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Autor: María José Ferlini Cartín

Jornada 4/3 ¿Una nueva forma de organizar el tiempo de trabajo?

Instituto Sindical de Formación Democrática

ISFODE

Introducción

¿En qué consisten las jornadas 4/3?

La jornada laboral 4/3 es un esquema en el que las personas trabajadoras laboran cuatro días consecutivos y descansan tres días seguidos. Generalmente se mantienen las 40 a 48 horas semanales concentradas en menos días, lo que implica jornadas más largas por día (10 a 12 horas).

¿Cuál es el fundamento legal?

En muchos países, la jornada ordinaria está limitada por leyes laborales que regulan tanto las horas diarias como semanales. En Costa Rica, el Código de Trabajo establece límites claros:

• 8 horas diarias y 48 semanales (jornada diurna).

• 6 horas diarias y 36 semanales (jornada nocturna).

Modificar estos esquemas requiere reforma legal o autorización excepcional.

¿Tiene razón económica para aplicarse?

Las empresas alegan que este modelo:

• Reduce costos de operación (menos días abiertos).

• Mejora la productividad concentrando esfuerzos.

• Disminuye ausentismo y mejora el balance vida-trabajo.

Sin embargo, hay dudas sobre:

• Impacto en salud por jornadas largas.

• Aumento del riesgo laboral.

• Erosión de derechos si no hay control efectivo.

¿Cuáles son las experiencias en otros países?

• Islandia probó jornadas reducidas con éxito, sin bajar salarios.

• Chile, México y Colombia discuten o aplican esquemas 4/3 en sectores específicos.

• En muchos países desarrollados, hay ensayos de semana laboral de 4 días, pero con menos horas totales, no con concentración de horas.

Jornadas 4/3 en Costa Rica

¿Legalmente se puede aplicar actualmente la jornada 4/3?

Actualmente no es legal bajo el marco del Código de Trabajo. Para aplicarse, requiere una reforma que modifique los límites máximos de jornada diaria y establezca nuevas reglas de compensación.

¿En la práctica se lleva a cabo?

Sí. En algunos sectores como:

• Call centers

• Zonas francas

• Vigilancia y seguridad

Se aplican de forma informal o mediante acuerdos internos, a veces sin cumplir los requisitos legales o sin supervisión del MTSS.

Un proyecto en discusión

Hay una propuesta legislativa que busca regular la jornada 4/3:

• Establecer hasta 12 horas diarias de jornada.

• Garantizar el pago de horas extra si se supera la jornada ordinaria semanal.

• Ajustes para sectores como salud, comercio y tecnología.

Lo legal, económico y político del proyecto

• Legal: flexibiliza el régimen laboral, requiere modificar el Código.

• Económico: apoya la competitividad empresarial, pero puede generar precariedad.

• Político: es impulsado por sectores empresariales; cuestionado por sindicatos, la academia y organismos de derechos laborales.

¿Qué piensan los trabajadores?

• Algunos valoran los tres días de descanso, especialmente si tienen doble jornada (trabajo-cuidado).

• Otros temen sobrecarga física y mental, pérdida de ingresos por horas extra y menor protección sindical.

• Hay demanda por participación en la discusión, no solo como receptores de decisiones.

La OIT y la regulación internacional

• La OIT no promueve jornadas prolongadas: aboga por la reducción del tiempo de trabajo sin pérdida de salario.

• Recomienda que cualquier cambio sea tripartito, voluntario y evaluado regularmente.

• el derecho al descanso y a la desconexión es parte del trabajo decente.

Conclusiones

• La jornada 4/3 modifica profundamente la organización del trabajo y requiere debate informado.

• Puede tener ventajas si se garantiza voluntariedad, supervisión estatal y derechos laborales plenos.

• Su implementación en Costa Rica no es legal hoy sin reforma.

• La experiencia comparada demuestra que el éxito depende del contexto y del control de riesgos.

• Es clave escuchar a las personas trabajadoras y sindicatos, así como considerar las normas internacionales.

• No se trata solo de tiempo, sino de calidad de vida, salud, equidad y justicia.

San José, 19 mayo 2025

UCR, Voz experta: El mestizaje como base de la diversidad cultural costarricense

Por: Dra María de los Ángeles Acuña León, especialista en historia

En la historia de Costa Rica se investiga y reconoce la diversidad cultural que ha sido y se sigue construyendo en el transcurso de los siglos pasados, pero también en los años recientes y presentes. En el centro de esta riqueza cultural se encuentra el mestizaje, ese proceso complejo y continuo que ha dado forma a la genética e identidad costarricense. Gracias al mestizaje se mezclaron los modos de vida, las creencias, las tradiciones, las costumbres, los genes de nuestros ancestros indígenas, de los africanos y de los españoles que llegaron a esta tierra. En este contexto y durante el período colonial surgieron en primer lugar los mulatos, los mestizos, los zambos, pero también sus descendientes producto de la mezcla de las mezclas. Legados que en la coexistencia diaria se fueron fusionando, transformando e instaurando continuidades a lo largo de la historia de nuestro país, en esa innegable honda y complicada relación entre mestizaje y diversidad cultural y su fundamental interconexión histórica y social. 

El ecúmene ocupado por los españoles en la provincia de Costa Rica durante el período colonial corresponde al Valle Central y los valles de Esparza, Bagaces y Matina; fue en estos lugares donde los españoles se asentaron y formaron sus ciudades y poblados. La población indígena se ubicó en unos pocos pueblos ubicados en el Valle Central, sin embargo, un número importante permaneció en tierras de frontera: Talamanca y Guatuso.

Mientras que, durante el siglo XVII, se presentó un patrón de asentamiento disperso ya para el siglo XVIII se presentaron cambios importantes en la manera de establecer poblados, junto a las viejas ciudades españolas Cartago (1564), Esparza (1577) y los pueblos de indios (1575), surgieron pequeños centros de población, conocidos como villas nuevas, a saber Heredia (1734, Villa Vieja)  San José (1737, Villa Nueva), Alajuela (1796, Villa Hermosa) Ujarrás (1700) y Escazú (1796). Estas se formaron por el aumento en la densidad de la población y fueron habitadas por los nuevos sectores que emergieron en la sociedad colonial: los hijos del mestizaje, una progenie consecuencia de la convivencia de diferentes pueblos y culturas.

De ahí que, en el caso costarricense el siglo XVIII se considera como el siglo de los mestizajes; sus protagonistas fueron hombres y mujeres que se relacionaron en los campos y en las ciudades, entre sí y con los otros grupos de la sociedad, vinculados por lazos de sangre, redes sociales y vínculos culturales. El mestizaje se constituyó en un rasgo característico no sólo de la sociedad colonial costarricense de ayer, sino también de la sociedad contemporánea de hoy, donde la diversidad cultural, el dialogo intercultural y la inclusión son fundamentales.

Por tanto, fue en el siglo XVIII cuando surgió una nueva dinámica, el proceso de mestizaje tuvo un impacto transcendental en la configuración de la sociedad costarricense del momento, la cual emergió con un carácter multiétnico y pluricultural. Se incrementó la población de orígenes mixtos, a través de los mecanismos primarios del mestizaje, la endogamia, la exogamia, la legitimidad y la ilegitimidad, lo que influyó en los patrones de poblamiento, de composición étnica, cultural y de sociabilidad. Pero también significó la fusión de prácticas, de lenguajes, de costumbres, de creencias, siendo también ese mestizaje producto y productor de la diversidad cultural.

La población de Costa Rica durante el período colonial se mantuvo en ascenso, los españoles siempre en incremento y los indígenas bastante reducidos presentaron fluctuaciones en el desarrollo de los siglos coloniales. Los grupos de mezclados experimentaron un crecimiento continuo, entre los individuos producto del mestizaje inicial, son los mulatos los que presentan mayor presencia en los siglos XVI y XVII lo que les permitirá, constituirse en la base de los individuos clasificados como mezclados, ya sean clasificados indistintamente como mestizos o mulatos en el siglo XVIII.

En Costa Rica colonial las ciudades, las villasnuevas y otros pueblos, fueron los centros del crecimiento y fortalecimiento de las poblaciones de sangre mezclada y el escenario para el surgimiento de la diversidad cultural. Allí los diferentes grupos étnicos se interrelacionaron día a día y fueron construyendo una nueva situación, una sociedad multiétnica y una identidad cultural heterogénea que amplio y dio continuidad a la diversidad en ese contexto y período histórico.                 

En las viejas ciudades españolas, el mestizaje transformó el perfil y número de sus habitantes, las otras ciudades españolas de Cartago y Esparza, se vieron convertidas la primera en una ciudad de mayoría mezclada, imperando los mezclados, la segunda en una población mayoritariamente mulata.

Cartago, por su carácter de capital y núcleo urbano más importante de la Costa Rica colonial registro el mayor número de pobladores, albergó por tanto a toda la gama de individuos de diversos orígenes, etnias y culturas, ya para el siglo XVIII, los mestizos fueron los habitantes más numerosos en la ciudad de Cartago, seguidos por los mulatos libres, los españoles, luego los afrodescendientes en condición esclava, los indígenas en sus calidades de tributarios y naborías, los negros libres y los zambos. Por tanto, la ciudad-capital en el proceso de construcción de los mestizajes y recomposición de la sociedad colonial emergió, en el período colonial, como una población de orígenes mixtos, tanto biológica como culturalmente. Hoy en día reconocida como la cuna de la historia, la genealogía, la identidad y la diversidad cultural de los costarricenses.

Esparza, ciudad colonial que surgió del traslado de la predecesora ciudad de Aranjuez y en función del puerto de la Caldera, se mantuvo como sede administrativa de la zona comprendida entre los Ríos Tárcoles y Tempisque. En la zona adyacente a la ciudad hacia 1715 se construyeron dos ermitas, una dedicada a San José y la otra a Nuestra Señora de la Concepción, fueron origen de los asentamientos de Bagaces y Cañas, aquí surgió la hacienda ganadera como la unidad económica que dinamizó la región, donde vivieron algunos españoles, pocos indígenas, una mayoría de mulatos y otros afrodescendientes, dándole una especificidad étnica, cultural y de paisaje que aún perdura.

Pero las villasnuevas, Heredia, San José, Alajuela, Ujarrás y Escazú sin excepción, fueron por excelencia el universo de los mezclados. Presentaron sus variaciones, pero en su mayoría sus poblaciones fueron mestizas, con números importantes de españoles y una cantidad considerable de mulatos que engrosaron las filas de los mezclados. Estas villas fueron producto del proceso de migración de la población mixta artesana-campesina hacia la sección occidental del Valle Central o del repoblamiento ante el descenso de la población indígena. Además, fueron el escenario donde las distintas etnias, las variadas raíces culturales, las formas de vida convivieron y se reinterpretaron constantemente.

Pero también fueron reflejo de la relación entre el mestizaje y la diversidad cultural, en el fortalecimiento de una pluralidad cultural muy definida que se percibe y vive en especificidades, como la música, la gastronomía, el arte, los léxicos, las tradiciones, las festividades de las diferentes regiones que componen a la Costa Rica actual.

En Costa Rica el mundo colonial se materializó pleno de contrastes y distinciones entre los diversos individuos y grupos que lo constituyeron, un mestizaje y una diversidad cultural que con el paso de los siglos se amplió y fortaleció con la posterior llegada de inmigrantes de diversas partes del mundo como China, Italia, Alemania, Jamaica y otras islas del Caribe, Panamá, India, Líbano, Chile, Perú, Argentina, Brasil entre muchos otros.

Podemos concluir que ese mestizaje de los siglos coloniales y siguientes ha sido la base de la diversidad étnica y cultural costarricense. Donde el reconocimiento de esa herencia multi y pluri es clave para entender y mantener una sociedad más inclusiva donde se respete y reconozca esa amalgama de fusiones biológicas, sociales y culturales que nos constituyen y representan.

María de los Ángeles Acuña León
Experta en historia e investigadora jubilada del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas (CIICLA)

Centrales sindicales rechazan proyecto de jornadas 4×3 y solicitan intervención de la OIT

Cuatro centrales sindicales de Costa Rica manifestaron su rechazo al proyecto de ley sobre jornadas laborales 4×3 impulsado por la administración Chaves Robles, y solicitaron formalmente la intervención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) mediante una carta abierta.

La Confederación de Trabajadores Unidad en la Acción Sindical (UAS), la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos (CCTD) y la Central General de Trabajadores (CGT-Costa Rica) emitieron un comunicado conjunto en el que denuncian que el proyecto, identificado como expediente 24.290, representa «un retroceso y una clara desmejora de las conquistas históricas de la clase trabajadora».

Según expresan las organizaciones sindicales, el gobierno intentó aprobar este proyecto el 19 de mayo mediante el mecanismo de vía rápida en la Asamblea Legislativa, pero no tuvo éxito. La iniciativa pretende implementar una jornada laboral de 12 horas diarias durante cuatro días a la semana.

En el comunicado, las centrales sindicales destacan la decisión de la Asamblea de negar la vía rápida y exigen el rechazo total de este proyecto. «Afectaría negativamente la salud, seguridad y el equilibrio entre la vida laboral y familiar de los costarricenses», señala el documento, indicando que fue desarrollado sin considerar las necesidades y realidades de las personas trabajadoras del país.

Entre las razones de oposición al proyecto, las organizaciones mencionan:

  • El aumento del riesgo de enfermedades y accidentes laborales con jornadas de 12 horas

  • La contradicción con políticas de países miembros de la OCDE que promueven la reducción de jornadas laborales

  • El impacto económico negativo en la productividad según especialistas del Observatorio Económico y Social de la UNA

  • La discriminación hacia mujeres y familias trabajadoras

  • El retroceso en el avance educativo de quienes trabajan y estudian

  • La ausencia de diálogo social en la formulación del proyecto

Paralelamente, las mismas organizaciones enviaron una carta abierta a Eliel Hasson Nisis, director de la Oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, expresando su preocupación por la propuesta de ampliación de la jornada laboral.

En la misiva, las confederaciones sindicales indican que la medida «coloca en grave riesgo los derechos fundamentales de la clase trabajadora costarricense y retrocede más de un siglo las conquistas históricas derivadas de la lucha sindical obrera».

Las organizaciones recuerdan que desde la adopción del Convenio N°1 de la OIT en 1919, el principio de la limitación de la jornada laboral ha sido reconocido como un pilar del derecho internacional y solicitan un pronunciamiento público del organismo tripartito sobre esta situación.

«La sociedad costarricense espera de la OIT una posición clara en defensa de los derechos laborales, alineada con los convenios internacionales y con el principio de trabajo digno y equitativo enmarcado dentro del concepto de Trabajo Decente», concluye la carta.

Más de 100 organizaciones rechazan proyecto de ley de aguas y alertan sobre sus consecuencias políticas y ambientales

  • Recuerdan a los diputados el costo electoral de legislar en contra del ambiente y las comunidades

  • Exigen que la Asamblea Legislativa se abstenga de aprobar el proyecto

Una amplia y diversa coalición de más de 100 organizaciones sociales, comunitarias, indígenas, ASADAS, académicas y de múltiples sectores expresa su profunda preocupación por el avance del proyecto de Ley Marco para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (Expediente 23.511), actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa.

Para las organizaciones firmantes, este proyecto representa un serio retroceso en materia ambiental y social. Señalan que “en lugar de modernizar la legislación para promover una gestión justa, democrática y ecológica del agua, el texto actual abre peligrosos portillos que facilitan su explotación desmedida, en beneficio del sector extractivista”.

Las organizaciones advierten a las y los diputados que aprobar esta ley acarreará consecuencias políticas en los próximos comicios:

“Haremos visible su responsabilidad. No permitiremos que se entreguen nuestros bienes hídricos a los intereses agroindustriales, inmobiliarios y de la construcción. Les vamos a aguar la fiesta”.

Uno de los puntos más críticos del proyecto es la posibilidad de reducir las zonas de protección alrededor de nacientes y acuíferos, sin garantías mínimas ni estudios técnicos previos. La Procuraduría General de la República (PGR-OJ-095-2023) advirtió que esta disposición viola el principio precautorio y constituye una regresión ambiental.

Un ejemplo alarmante se da en la Zona Norte de Cartago, donde nacientes que abastecen a más de 50 mil personas presentan niveles de contaminación por clorotalonil degradado superiores a los permitidos. En lugar de tomar medidas para proteger estas fuentes, el gobierno elevó ilegalmente los límites permitidos. Según el AyA, el 80% del área de protección de esas nacientes está invadido: 44% por agricultura intensiva, 33% por pastos, 3% por infraestructura, y solo un 20% conserva cobertura forestal (UEN-GA-2024-00175).

El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea (AL-DEST-CIV-0026- 2025) también advirtió que las reducciones propuestas en zonas de protección podrían provocar fragmentación del bosque, pérdida de biodiversidad, alteraciones del ciclo hidrológico y mayor vulnerabilidad ante fenómenos climáticos extremos.

El proyecto, además, deja temas clave —como el otorgamiento de concesiones, el caudal ecológico y la participación ciudadana— sujetos a reglamentación futura, sin garantías en el texto legal. Esto debilita el control ciudadano y limita la participación de comunidades rurales, costeras e indígenas.

Otro punto crítico es que se permitiría a desarrollos inmobiliarios, como condominios turísticos, perforar pozos propios si el AyA declara falta de disponibilidad, sin distinguir entre proyectos comunitarios y grandes emprendimientos privados. Esta medida puede generar desplazamientos, turismo descontrolado y graves impactos ecosistémicos, especialmente en zonas costeras.

También se plantea una amnistía general para legalizar pozos ilegales, sin estudios técnicos ni revisión de impacto, lo que premia la ilegalidad y compromete la sostenibilidad de los acuíferos.

Además, el proyecto no delimita claramente las competencias de las instituciones involucradas en la gestión del agua (MINAE, Ministerio de Salud, AyA, SENARA, municipalidades, ASADAS), lo que puede generar conflictos, descoordinación y vacíos de responsabilidad.

Aunque se menciona el cambio climático, no se establecen obligaciones concretas ni mecanismos eficaces para garantizar la adaptación, la protección de ecosistemas o una planificación hídrica con enfoque climático.

Frente a esta situación, las organizaciones firmantes hacen un llamado urgente a la Asamblea Legislativa:

Exigimos que se abstengan de aprobar este proyecto de ley. Antes de avanzar, es indispensable determinar si vulnera la Constitución y el derecho humano al agua. No se puede legislar a espaldas del pueblo y del ambiente”.

Las organizaciones firmantes: Alianza por la Defensa del Agua – Puntarenas, Amigos de los Árboles, Asada Guacimal Puntarenas, Asada San Miguel, Asada San Miguel de Cañas, Asoc. PROAL/Proyectos Alternativos, Asociación Civil Pro Natura, Asociación de Estudiantes de Biología UCR, Asociación de Indígenas de Sixaola Ngäbe (ATIGUSI), Asociación de Mujeres Artesanas de Santa Elena, Asociación de mujeres Meri Dirikä (Mujeres lideresas Ngäbe de Sixaola), Asociación de Progreso Barranca, Asociación de Siquirres, Asociación de Turismo Rural de Santa Elena de Pital, Asociación Ecologista Nido de Halcón, Asociación Ojo de Agua Legado Ancestral, Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), Asociación Pro Guanacaste Integrado, Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad, Asociación Regenerativa Matzù Insigne, Asociación Sindical Costarricense de Empleados de Telecomunicaciones y Electricidad, ASOOSTRAS Judas de Chomes, AGLOCAM Logística, Bloqueazul, Bloqueverde, Buen Vivir-Costa Rica, Casa AIKO, Meleruk, Talamanca, COECOCEIBA-Amigos de la Tierra Costa Rica, Colectiva por el Derecho a Decidir CR, Colectivo Agroecológico Campo Alegre, Colectivo Agroecológico Zurquí, Colectivo Ecologista Liberiano, Colectivo Trueque, Comisión Alianza Comunal del Corredor Biológico Paso de la Danta., Comité de vecinos Boquerón, Comité de vecinos Boquerón Abajo, Comité Punta Pelencho, Comunidad de Barrio el llano, Pérez Zeledón, Comunidad de Yerbabuena, La Unión., Concejal de Distrito, Sabanilla de Montes de Oca, CONCEVERDE Colectivo Ciudadano de San Rafael de Heredia, Confederación Unitaria de Trabajadores, Confraternidad Guanacasteca, Coordinadora por la Liberación Animal, Costa Rica por el Océano, Covirenas Caribe Sur, Defensores de la Casa Común, Eco Cipreses, Eco Vida ., Ecolur Compostaje Doméstico, Esparzol, Federación costarricense para la conservación de la naturaleza (FECON), Festival Madre Monte Longo Mai, Foro Político Filosófico Agenda Verde, Frente de Resistencia Animal y de la Tierra, Frente Ecologista Universitario (FECOU), Frente Nacional de Lucha, Fundación Caracara, Fundación CODEHMA, Fundación Orgánica, Fundación Suwo Di, Fundación TAIS, GreenWolf, Hatillo 4 Sur Organizado, Horizonte DEI, Junta de Salud de Sarchi, La Gallada del Golfo Dulce, Montaña Verde, Movimiento Cahuita Unida, Movimiento Costarricense de Solidaridad con Palestina, Movimiento de Resistencia y Formación, Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC, Movimiento Ríos Vivos, Longo Mai de Volcán de Buenos Aires, Movimiento Salvemos la Loma Salitral, Mujeres apoyando a Lucy y doña Digna, Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (Musade), Observatorio Ciudadano del Agua Quebrada Barreal, Observatorio Ciudadano del Agua Río 3 Amigos, Observatorio Ciudadano del Agua Río Agualote, Observatorio Ciudadano del Agua Río Cañas Aserrí. /Desamparados, Oilwatch Costa Rica, PIAPIAS: Comunicación Popular y Educación Antiespecista, Preserve Planet, Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes del Programa Kioscos Socioambientales UCR, Proyecto Movimientos Socioambientales del Caribe Sur de Costa Rica de Kioscos Socioambientales, Radio Machete, Red de Agroecología Costa Rica, Ríos Vivos, Sindicato de Trabajadores Bröran del Agro, Artesanos y Gestores de la Cultura Crün Shürin (STABRÖCS), Talamanca Siempre Verde, UNAPROA, Unidos por el Agua, Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa, Yunta Agroecológica de Mujeres.

Las personas firmantes: Alejandra Sandi Retana, Alfredo Jiménez Montero, Alix guerrero morales, Álvaro Fernández González, Amanda Carballo Córdoba, Amanda Gutiérrez Rodríguez, Ana Fonseca Moya, Ana Ligia Sanchez Rojas, Ana Tristán Sánchez, Ana yancy galagarza, Andrea Mora Villegas, Andriana Jiménez Marin, Antonio Castiglioni Espinoza, Ariana Gómez López, Ariana Lizeth Coca Barrera, Ariel Vindas Núñez, Ariela Álvarez arguedas, Arturo Carballo Madrigal, Bärbel Passeyer, Brenda Briceño González, Bruno de Jesús Coto Barboza, Carlos Alberto Mayorga Martinez, Carmen Díaz Castro, Carmen Luisa Madrigal Jirón, Catalina Carrillo Vargas, César Augusto Gómez Calderón, Christoph Burkard, Comite de vecinos Boqueron Abajo, Craig Schieber, Dafne Araya Vega, Daniel Moraga León, Daniela María Salas Monge, Dany Villalobos, Darío Antonio Rojas Venegas, David Villalobos Villalobos, Davide Giannotti, Dayana Rojas Venegas, Diana Mejías Villalobos, Diego Alfonso Amey Fonseca, Donel Alvarado Zapata, Dylan Zúñiga Villalobos, Eduardo Gardela Ramírez, Elber Alberto Solano Monge, Enid Cruz Ramírez, Escarleth Rodríguez Solano, Estrella Venegas Zamora, Fabián Arias Solano, Fanny Calvo Aguilar, Federico Campos Mora, Fiorella Biolley Solano, Freddy Alexander Peña Chavarría, Gabriel Delgado Álvarez, Gabriela Pérez Quintanilla, Gaus Monge Mora, Génesis Rojas Cruz, Gina Borrero, Giovanni Brenes, Greivin Núñez Mendoza, Guisell Duran Perez, Hannya leiton Zúñiga, Héctor González Pacheco,, Heidy Córdoba Guido, Ingrid Rodriguez Wolter, Isabel Méndez Garita, Italo Fera Fallas, Ivonne Jackelen, Jeff Hernández Castro, Jeremy Valverde Jiménez, Jorge Corrales Alpízar, Jorge Segura Ramírez, Jorge Sibas Vega, José Antonio Mora Calderón, Jose Coimbra, José Manuel Cerdas Albertazzi, José Pablo Zárate Montero, Juan Pablo Gutiérrez García, Juan Solano, Karen Fallas Corrales, Karen Romero Castro, Karla Ann Koll, Karla Borbón Meneses, Karla Milena Picado Valverde, Katherine Barquero Carrillo, Kattya Rodríguez Alfaro, Kenneth Alfaro Alvarado, Laura Carolina Garrigues Herrera, Laura Yuré Calvo Santana, Ligia Barrantes Cartin, Lucía Mahlich Barreto, Luis Diego Marín Schumacher, Luis Gabriel Coronado, Luis gustavo Moraga Rodríguez, Luis José López Miranda, Luz María Romero Miño, Madeline Kiser, Manuel Palacios Baker, Marcos Benicio Jimenez Montezuma, Maria Celeste Quesada Valverde, María Chaves Villalobos, Maria Daniela Chaves Mendoza, María del Rocío Chamorro Tasies, Maria Delgado Cordero, María Eugenia Delgado Marín, María Fernanda Chaves Rodríguez, María Fernanda Oviedo Zúñiga, María Gabriela Hernández López, Maria Hernandez, María Laura Gutiérrez García, María Soto Barrientos, María Trejos Montero, Mariana Porras Rozas, Mariana Taylor Retana, Marianela Quesada Navarro, Mario jose suazo palma, Marta Castro, Marvin Varela Solano, Maureen Leal Mora, Mauren Ramírez Carballo, Mauricio Alvarez Mora, Maylin Karlson Flores, Me uno a la defensa por El Agua = La Vida, Melanny Delgado Cordero, Melissa Céspedes Alvarado, Melvin Solis Blanco, Millaray Villalobos Rojas, Minor López, Miriam Valle Gutiérrez, Mónica Escalante Casco, Mónica Solís Ugalde, Movimiento de Resistencia y Formación, Nahomy Solís Cruz, Nancy Mendoza Diaz, Natalia Solano Corrales, Natalia Solís Rojas, NICOLAS MORALES LORIA, Noemi Canet, Orlando Barrantes Cartín, Orlando Castro Quesada, Oscar Beita Quesada, Osvaldo Durán Castro, Paola Carrillo Molina, Pascal Girot Pignot, Paulino Najera Rivera, Peggy Chamorro, Priscilla Rojas Alvarado, Rafael Villegas mayorga, Raquel Berrocal Sibaja, Raquel sagot, Rebeca Montero Castro, Ronulfo Morera Vargas, Rosa Cordero Guzman, Rosi Naranjo Segura, Ross Salazar Vargas, Roxana Gómez Zúñiga, Ruth Sancho Matamoros, Samantha Obaldia Calderón, Sandra Candela Restrepo, Seidy Boniche Reyes, Sergio Ortíz Pérez, Sofía Gutiérrez Rodríguez, Sofía Martorell Esquivel, Stefanny Castro Ramirez, Stefano Silvestri, Stephanie Rojas Merlo, Susan Barrantes Acevedo, Tamara Borrero, Thalia jimenez Tomas, Ulises Chavarría Chevez, Verónica Castro Ramírez, Virginia Murillo Murillo, Walter Benavides, Yendry Martínez Rivera, Yoel Buitrago

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Entre el abandono y la humillación: la grave situación de salud que enfrentan los pueblos indígenas en Talamanca

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Por Colectivo Antonio Saldaña
Colaboración especial para el Observatorio de Bienes Comunes

A pesar de los múltiples marcos normativos nacionales e internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades originarias de Talamanca continúan enfrentando condiciones inaceptables en el acceso a la salud. Lo que debería ser un derecho humano garantizado se convierte día a día en un camino de sufrimiento, desprotección y maltrato institucional.

El Convenio 169 de la OIT, ratificado por Costa Rica, establece que los servicios de salud para los pueblos indígenas deben tomar en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales. Sin embargo, en la práctica, estas condiciones son ignoradas sistemáticamente.

Imagen: Estas son las condiciones de las vías de comunicación utilizadas para salir y llegar a los puestos de salud, lo cual influye directamente en el acceso a los servicios médicos, especialmente en situaciones de emergencia.

Un sistema que margina

En los territorios indígenas de Talamanca, muchas personas deben recorrer hasta 8 kilómetros o más para llegar al EBAIS más cercano. Sin embargo, estos centros de atención no cuentan con servicios especializados como pediatría, ginecología ni equipos de rayos X. En casos más complejos, las personas deben trasladarse al hospital de Valle La Estrella o al hospital Tony Facio en Limón, lo que representa distancias de más de 80 o 100 km. En escenarios aún más graves, el traslado se extiende hasta los hospitales centrales en San José, con todos los costos, tiempos y dificultades que esto implica. Esta situación obliga a realizar múltiples viajes para tratar un solo padecimiento, lo cual vulnera profundamente el derecho a la salud de estas comunidades.

La situación se agrava porque muchos EBAIS no cuentan con ambulancias y, en casos de emergencia, el traslado puede tomar horas. Durante este tiempo, las personas indígenas sufren dolor, angustia y, muchas veces, la indiferencia del personal de salud.

Deshumanización institucional

Uno de los aspectos más dolorosos señalados por el Colectivo Antonio Saldaña es el trato deshumanizante que muchas veces reciben por parte del personal médico, especialmente en el hospital de Limón. A pesar de su formación profesional, señalan que la sensibilidad humana brilla por su ausencia. La pérdida de una cita puede dar pie a gritos y humillaciones, mientras que el sufrimiento en urgencias se enfrenta con indiferencia, largas esperas y desatención.

Un sistema que no comprende ni respeta

Además del abandono físico, existe una violencia burocrática e institucional. El sistema SINIRUBE (Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado) descalifica a muchas familias indígenas del acceso a programas sociales, al compararlas con estándares económicos ajenos a su realidad de subsistencia. Esto ocurre sin transparencia ni criterios adecuados.

Por otro lado, la medicina tradicional indígena no es reconocida por el sistema de salud nacional, lo cual representa una forma de colonialismo institucional que invalida saberes ancestrales fundamentales para estas comunidades.

El CONASPI y la promesa incumplida

El Consejo Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas (CONASPI) fue creado por decreto para articular y garantizar un enfoque intercultural en salud. Sin embargo, su inacción ha llevado a que las comunidades lo describen como “un decreto que duerme el sueño de los justos”, sin impacto real.

Anécdotas que duelen

El pasado 1 de mayo de 2025, un niño indígena de 13 años sufrió un accidente en motocicleta mientras era acompañado por un adulto. Sin embargo, el informe oficial indicaba que el menor conducía solo una “bicimoto”, lo que provocó la intervención de instituciones como el PANI, que lejos de proteger, actúan con base en prejuicios y suposiciones fuera de contexto. El caso fue usado, según denuncia el colectivo, para humillar a la familia del menor en lugar de apoyarla.

Un llamado urgente

El artículo 24.2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que los pueblos indígenas deben tener acceso sin discriminación a todos los servicios sociales y de salud. Lo que se vive en Talamanca es una violación sistemática de estos principios.

Desde el Colectivo Antonio Saldaña alzamos la voz por nuestros pueblos. Exigimos una transformación profunda del sistema de salud y de las instituciones del Estado, para que reconozcan la dignidad, la diversidad cultural y los derechos humanos de las comunidades indígenas.

Compromisos del Estado costarricense con el derecho a la salud

Costa Rica ha asumido múltiples compromisos nacionales e internacionales que garantizan el derecho a la salud como un derecho humano fundamental. Estos compromisos obligan al Estado a asegurar que todas las personas, sin discriminación, puedan acceder a servicios de salud adecuados, oportunos y culturalmente pertinentes.

Constitución Política de Costa Rica

El artículo 21 establece que la vida humana es inviolable, y el artículo 50 señala que es deber del Estado procurar el mayor bienestar de todos los habitantes mediante la organización y estímulo de la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, así como la protección de la salud como parte de ese bienestar.

Ley General de Salud (N.º 5395)

Esta ley declara que la salud es un bien de interés público, y establece la responsabilidad del Estado en garantizar condiciones sanitarias adecuadas y en organizar un sistema nacional de salud accesible para toda la población.

Convenio 169 de la OIT

Ratificado por Costa Rica en 1993, este tratado internacional establece que los gobiernos deben garantizar a los pueblos indígenas el acceso a servicios de salud que consideren sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, e integren adecuadamente sus conocimientos y prácticas tradicionales.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Costa Rica ha respaldado esta declaración, cuyo artículo 24 reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a sus medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, así como a acceder, sin discriminación, a todos los servicios sociales y de salud disponibles.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)

Como Estado parte de este pacto, Costa Rica reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y se compromete a tomar medidas concretas para lograr progresivamente su plena realización.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En particular, el ODS 3: Salud y bienestar, compromete a Costa Rica a garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, prestando especial atención a grupos en condición de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas.

Racismo, colonialidad y discriminación: las raíces profundas del abandono

La situación que enfrentan los pueblos indígenas en Talamanca no es solo una crisis de acceso a servicios médicos: es la expresión de una histórica estructura de exclusión y racismo institucional que persiste en Costa Rica, a pesar del discurso oficial de paz, democracia y respeto a los derechos humanos.

Los patrones de desatención que sufren las comunidades indígenas están marcados por una lógica de colonialidad del poder, en la que el conocimiento, las formas de vida y los derechos de los pueblos originarios son subordinados o invalidados por sistemas construidos desde y para una cultura dominante. Esta colonialidad no se expresa únicamente en la omisión de servicios médicos, sino en el desconocimiento sistemático de la medicina tradicional, en la imposición de criterios burocráticos ajenos a sus realidades, y en la falta de formación intercultural del personal médico y administrativo.

El racismo estructural se evidencia cuando el sistema de salud no adapta sus servicios ni sus prácticas a las condiciones territoriales, económicas y culturales de los pueblos indígenas, sino que los obliga a desplazarse largas distancias, a esperar en condiciones inhumanas, y a ser juzgados o humillados por profesionales que actúan desde el prejuicio y la indiferencia.

Asimismo, los mecanismos de control y vigilancia institucional —como SINIRUBE o el accionar del PANI— terminan reforzando estereotipos coloniales que criminalizan o culpabilizan a las familias indígenas por su pobreza o por vivir fuera de los parámetros urbanos del “ciudadano ideal”. Estas formas de discriminación no son errores aislados; son parte de un sistema que sigue tratando a las poblaciones indígenas como sujetos de segunda categoría.

La salud, entendida como un derecho humano integral, solo será posible cuando el Estado reconozca y repare estas desigualdades históricas, y se comprometa con una verdadera descolonización institucional. Esto implica no solo políticas inclusivas, sino un cambio profundo en la ética pública, la formación profesional y la voluntad política, para garantizar el respeto, la dignidad y la autodeterminación de los pueblos originarios.

Una voz que resiste: el papel del Colectivo Antonio Saldaña en la defensa de la dignidad indígena

La labor del Colectivo Antonio Saldaña ha sido fundamental para visibilizar las múltiples formas de discriminación, abandono y violencia institucional que enfrentan los pueblos indígenas de Talamanca. A través de la denuncia pública, la documentación de casos y la incidencia política, el colectivo ha contribuido a generar conciencia crítica sobre la urgencia de transformar un sistema que sigue reproduciendo prácticas coloniales. Su trabajo no solo pone en evidencia las fallas estructurales del Estado, sino que también reafirma el derecho de las comunidades a ser escuchadas, respetadas y reconocidas en su dignidad y saberes propios. En un contexto donde el silencio perpetúa la injusticia, la voz del Colectivo Antonio Saldaña es un acto de resistencia y esperanza.

La beligerancia política, la guerra civil que ruge en Zapote y el camino al auto golpe de Estado

Vladimir de la Cruz

El inquilino de Zapote viene insistiendo desde hace varias semanas en el tema de la violencia nacional que puede desatarse alrededor de su figura, en caso de que pueda ser inquirido, indagado, sometido a trámite judicial para que la Asamblea Legislativa le levante la inmunidad de su cargo, y pueda ser sometido, en caso de que así proceda, ante los jueces de la República.

La Fiscalía de la República y el Ministerio Público, siguiendo los trámites constitucionales y legales ha elaborado las investigaciones pertinentes para con ellas solicitar el trámite de levantamiento de inmunidad, para enjuiciar a Rodrigo Chaves Robles, quien se desempeña en el cargo de la Presidencia de la República.

Reiteradamente el presidente ha venido deslegitimando al Poder Judicial, a sus altas autoridades, los Magistrados en pleno, enfatizando su ataque contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de la Sala Constitucional, que tienen que ver con los asuntos relacionados con la Constitución Política y los Derechos Ciudadanos, y contra los magistrados de la Sala III de la Corte que atiende los asuntos penales.

Obviamente, sus ataques están dirigidos, especialmente contra aquellos Altos Jueces, que les toca atender asuntos relacionados con acusaciones contra miembros de los Supremos Poderes, como es el caso del presidente de la República.

Los rugidos del Jaguar no solo se orientan a deslegitimar a la Corte, a sus Magistrados y Jueces de la República, sino a sembrar la imagen de la corrupción alrededor de ellos, la desconfianza a la labor que realizan, al trabajo general de la Corte Suprema de Justicia, ante la ciudadanía.

En la última conferencia de prensa montada que dijo claramente, en lenguaje enardecido de plaza pública, que en febrero próximo se cambiaría la Asamblea Legislativa, y que la nueva Asamblea a partir del primero de mayo del 2026, ante quien se dirigiría ñor última vez, estaría integrada por una mayoría de 38 diputados nuevos, totalmente nuevos, fuera de los partidos tradicionales, en capacidad de destituir a los Magistrados de la Corte, con ellos a los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, a la Contralora General de la República, porque era el parte del camino que había que realizar para cambiar el régimen y el sistema político del país, para según él hacerlo más eficiente y moderno.

No satisfecho con los ataques a la Corte Suprema de Justicia, ha mantenido en alto los ataques contra el Poder Legislativo en la figura de los diputados que no le apoyan, que no fueron elegidos por el partido que lo llevó a la Presidencia, contra los partidos, que por su naturaleza legislativa son de oposición política a las fuerzas políticas que se agrupan alrededor del actual mandatario.

Su discurso envenenado contra todo lo que significa partidos políticos históricos, tradicionales o representados en la Asamblea Legislativa lo ha hecho caer claramente en la beligerancia política.

Su discurso contra los partidos políticos, contra los presidentes que esos partidos políticos pudieron elegir, contra los dirigentes políticos del pasado y del presente de esos partidos, y su llamado simultáneo a sustituirlos en el próximo proceso electoral, es como manifiesta su beligerancia política.

Su discurso contra la institucionalidad política, en su conjunto, como la presenta contra todos los Poderes Públicos, contra la estructura e integración de esos poderes, contra los cimientos democráticos de la sociedad y nacionalidad costarricense son las manifestaciones de su beligerancia política, orientada a sustituirla, si pudiera por la fuerza, convocando a los ciudadanos a integrar el movimiento de los jaguares, que trata de inscribir en varios partidos políticos, apoyando de esa manera electoralmente, con todo el aparato institucional que maneja, a quienes sí participen a su alrededor, o alrededor de quien él llegue a señalar o a escoger como el indicado para continuar desde el próximo gobierno sus políticas.

La beligerancia es su activa participación en esta campaña contra todos los partidos políticos, sus diputados y sus dirigentes, como la realiza desde su púlpito de los miércoles. Su beligerancia es la guerra que tiene declarada contra instituciones, poderes públicos, partidos políticos y personas que las identifica y presenta como sus enemigos, como enemigos públicos, como personas que hay que eliminar del escenario político nacional. Para ello acude también a señalar, y exhibir algunos en vallas publicitarias, como si fueran delincuentes, que así los llama, y los presenta al público fanatizado que altera, agita, excita, impacienta y eriza orientándolos a actuar por la fuerza, con violencia, provocándoles la idea y el sentimiento de la sedición, de la sublevación popular, de la rebelión política contra toda la institucionalidad que dice le afecta para gobernar en favor de esos sectores populares.

No satisfecho con esto ha señalado que todos los presidentes, que le precedieron desde 1953 hasta su gobierno, han sido tiranos y dictadores, que no han gobernado a favor del pueblo. Que solo han gobernado a favor de grupos económicos y camarillas de poder alrededor de esos gobernantes y partidos, mientras que él se presenta, al estilo de Hitler y de Mussolini, como representante genuino del pueblo, enfatizando que es el pueblo quien le manda, a quien le sirve, pero que “esas fuerzas” no le dejan gobernar.

En su última perorata llamó a prepararse para la guerra civil. Hizo comparaciones con la Campaña Nacional contra los filibusteros estadounidense que llegaron hasta la Hacienda Santa Rosa y a Sardinal en donde fueron derrotados y echados del territorio nacional el 20 de marzo y el 10 de abril de 1856, y finalmente expulsados de Nicaragua y de Centroamérica el 1 de mayo de 1857.

En este sentido llamó filibusteros a los representantes de los partidos políticos tradicionales y parlamentarios, a sus presidentes, dirigentes de los partidos políticos y a los diputados, a quienes el Jaguar de Zapote considera que hay que echar de los escenarios políticos nacionales. Cuando los trató de filibusteros seguramente se igualó a la pareja nicaragüense, que gobierna autoritariamente en Nicaragua, cuando ha echado de su país a opositores políticos de todo tipo, pensando que los puede echar de Costa Rica para que le dejen gobernar sin controles, sin oposición de ninguna especie.

Constantemente ruge el Jaguar contra políticos de esos partidos que él considera deberían estar en prisión, privados de libertad, por sus prácticas de gobierno.

En la letanía política que hizo el miércoles, invocando a Dios casi como su testigo, como todos los miércoles le cita, llamó a prepararse para la guerra civil, como se hizo en 1948.

No se anduvo por las ramas. Su mensaje fue claro: no le jalen el rabo a la ternera, la gente está preparada para una guerra civil, para defender no el resultado de unas elecciones, como fue la causa principal de la Guerra Civil de 1948, sino para defenderlo a él, al Jaguar, de cualquier trámite judicial que pudiera invocarse para llevarlo a los estrados de la Justicia, para defenderlo a él, por la fuerza del alzamiento militar, de cualquier situación que pudiera afectarlo como presidente de la República.

No contento con el llamado a la guerra civil señaló que las personas que están en su contra, que lo critican, que lo quieren someter a un proceso judicial, solo tienen un componente armado de 1000 oficiales del Organismo de Investigación Judicial, como lo afirmó, mientras él tiene 17.000, diecisiete mil oficiales, en toda la Fuerza Pública nacional. Claramente dijo que todo el aparato policial del país actuará como su ejército privado a su servicio. Enfatizó: “1 a 17”, señalando la cantidad de miembros del OIJ y de la Fuerza Pública. ¿Qué les parece? Así lo dijo.

El trámite de destitución de un presidente es de carácter constitucional, legal. No es por la fuerza. Por la fuerza puede ser que el presidente no acepte ser destituido y en ese sentido invoque a la rebelión popular, a la sedición, al alzamiento colectivo y violento contra lo dispuesto judicialmente, contra el orden público que emana de la propia Constitución Política, alterando la disciplina militar que debe estar orientada a apoyar la Constitución Política y a lo que constitucionalmente así se establezca.

Si se llegare a destituir al presidente, quedan los dos vicepresidentes que le sucederían en el orden de su nombramiento, para acabar con el ejercicio de su gobierno.

Pero, no olvidemos que tenemos un proceso electoral en marcha. Ya iniciado legalmente, con partidos en trámites finales de su inscripción. Algunos ya con candidatos presidenciales acordados. Igualmente, entendamos que algunos de los partidos que se impulsan al amparo de la piel del jaguar, que son varios, no están cumpliendo con los requisitos formales de inscripción y que pueden ser rechazados, como les anularon los partidos que habían presentado para las elecciones municipales. Ante esto el rugido del Jaguar ha empezado su campaña de desprestigio contra el Tribunal Supremo de Elecciones, contra su presidenta y magistrados.

En su campaña y beligerancia política institucional contra el Tribunal Supremo de Elecciones, el presidente ha señalado que se fragua un Golpe de Estado contra él, al tratar de impedirle participar con sus partidos y movimientos Jaguar. Este ha sido otro de sus argumentos para compararse con los sucesos de 1948.

En las elecciones de 1947, que culminaron en febrero de 1948, participaron, como candidatos principales a la presidencia Rafael Ángel Calderón Guardia y Otilio Ulate Blanco. Alrededor de Calderón Guardia se unieron los comunistas y con Ulate se unieron tres fuerzas políticas, los partidos Unión Nacional, el Demócrata y el Social Demócrata. La legislación de la época obligaba a que el resultado electoral se pasara en conocimiento al Congreso, a la Asamblea Legislativa, que debía avalar o no dicho resultado. El Congreso al conocer el informe que trasladó el Tribunal Nacional Electoral, que se había constituido en 1946, que declaraba presidente a Otilio Ulate anuló su triunfo, lo que constituyó la causa del levantamiento militar que jefeó exitosamente José Figueres, durante los meses de marzo y abril de 1948. Un mes de lucha militar y un saldo de 3000 muertos en términos generales fue el resultado de ese enfrentamiento.

¿Qué hubiera pasado si Figueres no se alza en armas? Lo que correspondía era una negociación política entre los diputados para escoger entre los candidatos que participaron. Si no hubiera habido acuerdo aún, probablemente se hubiera usado la fórmula de 1913, cuando no hubo acuerdo entre los tres candidatos presidenciales, y el Congreso procedió a nombrar a los Designados a la Presidencia, los vicepresidentes, y nombrado el Congreso decidió llamar a ejercer la Presidencia al designado Alfredo González Flores. Probablemente esto es lo que hubiera ocurrido parecido en 1948. Pero, los sucesos armados impidieron este desenlace.

La guerra se detuvo gracias a la inteligencia de quienes acordaron acabarla, reconociendo el triunfo de Ulate, y de terminar el gobierno de Teodoro Picado el 8 de mayo. Las Conversaciones del Pacto de Ochomogo y el Pacto de la Embajada de México sellaron ese final. Teodoro abandonó el país, quedando a cargo el Designado a la Presidencia, en ejercicio, Santos León Herrera, quien el 8 de mayo entregó oficialmente el Gobierno. ¿A Otilio Ulate? No. A José Figueres, que era el jefe del Ejército de Liberación Nacional, como se llamó su grupo insurgente. ¿Por qué a Figueres y no a Ulate? Porque Figueres le impuso a Otilio Ulate el Pacto del 1 de mayo, diciéndole que él iba a gobernar el país por un plazo de 18 meses, al término del cual le entregaría el poder, la presidencia. Así lo hizo. El Pacto Ulate-Figueres fue fácticamente un golpe de Estado contra Ulate. El presidente en ejercicio, Santos León el 8 de mayo le entregó el poder presidencial a José Figueres. El gobierno de Teodoro Picado había durado los cuatro años constitucionales de su ejercicio.

Eso si fue un golpe de estado.

¿Pero, qué Golpe de Estado invoca Rodrigo Chaves que le pueden hacer o dar? ¿Su fuerza pública, sus 17.000 armados, los que considera su fuerza militar para un conflicto? ¿Los grupos militares y armados de las organizaciones narco criminales, que al amparo de su gobierno ejercen controles territoriales en el país, que lo conocen y denominan como “Papa Chaves Republic”? ¿Los grupos armados que están tratando de reunirse, por convocatorias públicas, en los próximos días en la zona norte del país?

Lo que puede ocurrir no es un Golpe de Estado sino un autogolpe de estado, o el establecimiento de un estado de excepción forzado, que es lo que el presidente Chaves ha venido finamente preparando. ¿Cómo? Creando un ambiente de inseguridad nacional, política y electoral, que azuza todos los miércoles.

El presidente Chaves ha venido preparando un estado de inseguridad ciudadana, de inseguridad jurídica, de debilitamiento de la institucionalidad, de desprestigio de todos los organismos e instituciones democráticas del Estado y del país. La violencia social se ha cargado y ha sobresalido como parte de esa inseguridad.

Con las políticas de debilitamiento del bienestar social, presupuestos públicos de educación, de las universidades, la eliminación de subsidios sociales, como los comedores escolares, los transportes escolares, las becas a los estudiantes de escuelas y colegios públicos, el congelamiento de salarios y pensiones, el desempleo creciente e informal, la alta deserción escolar nacional, el encarecimiento real de la canasta básica con relación a los salarios.

Con el debilitamiento consciente de los servicios públicos para todos los usuarios de ellos, en salud, atrasos de citas, contrataciones de personal calificado, en educación, por los malos y caros transportes públicos, entre otros servicios.

Con los retenes de calles, por parte de cuerpos policiales y de tránsito, que hacen están acostumbrando a los ciudadanos a los registros personales, en carreteras, como los hacían en Centroamérica, hace algunos años los gobiernos militares y dictaduras. Están realizando golpizas y torturas, probablemente como prácticas de educación en este campo, con algunos detenidos, algunos de los cuales han fallecido en “custodia” policial, amedrentan sutil y subliminalmente a la población. ¿Quién ordena estas prácticas en los centros de detención? ¿Cuáles son los instructores policiales y dënde han sido preparados para estas prácticas?

Todo este ambiente, que prepara paso a paso el gobierno de Chaves, está orientado a justificar el malestar ciudadano que le permita, con su discurso violento, antisistema, antidemocrático, a invocar la posibilidad de un Estado de Excepción, de gobernar por la fuerza, de realizar de esa manera un auto Golpe de Estado, que pueda incluso, crear un clima de inseguridad política nacional que le permita, in extremis, suspender las elecciones y quedarse gobernando unos meses más a la fuerza.

Esto es lo que parece que está en marcha por parte de los grupos militares privados y oficiales que gravitan a las órdenes directas de Rodrigo Chaves Robles.

Esto es lo que hay que detener, el ambiente de miedo, de inseguridad, de terror, de dinamitar, como dijo una vez el presidente Chaves, todos los puentes del diálogo, de los acuerdos, que se genera con parlantes desde Zapote.

Llamado al cese de hostilidades

Comunicado

Las mujeres y sus diversas organizaciones hacemos un vehemente llamado a la razón a quienes encabezan el gobierno de la república para que depongan sus discursos incendiarios que atizan el odio de manera irresponsable, y en su lugar, conduzcan a nuestra querida nación por los caminos de la paz, la no violencia y el diálogo democrático.

El juramento constitucional de cumplir con nuestro pacto político y con las leyes debe honrarse hasta su último día de la gestión gubernamental; el marco jurídico que nos cobija no es de carácter optativo. El gobierno debe maximizar sus esfuerzos para enmendar sus pifias, sus grandes errores, su errática gestión, sus desaciertos.

Nuestro país no merece esta polarización entre hermanas y hermanos, porque si no rectifican serán recordados como la administración del extravío y de la polarización. Es responsabilidad del mandatario Chaves Robles utilizar las vías del diálogo y el entendimiento y cesar en sus hostilidades.

El regresivo mensaje del presidente se inscribe en una tradición autoritaria de larga y continua data llegando al extremo de manifestar un impulso irracional al invocar a una guerra civil como un medio legítimo, esto es en realidad un delirio de poder irreflexivo inaceptable, que no podemos admitir ni validar.

Aunado a lo anterior tenemos noticia de que en las llanuras del norte se está fraguando una arremetida armada que no es ni más ni menos que un llamado a la sedición de forma abierta y sin tapujos, amparados en las armas, al hedor a muerte y la violencia, ¿Qué se creen estos hombres? ¿Qué son dueños de la verdad? ¿Qué son la conciencia de la nación? Están equivocados porque son numerosas las voces que se levantan desde la ciudadanía adversando tal disparate.

Esto nos hace recordar que la Guardia Pretoriana fue extinguida desde el siglo III, porque si bien nació para proteger al emperador romano, cometió excesos y abusos de poder contra la población hasta que fue eliminada. El presidente de la república si bien tiene ínfulas de emperador romano, no lo es, su mandato expira en un año y otra persona será electa para ocupar ese mismo cargo, porque así lo establece nuestra organización política.

No es con amagos de violencia como se resuelven los grandes y graves problemas nacionales. Bien se aplica el dicho “zapatero a tus zapatos”, deje de buscar y atizar conflictos y dedíquese a gobernar para toda la población que ese es ni más ni menos el mandato constitucional que usted juró defender.

La paz es una construcción social; desde la antigüedad se asocia con ideas de armonía y bienestar integral, no es solamente la ausencia del conflicto armado. En nuestro país se asocia con la doctrina en materia de los Derechos Humanos y a eso debe enfocarse la gobernanza democrática.

Frente a esta delicada coyuntura nos pronunciamos y reafirmamos los valores de la paz, la no violencia y la búsqueda constante de la justicia y la razón. Frente al autoritarismo y la arbitrariedad, frente a las guerras y genocidios que otros deciden sin ninguna compasión, rechazamos toda intención de retroceder y de renunciar a nuestras esperanzas por una vida más justa y más pacífica.

21 de mayo, 2025.

Suscriben:

  1. Albena Muñoz Taya, cédula 901040926

  2. Albertina Alfaro Chinchilla, cédula 105650667

  3. Alejandra Bonilla Leiva, cédula 302080425.

  4. Alice Solís Fernández 104680009

  5. Ana Chacón Mora, cédula 105480839

  6. Ana Helena Chacón, cédula 1567359

  7. Ana Isabel Ruiz Rojas cedula # 401031163

  8. Ana Leonor Ramírez Montes cédula 104830426

  9. Ana Ligia Sanchez Rojas, cédula 700470621.

  10. Ana Lupita Chaves Salas, 104550585

  11. Ana Priscilla Flores Quirós, cédula 114040862

  12. Ana Tristán Sánchez, cédula 105130593

  13. Ana Victoria Rodríguez Badilla, cédula 103800227

  14. Anacristina Rossi 104070914

  15. Andrea Campos Ramirez, cédula 109380681

  16. Andrea Cordero Vargas, cédula 112510163

  17. Andrea Cuenca Botey, cédula 110060165

  18. Ann Mc Kinley Meza, 7 0086 0416

  19. Argentina Artavia Medrano 107090127

  20. Bianca Carolina Castaño Sandoval 155820864908

  21. Carmen Carro Barrantes, cédula 106000363

  22. Carmen Lia Meoño Soto, cédula 203730473

  23. Carmen María Muñoz Quesada 106190272

  24. Carolina García Mendoza, cédula 110200521

  25. Carolina Viquez 109350514

  26. Casilda Sancho B 506 202410142

  27. Cassandra Jara Barrantes, cédula 118760925

  28. Cecilia Claramunt Montero, cédula 104480250

  29. Cynthia Córdoba Serrano, cédula 108290785.

  30. Daniela Miranda Méndez, cédula 114120885

  31. Elides Rivera Navas, cédula 601990675

  32. Elisabeth Cook Steike, cédula 184000052015

  33. Ericka Arrieta Matarrita. Cédula 108020564

  34. Erika Sevilla Zepeda, cédula 107900467

  35. Esperanza Tasies 700670374

  36. Eugenia Salazar Aguilar, cédula 104720913

  37. Fabiola Bernal Acevedo, cédula 01030029

  38. Flora Fernández Amón 105230903

  39. Gabriela Quirós Sánchez, cédula 114180925

  40. Giannina Tanzi P – 104340758

  41. Giselle Arce Fonseca, cédula 105230641

  42. Guiomar del Rocío Martín 103550418

  43. Haydeé Hernnández Pérez, cédula 10559O946

  44. Hazel Vargas Zeledón. 103980738

  45. Hilda Echeverría Alvarado – 900240403

  46. Ileana DAlolio Sánchez 110510808

  47. Ileana Ramírez Quirós, cédula 105860094

  48. Irené Barrantes Jimenez, cédula 111550692

  49. Isabel Ducca Duran 105640060

  50. Isis Fallas Salazar, cédula 108530920

  51. Julia Ardón Morera, cédula 2-0386-0415

  52. Julia María de la O. Murillo, cédula 401010754.

  53. Karla Calderón Sánchez, cédula 114240786

  54. Karol Tatiana Navarro Monge 1-0941-0004

  55. Katherine Cerdas Bonilla 303590402

  56. Kattia del Carmen Castro Valverde, Cédula 107 29 0341

  57. Kattia Isabel Castro Flores, cédula 107590724

  58. Keyra Martínez Meneses, cédula 701860267

  59. Larissa Arroyo Navarrete, cédula 109850255

  60. Laura Arias Cabrera, cédula 108750206

  61. Laura María Valenciano García 1-0973-0873

  62. Laura Pacheco Muñoz 112240846

  63. Leda Barquero 105560466

  64. Lucía Molina Fallas, cédula 1 07930190

  65. Luz María Chacón León 203360097

  66. Ma. del Milagro Solís Aguilar, 106970566

  67. Magda Sánchez Lépiz, cédula 103930882

  68. Margarita Salas Guzmán 110080057

  69. María Clareth Calderón Monge, cédula 118100822

  70. María del Rocío Chamorro Tasies, cédula 111240216

  71. María Dolores Ramírez Bonilla, cédula 3245233

  72. María Emma Prada Granados, cédula 117000795806

  73. María Fernanda Chaves Rodríguez, cédula 207930834

  74. María Gabriela Hernández López, cédula 204070211

  75. María Lorena Molina Molina 202940461

  76. María Natalia Chaves Vargas, cédula 207560519

  77. María Trejos Montero, cédula 106890938

  78. Mariela Víquez Ramirez, cédula 401110780

  79. Marielos Muñoz Solórzano, cédula 603340348

  80. Maritza González Zuñiga, Cédula 104181352

  81. Maritza Salgado Silva, cédula 800860319

  82. Marla Hernández Gaubil 107970014

  83. Marla Hernández Gaubil, cédula 107970014

  84. Marlen Zúñiga Alvarado 1 06830439

  85. Marta Eugenia González Madriz 104460350

  86. Marta Solano Arias, cédula 104530311

  87. Mayra Castro Artavia, cédula 104530815

  88. Melania Monge Rodriguez 105370482

  89. Milagro García Bolaños 104050350

  90. Millaray Villalobos Rojas ; 109340412

  91. Nancy Piedra Guillén 105860455

  92. Nataly Segura Molina 208100216

  93. Nelsy Saborío 106300624

  94. Nicole Daniela Sánchez Calvo 118070611

  95. Nora Gómez Mora, cédula 108360262

  96. Nora Montero Quirós 103550044

  97. Pamela Bojorge Ortega, cédula. 603340112

  98. Patricia Porras Guzman 111350324

  99. Priscilla Araya Cabrera 304270423

  100. Priscilla Echeverría Alvarado 900640150

  101. Priscilla Fernández Ortiz, cédula 303550419

  102. Raquel Berrocal Sibaja, cédula 114360553

  103. Raquel Hernández Castro cédula 108320138

  104. Rebeca Solórzano Aguilar, cédula 112380408

  105. Rocío Abarca Sánchez, cédula 701600677

  106. Rocío Solís García, cédula 108370263

  107. Rosa Anca Huamani, cédula 186201879632

  108. Roxana Arroyo Vargas, cédula 106430057

  109. Roxana Hidalgo Xirinachs 105970626

  110. Sandra Araya Umaña, cédula 401310102.

  111. Sandra Cartín Herrera, cédula 203430634

  112. Sharo Rosales Arce, cédula 106920853

  113. Shi Alarcón-Zamora, cédula 112910818

  114. Silvia Regina de Lima Silva, cédula 107600000731

  115. Sofía Gómez Morice, cédula 116970519

  116. Stella Chinchilla Mora, cédula 106160504

  117. Sylvia Ester Muñoz Mata, cédula 108830514

  118. Teresita Ramellini Centella, cédula 8-0087-0026

  119. Tiryth María Vindas Campos, cédula 504410688

  120. Vania Quezada Silva, cédula 800640843

  121. Vicky Luna Salas 204690427

  122. Vivian Solís Espinoza, cédula 110320334

  123. Wendy Vásquez Pessoa, cédula 303640290

  124. Yamileth Monterrey López, cédula 800580801

  125. Yamilette Fontana Coto. 194410669

  126. Yanina Soto Vargas 104770775

  127. Yanis Quesada Chanto, cédula 107520531

  128. Yendry Martínez Rivera, cédula 110800645

  129. Zaida Lorena Valverde Hernández, cédula 106240926

  130. Zeidy Brukwä Rodríguez, cédula 603850036

  131. Alexander Rojas Parajeles, 1-0713-0292

  132. Carlos Manuel Muñoz Jiménez 401810513

  133. David Contreras Mora 105310468

  134. Edison Valverde Araya 1 0346 0024

  135. Esteban Rodríguez Dobles 205420910

  136. Fernando Alfredo Mora Chacón 1-0377-0243

  137. Guido Mora Mora 302570217

  138. Henry Mora Jiménez 105120548

  139. Jaime Cerdas Solano. 1-0573-0178

  140. Jaime Delgado Rojas, céd. 400960395

  141. Luis Ángel Céspedes Rodriguez 104131304

  142. Óscar Castillo Rojas. Céd.: 301951450

  143. Pablo Andrés Chinchilla Balladarez 112420412

  144. Roberto Castillo Rojas 301770017

  145. Rodolfo Ulloa Bonilla, 105480272

  146. Sergio Reuben-Soto 103150723

Organizaciones

  1. Organización de Mujeres indígenas Mano de Tigre

  2. Territorio Conte Burica

  3. Kalpulli Otokani

  4. Colectiva Feministas en Resistencia

  5. Frente Nacional de Lucha

  6. Profesionales para la Ciudadanía

  7. Centro de Amigos para la Paz

  8. Asociación de Mujeres Hefziba Internacional

  9. Colectivo Mujeres por Costa Rica

  10. Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC)

  11. ACOPROM

  12. Observatorio de Género y Medios

  13. Feministas Picos Rojos

  14. Seguridad Feminista

  15. Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa

  16. MUSADE

  17. Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad

  18. Colectiva Coexistir, Cartago

  19. Juventud del Frente Amplio

  20. Red Ecuménica de Lectura Popular de la Biblia-Costa Rica

  21. Grupo de Trabajo, Agenda CEDAW Costa Rica

  22. Movimiento Reflexión en Acción

  23. Voces de fe contra la violencia de género

  24. Alianza de Mujeres Costarricense

  25. DEI – Departamento Ecuménico de Investigaciones

  26. Asociación TransVida

  27. Escudo Democrático

  28. Radio Zurquí

  29. Mundo Sin Guerras y Sin Violencia

  30. Me Pasó en la UCR

  31. Frente Feminista

  32. Asociación Civil Pro Natura

  33. SERPAJ, Servicio, Paz y Justicia, Costa Rica

  34. Frente Nacional de Pueblos Indígenas

  35. Mujeres en Lucha Social

  36. Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo

  37. Socias del Museo de las mujeres de Costa Rica

  38. Mujeres Migrantes Luciérnagas sobre Ruedas

  39. Somos Fuego

  40. Mujeres autoconvocadas en la lucha por nuestros derechos

  41. Comisión Nacional de las Mujeres. Acción Ciudadana.

Le invitamos a descargar el documento en formato PDF mediante este enlace.

Convocatoria a las barras en defensa del ICE

El próximo jueves 22 de mayo a las 8:30 am, continúa en la Asamblea Legislativa la discusión del expediente 24.414 para la privatización del ICE.

¡Es urgente la presencia en barras para hacer presión contra esta amenaza!

¡El ICE no se vende, el ICE se defiende

Ante el fraude, ¡lo fáctico!

Por Carlos Meneses Reyes

En forma inescrupulosa la piara senatorial hunde la iniciativa de democracia participativa directa en lo del contenido de la reforma laboral. En un escenario de casino, subterfugios y triquiñuelas, generan fraude en la toma de decisión general. Todo un comportamiento de rodeos, evasivas, disculpas, pretextos y ardides y de procedimientos mañosos, de telaraña, hacen que la votación haya sido nula, ilegal e inexistente: UNO. No se anuncia que “se va a cerrar la votación”. Tampoco que “se cierra la votación”. DOS. No se respeta el tiempo o lapso en que debe transcurrir la votación, permitiendo solo el transcurso de tres minutos para votar (A una senadora que integró el quorum y asistió a la cesión, estando en su oficina, no alcanzó a votar por la premura o no observación de lapso de tiempo para hacerlo). TRES. Se aclara un voto (el del senador del Clan de Atalaya), que anunció públicamente Sí, y ya cerrada la votación, se lo corrigen por el no. De tal manera, se violan los procedimientos y elementos de una sana votación, enredándola y la hacen pronominal, es decir, con un juego de mañas nominales que la convierten en incomprensible y falta de intención sana de una clara votación.

Lo sucedido ayer en la sesión plenaria del senado de la República de Colombia, es fiel reflejo del sistema electoral corrupto, de casino, clientelista que rige en este país, pese a que en uno de los Acuerdos para que se desmovilizara la antigua guerrilla de las Farc-ep, se acordó una reforma electoral estructural y de fondo y esto lo han hecho trizas los de la hegemonía oligárquica de derecha pro imperio, militarista, contrainsurgente, dominante y en ejercicio descarado de poder. En Colombia, todos los mecanismos de participación del pueblo (Artículo 103 CP91): el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato, son letra muerta. Todos han sido reglamentados de manera mañosa para atornillar a los de la piara senatorial en forma vitalicia, obedeciendo a leyes y procedimientos pre concebidos. Inconcebible que se hayan ido en contra del interés teleológico y finalista del constituyente primario, decretando que a los integrantes del Senado y la Cámara de representantes no le aplica la revocatoria directa del mandato por parte del soberano popular.

En Colombia impera un estado de cosas de intereses oligárquicos espurio y falso. El pueblo colombiano no puede aceptar tal fraude. Se cuenta con un presidente timonel. En forma pausada ha llamado al pueblo colombiano a la movilización general y a un Cabildo Abierto Permanente. Se invoca, no vaya a hacer uso precipitado de la declaratoria por decreto gubernamental de la Consulta Popular fallida y en tanto, se continúe con el proceso organizativo pro Consulta Popular en cualificación política hacia el movimiento popular y de masas para, en la práctica, de la justa electoral del año2.026, sea el pueblo soberano el que revoque el mandato legislativo de senadores y representantes, no reeligiéndoles. Se impone la Comuna Popular de facto ante el desconocimiento de un Estado de Derecho.

Asociación ecologista exige reformas inmediatas a reglamentos de aviación agrícola

Limón, 14 de mayo de 2025 (SURCOS) – La Asociación para el Desarrollo de la Ecología ha presentado una réplica formal a la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, manifestando su preocupación por la insuficiencia de las medidas actuales para regular las actividades de aviación agrícola en el país.

Mediante el oficio AEL-00218-2025, la organización ecologista señala que el Decreto No. 44083-MAG-MOPT-S-MINAE-MTSS y la propuesta de reglamento para aplicaciones terrestres de agroquímicos no abordan adecuadamente los riesgos asociados con la aspersión aérea de sustancias químicas en plantaciones agrícolas.

La Asociación indica que la normativa actual carece de regulaciones específicas sobre la toxicidad de los productos utilizados y que la fiscalización de las recetas profesionales exigidas por el Artículo 9 del decreto es inconsistente, con sanciones poco efectivas para quienes incumplen las disposiciones.

«En los cantones bananeros, es una realidad comprobable que madres y niños, al trasladarse en bicicleta hacia escuelas, son frecuentemente rociados por agroquímicos», menciona el documento, destacando que estas personas evitan denunciar por temor a represalias de las empresas agroindustriales.

Entre las principales deficiencias señaladas está la ausencia de barreras de protección -vegetativas o artificiales- en escuelas, centros de salud y comunidades cercanas a las plantaciones donde se realizan fumigaciones aéreas, además de la permisividad para que las empresas determinen la composición de mezclas de agroquímicos sin controles rigurosos.

La organización solicita al Ministerio de Salud adoptar como referencia las guías de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), consideradas estándares integrales para la prevención de riesgos y protección de la salud pública.

Adicionalmente, la Asociación ha solicitado un informe técnico detallado que demuestre, mediante comparación punto por punto, que el decreto actual supera o iguala las guías de la FAO para la aviación agrícola, especialmente en lo referente a controles de toxicidad, implementación de barreras protectoras, distancias de aplicación y mecanismos de fiscalización.

El documento concluye exigiendo que la prevención sea el principio rector en la gestión de este problema de salud pública, calificando como intolerable la exposición continua de comunidades vulnerables a agroquímicos.

SURCOS comparte mediante este enlace la carta del Ministerio de Salud a la que se refiere la nota de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología.