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Autor: María José Ferlini Cartín

Conflictos por explotación de ecosistemas y el proyecto 23.414

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Osvaldo Durán-Castro, sociólogo
Profesor ITCR-ecologista FECON

En el debate sobre cuál es el modelo eléctrico que requerimos en Costa Rica y en cualquier parte del mundo, uno de los argumentos a superar es el sentido común errado, pero políticamente vendido y creído, de que prácticamente todas las energías que no provienen de combustible o que se generan con su uso son renovables, sostenibles, limpias, verdes. Ya hoy, en cualquier debate serio se deben incluir los impactos de esas energías “limpias” en los ecosistemas y las personas. No reconocer la destrucción de los ecosistemas, empezando por los ríos en el caso de la generación de electricidad, además de ser técnicamente ignorante, es una completa irresponsabilidad.

Hace 4 años, cuando Costa Rica fue sede del Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica, de la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica (IHA) (7 al 24 de septiembre de 2021), con el apoyo del Gobierno, el Ministerio de Ambiente/MINAE y el Instituto Costarricense de Electricidad/ICE, decenas de organizaciones de América y Europa, puntualizamos numerosos argumentos técnicos sobre los daños e impactos irreparables de las energías “limpias” como las hidroeléctricas, que hasta hoy no son de consideración para esa industria.

Si bien un componente de este debate es puramente técnico y científico, otro, igualmente pesado, es el relacionado con los derechos de las personas y de los ecosistemas. Cierto que hay enormes diferencias entre lo público y lo privado, por cuanto lo público generalmente cuida la atención de necesidades sociales relacionadas con energía, mientras que los modelos privados están fijados en el lucro. Pero, en general, coinciden en que todos sus proyectos, salvo excepciones muy calificadas, son pensados, construidos e impuestos sin ningún tipo de consulta a la gente que es impactada negativamente. Además, las industrias públicas y privadas, de nuevo salvo excepciones públicas, niegan y justifican los daños a los ecosistemas, desde los más leves hasta los más severos e irreparables, mediante los llamados estudios de impacto ambiental, que en muchísimos casos, no son más que una fabulosa industria intelectual y de ciencias naturales y sociales, asociada con la explotación energética de cualquier tipo. En Costa Rica un caso de antología en cuanto a irresponsabilidad técnica, tráfico de influencias, favores políticos, permisos amañados, presión e imposición a las comunidades, etc., fue el proyecto de hidroeléctrica San Rafael de la empresa H.Solís, que tras muchos años de lucha comunitaria y social local y nacional fue derrotado. Casi de inmediato las comunidades de Turrialba y nacionales sumaron a su historia la liquidación de los PH Bonilla 510 y PH Bonilla 1320 de la empresa Hidrodesarrollos del Río Platanares S.A. que, según se dijo, era la misma H.Solís. Estos y muchos otros casos son evidencia de que desde hace décadas empezó a crecer en Costa Rica un nuevo sentido crítico, ético y preocupado por modelos sustentables.

Precisamente por esas preocupaciones es que un foco de desacuerdo irreconciliable con el proyecto 23.414 es que supone un peligro directo de explotación indiscriminada de los ecosistemas nacionales. Entre las “Fuentes energéticas renovables” (artículo 3k) se mencionan “la energía del sol, el viento, la biomasa, el agua, las mareas, olas y los gradientes de calor natural y otras que surjan y sean reconocidas por el ente rector”, sin reparo de ningún tipo en sus impactos y como si éstos fueran inexistentes. En el mismo párrafo se agrega que son “fuentes de energía que están sujetas a un proceso de reposición natural”, lo cual revela que quienes redactaron el proyecto desconocen u ocultan deliberadamente toda la información científica sobre ecosistemas destruidos en el mundo como cuencas hidrográficas y sus ríos. ¿Acaso un río sobrevive con el 20 o 10% de su caudal que en los estudios de impacto ambiental siguen defendiendo ridículamente como “caudal ecológico”?

Estas fuentes “renovables” según el artículo 14 del 23.41 “Prioridades del Plan de Expansión de la Generación y la Transmisión” “pueden ser desarrolladas por cualquiera de los agentes de mercado, independiente de su naturaleza pública, privada o mixta…”. Este es un punto particularmente sensible pues retoma todas las pretensiones y presiones contenidas en muchos proyectos de ley anteriores, todos orientados a romper los topes de generación para privados tanto por tamaño de proyectos como por porcentaje con respecto del Sistema eléctrico nacional, SEN. Esos topes hasta ahora son del 15% según la Ley 7.200, capítulo I, con proyectos de hasta 20 megavatios y de otro 15% con la Ley 7.508, capítulo II, con proyectos de no más de 50 megavatios. En versiones anteriores de otros proyectos privatizadores se establecían topes ideales de 50 megavatios para los primeros y de 100 megavatios para los de la Ley 7.508. Pero ahora, con el proyecto 23.414 se rompen todos los topes para los proyectos privados, ya sea de empresas nacionales o transnacionales, pues todos los agentes competirán en el mercado de subastas en igualdad de condiciones.

El otro punto crítico es que todos los sistemas de explotación, trasiego, almacenamiento y distribución de cualquier energía, requiere explotaciones y energías adicionales. La lucha emblemática en la Patagonia chilena contra una explotación hidroeléctrica de 2.760 megavatios en Aysén y tendidos eléctricos de 1.970 kilómetros para consumirlos principalmente en minas, para favorecer a corporaciones privadas, es uno de los mejores ejemplos para comprender los impactos interrelacionados entre distintas explotaciones energéticas. Ni qué decir de la mitología y el novelón global alrededor de consumo de “energías limpias” en carros eléctricos y dispositivos de almacenamiento energéticos, cuya producción resulta devastadora.

El proyecto incluye (artículo 3 j) como “Fuentes energéticas no renovables” “el carbón, la turba, el petróleo, el gas natural y el material radioactivo y otras que surjan y sean reconocidas por el ente rector”. Con esto queda claro que se busca, de nuevo, que en el país más “limpio” se pueda explotar petróleo o hacer fractura hidráulica del suelo para extraer gas y petróleo (fraking) o hasta jugar con materiales radioactivos. Más allá de los peligros por destrucción de ecosistemas de este tipo de extracciones, es claro que será imposible mantener cualquier propaganda de país “sostenible” si se abren los mercados para este tipo de explotaciones energéticas.

Si bien el artículo 16 establece que “estos proyectos solo podrán ser desarrollados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a solicitud del Ente Rector”, de seguido se crea la posibilidad de que puedan ser implementados por otros agentes del mercado si el ICE declara “imposibilidad de llevarlo a cabo”, gracias a que ECOSEN “desarrollará un proceso de contratación de estos proyectos”. Esta es parte de la letra del proyecto que crea opciones para contratos con empresas locales o transnacionales para incursionar en explotaciones energéticas hasta ahora detenidas en el país. El máximo nivel de fiscalización para estos proyectos será responsabilidad del MINAE que les dará “autorización”. Pero, si nos atenemos a fiscalizaciones y autorizaciones como las de Crucitas, Gandoca Manzanillo, la zona marítimo terrestre en Guanacaste y cientos más, pues ya sabemos la tusa con que nos rascamos y los resultados posibles.

No es que el proyecto 23.414 por sí solo inicie una era de conflictos sociales relacionados con energía; es que los agudizará. En un mercado abierto, con competencia igual entre lo público y lo privado y con todas las empresas nacionales y transnacionales, presionando para generar y competir en mejores condiciones en el mercado eléctrico, se multiplicará la amenaza de muchos proyectos. Ya mencionamos algunos como los provocados por la empresa H.Solís, pero podrían reanudarse otros sobresalientes como el PH Diquís. En el Plan de Expansión de la Generación 2020-2040 (ICE. PEGE. marzo 2023. P.125) se incluyen veintinueve proyectos de todo tipo entre públicos y privados. La lista la encabeza precisamente el PH Diquís por ahora “suspendido” (no excluido ni menos liquidado) con una potencia de 646 megavatios (el proyecto en operación más grande del país es el Reventazón de 305 megavatios). Otros dieciocho eventualmente serían desarrollados por empresas (algunas que son también generadoras) como JASEC, COOPEALFARO, COOPEGUANACASTE, COOPELESCA y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (PEGE. P.128).

El mismo ICE señala que a esos nada pocos cuarenta y siete proyectos se pueden sumar otros de empresas distribuidoras y privados “que puedan ser identificados y estudiados”, y llama la atención la explicación de que “Además de los nuevos esquemas que eventualmente puedan aparecer (vale preguntarse si como los del expediente 23.414) proyectos adicionales están bajo estudio por desarrolladores del sector privado y de las empresas distribuidoras. Las plantas genéricas que aparecen en el plan de expansión permiten tomar en cuenta la posibilidad de estos desarrollos” (PEGE. P.127).

Abonando en favor de la generación privada el Plan de expansión del ICE señala que “La optimización del Plan de Expansión considera la capacidad disponible en proyectos genéricos, y optimiza la instalación, independientemente del régimen de propiedad y de las condiciones contractuales de las plantas y proyectos…” incluyendo las opciones de generadores independientes/privados (PEGE. P.128). Precisamente por estas posiciones anti-públicas del mismo ICE, es que es urgente sumar muchos más actores sociales en defensa del modelo público, solidario, con fijación de precios justos y enfocado en el bienestar de la población, que son los principios que desaparecerían si se aprueba el expediente 23.414, con la complacencia de gente dentro del mismo ICE.

Lo que defendemos es un modelo eléctrico público dirigido por el ICE, con crecimiento planificado según necesidades colectivas de toda la sociedad y no asociados con el lucro privado. Con precios de consumo final fijados según las necesidades reales de la población, sobre todo de las poblaciones rurales más alejadas e indígenas que son las que tienen acceso más difícil y costoso. El modelo de electricidad que necesitamos fortalecer es el que respete los ecosistemas de todo tipo de acuerdo con su capacidad limitada de carga para la generación de energía y el que entienda que los ríos no son sencillamente mercancías por explotar indiscriminadamente. Igualmente, asociados a los ríos están todos los ecosistemas y los derechos de las comunidades que viven y los aprovechan para actividades de sobrevivencia y subsistencia, como la agricultura, la pesca, la recreación, el turismo, etcétera.

Como se puede comprender, impedir la aprobación del proyecto de “armonización” 23.414, no significa la defensa incondicional del ICE. Dentro del ICE y desde hace décadas hay muchos cómplices de su desmantelamiento y favorecimiento de los negocios privados tanto en electricidad como en telecomunicaciones. Ingenuidad es lo menos que debemos cobijar.

Presentación de libro «Violencia Obstétrica»

Escrito en . Publicado en Cultura.

El Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Benemérita Biblioteca Nacional, se complace en invitarle a la presentación del libro Violencia Obstétrica desde la perspectiva de los Derechos Humanos y testimonios de mujeres sobrevivientes de Lorena de la Garza y con la participación de Amber Douma, Alejandro Hernández Bolaños y Luis Leiva Hernández.

La actividad será presencial el miércoles 21 de mayo a las 9:00 a.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional. También se transmitirá por el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

Soberanías, Nuestra América y la construcción global de un concepto

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

SURCOS comparte la introducción del libro Soberanías, Nuestra América y la construcción global de un concepto, del académico Jaime Delgado Rojas. El libro está disponible en las librerías de la UNED.

Introducción

Hace unos años, en una conversación informal, el maestro José Miguel Alfaro Rodríguez (q. e. p. d.) me señaló que en los procesos de integración se crean entes supranacionales gracias a la transferencia de cuotas de soberanía que hacen los Estados suscritores; me explicó en qué consistía y cómo se construían. Aquel diálogo me dejó marcado con el tema desde entonces. Eran los años noventa del siglo pasado, cuando en la Universidad Nacional de Costa Rica habíamos impulsado un proyecto de formación de profesionales para la integración centroamericana. Para aquel entonces, esta región estaba saliendo de una de sus peores crisis políticas y reinventaba sus políticas económicas y sociales sobre la base de los tejidos humanos que se habían roto por la guerra y que, a mucho costo, empezaban a zurcirse. El maestro Alfaro Rodríguez había sido vicepresidente de la república (1978-1982), consultor de órganos de integración centroamericana y profesor de derecho comunitario; por tanto, no estaba al margen de los acontecimientos sociopolíticos regionales. Los acuerdos de paz y los compromisos suscritos por los cinco mandatarios centroamericanos en Esquipulas, Guatemala (1987), conllevaban una agenda que solo podía echarse a andar regionalmente. Se insertaba, esa agenda, en una historia más que centenaria de encuentros y desencuentros entre hermanos, sus cúpulas políticas, el empresariado, los trabajadores, sus intelectuales que pensaban y añoraban una unidad centroamericana: un sueño que viene desde el momento de la firma del acta de independencia de España (1821). A partir de ese acto emancipatorio, la región pasaría por una inviable Federación Centroamericana, con sus guerras internas, su disolución y la construcción de Estados nacionales muy pequeños para ser viables, en la mira de la voracidad de las potencias, sobre todo de los británicos por dentro y por el Caribe y Norteamérica por todos los costados. La intervención en Nicaragua (1856-1857) de William Walker, un esclavista entusiasta en la agenda de los confederados del norte, activó el encuentro de patriotas nacionalistas y la oportunidad para forjar sentidos de identidad muy adecuados para la modernización liberal posterior. El siglo XX no fue menos trágico: violaciones constantes de derechos humanos, frustración de aspiraciones nacionalistas por intervención de marines y, de nuevo, guerras para definir fronteras geográficas que marcarían hasta dónde llegaba la soberanía territorial. Más tarde, otra modernización, la de la sustitución de importaciones, la cual fue exitosa para los grupos oligárquicos y las burguesías, pero dejó a las mayorías nacionales en el desamparo. Este nuevo contexto alimentó, otra vez, guerras durante los años setenta y ochenta que serían dirimidas a partir de los acuerdos de Esquipulas (1987), con calendario y compromisos para que estas pequeñas naciones iniciaran otro camino de modernización capitalista: la apertura y el libre comercio, con las agendas del GATT y la OMC, luego con los tratados de libre comercio y las alianzas con diverso nombre, para que los negocios financieros, las empresas de bienes y servicios, las telecomunicaciones y las redes sociales pudieran navegar por encima de nuestras soberanías, sin limitaciones.

Este es el contexto donde comprendí que la soberanía no es aquella plenitudo potestatis de la que hablaba Jean Bodin, indivisible e intransferible; ni la democracia, la bucólica experiencia de participación que se dijo que iniciaba con Pericles en Atenas; y, tal vez, ni la república era como se diseñaba en el sueño de los ilustrados franceses que empezó a construirse en el norte de América. Entre papeles y reflexiones, me percaté de que los derechos humanos no tienen nada de natural, pues han ido forjándose y profundizándose gracias a la lucha permanente de los seres humanos; no a partir de la declaración universal francesa, sino desde la Antigüedad, cuando se definió al hombre como ser racional, social y universal, portador de derechos que lo hacían diverso y rebelde; esto exigía, por ende, el respeto, la tolerancia y la solidaridad. Me percaté que con cada derecho que conquistábamos como humanidad, había una práctica social y política que repudiábamos.

Estos temas, enmarcados en Nuestra América y en sus textos fundacionales, son de los que trata este libro. Lo empecé al incursionar en el estudio de la integración, primero la centroamericana y luego las otras experiencias del continente. Me hice acompañar de la historia de la filosofía, por lo que volví a la lectura de los clásicos y en sus líneas traté de entender sus contextos históricos y culturales; reflexiones, a veces, dispersas y desordenadas, en dos oportunidades suspendidas para realizar investigaciones por invitación de organismos e instituciones mexicanas. La primera, en el 2008, por la Dra. Mercedes de Vega Armijo, directora del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, para que yo participara en el proyecto La búsqueda perpetua: lo propio y lo universal de la cultura latinoamericana, en doscientos años de vida independiente. Otra, en el 2015, por el Centro de Investigación y Docencia Económica, también de México, para participar en el proyecto Un siglo de constitucionalismo en América Latina 1917-2017, dirigido por la Dra. Catherine Andrews y que concluiría precisamente al celebrarse el centenario de la firma de la Constitución de Querétaro. Ambos proyectos, pero sobre todo el segundo, me permitieron profundizar en mi tema, en su relevancia. De ambos obtuve mucha información; además, valiosas reflexiones, retroalimentaciones, sugerencias y lecturas de textos y fuentes. Pero llegó el momento de sentarme a escribir, de nuevo a leer, a reflexionar y a volver a redactar.

De esa forma, lo que les pongo a mano son doce capítulos y una reflexión final en calidad de conclusión. En el primero, hago el planteamiento inicial con algunas elucubraciones teórico-conceptuales, los objetivos y temas sustantivos que suelen aparecer en calidad de adjetivos del sujeto soberanía: nacional, territorial, popular, estatal, más un intento de formular conjeturas e hipótesis de toda la investigación.

En el segundo, hago un estudio de las constituciones políticas latinoamericanas, las veinte constituciones vigentes en América Latina, más la norteamericana y la de las Cortes de Cádiz. En ellas, extraigo el uso que se hace del concepto de soberanía. Sobre la marcha fue necesario echar mano de constituciones precedentes: las de Argentina, México, Colombia, Uruguay, Venezuela, Haití, Cuba y Costa Rica.

En el tercero, me ocupo del concepto y trayectoria de la noción de democracia, desde el clásico discurso de Pericles, pasando por los no entusiastas de la práctica de Atenas, hasta el final del medioevo. Luego, en el cuarto, hago un esfuerzo de construcción del concepto de soberanía, como plenitudo potestatis, partiendo de las expresiones bíblicas sobre las cuales se afianzó el pensamiento cristiano oficial. Estos dos capítulos dan pie a los siguientes: el quinto, “Estado y nación”, se ocupa del surgimiento del Estado nacional desde el Renacimiento, en particular yo centro la atención en Maquiavelo y en los contractualistas: se refiere a la emanación del poder desde abajo. El sexto se titula “Poder absoluto: el soberano”. Ahí hago análisis de tres filósofos que legitimaron el absolutismo en Europa: Bodin, Hobbes y Hegel, en esa parte se observa el poder como emanado desde arriba. El capítulo siete se dedica a la definición de la soberanía territorial y al derecho internacional, tanto en sus padres fundadores, como en los acuerdos de paz del siglo XVII y el Congreso de Viena del siglo XIX: son referencias a la construcción de los Estados modernos. La intención de estos tres capítulos es evidenciar el trasfondo ideológico existente en las expresiones y prácticas políticas en Nuestra América: nacionalismo, republicanismo y presidencialismo. Esos Estados, realmente existentes, se describen en el capítulo ocho, ubicados geográficamente en dos zonas o regiones: la continental y la insular, y en dos formas de mostrarse al mundo: como Estados individuales y formalmente autónomos junto a sus vecinos no autónomos y en sus construcciones regionales.

En el capítulo noveno, se trata la autodeterminación en Nuestra América y la defensa de la soberanía nacional, enfrento los debates intelectuales que permitieron la construcción del concepto de Nuestra América y su contenido antiimperialista, con lo cual se constituye, de por sí, en plataforma de defensa de la soberanía nacional latinoamericana y, por su necesidad intrínseca, de construcción de proyectos de unidad regional y subregional. Esto es un intento de construir una teoría de la integración latinoamericana desligada del eurocentrismo, para distanciarme del hecho de que las lecturas de la integración latinoamericana se han hecho, regularmente, en clave eurocéntrica.

Ubicado en el siglo XX, el sistema internacional de posguerra redefine el sentido clásico de la soberanía y crea soportes de derecho internacional para su defensa. Centro mi ejercicio en tres acuerdos de posguerra donde se pacta la transferencia de soberanía. Esto se analiza en el capítulo diez. Pero, además, desde su misma base jurídica internacional, se legitima el derecho a las divergencias. Es el concepto de la soberanía en el concierto de acuerdos sobre derechos humanos y la participación en estos de los Estados de América Latina. A esto se dedica el capítulo once.

En el doce hay una reflexión muy libre sobre los pueblos que migran, quienes abandonan los Estados de los que fueron sus creadores para albergarse en cualquier parte del mundo: pierden su arraigo territorial, tal vez sin olvidar su identidad. En su hacer reiteran un desafío que atraviesa la historia de la humanidad, esta vez rompiendo las fronteras física y virtualmente, constituyéndose en otros desafíos a las soberanías nacionales: los algoritmos nada humanos y nómadas digitales muy humanos.

Todos los capítulos están encabezados con un epígrafe. Mi idea era poner textos alusivos al contenido del capítulo, emanados de lecturas de la narrativa latinoamericana; pero se atravesaron de camino otros. La historia de las ideas no solo se plasma en el frío ensayo del filósofo o en la historia social de las manos del historiador de profesión, sino que hay creadores e intérpretes que con su producto cultural expresan el sentido conceptual que motiva reflexiones e ilusiones que tratamos de exponer y que, como creadores, han sido gestores de sentidos de identidad, desde siempre.

La mayor parte de la exposición de resultados fue realizada durante la pandemia de covid-19, lo cual me demandó (otra vez la realidad asumió la delantera) escribir lo último como conclusión. Además, entre el fin de la investigación formal y la entrega al editor del texto, hubo cambios significativos en fuentes. El más notorio fue el de la propuesta de la Convención Constitucional de Chile, rechazado en el referéndum el 4 de setiembre de 2022. El apartado que debió haber sido el estado de la cuestión se convirtió en un anexo de valoración y comentario de las lecturas más significativas que me acompañaron en el texto.

Este esfuerzo de redacción y orientación de lecturas y reflexiones requirió el apoyo entusiasta de colegas y provocaciones cotidianas. Hubo estimados colegas que en conversaciones e intercambios motivaron y propiciaron reflexiones. Citar algunos es cometer la injusticia de no citar a otros. Hay autores ocultos: mis estudiantes. Primero, los del posgrado en Filosofía de la Universidad de Costa Rica, unos en el II semestre del 2012 en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio en San Pedro, San José; otros durante el I semestre del 2015 en la Sede Regional de Occidente de la misma universidad en San Ramón, Alajuela. Estos valiosos interlocutores fueron “torturados” por mis reflexiones, algunas muy primitivas, otras más consolidadas, con la asignación de lecturas para que las comentaran, con el cuestionamiento en el debate; usualmente me interrogaban y me dieron su visión sobre el tema. No puedo omitir a los alumnos del posgrado en Derecho Comunitario y Derechos Humanos de la Universidad de Costa Rica, desde el 2010; fueron cuatro promociones con muy excelentes profesionales, abogados todos, con quienes compartí y debatí sobre la soberanía, la integración y los derechos humanos. Algunos de ellos me solicitaron que integrara sus equipos asesores de investigación de grado, como tutor o como lector: compartí con ellos lo que había leído y reflexionado hasta entonces y aprendí de ellos su madurez, independencia de criterio, reflexión y aporte. Alguna de sus investigaciones me he permitido utilizar. Se los agradezco profundamente. Pero hay más colegas y amigos a quienes debo la sugerencia motivadora en diálogos múltiples, tertulias infinitas y motivaciones. No obstante, la responsabilidad por los errores es solo mía.

Guatemala: Carta pública denuncia nuevos actos de persecución contra la exfiscal Virginia Laparra

Escrito en . Publicado en Derechos.

Las Américas, 12 de mayo de 2025 — Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos han enviado una carta pública a las autoridades guatemaltecas para expresar su profunda preocupación ante nuevos actos de criminalización y persecución dirigidos contra Virginia Laparra, exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público de Guatemala, actualmente en el exilio.

En la misiva, las organizaciones denuncian que el Ministerio Público, con apoyo de querellantes adhesivos ligados a actores señalados por perseguir a operadores de justicia, ha solicitado revocar las medidas sustitutivas otorgadas a Laparra y ordenar su inmediata aprehensión, incluyendo una solicitud de alerta roja ante INTERPOL para su captura internacional. La solicitud, basada en publicaciones en redes sociales sin sustento probatorio sólido, se encuentra en revisión por parte de la Sala Quinta de Apelaciones del Ramo Penal de Quetzaltenango, que ha comenzado a actuar de oficio, generando preocupación sobre su imparcialidad.

Las organizaciones firmantes recuerdan que Virginia Laparra fue condenada en dos procesos plagados de irregularidades y que su labor anticorrupción ha sido reconocida ampliamente. Después de más de 680 días de detención arbitraria, la exfiscal se vio obligada a exiliarse en julio de 2024 para resguardar su vida.

La carta pública exhorta a las autoridades guatemaltecas a:

  • Garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia en el caso de Virginia Laparra.

  • Poner fin a la criminalización de personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia en el exilio.

  • Tomar en cuenta los antecedentes de persecución contra operadores judiciales al valorar este caso.

Finalmente, las organizaciones instan a la comunidad internacional, a la ciudadanía y a las representaciones diplomáticas a expresar su preocupación y a escribir a las autoridades guatemaltecas y a sus embajadas en el extranjero.

La carta enviada lleva la firma del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), CIVICUS Alianza Global, Due Process of Law Foundation (DPLF), Entraide et Fraternité- Bélgica, Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Guatemala Solidarity Network – GSN -UK , Law Society of England and Wales, Prisoners of Conscience -UK, Protección Internacional Mesoamérica y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT, en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.

Vocabulario arrabalero

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli

No hay duda de que, los autócratas y aspirantes a tal de nuevo cuño, sea cual sea su signo o inclinación ideológica no soportan el disenso, es decir, el derecho de los demás de pensar y expresar sus diferencias de criterio libremente. Ese es un elemento básico de la democracia que, cuando se pierde, acaba con ella, pues como dice G.Chiodi en su libro “Tácito Dissenso”:

  • cuando el disenso se calla, para una democracia debería sonar la alarma.

Por ello, cuando los sectores económicos del mundo, de la mano de sus ideólogos del neoliberalismo impusieron las leyes del mercado, se aliaron con los sectores políticos y los medios de comunicación para imponer, casi como una regla, el pensamiento único; nunca imaginaron que estaban creando el caldo de cultivo donde se encubarían poco tiempo después, las nuevas autocracias; que se valdrán de los mismos instrumentos de la democracia para, como las termitas, destruirla por dentro desde sus cimientos.

Hoy la democracia y las sociedades que la sustentan tiene tres tendencias que la destruyen día con día y que Diego Fusaro en “Disentir o Filosofía del Disenso” las ha definido así:

  • a) vaciamiento de la soberanía popular (remplazada por las imposiciones sistémicas, por la voluntad de los mercados, y el eficiente automatismo de los gobiernos técnicos; b) la desigualdad, cada vez mayor entre el vértice y la base que conduce a la polarización hiperbólica de la sociedad; c) la atrofia generalizada de las formas del disenso, como la negación de los espacios del pensamiento antagónico y no alineado con el orden simbólico imperante… (Fusaro D. 2022. P.34)

Y como bien señala, el disenso se obstaculiza de muchas formas, pero, muy especialmente, a través de la prensa, los medios de comunicación de masas y en los últimos quince años especialmente, en las famosas redes sociales donde, irresponsablemente, se ensucia la honra ajena y se calumnia sin misericordia utilizando el vocabulario más arrabalero que se pueda imaginar.

De esta forma, se ha ido destruyendo al ser humano como persona, en su identidad, en su familia, no tiene conciencia propia que le permita tener sentido de oposición al disgusto, el trabajo ya no es estable y va cayendo en un desarraigo no solo territorial, sino mental; pues pierde la identidad de su entorno, primero local y luego total, es simplemente un objeto de relativo valor. Su mente, atrofiada por una meditada y mal intencionada “mediocratización” de la educación y esos medios de comunicación, se ve limitada en la capacidad de pensar, reflexionar, el uso del lenguaje es limitado, ya no se habla, sino que se balbucea y se vuelve incapaz de responder al más simple cuestionamiento.

Dominada la mente, masificado el individuo, desarraigado de su pasado, es carne de cañón para el mensaje del autócrata que necesita, precisamente, que esa masa no piense, que simplemente guste y entienda su mensaje que jamás será profundo y racional, sino burdo, superficial, grosero, agresivo y arrabalero hasta el insulto más procaz. Entonces, veamos algunos ejemplos de presidentes que en el mundo hacen gala de ese lenguaje: Nicolás Maduro trató a Alberto Núñez Feijoo del Partido Popular español de vagabundo, traidor y narcotraficante; Javier Milei de Argentina dijo que el Papa Francisco era un imbécil, representante del maligno y comunista y publicó un “meme” para burlarse de León XIV; Daniel Ortega trató a Gustavo Petro de Colombia y Lula Da Silva de Brasil de traidores arrastrados y, para cerrar estos ejemplos con broche de oro, Donald Trump trató recientemente a Jerome Powell presidente de la Reserva Federal (FED), de “tonto sin ideas”, y ante la imposición de impuestos a las importaciones dijo que, nada menos, los representantes de todos los países del orbe “me llaman para besarme el culo”… sobran las palabras y comentarios.

Pero en el terruño de los “ticos básicos” como los calificó Pilar Cisneros, el presidente Chaves trató a los periodistas de ratas, a los diputados como inútiles mafiosos, chantajistas, banda de corruptos, mal nacidos, vagos, mezquinos, cucarachas, etc. Qué sentido educativo puede tener esa letanía en la población si no es repetir y decir lo mismo, abonado con un creciente sentimiento de odio que se inspira desde la misma silla presidencial.

Como bien lo explica Ece Temelkuran en “Como Perder un País”, la estrategia que siguen para imponer las dictaduras y autoritarismos es, primero destruir las voces de la oposición filtrando sus criterios a través de ejércitos de troles que

  • “simplifican, multiplican y utilizan como munición para colonizar el ámbito de las comunicaciones políticas. Al poco tiempo la comunicación se sume en el caos transformando la forma de hablar de los intelectuales y convirtiéndolos en pandilleros semánticos. La actividad intelectual pasa a ser una mera cuestión de reaccionar a los diversos fragmentos del discurso populista con sarcasmo en un intento de combatirlos con sus propias armas. El lenguaje del debate político se reduce a una especie de lucha libre donde todo está permitido…convertida en un asunto global…” (Temelkuran E.2019. Pp. 80-81)

Ese fenómeno mundial de un lenguaje chabacano, lamentablemente, no solo ha alcanzado a los sectores populares o los niveles de la “gradería de sol”, como los calificó en su momento don Alberto Cañas, sino que, en tanto el populismo ha ido ganando espacios de poder, también ha atraído o enamorado a sectores intelectuales y empresariales, que se alinean en búsqueda de los beneficios que conlleva ese populismo en lo económico y político o porque se vuelve una actitud un tanto normal. No tienen empacho en asumir, también, el vocabulario arrabalero en sus respuestas orales o escritas contra los opositores a ese fenómeno, por la sencilla razón de que son conscientes que su uso provoca miedo, temores y angustias en sus contrarios, que entonces prefieren el silencio o el “perfil bajo” aunque ello conlleve, a la larga, la pérdida total de la libertad, la democracia y conviertan a la sociedad en un conjunto de mercachifles o esclavos asalariados, incapaces de pensar.

Ese lenguaje, disperso a través de los medios vasallos y las redes sociales plagadas de granjas de troles pagados y al servicio del autócrata o aspirante a tal, se utiliza especialmente contra la institucionalidad, utilizando la posverdad y las mentiras completas, que no soportan en menor análisis serio y profundo para demostrar su falsedad, y cuando eso se produce, simplemente basta la reiteración de la mentira desinformativa para mantener el apoyo a los programas o proyectos del autócrata, por descabellados, inconstitucionales, ilegales o desaforados que estos sean.

Ese lenguaje chabacano es fundamental para fomentar los odios. Para ello se ataca el pasado, la historia, en síntesis, el patrimonio cultural que es fundamental para defender y sostener la institucionalidad. Como principal instrumento y estrategia se utiliza una gran mentira, se dice y reitera que ese pasado está plagado de corrupción porque los grupos dominantes, lo que han hecho es utilizar esas instituciones para su propio beneficio.

En el caso de Costa Rica, desde las opiniones dadas por el propio Rodrigo Chaves, su principal vocera Pilar Cisneros y de ahí para abajo todos sus exaltados repetidores, están plagadas de inexactitudes históricas y opiniones negativas e infundadas sobre la institucionalidad, que no soportan ni el menor análisis serio, analítico, documentado y académico al que ellos no están acostumbrados ni les importa. Por el contrario, es la reiteración de la mentira y el desmesurado llamado al odio lo que les basta y sobra, con lo cual tienen a sus huestes embelesadas con ignorancia, mala fe, cizaña y gritos estentóreos de odio, y por qué no, talvez, hasta algún pingüe beneficio.

Como bien lo señala Natascha Strobl en “La Nueva Derecha” estos enemigos de la democracia y la libertad, ocultan debajo de una tenue capa de modales civilizados y hasta gentiles, que pronto saltan en pedazos por…

  • “… las actitudes autoritarias que se hacen cada vez más visibles, sobre todo en forma de una retórica cada vez más gamberra…” (Stroll.2021. P. 28)

Breve, concreta y certera descripción de la forma como se presentan ante “su público” el presidente Rodrigo Chaves y sus adláteres que lo siguen de tarima en tarima, aplaudiendo, gritando y haciendo preguntas, previamente montadas, por pseudo periodistas de medios vasallos, muy bien pagados, como se ha demostrado y que sirven de caja de resonancia junto con las bandas tirolesas, verdaderos sicarios en las redes sociales, para difundir los infundios, insultados y ataques despiadados a la institucionalidad democrática nacional.

Con esa estrategia, quieren convertir al costarricense que, reitero para no olvidar, Pilar Cisneros calificó de “básico” es decir, un mediocre que se lo cree todo, en un individuo sin identidad, sin conciencia opositora al régimen autoritario con que sueña el chavismo, olvidado de sus raíces y su patrimonio cultural, casi sin arraigos, obediente, sumiso y temeroso. Para ello la utilización de ese lenguaje arrabalero y gamberro es importante, pues es la forma para mantener un bajo nivel intelectual, cultural y social y hasta ético del ciudadano.

La democracia costarricense está en peligro, se ha perdido el sentido del valor humano, espiritual y cultural de lo eterno, de lo trascendente, de lo verdaderamente importante y hermoso que encontramos en esa casa de adobe o el colibrí, que según Pilar Cisneros no crean riqueza ni bienestar; para conformar una sociedad materialista, superficial, mediatizada, sin voluntad y sin criterio propio; la mayor aspiración es entonces convertir nuestro pueblo en una sociedad mediocre, temerosa y esclava de la ignorancia, sin disensos, a la que lo llevaron, lavado cerebral incluido, con su vocabulario chabacano.

Costa Rica traza el rumbo hacia la pesca sostenible con recomendaciones técnicas, sociales y ambientales

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

San José, 14 de mayo de 2025 — La pesca sostenible se ha convertido en un tema prioritario para Costa Rica, no solo por su relevancia económica, sino por su impacto directo en la seguridad alimentaria, la biodiversidad marina y la estabilidad de las comunidades costeras. En respuesta a los desafíos crecientes que enfrenta este sector, el Parlamento Cívico Ambiental presentó el informe “Elementos clave para la pesca sostenible”, resultado del Encuentro Técnico celebrado en enero de 2025 con participación de expertos nacionales, organizaciones científicas, representantes comunitarios y autoridades vinculadas al ámbito marino-costero.

Este documento ofrece un diagnóstico claro sobre la situación actual de la pesca en Costa Rica, expone los principales obstáculos para su desarrollo sostenible y plantea un conjunto de recomendaciones orientadas a fortalecer la gobernanza pesquera, mejorar la calidad de la información científica disponible, incorporar el cambio climático en la gestión y promover la equidad en las comunidades costeras.

Desafíos múltiples y urgentes

Entre los principales hallazgos del informe se destaca:

  • La falta de datos científicos actualizados sobre el estado de las poblaciones pesqueras y el esfuerzo de pesca aplicado, lo que impide una gestión adecuada basada en evidencia.

  • La debilidad institucional y normativa del sector, con procesos de fiscalización limitados, escasa transparencia y una trazabilidad deficiente de las capturas.

  • El impacto creciente del cambio climático, que podría reducir las capturas en el Pacífico en un 15% y en el Caribe en un 30% para el año 2050, afectando no solo la productividad pesquera, sino también la seguridad alimentaria.

  • La falta de alternativas económicas viables para las comunidades pesqueras, muchas de las cuales dependen casi exclusivamente de la pesca artesanal para subsistir.


Un llamado a la acción: recomendaciones para transformar el sector

El informe plantea una ruta clara para alcanzar la sostenibilidad pesquera en el país, articulada en tres ejes estratégicos. En el plano técnico y científico, urge establecer sistemas de monitoreo y recopilación de datos biológicos que permitan estimar el estado de las poblaciones y definir límites de captura.

Desde lo social, se destaca la importancia de involucrar a las comunidades costeras mediante educación ambiental, participación activa y diversificación económica. Actividades como el ecoturismo y la pesca turística pueden reducir la presión sobre los recursos, al tiempo que mejoran los ingresos locales y promueven prácticas sostenibles.

Finalmente, a nivel de gobernanza, se recomienda reformar a INCOPESCA para que se alinee con los objetivos de sostenibilidad, y establecer marcos normativos dinámicos que respondan a los retos actuales, incluyendo el cambio climático. Herramientas como vedas, tallas mínimas y áreas marinas protegidas son esenciales para la recuperación de las especies y la salud del ecosistema marino.

Damián Martínez-Fernández, miembro de la Comisión Marino Costera del Parlamento Cívico Ambiental, subrayó:

“Costa Rica enfrenta el reto de reconducir su modelo pesquero hacia la sostenibilidad. Este informe no solo evidencia las áreas que debemos mejorar, sino que ofrece ideas de cómo lograr una pesca que respete los límites del ecosistema y fortalezca el bienestar de las comunidades costeras. Es una invitación abierta a todos los sectores a construir juntos un futuro donde la conservación y el desarrollo caminen de la mano.”

Descargue el informe completo: https://fishcostarica.org/key-elements-for-sustainable-fshing/

Vea el resumen del Encuentro Técnico:

El Vaticano: juego político de pesos y contrapesos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

En el reciente nombramiento del Papa, una vez más se ha puesto en evidencia la inteligencia política del Vaticano. Una estrategia de pesos y contrapesos lo ha sostenido, contra viento y marea, como una sólida institución religiosa. Ha sabido enfrentar las disidencias y movimientos contestatarios, algunas veces con medidas disciplinarias y censuras y otras asimilándolos para vaciarles o diezmarles su poder disruptivo. Así, por ejemplo, asimiló el movimiento de reforma impulsado por San Francisco de Asís, que invitaba a una conversión al mundo de los pobres y la hermandad con toda la creación. La contraparte fue la descalificación del movimiento de reforma protestante del Siglo XVI, particularmente por sus tesis fundantes de la salvación por gracia (sola gratia y sola fide) que venían a deslegitimar la venta de indulgencias, la que anteponía a la autoridad papal la autoridad centrada en la Biblia (sola scriptura) y la del sacerdocio universal de los creyentes que enfrentaba a la estructura jerárquica de la Iglesia.

Para el filósofo italiano Antonio Gramsci, si la Iglesia hubiese perseguido y deslegitimado al movimiento franciscano habría anticipado la Reforma en dos siglos. Sin embargo, más bien lo inmuniza, dispersa a sus discípulos y reduce a la nueva religión a una simple orden monástica a su servicio (Citado por Portelli, 1977,72). Un claro ejemplo de cómo apelando al mecanismo de la asimilación, por canonización también en este caso, la Iglesia se legitima y consolida institucionalmente.

Podríamos decir que hoy la Iglesia Católica reivindica el legado franciscano al nombrar al cardenal Jorge Bergoglio, un jesuita que emula, simbólicamente con sus gestos e ideario teológico y pastoral, a San Francisco de Asís; y ahora al cardenal Robert Prevost, un agustino que se presenta como continuidad del magisterio de su antecesor. La gran diferencia con la recuperación anterior es que ahora en lugar de asimilarlo para quitarle o restarle su fuerza disruptiva y reformadora, más bien se potencia su legado para impulsar la iglesia hacia mejores rumbos; una revalorización no por asimilación sino por recuperación como agente que fermenta la masa eclesial y le señala nuevos desafíos y derroteros a asumir.

De esta manera, el peso conservador que privó, especialmente en lo dogmático y doctrinal, en los magisterios de Juan Pablo II y Benedicto XVI, se ve compensado por estos dos nuevos papas de perfil progresista y reformador. Esto explica, la paradoja de que fuese el Papa Benedicto XVI, perteneciente al ala conservadora quien, de alguna manera, contribuyera también con su renuncia para el nombramiento de un papa progresista como Francisco.

Efectivamente, el cardenal Joseph Ratzinger cuando ejercía como mano derecha (también en sentido político) del Papa Juan Pablo II impulsó, como Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, las medidas disciplinarias que se aplicaron al teólogo latinoamericano de la liberación y franciscano, Leonardo Boff, por sus tesis críticas, particularmente eclesiológicas, contenidas en su libro Iglesia, carisma y poder. Cabe destacar que Leonardo Boff en una ocasión hizo referencia a los detalles del proceso a que fue sometido en el Vaticano. Relata que en el momento en que el Papa Juan Pablo II iba a dictar la censura, siendo conducido por Joseph Ratzinger a la sala respectiva, quien había sido su profesor cuando estudiaba en Alemania, le dijo que lucía bien la sotana a lo que él le respondió que el problema de vestirla en Brasil era que cuando se subía a un bus hasta la joven embarazada se paraba para darle campo, entonces, aquel símbolo perdía todo su significado diaconal. Y cuando el Papa avanzaba hacia el pódium para dictar la sentencia final, se arrodilló, y al lado en una pared había una pintura de San Francisco, entonces Leonardo se acercó al oído de Ratzinger y le dijo que viera el valioso gesto del Papa inclinándose ante el santo de los pobres. ¿Quién podría imaginar que Leonardo Boff, el censurado con la llamada ley mordaza, se convertiría en asesor del Papa Francisco en materia de ecología y cambio climático (ecoteología) para la elaboración de la Encíclica Laudato Sí?

No es casual tampoco, que siendo el magisterio de Juan Pablo II conservador en lo teológico y pro-neoliberal en lo económico y político, en algunas coyunturas, apelara al juego de los contrapesos. Por ejemplo, al final de su pontificado visita a Cuba donde pronunció la frase “que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba”. Asimismo, en una Conferencia de Obispos en Brasil se pronunció reconociendo la necesidad y utilidad de la Teología de la Liberación, incluso aduciendo que debía constituir una etapa nueva y ser incorporada en la reflexión teológica iniciada en la tradición apostólica y continuada en el magisterio ordinario y extraordinario de la Iglesia (Scannone, 1987,80).

Estamos ante una estrategia o juego de pesos y contrapesos por parte del vaticano, en donde debe privar la inteligencia política que sabe valorar las coyunturas históricas, sociales y religiosas, a la hora del nombramiento de la máxima autoridad de la Iglesia, el Papa. En este aspecto la Iglesia Católica, como lo destacara Gramsci, ha sido muy tenaz en su lucha por evitar que se formen dos religiones: la de los “intelectuales” y la de las “almas simples”. También, podríamos decir la de los conservadores y la de los reformistas, contribuyendo a procurar la unidad desde una política de contrapesos. Y el gran desafío sigue siendo, tener la inteligencia y lucidez para saber atender a los signos de los tiempos.

El Papa de la misericordia y la esperanza, Francisco, abrió nuevos senderos reformadores para una iglesia más sinodal que jerárquica, ensanchó el espacio para las mujeres, fue un defensor insigne de los migrantes y empobrecidos, del cuido y defensa de la naturaleza, benevolente con los estigmatizados por sus preferencias sexuales e impulsó el diálogo interreligioso para una convivencia fraterna y amistosa (Encíclica Fratelli Tutti).

A pesar de que con el nombramiento del nuevo Papa León XIV hay signos de continuidad reformista, como ya indicamos, también los hay en sentido contrario. Dentro del comportamiento político de pesos y contrapesos está por verse cuál orientación prevalecerá. Hacemos votos para que los grandes logros del magisterio de Francisco no se vean opacados por las fuerzas conservadoras que gravitan resistiéndose al cambio necesario de una Iglesia que ha sabido, en buena medida durante el magisterio de Francisco, leer los signos de los tiempos para contribuir a la paz mundial, la inclusión a todo nivel y particularmente comprometida con la defensa de los empobrecidos y los derechos de la naturaleza.

Fila Costeña amenazada por proyectos inmobiliarios y falta de regulación

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  • Comunidades y la UCR han solicitado una moratoria

La reciente paralización total de las obras de un proyecto residencial en el Corredor Biológico Paso La Danta, en Portalón de Savegre sobre la Fila Costeña, es solo uno de los múltiples casos que ilustran la creciente amenaza que enfrenta este importante ecosistema montañoso debido a desarrollos inmobiliarios sin una regulación adecuada.

En muchos casos, estas construcciones se han realizado sin ningún tipo de regulación, sin estudios de viabilidad ambiental por parte de SETENA, ni permisos municipales. Esta situación fue documentada por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), en un estudio realizado en 2024, donde se concluye que el 25 % de las construcciones operan sin permisos. El cantón de Osa ocupa el décimo lugar a nivel nacional, con 4.798 metros cuadrados construidos sin licencia.

Problemática. Una investigación liderada por Carlos Morera, de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional (UNA), reveló que entre 2002 y 2006, el 56 % de los permisos de construcción en la zona se otorgaron en áreas de fuerte pendiente y bosque primario. Muchas de estas edificaciones carecían de los permisos necesarios, lo que provocó deslizamientos y sedimentación en cuerpos de agua, afectando negativamente ecosistemas sensibles como el Parque Marino Ballena (UNA Comunica, 16-1-2009; Morera C.2009).

Esta contaminación marino-costera por sedimentación afecta directamente la supervivencia de corales y especies marinas protegidas, que son la razón de ser del Parque Marino Ballena. Además, impacta actividades como el ecoturismo y la pesca artesanal, que son fundamentales tanto para la economía local como para la seguridad alimentaria de las comunidades pesqueras.

El estudio de Morera también advierte que, aunque la cobertura boscosa ha aumentado en décadas recientes, esta tendencia está hoy en riesgo. El auge del llamado “turismo inmobiliario” —es decir, la construcción de bienes inmuebles como condominios, casas de lujo y residenciales orientados a la inversión extranjera— ha propiciado la deforestación en zonas clave, en especial aquellas con vistas al mar. En comunidades como Dominicalito, este fenómeno ha llevado al desplazamiento de habitantes locales para dar paso a desarrollos turísticos

Según estudios registrales realizados por Óscar Leiva, Máster en Desarrollo Territorial Rural por FLACSO, se estima que entre el 70 % y el 75 % de las propiedades en Ojochal están en manos de personas extranjeras. Esta estimación se basa en una muestra de aproximadamente 3.000 hectáreas inscritas, muchas a nombre de sociedades anónimas, y forma parte de su tesis de Maestría en Turismo y Desarrollo Sostenible en la Universidad Nacional (UNA), Sede Chorotega.

Además, el “estilo constructivo” de estas “comunidades privadas” —grandes casas con vistas al mar— implica la apertura de caminos en zonas boscosas y con pendientes pronunciadas, contribuyendo a la fragmentación de los parches de bosque que garantizan la conectividad ecológica de la fauna y flora. Según el Diagnóstico del Corredor Biológico (2018), esta conectividad se ha visto reducida en un 70 % debido a la fragmentación.

A ello se suma el impacto negativo sobre el recurso hídrico. La eliminación de cobertura forestal afecta la calidad y disponibilidad del agua, altera el ciclo de recarga de acuíferos y, junto con el traslado de material pesado por caminos no aptos, ha provocado daños a manantiales —como lo documenta el biólogo Jorge Lobo desde 2006— y constantes interrupciones en el suministro de agua a comunidades de tierras bajas debido a fugas y roturas en la red, como refieren las y los vecinos.

En esa línea, según informó Camilo Flores, fiscal ambiental de Osa, los delitos ambientales más frecuentes en la Fila Costeña incluyen: tala ilegal, cambio de uso de suelo, invasión de áreas de protección y de cauces de agua, destrucción o extracción de vegetación en zonas protegidas, y aprovechamiento ilegal de recursos.

Según el informe “Situación del Reciclaje 2021-2024” de la Asociación de Reciclaje AmbiciOsas (2025), entre 2020 y 2024 la construcción de viviendas y negocios para la industria turística aumentó un 300 % en el distrito de Bahía Ballena. Solo en Ojochal, durante 2022, se tramitaron 2.000 permisos de construcción. El mismo informe, con datos del ICT (2024), señala al Parque Nacional Marino Ballena como el tercer parque más visitado del país, con 317 empresas de hospedaje, 1.713 habitaciones y 103 establecimientos gastronómicos en el distrito más pequeño del cantón. Esta afluencia turística, sumada al aumento de “comunidades privadas” en las montañas de la Fila Costeña, agrava los problemas de manejo de residuos y limita la capacidad de respuesta municipal.

Respuestas. En 2008, ante la gravedad de los impactos, la Universidad de Costa Rica hizo un llamado público a establecer una moratoria al turismo inmobiliario en esta zona. Este pronunciamiento subrayó la necesidad urgente de replantear los modelos de desarrollo turístico hacia enfoques sostenibles que respeten tanto el ambiente como las culturas locales (UCR, 2008).

Más recientemente, el 17 de julio de 2024, la Comisión de Alianza Comunal del Corredor Biológico Paso La Danta presentó ante el Concejo Municipal de Osa un acuerdo comunitario surgido del foro “Enlace Tierra+Mar”, realizado en el Festival del Día del Océano 2024. El acuerdo solicita:

  • Una moratoria en los permisos de construcción hasta contar con la regulación adecuada.

  • La actualización integral del Plan Regulador Cantonal.

  • La declaratoria de la Fila Costeña como “Categoría de Manejo Especial de Protección”.

  • La conformación de una Mesa de Diálogo Ciudadana para avanzar hacia un ordenamiento territorial participativo.

Un foro reciente titulado «El impacto de la industria inmobiliaria en la Fila Costeña del Pacífico Sur” (SURCOS Digital, 5-4-2025), evidenció que la presión sobre estos territorios ha aumentado considerablemente. Con participación de expertos y representantes comunales, se discutieron los impactos negativos de los desarrollos no regulados, la deforestación y la falta de planificación territorial. Se reiteró la necesidad urgente de establecer una moratoria hasta contar con un plan regulador integral y participativo.

Antecedentes

  • Entre 2008 y 2010, el Tribunal Ambiental Administrativo abrió 44 expedientes por denuncias relacionadas con proyectos inmobiliarios, hoteles y aserraderos en esta región. Estas cifras, junto con las de la Península de Osa, constituyeron un récord preocupante (TAA: Osa, un tesoro en peligro).

  • Solo en el cantón de Osa, entre 2005 y 2014, se otorgaron 2.247 permisos de construcción. En 2008 se alcanzó un pico, seguido de una caída por la crisis inmobiliaria mundial; sin embargo, desde 2013 la tendencia ha retomado un crecimiento acelerado(La Nación, 08-6-2015).

  • La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) denunció en 2008 la proliferación de residencias en la Fila Costeña mediante vacíos legales, como el Reglamento para el Control de Fraccionamientos y Urbanizaciones, que permite lotificaciones agrícolas sin evaluaciones ambientales integrales por parte de SETENA, bastando sólo una inspección municipal para obtener permisos (La Nación, 11- 9-2008).

Importancia de la zona

  • ¿Qué es el Corredor Biológico Paso de la Danta? Este territorio, que conecta las regiones del Pacífico Central y Sur de Costa Rica entre los ríos Savegre y Térraba, abarca aproximadamente 82.000 ha y 68 km de costa (ITCR, 2014). Es un corredor con ecosistemas diversos y de gran valor biológico, que protege zonas clave como los arrecifes rocosos de Dominicalito, el arrecife de coral en el Parque Nacional Marino Ballena y otras áreas costeras adyacentes(mapa).

  • La Fila Costeña. En Osa se extiende desde Dominical hasta Palmar Norte, descendiendo cerca de la costa y de la carretera Costanera Sur. Como bosque tropical húmedo, alberga una mezcla única de especies de bosques secos y húmedos, muchas de ellas endémicas. Cumple un rol clave en la conectividad ecológica entre áreas protegidas como los parques nacionales Manuel Antonio, Marino Ballena, Corcovado y el Humedal Térraba-Sierpe. Además, regula el clima local, tanto en la costa como en el Valle de El General, y es fuente de manantiales, cuencas y microcuencas vitales para la salud de los ecosistemas costeros y el abastecimiento de agua potable para las comunidades de tierras bajas.

Fotos: https://drive.google.com/drive/folders/1dfytJwhXbYTOqSMtfm0brNUDqMRW-4Kz?usp=sharing

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

SINTRAJAP hace un llamado a las diputaciones para atender la crisis en JAPDEVA

Escrito en . Publicado en Trabajo.

El Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios (SINTRAJAP) emitió una carta dirigida hacia las diputaciones de la Asamblea Legislativa con el propósito de atender la crisis financiera y mediática que enfrenta la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (JAPDEVA). En la petición igualmente la organización agradece la aprobación de las leyes: Ley No. 10.633, Ley No. 10.669 y Ley No. 10.726 (pendiente de publicación en el diario oficial La Gaceta).

Este cuerpo normativo se dio con el propósito de contener la crisis financiera en la institución. Por medio de la autorización para que las instituciones del estado perdonen las deudas a JAPDEVA, así como permitir la utilización de recursos correspondientes al fondo del canon de explotación y desarrollo regional para el reconocimiento de los aportes patronales acordados en la convención colectiva de 2002, y más recientemente, brindar la posibilidad de ajustar las tarifas portuarias todos los años.

SINTRAJAP, recalca que la institución históricamente ha desempeñado un papel clave en el desarrollo de la provincia de Limón, no solo como Autoridad Portuaria sino también asumiendo funciones de infraestructura y apoyo económico en ausencia de intervención gubernamental. Así mismo reconocen que recientemente existe un deterioro de su imagen pública de la institución. Agregado a lo anterior se presenta la crisis financiera producto del Plan Maestro Portuario en el 2008 y de la firma de contrato de concesión con APM Terminals Moín S.A en el 2012, reduciendo significativamente los ingresos de la institución.

Ante esta crisis, se implementó la Ley 9764 para transformar la estructura de JAPDEVA y garantizar la protección de sus trabajadores. Con base en esta ley, se logró obtener financiamiento de entidades estatales no financieras, permitiendo la liquidación de gran parte del personal y la continuidad de las operaciones portuarias.

Finalmente, la carta denuncia que la Contraloría General de la República confirmó que el contrato de concesión de APM Terminals Moín, presenta contradicciones con la legislación vigente. De acuerdo con este órgano auxiliar la aprobación de dicha concesión afecta la capacidad de JAPDEVA para cumplir su función de desarrollo regional que históricamente ha sido un pilar en la provincia de Limón.

Seis “titanes” se rifan la vida en su camino a la Sala penal

Escrito en . Publicado en Derechos.

Rafael A. Ugalde Q.

Seis “pesos pesados” en derecho penal presentaron sus nombres como candidatos a magistrados a la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, confirmó la comisión de nombramientos de la Asamblea Legislativa presidida por la diputada Alejandra Larios Trejos.

Los méritos y capacidades de un mayor número de penalistas a tan importante cargo de nuestro Poder Judicial, pudo aumentar si no hubiera sido por la brevedad del concurso con que dicha comisión convocó al foro de jueces y litigantes nacionales.

El horario para la entrega de la documentación ante dicha comisión fue de lunes a jueves a partir de las 9:00 horas y hasta las 17 horas, los viernes a partir de las 9:00 horas y hasta las 11:00 horas, así versa en la convocatoria oficial. Se designará el sustituto de Jesús Ramírez Quirós, de 82 años, tras ocupar por 40 años la magistratura y acogerse a su jubilación.

Por disposición expresa un magistrado en nuestro país pierde el cargo solo sí 38 diputados de los partidos políticos en el congreso no renuevan su nombramiento.

La comisión, presidida entonces por la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), por la provincia de Guanacaste, Larios Trejos, conoció los atestados de Gustavo Adolfo Jiménez Madrigal, Norberto E. Garay Boza, Ronald Salazar Murillo, Giovanni Mena Artavia, Rafael Mayid González González y Rafael Segura Bonilla.

Jiménez Madrigal es actualmente juez de apelaciones, es políglota, es doctor en derechos humanos por la Universidad española Carlos III de Madrid, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Palermo, Italia, especialización en filosofía y sociología, con graduaciones de honor en Universidades de Alemania y España, en materia penal, entre otras.

Durante su carrera en la Facultad de Derecho en la U.C.R obtuvo calificaciones honoríficas por su promedio y se graduó con honores; tiene en su hoja curricular una vasta lista de artículos publicados, tanto en el plano local como en el exterior.

Garay Boza tiene una amplia experiencia en el campo del derecho penal, es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Candidato doctoral en Estudios de la Sociedad y la Cultura de la Universidad de Costa Rica, máster y especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Mena Artavia tiene también una amplia experiencia como juez penal y amplios estudios en el doctorado de derecho de la U.C.R, maestría además en Criminología por la UNED

Sus atestados dan cuenta de su gran experiencia como magistrado suplente en la Corte Suprema de Justicia, Juez en Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea, en el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Juez Suplente Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José Goicoechea, Juez Suplente Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, entre otras funciones.

Salazar Murillo es máster en Ciencias Penales por la U.C.R., doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Justicia Constitucional, otorgado por la Universidad de Castilla – La Mancha, España, así como máster en Derecho Constitucional por la UNED, entre sus amplios logros alcanzados dentro y fuera del país.

Su vasta experiencia incluye la docencia en la U.C.R., 30 años de servicio judicial en la Judicatura, 14 años como Magistrado Suplente en la Sala Constitucional y Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

González González, por su parte, tiene una extensa experiencia en asuntos administrativos y penales dentro y fuera del poder judicial. Integró el Consejo Superior, Poder Judicial, laboró en tareas para garantizar la independencia de los tribunales y procurar la eficiencia, corrección y decoro de las personas funcionarias en este importante poder de la república.

Ha laborado para el Poder Judicial durante 32 años. Actualmente dirige y coordina el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Hacienda, Sen el Segundo Circuito Judicial de San José. Además, es conocedor a profundidad en la dirección, coordinación y organización de despachos judiciales, en entornos de transformación digital, implementación de sistemas de teletrabajo y evaluación del desempeño.

Segura Bonilla durante su quehacer profesional alcanzó maestrías y doctorados en campos tan diversos como Ciencias Penales UCR., en Administración de Justicia, con énfasis en Derecho Penal, por la UNA y es doctor en Derecho por la UNED.

Es conocedor a fondo sobre crimen organizado, trata de personas, Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes: Salud, Sexualidades y Violencia, Justicia Restaurativa para las víctimas, entre otras especialidades.

Según el Semanario Universidad, edición del 16 de agosto de 2023, entre diciembre de 2020 y diciembre de 2022, se redujo en un 9% el atascamiento de expedientes a la espera de una resolución judicial. O que es decir lo mismo: resolvieron 75.712 expedientes que hacían presa.

El artículo 41 de la Constitución Política, de acatamiento obligatorio, pues no presenta reserva o excepción alguna, establece: “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”.

Cualquier interpretación constitucional, tal como el constituyente plasmó solo un alcance de carácter ético a los jueces, al decir “debe hacérseles” justicia pronta y cumplida, y no un mandato categórico de “es obligatorio hacerles” tal justicia sin demora, no es más que una leguleyada o un fraude de mal gusto, a juzgar por el capítulo especial en nuestra Constitución asignado exclusivamente para el poder judicial, en torno a obligaciones, administración, independencia y el contenido financiero aportado por todos los costarricenses.

Durante una reciente reunión de la Corte Plena, hubo magistrados que expresaron su preocupación por la percepción de los costarricenses por el Poder Judicial.

Hablaron de medidas que contrarrestaran la mala imagen de este poder y hasta de contratar especialistas en ramas como la sociología, comunicación y antropología, a fin de posesionar mejor el gobierno de los jueces.

Solo el 44% de los costarricenses confía en el Poder Judicial, según un informe de la OCDE; porcentaje que, según el Programa Estado de la Nación, se considera relativamente alto, pero aún hay margen para mejorar la percepción de la justicia en el país, concluyó.