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Autor: María José Ferlini Cartín

La UCR aclara datos sobre »pensiones de lujo»

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • La Institución anuncia a sus funcionarios medidas de control del gasto

 

La legalidad que permitió las llamadas «pensiones de lujo» en el país, dentro del Régimen de Pensiones del Magisterio Nacional, se cerró desde la segunda mitad de la década de los años noventa. En la actualidad, esos beneficios ––que resultaron insostenibles para el mismo sistema–– ya no se otorgan, aunque sí se debe seguir cumpliendo con el pago de quienes están pensionados o quienes lo harán por derecho adquirido bajo esa normativa. Las pensiones de estas personas son pagadas por la Junta de Pensiones del Magisterio y son irrenunciables por parte de sus beneficiarios.

En lo que respecta a la Universidad de Costa Rica, se aclara que la Institución no es, ni ha sido, la encargada de elaborar la legislación con la que se maneja el Régimen de Pensiones del Magisterio Nacional, pero sí ha tomado las medidas que están al alcance para reducir y racionalizar el gasto.

Acciones tomadas por la Administración

La Universidad de Costa Rica reconociendo las austeras medidas del gobierno para prevenir una crisis fiscal que también afectan el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y, por ende, el presupuesto de la Universidad de Costa Rica (UCR), ha tomado acciones de contención del gasto para evitar un descalabro más profundo ante la estrechez de los recursos. Las medidas se ponen a consideración del Consejo Universitario.

Reducción de las dedicaciones exclusivas. Que en adelante, no se asignen dedicaciones exclusivas si no se cuenta con al menos el grado académico de licenciatura y en el caso de personas administrativas que ocupen un puesto cuyo requisito académico sea el de licenciatura.

Reducción del incentivo salarial por mérito académico. Teniendo en consideración la necesidad de contener el crecimiento del gasto institucional se propone que los porcentajes máximos por reconocer para este incentivo sean: un 20% en caso de doctorado y un 15% en caso de maestría, siempre y cuando las titulaciones respondan a la función que realizan las personas trabajadoras.

Suplencias. Se propone que las suplencias se autoricen únicamente para situaciones de licencias por maternidad o por adopción de menores de edad, vacaciones del personal de seguridad y de personal clave para el desarrollo de actividades de investigación.

Costos asociados a los proyectos de vínculo externo. La propuesta es que para todos aquellos costos asociados a proyectos de vínculo externo que sean posible cuantificar, se gestione la recuperación de los mismos.

Horas extras. Se propone disminuir el presupuesto disponible para el 2018 en la partida de tiempo extraordinario en un 20%, fundamentalmente disminuyendo el pago por este concepto en las secciones de Seguridad y Transportes. Restringir el pago de horas extras a categorías profesionales y jefaturas administrativas.

Combustibles. Esta partida se centraliza en la Sección de Transportes y la propuesta es disminuir el consumo de combustible para lo que resta del 2018 en un 30%.

Gastos de capacitación. La propuesta es subejecutar la partida global en un 20% del presupuesto disponible en fondos corrientes. Por otra parte, respecto a esta partida, se restringirá la posibilidad de emitir órdenes de servicios de reserva al finalizar el 2018.

Arrendamientos. Los nuevos arrendamientos se deberán negociar en colones y conforme venzan los contratos actuales, las renovaciones también se harán en colones.

Compra de vehículos. Para el 2019 y 2020 se debe priorizar en adquirir vehículos híbridos o eléctricos que permitan ir dando pasos al cambio de tecnología y, por ende, disminuyendo el consumo de combustibles.

Gasto por electricidad. En conjunto con la Unidad de Gestión Ambiental y la Escuela de Ingeniería Eléctrica, promover una campaña de sensibilización de ahorro de energía eléctrica, así como la realización de auditorías de consumo que permitan implementar buenas prácticas en esta materia.

Disminución de cargas académicas asignadas a comisiones. Se propone disminuir las cargas académicas asignadas a comisiones en un 30%.

Asimismo, se incluyen las siguientes medidas:

  1. Eliminar el 100% de las sustituciones de cargos de dirección y decanatos, esto representa un ahorro aproximado de ¢342 millones al año.
  2. Reducción de cargas académicas por concepto de «otras cargas».
  3. Planificar la oferta académica 2019 sobre la base presupuestaria de la establecida en el 2018.
  4. No conversión de plazas docentes a administrativas.
  5. Reducción en un 50% en el otorgamiento de las licencias sabáticas, esto representa un ahorro aproximado de ¢450 millones anuales.
  6. Eliminar el 100% de las excepciones de no impartir docencia.
  7. Descongelamiento de las plazas únicamente para aperturas de concursos.
  8. Limitar el ingreso de personal interino nuevo.
  9. Reducción de apoyos para viajes al exterior, el cual representaría un ahorro aproximado de ¢200 millones anuales.

DOCUMENTOS

Medidas de ahorro y eficiencia del gasto en la Universidad de Costa Rica a septiembre 2018

 

Gabriela Mayorga López

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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SEC repudia medidas represivas del Gobierno

Escrito en . Publicado en Derechos.

La noche de este lunes 17 de setiembre en Barranca, Puntarenas; alrededor de 400 antimotines sin previo aviso, agredieron a una minoría de manifestantes que se mantenía de forma pacífica, defendiendo los derechos de la clase trabajadora costarricense, acto cobarde y lamentable, que repite la triste historia de 1995, en aquel Gobierno de Liberación Nacional, hoy encarnado en el mandato del PAC, que ya muestra matices represivos.

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC, rechaza de forma categórica la actitud irresponsable de parte del Gobierno de la República, en las figuras del Ministro de Seguridad Pública Michael Soto y del Ministro de Comunicación Juan Carlos Mendoza, quienes han dado lugar a un ambiente de violencia e inseguridad, hasta para quienes en son de paz, luchan por mantener la poca calidad de vida que Gobiernos Neoliberales han arrebatado y peor aún, que quieren seguir deteriorando, ahora con el apoyo del PAC.

Este Gobierno, de forma temeraria ha adjudicado -sin ninguna prueba o fundamento- al movimiento de Huelga Nacional, la responsabilidad por el peligroso incidente en el poliducto de RECOPE, y con ello han querido justificar las agresiones que se han dado durante las últimas 24 horas, en distintas partes del país.

Así mismo, rechazamos la línea editorial de varios medios de comunicación masiva que tienden a caracterizar al movimiento de Huelga Nacional como un movimiento violento, terrorista, antipatriótico, relacionando elementos sin vinculación entre sí y hasta responsabilizando a quienes apoyan al movimiento de la brutalidad policial de la que han sido víctimas, como sucedió la noche de este lunes en Barranca.

Nos parece una actitud profundamente antidemocrática que se quiera manipular la opinión pública, para limitar el apoyo popular que ha recibido nuestro movimiento, que es en defensa de los intereses de la clase trabajadora y los sectores más vulnerables del país.

Rechazamos, por ejemplo, que sin sonrojo algunos medios traten de vincular la violencia que viven las comunidades empobrecidas de Limón con actos propios de la Huelga, ocultando las razones estructurales que han precarizado esas comunidades, su infiltración por el narcotráfico, la frustración acumulada por décadas de descuido estatal, entre otros elementos independientes del movimiento sindical.

También es imperdonable que se quiera justificar, invirtiendo las responsabilidades y adjudicándolas al movimiento de huelga, la injustificable violencia y abuso policial con la que la Fuerza Pública trató a un grupo de jóvenes de la comunidad universitaria, al manifestarse pacíficamente en las inmediaciones de la UCR.

Así mismo, volvemos a rechazar la responsabilidad en la desteñida celebración de nuestro 197 aniversario de la Independencia, que solo puede recaer en la decisión del señor Ministro de Educación Edgar Mora, de eliminar el tradicional paso de la Antorcha para generar la imagen de que el movimiento sindical estaba impidiendo su paso. O del señor Presidente de la República que decidiera realizar la sesión solemne del Consejo de Gobierno del 14 de septiembre a puerta cerrada, alejado del pueblo que se manifestaba, de la comunidad cartaginesa que por tradición asiste y de la niñez que con ilusión desfila con sus faroles en esta celebración.

No vamos a aceptar esta manipulación de la opinión pública, ni a permitir que algunos medios confundan a la población, ni aceptar las responsabilidades de las malas decisiones de un Gobierno que, en estos momentos, debería estar respondiendo al clamor de la ciudadanía de abrirse a un diálogo real, que es lo que toda Costa Rica espera.

Al Gobierno le pedimos ser más responsables y escuchar el clamor del Pueblo, ya que la lucha seguirá, sin importar las medidas de represión que quieran imponer sobre esta clase trabajadora valiente, que ha decidido salir a las calles a defender sus derechos.

Compañeras y compañeros, hoy es un día muy triste, pero mantengamos la lucha, “Un Pueblo unido jamás será mancillado y mucho menos vencido”.

 

Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Boletín SEC.

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Pueblos indígenas y gobernadores del clima trabajarán juntos para enfrentar el cambio climático

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques comunica:

Los Pueblos Indígenas y comunidades locales de países con bosques tropicales obtienen un reconocimiento sin precedentes, de sus derechos y sus conocimientos para prevenir la deforestación y proteger los ecosistemas en la batalla contra el cambio climático a nivel mundial.

Los principios de colaboración, firmados esta tarde en San Francisco, California en el marco del GCF con 38 gobernadores del mundo y pueblos indígenas de distintas regiones del planeta.

Se insta a los actores políticos, económicos y de la sociedad civil a comprometerse con los pueblos en la Cumbre Mundial de Acción Climática para detener la destrucción de los bosques que todos han prometido proteger.

San Francisco, California 11 de Septiembre de 2018. Después de una década de permanecer al margen durante los debates sobre la mejor forma de frenar el cambio climático salvando los bosques tropicales del mundo, los líderes indígenas y comunitarios de Indonesia, Mesoamérica y la Amazonía convocaron hoy a los participantes de la Cumbre Global de Acción Climática #GACS2018 para actuar en la primera decisión tomada por un grupo políticamente poderoso de actores para reconocer los derechos territoriales indígenas como vitales para detener la destrucción de valiosos bosques y otros ecosistemas.

La Alianza de los #GuardianesdelBosque, compuesta por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), la Alianza de Pueblos y Bosques de Mesoamérica (AMPB) y la Alianza de Pueblos Indígenas de Indonesia Archipiélago (AMAN) emitió hoy una declaración marcando la decisión de la Fuerza de Tarea de Gobernadores sobre Cambio Climático y Bosques (GCF Task Force), para respaldar un conjunto histórico de «Principios Rectores para la Colaboración y Asociación entre Gobiernos Subnacionales, Pueblos Indígenas y Comunidades Locales» (EN, ES, FR, ID, PT).

«Pedimos al mundo que reconozca nuestra capacidad de proteger los bosques que son fundamentales para prevenir el cambio climático” dice la Carta de San Francisco de los Guardianes del bosque. Los principios comprometen a los gobernadores del GCF a respetar los derechos de los pueblos de los bosques sobre sus tierras y recursos y a cumplir con las normas mundiales, incluida la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI); la Declaración de Nueva York sobre los Bosques; el Acuerdo de París y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que otorga a los pueblos indígenas el «consentimiento libre, previo e informado» para cualquier actividad que afecte a sus comunidades o sus tierras.

«Con la aprobación de estos principios por parte del GCF en la víspera de la cumbre climática aquí en San Francisco, hemos cumplido con las demandas de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales de nuestros territorios», dijo Tuntiak Katan, Vice coordinador de la Coordinadora de los Pueblos Indígenas de la Cuenca Amazónica COICA que representa a los grupos electos de liderazgo de los nueve países de la Amazonía. «Nuestros pueblos nos enviaron aquí para defender los derechos de nuestras tierras y de las tierras de todos los pueblos de los bosques, pero el compromiso de reconocer nuestros derechos es solo el comienzo. Ahora todos debemos ir a casa a nuestros territorios y ayudar a estos gobernadores a cumplir sus promesas».

El Grupo de trabajo del GCF se diseñó para avanzar en los enfoques de desarrollo de toda la jurisdicción con el objetivo de reducir las emisiones de carbono. Desde su primera reunión en 2009, el Grupo de Trabajo del GCF ha triplicado su membresía a gobernadores de estados en diez países (Brasil, Colombia, Ecuador, Indonesia, Costa de Marfil, México, Nigeria, Perú, España y los Estados Unidos).

En el 2014 la alianza global de líderes indígenas y comunitarios de COICA junto a la Alianza de Pueblos Indígenas del Archipiélago (AMAN) de Indonesia y la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB) – comenzaron a asistir a la reunión anual del GCF, utilizando en las reuniones un creciente cuerpo de evidencia para promover su capacidad de superar a todos los demás administradores forestales y abogando por un papel formal en cualquier decisión futura que el GCF pueda tomar sobre sus bosques frente al cambio climático.

«Los principios que fueron aprobados hoy por el GCF se desarrollaron a través de un proceso meticuloso dirigido a construir consenso con los líderes locales en países de bosques tropicales, que representan a millones de personas de comunidades indígenas y rurales», dijo Rukka Sombolinggi, secretaria general de AMAN. «Apreciamos todo lo que la sociedad civil mundial ha hecho para ayudarnos a aumentar la visibilidad de nuestra batalla por los derechos y el terrible precio que hemos pagado por la protección de nuestros bosques. Con esta decisión, el GCF adopta los principios que propusimos y desarrollamos, y hemos demostrado que estamos listos para hablar y defendernos por nosotros mismos. No necesitamos intermediarios».

Un cuerpo creciente de evidencia científica apoya el enfoque del Equipo de Trabajo del GCF sobre los pueblos indígenas como vital para la conservación de los bosques. Un estudio publicado este año por científicos del World Resources Institute y el Banco Interamericano de Desarrollo muestra que entre 2000 y 2012, las tasas de deforestación dentro de comunidades indígenas legalmente reconocidas en la Amazonia brasileña fueron siete veces menores que en tierras más allá de estas fronteras y en la Amazonía colombiana, las tasas fueron tres veces más bajas. Sin embargo, globalmente, la deforestación tropical sigue siendo un problema devastador. Impulsado por el desmonte para la agricultura en los trópicos, la pérdida de la cobertura arbórea en los países tropicales de todo el mundo ha aumentado constantemente durante los últimos 17 años. Un análisis de los datos de Global Forest Watch (GFW), publicado en junio, revela que se perdieron 15,8 millones de hectáreas (39,0 millones de acres) de cobertura de árboles en los trópicos en 2017, un área del tamaño de Bangladesh.

Las industrias de la agricultura, la silvicultura y el uso de la tierra están causando alrededor de un cuarto de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero. La conservación de los bosques, por otro lado, representa la «solución climática natural» más rentable y podría contribuir significativamente a mantener el calentamiento global por debajo de los 2 °C, según un estudio de 2017 en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias. «Está claro que los compromisos climáticos contraídos en el más alto nivel de gobierno en París en 2015 no han logrado reducir la deforestación, ni han detenido la violencia contra los defensores del medio ambiente, incluidos nuestros pueblos», dijo Levi Sucre Romero, Coordinador de la Junta Ejecutiva de la AMPB. «Si los bosques son la solución al cambio climático, entonces somos la solución para detener su destrucción.

Al tiempo que abrazan los objetivos del GCF y los principios que los gobernadores aprobaron hoy, los líderes brasileños de la APIB dicen que abogarán por expandir el programa para cubrir los derechos de las comunidades cuyas casas están en las sabanas y otros paisajes que están asediados en Brasil debido a la creciente demanda mundial de carne, soja, aceite de palma, energía hidroeléctrica y riqueza mineral. «Nos sentimos cómodos apoyando esta nueva iniciativa que nos permitirá tratar directamente con gobernadores y agencias estatales en la defensa de nuestros derechos, ya que son más accesibles que el gobierno nacional en todos los sentidos «, dijo Dinamam Tuxã, abogada y codirectora de APIB. «Podemos demostrar hasta qué punto la destrucción de los biomas vecinos ejerce presión sobre el Amazonas. No existe un ecosistema aislado de ningún otro, y los pueblos indígenas que protegen el cerrado tienen un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático y en la protección de los ríos que alimentan a los bosques tropicales».

Al pronunciar su declaración hoy, junto al gobernador Brown la Alianza de Guardianes Forestales dijo «Estamos aquí para exigir nuestros derechos, proteger nuestro conocimiento tradicional y detener la destrucción de nuestros bosques y la criminalización y asesinato de nuestros pueblos». También exigimos que los fondos climáticos que nos respaldan para proteger los bosques beneficien directamente a las iniciativas climáticas lideradas por nuestras comunidades indígenas y locales», dice la declaración. «Por lo tanto, estamos listos para asociarnos con cualquiera que busque, de buena fe, evitar la destrucción de los bosques y la violencia contra nuestros pueblos y territorios. Pero cualquier propuesta debe comenzar con el reconocimiento y respeto de nuestros derechos territoriales, ya que somos los mejores protectores de los bosques. No aceptaremos nada menos».

Se adjunta Declaración de San Francisco:

DECLARACIÓN DE SAN FRANCISCO DE PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES LOCALES

 

Declaraciones de Levi Sucre, miembro de la Red Indígena Bribri Cabécar (RIBCA) y Coordinador de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques:

Video: https://drive.google.com/open?id=1_3pqor4JKN3SKoTx6jezPVirWOPiNdju

 

Contactos de prensa:

Ana Alvarado (Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques):

anaialvaradochacon@gmail.com

506 89922281

—

Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques

Mesoamerican Alliance of Peoples and Forests

(00505) 2276-0422

www.alianzamesoamericana.org

www.facebook.com/alianzabosques

 

 

Enviado por Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques.

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Cambios en Tejido Social

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Marlin Óscar Ávila

 

Acabo de leer que «lo que está en riesgo, más allá de nuestra economía, es el tejido social de un país que compartimos, que imaginamos y que construimos juntos y juntas.» Olman Briceño.

Aclaremos esto. Ha sido el tejido social que ha favorecido un imaginario que no fue el nuestro. El de las grandes mayorías, pero de minorías privilegiadas. Hemos venido construyendo relaciones estructurales de injusticia e inequidad fiscal. Tenemos una economía que nos va haciendo más y más pobres, mientras que a un pequeño círculo social, se le ha venido facilitando hacerse más y más ricos.

Por tal motivo, corremos los riesgos necesarios que nos permite conformar nuevos vínculos solidarios que nos permitan distinguir al similar de los disímiles… de quienes sufren iguales injusticias de aquel que se ha aprovechado de las decisiones unilaterales. El poder entregado por el Soberano debe ser para gobernar en favor del bien común.

Estamos seguros que está sucediendo un cambio en nuestro tejido social, pero para bien de Costa Rica y no para los círculos del poder tradicional.

Es este cambio el que queremos y por lo que sí queremos correr el riesgo.

 

Enviado por el autor.

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Por un Pacto Fiscal Democrático

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Marlín Óscar Ávila

 

Lo que suena más en las discusiones de estos días de protestas por el Plan Fiscal establecido sin el consenso entre los sectores afectados e interesados, pero sí por un círculo político y económico, es la evasión del impuesto, las exoneraciones injustificadas y las llamadas pensiones de lujo. El Gobierno Ejecutivo parece haber tomado medidas de control y poco más de equidad en ésta última, lo cual está adentro de lo que es Inversión y Gasto Público.

Aún no satisfacen las políticas de Administración Tributaria y las Aduaneras y hay que revisar las del Gasto Público e Inversión.

Es decir, el proyecto debe cubrir los tres aspectos bajo principios de equidad y definitivamente, de justicia fiscal. Es la existencia de una injusticia fiscal que ha lanzado a la ciudadanía a las calles estos días. Se debe discutir en un dialogo multisectorial, no solamente la recolección de los impuestos, pero su misma distribución en inversión y gasto. Luego, definir políticas de transparencia e información para que se termine con los abusos y privilegios debajo de la mesa. Así, la ciudadanía estará infirmada del manejo fiscal y presupuestario.

La ausencia de democracia en definir conjuntamente estas políticas, bajo la excusa de una urgencia financiera, nos llevará a más tropiezos, atrasos y ojalá que no, a perder la confianza de nuestra institucionalidad costarricense.

Generar mayor y mejor inversión, conlleva a mejores empleos y elevación en la recaudación de fondos para inversiones sociales.

Es decir, se exige un gobierno abierto, transparente y democrático, con participación ciudadana. Algo que algunos partidos políticos en los poderes actuales no logran comprender.

 

Enviado por el autor.

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Crisis de los ochenta y situación fiscal actual

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Greivin Salazar Álvarez*

 

A inicios de la década de los 80, Costa Rica sufrió los efectos de la peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial, que trajo como consecuencia el agotamiento del Modelo de Sustitución de Importaciones, el cual se caracterizaba por promover el desarrollo “hacia adentro” y suponía una participación muy activa del Estado en la regulación del mercado. Si bien, en sus inicios el modelo propició una bonanza en el crecimiento económico y el desarrollo del país, la proliferación desmedida de un estado paternalista desembocó en la consolidación de una economía poco competitiva.

En la década de 1970, el primer (1973-1974) y segundo (1978-1979) shock petrolero, golpearon fuertemente los mercados internacionales, provocando aumentos en los precios de las importaciones, la desaceleración de las exportaciones e incrementos en las tasas de interés. Para minimizar los efectos de estos shocks y para mantener las características propias del estado de bienestar costarricense, se recurrió a un alto endeudamiento externo que resultó ser insostenible. De esta manera entre 1981 y 1982:

  • El Producto Interno Bruto real se contrajo un 9,4% mientras que el per cápita lo hizo en un 14,3%, tardando este último alrededor de 10 años en recuperar el nivel previo a la crisis
  • La inflación acumulada para ese bienio fue de un 200%
  • La tasa de desempleo por poco se duplicó, al pasar de un 5,9% a un 9,4%
  • Situación similar sucedió con el nivel de pobreza, que ascendió de un 30,4% a un 54,2%
  • El tipo de cambio se incrementó en un 302%, al pasar de 9,56 colones por dólar, a 38,46
  • La tasa de interés activa (para agricultura y ganadería) pasó de 8% a un 18%

Los datos mencionados son un fiel reflejo de las complicaciones vividas en ese periodo, pero ¿qué implicarían esos ajustes en la actualidad? ¿cómo cambiarían las principales variables económicas y sociales actuales del país si se produjeran ajustes como los vividos en la crisis de los ochenta?

Significaría que en un periodo de dos años (ejemplos):

  • Por cada 100.000 colones que se recibe de salario, se pase a percibir 86.000 colones.
  • El precio, por ejemplo, del litro de leche, pase de 600 colones a 1 800 colones.
  • La cantidad de personas sin empleo se incremente de 205.141 a 326.835.
  • El tipo de cambio suba de 575 colones por dólar a 2.313.
  • La pobreza, pase de afectar a 305.231 hogares (1.092.403 personas) a 414.070 (1.523.552 personas).
  • La cuota del préstamo aumente de 12.400 colones por millón a 26.700.

¿Qué tan cerca se encuentra la economía costarricense en la actualidad de repetir una situación como la vivida en los ochenta?

Existe una diferencia de fondo muy importante entre la situación actual y la de inicios de los ochenta. La crisis de los ochenta significó el agotamiento de la forma en que la sociedad costarricense había decidido desarrollar la economía y repartir la riqueza (Modelo de Sustitución de Importaciones); en cambio, si bien en la actualidad existen algunos elementos del modelo de desarrollo que se deben enmendar (el aumento en la desigualdad, por ejemplo), no se puede decir que este se encuentre en decadencia, de hecho, no existe una vulnerabilidad externa tan marcada como la de cuatro décadas atrás.

En cuanto a similitudes, existen dos que se desean resaltar para los efectos de este artículo, por cuanto ambos casos se caracterizan por: a) la presencia de un fuerte deterioro en las finanzas públicas (alto y recurrente déficit fiscal, así como un elevado endeudamiento público) y; b), la postergación de las medidas requeridas para enfrentar la situación fiscal.

En relación con la segunda de estas, cabe indicar que durante la segunda mitad de la década de 1970 el aumento en los precios del café (la bonanza del café) mejoró el desempeño de la economía y le brindó un cierto respiro a las finanzas públicas. Asimismo, desde el 2011 el faltante de recursos del Gobierno Central ha representado siempre una cifra superior al 4% de la producción nacional; siendo que durante tres Administraciones Presidenciales (contando la actual) se han discutido en la Asamblea Legislativa diferentes iniciativas para reducir el déficit fiscal, sin poder concretarse ninguna.

Como conclusión, más que buscar ser alarmista, lo que se pretende con este artículo es reiterar el sentido de urgencia que existe en torno al tema de las finanzas públicas (la postergación de medidas no es una opción), pero sin olvidar que las reformas no deben recaer sólo sobre algunos sectores y mucho menos sobre los más vulnerables. Todos y todas tenemos una cuota de responsabilidad y tenemos que aportar de acuerdo con nuestras posibilidades ya que, si no se logra llegar a acuerdos pronto, podríamos tener una nueva crisis económica con consecuencias inciertas.

 

12 de setiembre, 2018.

*Observatorio Económico y Social, Escuela de Economía UNA.

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por UNA Comunicación.

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