Hernán Alvarado
Anteriormente, evidenciamos a dos personajes maliciosos que vienen desprestigiando la política y la función pública (demagogo y falso periodista)[1]. La democracia tiene otros dos enemigos íntimos: el usurero y el usurpador. El usurero es a la economía, como el usurpador a la política. Los cuatro cortan la rama donde están sentados.
En pensiones, por ejemplo, la prensa condujo a los diputados a aprobar un proyecto técnica y jurídicamente insolvente; vehículo de otro impuesto discriminatorio y confiscatorio. Una vez más, tomaron la pensión como si fuera un salario, para burlar el principio de irretroactividad de la ley; como el abad que un viernes santo bautiza «pescado» a un bistec que se come sin culpa. So pretexto de algunas «pensiones de lujo»[2], atropellaron el derecho adquirido a una pensión digna. Y quieren más. Tema de derechos humanos que enardeció a Francia y que los diputados tenían la obligación de cautelar. Al contrario, obviaron 4 billones de colones de los trabajadores del Magisterio Nacional, desviados por los gobiernos que han incumplido la Ley 2248[3]. Hasta el Presidente se ha desentendido, pese a tener responsabilidad directa. El gobierno propone ahora usar 12.000 millones anuales, de la ley 9796, más la próxima pensión del presidente, no para aliviar el déficit fiscal, sino para combatir la pobreza extrema. ¿Esperará paliar así la causada por su anacrónica, regresiva, y recesiva política económica?
Varios que impusieron esa «contribución especial solidaria», disque por equidad, defienden el peor crimen económico de la humanidad: la usura. Esta corrompe todo sistema, incluido el capitalista, al que vuelve «salvaje». La prosperidad del usurero es la ruina de su cliente. En varios países, esa codicia sin límite es prohibida. Aquí no aplica por falta de una tasa de usura que permita configurar el delito. ¿Cuántas décadas han pasado los prestatarios a expensas de banqueros y prestamistas? Los usuarios de servicios financieros requieren un límite. Para los creyentes del libre mercado sería un sacrilegio, para ellos la tasa de interés es un precio. Según los expertos, la regulación del mercado financiero perjudicará a sus consumidores. Al «defensor» no le preocupa los altos intereses, sino la capacidad de pago del prestatario; así que recomienda «educación financiera» para prevenir sobre endeudamientos. Por su parte, la Asociación Bancaria atemoriza a tarjeta habientes publicando información inexacta. En breve, mejor que la norma contra la usura siga siendo letra muerta.
Más táctico sería poner la tasa de interés más alta posible (que nadie diga que el mercado funciona con promedios). ¿Acaso el 63% recomendado por el Banco Central? La ley sería así perfectamente inocua. El Presidente ha dicho que es un asunto «técnico», así que recomendó a la Superintendencia (SUGEF), que propuso un 43%.
Pero, ningún tema económico es técnico, todos son políticos, y no se vale poner al lobo a cuidar a las ovejas. ¿Y la voz del usuario? Quienes han puesto tope al gasto (regla fiscal), a las pensiones y a las huelgas, ¿temerán ahora topar, en serio, al sector financiero?
En ética de buen usurpador, lo que conviene al poderoso conviene a todos los demás. Eduardo Lizano, siendo Presidente del Banco Central, justificó el «ajuste estructural» diciendo que unos tenían que hacer «clavos de oro» para que el país prosperara. En efecto, prosperó, para ellos; pero Costa Rica se convirtió, como Chile y Colombia, en uno de los más desiguales de América Latina. El usurpador codicia el poder, como el usurero codicia el dinero. Según su credo, el poder es un fin en sí mismo, no un medio. No pertenece a la sociedad, ni al Soberano, como dice la Constitución, sino a su grupo de interés. La democracia del pueblo y para el pueblo es un cuento escolar, como el voto es un cheque en blanco. Al demagogo lo refrena un poco la próxima elección, el usurpador dice, apasionadamente, con Luis XV: «Después de mí el diluvio»; o bien, «La clase política no le tiene miedo al pueblo»[4].
La adicción al poder altera el sentido de realidad, además causa otras distorsiones severas. En Bolivia, una usurpadora cambió la constitución por una biblia para sacar al presidente en ejercicio, quien había ganado las elecciones limpiamente y contaba con indicadores de resultado envidiables. Apoyada, de afuera, por quienes aprecian más la reserva de litio que el sentido de justicia y, desde adentro, por un ejército que impone su fuerza antes que acatar razones superiores. Sin estas, el estado de derecho deviene estado fallido o totalitario. También hay otras formas de usurpación menos grotescas. Sebastián Piñera, por ejemplo, «gobierna» en Chile protegido por un ejército que cuida, ante todo, el patrimonio de los más ricos. El presidente Duque no se inmuta ante las grandes protestas, sostenido por un ejército que también se burla de los derechos humanos. Él contó recientemente, en un programa radial, su conversación con Carlos Alvarado sobre las respectivas impopularidades. Iván Duque en 69% de reprobación, Alvarado en 65%, ambos en caída libre. El colombiano quedó convencido de que su descalabro indica que está cumpliendo con su deber. El costarricense había declarado, tres meses atrás, que «si el criterio de éxito es popularidad sí he fallado», según nota de prensa titulada: «El desplome de la popularidad no preocupa al Presidente Carlos Alvarado». Ya se sabe que su discurso pro derechos humanos, que fuera su carta de triunfo, no incluía derechos políticos ni económicos de los trabajadores. El pueblo no le preocupa porque seguirá amparado en que la revocatoria de mandato, que permitiría destituirlo, también brilla por su ausencia.
El discurso de Claudia Lopez, primera alcaldesa de Bogotá, contrasta superlativamente con esa política de la usurpación. Reconoció las grandes manifestaciones, en el emblemático «Parque de los hippies», como un proceso democrático protegido por la Constitución. Las instituciones deben facilitarlas y atenderlas; ni estigmatizarlas, ni reprimirlas. Ella sabe que no se reducen a una lista de reivindicaciones justas. La gente salió a conversar, en su barrio, donde no llega la escucha ilícita de la «inteligencia» del Estado, sobre la realidad que vive y el país que quiere. ¿Cuántos muros cayeron en esos diálogos espontáneos entre generaciones?
Según la alcaldesa mayor, el pueblo demanda otra política. ¡Cuánto brilla una persona bien preparada para el reto que asume, a diferencia de los oportunistas que pululan por doquier! Reafirmó su voluntad de diálogo solicitando elegir presidente del Consejo a su principal contendiente. Carlos Galán aceptó el desafío con gallardía. Ambos parecen brotes diversos de la misma cultura de paz que viene floreciendo en las plazas, con arte, música y yoga. Enfatizaron que ganar una elección, o un puesto, no da derecho a decidir a espaldas, o en contra, de la ciudadanía. La vieja política tiene allá sus días contados, ya no más «elíjame y véame hacer bien lo que me da la gana». Lección de oro, siempre viva, para quien quiera aprenderla. Obligada para quienes ofrecen «acción ciudadana», en Costa Rica, sin honrar lo que significa.
[1] https://surcosdigital.com/privilegiados-enemigos-de-la-democracia/
[2] La prensa ha informado que la Sala III confirmó culpable de un fraude de $41 millones, a Carlos Roberto Loría, principal inventor del término.
[3] Según un estudio actuarial revelado por Roger Porras, director ejecutivo de JUPEMA, el 10 de setiembre de 2018. La Nación, pág. 6A.
[4] Palabras de la diputada liberacionista, Yorleny León, que olvidan que Luis XVI, conoció la guillotina en Francia, el 23 de enero de 1793, en la antigua Plaza Luis XV.
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