múltiples beneficios. Nos sentimos muy entusiasmados, pues hemos tenido mucho apoyo”, concluyó Durán Herrera.
Bianca Alina Villalobos Solís
Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información
Como bien es sabido, cualquier acción militar de un Estado contra otro Estado que no se inscriba en el marco del ejercicio de la legítima defensa, o que no sea debidamente autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, constituye una clara violación a la prohibición del uso de la fuerza establecida en la Carta de Naciones Unidas suscrita en 1945: esta última constituye una regla esencial del ordenamiento jurídico internacional contemporáneo, que solo admite las dos excepciones previamente mencionadas.
La legitimidad de la defensa ejercida por un Estado contra otro en breve
Cuando un Estado Miembro de Naciones Unidas realiza un ataque contra otro Estado, alegando que su acción militar constituye un ejercicio de su derecho a la legítima defensa, previsto en el artículo 51 de la Carta (véase texto de la Carta), tiene la obligación de informar de inmediato al Consejo de Seguridad. Usualmente, los Estados que realizan operaciones militares siempre buscan la manera de justificarse ante la opinión pública internacional, explicando que tienen un carácter netamente defensivo: uno de los argumentos más esgrimidos para darle una apariencia de legalidad a sus acciones, es recurrir a la noción de legítima defensa.
De manera a familiarizar a nuestros estimables lectores con el alcance de las obligaciones que conlleva para un Estado el uso de la fuerza contra otro Estado bajo el amparo del artículo 51, nos permitimos reproducir el contenido de éste a continuación:
«Artículo 51: Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas por los Miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales«.
Tal y como se desprende de este artículo 51, se debe tratar de una respuesta militar de un Estado a un ataque recibido con anterioridad por parte de otro Estado. No hay cómo interpretar de la letra de este artículo la existencia de una legítima defensa «preventiva» o «anticipada«, que por ejemplo sostuvo oficialmente Estados Unidos en abril del 2003 para justificar de forma groseramente falaz su agresión militar a Irak, o Israel en 1981 al bombardear instalaciones en Irak (Nota 1).
Las cuestionables argumentaciones en la lucha contra el terrorismo: Estados vs. entidades que no son Estados
Cuando se trata de un Estado (o de un grupo de Estados) actuando contra entidades no estatales, desde el 11/S se asiste a una peligrosa deriva con relación a la noción de legítima defensa, al intentar Estados Unidos y sus aliados justificar legalmente acciones militares unilaterales o colectivas contra grupos de personas o personas en el territorio de otros Estados, sin contar con el consentimiento previo de sus autoridades.
Ante los diversos abusos perpetrados por la denominada «Coalición» liderada por Estados Unidos en su lucha contra el Estado Islámico (ISIS o ISIL por su siglas en inglés) en Siria y en Irak, en julio del 2016 circuló en la red un llamado colectivo suscrito por una gran cantidad de profesores de derecho internacional e investigadores denunciando esta cuestionable práctica (Nota 2).
Con relación a un Estado que acompañó incondicionalmente a Estados Unidos en su campaña de bombardeos aéreos en Siria y en Irak, el 15 de febrero del 2016 las nuevas autoridades electas en Canadá optaron por suspender todos sus bombardeos aéreos (véase sitio oficial de la operación «Impact«); en diciembre del 2016, fue Dinamarca la que anunció la suspensión de su apoyo aéreo a las operaciones contra ISIS llevada por esta autodenominada «Coalición» de Estados (Nota 3).
En este gráfico elaborado por la ONG Airwars, nuestros lectores podrán mejor comprender lo que la palabra «Coalición» esconde con respecto a los bombardeos en territorio sirio realizados hasta junio del 2017: es la fecha en la que el comando conjunto de la susodicha «Coalición» dejó de proporcionar los datos graficados.
En el 2018, la misma Airwars denunció la decisión de Países Bajos de no identificar fechas y lugares de bombardeos que hayan causado víctimas civiles: su informe (véase texto completo) titulado «Refusal by The Netherlands Defence Ministry to identify specific civilian harm events impedes natural justice, and runs counter to actions by other Coalition allies» en neerlandés y en inglés es de recomendada lectura. En diciembre del 2019, otra (burda) maniobra de las autoridades neerlandesas fue denunciado (véase informe titulado «Dutch defence ministry publishes incorrect statement on civilian deaths, hours before key parliamentary debate«).
En el caso de Francia un artículo de prensa (de los pocos) publicado en el 2019 en Libération y titulado «Syrie : la France, grande muette des frappes aériennes«, señala la estrategia gala, que difiere sensiblemente de la de sus socios anglosajones: consiste en sostener públicamente que si bien bombardea Siria, sus operaciones militares son tan precisas que no causan víctimas civiles. Se lee por en este mismo artículo por parte de un vocero militar francés que lo que se haga en Estados Unidos o en el Reino Unido no debe porqué interpelar a Francia:
«Il n’y a pas de pression publique pour avoir toutes les informations. Nous n’avons pas senti le besoin d’en dire plus»» (sic).
Las justificaciones oficiales dadas por Irán y por Estados Unidos al Consejo de Seguridad
Volviendo al marco de las acciones militares de un Estado contra otro Estado, recientemente el Presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas recibió dos cartas oficiales.
El pasado 8 de enero, Irán remitió formalmente al Consejo de Seguridad una carta en la que justifica el ataque con misiles a dos bases militares en las que estacionan fuerzas militares norteamericanas ubicadas en Al-Assad y en Irbil (en Irak), realizado el día anterior: para justificar esta acción militar desde el punto de vista jurídico, Irán recurre a la legítima defensa prevista en el Artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, y explica que se trata de una respuesta puntual y proporcional a una acción militar anterior de Estados Unidos que se generó desde estas mismas dos bases situadas en el territorio irakí (véase texto de la carta elaborada por la diplomacia persa).
El mismo 8 de enero, el Presidente del Consejo de Seguridad recibió otra carta oficial: se trata de la que le remitió Estados Unidos, justificando de igual manera que el asesinato del General Ghassem Souleimani acaecido desde un dron de combate el 2 de enero del 2020 se justifica recurriendo a la legítima defensa prevista en la Carta de Naciones Unidas (véase texto de la carta norteamericana). Estados Unidos refiere en su carta a varios ataques sufridos en Irak por su personal, sus instalaciones, así como a los daños sufridos por su embajada el 31 de diciembre del 2019 en la capital irakí.
Ambos documentos oficiales fueron antecedidos por una carta oficial dirigida al mismo Presidente del Consejo de Seguridad, con fecha del 6 de enero, enviada por Irak y exigiendo que se respete su soberanía e integridad territorial (véase texto completo de la carta irakí). La primera misiva (Irán) refiere al debido respeto a la independencia, a la integridad territorial y a la soberanía de Irak, al tiempo que la segunda misiva (Estados Unidos) omite toda referencia a los derechos que ostenta Irak como Estado soberano.
De algunos otros vacíos en la carta de Estados Unidos
Más allá del irrespeto a la soberanía de Irak, que ha provocado serios cuestionamientos contra la presencia militar norteamericana en suelo irakí desde el pasado 2 de enero, es de notar que la lectura de la carta elaborada por el Departamento de Estado no permite (aún) conocer el carácter supuestamente «inminente» de la amenaza que representaba el alto funcionario iraní asesinado para Estados Unidos: la «amenaza inminente» que significaba fue un argumento usado con insistencia en Estados Unidos para explicar oficialmente este asesinato (una vez cometido), y el vacío de información desde entonces evidencia que muy posiblemente, la decisión de escoger esta opción militar en la Casa Blanca se tomó de manera totalmente antojadiza. Como sucede a menudo con decisiones de este tipo, sus efectos políticos suelen ser contraproducentes.
Tuvimos la ocasión de analizar, desde el punto de vista jurídico esta vez, el asesinato por parte de Estados Unidos en suelo irakí de Ghassem Souleimani (véase nuestra breve nota titulada «El asesinato de Ghassem Soleimani por parte de Estados Unidos en Irak: breves apuntes desde la perspectiva jurídica«, disponible en este enlace). Como lo indicamos, esta operación militar se distingue de muchas otras ejecuciones sumarias realizadas desde un dron:
«nunca un dron de combate usado por un Estado había eliminado físicamente a un alto funcionario perteneciente al aparato militar de otro Estado«.
Foto extraída de nota de prensa titulada «Téhéran sert un avertissement à Trump après ses menaces», La Presse (Canada), edición del 5/01/20120
Esta carta oficial enviada por Estados Unidos adolece de elementos para caracterizar como «inminente» la amenaza que supuestamente representaba para Estados Unidos el General Ghassem Soleimani; tampoco aparece mención detallada alguna a «futuros planes» del mismo que pusieran en riesgo la vida de soldados o intereses norteamericanos. En cuanto a explicar claramente que esta acción fue necesaria y porqué es que lo fue, perdura la misma sensación.
En una reciente transcripción de una entrevista en Estados Unidos al mismo Secretario de Defensa (véase entrevista completa del 12/01/2020 del Canal CBSNews) se lee lo siguiente con relación a la «inminencia» de ataques a sedes diplomáticas norteamericanas:
«MARGARET BRENNAN: Probably and could have been. That is- that sounds more like an assessment than a specific, tangible threat with a- a decisive piece of intelligence.
SEC. ESPER: Well, the president didn’t say there was a tangible- he didn’t cite a specific piece of evidence. What he said is he probably- he believed, could have been—»
MARGARET BRENNAN: Are you saying there wasn’t one?
SEC. ESPER: I didn’t see one with regard to four embassies. What I’m saying is I share the president’s view that probably- my expectation was they were going to go after our embassies. The embassies are the most prominent display of American presence in a country«.
Las imprecisiones de estas declaraciones públicas dadas el 12 por el máximo responsable norteamericano en materia de Defensa y las omisiones de la carta de Estados Unidos del 8 al Consejo de Seguridad contrastan … con la extrema precisión del dron de combate norteamericano el 2 de enero: dada la información de primera mano que exigió para lograr su objetivo, inclina a pensar que Israel no es del todo ajeno a esta operación militar (y así lo sugieren notas periodísticas publicadas en Estados Unidos y en Israel, como por ejemplo esta nota de prensa del Times of Israel titulada «Israeli intel helped US carry out strike that killed Iran’s Soleimani — report«, edición del 12/01/2020). Resulta oportuno recordar que en octubre del 2019, el jefe de los servicios de inteligencia israelí había declarado en medios de prensa que Ghassem Soleimani podría ser el blanco de una futura operación de sus servicios (véase nota del Times of Israel titulada «Mossad chief: Iran’s Soleimani ‘knows his assassination is not impossible’ «, edición del 11/10/2019).
A modo de conclusión
Este asesinato constituye una nueva flagrante violación a las normas más básicas del ordenamiento jurídico internacional por parte de la actual administración norteamericana.
Más allá de las felicitaciones que recibió el Presidente de Estados Unidos por parte de Israel (constituyéndose en el único Estado en congratularse y en felicitar oficialmente al ocupante de la Casa Blanca por este asesinato), el repudio a esta acción norteamericana debiera ser mucho más contundente y generalizado por parte de los integrantes de la comunidad internacional, al constituirse en un peligroso precedente con consecuencias devastadoras para el ordenamiento jurídico internacional.
Notas
Nota 1: Cabe recordar que Israel fue el primer Estado que se refirió oficialmente a la noción de «legítima defensa preventiva«, en 1981, cuando la aviación israelí bombardeó el reactor nuclear de Osirak, en Irak. Véase FISCHER G., «Le bombardement par Israël d’un réacteur nucléaire irakien», Vol. 27 AFDI (1981), pp. 147-167, disponible en este enlace.
Nota 2: Véase llamado colectivo titulado precisamente “Contra una invocación abusiva del derecho de legítima defensa para hacer frente al terrorismo” ( «A plea against the abusive invocation of self-defence as a response to terrorism – Contre une invocation abusive de la légitime défense pour faire face au défi du terrorisme»): el texto está disponible en este enlace (así como la larga lista de los académicos que suscribieron este manifiesto colectivo).
Nota 3: Véase al respecto nuestra breve nota: BOEGLIN N., «Denmark’s decision to withdraw from airstrikes on Syria and Iraq«, publicada en MiddleEast Monitor, edición del 6/12/2016, disponible en este enlace.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR.
La población adulta mayor en Costa Rica se triplicará en los próximos 40 años, según datos del INEC y el Centro Centroamericano de Población
La Encuesta de Actualidades 2019 reflejó que la población costarricense piensa que vivirá hasta una edad promedio de 76 años. Foto: Anel Kenjekeeva.
La atención brindada por el Estado costarricense, en aspectos relacionados con la vejez saludable, recibió una calificación deficiente por parte de la ciudadanía en la última Encuesta Actualidades 2019, realizada por la Escuela de Estadística (EEs) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
La preparación que otorga el Estado a las personas para que cuenten con bienestar en su vejez obtuvo en promedio una nota de 5,3 (en una escala de 0 a 10), mientras que las atenciones específicas que brinda el sector salud para atender el envejecimiento en el país recibió un puntaje de 5,8.
En Costa Rica, una de las instituciones que brinda apoyo en una atención integral de las personas adultas mayores es el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), el cual fue creado mediante la Ley Nº 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor de 1999.
Dirigido por una junta rectora con representantes de diferentes instituciones públicas del país, se enfoca en promover una mejor calidad de vida en dicha población con la formulación y ejecución de políticas públicas.
Una segunda institución es la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la cual guía el cumplimiento de políticas nacionales y planes en el campo de la salud y las pensiones.
Actualmente la CCSS cuenta con 29 hospitales, 103 áreas de salud y 1 031 Equipos Básicos de Atención Integral de la Salud (EBAIS) ubicados en todo el país, para la atención de toda la población costarricense, incluida la adulta mayor.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y del Centro Centroamericano de Población (CPP-UCR), el número de personas adultas mayores en Costa Rica se triplicará en los próximos 40 años. De esta forma, este segmento poblacional pasará de contar con 316 000 personas al año 2012, a más de 1 millón en el 2050.
La Encuesta Actualidades 2019 reflejó que el tema de la vejez está presente en el pensamiento de la ciudadanía, tanto así que las variables de cómo estará compuesta su familia y las actividades que realizará cuando alcancen dicha etapa de su vida recibieron las puntuaciones más altas, en contraste con factores como las enfermedades que podrán padecer en el futuro, recibir una pensión, entre otros.
El estudiante de Estadística Nelson Torres Chávez expuso, en una conferencia de prensa realizada el pasado mes de diciembre, los resultados obtenidos en el módulo de envejecimiento de la Encuesta de Actualidades 2019. Foto: Karla Richmond.
Datos relevantes adicionales
Las personas consultadas en dicho estudio estadístico piensan que vivirán, en promedio, hasta los 76 años, edad que es menor a la estimada en el informe del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) denominado Prospectiva en cambio demográfico al 2045, la cual ronda los 80 años. Aunado a ello, en el país se cree que una persona empieza a envejecer a una edad promedio de 52,3 años.
En la encuesta se evidencia un contraste significativo hacia temas de la vejez en dos rangos de edades. El primero de 18 a 29 años y el segundo de 50 años en adelante.
Como es de esperar, el primer segmento poblacional piensa menos en su vejez, así como en la posibilidad de recibir una pensión; mientras que el segundo grupo, a diferencia de los demás, es el que más tiene presente dichos temas.
Las mujeres se preocupan en promedio más que los hombres en las enfermedades que pueden llegar a padecer alcanzada esta etapa y esto queda reflejado en los porcentajes, los cuales son de un 45 % y un 33,2 % respectivamente.
En cuanto a actividades relacionadas a un envejecimiento saludable, el comer sanamente y realizar acciones que requieren agilidad mental son las más practicadas en el país, mientras que las actividades sociales y al aire libre son las que se realizan con menor frecuencia. Ingerir comida saludable y asistir a controles médicos es más frecuente entre personas de 50 a 59 años.
“Comparando los resultados de esta encuesta con el documento del módulo de alimentación, las personas consideran que comer arroz, frijoles y en general, los carbohidratos, están relacionados con un consumo saludable, lo cual no implica precisamente eso”, comentó Nelson Torres Chávez, uno de los estudiantes de la EEs a cargo de la elaboración de esta encuesta.
Sobre la Encuesta Actualidades 2019
La Encuesta Actualidades se realiza en el marco del curso de Diseño y Ejecución de Encuestas de la EEs y durante el mes de octubre de cada año. La edición 2019 estuvo a cargo del profesor Johnny Madrigal Pana y se realizó a personas de 18 años y más, residentes en viviendas particulares de todo el país bajo el método de entrevistas cara a cara.
Este estudio abarcó nueve temáticas distintas, como las actitudes en el país hacia los anticonceptivos de emergencia y las restricciones en los hogares ante la crisis económica, entre otras. El apartado sobre los aspectos relacionados con el envejecimiento en la población costarricense fue desarrollado por los estudiantes Fernando Alvarado Prado, Nelson Torres Chávez y Maripaz Venegas González.
La muestra incluye un total de 1 215 entrevistas y tiene un margen de error de 3 puntos porcentuales.
Bianca Alina Villalobos Solís
Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información
Institución es finalista por tercer año consecutivo en esta iniciativa que promueve la participación ciudadana y el desarrollo de habilidades individuales de los estudiantes
La delegación de la UCR en Debate Interuniversitario Alberto Cañas Escalante 2019 estuvo integrada por los estudiantes Brad Xiang, Katherine Segura, Josué Rivas, Karina Aguilar, Amanda Morera y Stuart Chavarría. (Fotografía: Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa).
La representación estudiantil de la Universidad de Costa Rica (UCR) destacó por tercer año consecutivo en el Debate Interuniversitario Alberto Cañas Escalante, que enfrentó a ocho centros de educación superior pública y privada del país.
El espacio promueve que los estudiantes universitarios sometan a discusión temas de realidad nacional, tales como procesos de reactivación económica, los retos del sistema educativo y la situación de la explotación minera y piñera en el país.
La participación de la UCR en esta ocasión estuvo a cargo de un grupo de estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas integrado por Katherine Segura Villegas, Josué Rivas Valverde, Brad Xiang Morales, Karina Aguilar Hidalgo, Amanda Morera Núñez y Stuart Chavarría.
El debate se desarrolló a partir del sorteo de los temas propuestos por todas las instituciones y posteriormente, de forma también al azar, se asignó a cada equipo de estudiantes la posición que debía respaldar durante el espacio, ya fuese a favor o en contra de la temática.
La iniciativa dio lugar a tres rondas de discusión en las diversas sedes universitarias y a partir del puntaje asignado por un jurado calificador, se definieron las instituciones finalistas que se enfrentaron durante el mes de diciembre pasado en la Asamblea Legislativa.
Para la capitana del equipo de la UCR, Katherine Segura, la preparación fue muy retadora. “Ha sido una experiencia enriquecedora, tener que investigar y aprender de distintos temas de la realidad nacional es algo que la carrera ya nos permite, pero en ese nivel de debate se necesitan argumentos muy sólidos para lograr el éxito”, afirmó.
Esta fue la tercera edición de este debate interuniversitario coordinado por el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa junto a las universidades. La UCR es una de las instituciones fundadoras de este espacio, en el que ha sido finalista todos los años desde su primera edición en 2017.
El coordinador del debate, Francisco Flores reconoció la oratoria, la profundidad del discurso y el manejo de datos e información evidenciado por parte de los estudiantes que en esta ocasión representaron a la UCR.
“La UCR ha mostrado mucho liderazgo, trabajo en equipo y habilidades que muestran lo que se está haciendo bien en la universidad”, destacó el funcionario de la Asamblea Legislativa.
Según la capitana Katherine Segura, su estrategia se basó en la alternancia de todos los miembros del equipo, quienes se prepararon durante dos meses para participar por primera vez de este espacio. (Fotografía: Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa).
Aprendizaje complementario
Según el profesor de la Escuela de Ciencias Políticas, Javier Johanning, estos espacios son idóneos no solo para que los universitarios practiquen oralidad y argumentación, sino que también les permite apropiarse de espacios públicos donde tienen que informarse y contrastar opiniones.
“El informarse sobre una multiplicidad de temas desconocidos genera una formación complementaria que acompaña lo que sucede en las aulas. Esto les genera un aporte más allá que el reconocimiento, pues incluso les puede llevar a participar de debates a nivel internacional”, comentó el docente.
Por su parte, el estudiante Josué Rivas, quien participó del debate, considera la experiencia satisfactoria, de mucho aprendizaje y compromiso personal. “Es sumamente gratificante participar porque es una proyección de lo que es la Universidad y del aporte que tenemos para la sociedad costarricense”.
Pese a que los equipos participantes de la UCR durante estos tres años han estado integrado por estudiantes de Ciencias Políticas, el concurso es abierto para todas las carreras, a las cuales la representación de esta última edición invita a sumarse.
Jose Adelio Murillo Montero
Asistente de Prensa Oficina de Divulgación e Información
Las universidades públicas se encuentran en medio de un contexto de recortes desde una arremetida neoliberal. La contención de los gastos a lo interno de las universidades pueden parecer medidas administrativas, sin embargo, son decisiones políticas que no han sido consensuadas debidamente en la comunidad universitaria y que terminan siendo utilizadas como medidas electorales o antojadizas.
De este modo, el debilitamiento y desmantelamiento de la acción social no es casual. Vemos como desde el año pasado algunas jefaturas de la universidad están impulsando reglamentos para darle caducidad a los programas de acción social. Tanto la propuesta de reglamento de la VAS, como la de reglamento de Programas Institucionales (R-273-2019) impulsa que los programas existan de 4 a 8 años.
El Programa Kioscos fue revisado, aprobado y creado por el Consejo Académico de la Vicerrectoría de Acción Social en el 2011 (acta 04-11). Durante los 12 años que el programa tiene de existir, ha contado con el apoyo de la vicerrectoría para facilitar diversas gestiones administrativas e incluso convertir los tiempos del personal docente como parte de la vicerrectoría, siendo la VAS nuestra jefatura. Disponer de una plaza de la VAS implica más seguridad laboral que contar con una plaza de apoyo docente.
Esto permitió crear estabilidad para el Programa y ciertos derechos laborales para el personal docente, que hicieron del espacio un referente donde se pone en práctica la acción social, la docencia y la investigación, todos pilares de la Universidad de Costa Rica. Por lo que creemos que la Vicerrectoría puede ser una instancia que crea Programas e iniciativas para fortalecer la Acción Social.
Sin que exista una normativa clara sobre Programas (hace 5 años se está gestionando un reglamento de programas y no hay ninguno vigente), por cuenta propia hemos realizado formulaciones quinquenales para planificar, evaluar y discutir académicamente nuestro trabajo y hemos propuesto formulaciones de reglamento para programas en el Congreso Universitario VUS-6.
Sin embargo, en la actual administración de Henning Jensen han pasado tres distintas jefaturas en la VAS, todas con diferentes proyecciones de trabajo contradictorias y cambiantes. Es con el ingreso de la Sra. Yamileth Angulo, que por primera vez nuestros nombramientos son retenidos y atrasados, nuestras plazas cambiadas de jefatura y se han establecido otros criterios para generar los nombramientos. Si eso no es debilitar un programa, entonces ¿qué lo sería?
Como programa, constantemente hemos inscrito nuestros proyectos en unidades académicas los cuales siempre han sido revisados y evaluados, desde la formulación y a lo largo del proceso de ejecución por consejos científicos de las unidades académicas. Por lo tanto es falso y tendencioso indicar que en general no estamos cumpliendo con los requisitos de la universidad.
En todas las administraciones que hemos vivido en la VAS, nunca nos cortaron un nombramiento mientras se estaba reformulando o renovando un proyecto, al ser funcionarios de la VAS y con un programa que se acoge en espacio, comprendimos que podíamos gestionar labores atinentes al programa. Todo programa tiene funciones más allá de la suma de sus proyectos. Como parte de nuestro quehacer, hemos desarrollado foros, artículos de opinión en el Semanario Universidad, programas de radio, elaboración de material pedagógico, sesiones de autoformación en género, atención en crisis, estrategias de comunicación, entre otras.
Vale aclarar que la vicerrectora se reunió el año pasado con el equipo 4 días antes de que la universidad saliera a vacaciones para notificar los nuevos requisitos -aun cuando el programa le pidió una reunión desde el inicio de su administración-. En esta reunión nos dijo que no realizaría nombramientos a docentes hasta que sus proyectos estuvieran aprobados, sin embargo a esa fecha había 3 proyectos aprobados (uno de ellos hasta diciembre del 2021).
Sin embargo, después de la reunión con la vicerrectora tuvimos que esperar todas las vacaciones y vivir incertidumbre laboral hasta el día 13 de enero, cuando se recibieron las notificaciones por escrito, las cuales ni siquiera fueron dirigidas a nuestras personas, sino a las direcciones de las unidades académicas.
En estos oficios constatamos que el programa pierde un tiempo completo, eso significa una reducción del 27% en la carga docente. En el caso del TC-590 se reduce la mitad del tiempo a ¼ de tiempo para la persona docente, lo que afectaría a los y las estudiantes matriculados. Y si eso no es reducir, entonces ¿qué lo sería?
También señalaron que los nombramientos sólo se realizarán durante tres meses, en los casos que lo ameritaba, aun así cuando demostramos que los proyectos que estaban por aprobarse tenían apoyo de las direcciones de las unidades académicas durante periodos de uno o dos años. Además, al estar supeditados a los ritmos de las unidades académicas y de la VAS para aprobar los proyectos, implica que no se le va poder pagar a dos docentes en los siguientes meses.
En los oficios entregados, se está incurriendo en la cuestionable práctica laboral de que el trabajo se encuentre repartido hasta en 3 jefaturas distintas y asumiendo recargadas laborales al reducir jornadas que estaban pensadas por ½ tiempo a un ¼ de tiempo. Nos preocupa de sobre manera, que todo el personal del programa pase a tener jefaturas distintas, una jefatura por cada unidad en donde está inscrita cada proyecto. Esta medida nos parece que vulnerabiliza la estabilidad administrativa del programa y consolida la visión tecnocrática de que un programa es solo la suma de proyectos.
Por último, lo más grave de todo es que se pide que el programa se inscriba como un proyecto en una unidad académica, cuando no existe reglamentación que lo indique o que se nos haya informado de alguna manera en 12 años que tenemos de existir. De inscribir un programa como un proyecto, estaríamos permitiendo que se acabara un espacio que en la práctica está logrando la trans e interdisciplinariedad.
Todas estas medidas de debilitamiento y contención son decisiones que se han tomado sin consulta y contradicen los planteamientos de la rectoría que indican no se va a afectar la acción social, al personal ni a la población estudiantil. Podemos avistar que las repercusiones de estas decisiones se van a manifestar cuando la vicerrectora no esté en su cargo y nos preguntamos quién se va responsabilizar de esta situación.
Tememos por las decisiones que se puedan tomar sobre el presupuesto de nuestro programa ya que de manera vehemente hemos demostrado la defensa de la acción social.
Agradecemos todo el apoyo recibido por parte de organizaciones, instancias académicas y comunidades, pues ha sido fundamental para la defensa del programa y en general de la acción social.
