Licenciado Miguel Ureña Cascante, secretario general de SITRAHSAN.
El Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional (SITRAHSAN) reta a la Ministra de Hacienda y a su equipo, a formular un proyecto de reforma fiscal que contenga entre otras, esta normativa:
1- Eliminación del artículo de confidencialidad de la información tributaria. La situación fiscal y económica del país lo requiere.
2- Reducción del umbral de impunidad fiscal, tanto en Aduanas, como en Tributación y no recurrir a la vía de arreglo o conciliación previa a la remisión en sede penal del caso concreto.
3- Facultad de denuncia por los funcionarios del Ministerio de Hacienda, ante presunción de fraude realizado por terceros declarantes.
4- Reforma legal para crear el Código Procesal Tributario y Aduanero.
El secretario general de SITRAHSAN, licenciado Miguel Ureña Cascante envió a SURCOS un comunicado en el cual da cuenta de esa gestión y otras complementarias.
“No se vale, que los trabajadores y clase media seamos los únicos sacrificados de esta última reforma”, dijo el sindicalista.
Ureña agregó que “como situación crítica al sindicato le preocupa que la gran mayoría de declarantes están teniendo problemas con la consulta en su estado de situación tributaria, en vista de que, por error, al aplicar sus declaraciones, pagos o compensaciones por retenciones o saldos a favor, el sistema informático ATV- Situación Tributaria no los está considerando”.
El sistema indica que no registró lo de años anteriores y aparecen saldos en mora. Lo anterior está generando problemas a quien tramita créditos, licitaciones y otros procesos, precisó el secretario general de SITRAHSAN.
Este viernes 20 de setiembre a las 5 p.m. se llevará a cabo la presentación de la investigación cartográfica: “Expansión de proyectos eléctricos en Centroamérica: El desarrollo de un sistema eléctrico regional fuera del control de los pueblos”, en la Cooperativa Sulá Batsú (Barrio Escalante, 500 metros Este de la Iglesia Santa Teresita, Avenida 9)
*Entrada Libre. Se entregarán ejemplares de la Investigación en el evento.
Compartimos el avance del documental Donde nace el olvido, estreno 29 de setiembre en Juan Viñas. Este material rememora la lucha por mejores condiciones laborales y de vida en la Hacienda Juan Viñas, llevada adelante por el personal y la comunidad en 1977.
Una decena de gobiernos dentro de la OEA (11), animados por el uruguayo servil, Luis Almagro, apadrinados por el Pentágono, quieren invadir militarmente a Venezuela, puesto que Trump requiere del permiso del Congreso, antes de hacerlo bilateral-mente. Yemen, en medio oriente, el país más golpeado y desangrado del universo, acaba de darle una lección militar histórica a Arabia Saudita, quien desde 2015 bombardea a su población, apadrinado por EUA y algunos europeos, causando medio millón de víctimas, mientras la comunidad internacional ha vuelto a ver hacia otro lado. La destrucción de dos plantas petroleras que producen poco más del 5% de petróleo mundial, tiene consecuencias que aún siguen evaluándose.
Acaso Venezuela no les daría otra de esas lecciones a los borregos gobernantes sometidos a la Casa Blanca. ¡Eso estaría de maravillas!, puesto que dejaría en vergüenza general a estos gobernantes conservadores, traidores a la patria, acostumbrados a reprimir a sus pueblos desarmados. Nadie duda sobre el gran negocio que hay detrás de estas fuerzas policiales y militares en cuando a los negocios de equipos para la represión a los pueblos que se manifiestan pacíficamente.
Esto no nos distrae para ver cómo, también, se están armando militarmente cada uno de esos países como si van a una guerra próximamente, utilizando las finanzas que pagan los ciudadanos en impuestos, para armamento en lugar de utilizarlo para servicios sociales públicos. El centro industrial y del mercado armamentista está en el norte, pero, el hecho que hay otras potencias que también producen armas de gran calado, que están del lado venezolano, persuaden a los que reactivan el TIAR, de mantener la cautela. Una invasión armada a Venezuela podría ser el fin de las dictaduras militares, de gobiernos ultra-conservadores y productos de golpes judiciales existentes en nuestro continente. Esto incluye a países muy pequeños en varios sentidos, como Guatemala, El Salvador, Honduras y Haití. De un conflicto bélico regional, se aprovecharían algunos sectores sociales, incluyendo a carteles de la droga, lavado y tráfico de personas. Los gobernantes corruptos en procesos de investigación y en procesos judiciales tendrían suficiente distracción pública para lograr la impunidad. Los jóvenes desempleados podrían ser utilizados como fuerzas irregulares (paramilitares), el sicariato crecería y otros sectores de la delincuencia existente encontrarían tierra fértil para sus fechorías. Países, relativamente sanos, se contaminarían de todo estos flagelos y servirían de refugios para una enorme población que huiría de los conflictos bélicos.
No obstante, creemos que éste camino de la O.E.A. no debe ser el proceso de una solución adecuada, puesto que habría mucha víctima inocente civil, además, de la crisis económica y social que cualquier guerra produce. Venezuela está concretando sus negociaciones con la parte de la oposición que piensa más en su pueblo, lo que puede ser una tabla de salvación para una salida democrática negociado, aunque el Concejo de la O.E.A. y el Departamento de Estado de EUA no lo quieran así.
Lo que debemos hacer los latinoamericanos es reestructurar nuestros gobiernos ultra-conservadores y los organismos multilaterales que no representan las exigencias de nuestros pueblos, para que situaciones como éstas no se vuelvan a presentar, poniendo en precario toda nuestra vida social, económica y política.
Del 8 al 10 de Octubre, Costa Rica será anfitrión de la reunión preliminar de la Conferencia de las Partes en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Decenas de delegaciones de gobiernos y organizaciones internacionales y no gubernamentales participarán en negociaciones y eventos paralelos que orientarán la agenda de negociación para el evento principal en Chile. Ante la clara insuficiencia de éstas instancias y las «soluciones basadas en el mercado» para detener el ecocidio global y colapso climático, ¿constituyen estos espacios en algo más que escenarios para gobiernos y organismos multilaterales hagan despliegue de esfuerzos que no atacan las verdaderas causas del problema?
Esta reunión, a darse en el Centro Nacional de Convenciones, se da en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés), la cual fue propuesta a partir de la Cumbre de Río 1992 y entró a regir desde el 21 de Marzo de 1994. Costa Rica es parte de esta convención como miembro que llaman No-Anexo I.
La Conferencia de las Partes (COP por sus siglas en inglés), sirve como la reunión formal de aquellos países adheridos a la Convención. La primera se realizó en Berlin en 1995, y ante la negativa de Brasil de organizar el evento, en Diciembre de este año tendrá lugar la número 25 en Santiago de Chile.
Por primera vez se realizará una pre-conferencia, que organiza Costa Rica del 8 al 10 de Octubre en el Centro Nacional de Convenciones, después de recibir una respuesta negativa para organizar evento principal. El gobierno de Carlos Alvarado pretende aprovechar esta oportunidad para potenciar la imagen del país como un líder a nivel ambiental, con el lema de “¿Quién dijo que es imposible?”.
Hasta ahora, las 24 conferencias han tenido tres resultados: el Protocol de Kyoto (1997), y el Acuerdo de París (2015), a ambos de los cuales Costa Rica se ha adherido, y por último la creación del Fondo Verde para el Clima.
El Protocolo de Kyoto estipuló un límite a emisiones de seis Gases de Efecto Invernadero (GEI) para países industrializados, que en promedio debía ser cerca de un 5% entre 2005 y 2012. Si bien algunos países cumplieron con los cortes, las emisiones a nivel mundial incrementaron en casi un 40% entre 1990 y 2009.
A diferencia del Protocolo de Kyoto, el Acuerdo de París propuso límites no-vinculantes a las partes, basadas en Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC por sus siglás en inglés). Estas contribuciones pretenden mantener el calentamiento por debajo de los 2.0 grados en comparación a niveles pre-industriales.
Christiana Figueres, hija de José «Pepe» Figueres y por consecuencia hermana de José María Figueres, Secretaria Ejecutiva de la Convención del 2010 al 2016, es considerada como la arquitecta del Acuerdo. Éste se ha considerado como un logro de la diplomacia internacional y lo han ratificado 185 de 197 países. Costa Rica lo ratificó con la Ley 9405 en Octubre 2016.
Si bien el documento es inédito entre otras cosas por la cantidad de países que lo firmaron, algunos estudios han concluido que aún con el improbable cumplimiento de las medidas voluntariamente propuestas, el cambio sería de 2.7 grados.
Incluso se han hecho alegaciones que ejecutivos de grandes petroleras como Shell Oil ayudaron a redactar el texto del acuerdo, a través de un grupo de lobby integrado por corporaciones transnacionales (incluyendo de combustibles fósiles) llamado IETA (https://www.ieta.org), que han tratado (con éxito) de implementar «soluciones de mercado» para la crisis climática[1].
Para cumplir con sus responsabilidades dentro del acuerdo, en su NDC presentado en Setiembre 2015, el gobierno del entonces presidente Luis Guillermo Solís Rica mencionaba que el país «procura convertirse en un laboratorio a escala nacional en el proceso de descarbonización profunda de la economía mundial» y reiteraba la aspiración del país fuera Carbono Neutral para el 2021. Esta última meta fue fijada en el 2007 y sin mucha base científica por la Administración Arias Sánchez, la misma que determinó que el Proyecto Crucitas de Interés Público y Conveniencia Nacional.
La propuesta prevé una reducción de emisiones de 10,9 toneladas CO2 en 2021, a 9,3 en el 2030, hasta 5.9 en 2050, llegando en el 2100 a -0,27.
Desde la propuesta de las medidas de en el 2015, el consumo eléctrico ha visto una leve reducción. Sin embargo, de acuerdo a cifras de la Dirección de Comercio Internacional de Hidrocarburos de RECOPE, la importación anual de petróleo desde el 2015 se ha incrementado de 18 millones de barriles a 20 en el 2018. Asimismo, si bien en algunos medios se afirma que la cobertura boscosa del país se ha doblado en los últimos 30 años, Costa Rica ha perdido un 5.8% desde el año 2000 al 2018, una parte considerable debido al cultivo de piña (cercan de 6 mil hectáreas)[2].
Las COP se caracterizan por ser eventos de acceso restringido y negociaciones a puerta cerrada. Existen algunas plataformas para la representación de la sociedad civil y sectores indígenas, sin embargo tienen poco o ningún peso en los decisiones adoptadas. Igualmente representados se ven compañías de carbón, que llegan hasta a financiar los costos del evento, como en la última reunión en Polonia. En esta reunión también se reportó que miembros de organizaciones de la sociedad civil se les rechazó la entrada y algunxs hasta fueron deportadxs[3].
Para la Pre-COP en Costa Rica se pretende abarcar tres temáticas: ciudades-movilidad sostenible, soluciones basadas en naturaleza y economía azul. El evento está orientado al «proceso de acción climática», para lo que organiza una Conferencia de Alto Nivel. Hasta la fecha no existen más detalles sobre los contenidos que serán abordados durante esta conferencia o sobre cómo promoverá lo que el gobierno llama “acción climática”.
La representación ciudadana se supone se dará por medio del “Consejo Ciudadano 5C”, estipulado en el decreto ejecutivo N° 40616 de Setiembre del 2017. En principio, esta entidad debería ser multisectorial y transparente, sin embargo, hasta la fecha se sabe de su composición, actividades, o de la posición que llevarán a la Conferencia en representación de todxs lxs Costarricenses, agregando a la falta de transparencia que ha existido alrededor de esta reunión.
Según el reporte presentado por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático publicado en Octubre del 2018, que algunxs científicxs consideran optimista, menciona que hay doce años para mantener el calentamiento por debajo de 1.5 grados. Algo que sólo es posible con el escenario más optimista del Acuerdo de París. Lo que sí es seguro es que Costa Rica se expondrá como un líder ambiental una vez más, esta vez en suelo propio pero de nuevo sin poca evidencia para justificar el galardón.
Costa Rica decidió que sería la educación y no la guerra la base para una sociedad justa y solidaria, por eso invertimos recursos en un sistema de educación superior de excelencia inspirado en la Reforma de Córdoba de 1918, la cual denunció que las clases dominantes y la iglesia decidían en las universidades, además reclamó con fuerza la autonomía de las universidades.
Dolores Figueroa visitó la Universidad de Costa Rica para analizar el papel de las mujeres indígenas nicaragüenses a lo largo de los últimos 40 años de revolución
La investigadora mexicana es docente en la Universidad de York, Canadá. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
La investigadora mexicana Dolores Figueroaha investigado profundamente las culturas indígenas de la costa caribe de Nicaragua, con un especial énfasis en las problemáticas que afectan a las mujeres indígenas de esta área.
La socióloga retrata en sus trabajos la violencia que sufren constantemente los pueblos indígenas, quienes han sido masacrados y desplazados de sus tierras históricamente como resultado del contexto de crisis política que enfrenta su país.
Según Figueroa los pueblos indígenas han resentido no sólo el abandono que sufren por parte de los gobiernos, sino también las mentiras de jerarcas actuales para mantenerse en el poder mientras pagan el precio los pueblos autóctonos.
La académica visitó la Universidad de Costa Rica (UCR) con motivo del encuentro “Nicaragua 1979-2019: de la revolución a la insurrección”, organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) tanto en la Sede Rodrigo Facio como en las sedes de Occidente y el Pacífico.
– Muchas veces no se toma en cuenta a las poblaciones indígenas a la hora de analizar la crisis nicaragüense, mucho menos a las mujeres indígenas ¿Cómo ha impactado este contexto a las mujeres indígenas? ¿Cómo viven ellas esta crisis?
– Dolores Figueroa (DF): “El tema es que cuando hablamos de la crisis actual de Nicaragua es importante tomar en cuenta que la violencia que sucede hoy en día tiene efectos muy claros y en el caso de las mujeres indígenas de la costa atlántica está relacionado con la falta de acceso a la tierra y a procesos internos de desplazamiento muy fuertes”.
Con esto hago referencia a la invasión a las tierras comunitarias indígenas en gran parte de la costa norte de Nicaragua sobre todo en territorios ancestrales del pueblo Miskito. Se dan encontronazos de violencia en el momento que pobladores campesinos mestizos en busca de un lugar dónde vivir invaden tierras indígenas, porque ellos perciben que son territorios que no son de nadie.
Algunos de estos campesinos van sólos o con familia, pero otros también van auspiciados por algunas fuerzas políticas y parte de esa gente va armada, entonces van empujando a los comunitarios que usan esas áreas y sus recursos naturales para su subsistencia.
Las mujeres son afectadas porque ya no pueden ir a las fincas, ya no pueden ir a recolectar frutos, si van a los ríos a pescar son secuestradas, son hostigadas o son violentadas. A las mujeres se les limita su libertad, se infringe violencia a sus cuerpos.
Los que se quedan en las comunidades son los líderes varones, las mujeres, los ancianos y los niños son desplazados a otros lados que se consideran más seguros, entonces las comunidades comienzan a moverse de manera forzada cada vez más hacia la costa o buscan refugio en cascos urbanos.
Ha habido también un gran acercamiento por parte de defensores de derechos humanos costeños que están tratando de hacer visible el reclamo de paz de estas familias.
– ¿Cómo se expresa la violencia hacia las mujeres indígenas actualmente? ¿A cambiado en algo en los últimos años?
– DF: Yo tengo la perspectiva de que es importante segmentar los hitos históricos en estos 40 años, es un lapso de tiempo muy grande. Para hablar de la afectación de las mujeres indígenas en la costa atlántica es importante hacer una distinción entre la guerra revolucionaria de los ochentas y la guerra de hoy.
La revolución de los ochentas fue un clima de total hostilidad con presencia militar en las comunidades, donde la gente vivió en carne propia desplazamiento, tortura y hostigamiento debido a la presencia de militares que limitaban su libertad y se sospechaba de ellos por ser indígenas y por supuestamente representar un apoyo para la contra revolucionaria. Todo esto fue propio de la guerra de los ochentas.
Sin embargo, al terminar el conflicto de los ochentas mucha gente intentó reconstruir los daños, recuperarse espiritualmente, en especial los comunitarios indígenas que vivían a lo largo del río Coco (o río Wanki en Miskito), fueron familias que perdieron personas y nunca volvieron a estar unidos. Esa vida anterior no fue posible reconstruirla.
Ocurrió también que alzaron los índices de alcoholismo, drogadicción, o incluso violación en los hogares indígenas. Todo esto fueron manifestaciones de la violencia hacia la mujer.
– ¿Qué postura toman las poblaciones indígenas en el contexto de insurrección actual? ¿Buscan tener un rol activo o prefieren mantenerse distantes?
–DF: Desde 2007 cuando el frente sandinista volvió a tomar poder en el gobierno, se empezó a implementar una nueva política hacia la costa atlántica que descansó en alianzas estratégicas con YATAMA (partido político del pueblo Miskito).
YATAMA controla el 35% del electorado en la costa atlántica, entonces a principios de la campaña electoral hicieron una alianza con Daniel Ortega, quien aseguraba el voto indígena a su favor y ganaba el poder, tal como ocurrió.
Daniel fue al río a pedir disculpas por el enfrentamiento que sucedió en los ochentas y los simpatizantes de YATAMA votaron por él. Pero una vez que llegó al poder él empezó a implementar mecanismos de control político en la costa atlántica, es decir, a violar sistemáticamente el principio de autodeterminación y autonomía política de los pueblos de la costa.
Lo que han vivido los pueblos costeños es como un robo por parte del frente y eso a generado otras dinámicas como que gente del pueblo costeño esté metida en toda una dinámica de especulación de tierras y son tierras indígenas que deberían ser reserva ecológica pero están siendo vendidas a particulares.
Los costeños se oponen a estos procesos con los medios que ellos conocen: denunciar, oponerse y sufrir en carne propia. Ellos denuncian que hay grupos de campesinos mestizos que llegan armados y los obligan a desplazarse.
Ahora bien, en el contexto de las crisis del 2013, los medios de comunicación pusieron mayor énfasis en lo que pasaba en la costa del pacífico, en la figura de los estudiantes en la manifestaciones públicas, lo cual está muy bien porque así el mundo supo del autoritarismo de Daniel.
Pero por otro lado ese enfoque en el pacífico de alguna manera deja en segundo plano lo que sufren los pueblos indígenas de la costa atlántica, es decir, no se conoce, no se sabe, es una situación compleja y además es una región aislada y de escasos recursos. Nadie lo ve.
Róger Bolaños Vargas
Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información
"Ante la creciente ola de desempleo que enfrentamos los limonenses y la necesidad de reinsertar al mundo del trabajo a la población afectada en Limón por el cambio en el modelo portuario, iniciamos el “Laboratorio de Innovación y Conocimiento -Programa de Habilitación para el Trabajo".
La comunidad universitaria de todas las sedes y recintos de la Universidad de Costa Rica serán motivados a asumir una actitud creativa en la construcción de su propia salud, durante la Semana del Bien-estar que se realizará del realizará del 23 al 30 de setiembre.
APSE repudia las infundadas declaraciones del Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, y el Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto Rojas, quienes pretenden vincular el incremento de la cantidad de homicidios y la ola de crímenes registrados en semanas recientes a los movimiento de huelga ocurridos recientemente.
Estas declaraciones solo pretenden tapar el sol con un dedo respecto a la gestión ineficaz y deficiente de la seguridad pública cometida por este ministro, que al igual que toda la gestión de Gobierno de la Administración Alvarado Quesada, niega los problemas nacionales y pretende atribuirlos a otros actores sin asumir la responsabilidad de la inseguridad que vive el país y que cada día va en aumento, sin que haya una voluntad política para proteger a la ciudadanía.
A criterio de expertos en seguridad, las huelgas NO tienen la culpa en el incremento en asesinatos y la ola de crímenes registrados en el país, toda vez que los homicidios van a ocurrir haya huelgas o no, haya policías o no en la calle, porque responden a una dinámica criminal y vengativa.
Aunado a lo anterior, sobre el tema de la inseguridad ciudadana, se supone que el recurso policial se asigna en función de los espacios geográficos y de tiempo, por lo que si el Ministerio de Seguridad Pública, ha descuidado su deber de vigilancia es por otros motivos, empezando por la carencia de recursos humanos y económicos derivados de la insistencia del Gobierno en recortar todos los gastos de fondos públicos, sin medir las consecuencias de este supuesto ahorro.
Una vez más, la administración Alvarado pretende dividir y confundir cobardemente a la opinión pública, trasladando la causa de los problemas nacionales a otros sectores, y colocando a las organizaciones sindicales y al ejercicio de un derecho humano fundamental como la huelga, como un antivalor, cuando la verdad es que su Gobierno ha demostrado ser incapaz tanto en la negociación política, en la vocación de diálogo y en la protección de la ciudadanía.
