Es cierto que durante el periodo de globalización posterior a la tercera revolución industrial, se ha dado una magnificación del avance tecnológico, en este sentido los avances tecnológicos en materia de comunicaciones y flujos de la información (educación, noticias, computación) han avanzado estrepitosamente, y las últimas dos décadas han estado marcadas por el proceso de obsolescencia como nunca en la historia.
El surgimiento de las redes sociales (twitter, facebook, instagram) en el mundo occidental ha llevado a la creación cada vez más frecuente de un proceso de consolidación de una realidad virtual-paralela, la cual está mediada por una serie de elementos peligrosos como la aparición de nuevos sujetos como los “influencers” de dichas redes, los cuales logran como su nombre lo dice «influenciar» la opinión de la masa de personas que se ubican e interactúan en dichas redes; es necesario reflexionar de forma clara que el “éxito” dentro de una red social como “Youtube” va a estar determinado por las operaciones que ejecute el algoritmo con el que funciona dicha red, dichos algoritmos lejos de estar desprovistos de “sesgos” y ser “máquinas objetivas”, poseen como ya ha sido señalado por diversos autores, elementos de desviación hacia nociones clasistas, racistas y patriarcales. Los activos “intangibles” de las corporaciones tecnológicas son estos algoritmos, por ende hay un control total de las mismas corporaciones sobre sus activos y un cero escrutinio público sobre sus mecanismos.
Es necesario reflexionar un momento sobre como actualmente, estos algoritmos, han llevado a la consolidación de elementos reales a partir de la virtualidad como la generación de lo que se ha conocido como la «posverdad»[1] con el ejemplo clave de su operación mediática y política como la autoproclamación de un presidente en la Venezuela Bolivariana; o por otro lado el secuestro de información personal desde las plataformas sociales con fines electorales como es el ejemplo del Cambridge Analytica y su vinculación con Facebook.
A pesar de que lo virtual está influyendo sobre la realidad concreta, no necesariamente viceversa la relación en un sentido bilateral, existen aspectos que no pueden ser modificados por la virtualidad como es el caso de la crisis ecológica que atravesamos, mientras surgen figuras “hipermediatizadas” en rescate de la naturaleza y en combate del establishment ambiental (ONU, COP) como Greta Thunberg, la cual desde su surgimiento ha «logrado» una gran sensibilización (sic) de las personas, sin embargo ningún indicador para la medición de la crisis ambiental ha mostrado una sola cifra positiva, todas continúan en negativo, lo cual tiene un sentido lógico dentro del algoritmo, lo antisistema no puede ser mainstream, y es por eso que los asesinatos sistemáticos de quienes vienen defendiendo el planeta desde el hemisferio sur no existen viralmente en las redes, así como tampoco la crisis humanitaria yemení.
Por Alejandro Alvarado Alcázar, coordinador del proyecto «Protestas. Base de datos de acciones colectivas», del IIS-UCR
M. Sc. Alejandro Alvarado, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, UCR.Foto: Karla Richmond.
Prácticamente, desde el inicio de su mandato, el Gobierno de Carlos Alvarado ha debido enfrentar reiteradas oleadas de protesta social como consecuencia de una serie de políticas y proyectos impulsados durante su gestióni. Las mismas han tenido como protagonistas a distintos actores, desde las organizaciones sindicales hasta los sectores de estudiantes y de transportistas pasando por las organizaciones feministas, entre otros.
A dichas protestas, el gobierno ha contestado mediante la combinación de estrategias de contención que han incluido la negación y postergación de las demandas, la represión de las protestas y la negociación. En el caso de está última estrategia, su uso se ha limitado casi que únicamente a momentos en los que los conflictos han llegado a un punto de confrontación tal que ponen en riesgo, el normal funcionamiento de la economía nacional o la prestación de servicios públicos, como la salud o la educación.
Este artículo pretende contribuir a las discusiones sobre la coyuntura social y política nacional, mediante la exposición de datos referidos a la protesta social generados en el marco del proyecto PROTESTAS del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica (IIS-UCR). Específicamente, se ofrecen datos registrados para el tercer trimestre del 2019 (julio-setiembre) relacionados con los repertorios de protesta, los actores demandantes, las demandas y los actores demandados.
Costa Rica: la protesta social en el tercer trimestre del 2019
Durante el tercer trimestre del 2019, se registraron un total de 272 acciones de protesta en todo el país. En comparación con los dos trimestres anteriores, el tercero se colocó en el segundo lugar en términos de la frecuencia de acciones de protesta, siendo superado por el segundo trimestre (mayo-junio) en el que se registraron 299 protestas. Por su parte, como es usual, el primer trimestre (enero-marzo) fue el de menor cantidad con 100 protestas (ver gráfico 1).
Gráfico 1. Costa Rica: Distribución de las acciones de protesta según el primer, segundo y tercer trimestre del 2019. Fuente: PROTESTAS base de datos de acciones colectivas en Costa Rica, IIS-UCR.
En términos geográficos, San José fue la provincia con la mayor cantidad de protestas con un total de 73, seguido de Alajuela con 30 y Puntarenas con 21 (ver protestas.iis.ucr.ac.cr).
El mes de julio fue el de mayor cantidad de protestas, sumando un total de 138. Las acciones de estudiantes iniciadas en junio y continuadas en julio, desembocaron en la salida de Edgar Mora como ministro de Educación. Asimismo, el sector de transportistas tomó las calles para denunciar los posibles efectos que la entrada del cobro del Impuesto de Valor Agregado (IVA), implementado como parte de la Ley N.º 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tendría sobre el sectorii.
Por su parte, las organizaciones sindicales del sector salud se declararon en huelga contra la misma ley, pero en este caso por las implicaciones de los títulos relacionados con el gasto público. En agosto, este mismo tema generó que dichas organizaciones retomaran las calles.
En cuanto a los repertorios de protesta, la declaración pública, el bloqueo y la concentración fueron los tipos más usados durante el período (ver tabla 1). Tal como ha sido la tendencia desde el inicio del gobierno de Alvarado, la calle ha sido un escenario central para dirimir los conflictos entre los diferentes actores políticos, registrándose un incremento de los repertorios contenciosos, principalmente el bloqueo que fue el formato más usado en julio y el segundo más recurrido en agosto y setiembre.
Tabla 1. Costa Rica: repertorios de protesta para los meses de julio, agosto y setiembre de 2019
Tipo de repertorio
Mes
Total
Julio
Agosto
Septiembre
Declaración pública
47
23
28
98
Bloqueo
53
14
13
80
Concentración
11
4
5
20
Reunión con autoridades
8
8
1
17
Huelga 1/
4
7
5
16
Marcha
8
5
1
14
Denuncia ante entidades
5
2
5
12
Ciberacciones
1
4
1
6
Asamblea
0
4
2
6
Paro
1
0
1
2
Toma de propiedad
0
0
1
1
Total
138
71
63
272
1/ El dato refiere a la cantidad de días huelgas registrados, no a la cantidad de huelgas. Fuente: PROTESTAS base de datos de acciones colectivas en Costa Rica, IIS-UCR.
En el caso de los actores demandantes, destacaron dos: las personas trabajadoras, sobre todo del sector público, y estudiantes de secundaria que, en conjunto, fueron protagonistas en el 79% de todas las acciones de protesta ocurridas en el trimestre.
Durante este trimestre también fueron reiteradas las declaraciones públicas de los sectores empresariales, en la mayoría de los casos representados en la UCCAEP, contra las acciones de protesta de las organizaciones sindicales y los acuerdos entre estas y el ejecutivo en el caso de la huelga en la CCSS. También para apoyar el proyecto de Ley N.º 21049 y las propuestas hechas por algunos diputados en temas como la suspensión en el pago de salarios. Incluso en julio, la UCCAEP solicitó, mediante una carta dirigida a las autoridades del Ministerio de Trabajo, la disolución de la ANEP por su participación en bloqueos. Sobre este último tema, diferentes cámaras empresariales como la CADEXCO, la CNAA y la CICR, entra otras, reclamaron cero tolerancia contra los cortes de calle ocurridos en julio (ver Alvarado, Cortés y Sáenz 2019a). Lo mismo ocurrió en agosto pero contra los acuerdos firmados el 12 de ese mes para poner fin a la hulega en el sector de la salud (ver Alvarado, Cortés y Sáenz 2019b).
Las principales demandas giraron en torno a las disputas ocasionadas por la implementación de la Ley N.º 9635 y sus efectos sobre diferentes sectores. De la misma manera, el impulso a otros proyectos de ley como el N.º 21049 para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos y el N.º 20786 de Educación Dual, sacaron a las calles a sectores estudiantiles y sindicales que, en determinados momentos, consiguieron el apoyo de otros actores como los transportistas (ver Alvarado, Cortés y Sáenz 2019a, 2019b y 2019c).
En concordancia con lo anterior, el poder ejecutivo y el legislativo fueron los actores más interpelados durante el período, con el 61% de las protestas dirigidas en su contra.
A manera de cierre
En términos de la protesta social, el tercer trimestre del 2019 presentó una ligera baja en comparación con el segundo trimestre, que se mantiene como el período de mayor conflictualidad social del presente año. No obstante, luego del mes de junio, los meses de julio, agosto y setiembre (en ese orden) han sido los de mayor cantidad de protestas en el transcurso del año.
Las tensiones generadas por la entrada de la Ley N.º 9635 y por los proyectos N.º 21049 y N.º 20786 ocuparon el centro de las agendas de los actores demandantes, los cuales recurrieron a distintos repertorios de acción, institucionales y no-institucionales por igual, para tratar de frenar su tramitación.
En lo inmediato, la coyuntura del tercer trimestre, como la del segundo, pareciera estar marcada por la decisión de otros actores de sumarse a las protestas sostenidas por las organizaciones sindicales. Tanto el sector de estudiantes como el de transportes fueron dos actores que contribuyeron a incrementar las acciones de protesta, tras un período donde la conflictualidad social estaba siendo determinada casi que únicamente por las y los trabajadores del sector público.
Asimismo, como se mencionó en la introducción, desde el inicio de su mandato, el gobierno de Alvarado ha enfrentado un incremento sostenido de la protesta social, lo cual contrasta con la tendencia detectada durante el gobierno de su antecesor y compañero de partido, Luis Guillermo Solís, quien consiguió reducir la protesta año con año.
Pareciera que son dos los factores que están determinando esta tendencia registrada desde mayo de 2018. En primer lugar, la presencia de un entorno político cerrado para los actores demandantes, lo cual se manifiesta en el “cierre” institucional que experimentan a la hora de colocar sus demandas y en la falta de mecanismos de diálogo y negociación que los incluyan en las discusiones sobre temas prioritarios para el país como el plan fiscal o la reforma en el empleo público. Esto se ha traducido en una mayor confrontación reflejada en el incremento de las acciones callejeras como los bloqueos, las marchas y las huelgas. Indudablemente, la huelga de setiembre-diciembre de 2018 es el acontecimiento reciente que está marcando la dinámica entre los actores de la contienda política en Costa Rica, de lo cual el proyecto de Ley N.º 21049 es una manifestación. Dicho proyecto de ley, lejos de contribuir a crear espacios de interlocución entre los diferentes actores, pretende reducir los márgenes de acción de las organizaciones sindicales, en medio de un clima político-ideológico crecientemente autoritario y antisindical.
El segundo factor, íntimamente relacionado con el primero, es la configuración de un bloque hegemónico de poder compuesto por el poder ejecutivo y legislativoiii, las cámaras empresariales, bajo la dirección de la UCCAEP, y las empresas de comunicación. Dichos actores se han estructurado como un bloque cohesionado y excluyente, a la hora de impulsar los proyectos considerados estratégicos para sus intereses, como fue el caso de los proyectos N.º 20580 y 21049.
Considerando este escenario, la coyuntura inmediata no pareciera indicar un cambio en los patrones de acción de este bloque hegemónico que continúa impulsando sus proyectos, por lo que la determinación de lo que ocurra en los meses siguientes en términos de la protesta social, estará marcado en buena medida por la capacidad que tengan los actores de la protesta, particularmente las organizaciones sindicales, para articular-se con otros actores de cara a resistir los embates de lo que parece una nueva ronda de políticas neoliberales en el país.
i Desde luego, no todas estas fueron formuladas por Casa Presidencial ni por el partido de gobierno. No obstante, todas han contado con el apoyo expreso de Alvarado y los miembros estratégicos de su gabinete.
ii En la provincia de Limón, donde se concentraron la mayoría de bloqueos de los transportistas, se sumaron las demandas de este sector y las de las y los trabajadores portuarios contra la crisis de los muelles estatales de Moín y Limón y la entrada en funcionamiento de la Terminal de Contenedores de Moín, megaproyecto de infraestructura concesionada a una transnacional holandesa.
iii Cabe señalar que en el caso del poder legislativo y los partidos que lo integran, particularmente Liberación Nacional, Acción Ciudadana y Unidad Social Cristiana, se ha conformado un bloque que vota cohesionada los proyectos de ley estratégicos como el 20580 y el 21049. Claro está que algunos diputados y diputadas de los tres partidos se han distanciado en diferentes momentos de sus fracciones, pero siempre siendo una minoría. Por su parte, el resto de las fracciones han mostrado posturas oscilantes en estos y otros temas, con la excepción de José María Villalta, diputado del partido Frente Amplio.
Cidea-UNA presenta Cicatriz, un producto artístico que refleja críticamente la violencia de género hacia las mujeres y los femicidios en Costa Rica, desde un proceso artístico interdisciplinario, cuyo punto de partida es la cicatriz que dejan las múltiples violencias que viven las costarricenses y que se transmutan según sus historias de vida y contextos.
Hasta la primera semana de agosto de 2019 el Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial contabilizaba 7 mujeres que perdieron la vida a manos de sus esposos o compañeros sentimentales. De los hechos registrados 6 corresponden a femicidios según el artículo 21 de la Ley de violencia contra la mujer, mientras que uno que se presentó en enero se comprobó como femicidio ampliado, es decir a manos de un hombre con quien no tenía una relación sentimental.
Desde el Centro de Investigación Docencia y Extensión Artística de la Universidad Nacional (Cidea-UNA) y en celebración de su 45 aniversario, se presenta el espectáculo interdisciplinario Cicatriz, el cual busca desarrollar un proceso de sensibilización y activación de los enfoques de género, diversidad y derechos humanos.
Dirigida por los académicos Nandayure Harley y Reinaldo Amién, esta propuesta plantea un proceso colaborativo, que intenta acercarse a la interdisciplinariedad a partir de una conversación abierta entre lenguajes escénicos como la danza, el teatro, la música y la multimedialidad.
“Cada una de las personas creadoras construye a partir de la violencia como eje integrador, disparador de historias, memorias y cicatrices. Pareciera que el germen de la violencia es tan arraigado que podríamos asegurar haberlo cargado desde lo más recóndito de la historia de la humanidad.
Este espectáculo es un grito más para no olvidar, para engordar la memoria y tratar quizá, de no repetir las heridas en el futuro. Cicatriz le da voz a algunos testimonios, no todos. Convierte los corazones victimizados en gritos de resistencia”, comentan los directores.
En el marco de la celebración del año 2019: UNA por la igualdad, la equidad y la no violencia de género, se pretende abordar desde la academia, algunas de las condiciones socioculturales de la sociedad costarricense que limitan el desarrollo integral de las mujeres y que, desde el lenguaje simbólico del arte, se pueden convertir en un espacio de concientización social sobre esta temática.
“Hicimos una valoración sintética y simbólica para identificar ciertos elementos comunes que se presentan en los actos de violencia. Trabajamos con material sensible e historias reales que se trataron con mucho respeto y que nos sirvieron como base, por ejemplo, el círculo de la violencia que, si bien no se representa tal cual, nos ayudar a desarrollar las escenas”, dijo Amién.
Según el codirector, Cicatriz no es una propuesta lineal en el escenario, sino más bien un collage de imágenes unas literales y otras simbólicas, que representa estados y sensaciones. “Abordamos con mucha sensibilidad distintos elementos que se pueden caracterizar con el cuerpo, con texturas o desplazamientos, pero principalmente con la relación entre los cuerpos. Toda esta composición tiene un eje transversal que aparece en una escena final”.
Para Harley, este ha sido un trabajo complejo. “Es bastante metaforizar las situaciones de violencia, abuso y acoso que enfrentan con mucha más frecuencia las mujeres. Queremos darles voz a esos testimonios que no lo han tenido a lo largo de la historia. Este flagelo no podemos ocultarlo, debemos enfrentarlo de frente para generar un cambio en las futuras generaciones, dar esperanza e involucrarnos todos porque la violencia no ocurre solo en un sector de la sociedad, ocurre en todas partes”.
Con 33 bailarines de la Compañía de Cámara de Danza UNA, las escuelas de Danza y Arte escénico en el escenario, y un vasto equipo de producción conformado por estudiantes y académicos de las escuelas de arte se le dará vida a este espectáculo que busca sensibilizar a toda la población.
Nuevo ideario social
Cicatriz, es un producto artístico que refleja críticamente la violencia de género hacia las mujeres y los femicidios en Costa Rica, desde un proceso artístico interdisciplinario, cuyo punto de partida es la cicatriz que dejan las múltiples violencias que viven las costarricenses y que se transmutan según sus historias de vida y contextos.
El espectáculo se plantea a partir de la exploración artística de cuatro escenarios en que estas violencias se hacen explícitas: social, cultural, político y económico, pero también se adentra en la reflexión para repercutir en la construcción de un nuevo ideario social costarricense basado en formas de habitar y convivir más solidarias.
Este espectáculo interdisciplinario se presentará del jueves 17 al domingo 19 de octubre en el Centro de Convenciones de San Pablo de Heredia, y el lunes 21 en la Inauguración del VI Encuentro internacional de fiesta, nación y cultura a las 2 p.m. La entrada es libre y pueden asistir personas mayores de 15 años. Para más información puede llamar al 2277-3099 / 2277-3098 o al correo electrónico cicatriz@una.cr
Recuadro
Tome nota
Jueves 17, viernes 18, 8 p.m.
Sábado 19, 4 y 8 p.m.
Domingo 20, 2 y 6 pm
Lunes 21 de octubre: Inauguración VI Encuentro Internacional Fiesta, Nación y Cultura. 2 p.m.
Punto de encuentro: Plaza de la Democracia, 4 p.m.
“El sábado 02 de noviembre saldremos a exigir que acabe la violencia especista, en solidaridad con los demás animales, explotados/esclavizados ya sea en granjas, laboratorios, mataderos, zoológicos o cualquiera otra institución especista. Porque no están solos.
Porque existen otras formas de relacionarnos con las demás animales, porque las construimos colectivamente, desde el cuestionar nuestros hábitos mediante el veganismo hasta las acciones directas (educativas, marchas, manifestaciones, difusión, liberaciones y rescates de animales, santuarios, etc). Si no somos nosotras, ¿quién? y si no accionamos ahora, ¿cuándo?
También queremos recordar a quienes han reprimido por luchar, a las que enfrentan procesos, a los presos, y las que han muerto en la lucha por la liberación animal. Porque su lucha, su memoria alimenta nuestra organización y acción.
En el marco de la Jornada de Acción Antiespecista, Jornada Internacional de Lucha contra el Especismo y por la Liberación Animal.
No pararemos hasta que llegue el día en que toda jaula, ¡quede vacía!”
Cambio en transferencia presupuestaria afectaría gravemente el funcionamiento de las universidades estatales
El Ministerio de Hacienda varió la forma en que transfiere los recursos del FEES en el proyecto de presupuesto nacional que presentó a la Asamblea Legislativa. De esta manera, 70 mil millones de colones fueron clasificados como “transferencia de capital”, lo que significa que estos recursos no se podrán utilizar en gastos corrientes, por ejemplo becas, contratación de docentes, proyectos de investigación y acción social, sino solo en infraestructura y equipamiento.
“Esta decisión del Ministerio de Hacienda define unilateralmente los destinos de una parte importante del FEES y violenta la independencia funcional de las universidades para tomar decisiones administrativas, según sus objetivos y programas. Además, pone en peligro su funcionamiento y vulnera en su totalidad la educación superior pública”, denunció el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR.
Al estar condicionado este monto a obras de infraestructura o equipamiento solamente, las universidades públicas tendrán enormes dificultades para ejecutar sus funciones normales y cumplir sus programas de fortalecimiento de la educación superior.
El rector explicó que, en el caso de la UCR, la clasificación de esta parte del FEES como “transferencia de capital” implica que no tendría a disposición la cantidad aproximada de 39 900 millones de colones para realizar las funciones que le son encomendadas por la Constitución Política. “Para entender la magnitud del problema, el programa de becas de la UCR comprende 29 000 millones y el presupuesto de todas las Sedes y Recintos es de 47 mil millones. Es mucho dinero que de esta manera queda destinado solo a un rubro específico y no se puede utilizar en nada más.”
Cabe resaltar que los rectores, al firmar el convenio del FEES 2020, se comprometieron a realizar una inversión de capital por el monto señalado, pero a partir de la totalidad de sus recursos, no únicamente del FEES como lo está imponiendo ahora el Ministerio de Hacienda en el presupuesto para el 2020. En el caso de la UCR, el FEES asciende al 80% de su presupuesto anual por lo que trasladar 39 900 millones a gastos de capital traería graves implicaciones.
Los presupuestos de las universidades estatales ya han sido aprobados por sus respectivos consejos universitarios o institucionales. En conjunto, contemplan una inversión de capital superior a 90 000 millones para el 2020, según datos de CONARE.
El rector Jensen concluyó que “la decisión del Ministerio de Hacienda pone a la universidad estatal en un estado de emergencia general y le provoca un enorme daño al país”, e hizo un llamado a la comunidad universitaria y nacional a defender uno de los más importantes pilares de la sociedad costarricense: la educación superior pública.
Imagen ilustrativa.
Andrea Marín Castro
ODI, UCR
Información de la Oficina de Divulgación e Información de la UCR.
Estudiante de la carrera de Planificación Económica y Social, Programa CAMBIOS, Escuela de Planificación y Promoción Social (EPPS), Universidad Nacional (UNA), Heredia, Costa Rica.
¡Así es!, actualmente cada 13 de octubre a nivel mundial se celebra el Día para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRD), el cual fue una iniciativa propuesta en el Marco de Sendai (2015-2030) en la Conferencia Mundial sobre la Reducción del Riesgo de Desastres 2015. En esa conferencia, los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firman un acuerdo en donde se sientan las bases para que gobiernos y comunidades se comprometan y contribuyan a crear planes para la reducción del riesgo, sobre todo en un contexto de cambio climático.
Pero, ¿Por qué es importante este día? Y ¿En qué consiste la reducción de los desastres naturales?
De acuerdo con la Asamblea General de las Naciones Unidas (2018), se busca “promover una cultura mundial para la reducción de desastres, lo cual incluye aspectos de prevención, mitigación y preparación.” Así mismo, se afirma la importancia de reconocer que los desastres naturales tienen un costo humano y, por lo tanto, se deben de reconocer sus implicaciones en términos de vidas, medios de subsistencia y aspectos de salud.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2018), en los últimos 15 años, 3 millones de personas se han visto afectadas por desastres naturales en todo el mundo y un 60% son niños y niñas. Esto refleja la necesidad de evaluar los riesgos, enseñar y adaptar a esta población antes, durante y después de los desastres para promover la defensa de sus derechos, suplir necesidades básicas y contribuir con su desarrollo. Más estadísticas y datos sobre la importancia de contar con sistemas de alerta temprana y planificación que proteja a las poblaciones más vulnerables se muestran en el siguiente video de UNICEF:
Se debe comprender que la reducción del riesgo de los desastres (RRD) busca reducir los daños ocasionados por las amenazas naturales, tales como terremotos, sequías, inundaciones y ciclones, a través de una ética de prevención (UNDRR, s.f). Si bien es cierto no se puede conocer cómo y cuándo afectará una amenaza natural, desde las distintas comunidades e instituciones se deben promover espacios para la preparación ante amenazas de manera en que los costos humanos y económicos sean lo menor posible en todo el mundo.
Desde CAMBIOS nos unimos a la causa de conmemorar este día, trabajando desde los distintos territorios en la promoción de la sostenibilidad ambiental y en la gestión organizacional, que propone y acompaña en la construcción y difusión de conocimiento y experiencias que inciden en el bienestar de diferentes actores sociales. Reafirmamos la postura de UNICEF (2018): “Los riesgos no tienen que convertirse en desastres”.
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. UNISDR. (2018). 13 de octubre 2018 Día Internacional para la Reducción de Desastres: Reduciendo las Perdidas Económicas. Recuperado de: https://eird.org/americas/dird2018/nota-conceptual.html
El Ministerio de Hacienda varió la forma en que transfiere los recursos del FEES en el proyecto de presupuesto nacional que presentó a la Asamblea Legislativa. De esta manera, ¢70 000 millones de colones fueron clasificados como “transferencia de capital”, lo que significa que estos recursos no se podrán utilizar en gastos corrientes, por ejemplo becas, contratación de docentes, proyectos de investigación y acción social, sino solo en infraestructura y equipamiento.
“Esta decisión del Ministerio de Hacienda define unilateralmente los destinos de una parte importante del FEES y violenta la independencia funcional de las universidades para tomar decisiones administrativas, según sus objetivos y programas. Además, pone en peligro su funcionamiento y vulnera en su totalidad la educación superior pública”, denunció el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR.
Al estar condicionado este monto a obras de infraestructura o equipamiento, las universidades públicas tendrán enormes dificultades para ejecutar sus funciones normales y cumplir sus programas de fortalecimiento de la educación superior.
El rector explicó que, en el caso de la UCR, la clasificación de esta parte del FEES como “transferencia de capital” implica que no tendría a disposición la cantidad aproximada de ¢39 900 millones para realizar las funciones que le son encomendadas por la Constitución Política. “Para entender la magnitud del problema, el programa de becas de la UCR comprende ¢29 000 millones y el presupuesto de todas las Sedes y Recintos es de ¢47 000 millones. Es mucho dinero que de esta manera queda destinado solo a un rubro específico y no se puede utilizar en nada más”.
Cabe resaltar que los rectores, al firmar el convenio del FEES 2020, se comprometieron a realizar una inversión de capital por lo menos de ¢70 000 millones, lo cual se cumplió, pues se presupuestó un monto superior a los ¢90 000 millones para ese rubro, pero a partir de sus presupuestos totales, no únicamente de los recursos del FEES como lo está imponiendo ahora el Ministerio de Hacienda. En el caso de la UCR el FEES cubre el 80% del presupuesto anual, por lo que trasladar ¢39 900 millones del FEES a gastos de capital traería graves implicaciones en la operación.
Los presupuestos de las universidades estatales fueron aprobados por sus respectivos consejos universitarios o institucionales. En conjunto, contemplan una inversión de capital superior a ¢90 000 millones para el 2020, según datos del Consejo Nacional de Rectores (Conare).
El rector Jensen concluyó que “la decisión del Ministerio de Hacienda pone a la universidad estatal en un estado de emergencia general y le provoca un enorme daño al país”, e hizo un llamado a la comunidad universitaria y nacional a defender uno de los más importantes pilares de la sociedad costarricense: la educación superior pública.
Las autoridades universitarias han establecido conversaciones con el Poder Ejecutivo, sin que hasta el momento se logre una solución que permita el uso de los recursos.
Estimado señor presidente y estimados señoras y señores diputados,
Los integrantes de los colectivos ciudadanos de San Rafael de Heredia, CONCEVERDE Y DEFENSA FORESTAL, no dejamos de sorprendernos ante las profundas contradicciones que muestra la actual coyuntura mundial de alarma ante el cambio climático.
Como país, si bien podemos registrar desde el siglo XIX el interés de los costarricenses por proteger el ambiente, avances dignos de satisfacción y orgullo nacional, ejemplos la Ley 65 de junio de 1888 que declaró inalienables miles de hectáreas con la intención de proteger el agua de los habitantes del Valle Central, o la creación de los Parques Nacionales, ciertamente hay muchas acciones y hechos de total actualidad que indignan al ciudadano ligeramente informado de lo que sucede en su entorno.
El galardón dado por Naciones Unidas a Costa Rica como “Campeones de la Tierra” (máxima distinción de tal organismo mundial a la labor ambiental), el discurso del Presidente Carlos Alvarado en la Cumbre de Acción Climática de las Naciones Unidas y la alocución en redes del Ministro de Ambiente sobre la autoridad moral de Costa Rica en materia ambiental, puede llevar a algunos ciudadanos a enorgullecerse de la Costa Rica Verde, pero no son más que proclamas que pretenden esconder realidades de desastre y amenaza ambiental absolutamente actuales y en marcha no consecuente con la imagen que a nivel mundial se nos está dando. Esa posición de declarar verdades a medias es deshonesta, oportunista y engañosa.
Para nosotros, los que suscribimos la presente nota, no es prioridad el ranking mundial en materia ambiental; prioridad es que la política ambiental del país sea coherente con el derecho de las y los costarricenses a la vida, la salud, y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tal y como lo establece la Constitución Política de la República.
Los instrumentos de política que se traducen en normas legales o decretos ejecutivos, deben atender al bien común y no responder, como está sucediendo actualmente, a la presión de poderes económicos fácticos.
Denunciamos a continuación, algunos eventos y acciones de política que no coinciden con el discurso triunfalista ante Naciones Unidas, y que nos obligan a demandar de los funcionarios públicos, especialmente de usted como presidente y de las y los señores diputados, un cambio de rumbo y un compromiso innegociable con el ambiente y el patrimonio natural; y a nosotros como ciudadanos y ciudadanas a persistir como movimiento social de defensa ambiental, con una fiscalización permanente de sus actuaciones, y denuncia de aquello que consideremos una violación al derecho de los costarricenses a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que proteja y garantice una mejor calidad de vida presente y futura. Hoy en día intereses económicos de las grandes corporaciones se imponen con mucha frecuencia sobre los intereses de bienestar social del ciudadano común. Le señalamos sólo algunas de estas amenazas al bienestar de los costarricenses.
Desprotección de acuíferos. Maniobras políticas derivadas de la presión de constructores, sobre todo de la Cámara Costarricense de la Construcción, para hacer desaparecer o anular la aplicación de la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos del SENARA, sustituyendo en la práctica ese instrumento por un decreto ejecutivo (Reglamento de Coordinación Interinstitucional Para la Protección de Recursos Hídricos Subterráneos), que no es más que el traslado de las competencias que hoy tiene SENARA para la protección del agua, sobre todo de los acuíferos, a entes que a lo largo del tiempo, han respondido más a intereses políticos y económicos que al bien común, como muchas de las municipalidades, SETENA, Dirección de Aguas, MINAE, INVU, etc. poniendo por tanto en peligro la principal fuente de agua que tenemos los costarricenses, como son los acuíferos. La amenaza de una privatización de los servicios de agua es latente. (Léase: http://www.mag.go.cr/acerca_del_mag/estructura/oficinas/Legal/REGLAMENTO-DE- COORDINACIO%C3%ACN-INTERINSTITUCIONAL-PARA-LA-PROTECCIO%C3%ACN-DE-LOS-RECURSOS- HI%C3%ACDRICOS-SUBTERRA%C3%ACNEOS-.pdf)
Ley Forestal. Desacato o desobediencia de los diputados a una orden judicial, en el caso de la resolución No 2007-003923 de las quince horas y dos minutos del veintiuno de marzo de 2007 , que les ordenó reformar el artículo 28 de la Ley Forestal, en el sentido que se establezcan medidas precautorias antes de talar cualquier árbol, nativo o no, que juegue un papel ambiental importante, para así no violentar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política.. (Léase: https://es.scribd.com/document/85506555/RESOLUCION-FINAL-accion-inconst)
Agroquímicos. La falta de acciones concretas y efectivas para regular, restringir o prohibir agro químicos que han mostrado efectos nocivos e irreversibles para los seres vivos, por lo tanto para los humanos, como son los derivados del glifosato, sustancia considerada por parte de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial para la Salud, como de una alta probabilidad de ser cancerígena. A pesar de los múltiples estudios que demuestran la nocividad del uso excesivo de agroquímicos “Costa Rica continúa como uno de los países de la región centroamericana con los mayores índices de uso de plaguicidas” (Léase: http://www.iret.una.ac.cr/Publicaciones/06-0002.pdf)
Cultivos de piña: La falta de acciones efectivas y concretas que lleven a detener la expansión piñera y revertir el daño que produce en bosques, recurso hídrico, seres vivos, etc. Estudios recientes afirman que: “La expansión piñera está lejos de ser una actividad que genere bienestar y riqueza para Costa Rica. Aunque es una actividad rentable y económicamente viable, consigue esa rentabilidad a costa de los recursos humanos y ambientales del país”. (Léase:https://semanariouniversidad.com/pais/trabajadores-la-pina-viven-clima-explotacion-laboral/
Minería a cielo abierto: El intento en la Asamblea Legislativa, vía proyecto de “Ley para el Desarrollo Social Mediante la Regulación de la Actividad Minera Metálica” (expediente No. 21.584), de derogar la Ley que declaró a Costa Rica país libre de minería metálica a cielo abierto. La desidia estatal para tomar acciones concretas y definitivas que lleven a detener la explotación ilegal de oro en Crucitas, lo cual ha llevado a que se continué impactando el recurso hídrico y el ambiente en general.
Parques Nacionales: El descuido de las áreas silvestres protegidas, incluidos Parques Nacionales, denunciado por guarda parques y que es resultado principalmente del recorte del presupuesto a las instituciones encargadas de velar por las mismas, que demuestra la falta de interés del gobierno por la protección del ambiente. Al mismo tiempo que se discute en la Asamblea Legislativa un Proyecto de Ley (expediente 20.407) que abriría zonas naturales protegidas estatales a concesiones y usos particulares, poniendo en riesgo la conservación, que es su principal razón de ser. (Léase: https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/07/10/ALCA167_10_07_2017.pdf)
Pozos ilegales: El Decreto No. 41851-MP-MINAE-MAG que legaliza los pozos perforados sin permiso antes del 2010, Esta medida aplica para pozos perforados con maquinaria o equipo especializado ( no para pozos artesanales, de uso doméstico o menores a los 20 metros, que ya están exentos de Registro) por lo que no es más que tolerar y perdonar una actividad que se llevó a cabo ilegalmente y que conlleva a la extracción ilegal de agua subterránea de acuíferos, acercándonos más a la sobre explotación y posible contaminación de estos.
Señor Presidente, Señoras y Señores Diputados: Por todos estos motivos y muchos otros que sería extenso detallar, y con el respeto que ustedes se merecen, aunque sabiendo que justamente a ustedes entregamos nuestra confianza de un buen gobierno al servicio de todos los costarricenses, exigimos actúen consecuentemente a la crisis planetaria que hoy vivimos, a la imagen “Verde” que el Señor Presidente y su Ministro de Ambiente han hecho pública muchas veces y en especial con motivo de la última reunión en la Organización de las Naciones Unidas y de la PreCOP25 CR.
Exigimos, ahora, cuando aún hay tiempo, acciones y legislaciones que protejan el futuro de nuestros hijos, que no se vendan a quienes pagan la publicidad de sus campañas políticas, sino que se entreguen al mandato de la ciudadanía que paga sus salarios y pagará sus pensiones y a la responsabilidad que tienen de resguardarnos. En los discursos oficiales son muchas las palabras, necesitamos acciones coherentes y no regresivas, necesitamos que Costa Rica deje de lucir un maquillaje Verde, y desnude un Verde real.
San Rafael de Heredia, 10 de octubre del 2019
DEFENSA FORESTAL Correo: defensaforestal.cr@gmail.comAnavictoria.molina@gmail.com
CONCEVERDE Correo: conceverde@gmail.com
Imagen ilustrativa.
Enviado por José Francisco Alfaro y Aquiles Jiménez.
Compartimos la carta enviada a la ministra de Trabajo y Seguridad Social por la Internacional de Servicios Públicos referente a persecución a dirigente sindical:
“La Internacional de Servicios Públicos (ISP) es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y trabajadoras que prestan servicios públicos esenciales en 163 países. La Internacional de Servicios Públicos defiende los derechos humanos, promueve la justicia social y el acceso universal a servicios públicos de calidad. La Internacional de Servicios Públicos trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración con entidades de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones.
Con profunda preocupación y asombro, hemos sido informados por nuestra afiliada, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), de cómo ha sido intensificada una campaña antisindical contra esta organización y su Secretario General, Sr. Albino Vargas Barrantes, en la que se solicita a ese Ministerio, la disolución de esta prestigiosa organización sindical costarricense, planteada por el Sr. Gonzalo Delgado, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), ante las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica. Asimismo, nos preocupa que a esta inusual campaña antisindical, se haya sumado una investigación del Ministerio Público, interpuesta por la Abogada Glorias Navas, contra el Sr. Vargas Barrantes, ante un supuesto delito de instigación pública tipificado por el código penal costarricense.
Señora Ministra, como usted sabe, esta imprudente solicitud de disolución de la ANEP de ser acogida por el Estado costarricense contraviene el principio de libertad sindical en el marco del convenio 87 de la OIT, así como también se contrapone a la “Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas”, de la cual Costa Rica se precia de ser muy respetuosa. De igual manera, nos preocupa que el Ministerio Público, abra un supuesto delito de instigación pública contra el Secretario General de la ANEP, por haber ejercido en su condición de dirigente sindical, su derecho a la libertad sindical en representación de las y los trabajadores.
Estamos confiados que estos lamentables hechos antisindicales, que son una afrenta a la institucionalidad democrática costarricense, serán desestimados por el Gobierno Nacional; así como por el Ministerio Público. Habida cuenta, nos mantendremos muy atentos a lo que pudiera acontecer contra la ANEP y el Sr. Albino Vargas Barrantes, por lo que exhortamos al Estado costarricense, ser respetuoso en todos sus extremos de la libertad sindical y los derechos ciudadanos”.
