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Autor: María José Ferlini Cartín

Pueblos que defienden sus ríos se reúnen en el Encuentro «Jäküii-Pacuare+20+10»

Osvaldo Durán-Castro
Sociólogo y ecologista, Asoc. Proyectos Alternativos/PROAL-JÄKÜII-FECON. Catedrático TEC

Matando la electricidad pública

El gobierno de Costa Rica dirige el capítulo actual de la guerra para demoler de cualquier institución de servicio social y solidario; y eso incluye el sistema público de electricidad. La visión original del modelo eléctrico impulsado a partir de 1949 se orientaba a fortalecer el servicio social y público de electricidad para atender las necesidades del crecimiento productivo, pero además las necesidades de toda la sociedad, incluidos los grupos sociales más pobres y vulnerables. Ese modelo respondía a la inclusión y la solidaridaridad. Por eso la cobertura universal y las tarifas justas también fueron atributos del modelo original.

Pero, desde la aprobación de la ley 7200 “Ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela”, el 18 de octubre de 1990 (gobierno PUSC/Calderón Fournier), y el cambio del capítulo II de esa ley, conocida como Ley 7508, el 9 de mayo de 1995 (gobierno PLN/Figueres Olsen), gobiernos, partidos políticos y empresarios privados, formaron un único equipo para implantar un nuevo modelo eléctrico dirigido al lucro privado. A pesar de que con esas dos leyes siguen ganando verdaderas forturnas , lo cual está comprobado y expuesto por la Contraloría General de la República, han llevado a la Asamblea Legislativa al menos ocho proyectos de ley para mayor “apertura”, es decir, más privatización del sistema eléctrico público.

Entonces, no sorprende que el Ejecutivo intente imponer de manera temeraria el mecanismo de la “vía rápida” para tramitar el proyecto de ley 23.414 que contrario a “armonizar”, asegura la privatización y entierro del servicio eléctrico público . De aprobarse este proyecto todas las cualidades de nuestro sistema eléctrico desaparecerán. No hay un solo país en el que se registren mejores tarifas para la gente tras la privatización, como en los mercados de Centroamérica, que los generadores privados quieren arrebatarle al ICE. España es un caso de revisión obligado si de conocer el fracaso rotundo de la privatización se trata . En todo el mundo lo que ha habido tras la privatización es racionamiento, apagones y tarifas más altas y, en consecuencia, mayores fortunas para las empresas privadas. Ahí radica la diferencia entre un modelo público, incluyente, solidario y justo y un modelo privatizado.

Pueblos que defienden y salvan ríos

En el marco de esta nueva arremetida privatizadora es que celebraremos el 20 aniversario del plebiscito del 28 de agosto de 2005, en el que 8.159 personas (97%) votaron “NO” a las represas en el río Jäküii/Pacuare. Y también conmemoramos diez años de refuerzo de la defensa del Jäküii porque el 29 de agosto de 2015, el Gobierno de Costa Rica, atendiendo los argumentos de organizaciones sociales y comunidades, firmó un Decreto Ejecutivo para impedir, por 25 años, la construcción de represas en los ríos Jäküii/Pacuare y Savegre. Por eso nuestro Encuentro se llama JÄKÜII-PACUARE +20 +10.

Esos triunfos se alcanzaron tras décadas de organización y trabajo conjunto entre el Pueblo Originario Cabécar de muchas comunidades de Duchíí Täwä y de Nairí Awarí, comunidades campesinas de la cuenca media del Pacuare y organizaciones nacionales con la dirección de la Asociación Proyectos Alternativos, PROAL, Coeco Ceiba/Amigos de la Tierra, FECON y muchas organizaciones locales de Turrialba y algunas autoridades políticas y empresas de rafting.

Otro triunfo de las mismas organizaciones sociales que defendimos el Jäküii se logró ante el proyecto hidroeléctrico Boyei o Ayil en territorio Cabécar en el río Duchíí (Chirripó) donde se pretendía construir una mega hidroeléctrica de 200 megavatios que hubiera sido devastadora para decenas de comunidades cabécar. Luego se sumó la “suspensión” de la hidroeléctrica Diquís (635 megavatios), aunque ya reapareció en los planes de expansión de electricidad de Costa Rica. A esos casos de proyectos estatales se han sumado muchos más de empresas privadas, como el PH San Rafael, derrotado tras muchos años de lucha comunitaria y nacional. También, por la lucha de organizaciones y comunidades de Turrialba no se construyeron los proyectos privados PH Bonilla 510 y PH Bonilla 1320 de la empresa HSolís, igual que el PH San Rafael. Estos y muchos otros casos son evidencia de que seguimos priorizando el bienestar y los derechos de la gente y los ecosistemas frente a la explotación ilimitada de la Tierra y los negocios privados que, en el caso de la electricidad, es lo que asegura el proyecto 23.414.

Si bien el plebiscito y el decreto fueron avances importantísimos, la presión por construir más hidroeléctricas se mantiene. Las siguen calificando como energía “limpia” y “verde” y se desconocen sus impactos destructivos, con lo cual se justifican los negocios privados de generación y venta de electricidad. Ante esas amenazas, también desde hace más de tres décadas, somos las organizaciones y comunidades las que hemos colocado la discusión para definir topes al crecimiento energético ilimitado y asegurar respeto a pueblos, ríos y ecosistemas. También hemos hecho preguntas indispensables como ¿cuál es el modelo energético y eléctrico que necesitamos? pues de esto depende si la electricidad se fortalece como servicio público o se degenera como negocio privado.

Celebramos JÄKÜII-PACUARE +20 +10” (ver documental) porque mantenemos la defensa de los derechos de los ríos y buscamos que la electricidad sea un derecho fundamental de todas las personas, independientemente de su condición económica. Ésa es una meta en Costa Rica y en todo el mundo; pero sobre todo en muchos países de Latinoamérica y África, donde pueblos enteros son reprimidos, asesinados y desplazados de sus territorios para construir megarepresas y otros proyectos energéticos. Nuestros logros se suman a las luchas y resistencias en América Latina pero defender esos derechos tiene consecuencias tenebrosas: tan solo en 2023 fueron asesinadas 196 personas defensoras de la tierra y el medioambiente en el mundo. Según el Informe de Global Witness publicado el 10 de setiembre 2024 en Londres, Inglaterra, el saldo de asesinatos acumulados entre 2012 y 2023 es de 2.106 .

Derechos para los ríos

En el encuentro Jäküii-Pacuare-Costa Rica reforzaremos vínculos para la organización por la defensa de los derechos de los pueblos, los ríos, los territorios, los bienes de la Tierra de uso colectivo y, con toda preocupación, los derechos de los Pueblos Originarios pues sus territorios contienen ríos que gobiernos y empresas consideran de “gran potencial energético”, lo que provoca su asedio permanente. Para los pueblos y nuestras organizaciones se trata de avanzar hacia modelos energéticos y eléctricos que aseguren servicios públicos con acceso universal y justo, a precios regulados, subsidiados y bajos según la condición económica de la gente. Desde una visión incluyente y solidaria con todas las poblaciones, las energías y la electricidad deben ser derechos humanos básicos de las personas.

Todos esos temas críticos, pero también la alegría de los re-encuentros, los hemos resumido en el objetivo de “fortalecer la organización social para la protección de los derechos de los ríos, los ecosistemas y los pueblos, en el camino hacia una matriz energética y modelos eléctricos sustentables y justos”. Tendremos mesas de trabajo sobre la historia de organización y lo que hacen ahora mismo los pueblos ante proyectos energéticos de todo tipo. Dialogaremos sobre el mercado eléctrico de Costa Rica y de Centroamérica, la privatización de la electricidad, con especial cuidado en el proyecto de ley 23.414 (mal llamado de “armonización”), también sobre una posible transición energética justa y, literalmente, “nos tiraremos al agua” en el Jäküii.

La meta es que definamos pautas de trabajo conjunto en defensa de los derechos de los ríos, los ecosistemas, los territorios y las personas. Buscaremos que, siguiendo las experiencias exitosas de otros países latinoamericanos, hagamos consenso para un proyecto de ley dirigido a la protección jurídica integral del río Jäküii/Pacuare. Además, esperamos que se fortalezcan los vínculos y la solidaridad entre los movimientos sociales en este tiempo de tantas violencias política, judicial y física contra las personas defensoras de la Tierra, los ecosistemas y la vida. Sabemos que nos pueden etiquetar como “terroristas” y eso hace mucho más riesgosa, pero más indispensable nuestra participación social.

En el encuentro JÄKÜII-PACUARE participarán indígenas, ecologistas, organizaciones comunitarias, estudiantiles, culturales, sindicatos, delegaciones internacionales y empresas de rafting seriamente comprometidas con la protección del Jäküii y otros ríos. Eventualmente, se invitará a algunos actores políticos aliados de nuestros movimientos sociales. El encuentro ha sido organizado con y desde los Pueblos originarios y comunidades del Jäküii por la Asociación PROAL-JAKÜII, Coeco Ceiba/Amigos de la Tierra-Costa Rica, Ríos Libres/Turrialba, el Movimiento Ríos Vivos y la Federación Ecologista de Costa Rica/FECON (#jakuii2025). También están comprometidas y apoyando solidariamente redes internacionales y organizaciones de México, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, Argentina, Alemania y otros países.

Encuentro “Jäküii-Pacuare“. Convocan:

FECON denuncia complicidad estatal en despojo de territorios indígenas

La Federación Ecologista (FECON) denuncia y alerta la reiterada negligencia y complicidad del Estado costarricense frente a las sistemáticas violaciones a los derechos territoriales de los pueblos indígenas, en incumplimiento directo a la Ley Indígena de Costa Rica y al Convenio 169 de la OIT, ambos instrumentos jurídicos que establecen de forma clara que los territorios indígenas son inalienables, intransferibles y son exclusivos para sus pueblos originarios.

El reciente intento de usurpación del terreno en la Finca San Andrés, del mayor bröran Pablo Sibar, ocurrido el pasado domingo 10 de agosto en el territorio Brörán de Térraba, representa un evento más del despojo, hostigamiento e impunidad que enfrentan los pueblos indígenas en nuestro país. A pesar de que Sibar cuenta con un reconocimiento legal de más de 13 años sobre el terreno en cuestión, la Fuerza Pública se negó a desalojar a los usurpadores, respaldándose en una certificación emitida por la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Térraba a favor de personas no indígenas, la cual fue denunciada como fraudulenta por Sibar.

Para los pueblos indígenas, las ADI son espacios impuestos por el Estado costarricense que operan como mecanismos de despojo, legitimando invasiones y sirviendo a intereses ajenos a las comunidades indígenas. La participación activa de la ADI en este acto de usurpación, sumado al respaldo de la Fuerza Pública y la omisión de acción por parte del Ministerio Público, representan complicidad estatal que pone en riesgo a Pablo Sibar y a todos los defensores indígenas que lo acompañan y que defienden su derecho a su territorio.

Recordamos que Sibar cuenta con una medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 2015 y que ha sido víctima de múltiples agresiones desde 2012, incluso recibiendo amenazas de muerte similares a las que antecedieron los asesinatos impunes de los defensores del territorio Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera. Estos hechos no pueden seguir tratándose como incidentes aislados, son parte de una política sistemática de abandono estatal y discriminación institucional hacia quienes defienden sus territorios y la vida, la cual no debe de continuar.

Por esto, nos solidarizamos con Pablo Sibar y quienes se encuentran defendiendo su derecho al territorio. Así también, exigimos al gobierno de Costa Rica, quienes el pasado 9 de agosto, en el día Internacional de los Pueblos Indígenas, emitieron en sus canales oficiales una noticia en donde dijeron “reafirmar su compromiso continuo con las poblaciones indígenas”, que actúen de inmediato ante esta situación de clara violación de los derechos de Pablo Sibar y que garanticen su seguridad e integridad física.

En solidaridad con los pueblos que resisten al extractivismo

Esta es una producción del Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR), en solidaridad con quienes defienden la vida frente al extractivismo en la región.

La Primera Declaración de La Habana, en 1960, recordó que la dignidad no se negocia. Hoy, esa enseñanza sigue vigente: denunciar la violencia extractiva no es “injerencia”, sino la continuidad de una tradición emancipadora que atraviesa la historia de Nuestra América.

Mientras en Venezuela y otros países de América Latina se acusa de conspirar a voces críticas y organizaciones sociales, las grandes corporaciones —como Chevron, aliada de Israel y de sus guerras— continúan firmando contratos millonarios con gobiernos que se presentan como “antiimperialistas”.

El Observatorio de Bienes Comunes de la UCR invita a reflexionar sobre estas contradicciones y sobre lo que callan ciertos discursos políticos, cuando se trata de confrontar el poder del extractivismo y sus impactos en los pueblos.

Le invitamos a leer la nota completa en el sitio del Observatorio de Bienes Comunes UCR:

Nuestra América piensa y resiste: en solidaridad con quienes defienden la vida frente al extractivismo

Porque defender la vida y los pueblos no es traición: es verdadera soberanía.

Movimiento Trabajo Digno: la organización laboral de la juventud – en Alternativas

El próximo 22 de agosto de 2025 a las 18:00 horas (UTC-6) el programa Alternativas transmitirá en vivo el panel “Movimiento Trabajo Digno: la organización laboral de la juventud”, un espacio de diálogo y reflexión sobre los desafíos que enfrenta la juventud en la defensa de sus derechos laborales.

El panel contará con la participación de Carolina Zúñiga Castro y Raúl Blanco Chavarría, voceros del Movimiento Trabajo Digno, quienes compartirán la visión y propuestas de la organización en torno a la construcción de condiciones justas y dignas para las personas jóvenes en el ámbito laboral.

La actividad forma parte del programa Alternativas, elaborado por el Colectivo Reflexión Acción, que se emite desde el 13 de enero de 2020 con el lema “Pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores”.

La transmisión podrá seguirse a través de Facebook Live, YouTube y Spotify, además de las emisoras amigas: Guanacast 106.1 FM, Radio Soberanía, Conaicop, Radio Revolución, 506 Ondas de Alajuelita y Alajuelita Radio.

El CAFTA ha muerto, ha sido velado y sepultado

Henry Mora Jiménez

El golpe arancelario y la pregunta incómoda

El 7 de agosto de 2025, la administración de Donald Trump consumó una de las mayores rupturas del orden comercial multilateral en las últimas décadas: la imposición unilateral de un arancel del 15% a las exportaciones de Costa Rica. Este acto, que se suma a tarifas «recíprocas» aplicadas a más de 160 países desde abril, no es simplemente una medida proteccionista más. Es el epitafio de un acuerdo que, durante 16 años, rigió las relaciones económicas entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. La incómoda pregunta que flota en el ambiente es la que planteó recientemente el medio costarricense La Nación: ¿Está muerto el DR-Cafta? La respuesta, tras un análisis frío de los hechos, es un rotundo sí. No solo está muerto, sino que fue velado en silencio por un gobierno temeroso y luego sepultado por la realpolitik de la administración Trump.

La promesa hecha añicos: del blindaje jurídico a la ley del más fuerte

El DR-Cafta se negoció y vendió como un instrumento de certeza jurídica. Su Capítulo 3, artículo 3.3, era explícito: «ninguna parte podrá incrementar ningún arancel aduanero existente, o adoptar ningún arancel aduanero nuevo, sobre una mercancía originaria». Este principio era la columna vertebral del tratado en su sección de relaciones comerciales, diseñado precisamente para superar la precariedad de iniciativas unilaterales anteriores como la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, que dependían de la voluntad discrecional de Washington. Eso nos dijeron.

La imposición de un arancel del 15% a Costa Rica no es una simple violación del tratado; es su pulverización. Como señaló el experto Álvaro Monge, miembro del equipo negociador costarricense, «el establecimiento de nuevos aranceles no procede; es contrario a lo allí acordado». La administración Trump ha demostrado que los acuerdos bilaterales y multilaterales están supeditados a sus intereses coyunturales, reduciendo el complejo andamiaje legal del Cafta a un grueso portafolio de papeles sin valor. La «ley del más fuerte», que los promotores del «Sí al TLC» aseguraban quedaría descartada, ha regresado con una virulencia inusitada.

Las advertencias ignoradas

Durante el acalorado debate nacional previo a la ratificación del tratado (2003-2007), los defensores del «No al TLC» alertamos sobre riesgos que, en su momento, fueron tachados de alarmistas y anti-comercio. Hoy, aquellas voces resuenan con una claridad dolorosa.

Pérdida de Soberanía y Vulnerabilidad Política: Se advirtió que el tratado no aislaría a Costa Rica de los vaivenes políticos de Washington. «Los defensores del tratado destacaron el aislamiento de coyunturas políticas en las relaciones comerciales», recordó el economista Ottón Solís, quien ahora exige disculpas de quienes promovieron el acuerdo. La actual escalada arancelaria, basada en un superávit comercial de $791 millones que Costa Rica obtuvo en 2024, prueba que Estados Unidos puede usar su poder para castigar … ¡el éxito exportador de sus socios!, un escenario Faustico tan inverosímil que ni los críticos lo vislumbramos.

El Espejismo de la Seguridad Jurídica: La promesa central del Cafta era proporcionar un horizonte estable para la inversión y el comercio. Los críticos siempre sostuvimos que la seguridad jurídica que se vendía era un espejismo, ya que dependía de la buena (o mala) fe de la contraparte más poderosa. La administración Trump ha confirmado esta tesis de la manera más cruda posible. Al quebrantar el principio fundamental del tratado, ha dejado claro que para Washington estos son simples “acuerdos”, “instrumentos flexibles” útiles solo mientras sirvan a sus intereses inmediatos de la potencia en decadencia. La certeza jurídica ha muerto ante la política de fuerza.

El velorio silencioso: la complicidad del miedo y la sumisión

La muerte del Cafta no fue anunciada con estruendo, sino velada en un silencio cómplice. Como apuntó el exvicepresidente Luis Liberman, «el gobierno evita mencionarlo por temor a que Washington responda con algo peor». Esta actitud de sumisión, acusada por Ottón Solís de «servilismo» hacia Trump, ha sido la melodía fúnebre de la agonía del tratado.

Mientras Costa Rica priorizó un «diálogo franco y constructivo» según su Ministerio de Comercio Exterior, otros países socios mantienen un arancel del 10%, menor al de Costa Rica, evidenciando la arbitrariedad del castigo estadounidense. La estrategia de negociación bilateral, en lugar de una acción legal contundente y coordinada con los otros firmantes, ha sido un ejercicio de futilidad. La abogada Velia Govaere lo resumió con crudeza: Costa Rica ya negoció desde mayo para revertir el 10% «y no sirvió de nada». La vía legal, aunque existente, es «larga, complicada y posiblemente costosa», y el mecanismo de solución de controversias de la OMC está paralizado. En este limbo, el cadáver del Cafta yace sin que nadie se atreva a certificar oficialmente su defunción.

El entierro y la herencia: hacia un nuevo modelo comercial

Con el Cafta efectivamente muerto y sepultado por la acción unilateral de Washington, Costa Rica se enfrenta a una encrucijada. El modelo de crecimiento basado en la dependencia de la inversión extranjera estadounidense y el acceso privilegiado a ese mercado muestra sus límites estructurales.

La herencia que deja el Cafta es ambivalente. Por un lado, impulsó las exportaciones (crecieron un 285,4% desde 2009, sin que ello sea una consecuencia directa del tratado). Por otro, apuntaló la economía dual donde un sector de Zonas Francas convive con un mercado interno debilitado, todo ello bajo la ilusión de una seguridad jurídica que se esfumó con un tweet presidencial desde Washington.

El futuro no puede ser más de lo mismo. La prioridad debe ser la diversificación comercial y la pluralidad geopolítica.

Sin tiempo para el duelo

El DR-Cafta está muerto. Trump lo asesinó con un arancel unilateral y arbitrario del 15% y lo sepultó con su desdén por el multilateralismo. Su fallecimiento no debe ser motivo solo de lamentos, sino de una profunda reflexión. Aquellos que defendimos el «No al TLC» no nos opusimos al desarrollo ni al comercio, sino a un modelo de integración subordinado que ponía todos los huevos en la misma canasta. Alertamos, tomando en cuenta la historia diplomática y comercial de los EE. UU., que la soberanía se canjeaba por una promesa de seguridad en extremo frágil.

Pero la muerte del Cafta puede ser, paradójicamente, la oportunidad para que el país construya una política comercial y una inserción en el mercado mundial más soberana, inteligente y resiliente, que no dependa del humor de un solo hombre en la Casa Blanca. ¿Lo haremos?

Llamado urgente a la comunidad afrodescendiente: recuperemos el principio Ubuntu para un activismo genuino

El ciudadano afrodescendiente Marco Levy Virgo, se dirige a todas las personas, organizaciones, ONGs, asociaciones y movimientos que dicen representar a la comunidad afrodescendiente en Costa Rica y más allá. Desde su experiencia de lucha, se observa como ciertos liderazgos, tanto políticos como no políticos, han convertido la identidad, la historia y las luchas en un instrumento para su beneficio personal, alejándose de los valores que unen como pueblo.

El principio Ubuntu —“Soy porque nosotros somos”— recuerda el mandato ancestral de las culturas bantúes: la fuerza radica en la interconexión, la solidaridad, la cooperación y el respeto mutuo. Este principio enseña que no se existe como individuos aislados, sino que el bienestar depende del progreso colectivo, de la responsabilidad compartida y del compromiso genuino con las comunidades.

Es hora de recuperar el principio Ubuntu y transformar el activismo en un movimiento genuino, inclusivo y colectivo. Por ello, se proponen las siguientes acciones urgentes:

  1. Transparencia y rendición de cuentas: Las ONGs, asociaciones y líderes deben abrir sus estructuras, involucrar a las comunidades de base y rendir cuentas claras sobre los recursos que gestionan en nuestro nombre. La confianza se construye con hechos, no con promesas.

  2. Acción colectiva, no individualismo: Basta de cúpulas que priorizan agendas personales. Se necesita un activismo que una a las comunidades de Guápiles, Matina, Siquirres, Talamanca, Limón y Guácimo, trabajando codo a codo por soluciones concretas, como la actualización de planes reguladores costeros que protejan territorios y ecosistemas.

  3. Honrar herencia con hechos: Ubuntu llama a fortalecer la identidad afrodescendiente mediante acciones tangibles que promuevan la pesca artesanal, el turismo ecológico comunitario y la protección de manglares, arrecifes y bosques.

  4. Inclusión de todas las voces: Desde la juventud hasta los mayores, desde las mujeres hasta los pescadores, todos los sectores deben tener un lugar en la toma de decisiones. Esto está respaldado por el Convenio 169 de la OIT y por nuestro derecho ancestral reconocido en la Carta de Independencia de 1821.

No se puede seguir permitiendo que la lucha afrodescendiente sea utilizada como un medio para fines individuales. La exclusión histórica, como la Ley No. 31 de 1935, y las políticas actuales que ignoran los impactos del cambio climático en las costas son pruebas de que tanto el Estado como algunos de los propios líderes han fallado en saldar la deuda histórica con las comunidades. Es hora de que el activismo afrodescendiente adopte el Ubuntu como brújula, transformando el “Poder de Uno” en un movimiento colectivo que garantice justicia, resiliencia y sostenibilidad para todos.

UCR. Un análisis del economista Rodrigo Cubero: el chock Trump 2.0 

Actividad organizada por el Capec-UCR

Estados Unidos ya no cree en el comercio internacional

El economista Rodrigo Cubero B. ofreció sus perspectivas de la economía internacional y nacional a través del Programa de Capacitación y Actualización Profesional en Economía (Capec). Capec nace como parte de las actividades de acción social de la Escuela de Economía y su propósito es promover la actualización profesional de los economistas o la capacitación de profesionales de otras disciplinas en temas relacionados con la economía. Foto: Archivo Semanario Universidad.

El economista y expresidente del Banco Central, Rodrigo Cubero Brealey, analiza lo que él llama el “chock Trump 2.0” que combina políticas nacionalistas, proteccionistas y aislacionistas, que en la segunda administración viene con una base más fuerte y tendrá mayor impacto y duración. La charla, ofrecida por el destacado economista, es parte de las actividades organizadas por el Programa de Capacitación y Actualización Profesional en Economía (Capec-UCR) de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica. 

La actual gestión administrativa del socio comercial más importante para Costa Rica cree que el comercio internacional es una estafa. Ve con malos ojos el déficit comercial (cuando se compra o se importa más de lo que se exporta o se vende).  

De la misma forma, hoy la administración de Estados Unidos es adversa a la producción internacional (que empresas estadounidenses produzcan en otras naciones) y en consecuencia produzcan empleo fuera de Estados Unidos.  

Además, reconfigura a sus aliados en el globo y combate a toda forma de migración. En resumen; eso es el movimiento MAGA (Make America Great Again), que a criterio del experto es una “pésima decisión de política económica” desde el punto de vista de la eficiencia de la producción.  

También, el chock Trump 2.0, es disminución de impuestos; recortes a la inversión social (como el cierre de la agencia de ayuda externa y el intento de cerrar el ministerio de educación); una política deliberada para debilitar el dólar, para favorecer las exportaciones estadounidenses; y propone una política fiscal laxa que incrementará la deuda pública.

Por último, hay un cambio que propicia la desregulación ambiental y favorece la explotación de hidrocarburos.

A la espera de un sismo (de grandes consecuencias)

Nada destruye más las posibilidades de inversión que la incertidumbre, y ella cobrará la factura en mayor inflación y menor crecimiento.

  1. Entre los factores que están sumando presión están la creación de empleo que no es favorable, datos negativos para la administración Trump; a los cuales respondió con el despido del líder del Instituto de Estadísticas, lo que en consecuencia tiene un efecto nocivo de confiabilidad de datos en EE. UU.   
  2. Además, el clima agresivo y de arrestos en frontera y el aumento en el número de deportaciones, traerá como consecuencia la escasez de la mano de obra migrante con un efecto en la inflación. 
  3. Cuberto asegura que el efecto inflacionario del chock Trump 2.0 aún no se ha sentido.  
  4. Las tasas de interés en EE. UU. serán al alza y eso afectará al resto del mundo. Pues se reduce el espacio para la baja en la Tasa de Política Monetaria.   
  5. Es esperable una desaceleración de la economía a nivel global como consecuencia de las barreras arancelarias que hoy en promedio son del 18 %; el nivel más alto desde 1934. Antes de Trump, eran de 0 %.“Es un escalamiento sin precedentes”, afirma el experto.

Arancel y otras desventajas para Costa Rica

A partir del 7 de agosto pasado inició la aplicación de las barreras arancelarias al libre comercio, promovidas por Estados Unidos, donde se fijó un piso del 10 % a toda importación que ese país realice.  

Sin embargo, para Costa Rica, las noticias fueron peores. Debido a que Estados Unidos tiene un déficit comercial con el país, el arancel recíproco quedó fijado en un 15 %, asunto que coloca a las exportaciones costarricenses en desventaja frente a la gran mayoría de naciones centroamericanas, y especialmente en desventaja con México, país al que se le aplicó un 0 % a casi la mitad de su producción. 

Lo anterior tiene un fuerte efecto en la economía costarricense, pues del total de bienes exportados por el país, el 47 % tiene como destino los EE.UU. de un total de servicios del 50 %. Adicionalmente, el 70 % de la Inversión Extranjera Directa que recibe el país es proveniente de esa nación.  

Además, existe un nuevo peligro que se cierne sobre Costa Rica, pues dos senadores, uno del Partido Republicano (Jim Justice, de West Virginia) y otro del Partido Demócrata (Rubén Gallego, de Arizona), presentaron un proyecto de ley mediante el cual pretenden repatriar los centros de llamadas. Para ello, restringirían ciertos beneficios –como acceso a incentivos y préstamos garantizados por el Gobierno Federal– a las empresas que trasladen o mantengan esos servicios fuera de Estados Unidos. 

“En tiempos normales, no le hubiéramos prestado mucha atención a tan disparatada idea. Probablemente, se trataría tan solo de un nuevo proyecto que naufragaría en las aguas de la sensatez en Washington D.C., tal y como ha sucedido en el pasado con otras iniciativas de similar naturaleza. Pero, los tiempos han cambiado”, concluye Cubero.

Webinar: Coyuntura internacional y perspectivas para la economía costarricense

El webinar analizará el entorno internacional y sus implicaciones para la economía costarricense. Se tocarán las perspectivas económicas y los riesgos externos e internos para el rumbo de la economía nacional. Expositor: Rodrigo Cubero Asesor y consultor internacional en temas económicos y legales, y miembro de varias juntas directivas. Sirvió como presidente del Banco Central de Costa Rica entre agosto del 2018 y mayo del 2022.

Gabriela Mayorga López
Editora digital y periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR

Caminata urbano-histórica entre San Joaquín y San Francisco de Heredia

El grupo Caminantes de Costa Rica invita a participar en una caminata urbano-histórica para conocer atractivos naturales, históricos y turísticos del país. La actividad se realizará el próximo recorrido de 5,5 km entre la iglesia de San Joaquín de Flores y San Francisco de Heredia.

La salida será a las 8:45 a.m. y tendrá una duración aproximada de hora y media. La inscripción tiene un costo de ₡3.000 e incluye guía acreditado y refrigerio. Antes de la salida se tomará la presión arterial y la frecuencia cardiaca de las personas participantes.

Fecha: 23 de agosto; salida 8:45 am.

Para más información e inscripciones puede comunicarse al teléfono 7189-4252.

Sesión municipal entre el interés ciudadano y el cálculo político

El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR) presenta un análisis de lo sucedido en la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Escazú del pasado 19 de agosto, en la que se esperaba debatir sobre el Plan Regulador.

No obstante, la agenda dio un giro inesperado: durante dos horas se expuso un informe sobre Vivienda Municipal y, de forma sorpresiva, se incluyó un nuevo punto para presentar los avances de la Oficina de Plan Regulador.

Lo que no se preparó fue el espacio para la ciudadanía. Afuera del edificio, cerca de cien vecinas y vecinos exigían una participación real en la construcción del Plan Regulador: incidir en las decisiones de zonificación, asegurar que el ordenamiento priorice zonas seguras y comunitarias y no solo negocios inmobiliarios, además de plantear medidas preventivas frente a la creciente presión urbanística.

A esto se suma la preocupación por la zona protectora de los Cerros de Escazú, vital para la recarga hídrica, la biodiversidad y la seguridad ante desastres. La disputa no es solo técnica, se trata de definir si el ordenamiento territorial garantizará condiciones de vida dignas y sostenibles para el cantón o si se impondrán intereses fragmentados y comerciales.

Mientras tanto, dentro de la sesión, la Municipalidad improvisaba con sillas y nunca resolvió los problemas de audio. Lo único asegurado fue la presencia de la Policía Municipal. Quienes asistieron denunciaron la falta de condiciones mínimas para la participación ciudadana y cuestionaron que las audiencias solicitadas iniciaran hasta pasadas las diez de la noche.

La administración, por su parte, defendió la labor de la Oficina de Plan Regulador con más de una hora de exposición, apelando a combatir la “desinformación” ciudadana. Pero lo que quedó en evidencia fue la ausencia de espacios efectivos de diálogo, el uso de advertencias sobre sanciones penales y una dinámica política marcada más por el cálculo que por la construcción de confianza.

El trasfondo revela que el Plan Regulador no es un asunto meramente técnico, en Escazú se entrecruzan tensiones entre agricultura, comercio y zonas residenciales. La presión inmobiliaria acorrala a las familias agricultoras y amenaza la zona protectora, mientras la falta de agua, las inundaciones recurrentes y la mezcla desordenada de usos de suelo son problemas que la ciudadanía identifica día a día.

La sesión se extendió hasta casi la medianoche, cuando finalmente se abrió un espacio para escuchar a la comunidad. Como resultado de la presión vecinal, se propuso convocar una sesión extraordinaria en el Centro Cívico, con condiciones adecuadas para un diálogo más abierto.

Acceda a la nota completa en la página del Observatorio de Bienes Comunes UCR: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/sesion-municipal-entre-el-interes-ciudadano-y-el-calculo-politico/

Conversatorio en Talamanca: Mecanismos de compensación de emisiones de carbono bajo la lupa comunitaria

Comunidades indígenas de Talamanca profundizan en el debate sobre los mecanismos de compensación de emisiones de carbono y sus impactos en la autonomía territorial. El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR) ha publicado un artículo que recoge el conversatorio realizado a petición de la comunidad de Alto Cohen.

En el conversatorio se analizaron en colectivo el Plan Ambiental Forestal Territorial (PAFT) y el Contrato de Reducción de Emisiones Forestales (CREF), destacando los cuestionamientos sobre consulta previa, soberanía y las condiciones impuestas por estos instrumentos.

La actividad reunió a personas líderes, mayores y vecinas de Alto Cohen, Barrio Escalante y del territorio bribri, con el fin de desmenuzar de manera colectiva los aspectos técnicos, legales y culturales de estos instrumentos, así como sus impactos en la autonomía comunitaria.

El PAFT es un requisito para que los territorios indígenas accedan a fondos internacionales destinados a la conservación de bosques bajo la iniciativa REDD+. Una vez aprobado, abre la posibilidad de suscribir un CREF, que formaliza la venta de servicios ambientales como la captura de carbono a cambio de financiamiento.

En Costa Rica, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), adscrito al MINAE, administra estos contratos y canaliza los recursos. Sin embargo, las cláusulas del CREF establecen restricciones estrictas sobre los usos del bosque y obligan a las comunidades a vigilar y sancionar actividades contrarias a lo pactado.

Durante el conversatorio se cuestionó la validez de los procesos de consulta que dieron origen a estos instrumentos. Voces comunitarias señalaron que la participación fue limitada, sin acceso pleno a información clara ni condiciones de traducción y contextualización cultural.

Esto ha generado conflictos internos y tensiones con las asociaciones de desarrollo que firmaron los contratos, en detrimento del derecho a la consulta previa, libre e informada, establecido en el Convenio 169 de la OIT.

Las personas participantes coincidieron en que el financiamiento condicionado puede restringir usos tradicionales como la cacería, la agricultura y el aprovechamiento de madera, debilitando las formas históricas de gestión territorial de los pueblos bribríes y cabécares.

Para las comunidades, la conservación no puede desligarse de la soberanía sobre el territorio, ni reducir los bosques a meros “servicios ambientales” mercantilizados.

Otro punto de debate fue el rol de las asociaciones de desarrollo indígena, señaladas por tomar decisiones sin un mandato comunitario claro y por no garantizar transparencia en el manejo de los recursos. Se planteó la urgencia de democratizar la información y asegurar procesos amplios de socialización antes de suscribir cualquier acuerdo que afecte a los territorios.

Finalmente, se alertó sobre la incorporación de los PAFT y CREF en lo que se denomina falsas soluciones climáticas: mecanismos que permiten a empresas y países contaminantes comprar compensaciones, en lugar de reducir sus emisiones, mientras trasladan los costos y riesgos a las comunidades indígenas.

Para acceder a la información completa diríjase al siguiente enlace: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/conversatorio-en-talamanca-mecanismos-de-compensacion-de-emisiones-de-carbono-bajo-la-lupa-comunitaria/