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Autor: María José Ferlini Cartín

Sectores sociales y productivos marchan en defensa de la democracia / demandas por sector

Con el lema “Sí a la democracia, no a la dictadura”, miles de personas se movilizaron este martes 11 de noviembre en la Gran Marcha Nacional en Defensa de la Democracia Costarricense, convocada por diversas organizaciones sociales, productivas y de la sociedad civil.

Desde tempranas horas de la mañana, manifestantes de distintos puntos del país se concentraron en el Parque Central de San José y avanzaron de manera pacífica hasta la Casa Presidencial, en Zapote.
El movimiento expresó su preocupación por el rumbo del país, la concentración de poder en el Ejecutivo y el irrespeto a las instituciones democráticas, la libertad de prensa y de expresión.

Las organizaciones reiteraron su compromiso con la defensa del Estado Social de Derecho, los derechos humanos y las garantías sociales que han sostenido la vida democrática del país por más de siete décadas.


Demandas de los sectores

Sector agroalimentario

  • Sí a la innovación del sector agropecuario para garantizar la seguridad alimentaria, la generación de divisas y la reducción de los impactos sociales y ambientales de la producción.

  • Sí al desarrollo de la actividad agropecuaria para reducir la pobreza rural y generar empleo.

  • Sí a un funcionamiento equitativo de los mercados y a una defensa comercial eficiente.

  • Sí a un financiamiento oportuno y accesible para una producción agropecuaria eficiente, innovadora y ambientalmente sostenible.

  • Sí a políticas que potencien las sinergias entre el sector agropecuario y el ambiente con impacto social positivo.

  • No a la importación masiva de productos agrícolas como papa y cebolla.

  • Rechazo al Tratado Comercial Transpacífico, impulsado sin consulta suficiente al sector agropecuario.

  • Preocupación por el Decreto Ejecutivo N.º 44.336-MAG-S-SP-MOPT sobre trazabilidad bovina, que afectaría a pequeños y medianos productores.

  • Aprobación del Proyecto de Ley No. 21960, Ley de Soberanía Alimentaria, y del Proyecto Fideicomiso Fidalimentario para deudas del sector.

  • Convocatoria urgente del Proyecto de Ley No. 24211 FONARROZ, ante la crisis de la producción arrocera.


Sector educación

  • Cumplimiento del mandato constitucional del 8% del PIB para educación.

  • Dignificación del magisterio nacional.

  • Construcción y aprobación del Pacto Nacional por la Educación Pública.

  • Protección del régimen de pensiones del Magisterio.

  • Aprobación del Proyecto de Ley No. 24.353, que garantiza el ajuste por costo de vida a las personas educadoras pensionadas del Régimen Transitorio de Reparto.

  • Defensa de las conquistas históricas de la clase trabajadora y rechazo a intentos de precarizar las pensiones.


Sector salud pública y seguridad social

  • Defensa del presupuesto institucional y rechazo a la privatización de servicios de salud y seguridad social.

  • Financiamiento adecuado para los regímenes de invalidez, vejez, muerte y el régimen no contributivo.

  • Pago de la deuda billonaria del Estado con la CCSS.

  • Defensa de la CCSS como patrimonio del pueblo y símbolo de solidaridad nacional.

  • Exigencia de una gestión transparente y sostenible que garantice servicios de calidad sin exclusión.


Sector de mujeres y colectivos feministas

  • Rechazo a las respuestas meramente represivas ante la inseguridad; exigencia de políticas integrales basadas en derechos humanos.

  • Urgente declaratoria de emergencia nacional por la violencia machista.

  • Exigencia de la destitución de Yerlin Zúñiga Céspedes, presidenta ejecutiva del INAMU, por falta de acción ante la violencia contra las mujeres.

  • Implementación inmediata de un plan nacional de atención y protección integral con refugios, líneas de emergencia y medidas efectivas de seguridad.

  • Preocupación por la creciente ola de femicidios y violencia de género.


Derechos laborales y sociales

  • Llamado al Poder Ejecutivo y Legislativo para fortalecer el agro, la salud, la educación, la energía, la seguridad ciudadana y el empleo digno.

  • Exigencia de respeto a la separación de poderes, las instituciones democráticas y la prensa libre.

  • Solicitud de diálogo transparente y vinculante con los sectores sociales, sindicales, estudiantiles y comunales.

  • Rechazo al proyecto de ley 4×3, por considerar que amenaza los derechos laborales y la estabilidad democrática.


Defensa de la democracia

Las organizaciones convocantes afirmaron que la democracia no se reduce a lo electoral, sino que se construye y defiende cotidianamente en las calles, comunidades, centros de estudio y espacios de trabajo.
Llamaron a la unidad patriótica y democrática para proteger las libertades públicas, los derechos humanos y las instituciones del país.

“Sí a la democracia, no a la dictadura. La lucha en las calles es la lucha de todo un pueblo.”

El Pacto por la Producción Agropecuaria debe divulgarse y debatirse a nivel nacional

German Masís

Este 10 de noviembre se realizó un conversatorio Sobre el Pacto por la Producción Agropecuaria, organizado por la Asociación Madre Tierra en el Centro de Cultura de España en barrio Escalante, con la participación de José Oviedo, miembro de las organizaciones agrícolas y del grupo Liderazgo del Sector Agropecuario, proponentes del Pacto, de la investigadora Eva Carazo y de personas vinculadas a madre Tierra, productores agrícolas y académicos interesados en la problemática agraria del país.

El representante de las organizaciones que elaboraron el Pacto y secretario general de la UNAG, José Oviedo, realizó una presentación de los aspectos principales y prioritarios de la propuesta de política agrícola, que incluyen:

1.Defender la producción nacional, frente a los procesos de apertura comercial y la integración a bloques económicos que la amenazan.

2.Optimizar los procesos productivos por medio de la innovación, la investigación y la digitalización

3.Enfrentar el cambio climático y generar herramientas de adaptación a éste

4.Potenciar los impactos sociales y los aportes culturales positivos ligados a la actividad agropecuaria, como el empleo, la salud y la distribución de la riqueza

5.Fortalecer el mercado nacional agropecuario, acortar la cadena de comercialización y fortalecer las alternativas de comercialización directas, justas y transparentes

6.Garantizar la salud humana y la inocuidad alimentaria, con la promoción de buenas prácticas, manejo e higiene y el fortalecimiento de los controles fitosanitarios

7.Mejorar la accesibilidad del financiamiento para el sector agropecuario y garantizar los servicios financieros a los agricultores

8.Crear una política integral de seguros agropecuarios accesibles, para el establecimiento de un seguro agropecuario que permita el acceso efectivo a los seguros frente a los desastres

9.Promover una actividad agropecuaria en sinergia con el medio ambiente y un enfoque de agricultura sostenible baja en emisiones y ligada al uso y protección del suelo, la biodiversidad y el agua.

10.Desarrollar una política y planificación territorial que se diseñe y evalúe con los territorios y las personas.

Luego de la presentación del Pacto, algunos de los asistentes efectuaron comentarios y aportes que es importante rescatar y destacar.

Eva Carazo señaló que este planteamiento de las organizaciones debe ubicarse en el marco de las luchas históricas y las reivindicaciones estratégicas de los actores y las organizaciones del agro y del abandono de las políticas públicas de la actividad agropecuaria, porque la propuesta del Pacto tiene una serie de antecedentes de luchas, propuestas y movilizaciones que es necesario mencionar y valorar a luz de la coyuntura actual. Para ello, sería necesario que la propuesta incluya un apartado de introducción y justificación que brinde un breve marco histórico y estratégico adecuado, que le dé mayor respaldo y validez al planteamiento actual y que exponga con claridad las carencias y limitaciones de la política agrícola actual y la gestión de la institucionalidad del sector agropecuario para resolver los problemas estructurales del agro costarricense.

Como mencionó otro de los asistentes, es importante también inscribir este planteamiento en el debate sobre el modelo de desarrollo económico vigente en el país, un modelo aperturista y de liberalización económica, que ha impulsado una economía de los servicios, la manufactura avanzada y la inversión extranjera, que ha relegado sistemáticamente la actividad agropecuaria desde hace 4 décadas a un lugar de abandono y exclusión, pese a su papel todavía en la producción agroalimentaria, la seguridad y soberanía alimentaria, la conservación de la biodiversidad y en la generación de empleo e ingresos para la población rural.

En ese sentido apunta el análisis del investigador y académico universitario, el economista Francisco Esquivel, en su libro Estructura Productiva en Costa Rica: una alternativa de crecimiento, el cual analiza los diferentes modelos de desarrollo de las últimas décadas y en ellos el papel de la agricultura en el desarrollo económico del país y que en una propuesta renovada plantea una estrategia de desarrollo que reinserta al agro como uno de los motores del desarrollo futuro del país. De ahí que es de gran valor, vincular la presentación del Pacto por la Producción Agropecuaria, al debate sobre un nuevo Modelo de desarrollo nacional y a una Estrategia de reposicionamiento de la actividad agropecuaria en este nuevo modelo.

En otra de las intervenciones, se señaló que no basta la presentación del Pacto a los candidatos y candidatas a la Presidencia, que fue suscrito por algunos de ellos, si no tratar de hacer visible y divulgar la propuesta entre los consumidores y la población en general, haciendo énfasis en que el partido ligado al Poder ejecutivo y que busca la continuidad en las próximas elecciones, ha destruido la agricultura nacional, por su apoyo a los intereses de ciertos sectores, como los importadores y su indiferencia ante las demandas justas de los sectores productivos agrícolas. Así mismo, si hubiera segunda ronda electoral, solicitar un compromiso público o carta de compromiso de los candidatos y partidos que la alcancen, con la implementación y ejecución de los 10 aspectos del Pacto, a riesgo de no recibir el apoyo electoral de los agricultores del país.

Igualmente en las presentaciones del Pacto, según otro asistente, es necesario no sólo señalar los aspectos principales, si no también abrir el debate a algunos de los temas específicos, como el desarrollo tecnológico, la dependencia de insumos externos y el papel del INTA y la investigación universitaria, el del financiamiento limitado a la actividad agropecuaria, pese a la existencia del sistema de Banca para el Desarrollo y otros recursos disponibles para los productores, el tema del Comercio agropecuario y la necesidad de transformación de entidades como el CENADA y los Mercados regionales y el de porqué no existe un programa de seguros agrícolas accesible.

Finalmente, es fundamental que la propuesta del Pacto por la Producción agropecuaria, sea divulgado y discutido en las regiones periféricas y los cantones fronterizos, costeros y rurales, procurando hacerles llegar la propuesta y organizar debates locales mediante la participación de las organizaciones agrícolas, asociaciones de productores, cooperativas y centros agrícolas; esta labor podría coordinarse con las sedes regionales de las Universidades, ONGs e instancias del sector agropecuario o los consejos regionales de desarrollo, con la colaboración de Madre Tierra.

En la imagen de cabecera se aprecia, al centro al Msc Roberto Salom Echeverría coordinador de la actividad, a su izquierda José Oviedo Chaves dirigente del sector agropecuario, y a la derecha Eva Carazo Vargas, investigadora del tema agropecuario. En la siguiente foto se puede ver parte de la asistencia a la actividad.

El día que Ramiro perdió su empresa (sin quebrar)

Welmer Ramos González

Cuando vender más fue el principio del fin

Esta historia es real. Esperaba en la acera a que vinieran por mí y se me acercó un hombre que se presentó se llama Ramiro, era una tarde fría de diciembre —un día que debía ser alegre, pero que terminó lleno de congoja y rabia. Me contó que le habían ido quitando el negocio de la familia sin que, en el papel, paulatinamente sin que pareciera una quiebra. Con ello se le fue la ilusión de toda una vida. Ramiro es un hombre bueno: trabajador, honrado, inteligente, profesional e ingenioso. Pero aquella temporada lo dejó contra las cuerdas.

El negocio empezó con la receta de la abuela, un secreto de familia para elaborar y hornear galletas. Al principio las vendían en dos pulperías del barrio. Diez años después, cuando el abuelo perdió el trabajo, apostaron por el negocio: ampliaron el horno, pusieron marca, compraron un carrito repartidor. Los hijos se metieron al negocio, y las galletas “Los Abuelos” ya se vendían en todo el país.

El secreto no era solo la receta, era el cariño: el sabor, la textura, la presentación… todo tenía algo distinto.

“Usted las ha probado”, me dijo Ramiro con un orgullo que dolía. “Y todo eso me lo robó el Supermercado Mastodonte”.

Su cliente más grande, la cadena que lo hizo soñar con crecer, ya no le compraría más.

“Van a hacer mis galletas en El Salvador —me dijo— con mi receta, mi forma, mi empaque… y fui yo, ingenuamente, quien les dio todos los secretos. Caí a punta de engaños, presiones y mentiritas, sin darme cuenta”.

“Me robaron, y yo metí al ladrón en la casa”, dijo con la voz quebrada y la mirada húmeda.

Mientras me contaba, respiraba profundo, botando el aire despacio, como si quisiera apagar un fuego que le quemaba por dentro.

Le sugerí hablar otra vez con la gerencia del Mastodonte; me respondió seco:

“Ya lo intenté, no sirve. Me dijeron que no fue un robo de mi producto, que es que el precio no les sirve y que ahora ellos saben fabricarlo idéntico, que eso es estrategia y cumplimiento de metas. Así lo llaman ellos.”

La gerente me dijo: ‘Ramiro, lo lamento, así es el mercado’, y se puso de pie para que yo me retirara”.

Cuando Ramiro se despidió, me dio la mano con fuerza. Yo se la apreté y lo abracé.

Al verlo salir, el día pareció volverse más frío.

¿Quién dice que diciembre siempre es alegre?, pensé.

Cuando la marca Los Abuelos entró como proveedor de la mundialmente conocida cadena de supermercados Mastodonte, Ramiro estaba feliz. Sus ventas se triplicarían; con suerte, lo meterían en todos los formatos de la cadena, y así ocurrió. Entonces invirtió: amplió la planta, compró maquinaria, contrató más gente, consiguió certificaciones y se endeudó. Valía la pena: creía tener mercado seguro.

Pero lo que parecía apoyo fue una trampa. Durante meses, los ejecutivos del Mastodonte venían “a revisar la calidad”. En realidad, querían saberlo todo: la receta de cada producto, cuánto producía, cuál era su deuda, a qué precio vendía a los demás comercios; hasta capacitaron a su personal clave. Sonreían todo el tiempo.

Después de dos años y medio vino el golpe. Le exigieron bajar precios drásticamente “para garantizar que aquí estén los precios más bajos del país”. No era negociación:

“Usted debe garantizarnos un margen neto del 30%, además de un descuento del 10% por volumen. Y ojo: si encontramos a alguien vendiendo más barato que nosotros, le descontamos un 20% de sus facturas pendientes. Somos su mayor comprador; debe sernos leal”.

Así operan. Con los precios que le impusieron, la fábrica vendía por debajo del costo. Una y otra vez le dijeron: “Con nosotros usted logra volumen de producción, y con los demás usted debe sacar rentabilidad”. Pero con una relación tan desigual, nunca pudo. La cadena Mastodonte siempre puso precios de ruina.

El caso de Ramiro no es único. Es el modelo. Grandes cadenas mundiales han construido su poder con políticas de compra depredadoras que destruyen al comercio nacional —la competencia— y les succionan las finanzas a las pymes, y a las no tan pymes.

Ofrecen precios iguales o más bajos que los de la Feria del Agricultor, pero no porque ganen menos; lo hacen porque imponen al productor condiciones ruinosas. Sostienen su imagen de “precios bajos todos los días” a costa del pequeño.

Detrás de cada “oferta imbatible” hay un proveedor que asumió el costo y sufre la extracción de su ganancia justa.

A los proveedores les exigen condiciones que asfixian: precios ridículamente bajos, exclusividad en las presentaciones de mayor venta, certificaciones que ellos mismos cobran, pagos a 90 días (con descuentos de facturas, si quieren cobrar antes). Cobran por cabeceras de góndola, por usar su centro de distribución, por “visibilidad”.

Y mantienen la política de “conozca a su proveedor” para saber qué tanto depende el productor de ellos: si un proveedor vende más del 30% o el 50% por medio de la cadena, lo tienen del cuello. Si lo sacan de los anaqueles, la empresa no aguanta.

Cuando alguien depende para sobrevivir, acepta cualquier condición. Incluso fabricar el mismo producto para la cadena, con otra marca —“Masrico”—, al costo o peor.

Ramiro me confesó:

“Con el precio que me impusieron, no salgo; estamos perdiendo hace rato. Me metí en la trampa. Soy un fracaso”.

Se le quebró la voz.

Dijo que su papá le advirtió: “No te metas en inversiones grandes solo por un cliente; vende según tu capacidad”.

Pero la promesa de crecer pudo más.

“¿Qué podía hacer? —me dijo— soy buena gente; quería dar trabajo”.

Yo, que lo escuchaba, sentí gran angustia. No atiné más que pedirle a Dios que iluminara a Ramiro.

La tarde se había enfriado, la llovizna apagó el sol. Cuando se fue Ramiro, la llovizna me cayó en los ojos también.

Estas prácticas exprimen a las pymes hasta dejarlas raquíticas. No las dejan crecer, destruyen al comercio local, concentran la riqueza, frenan el empleo y disminuyen la inversión productiva en el país. Las utilidades salen del país y se van a la casa matriz; aquí queda la ruina.

Cada empleo que crean estas cadenas puede destruir varios en agricultura, industria, transporte y servicios. Lo que parece eficiencia es, en realidad, concentración monopólica y extractivismo comercial dentro del mercado nacional.

Ramiro no esperaba que el gobierno arreglara su vida, pero sí cree que el país necesita reglas. Entre otras cosas, hace falta:

Regular la penetración y el poder de mercado de las grandes cadenas, como hacen en varios países de Europa, para proteger la competencia y al pequeño comercio.

Restituir derechos de propiedad intelectual cuando las pymes ven sus productos copiados y reetiquetados por la cadena —en suma, robados—.

Fomentar canales alternativos de comercialización: mercados locales, cooperativas y redes que devuelvan poder a los productores.

El caso de Ramiro es real, no es anécdota; es un espejo.

Muestra cómo el sistema puede devorar a quien produce con honestidad y talento.

Los que concentran el poder económico se justifican con un bostezo: “Así es el mercado”.

Pero los mercados no son dioses; son reglas creadas por la gente.

Y las reglas se pueden cambiar.

Dos años después, encontré a Ramiro y nos saludamos con entusiasmo. Era abril y hacía sol. Me dijo:

“Ese diciembre tuve que despedir a la mitad del personal, vender los carros repartidores para pagar prestaciones y poner las bodegas a la venta para arreglar las finanzas. Logramos salvar apenas el 40% de los clientes que nos quedaban, todos pequeños y medianos, negocios que han sido fieles.”

“Perdimos el 80% del capital —me dijo—, pero vamos de nuevo. La familia sufrió, sí, pero ahora nos unimos más. Que el Mastodonte se vaya al infierno; ahora le vendemos a la gente criolla.”

Me sonrió con una mezcla de dolor y orgullo.

Y supe entonces que, aunque lo hayan dejado raquítico, no lo habían vencido. Ahora me impactaba en las emociones, pero en positivo.

Si esto sirve para que otra pyme no cometa la misma ingenuidad, si mueve a un agricultor a buscar alternativas de venta, entonces contar esta historia valió la pena.

Porque un país donde las pymes y los agricultores no pueden prosperar, se empobrece a sí mismo, aunque las góndolas estén llenas los precios que se pagan son altos, siempre.

8N: lo que aprendimos en las calles: defender la Caja es defender la vida

Observatorio de Bienes Comunes

A trece años de la represión del 8 de noviembre de 2012, las calles volvieron a llenarse de dignidad, memoria y esperanza. En esta nueva jornada, los movimientos sociales levantaron la voz por la salud pública, por quienes cuidan, por la democracia y también por Palestina, recordando que la defensa de la vida no tiene fronteras.

La nota del Observatorio de Bienes Comunes recupera las voces, los aprendizajes y las luchas que marcaron esta fecha de memoria y resistencia.

Porque la protesta es un derecho, y la memoria, un bien común que se defiende en colectivo.

Leéla completa aquí: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/8-n-lo-que-aprendimos-en-las-calles-defender-la-caja-es-defender-la-vida/

Consejo Universitario reconoce aportes del magistrado Fernando Cruz Castro

María del Mar Izaguirre Cedeño
Periodista

Con este acuerdo, la UCR reitera su papel como centro de pensamiento que promueve el libre acceso a la información y al conocimiento en pro del interés público y la progresividad de los derechos. (Foto: Anel Kenjeekeva,OCI).

De manera unánime, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) reconoció al distinguido magistrado de la Sala Constitucional, Dr. Fernando Cruz Castro por sus aportes en materia de libertad de expresión, promoción de la pluralidad, la defensa de la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y la democracia del país.

Para el Órgano Colegiado, la trayectoria y el conocimiento del Dr. Cruz han sido invaluables en la construcción de un marco teórico, normativo y jurisprudencial cuyo eje central es la defensa de la democracia, el cual ha impactado al país y el ámbito universitario. Asimismo, destacó su calificada participación en diversos espacios que fomentan el debate social desde una perspectiva que busca comprender la libertad de expresión como un derecho, y como una práctica sociohistórica sujeta a principios de responsabilidad, transparencia y control democrático.

El Consejo Universitario también reconoció en Fernando Cruz su posición clara y firme respecto a la importancia de asegurar la libertad de cátedra y la autonomía universitaria, elementos esenciales para evitar transgresiones a la Constitución Política de la República de Costa Rica y así garantizar un intercambio de ideas libre en el país

Adicionalmente, el acuerdo insta a la Administración a institucionalizar actividades conmemorativas al Día Nacional de la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información, que se celebra cada 1. ° de setiembre, como una forma de reforzar el compromiso de esta Casa de estudios con el pensamiento crítico e independiente.

Trayectoria

Fernando Cruz Castro es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica y Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. También cuenta con estudios de posgrado en Criminología, en el Instituto de Criminología de la misma universidad española.

Inició su carrera como agente de Faltas y Contravenciones de Alajuela en 1972, actuario, agente fiscal, fiscal general, juez general, juez superior y presidente del Tribunal de Casación Penal

Actualmente es profesor en el posgrado de Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica; es magistrado desde el 14 de octubre de 2004 y fue presidente de la Corte Suprema de Justicia desde el 2018 hasta el año 2022.

Fuente: https://www.cu.ucr.ac.cr/inicio/noticias/noticia/Articulo/consejo-universitario-reconoce-aportes-del-magistrado-fernando-cruz-castro.html

ACANAMED clausura año académico con conferencia sobre inteligencia artificial y salud

La Academia Nacional de Medicina de Costa Rica invita a la Solemne Clausura del Año Académico “Dr. Juan Jaramillo Antillón” 2025, que se realizará el jueves 20 de noviembre de 2025 a las 7:00 p.m. (hora de Costa Rica), en el Auditorio Principal del Colegio de Médicos y Cirujanos.

La actividad contará con la conferencia titulada “Inteligencia Artificial: Interrelación, beneficios y aplicaciones en el campo de la salud”, a cargo del Dr. Jean Carlo Segura Aparicio, coordinador de la Sección de Integración Médica de la Escuela de Medicina de la UCR, y del Dr. Francisco Siles Canales, director del Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano (CIMOHU) de la Universidad de Costa Rica.

El encuentro busca reflexionar sobre los aportes de la inteligencia artificial a la medicina contemporánea, sus aplicaciones en la investigación y la práctica clínica, así como los desafíos éticos y científicos asociados a su incorporación en los sistemas de salud.

La participación es gratuita, pero requiere confirmación de asistencia antes del 18 de noviembre al correo info@acanamed.com o al teléfono 2210-2292.

Ruta del Arroz o ¿la Ruta de la Vergüenza?

JoseSo (José Solano-Saborío)

Durante décadas, Costa Rica ha transitado por un camino que, lejos de fortalecer su campo, lo ha desmantelado pieza a pieza. Este recorrido, que bien podríamos bautizar como «La Ruta del Arroz» —o más honestamente, “La Ruta de la Vergüenza”—, comenzó con el sistemático desmontaje de la capacidad productiva nacional, empezando por el Consejo Nacional de la Producción (CNP).

El CNP, otrora un pilar para la comercialización y la estabilidad de los precios para los productores fue vaciado de sus funciones. Paralelamente, se implementaron, décadas atrás, políticas como el “decreto de desabasto de arroz”, un eufemismo que escondía una cruda realidad: la decisión política de reducir la siembra nacional para favorecer a los grandes importadores e industriales de granos básicos. ¿El resultado? Una dependencia creciente y peligrosa de las importaciones, mientras nuestros arroceros veían cómo su mercado se encogía y sus fincas se volvían inviables.

Este modelo no solo ha golpeado la economía rural; es un ataque directo a la Seguridad y la Soberanía Alimentaria.

La Seguridad Alimentaria supone que toda la población tenga acceso físico y económico a alimentos suficientes y nutritivos. Podemos tenerla importando todo, pero es un equilibrio precario.

En el mismo sentido la Soberanía Alimentaria va más allá. Es el derecho de un pueblo a definir sus propias políticas agroalimentarias, a producir sus alimentos de forma sostenible, priorizando al productor local. Es la autonomía para decidir qué comemos y cómo se produce.

Al desmantelar nuestra producción de granos básicos, sacrificamos la Soberanía Alimentaria en el altar del comercio internacional, poniendo en riesgo la Seguridad Alimentaria ante cualquier crisis global que dispare los precios del Mercado de Chicago (Chicago Mercantile Exchange o CME, donde se transan los precios internacionales de granos básicos) o interrumpa las cadenas de importación.

Hoy, este mismo guion se repite en la ganadería. El “areteo” de las reses, bajo la justificación de la trazabilidad, se ha convertido en una carga burocrática y económica tan pesada para el pequeño y mediano ganadero, que muchos se ven forzados a vender o abandonar. Es la misma estrategia: ahogar con regulaciones y costos a los actores nacionales para abrirle paso a un modelo controlado por pocos, donde la carne de res también podría seguir la “ruta del arroz”.

Ante esta embestida, es vital hacer un llamado a nuestros finqueros y trabajadores agrícolas: no permitan que los distraigan. No nos dejemos engañar por debates que, aunque puedan movilizar pasiones, son cortinas de humo que desvían la atención de lo esencial. Su modo de vida, su vocación de trabajar la tierra y criar ganado, es lo que realmente dará de comer a Costa Rica. Esa es la batalla importante. No nos desviemos con discusiones tontas sobre preferencia sexual o religión que no ponen un grano de frijol en la mesa. Y ojo, tampoco nos dejemos engañar por aquellos pastores que, desde la comodidad de sus púlpitos, no entienden ni les importa una grieta en el barro, pero que no dudan en usar su influencia para dividirnos y negociar sus propios intereses con el gobierno y políticos de turno, mientras nuestro verdadero sustento —el agro nacional— se hunde.

La tierra no entiende de ideologías, entiende de trabajo, sudor y dedicación. Mantengamos la vista en lo crucial: defender nuestra capacidad de producir alimentos, porque en ello nos va la vida, la de nuestros hijos y la de las futuras generaciones de costarricenses.

CGR aclara situación sobre pago de licencias de cuido de la CCSS

La Contraloría General de la República (CGR) emitió una comunicación oficial para aclarar la situación en torno al pago de las licencias de cuido del programa de fase terminal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Según el comunicado firmado por Mariela Azofeifa Olivares, jefa de la Unidad de Prensa y Comunicaciones del Despacho Contralor, el presupuesto extraordinario de la CCSS, que incluye ₡2.700 millones para cubrir estas licencias, fue recibido por la CGR el jueves 6 de noviembre de 2025.

Puntos principales del pronunciamiento

  1. Ingreso reciente del presupuesto: El expediente llegó a la CGR el 6 de noviembre, desmintiendo versiones que indicaban un retraso prolongado.

  2. Monto global: El presupuesto extraordinario no incluye únicamente el rubro de licencias de cuido, sino varios gastos por un total de ₡50.459 millones, por lo que el análisis debe realizarse sobre el conjunto de los recursos.

  3. Competencia técnica: El análisis se encuentra en la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa —área con competencia para aprobar presupuestos— y no en el Despacho de la Contralora.

  4. Compromiso con la diligencia: La CGR afirmó estar analizando el presupuesto con la mayor agilidad posible, para resolver e informar a la brevedad.

  5. Responsabilidad institucional: El comunicado enfatiza que la responsabilidad por la gestión presupuestaria recae sobre la CCSS, no sobre la Contraloría.

  6. Transparencia del proceso: Mientras el estudio esté en curso, la CGR no adelantará criterio; una vez finalizado, se informará públicamente según el procedimiento habitual.

El documento cierra reafirmando el compromiso de la Contraloría con la transparencia, legalidad y atención diligente de los recursos destinados a las personas beneficiarias del programa de licencias de cuido.

Rechazamos las maniobras militares británicas en las Islas Malvinas

Comunicado

El Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile expresa su más enérgico rechazo a las maniobras militares llevadas a cabo recientemente por Reino Unido en las Islas Malvinas, las que incluyeron pruebas del sistema de defensa antiaérea Sky Sabre. Estas acciones constituyen una provocación y una abierta violación de las resoluciones de Naciones Unidas que llaman a ambas partes, Argentina y Reino Unido, a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación del archipiélago.

Este despliegue constituye una nueva expresión de la ocupación militar británica en las Islas Malvinas, una situación que continúa siendo objeto del legítimo reclamo diplomático de la República Argentina. Lejos de avanzar hacia una solución pacífica, el Reino Unido persiste en reforzar su infraestructura bélica en el archipiélago, lo que contraviene abiertamente las resoluciones de las Naciones Unidas y el espíritu del diálogo y la diplomacia.

Expresamos nuestra plena solidaridad con el pueblo de Argentina en su justo y legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

La presencia militar británica en las Islas Malvinas, a más de cuarenta años de la guerra de 1982, revela la persistencia de una política colonial, en completa contradicción con los principios del derecho internacional y de la autodeterminación de los pueblos. Estas maniobras se enmarcan en la estrategia global de la OTAN, alianza militar encabezada por Estados Unidos y Reino Unido, que busca proyectar su poder hacia el Atlántico Sur. Nuestra América Latina como El Caribe, deben ser Zona de Paz como lo proclamó la CELAC el 2014.

Rechazamos categóricamente esta política de intimidación y advertimos que la creciente presencia militar de la OTAN en el hemisferio sur —ya sea mediante bases, acuerdos o ejercicios conjuntos— constituye una amenaza directa a la paz regional y a la soberanía de nuestros pueblos.

Desde Chile, hacemos un llamado a los gobiernos de América Latina a repudiar públicamente estas acciones y a fortalecer los espacios de coordinación política y defensa común frente a las pretensiones imperialistas que buscan convertir nuestro continente en un escenario de disputa geopolítica.

Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile

Imagen: Fotografía usada en el transporte público.

Organizaciones se pronuncian ante actos de intolerancia y violencia contra defensores ambientales en Puntarenas

El pasado 6 de noviembre, en distintos perfiles de noticias locales de Puntarenas, se difundió la imagen de una valla colocada en la Angostura, en la entrada del puerto, en la que se declara “non gratos” al biólogo Randall Arauz y al abogado Walter Brenes, ambos reconocidos por su labor en la defensa de la vida marina y el cumplimiento de la ley.

En dicha valla aparecen las fotografías de ambos profesionales con los rostros tachados, en un acto de evidente estigmatización y violencia simbólica promovido por sectores que se autodenominan “pesqueros”.

En respuesta a estos hechos, más de treinta cuatro organizaciones sociales, ambientales, académicas, feministas, indígenas y de derechos humanos se unieron en un pronunciamiento conjunto.

Estas acciones ocurren en un contexto en el que ambientalistas han sostenido, con base en la legislación vigente, que la decisión de declarar especies de tiburones amenazadas como especies comerciales (mayo de 2017) fue contraria a la normativa nacional y, por tanto, ilegal. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución del 21 de junio de 2023, ordenó al INCOPESCA y al MINAE cumplir con la Ley de Conservación de Vida Silvestre en la gestión de tiburones amenazados, así como detener toda captura y comercialización del tiburón martillo, incluso la incidental.

En los últimos años se ha intensificado la violencia contra personas defensoras ambientales, alimentada por discursos de odio e intolerancia, así como por el descrédito del Acuerdo de Escazú, promovido por cámaras empresariales, sectores políticos y el actual gobierno, que han contribuido a normalizar la persecución del disenso.

Costa Rica vive hoy una situación de creciente inseguridad y violencia, marcada por disputas entre grupos delictivos y un ambiente general de impunidad.

En el pasado se ha denunciado el vínculo del narcotráfico con sectores del palangre industrial, tanto en la Isla del Coco como en otras regiones del país. La utilización de mantas anónimas y amenazas públicas es una práctica característica de estructuras ilegales que buscan infundir miedo y silenciar la denuncia ciudadana.

En zonas como Talamanca, activistas y organizaciones que defienden la naturaleza han recibido amenazas de muerte, mientras en redes locales se difunde un discurso que califica cualquier forma de defensa ambiental como “ecoterrorismo”.

Recordamos que la Sala Constitucional ya reprendió a la Municipalidad de Talamanca por declarar personas “non gratas” a ambientalistas, dejando claro que esta práctica es inconstitucional y contraria a los derechos fundamentales.

Reconocemos que no todo el sector pesquero comparte estas acciones violentas. Históricamente, hemos mantenido relaciones de respeto y colaboración con sectores pesqueros artesanales y deportivos, e incluso con parte del sector industrial. A ellos les hacemos un llamado a pronunciarse públicamente en contra de estos actos de odio, para no quedar asociados a un pequeño grupo que promueve la intolerancia

Ante estos hechos de intolerancia y violencia, las organizaciones y personas firmantes manifestamos:

  • Rechazamos rotundamente la estigmatización, las amenazas y los actos de odio contra quienes defienden los bienes comunes y la legalidad ambiental.
  • A los medios informativos y páginas locales, les hacemos un llamado a ejercer mayor responsabilidad, discernimiento y comprensión sobre lo que publican y a quién le dan voz. Es importante evitar el sensacionalismo, ya que al reproducir este tipo de mensajes sin análisis ni cuestionamiento se contribuye a perpetuar formas de violencia y desinformación.
  • Solicitamos a la Defensoría de los Habitantes, al Sistema de Naciones Unidas y a las instituciones de derechos humanos nacionales e internacionales que intercedan ante el INCOPESCA, el MINAE y otros entes rectores, con el fin de prevenir nuevos hechos de violencia y proteger la integridad de quienes defienden los ecosistemas marinos.
  • Responsabilizamos a los sectores que han promovido esta campaña de odio por cualquier agresión o daño que puedan sufrir las personas mencionadas, así como por las consecuencias derivadas de estos actos.
  • El Estado de Costa Rica tiene la obligación de proteger la integridad de las personas ambientalistas y defensoras de derechos humanos, ya que su labor las expone con frecuencia a riesgos elevados de sufrir violencia. Esto implica tomar medidas activas para prevenir y sancionar la violencia y las amenazas, investigar a fondo cualquier agresión en su contra y garantizar sus derechos a la libertad de expresión.
  • Por lo tanto, es fundamental que el Estado actúe en coherencia con todos los acuerdos, convenios y jurisprudencia que lo obligan a asumir un rol activo en la prevención de la violencia, el fortalecimiento de la gobernanza ambiental y la promoción de una participación ciudadana libre de represalias. Proteger a las personas defensoras del ambiente es esencial para la democracia y el desarrollo sostenible del país.
  • Finalmente, llamamos a la opinión pública, a los medios de comunicación y a las instituciones del Estado a pronunciarse y solidarizarse con quienes defienden los bienes comunes y la legalidad ambiental.

En Costa Rica, lo único “non grato” debe ser la intolerancia, la violencia y la estigmatización hacia las personas que dedican su vida a proteger la naturaleza.

Firmantes:

  • Red de Mujeres Costeras y Rurales
  • Costa Rica por los Océanos
  • Bloque Verde
  • Covirenas Caribe Sur
  • Buen Vivir – Costa Rica
  • Programa Interdisciplinario Costero / UNA
  • Observatorio de Derechos Humanos
  • Comité Punta Pelencho
  • Asociación Civil Pro Natura
  • Defensores de la Casa Común
  • Asociación Ojo de Agua Legado Ancestral
  • Oilwatch
  • Fundación Promar
  • Universidad Bíblica Latinoamericana
  • Mar y Comercio
  • Asociación Proyecto Camino Verde
  • Cultura Kare
  • Red Biodiversida
  • Nido de Halcón
  • Fundación Green Heart
  • Fumicons
  • Organización Regenerativa Matzú Insigne
  • Universite Beesley Revol
  • Huertos Urbanos de Costa Rica
  • Observatorio de Medios de Comunicación y Género
  • Costa Rica por el Océano
  • Asociación CREMA
  • Hogar Ecológico Ingeniería
  • Rewilding Portugal
  • Fundación El Arca de Noé
  • Covirena Cabo Blanco Ario
  • Ubiquity University
  • APREFLOFAS
  • Antigentrificación CR

Algunas declaraciones adicionales de organizaciones firmantes:

  • Covirenas Caribe Sur: “Repudiamos estos actos de violencia, agresión y amenaza a la integridad física. ¡Basta ya de atacar a los defensores ambientales de Costa Rica!”.
  • Comité Punta Pelencho: “Expresamos nuestro absoluto repudio ante estos actos de intolerancia, hostigamiento y violencia hacia quienes defienden el ambiente y los bienes naturales comunes. La labor de las personas defensoras de nuestra casa común es esencial en un Estado de Derecho, y merece respeto, protección y reconocimiento.”
  • Asociación Civil Pro Natura: “Rechazamos categóricamente el rótulo colocado por un sector pesquero puntarenense que declara ‘non gratos’ a dos defensores ambientales. Este acto constituye una forma de hostigamiento y estigmatización hacia quienes ejercen su legítimo derecho a proteger el ambiente y exigir transparencia en la gestión de los recursos naturales.”
  • Fundación Promar: “Además de evidenciar una total falta de tolerancia y respeto hacia personas y organizaciones que buscan evitar la desaparición de especies marinas vitales para los ecosistemas y la seguridad alimentaria humana, es una barbaridad que unas cuantas personas se arroguen el derecho de hablar por toda una comunidad porteña.”
  • Universidad Bíblica Latinoamericana: “Nos unimos a este pronunciamiento en contra de la violencia y la intolerancia hacia quienes defienden y protegen los territorios y la naturaleza.”
  • Asociación Proyecto Camino Verde: “Condenamos cualquier práctica intimidatoria y contraria al Estado de Derecho que ampara a quienes defienden nuestro patrimonio natural y base del desarrollo sostenible.”
  • Cultura Kare: “Un Estado que calla ante las amenazas a quienes defienden la vida y los bienes comunes se convierte en cómplice del despojo y de la destrucción de la esperanza colectiva.”
  • APREFLOFAS / Nido de Halcón: “No se debe permitir la intimidación de ninguna forma hacia ambientalistas o ecologistas. Defendemos a quienes no tienen voz; los representamos, y somos muchas y muchos. ¡Alto a la agresión contra el medio ambiente y quienes luchamos por la Madre Tierra! Nuestra voz es un grito de batalla por nuestros compañeros y hermanas, porque quien defiende la naturaleza es hermano en cualquier parte del mundo. Ellos no están solos ni solas.”
  • Observatorio de Medios de Comunicación y Género: “Rechazamos la persecución y las campañas de odio contra personas ambientalistas y defensoras de derechos humanos.”
  • Hogar Ecológico Ingeniería: “Apoyamos siempre la protección de la biodiversidad, fuente de vida y subsistencia. No podemos comprometer los recursos naturales; respaldamos a quienes los defienden.”
  • Fundación El Arca de Noé: “A estas personas deberíamos apoyarlas y sostenerlas. La Tierra es nuestra única casa, y ellos la protegen. La codicia y el deseo de poder destruyen la belleza del planeta y condenan a las futuras generaciones. Nuestros verdaderos héroes son quienes defienden a la Pacha Mama. ¡Apoyémoslos!”

Apoya:
Proyecto ED-3526 “Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica”, Escuela de Geografía y Programa Kioscos Socioambientales, Vicerrectoría de Acción Social, Universidad de Costa Rica.