Galardón destaca la labor docente en proyectos que buscan el mejoramiento a las condiciones de vida de la población
Premio lleva el nombre de la primera Vicerrectora de Acción Social “María Eugenia Dengo Obregón”
Acto de premiación se realizará el miércoles 28 de noviembre en el Auditorio de Educación Continua
La Vicerrectoría de Acción Social (VAS) de la Universidad de Costa Rica (UCR) celebrará la primera entrega del Premio de Acción Social María Eugenia Dengo Obregón el próximo miércoles 28 de noviembre en el Auditorio del Edificio de Educación Continua en la Ciudad de la Investigación de 10 a.m. a 12 m.d.
Este galardón tiene como objetivo destacar la labor del personal docente universitario en Acción Social, con miras al mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones del país y tomando en cuenta la originalidad, innovación, trascendencia y el compromiso ético y social de las personas postuladas.
De julio a setiembre del presente año, se recibieron 12 postulaciones de 6 sedes regionales y recintos universitarios. Las personas postulantes debían ser docentes activos con proyectos o programas en desarrollo, inscritos en la VAS, con al menos 5 años de trabajar para la Institución y que hubiesen realizado acción social de manera continua durante los últimos 3 años.
Entre los criterios de evaluación se incluyen: la articulación intrauniversitaria e interregional de los proyectos, trabajo en zonas con menor índice de desarrollo humano, continuidad de las acciones generadas en los proyectos y la divulgación de su labor en actividades científicas, culturales e institucionales.
La persona ganadora del premio recibirá una estatuilla diseñada por el artista Gerardo Selva Godoy. A partir de esta primera entrega, el galardón continuará siendo otorgado anualmente. En esta oportunidad, la convocatoria se habilitó para las Sedes Regionales y Recintos. Para el año 2019 el Premio se otorgará en las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias Básicas.
El Premio de Acción Social también es el punto de inicio de la conmemoración del 45 aniversario de la creación de la Vicerrectoría de Acción Social en el III Congreso Universitario de 1973, razón por la cual fue emitido bajo el nombre de la primera vicerrectora de acción social, la Licda. María Eugenia Dengo Obregón, impulsora del Trabajo Comunal Universitario y promotora de la trascendencia de la proyección externa y del concepto de extensión universitaria.
Desde la Acción Social universitaria se prioriza el vínculo Universidad-Sociedad por medio de la búsqueda conjunta de soluciones a problemas, la generación de políticas públicas tendientes a mejorar la calidad de vida y la promoción de nuevas formas de re-pensar la realidad. A 2018 se cuenta con 722 proyectos de acción social.
En novelón entretejido el Fiscal General Néstor Humberto Martínez Neira sale mal librado. Se sabe que, siendo asesor jurídico y representante judicial del Grupo Aval, grabó “a su amigo” Jorge Pizano y en un nada coloquial cruce de palabrotas y lenguaje lumpesco y soez se hace conocedor y receptor de situaciones ad-Valorem, que riñen con lo penal. Para Pizano las coimas de Odebrecht fueron a parar al Clan Char, en el festín del juego electorero en el que el partido político del Fiscal- Cambio Radical- afianza su poder. Surge una supuesta ruta de cosas acomodando situaciones del entonces abogado litigante, quien dos años después sin reato de conciencia asume la Dirección del ente investigador judicial del escándalo de la multinacional brasilera. Coloca como palabras del fallecido Pizano que dizque mencionó que Luis Carlos Sarmiento Angulo era una víctima, sobreentendiéndose que el multimillonario es el representante del consorcio de empresas que lidera el grupo de presión económico y financiero AVAL y que con el principio de “societas delinquiere non potest”: las sociedades no delinquen y responden las actuaciones de sus representantes, se pretenda diluir una tipificación penal. Fuentes también suministradas por el occiso Jorge Pizano, a la periodista María Jimena Dussan, expresan que él decía: “me tiembla el pulso y me van a matar” “me volví incómodo para el Grupo Aval”. Menciona el apremio del exilio. Explicable atar cabos que la retro dirección del Fiscal General -actuando para entonces como un particular- en señalar una “victima” (Don Luis Carlos Sarmiento Angulo) traiga como efecto ocultar la mano peluda de otros directivos, de peso específico de poder en ese consorcio, que aturden a cualquier analista o sabueso investigador, en el método de inducción que su mente recrea, dadas las huellas y circunstancias en la reconstrucción de esas muertes debido a los vestigios de falta de fe pública que las mismas generan y son objeto de esta atípica reflexión.
El Procurador General, expresa: “El principio de transparencia se ha puesto en duda en la presente actuación, debido al fallecimiento de alguno de los testigos y familiar cercano, lo cual se está investigando, y al cuestionamiento por presuntas relaciones profesionales anteriores que afectarían el criterio del actual Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez”
El modus operandi del Fiscal General como persona o individuo conocido, es decir, ciudadano en ejercicio, antes de ostentar ese cargo oficial, establece una pauta de comportamiento al alentar a la fuente de denuncia de un ilícito penal de si debe continuar indagando sobre lo anómalo penal y le aconseja: “No. Quieto” o “estese quieto” o algo parecido. Y ante el conocimiento de un universo de hechos que configuran la potencialidad de actos punibles, argumenta para un país de cafres, menospreciando al cuerpo de abogados(as) estudiantes de derecho y docentes académicos de las disciplinas jurídicas que como él no había detectado las irregularidades ni adelantado una investigación al respecto; así también que lo dicho por Pizano era solo indicios, no daba cumplimiento al “ARTÍCULO 67. Código de Procedimiento penal. DEBER DE DENUNCIAR. Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio”.
Expliquemos: La comisión de un delito obedece a actuación de una conducta. A la acción de cometer. Esa planificación por cometer o realizar un delito es el objeto de investigación para analizar esa conducta, no el supuesto de un hecho. El indicio demuestra la existencia de algo. Por ende, la realización de una acción (expresión de conducta o en el caso analizado un delito) implica el deber de denunciar. Como ciudadano, el actual Fiscal no lo hizo; descartándose el sigilo profesional, como enuncian las grabaciones. Causa coraje juris es la viveza del Fiscal de negarle al indicio un elemento de conducta. Quizá ese gesto brusco pretenda limitar al indicio como medio mecánico de prueba y no como señal de hechos que lleva a conocer lo oculto.
De otro lado, el remolino por las muertes de Jorge Pizano y la de su hijo…dos días después, llevan al imaginario popular a la reconstrucción en la mente de circunstancias más allá de los indicios. Se sabe que el señor Jorge Pizano es encontrado muerto en el baño de su casa. Que su hijo asiste a su funeral desde Barcelona, entra al estudio de su padre, ve una botella con agua en el escritorio, ingiere su contenido; exclama que le sabe a feo y fallece. El líquido de la botella contiene cianuro. Se establece una relación de con causalidad entre la muerte del padre, recreándose que se levanta de su escritorio y se dirige al baño y la llegada del hijo, al mismo lugar de la escena, donde encuentra la botella con agua y con la naturalidad de la confianza manifiesta, apura su líquido que le sabe a feo. El inicio de la investigación de la causa de la muerte de Jorge Pizano por parte de la Fiscalía sobre el presupuesto de un infarto se desvirtúa hacía la de un suicidio y/o envenenamiento. El resultado de exámenes de Medicina Legal hecho público determina que la causa de esa muerte fue un infarto (…). Medicina Legal no es un ente autónomo depende de la Fiscalía. Su director fue ratificado en el nombramiento por el cuestionado Fiscal General. Al albur de la privatización de la justicia, ese dictamen no se origina en equipos o laboratorios de la Medicina Forense oficial- ni de la Universidad Nacional, por ejemplo- sino en dos laboratorios privados contratistas a tales efectos. Sobre la carga de falta de credibilidad publica y afectación a la Fe Publica que generan las andanzas del Fiscal General, explicable el riesgo advocatus, a averiguarse, que esos contratistas hagan parte o tengan relación de intereses con el conglomerado o consorcio de empresas de AVAL.
Así que, por favor, no se ofenda a la inteligencia popular. Existe abundancia de coincidencias como la de agregar que el ente investigador, Fiscalía, encuentra días después un tarro o frasco de cianuro, en el lavadero de la casa de habitación de los Pizano. Sin desconocer el dolor de esa familia por la tragedia, ese hogar es escena de crimen, perdió la sensación de seguridad y calma para esa atribulada familia. Ha debido ser desalojado por las autoridades forenses y de investigación penal para que no fuera manipulado el escenario de dos muertes que tienen un lenguaje de señas a gritos de dos crímenes.
UNA COSA ES DECLARSE IMPEDIDO Y OTRA LO IMPERIOSO DE LA RENUNCIA.
Cero y van tres: ni renuncia el Procurador luego destituido y también premiado; tampoco los magistrados Pretelt y Malo; ni la alcaldesa cuestionada; o el ministro de los bonos de agua, que rumia en el olvido por este escándalo suscitado. No en la Colombia corrupta nadie renuncia. ¡Ah! Eso sí saben hacer uso del tejemaneje santanderista de las inhabilidades o declararse impedidos, o en buscar caducidades para continuar con la sartén por el mango.
Actualmente el Fiscal General se ha declarado impedido para conocer de las investigaciones sobre el escándalo Odebrecht y es tanta la carga de conciencia para la Vicefiscal que se abstiene de asumir la investigación y permite que el presidente Duque entre en acción al pedir a la Corte Suprema de Justicia que designe una terna para un Fiscal ad hoc. Que será para ese caso; pero no para las dos cuestionadas muertes, ni lo que sobre venga a la omisión al deber de renunciar y /o a otros asuntillos pendientes…
Pero que solución existe entonces que no sea diferente a que el movimiento popular y en particular las asociaciones de juristas, los colegios y asociaciones de abogados, los empleados judiciales en ASONAL JUDICIAL exijan la renuncia del actual Fiscal General de Colombia.
SURCOS recibió de parte de la UNA los resultados de una investigación acerca de las pruebas nacionales de bachillerato. Compartimos el comunicado así como el enlace para conocer el informe.
«Con entusiasmo les compartimos un resumen general de la investigación realizada por el equipo de investigadores e investigadoras del Proyecto Perfiles, Dinámicas y Desafíos de la Educación Costarricense 2017-2018 adscrito al INEINA-CIDEA-UNA y titulada: Balance crítico de objetivos, modelo evaluativo, resultados y utilidad de las Pruebas Nacionales de Bachillerato en Educación Media.
Los alcances de la investigación respecto a su incidencia en la política educativa nacional han llegado a ser considerados por el Consejo Superior de Educación como “sumamente importantes y definitorios” en la discusión sobre las Pruebas de Bachillerato (CSE-SG-1150-2018), que este año cumplen 30 años de haber sido reestablecidas en 1988.
En consecuencia y para hacerlo público, tal y como corresponde a toda investigación que se sufraga con recursos estatales, hemos planificado dos estrategias: la primera es la entrega digital de un resumen general a los medios de comunicación, siguiendo los protocolos de la Oficina de Comunicación y la segunda, la presentación académica ampliada del proyecto a la comunidad nacional y universitaria el día martes 27 de noviembre a las 2pm en el auditorio del CIDE y de la cual están cordialmente invitados e invitadas.
El documento que será remitido hoy, lo hemos habilitado mediante un “link” que facilita su descarga en 3 formatos: teléfono celular, “ipad” y computadora, de manera que de asegure su amplia y cómoda difusión. De igual forma, hemos asegurado que el documento cumpla con todas las especificaciones formales y de rigurosidad académica propia de toda investigación científica universitaria».
Saludos cordiales en nombre de todo el equipo de Perfiles.
El próximo 22 y 23 de noviembre se realizará una feria empleo en el Centro de Atención Institucional Ofelia Vincenzi del Complejo Penitenciario La Reforma, que contempla la realización de talleres para la búsqueda de empleo e intercambios entre personas privadas de libertad y empleadores.
Esta actividad estará organizada por el Trabajo Comunal Universitario 707 «Salir del Canazo» de la de Costa Rica.
En esta Feria de Empleo participarán personas privadas de libertad con edades entre los 18 y 25 años, con pronto egreso del sistema penitenciario.
También asistirán pequeñas, medianas y grandes empresas que están interesadas en la contratación de un perfil laboral como los que se encuentran en el CAI Ofelia Vincenzi.
El proyecto apunta a contribuir al diseño e implementación de un protocolo de acompañamiento de egreso de población penal juvenil, que permita detectar necesidades y aportar respuestas en torno a casos específicos, con el fin de fortalecer las condiciones personales y sociales de cara a la desinstitucionalización penitenciaria y a la incorporación a la vida familiar y comunitaria.
Para mayor información puede contactarse con Sergio Salazar, coordinador del proyecto, al correo sersalazar@gmail.com
La interrupción del embarazo por razones de salud es una decisión conjunta entre un equipo de profesionales en medicina y la mujer embarazada, que se enmarca en el disfrute de otros derechos humanos, como la vida, la salud y la no discriminación.
Mediante un pronunciamiento aprobado por el Consejo Universitario, la Universidad de Costa Rica (UCR) instó al Gobierno de la República y al señor presidente, Carlos Alvarado Quesada, a cumplir con la legislación vigente y firmar la norma técnica para la interrupción del embarazo por razones de salud, en concordancia con el artículo 121 del Código Penal, el cual procura salvaguardar la vida y salud de las mujeres y evitar que estas sigan sufriendo violencia, maltrato y crueldad.
De acuerdo con el Órgano Colegiado, esta norma busca identificar las situaciones de riesgo y establecer el procedimiento (plazos e instancias involucradas) para intervenir los embarazos en los casos en que esté en riesgo la salud de la mujer embarazada.
El pronunciamiento de esta casa de estudios superiores rescata el llamado que han hecho el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Humanos para acelerar el proceso de aprobación de un protocolo que permita a la mujer decidir la interrupción del embarazo, cuando la continuación de este supone un riesgo para su vida o una afectación de su salud física o mental.
Adicionalmente, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Centro de Derechos Reproductivos han señalado la pertinencia de que exista una regulación que haga posible la interrupción del embarazo en todos los servicios de salud públicos y privados, para que de esta manera se garantice la atención médica oportuna, de calidad y segura.
La Universidad resaltó que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), no hay vínculo entre la penalización del aborto y la disminución de esta práctica; por el contrario, se evidencia una relación directa con la cantidad de abortos peligrosos realizados, lo cual permite determinar que las leyes restrictivas no previenen o impiden que las mujeres aborten.
Según datos de la OMS, del 2010 al 2014 se practicaron en el mundo aproximadamente 25 millones de abortos peligrosos, que representan alrededor del 45% del total de los abortos llevados a cabo, de los cuales, el 97% se registraron en África, Asia y América Latina.
Con este pronunciamiento, la Universidad de Costa Rica reafirma su compromiso de garantizar el respeto a los derechos humanos y promover el bienestar de la sociedad costarricense.
La Universidad Estatal a Distancia (UNED) organiza para este mes de noviembre, la Feria Institucional de Extensión (FIEx).
Esta Feria se convertirá en la plataforma para que las dependencias de la UNED, que realizan acciones de extensión y acción social, hagan una rendición de cuentas y compartan con todas las personas asistentes el quehacer de la extensión universitaria, vínculo entre la academia y la sociedad.
Los grupos comunales y proyectistas que participan de este tipo de procesos educativos serán en esta ocasión los auténticos protagonistas. De forma gratuita harán partícipes de su aprendizaje y frutos a los visitantes o funcionarios de la UNED, mediante la exposición de proyectos y experiencias del trabajo comunitario. En la Feria además se presentarán actividades artísticas de varios grupos culturales de la UNED, al mismo tiempo se impartirán charlas, talleres y conversatorios.
Los proyectos expuestos en la FIEx responden a distintos programas que contribuyen al desarrollo político, social, económico o cultural de la sociedad, acciones que han generado experiencias de aprendizaje en la sociedad y a la vez realimentan el quehacer académico de la Universidad en un intercambio de saberes.
Sin perder de vista su objetivo principal de divulgar el conocimiento y acercar la extensión a la ciudadanía, la FIEx contará con la participación de 30 expositores, entre ellos estudiantes, líderes comunales, organizaciones comunitarias y unidades académicas que participan o han participado en procesos y proyectos de extensión.
Les recordamos las actividades y expositores de la Feria Institucional de Extensión, de la Dirección de Extensión Universitaria.
Este martes 20 de noviembre en el Centro de Amigos para la Paz, se realizó la conferencia de prensa “Jornada de Solidaridad con Honduras” en la que se explicaron las razones de la Caravana Migrante y la necesidad de acompañar al hermano/a hondureño/a en esta búsqueda de paz.
Asimismo, el pasado 21 de noviembre se realizó una caravana solidaria con Honduras en San José.
Más información:
Ana Cecilia Jiménez Arce, Asociación Costarricense de Derechos Humano, 8706-7100.
Marcela Zamora Cruz, Centro de Amigos para la Paz, 8705-6934 / 2222-1400.
En semanas recientes se habla reiteradamente de la “desaceleración de la economía”, atribuida, con obsesivo y grosero simplismo, a dos factores: el déficit fiscal y la huelga convocada contra el proyecto 20.580 presentado por la administración Alvarado. Propongo en lo que sigue, un examen de estas ideas.
1) ¿En qué se basa esta tesis?
La idea subyacente seguramente nace de ciertas elaboraciones que han dominado la teoría económica neoclásica (o sea: la economía ortodoxa dominante) durante los últimos 40 años, las cuales a su vez beben del trabajo de León Walras en los años setenta del siglo XIX. En su versión “moderna” ha recibido el nombre de “hipótesis de las expectativas racionales”, pomposa sobre todo por el artificioso aparato matemático que la acompaña, aunque de paupérrima significación económica.
Esta teoría nos habla de unos tales “agentes económicos”, especie de alienígenas híper-racionales, con la capacidad de una supercomputadora para manejar y procesar información. Dominan con gran propiedad todos los asuntos relativos al problema fiscal, y toman sus decisiones con base en cálculos precisos e instantáneos. Me refiero a decisiones en materia de compras de consumo por parte de las familias, y sobre inversión (plantas productivas, maquinaria, tractores, etc.) por parte de las empresas. Y como tienen clarísimo que la situación fiscal anda que “mírame y no me toqués”, deciden frenar sus gastos de consumo e inversión, lo cual provoca que la economía se “desacelere”.
Lo cierto es que todo lo antes dicho tendría un pringue de sentido –pero solo eso– en el contexto de la situación, muy peculiar y calificada, de los últimos dos meses, visto que la huelga sacó el debate fiscal de las paredes de la Asamblea Legislativa y lo acercó a un público más amplio, y en virtud de los mensajes catastrofistas y las amenazas muy gruesas que, en metralleta descontrolada, nos lanzan las más altas autoridades del gobierno, incluido el propio Carlos Alvarado. Claro que eso ha suscitado un ambiente de nerviosismo, que ha afectado incluso el comportamiento del dólar y podría agudizar la “desaceleración”. Pero la “desaceleración” no empezó con la huelga en septiembre, sino que viene de mucho más atrás. Y aunque se contestase entonces que el problema fiscal también viene “de mucho atrás”, conservaría plena validez la duda fundamental que suscitan los supuestos –delirantes y alucinados– de racionalidad y capacidad de manejo de información que se le atribuyen a los alienígenas “agentes económicos” de la teoría.
Incluso en el tiempo transcurrido después de la convocatoria a huelga (septiembre a la fecha), y en medio de un ambiente sociopolítico tan incandescente, para las amplias capas de clase trabajadora, el asunto sigue siendo una cuestión lejana y básicamente incomprensible. Y aunque entre los sectores medios hay más interés, no necesariamente hay mejor comprensión; posiblemente reaccionan al problema, pero sin mayor claridad acerca de sus implicaciones. Sencillamente es falso que la gente se comporte como esta desatinada teoría quiere hacernos creer. Sin duda, las causas de la «desaceleración» de la economía son otras, cuyo análisis omito en este artículo para no extenderlo en exceso.
Las dos autoridades económicas más poderosas.
2) El déficit fiscal y el “enclochamiento” de la economía
Una mirada panorámica a los últimos diez años –desde el impacto de la crisis económica mundial en 2009 y en los años sucesivos hasta este momento– muestra que el crecimiento de la economía tica ha estado jalado fundamentalmente por el consumo privado, o sea, las compras de consumo de la gente.
¿De qué se alimenta ese consumo? No de los salarios del sector privado, cuyo poder adquisitivo no ha tenido mejora alguna a lo largo de estos años. Resulta, pues, que el factor principal es el crédito, por lo tanto el endeudamiento de personas y familias. Baste remitirse a los datos sobre la evolución del crédito del sistema financiero para constatarlo, pero sin olvidar que las estadísticas disponibles no reflejan lo que podríamos llamar “crédito sumergido”, concedido por importadoras de electrodomésticos, “garroteras” u otras posibles fuentes de financiamiento informal.
Sin embargo, a ello debemos sumar un aporte significativo proveniente de los tan denostados y vilipendiados empleados y empleadas del sector público, cuyos salarios promedio son más altos que el sector privado, y sí han tenido una leve mejora de su poder adquisitivo durante este período. De tal modo, y teniendo presente que en el sector público se emplea alrededor del 13-14% de las personas trabajadoras, es posible que éstas sostengan al menos una quinta parte –posiblemente más– de los gastos totales de consumo en la economía.
Esto último –el consumo de las personas trabajadoras empleadas en el sector público– es una fuente importante por medio de la cual el tan satanizado gasto público y el igualmente demonizado déficit fiscal, contribuyen a sostener el consumo y, por lo tanto, el crecimiento de la economía. Súmese el llamado “consumo público” –compra de bienes y servicios por parte de instituciones públicas– más la lamentablemente pequeña cuantía de la inversión en obra pública. En total, el sector público de Costa Rica aportaría alrededor un 35% -posiblemente más– de la demanda total de la economía.
Más allá de las disparatadas elucubraciones de la teoría económica ortodoxa, lo que esto significa se entendería muy claramente en caso de que se cumpliesen las amenazas del gobierno de Carlos Alvarado de no pagar aguinaldos a empleados y empleadas públicas. Si así lo hicieran, de fijo veríamos al comercio bufando furiosamente, porque sus ventas caerían en picado.
3) ¿Que la actividad empresarial está afectada por expectativas?
Sí, es cierto. De hecho, como con tanta agudeza lo hacía ver Keynes en la Teoría General, esas expectativas tienden a reforzarse entre sí: unas personas intentan adivinar el estado de ánimo de la otra gente, dando lugar a una especie de “efecto imitación”: cuando todo el mundo está pesimista (u optimista), se vuelve prácticamente obligatorio compartir ese pesimismo (u optimismo). Y, por supuesto, no es descartable que el ambiente crispado generado en las últimas semanas alrededor del problema fiscal –sobre todo por el discurso catastrofista con que el gobierno nos asedia– haya afectado esas expectativas, por lo menos las de grupos de poder económico poderosos y bien informados. Pero ese es, como he hecho ver, un fenómeno reciente y muy acotado. Con anterioridad, lo fiscal si acaso atraía la atención de una élite muy reducida. Absurdo pretender que ello impactase significativamente las expectativas empresariales ni menos las de la gente de a pie.
En cambio, el efecto positivo sobre la demanda, proveniente del gasto público es un hecho objetivo, que se hace tangible en las ventas de las empresas, y, por lo tanto, sostiene sus expectativas en terreno más o menos positivo, cuando muchos otros factores (incluso la sobrevaloración del tipo de cambio o las altísimas tasas de interés sobre los créditos bancarios), impactan en sentido negativo.
En otras palabras: durante los últimos diez años, el gasto público y el déficit fiscal han puesto una especie de piso mínimo para sostener el crecimiento de la economía. De otra manera, es bien posible que se hubiese hundido a terrenos cercanos al cero.
El Tribunal de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, en sentencia n° 443 de las quince horas del 16 de noviembre de 2018 (hecha pública hoy lunes 19 de noviembre), ANULÓ la sentencia de primera instancia que declaraba ilegal la huelga contra el Combo Fiscal en el sector educación, dejando si efectos esta primera sentencia.
Con este fallo “se anula la sentencia del Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José N° 2018-1980 de las 10:25 horas del 9 de octubre de 2018. Debe el juzgado de instancia proceder, sin mayor demora, a resolver las omisiones apuntadas al momento en que dicte la nueva resolución de fondo.
La anulación de esta sentencia es un triunfo para el Magisterio nacional y toda la clase trabajadora, por cuanto deja sin efectos una primera sentencia que carecía de fundamento para determinar la ilegalidad, por lo que de nuevo nuestro movimiento se cubre de presunción de legalidad.
Mélida Cedeño Castro
Presidenta
Roblin Apú Murillo
Secretario General
*Imagen ilustrativa tomada de nota: Foro La posición de los medios ante la actual huelga nacional
La Universidad de Costa Rica Sede Regional de Guanacaste, tiene el placer de invitarles al Sétimo Congreso Centroamericano de Estudios Culturales, dicho evento se realizará del 21 al 23 de agosto de 2019.
Este congreso tiene como objetivo plantear un panorama crítico en torno a los problemas de las nuevas teorizaciones y metodologías sobre y desde el campo de la producción cultural. Así mismo, incentivar el estudio de los procesos de producción, mediación y recepción de las relaciones entre la cultura, las artes, la literatura y los medios de comunicación.
También habrá un espacio para que docentes, estudiantes y quienes realizan investigación expongan sus trabajos. Algunos ejes de interés son:
Políticas culturales
Teorizaciones y metodologías sobre estudios culturales
