Nos comparten la convocatoria que está realizando el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Ambiente y Energía para presentar por escrito observaciones sobre la propuesta al “Reglamento de coordinación interinstitucional para la protección de los recursos hídricos subtarráneos”.
Al respecto José Francisco Alfaro de CONCERVERDE manifiesta al respecto que: “en tanto no sería raro que sea parte de la estrategia impulsada por la Cámara de la Construcción y seguida por el gobierno de Carlos Alvarado, de menoscabar la MATRIZ GENÉRICA DE PROTECCIÓN DE ACUÍFEROS imponiendo parámetros para la fiscalización de los proyectos constructivos que pueden impactar el recurso hídrico, que no son más que facilitar el desarrollo constructivo para beneficio de los grandes constructores y en menoscabo del recurso hídrico”.
Además Alfaro manifiesta que ni en la página de MAG ni del MINAE se encuentra de manera pública el reglamento.
Este próximo 09 de octubre a las 5 p.m. se realizará la presentación del libro: «Historia Contemporánea de Costa Rica 1808-2010» en el Edificio del Paraninfo Daniel Oduber Quirós de la UNED.
Condenamos que Costa Rica se sume a las acciones de guerra contra Venezuela como parte del grupo de dementes que conforman el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)
El pasado 23 de septiembre se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York la trigésima reunión de ministros de relaciones exteriores, actuando como órgano de consulta en aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.
El pronunciamiento de este grupo de dementes, entre los cuales se encuentra el ministro de relaciones exteriores de Costa Rica, Manuel Ventura, no significa otra cosa que sumarse a las acciones de desestabilización y guerra contra Venezuela. Es decir, la irresponsable administración Alvarado Quesada respalda las acciones encaminadas a la agresión militar contra la República Bolivariana.
Los considerandos del pronunciamiento de ese grupo de psicópatas se basan solo en especulaciones y mentiras descaradas y por supuesto como es práctica común no presentan ninguna prueba. Pero es en los por tanto donde ese grupo de representantes de la extrema derecha continental pone en evidencia su demencial visión de las cosas que arrastra a la región a un conflicto militar.
Es allí donde se utilizan los términos como “perseguir, capturar, extraditar y sancionar” a personas vinculadas al gobierno de Venezuela. Solo les faltó la palabra “matar”. Es el lenguaje de corte neofascista de la derecha latinoamericano que no significa otra cosa que la intensificación de las políticas de agresión. Podríamos denominarlo un PLAN CÓNDOR 2.0”.
Pero es en el punto cinco del pronunciamiento de ese grupo de dementes donde se esconde el veneno de esa resolución. Se dice en ese aparte: “instruir a los Representantes Permanentes ante la Organización de Estados Americanos de los Estados partes del TIAR que den seguimiento a la situación en la República Bolivariana de Venezuela y su impacto en la región con objeto de evaluar la formulación de eventuales recomendaciones, en el marco del Artículo 8 del TIAR, para lo cual podrán conformar una o más comisiones ad hoc. Dichas recomendaciones serán elevadas al Órgano de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en su próxima sesión.”
Pero qué nos dice el Artículo 8 del TIAR: “Para los efectos de este Tratado, las medidas que el Órgano de Consulta acuerde comprenderán una o más de las siguientes: el retiro de los jefes de misión; la ruptura de las relaciones diplomáticas; la ruptura de las relaciones consulares; la interrupción parcial o total de las relaciones económicas, o de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, telefónicas, radiotelefónicas o radiotelegráficas, y el empleo de la fuerza armada.”
Eso fue lo que signó el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, un demente irresponsable que no tiene la menor idea de las consecuencias de lo que firmó. Es decir, al colocarse en el pronunciamiento el Artículo 8 del TIAR y el hecho de que Costa Rica avaló esa resolución, Costa Rica se suma a una muy cercana aplicación de ese artículo, especialmente el empleo de la fuerza armada contra Venezuela.
Es de tal gravedad lo acordado, que incluso el gobierno de Uruguay ha decidido denunciar y retirarse del TIAR, por cuanto “…esta resolución sienta un gravísimo precedente en materia de derecho internacional. Los que creemos en el sistema multilateral no podemos permitir que sucedan estas cosas”. Por el contrario, la administración de Carlos Alvarado nos arrastra a este escenario de confrontación militar en alianza con el gobierno de EEUU (Trump y sus halcones), con el gobierno paramilitar colombiano, con el narcomilitar gobierno hondureño y con los neofascistas de Bolsonaro y Piñera. Vaya alianzas de este gobierno del PAC.
Por tanto exigimos:
La renuncia inmediata del ministro de relaciones exteriores Manuel Ventura por la irresponsabilidad de sus actos que compromete a todo el pueblo de Costa Rica.
La denuncia y retiro de Costa Rica del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) vestigio vergonzante de la guerra fría y de las dictaduras militares latinoamericanas del cual Costa Rica no tiene por qué se parte.
La inmediata rectificación del gobierno de Costa Rica en materia de política exterior, de abandonar su estrategia de agresión a países y pueblos hermanos y que efectivamente contribuya desde mecanismos que promuevan el diálogo y la negociación, a fortalecer los principios de no intervención en los asuntos internos y el respeto a la soberanía de cada país con fin de ser un factor que propugne en la solución de los conflictos y el fortalecimiento de la integración regional y no como sucede ahora, el gobierno, es decir Costa Rica, convertido en una correa de transmisión de los intereses imperialistas en la región
Administración proyecta que la institución ahorraría más de ¢15 000 millones
Las universidades públicas se han unido en implementar diversas medidas de ahorro; para el período 2016-2020, CONARE reportó que las disposiciones en la contención de gasto realizadas por sí mismo y por sus universidades adscritas muestran resultados de un ahorro de más de ¢47 000 millones. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Las disposiciones de ahorroanunciadas por la administración universitaria han tenido un efecto positivo sobre las finanzas de la Universidad de Costa Rica (UCR), a la luz de las medidas austeras del gobierno para prevenir una crisis fiscal, y que también han afectado el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Desde el 2014 y hasta el 2020, se proyecta que la institución ahorraría más de ¢15 000 millones, principalmente por la disminución del porcentaje de la anualidad (que pasó del 5,5 % al 3,75 %, y que solo entre el 2019 y 2020 representa un ahorro de más de ¢11 000 millones), pero también por mayor rigor en el otorgamiento de dedicaciones exclusivas y modificaciones en la concesión de incentivos por méritos académicos (que han sumado más de ¢4000 millones del 2015 al 2018).
A estas medidas se adiciona el establecimiento de una nueva fórmula para el cálculo del reconocimiento por crecimiento del costo de vida, negociada con la nueva Convención Colectiva de Trabajo (CCT), que permite que los incrementos salariales se limiten al monto de inflación. También han aportado ahorros los cambios en la autorización de suplencias, la disminución de horas extra y la reducción del consumo de combustible (potenciado gracias a la compra de vehículos eléctricos o híbridos, en línea con las políticas ambientales de la institución), entre otros.
“En una muestra de responsabilidad y solidaridad para con el país, en donde las universidades públicas se comprometen a revisar y ordenar sus finanzas, encontramos en este ejercicio también una medida para resguardar la salud financiera institucional para el futuro próximo, que deberá seguir reforzándose”, aseguró el rector Henning Jensen, también presidente del Consejo Nacional de Rectores (CONARE).
En efecto, para el período 2016-2020, el CONARE reportó que las disposiciones en la contención de gasto realizadas por sí mismo y por sus universidades adscritas muestran resultados de un ahorro de más de ¢47 000 millones. Esto, gracias a medidas tomadas en los rubros de reajuste salarial, plazas, anualidad, dedicación exclusiva, tiempo extraordinario, suplencias, ahorro de energía y de papel, uso de la flotilla vehicular, transporte y viáticos al exterior, entre otros.
En el caso de la UCR, las medidas de contención del gasto han evitado afectar el quehacer sustantivo de la universidad, especialmente a la luz del descenso en el monto del FEES y por el recorte de ¢10 000 millones que le hicieron al FEES los diputados en la Asamblea Legislativa el año pasado. Sin embargo, con el fin de garantizar un sano equilibrio presupuestario para los años venideros, será necesario potenciar estas medidas.
“La UCR sigue teniendo finanzas institucionales sanas pero, sin duda alguna, si no tomamos medidas en el corto plazo, y la situación fiscal del país continúa por la senda que ha tomado en los últimos años, podríamos tener problemas. Es muy probable que el presupuesto del FEES no vaya a tener crecimiento en términos reales, por lo que ante esta situación será necesario tomar nuevas medidas”, comentó Carlos Araya, vicerrector de Administración.
Por ejemplo, la UCR ha mejorado su sistema salarial con cambios a nivel coyuntural, que han permitido reducir año con año el peso de la masa salarial sobre el presupuesto universitario.
Sin embargo, el sistema tiene debilidades estructurales que requerirán modificaciones para asegurar salarios iniciales más competitivos y menos desigualdad entre salarios de una misma categoría salarial, entre otros. “Ya existe una comisión que está trabajando en los correspondientes análisis jurídicos y actuariales para poner el tema sobre la mesa de discusión de la comunidad universitaria”, aseguró Araya.
“Las medidas que han afectado el financiamiento de la educación superior pública, especialmente aquellas tomadas al calor de una situación de crisis en las finanzas públicas, han puesto en riesgo la educación de miles de estudiantes en el país, y han legitimado diversos ataques a al propio Estado social de derecho. No solo se violenta así la Constitución Política, sino también la autonomía universitaria, que ha evitado que las coyunturas políticas históricas limitaran el quehacer de la docencia, investigación y acción social de estas instituciones”, concluyó el rector.
La Asociación de Cultura del Distrito San Miguel y la Plataforma Iniciativas Comunales para el Desarrollo Humano Sostenible, la Innovación y el Buen Vivir le invitan a la charla «LA CACHAZA JAMÁS CONTADA». La misma es organizada por: La historia de Higuito, El Llano y San Miguel, e impartida por el profesor Guillermo Mora Estrada, historiador e investigador.
Durante la charla que se llevará a cabo el domingo 29 de setiembre (Día de San Miguel) a las 2 p.m. se revelará el origen del distrito de San Miguel y sus barrios según documentos nunca antes revelados.
Lugar: Gimnasio de la Escuela República de Honduras, San Miguel de Desamparados.
Entrada gratuita.
*Posterior a la charla los asistentes podrán compartir un cafecito con tamal.
El próximo sábado 02 de octubre a las 7 p.m. el Teatro La Cambusina (Esparza), será el escenario para la presentación de la puesta en escena: «Medias Medias para Thai» producida por Impromptu Teatro y creada, dirigida y interpretada por Rolando Salas Murillo.
Para reservaciones comuníquese al whatsapp 8593 0384.
«Medias Medias para Thais» es un espectáculo de un hombre, que al no poder romper con los dictámenes de incomunicación y manejo de sus emociones que le dan las masculinidades negativas, decide hacerse un Superhéroe, decisión que toma ya que los Superhéroes, al igual que él, no puede comunicarse, no pueden gestionar sus emociones y tienen problemas para relacionarse pero todo «les va bien».
El hombre se presenta frente al público como el Superhéroe que quiere ser, sin embargo sus recuerdos, dolores y sueños de hombre que es, le saltan frente al público, interrumpiéndole constantemente.
«Medias Medias para Thais» muestra, mediante un lenguaje de teatro físico, dramaturgia abierta y teatro de exposición, el sentir emocional de un hombre contemporáneo atrapado en los dictámenes de las masculinidades negativas.
El Foro de Acción Social, impulsado por la Vicerrectoría de Acción Social desde finales de 2016 y hasta abril de 2018, ha constituido una experiencia organizativa y educativa relevante, en la que se ha contado con la activa participación de muchos sectores de la comunidad universitaria, y de personas y grupos con las cuales la Universidad se vincula, a través de su actuar desde la acción social.
El propósito fundamental del Foro fue generar un proceso en el que se pudiera contar con espacios para la reflexión, la discusión y el análisis sobre la acción social de la Universidad, con vistas al replanteamiento del papel que juega esta actividad sustantiva universitaria en su interacción con la Sociedad.
Por tal motivo, se ha sistematizado esta experiencia y se han destacado las principales enseñanzas y propuestas para ser socializadas a la comunidad universitaria y nacional, con el fin de poner en práctica las acciones, las metodologías y las reformas en los distintos ámbitos de la acción social que se abordaron: conceptual, funcional y estructural.
Agradecemos a todas las personas que participaron en este proceso y hacemos un llamado a toda la Universidad a compartir este documento y a continuar con la mejora permanente de esta fundamental actividad sustantiva.
Atentamente,
Dra. Yamileth Angulo Ugalde
Vicerrectora
Vicerrectoría de Acción Social
Imagen ilustrativa Acción Social, UCR.
Información de la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR.
Al evangelismo político, y sus aliados conservadores, el matrimonio igualitario se les atraganta. Es una obsesión enfermiza que, por la gravedad de los síntomas, resulta realmente preocupante.
Ahora salen con algo que hace muy poco rechazaban visceralmente: un proyecto sobre uniones civiles entre personas del mismo sexo. Lo que entonces repudiaban como engendro diabólico, hoy –en cobarde gesto de capitulación y derrota– lo ponen sobre la mesa.
Y lo hacen apoyándose en una argumentación tan endeble, que provocaría carcajadas y vergüenza ajena, si no fuera porque fácil se olfatea el tufo de la mala intención que lo anima.
Reconocen que en materia de derechos humanos hay un movimiento progresivo que implica ampliar y consolidar los derechos más antiguos, y avanzar hacia el reconocimiento de nuevos derechos. Admiten, incluso, que eso vale también para el matrimonio igualitario. Pero enseguida optan por lanzar a Costa Rica a la retaguardia de esa progresividad, a etapas previas y superadas, admitiendo de hecho que ése es, justamente, su objetivo: que abdiquemos de cualquier liderazgo, y seamos tan solo un gris y vergonzante vagón de cola.
Citan a la Sala Constitucional y la Corte IDH, pero arbitrariamente desconocen sus pronunciamientos más recientes, para aferrarse y sacar de la tumba los que emitieron 10 o 15 años atrás. Esos dos altos tribunales han avanzado en la ruta de la progresividad de los derechos, pero los proponentes del proyecto prefieren no enterarse. Con gusto necrófilo, prefieren aferrarse a ideas difuntas.
Es un intento –agonizante y patético– por desconocer e irrespetar, lo que esos dos tribunales dejaron claramente estatuido. Y, sin embargo, y contradictoriamente, una y otra vez buscan refugiarse en dictámenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual no tiene jurisdicción para Costa Rica.
O sea: ¿desconocer al tribunal bajo cuya jurisdicción nos hemos colocado para acoger lo que diga un tribunal que carece de esa legitimidad?
Eso es, sin más, violencia contra el Estado de derecho.
Pero nada tan violento como la afirmación según la cual no corresponde reconocerle plenos derechos a las parejas del mismo sexo, porque, en términos relativos, son muy poquitas.
Aunque fuera una sola pareja en toda Costa Rica. Incontrovertible: dos seres humanos son dos seres humanos, y tienen derecho a tener todos los derechos.
Por: Guiselle M. Garbanzo Vargas, Decana de la Facultad de Educación, UCR
Dra. Guiselle M. Garbanzo Vargas, Decana de la Facultad de Educación, UCR. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
No hay desarrollo social que pueda prescindir de una educación de calidad, y no hay calidad educativa que pueda prescindir de la calidad de sus docentes, de manera que la única ruta hacia el desarrollo social es desde y mediante la educación de calidad, que ofrezca una formación integral de las personas alcanzado altos resultados en el logro educativo esperado. También el desarrollo socioeconómico tiene su base en la formación de los integrantes del sistema, no hay senda que socialmente pueda trazarse sin apostarle a una educación de calidad, y países como los nuestros no pueden darse el lujo de prescindir de una educación de alto nivel, pues es la única herramienta con que cuentan para avanzar hacia una sociedad con mayor equidad socioeconómica.
Es impostergable tomar las decisiones oportunas en materia educativa, aunque implique fisuras en las líneas de confort de algunos sectores, cuyo fin no necesariamente es el bienestar común. Mientras la formación de la mayoría de los docentes que se insertan en el mundo laboral, carezca de estrictos controles en sus procesos formativos, a nivel país no habrá inversión en educación que de frutos.
Son muchas las causas de los pobres resultados en el sistema educativo costarricense sin embargo, hay una claramente detectada. La formación profesional docente que se recibe en un sector deteriminado es carente de procesos rigurosos, los vacíos de esos profesionales se trasladan y afectan su desempeño profesional y ciertamente es a estos profesionales a quienes se les está depositando la educación de una gran cantidad de personas.
Mientras este enfoque siga persistiendo y el máximo empleador contrate basado en títulos y no en calidad, no será posible avanzar por la ruta del conocimiento, de la calidad de la educación que todos aspiramos. Hay que reconocerle al Ministerio de Educación Pública sus importantes esfuerzos por avanzar en el campo educativo, lo mismo lo hacen las universidades públicas, sin embargo, el desempeño educativo, requiere de un esfuerzo integrador, para así poder obtener los resultados esperados por una sociedad costarricense sedienta de una mejor calidad educativa cada día.
Al respecto, es importante mencionar, que las universidades públicas, realizan en el campo de la formación de docentes significativos esfuerzos, sometiéndose a procesos de acreditación, que implica entre muchos indicadores la actualización de sus planes de estudio, la autoevaluación y por supuesto los procesos de mejora en las acreditaciones de las carreras. En este contexto, desde la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Ria se seguirá trabajando siempre hacia la excelencia académica, la Institución posee un grupo importante de carreras acreditadas, otras están llevando a cabo estos procesos y otras inician esta labor, que como universidad pública es una responsabilidad impostergable para mantener procesos de formación de calidad, así como continuar aportando al país desde la investigación y la acción social; todo ello con la clara convicción de las transformaciones sociales desde las universidades públicas implica un alto compromiso con responsabilidad social.
Siendo la educación el principal medio de movilización social con que cuentan las sociedades para transcender hacia mejores condiciones de desarrollo social, toda agenda socioeconómica debe partir de políticas públicas en el campo de la educación, que permitan superar las asimetrías, existentes y consolidar una sociedad cada día más justa, equitativa, igualitaria, sin discriminación alguna.
No hay propuesta país, que pueda alcanzar sus metas, sin invertir en el bien más preciado de un país como lo es la educación. No debería haber justificación alguna para limitar a las personas de una educación de calidad, donde el desarrollo de habilidades para enfrentarnos a las exigencias de las sociedades actuales sea una prioridad. Costa Rica, como nación enfrenta importantes desafíos en materia educativa, que al no ser atendidos en su momento, dispara importantes vacíos en esta materia, incrementando significativos problemas sociales, que repercuten en flagelos sociales como el incremento de la pobreza, la violencia, la exclusión social, entre otros, que inciden en los índices de desarrollo socioeconómico y por supuesto en la calidad de vida de las personas.
Costa Rica, tiene la capacidad de salir delante de sus desafíos educativos, eso sí, solo lo puede hacer mediante una agenda país, donde los sectores involucrados como el gobierno, sector empresarial, sociedad civil, y universidades unan esfuerzos rompiendo las barreras de los intereses particulares y abriendo las puertas de la colaboración, e invertir lo necesario para elevar la calidad de su educación.
«Es impostergable tomar las decisiones oportunas en materia educativa, aunque implique fisuras en las líneas de confort de algunos sectores»
Precisamente, bajo esta preocupación y con alta responsabilidad, como se distinguen las universidades públicas, y el compromiso social, que por sí mismas poseen por su propia naturaleza, el pasado 9 de setiembre los señores rectores de las universidades públicas con un noble acto le presentan al gobierno distintos desafíos de la educación de Costa Rica, todos ellos fundamentados en los diferentes informes del Estado de la Educación, que con el apoyo de la comisión de decanas y decanos de educación de Conare, se está trabajando en este momento en la operacionalización de los mismos, y tender puentes de cooperación por una mejor sociedad mediante un arduo trabajo, que solo es posible en conjunto donde priven las voluntades entre ambas partes, que en este caso se asume desde un enfoque propositivo, para atender los principales desafíos.
Entre los compromisos de las universidades públicas en la atención a estos desafíos se encuentran:
Políticas docentes: contribuir a elaborar un marco de cualificación nacional, colaborar en la formulación de los perfiles docentes, que el Ministerio de Educación Pública requiere contratar, diseñar pruebas de idoneidad docente para la aplicación por parte de Servicio Civil, apoyar al MEP, en la elaboración de instrumentos para fortalecer la evaluación formativa, formar docentes para atender la expansión de colegios técnicos, formar docentes para atender la oferta de preescolar en zonas vulnerables, crear un programa de mentores universitarios para apoyar a los docentes en las aulas.
Ambientes de aprendizaje y la infraestructura: Realizar un censo nacional de infraestructura educativa, definir los estándares de calidad para la infraestructura educativa, crear un fondo de investigaciones de aula y seguimiento de la reforma curricular, diseñar un programa nacional de la apropiación de los resultados Pisa y Faro por los docentes.
Gestión del Sistema Educativo: Apoyar al MEP en el diseño y aplicación del expediente del estudiante, implementar programas de formación continua para directores, supervisores y juntas de educación, fortalecer mecanismos de información de la oferta y desempeño de la educación superior, ayudar a establecer un foro nacional de políticas y calidad de la educación superior, elaborar escenarios prospectivos de la educación costarricense.
Es aplaudible esta iniciativa de los señores rectores de Conare, órgano que en este momento es presidido por el Dr. Jenning Jennsen Penigton, Rector de la Universidad de Costa Rica, quienes en forma atinada lanzan buenas señales de voluntad política y responsabilidad social, para asumir un compromiso, que va más allá de sus universidades, se está hablando de una iniciativa país, que en conjunto con el Ministerio de Educación Pública se espera trazar sendas de cooperación bajo un mismo objetivo, como lo es la calidad de nuestra educación; la educación costarricense requiere con urgencia cambiar esta página drásticamente.
Las generaciones que nos preceden tienen la esperanza de un futuro mejor, la educación es un derecho de todos y todas y como tal debe ser accesible a la población con altos estándares de calidad y esto como país lo debemos garantizar, ya llegó el momento de tomar las decisiones, no hacerlo es hipotecar nuestro futuro y sobre todo tomando en cuenta como lo dice el VII Informe del Estado de la Educación (Conare, 2019), que nuestro sistema educativo atraviesa una coyuntura difícil, en la que conjugan diferentes factores, entre ellos serios problemas de sostenibilidad de la inversión que el país realiza en el financiamiento educativo.
Dra. Guiselle M. Garbanzo Vargas
Decana de la Facultad de Educación, UCR y Coordinadora de la Comisión de Decanas y Decanos de Educación, Conare.
