La Región Brunca, constituida por los cantones de Pérez Zeledón, Buenos Aires, Coto Brus, Osa, Golfito y Corredores, presenta uno de los indicadores de desarrollo más bajos del país. Según un reciente artículo denominando “Pobladores de la zona sur encaran solos desempleo y pobreza”, la tasa de desempleo es de 14.9%(tres puntos porcentuales por encima de la región Central), la tasa de subempleo es del 15.6% y la tasa de pobreza es de 32.2%.
Además con excepción de Pérez Zeledón, los demás cantones de la región Brunca se encuentran entre los 12 cantones con el índice de desarrollo social(IDS) más bajo, según la última medición de Mideplan en el 2017, en donde Buenos Aires(17,7), Golfito (21) y Osa(23,6) son los que enfrentan el peor panorama.(LN,2-9-2019,Nacionales).
La principal actividad de la región, la actividad agrícola tampoco escapa de la crisis. El precio internacional de la palma aceitera tiene varios años de mantenerse bajo. Con miles de hectáreas dedicadas a esta actividad (más de 31 mil hectáreas en 3 cantones), el bajo rendimiento de las exportaciones ha disminuido la demanda de mano de obra. También la producción de piña, con plantaciones en Buenos Aires, se ha visto afectada por el fenómeno del niño, con riesgo de perder unos 2.500 empleos este año. (Idem,LN,2019).
Pero esta situación no es nueva en la región Brunca, en el año 2014 se mencionaba que, la región no sólo es golpeada por una caída del 50% en las exportaciones, si no por un aumento en la tasa de desempleo. Esto agrava la situación de la región más pobre del país, pues un 35,3% de los hogares está en esa condición, según la encuesta de hogares del INEC del 2013.
Funcionarios estatales del MAG y de Procomer señalaban entre las causas de la reducción de las exportaciones agrícolas, los ataques de los hongos de la roya y del ojo de gallo en café y de la enfermedad de la flecha seca en la palma aceitera bajaron la producción, entre un 60 y 70% en el caso de ésta y un 90% en algunas fincas de café.(LN 6-6-2014,Economía).
Así mismo, a inicios del 2000, el Diagnóstico del Plan de Desarrollo de la Región Brunca, 2002-06, daba cuenta que los pobres en ésta región, representaron en el año 2002 el 35,7% de los hogares, cifra que duplica el promedio de la Región Central (15,4%) y es más alta que la del país (20.6%).La Región Brunca concentra también la más alta proporción de hogares en extrema pobreza (el 13.1% de los hogares mientras el porcentaje nacional es de 5.7%).
Por su parte, de acuerdo a la encuesta de hogares del 2002, se reafirma el rezago económico y social existente en la Región Brunca, ya que la fuerza de trabajo regional está conformada por un 116.318 personas, de las cuales la tasa de ocupación es de apenas un 49,9%, mientras que datos del Índice de Desarrollo Social6 (IDS) elaborado por el Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN), reafirma la condición de esta región, ya que mientras en la región Central solamente el 6,9% de los distritos se ubican en el I Quintil, en la Brunca representan el 56,8%. de los distritos ubicados en ese quintil.
A manera de síntesis, el diagnóstico señala que las bajas condiciones de vida y la persistencia de la pobreza en la región Brunca se asocia a la presencia de factores relacionados con la generación de empleo e ingreso, que limitan las posibilidades que tienen esos hogares de buscar alternativas para superar la situación de pobreza; (por lo que) en ese contexto resulta relevante impulsar políticas estatales orientados a lograr un acceso real de esta población a los recursos productivos y un mejoramiento de la productividad, que les permita cruzar definitivamente el umbral de la pobreza y mejorar sus condiciones de subsistencia.(Plan Regional de Desarrollo Brunca 2002-06,p.9)
Frente a este histórico rezago, los habitantes reclaman al Gobierno su olvido. Hay un rezago marcado por el desentendimiento histórico del Gobierno, manifestó el Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de los cantones del Sur. En los últimos nueve años no se han visto nuevos proyectos que permitan mejorar su competitividad como región, agregó. Además de que la última gran obra que recuerdan es la Costanera en el 2010, mientras que el muelle de Golfito ha quedado en el olvido y la construcción del aeropuerto Internacional de gran importancia para el impulso del turismo quedó archivado.
Para revertir ese rezago la ministra de Economía y coordinadora del desarrollo de la zona sur, anunció que el gobierno dispone de un plan de inversión de 215.000 millones en obras como carreteras, puentes, aeródromos y otros. Mientras que esas obras se concretan los empresarios acuden a Panamá para crear una zona binacional de turismo, que permitiría utilizar el Aeropuerto internacional de Chiriquí para el ingreso de turismo extranjeros a Costa Rica, en lo que sería una solución a corto plazo.(LN,2-9-2019).
Esta opción de articularse al vecino país de Panamá, indica la ausencia de verdaderas soluciones a los múltiples problemas del desarrollo de la región Brunca, que sigue esperando por la construcción de una estrategia de desarrollo de corto y mediano plazo, a partir de los enormes recursos naturales de la región y de la necesidad de potenciar las capacidades de la población, así como de una acción gubernamental que impulse una transformación productiva y una reactivación económica que impacten efectivamente la generación de empleo e ingresos que la región requiere con urgencia.
Imagen de la UNED.
Fuente: https://alterdescr.blogspot.com/2019/09/la-problematica-de-desarrollo-de-la.html
Artículo compartido con SURCOS por German Masís.
Sea parte de SURCOS:
Pese al rearme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- ejercito del pueblo- FARC-EP-, “se hace camino al andar”. No estamos condenados a otros cien años de soledad. Los Acuerdos de La Habana y del Teatro Colon, existen. Constituyen un Programa Mínimo de lucha del Movimiento Popular y de la izquierda legal, acorde con el compromiso del Estado colombiano y de la comunidad internacional para su cumplimiento. Todo enmarca sobre la prerrogativa que Colombia no transita por un “proceso de paz”; sí por un proceso de fin del conflicto armado interno, bajo la perspectiva del fin de la lucha armada en Colombia, por el poder político y manejo del Estado…Sí por un proceso de la política dirigiendo a las armas o al fusil y no por el contrario. Por ello, la búsqueda de la solución política al conflicto encarando a una insurgencia rebelde no derrotada militarmente, implica que si la solución no es total, no cabe hablar de disidencias. Continuara en Colombia vigente la lucha armada-aunque no como principal forma de lucha- en la medida en que no se produzcan, introduzcan y generen los cambios sustanciales y reformas de fondo al modelo económico, político, militar, imperante. Es la búsqueda de Una Nueva Colombia acorde con el orden mundial, bajo un modelo Alternativo al neo-liberalismo o capitalismo decadente.
El conflicto armado interno colombiano no admite mirarlo desde lejos. Concentra la vista a la pura realidad. No se puede afirmar que se dio y desarrollo en el marco de un ejercicio democrático en el país. Tomar el punto de referencia el asesinato del caudillo Jorge Eliecer Gaitan en1948, no es determinismo, como tampoco resaltar que fue producto del Frente Nacional, en que los partidos Liberal y Conservador, cesaron el enfrentamiento fratricida y resolvieron dividirse en milimétrico el poder, junto al ejercicio de las gabelas de la administración estatal, dejando por fuera, excluyendo, cualquier otra fuerza política. Son referentes, como corresponde plantearlo desde el espíritu y contenido de la Constitución Política de 1886.
En ejercicio de Democracia, surge el Conflicto precisamente por falta de Democracia. Por ello el prolongado conflicto armado interno colombiano no se puede circunscribir como a un daño causado a la Democracia. El lenguaje empleado para la defensa de la Democracia no obedece al relato de ese conflicto; es la justificante de la utilización del poder estatal de las armas para afianzar la contrarréplica al conflicto existente. El tropero coronel que intervino en la toma del Palacio de Justicia afirmo: “…aquí defendiendo la democracia, maestro”. Por la contraparte, el uso de las armas para los objetivos políticos. Es la belicización de la política.
Ahora el desenvolvimiento prolongado del conflicto armado interno ha tenido efectos en el sistema político electoral y en los Partidos Políticos. Como Democracia no es solo participación electoral; es dado afirmar que el conflicto armado si repercutió en efectos directos en los procesos electorales, no por una pre concepción de las insurgencias y fuerzas rebeldes en el boicot manifiesto a esos procesos por fechas electorales en Colombia; como en la deslegitimación de ellos debido a la incidencia del accionar rebelde por un escenario de falta de apertura política. Las armas no impidieron los debates electorales. No existe durante el conflicto armado interno suspensión de algún evento electoral nacional. Por el contrario, los recientes cese al fuego unilaterales de las insurgencias en periodos de conversaciones resaltan la tendencia predominante al respecto. Así como el sistema no ha permitido la intervención del software electoral y por ende impedido a toda costa una reforma electoral del fondo; las insurgencias han dejado realizar el festín electoral, sobre el prurito, en prudencia, de dejar escoger civilizadamente al elector. Los analistas del sistema electoral no mencionan lo de “voto cautivo” tampoco lo de “voto consciente” y dan la espalda a lo de la “abstención consciente”. Someramente explicado la abstención consciente de la Izquierda, fue predominante durante el periodo del Frente Nacional; salvo la posición del Partido Comunista Colombiano (PCC) que siempre participó en las fechas electorales. Corresponde mencionar la irrupción de los Partido y Movimientos Políticos Alternativos: Unión Patriótica (UP), Frente Popular (FP) !A Luchar! La inteligencia militar los denomino como organizaciones de fachadas de las guerrillas (Farc-ep, EPL, ELN) y fueron declarados objetivo militar del Terrorismo de Estado. Surgieron como respuesta a la rebelión armada. Optaron, como izquierda, por la vía electoral, legal. En aplicación al principio universal de la división del trabajo, deslindaron del movimiento político clandestino o izquierda ilegal. No obstante tergiversando una tesis del Congreso del Partido Comunista Colombiano, acuñó el Establecimiento lo de la “combinación de las formas de lucha”, emulando que el dirigente sindical, político, popular, de masas, era en la mañana activista político y en la noche guerrillero. Nada más falso; pero que trajo consigo el genocidio político de más de cinco mil activistas políticos alternativos y el registro de cien mil cuadros populares en el exilio político, y/o el desplazamiento interno. Un sensible golpe al ejercicio democrático inexistente en Colombia, que ha significado álgida pérdida para el movimiento popular difícil de reponerse
No cabe afirmar que hubo silenciamiento de debates democráticos, dado que a partir de la elección popular de Alcaldes y de Gobernadores se planteó la presentación de Programas y el conjunto del sistema electoral imperante no ha sido garante del debido debate de programas y quedó reducido a un requisito electoral más.
Con fórmulas como las del Frente Nacional, los estados de sitio permanentes (hoy o desde 1991 estados de excepción) y fórmulas de selectividad estratégica del Estado para la permanencia excluyente del poder político, se permitió entronizar, bajo niveles de mayor violencia política, los efectos negativos por un no ejercicio en democracia.
A hoy, conviene destacar que las insurgencias en modo alguno respondieron en forma “terrorista” ante el desgrane por caída de los dirigentes políticos, sociales, sindicales, populares, revolucionaros y de izquierda. No concibieron la aplicación de una Ley del Talión. Otro hubiere sido el escenario de horror para Colombia. El paramilitarismo como estrategia contrainsurgente se aplicó, incluso, en zonas donde no había guerrillas, pues correspondía paralelamente a una estrategia de despojo. Pero mientras el conflicto no este constreñido al fin primordial de la solución política al mismo el desenlace de acontecimientos es imprevisible. Hubo y sigue habiendo militancia paramilitar en todos los partidos del bloque hegemónico de derecha contrainsurgente y sin una reforma electoral de fondo no hay democracia dentro de los partidos; caso del CD “por el que diga…” el Innombrable.
En Colombia ninguna comunidad es ajena al conflicto armado. La negritudes, los indígenas, los campesinos, los citadinos, son afectados por el conflicto. Afirmaciones de algunas minorías, por ejemplo, “que ese conflicto no nos corresponde, que somos ajenos a él”, carece de asimilación política. La Teoría Política asimila el ser y ente social como sujeto político, desde Aristóteles hasta el Ché Guevara con su aseveración: “con relación a la Política, o se mete contigo o te metes con ella”. Las Insurgencias están contra el orden constitucional vigente. Este aspecto constitucional resulta de inevitable referencia para analizar la contradicción existente entre insurgencias y autoridades indígenas, que fungen por un mandato constitucional y que en el escenario del conflicto armado objetivamente se enfrentan a la insurgencia. Del mismo modo, el que mantengan su autonomía constitucional como minorías y en ocasiones hayan desconocido la presencia del ejército regular no las coloca operativamente al lado de la insurgencia. Es aquí donde opera el principio universal de distinción, para ambas fuerzas beligerantes.
En el estado de cosas inconstitucional (eci) imperante en Colombia, corresponde a los Alcaldes la definición del “orden público”. Esa norma constitucional no opera, sino la decisión del mando militar de la fuerza armada estatal predominante en la región. En los Consejos de seguridad los alcaldes son invitados de piedra. Ahora, en cuanto al desempeño administrativo las autoridades locales actúan durante el conflicto como operadores de los recursos públicos y de los ejercicios de los derechos ciudadanos. Pero es sabido que en relación con lo electoral los grupos paramilitares y clientelistas deciden por quien votar. En cuanto a la operación de recursos públicos, son el botín repartido entre la corrupción clientelista. ¿Pero esa cooptación es producto del conflicto armado interno? Pues no, es propio de la esencia corrupta y clientelista del Estado imperante.
El punto de atención ha de ser la función del Estado con las regiones. Asombra la estadística que en la actualidad la representación del Congreso está en solo 7 Departamentos. Esto se analizó en las Conversaciones de La Habana y fue fundamento para la creación de las 16 Curules para las Victimas, que en modo alguno obedece a una reforma política, sino a un Acuerdo de alcance para el desarme. Pero impiden su implementación los intereses clientelistas. Desde ya corresponde caracterizar que es propio de la dictadura mediática el indicar que en las regiones escenario del conflicto armado el Estado es ausente. Tamaña falsedad. Consagrase la real y especial referencia que el Estado sí hace presencia. Ahí está el Estado. En unas regiones más notorias que en otras, la operatividad y funcionalidad de los servicios públicos; pero ahí está: en los Municipios, está la institucionalidad representada en los tres poderes. Abunda la presencia de las Fuerzas Armadas estatales (militarización). Para los cientistas sociales está claro que el problema de fondo no es la ausencia o no presencia del Estado en las zonas o regiones en las relaciones de operatividad del conflicto. El problema allí radica en que el Estado no tiene control del Territorio; pletórico aspecto que nos lleva al análisis concreto de la situación concreta, para bordar la desigualdad estable social bajo una visión de Territorio. Bajo la premisa que no soporta sustentación real lo sostenido por la mediática que las zonas de influencia de las Farc-ep, al concentrarse y desmovilizarse fueron copadas por otras insurgencias. Ese facilismo no prospera. Las guerrillas desarrollan trabajo político entre las masas en esas regiones desde hace más de 50 años. Ese trabajo político es oculto ante el enemigo y amplio entre las masas. Ahora bien, la agudización del conflicto no solo armado o militar, sino también político, económico, social, ecológico, va en relación directa con la agudización de la lucha de clases en Colombia. Asistimos ante la desgarradora realidad que las instituciones operan para perpetuar las condiciones de opresión de clase, explotación y desmejora de la calidad de vida de las comunidades. Los intereses clientelistas, aunados a lo de botín burocrático y de expoliación de la corrupción, asimilan la vigencia de un sistema electoral concebido para la perpetuación de los intereses anti populares. Mientras exista política contrainsurgente esta se alimenta con la doctrina del enemigo interno y la estrategia paramilitar será de su soporte y contenido. Durante la etapa de pos conflicto con las farc-ep quedó claro lo de las tales “rutas del narcotráfico” quedando en manos del narcotráfico y con conocimiento de la inteligencia militar estatal como un medio de su sustento. La DEA maneja el negocio y tanto las oligarquías colombianas y élites del sistema financiero parasitario colombiano y de los Estados Unidos se enriquecen lavando el dinero del negocio del narcotráfico. Solo a ellos interesa la permanencia de los escuadrones narco mafiosos, de “limpieza social”, bandas criminales, como armas de la guerra sucia contra todo lo que huela a izquierda, protesta social, oposición política.
Un tema tan importante no puede desligarse del derecho de la información y la libertad de expresión en momentos en que se busca el empoderamiento de la ciudadanía y no colocarla de espaldas al desarrollo de los desenvolvimientos de la vida nacional, que gira alrededor del conflicto armado interno.
Perdura la concepción que en asuntos de “orden público” turbado, las fuerzas armadas del Estado controlan lo referente a esa información. Rezagos de la antigua Constitución de 1886, de un “estado de sitio” permanente y de normativas así atribuidas. En todo el campo, en lo rural colombiano, la iniciativa de comunicación corre a cargo de las redes radiales en emisoras del ejército y de la policía. En relación con la capacidad de cobertura en kilómetros es de 100 por parte de las emisoras militares a 10 por parte de iniciativas particulares. A más de 600 municipios llega solo la música escogida y las noticias del ejército, aupando la guerra y la imagen de invencibles. Así, que información objetiva y veraz puede circular. Son “zonas silenciadas”, expresión del profesor Fabio López de la Roche, de la Universidad Nacional de Colombia (UN). El papel de la mediática en el largo conflicto armado colombiano llevó a la expresión del Manuel Marulanda Vélez: “Los Medios tienen una deudita con Colombia”. Pese al peligro, aplican en Colombia como medios para persuadir. La campaña mediática desarrollada por los Medios no se hizo esperar y aplicó en el plebiscito en que triunfo el NO contra los Acuerdos de La Habana. Algo indiscutible. En relación con El Catatumbo, no es que los periodistas no sepan de los intríngulis o dificultades de lo sucedido: lo saben, les llegan fuentes, ¡pero lo callan! La censura es la constante y en muy pocas ocasiones disfrutan del refresco de ver plasmadas sus averiguaciones. El ejército les llega ya con los vídeos prefabricados de la toma y acciones; así como de la redacción de su unilateral versión. Un conduccionismo fascista, de abuso de poder inenarrables es lo imperante en lo de la comunicación. Ello, por el control monopólico de los grupos económicos de esos Medios, los cuales disponen que información es procedente, cuáles de desconocimiento y cuáles de invisibilidades.
Vale preguntarse cómo se explica la permanencia del movimiento popular ante la constante genocida y de muerte selectiva de sus líderes. Las organizaciones sociales en Colombia se mueven bajo la estigmatización, la marca, el rechazo. Bajo el imaginario del enemigo interno los alcances de calificativos predominan para la negación y la eliminación “del otro”. Por tanto existe una cultura antisindical; cuya raíz es la no organización popular. No propender por cambios. Que todo siga igual. Asimilan al dirigente sindical, gremial, como al dirigente político, sin importar la degradación para ambos. Para la derecha los líderes sindicales son guerrilleros incrustados- continúan siéndolo- buscándose también destruir el tejido social de las organizaciones de los trabajadores. El solo anuncio de fundar un sindicato es motivo de persecución, despido. Como si se tratare de un modelo económico de implementar para el paramilitarismo.
En el sector agrario, pues el movimiento social está afectado, indiscutiblemente, por la vigencia de los TLC´s. En el sindicalismo de industria y energético es tenaz la lucha contra el franking. Va acorde con el cerco de territorio excluyente, es decir, paralelo con la lucha contra la minería extractiva, la ganadería extensiva, lo agro-combustible y la defensa ecológica, que enmarca todo un escenario de lucha de resistencia en contra de ese modelo que persiste con la implementación paramilitar. Pero algo que no podrán erradicar de la concepción campesina hoy es su claridad por la conservación del medio ambiente, por construcción humanitaria y de protección a las comunidades. Todo ello explica la convivencia dentro del conflicto. Más de 4 millones de campesinos se movilizaron por la sustitución voluntaria de cultivos y por construir conservación de Territorio e impulso de la economía campesina. No son programas revolucionarios los que impulsan. Instrumentos legales de aplicación como las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) de las que registran 69 procesos de existencia en 15 Departamentos; que bajo una meridiana comprensión avalan el impulso del Paro Agrario Campesino de 2103. Ese que el tahúr Santos llegó a decir que “no existía”. La gran carga para el movimiento social agrario radica también en la interlocución de las comunidades campesinas con las fuerzas de ocupación (digamos que así se comportan) del ejército nacional; que exultantes no admiten o quisieren no entender que las comunidades campesinas no son apéndices, ni agentes operadores, de los grupos en insurgencia. El pasaje trágico del asesinato del Dimar Torres, en El Catatumbo, echó por la borda la esperanza de una reconciliación de ese ejército con las bases del propio pueblo.
Extenso resulta abordar un balance de las impactantes experiencias civiles con los ex combatientes, desmovilizados y desarmados de las guerrillas de las Farc-ep. La retoma de las armas por parte de las Farc-ep expresada en la Declaración de “Una Segunda Marquetalia”, deja sin alientos a quienes concebimos la superación del uso de las armas con fines políticos. La persecución violenta contra el opositor político, continúa por ambas contrapartes.
Falso que surgió una Nueva guerrilla. Se da una respuesta a la permanencia de la guerra, pese a la desmovilización de una guerrilla «a cambio de nada». Un Acuerdo de Paz incumplido por un Estado falaz y de mafias, que flota por la economía subterránea del narcotráfico. Lo acordado en La Habana fue burlado por un plebiscito de acomodo a lo tahúr del gobernante Santos al Gatopardismo:»que todo cambie, para que nada cambie». Vino el juego de 56 reformas a lo Acordado; las quintas columnas de quienes no fungieron como Plenipotenciarios del Acuerdo, para NO implementarlo: el poder judicial y el legislativo. El Secretariado fariano demostró incapacidad para lograr los cambios políticos, económicos, sociales, militares, ecológicos, que el fin del conflicto demanda. No tiene elementos de análisis lo dicho por los 2 Gustavos Progresistas que se da una alianza para prolongar a la derecha militarista y a las economías oscuras del narcotráfico. Raya con lo ridículo. El Partido de la Rosa debe ganar el espacio político de fuerza Alternativa, asumiendo una práctica frontal de oposición al régimen Hegemónico de Derecha militarista y Contrainsurgente en el poder y no pretender ganar indulgencias con el eco mediático de las guerrillas como origen de todos los males en Colombia. Se impone la ¡Resistencia civil!; Lucha de masas con Paros Cívicos, la democracia de las calles, para el logro de la implementación de los Acuerdos de La Habana: Reforma Agraria Integral, Reforma Electoral de fondo, Sustitución de Cultivos, el llamado a terceros para que respondan ante la JEP. Un Frente Amplio Popular, tal como lo concibió Óscar William Calvo, en significación a la existencia en Colombia de una izquierda ilegal armada y una izquierda legal desvinculada e independiente, que busca en unión con las fuerzas progresistas, socialdemócratas liberales lo Alternativo al modelo económico imperante: ese si causante de los males en Colombia.
Enviado por el autor.
Sea parte de SURCOS:
Atribuir a las huelgas el incremento en los homicidios e inclusive en la actividad delictiva, no es más que una excusa “mediática” por parte del Ministro de Seguridad, Michael Soto, para encubrir las falencias en materia de seguridad pública, que se han agudizado en los gobiernos del Partido Acción Ciudadana (PAC).
No podemos olvidar que los cuatro años de gobierno de Luis Guillermo Solís, fueron un desastre, que se superaron las cifras históricas en materia de homicidios, llegando nuestro país al nivel de pandemia, según lo que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Sería oportuno que nos muestre el ministro Soto, los datos que dan sustento a su aseveración. Es sabido por nosotros, que, para cubrir eventos masivos como partidos de fútbol, se destinan entre trescientos y quinientos efectivos por partido, o sea que, si al mismo tiempo se dan tres eventos masivos, se requiere entre 900 y 1.500 funcionarios policiales.
Lo que debe hacer el ministro Soto, es asumir con seriedad el cargo que le fue encomendado, dejar los “berrinches”, atender a los medios de comunicación, así como a quienes somos parte del contrapeso, cuando se le cuestiona por alguna situación institucional, no solamente cuando tiene algo que favorece la imagen del Gobierno.
Lo que se espera de un Ministro de Seguridad, es que tenga claro el rumbo que se debe seguir para mejorar en materia de prevención y de contención de los delitos, sean estos comunes o producto del crimen organizado. Un ministro que se disponga en trabajar en un modelo de seguridad, en una política de Estado que deje de lado la política electoral. Lo anterior se fundamenta, en que desde hace años se ha visto la seguridad ciudadana como un “botín” político, se anuncian contrataciones, se usa la compra de vehículos para fines políticos, se anuncian las acciones policiales (megaoperativos), como una estrategia de marketing, es común mirar al viceministro Solano, en medio de megaoperativo subiendo selfies en sus redes sociales con una sonrisa de oreja a oreja.
Es claro que las cosas no van bien. Hace unos días fuimos enterados de un audio que salió del Director Regional de San José, el cual fue dirigido al mando medio policial, señalándose ausencia de liderazgo, desidia, incapacidad de gestión, corrupción e inclusive, que algunos altos mandos se hacen de la vista gorda ante hechos que se presumen graves. Ante lo cual, tanto el ministro como sus viceministros han guardado un total y absoluto silencio.
Así las cosas, es posible, que conociendo el ministro la situación actual en torno con las huelgas, le haya parecido sumamente atractivo, acreditar a las mismas el incremento en la inseguridad ciudadana. Sin embargo, las más de cien delegaciones con orden sanitaria, la falta de planificación, los problemas para dotar a nuestros policías de uniformes, botas, capas, radios de comunicación, así como otros accesorios, no tienen nada que ver con las huelgas.
Lic. Mainor Anchía Angulo Seccional ANEP-Fuerza Pública.
Sea parte de SURCOS:
A un año de las represiones y la criminalización de la protesta social, se llevará a cabo este viernes 13 de setiembre a las 4 p.m. se llevará a cabo el conversatorio: «Luchas, protestas sociales y represión estatal«.
Compartido en redes digitales.
Sea parte de SURCOS:
(Ciudad Quesada) El día de hoy, los diputados Jorge Luis Fonseca y María José Corrales presentan proyecto de ley que permite la explotación de minería de oro a cielo abierto, el cual es inconveniente y un retroceso.
En el año 2010, la Asamblea Legislativa de Costa Rica, aprobó por unanimidad la prohibición de la minería metálica a cielo abierto en el país. Dicha decisión fue la culminación de una lucha ecologista de más de 30 años de muchos sectores de la sociedad costarricense, liderados por comunidades de la Zona Norte. Esta movilización logró evitar la implantación de la minería metálica a cielo abierto en Crucitas de Cutris.
Para Marco Tulio Araya, integrante de UNOVIDA, “la minería metálica, al igual que la extracción petrolera, responde a un modelo económico insostenible, extractivista y depredador de la naturaleza, que atenta contra la existencia misma de la especie humana en el planeta”.
Araya considera que “después de ese hito histórico, los gobiernos, (tanto el central como los municipales), que continuaron en el poder, mantuvieron en el abandono, no sólo a Crucitas, sino en general a las zonas fronterizas y costeras, a pesar de las propuestas concretas de desarrollo sostenible que se plantearon desde distintos sectores de nuestra sociedad”.
Heidy Murillo, vicepresidenta de FECON recordó que “en el 2010, en una encuesta nacional, el 90% de la opinión pública avaló y aplaudió esta prohibición al tomar conciencia de los impactos que provocan”.
Por su lado el exdiputado Edgardo Araya señaló que “desde el sector ambientalista realizamos propuestas concretas de inversión pública y de reactivación económica sostenible para la zona de Crucitas, tanto con el Gobierno Central, como con la Municipalidad de San Carlos y el INDER, sin que esas instituciones le dieran seguimiento y apoyo a esas propuestas sostenibles y alternativas a la minería metálica”.
Para Mauricio Jiménez, presidente de UNOVIDA, una propuesta concreta y económicamente viable, es la adquisición, por parte del Estado, de la finca afectada por la minería ilegal, con el fin de tener un mayor control público de la zona y establecer ahí, además de una academia policial, un Centro de Investigación y Capacitación en Desarrollo Sostenible, administrado por las universidades públicas y con una propuesta de financiamiento con cooperación internacional en desarrollo sostenible.
Araya señaló que “los dos últimos gobiernos no han pasado de proponer “Planes de Atención Integral”, que a la fecha no se han materializado en acciones concretas para solucionar la problemática de la zona.”
Desde las organizaciones ambientales mantenemos con firmeza nuestra oposición a reactivar la minería industrial de oro a cielo abierto. Reiteramos nuestro compromiso en defensa de la naturaleza y las comunidades que dependen de ella. Apostamos por un modelo que garantice vida digna a las generaciones que aún no han nacido y la minería a cielo abierto no es el camino.
Enviado por FECON.
Sea parte de SURCOS: