El 1er Encuentro Agroecológico del Sur- Sur se presenta como un espacio para fomentar la colaboración entre los distintos representantes del sector del agro en la zona. El evento se desarrollará en las instalaciones de la Universidad Nacional en Pérez Zeledón, el próximo 5 de junio a partir de las 9 a.m, coincidiendo con el Día Mundial del Ambiente. Esta celebración representa un llamado a trabajar en armonía con la naturaleza, promoviendo prácticas libres de agroquímicos y fortaleciendo los lazos entre productores y consumidores locales.
Durante el encuentro se han planificado diversas actividades que incluyen charlas, talleres y conversatorios. Estos espacios de diálogo permitirán a los participantes intercambiar conocimientos teóricos y prácticos sobre técnicas agroecológicas, manejo de cultivos, control natural de plagas y otras prácticas esenciales para una agricultura respetuosa con el medio ambiente. Las sesiones están diseñadas para inspirar a los asistentes a adoptar métodos sostenibles y a contribuir activamente al cuidado de nuestro entorno.
Entre las actividades se encuentra la Feria Agroecológica, un espacio en el que se exhibirán y comercializarán productos agroecológicos de alta calidad, fomentando a la vez las cadenas cortas de comercialización y los mercados locales. Los productores tendrán la oportunidad de mostrar sus productos y establecer vínculos directos con la comunidad, fortaleciendo la economía local y promoviendo el consumo responsable y saludable.
Asimismo, se llevará a cabo un intercambio de semillas, actividad que invita a los participantes a compartir variedades y conocimientos sobre cultivos adaptados a las condiciones locales. Además del encuentro, por medio de los talleres y conferencias se fomenta la interacción que facilitarán el intercambio de experiencias y la construcción de una red colaborativa en pro de la agroecología.
El encuentro se encuentra organizado por las organizaciones ambientalistas Montaña Verde, Red de agroecología Costa Rica y la Universidad Nacional. Para más información se puede contactar al correo electrónico aamontanaverde@gmail.com, al teléfono 86823299 o bien las redes sociales de las organizaciones involucradas.
El informe destaca la existencia de una realidad que muestra la situación como un retrato de injusticia y racismo. En este sentido se señala que la democracia costarricense no aplica a los pueblos indígenas, pues hay un entramado institucional que opera para mantener la colonialidad. Esa situación lleva a que se den recuperaciones de hecho como única posibilidad ante las evasivas institucionales, pues la usurpación de tierras-territorios indígenas es histórica y constante.
La Comisión de análisis de la situación nacional e internacional del Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica (CPSCR) presentó este Informe sobre la situación de los pueblos indígenas en Costa Rica en el período reciente 2022-2023.
La actividad se realizó este martes 3 de junio. En el documento se expresa la preocupación por las irregularidades encontradas en Costa Rica: hechos de violencia y amenazas contra la vida de personas indígenas dentro y fuera de sus territorios.
Después de que una comisión especial del Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica analizara la situación vivida por los pueblos indígenas en Costa Rica durante los últimos diez años, encontró que persiste la violación de sus derechos. Situación que se explica por la falta de voluntad política, la escasez de recursos humanos y económicos asignados a las instituciones públicas responsables, y mecanismos operativos lentos e ineficaces.
El derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas ha sido vulnerado, pese a ser formalmente reconocido dentro del ordenamiento jurídico como un Mecanismo de Consulta. Los estudios evidencian la persistencia de una visión colonial y racista por parte de ciertos funcionarios de instituciones públicas y tribunales justicia. A esto se suman los intereses económicos de finqueros no indígenas que acuden al manejo político y a la judicialización del conflicto para evadir los desalojos o retrasarlos. La Ley N.° 6172 emitida en 1977 es clara al afirmar: los “territorios indígenas son inalienables, imprescriptibles, no transferibles y de propiedad exclusiva de las comunidades indígenas que las habitan”. Además, esa ley previó los recursos necesarios para pagar las indemnizaciones y expropiaciones a las personas no indígenas de “buena fe”.
El propio Estado costarricense está interesado en el aprovechamiento de los recursos naturales de esos territorios, como lo demuestran los proyectos de generación hidroeléctrica.
Además, se evidenció que el país carece de programas de educación continua y capacitación dirigidos a funcionarios públicos, administradores de justicia, y a la ciudadanía en general en relación con los derechos de la población indígena, su cosmovisión, cultura y organización social.
A pesar de que la regulación del territorio indígena está contemplada en la legislación vigente, los poderes del Estado y las instituciones públicas carecen de las herramientas operativas y ejecutivas necesarias para realizar las acciones que garanticen su cumplimiento. Esto explica que los procesos sean lentos, inconsistentes e irregulares, y que no se disponga de los recursos previstos para hacer los desalojos y actuar con eficiencia y eficacia.
Estudios consultados muestran que la población indígena en Costa Rica representa alrededor de un 2.4 % de la población costarricense (104.143 personas) y tiene derecho a un 6.5 % del territorio nacional; pero, después de 48 años de haberse emitido la Ley indígena, alrededor de la mitad de los territorios asignados siguen en manos de personas no indígenas (Mackay y Morales, 2014, p.14). Oficialmente se reconoce la existencia de ocho pueblos indígenas distribuidos en 24 territorios indígenas; bribri, cabécar, maleku, huetar, brunca, ngöbe, chorotega y teribe.
La Comisión priorizó el análisis de la situación que viven los pueblos indígenas porque se han agudizado los conflictos territoriales en los últimos años; además, son objeto de una exclusión generalizada, y la mayoría de los costarricenses desconoce su problemática y el impacto socioambiental generado por intervenciones irregulares en sus territorios.
Recomendaciones
La Comisión del Colegio de Profesionales en Sociología considera urgente:
Solicitar a las instituciones públicas responsables la creación de mecanismos que garanticen la protección de las personas y las comunidades amenazadas.
Investigar, sancionar y juzgar con mayor oportunidad, eficiencia y eficacia a las personas responsables de hechos violentos o de cometer actos contra la vida de líderes indígenas.
Proponer a la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Sociología que elabore una estrategia tendiente a promover acciones en defensa del derecho al territorio de los pueblos originarios en el mediano y largo plazo.
Recomendar a las instituciones educativas del Estado que incorporen y fortalezcan los contenidos curriculares sobre los derechos y la cosmovisión indígena en sus planes de estudio, la participación de docentes e investigadores indígenas en sus proyectos y la definición y aplicación de variables e indicadores de excelencia en el ejercicio de las profesiones, desde una perspectiva plural e intercultural que considere la relación entre el Estado y los pueblos indígenas.
Propiciar, con base en una postura profesional y sociológica crítica, que la sociedad costarricense asuma y reconozca las diferencias étnicas y la diversidad cultural como parte constitutiva de la identidad nacional y el deber de la ciudadanía, con el fin de dotar de un contenido real a la práctica democrática del país, especialmente, cuando se trata de pueblos a los que históricamente se les han vulnerado sus derechos.
La tecnología de punta se utiliza para la producción de radiofármacos y para el diagnóstico por imágenes moleculares de alta precisión.
Foto: Jenniffer Jiménez Córdoba.
Entrevista en profundidad
El Ciclotrón de la UCR permitirá reducir los costos de salud del país y agilizar el diagnóstico del cáncer. ¿Cómo? El Dr. Erick Mora Ramírez, responsable del Laboratorio Ciclotrón PET/CT, lo explica
¡Estamos más cerca! El 28 de mayo del 2025, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) comunicó, de manera oficial, que muy pronto cerca de 4 000 pacientes al año podrán ser referidos a la Universidad de Costa Rica (UCR) para acceder a los estudios avanzados en diagnóstico del cáncer.
En ese laboratorio se efectuarán análisis de imágenes mediante la tomografía por emisión de positrones (PET/CT), lo que permite detectar varios tipos de cáncer y tumores milimétricos y, así, que el médico oncólogo pueda iniciar un tratamiento oportuno para mejorar la expectativa de vida de las personas.
“La noticia de la adjudicación por parte de la CCSS a la UCR significa esperanza. El cáncer no discrimina edad, género o condición económica. Cualquier paciente oncológico tiene derecho a que se le brinde la mejor atención que se pueda, ya sea para decirle que hay una línea de tratamiento y luchar contra ese tumor —vencerlo y monitorearlo— o bien, para que esa persona fallezca con dignidad”, aseguró el Dr. Erick Mora Ramírez, quien es el actual responsable del Ciclotrón de la UCR.
De acuerdo con la Caja, la compra de servicios a la UCR se efectuará bajo la modalidad de entrega según demanda. El contrato tendrá una vigencia inicial de un año, con posibilidad de hasta tres prórrogas facultativas, el cual entrará en vigor una vez que finalicen los procesos de adjudicación y refrendo.
Con este proceso de compra, la Caja estima la realización anual de hasta 3 500 estudios diagnósticos PET/CT sin sedación, con un costo unitario de $1 000 y 350 estudios con sedación, con un costo unitario de $1 750. El monto total del contrato ronda los $4 112 500.
El hecho de que dichos análisis los realice la UCR generará un notable ahorro para Costa Rica. Por ejemplo, un estudio en el Reino Unido evaluó la rentabilidad del uso de PET/CT para guiar la decisión de realizar una disección de cuello en pacientes con cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado.
Los resultados mostraron que el PET/CT generaba un ahorro promedio por paciente de £1,485 (equivalente a $1 886 dólares estadounidenses) y una ganancia de 0.13 años de vida ajustados por calidad de vida. La probabilidad de que esta estrategia sea rentable, afirma el estudio británico, fue del 75 %. Por supuesto, hay más beneficios.
Para el Dr. José Pablo Villalobos Cascante, coordinador del Consejo Oncológico Institucional de la CCSS, la compra de servicios a la UCR trae ventajas adicionales. Primero, el estudio avanzado de imágenes. Segundo, la producción del radiofármaco que, por primera vez, gracias a la UCR se efectúa en suelo nacional y no requiere de importación.
“El hecho de que se produzca en el mismo lugar también garantiza una mayor cantidad de pacientes atendidos. Actualmente, si se tuviera que importar el radiofármaco, solo se podrían atender hasta ocho pacientes. Con esta solución local, se podrían atender entre 12 y 15 pacientes por jornada laboral. Muchas veces el producto importado alcanza su vida media y pierde actividad, lo que impide administrar la cantidad de milicuries necesaria para obtener resultados con la sensibilidad requerida”, explicó el Dr. Villalobos.
El Dr. Mora manipula el PET/CT (tomografía por emisión de positrones – tomografía computarizada) de la UCR.
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
¿Y por qué? Por el funcionamiento del PET/CT. El PET (tomografía por emisión de positrones) utiliza una pequeña cantidad de material radiactivo llamado radiofármaco.
Ese radiofármaco se le suministra a la persona y, por la alta actividad metabólica, las células de cáncer van a absorber más radiofármaco que otras células. De esta forma, se detectan lesiones milimétricas en el PET.
Cuando eso pasa, y de manera secuencial, se genera una imagen CT (tomografía computarizada), la cual toma imágenes detalladas del interior del cuerpo, similares a una fotografía, que muestran la forma y la ubicación de los órganos y tejidos.
La combinación de ambas imágenes permite localizar con precisión las áreas donde podría existir cáncer y, de esta forma, que el personal médico pueda ver el tamaño, la forma y una ubicación más precisa de los tumores u otras lesiones.
“El hecho de que nosotros como universidad tengamos este servicio, es una oportunidad que tienen todos los pacientes oncológicos de Costa Rica que, de una u otra forma, están siendo discriminados por no poder acceder a procesos diagnósticos de primer mundo. Hoy, con este servicio de la UCR, la población costarricense puede completar su esquema de diagnóstico y tener la posibilidad de ampliar su expectativa de vida”, amplió el Dr. Mora
En efecto. Anualmente, el Observatorio Global del Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que cerca de 6 000 costarricenses mueren anualmente por esta enfermedad.
Asimismo, un reciente informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) señala que el cáncer es la principal causa de muerte prematura en Costa Rica —específicamente en personas menores de 75 años— y, para el año 2050, se prevé un aumento significativo, en el cual una de cada seis muertes prematuras sean por esta enfermedad.
De igual forma, para el 2050 se proyecta que Costa Rica será el segundo país de la OCDE con más casos de cáncer atribuidos al envejecimiento, lo que llevaría a que el país gaste cerca de 119 % más, a nivel per cápita, de lo que actualmente invierte hoy en cáncer, explica el mismo informe.
Por eso, ante un tema con tantas interrogantes, el Dr. Erick Mora Ramírez, coordinador del Laboratorio Ciclotrón PET/CT, decidió dedicar algunos minutos de su tiempo para explicar con profundidad las implicaciones de la adjudicación de la CCSS que aún está en proceso.
También los beneficios que representa para el sistema de salud pública, cómo este avance impactará en el diagnóstico oportuno y preciso del cáncer en Costa Rica y los 2 000 pacientes de la Caja que ya han sido atendidos en la UCR en los últimos dos años mediante licitaciones.
El primer ciclotrón de Centroamérica
El contexto
—Hemos escuchado muchísimo sobre el ciclotrón y de los desafíos del proceso. Por eso, me parece importante que primero contextualicemos el panorama que da paso al proceso de adjudicación comunicado por la Caja.
—Dr. Erick Mora Ramírez (EMR): “La adjudicación fue un acto que otorgó la Caja Costarricense de Seguro Social debido a una motivación que la UCR hizo, por medio de este Laboratorio del Ciclotrón, para tratar de establecer un vínculo entre dos instituciones hermanas como lo son la Caja y la UCR.
El acercamiento inició en el año 2022, cuando estuvo don Álvaro Ramos como presidente ejecutivo de la Caja. En ese momento pudimos comenzar a hablar con una persona delegada por parte de la Gerencia Médica de la Caja, junto con los asesores de la Vicerrectoría de Investigación de la UCR y nosotros, del Ciclotrón, para valorar una contratación entre entes de derecho público.
En ese momento se estaba por emitir la nueva Ley de Contratación Administrativa. Entonces, ya se tenían algunos indicios de que podían haber cambios en la ley y que debíamos dar un poco de tiempo mientras se comenzaban a establecer relaciones entre las dos instituciones para abordar temas específicos de la Ley.
Cuando la Ley de Contratación Administrativa salió publicada a inicios del año 2024, fuimos invitados por parte de la gerente general de la Caja. Ante aproximadamente unas 40 personas de la Caja, nosotros les mostramos los alcances y potencialidades que tenía el proyecto de la UCR. Así, en marzo del 2024 se tomó la decisión de comenzar a establecer las líneas que permitieran la contratación entre entes de derecho público, gracias a la intervención de la Gerencia General de la CCSS de ese momento.
Con esa ley se tenía claro qué elementos debíamos cumplir nosotros, como UCR, para lograr llevar a cabo esa contratación. La ley establece una serie de requisitos y contestamos a cada uno de ellos”.
—Ahora, con la reciente comunicación de la CCSS sobre la adjudicación que todavía está en proceso, ¿cómo cambia este panorama? Porque ustedes ya llevan casi 2 000 pacientes atendidos en los últimos dos años.
—EMR: “La adjudicación representa la confirmación de que cumplimos plenamente con todos los requisitos legales establecidos. Este logro transforma significativamente nuestro panorama, ya que nos exime de participar constantemente en procesos de licitación, lo que a su vez permite agilizar la atención a las y los pacientes.
En el 2023, nosotros comenzamos a participar en procesos licitatorios generados por cada hospital. El Hospital México, por ejemplo, generaba licitaciones de muy pocos pacientes, por ejemplo, elevaba a SICOP licitaciones con al menos cinco pacientes.
Al mes sacaba otra para diez pacientes y eran cantidades reducidas. Después el Hospital de Niños comenzó a sacar licitaciones, luego el Hospital Max Peralta hizo lo mismo, y así sucesivamente.
Entonces, nosotros fuimos participando de estas licitaciones durante el 2023. En el 2024 ganamos casi todas las licitaciones y este año íbamos ganando todas. Ahora bien, ¿cuál es el detalle?
El detalle es que, al ser acciones puntuales de cada hospital, se genera un trámite administrativo engorroso para cada uno. Con la adjudicación esto se agiliza”.
—¿De qué manera se agiliza?
—EMR: “Como usted comprenderá, cuando hablamos de cáncer el tiempo es clave y no debería perderse en trámites administrativos. Cada proceso licitatorio con cada hospital dura al menos un mes, esto, si no hay apelaciones. Si hay apelaciones, dura más.
Posteriormente, con la licitación aprobada, los hospitales envían una lista y pasaba que, cuando llamábamos para agendar la cita del paciente, nos decían que la persona ya había comenzado el tratamiento de quimioterapia o radioterapia; es decir, no se puede hacer el PET/CT dado que el paciente estaba en una terapia, o bien, los familares de los pacientes nos indicaba que ya el paciente había fallecido.
Todos los pacientes con cáncer tienen condiciones urgentes. Hay casos en los que el médico no debe esperar para empezar el tratamiento y, claramente, tener estos resultados del PET/CT es importante para la toma de mejores decisiones, rápidas y oportunas.
Otro aspecto importante que nos pasaba, era que llegaban pacientes mal preparados. Recuerdo un caso de una señora de Quepos que la traían en ambulancia y siempre venía con altos niveles de azúcar en sangre. Le tuvimos que reprogramar la cita cinco veces. ¿Sabe cuánto es el costo de esto a nivel de pérdida, no solo para la CCSS y para la paciente?
Nosotros planificamos, mínimo, 24 horas antes de que lleguen los pacientes para ver exactamente la cantidad de material radioactivo que hay para considerar pérdidas y otros aspectos logísticos.
Entonces, esta labor de coordinar con los pacientes en ocasiones es muy insatisfactoria, porque hay muchos que no entienden el costo asociado a todos los procesos que se desarrollan en nuestro laboratorio. Justo este es el beneficio del proceso de adjudicación de la CCSS, menos trámites, así como una mejor y mayor atención a los pacientes que lo necesitan.
Con la adjudicación se le delega a cada hospital una persona contacto para coordinar con ella la entrega de toda la documentación necesaria para poder realizar el estudio”.
—¿Qué diría usted sobre el apoyo de las diputaciones para avanzar en esta adjudicación?
—EMR: “Que fue clave. Muchas y muchos diputados nos han apoyado bastante. Al final, yo creo que los diputados son una muestra representativa de la población y cada uno se sintió motivado, desde su trinchera política, a dar un apoyo a esto.
El motivo es muy claro: el cáncer no espera. Cuando estaba en el San Juan de Dios vi a exdiputados y exdiputadas sentados en la silla de ruedas con una vía donde les pasaba el tratamiento de quimioterapia. Hacer esto en el sector privado es carísimo.
Entonces, motivar la adjudicación fue un apoyo que nos une como país y que nos ha unido a muchas otras organizaciones sin fines de lucro que procuran lo mejor para Costa Rica”.
Los alcances
—¿Cuáles hospitales se verán beneficiados, don Erick?
—EMR: “Son cinco hospitales. El Hospital de Niños, el Hospital Max Peralta, Hospital Calderón Guardia, Hospital México y Hospital San Juan de Dios”.
—Y todo lo anterior, supongo, con un importante aporte a nivel de costos a favor de la CCSS y, por supuesto, del país.
—EMR: “Totalmente. Cuando la UCR no estaba presente, el sector privado cobraba cerca del triple de lo que se cobra hoy en día. Por lo tanto, es una matemática muy sencilla. Hoy es posible analizar a tres pacientes por el mismo costo que implicaba atender a uno hace tres años.
Eso, con los mismos insumos, los mismos equipos y, probablemente, hasta el mismo personal. La empresa privada cobraba casi el triple de lo que están cobrando hoy y esto se puede verificar en SICOP.
Cuando nosotros como UCR entramos al mercado, los precios disminuyeron porque la Universidad no tiene un afán de lucro. Para nosotros, y para don Ralph García (coordinador del proyecto), que venimos de orígenes muy humildes y somos oriundos de los barrios del sur, vemos la importancia de ofrecer un servicio al menor costo posible. Esto lo planteamos desde el primer momento.
Nosotros verificamos que los costos que estábamos planteando eran muy similares a los que plantean otros ciclotones y otros proyectos similares en América Latina. Además, vimos que con el apoyo de la Fundación UCR era completamente viable ofrecer los precios más accesibles.
Asimismo, si lo vemos en Estados Unidos, el PET/CT suele ser pagado por las aseguradoras. ¿Qué significa esto? Que si una aseguradora reembolsa un PET/CT es porque genera un beneficio económico. En Estados Unidos se ha probado que esto funciona y genera un retorno importante.
Aparte de todo, mi padre murió de cáncer. Por eso, soy muy sensible a estos temas. Asimismo, trabajé en radioterapia del Hospital México y vi niños y a adultos fallecer por cáncer. Estas cosas me sensibilizan mucho y por eso todos juntos, como equipo, buscamos tener un proyecto que sea completamente funcional y sostenible en el tiempo para que la sociedad costarricense y eventualmente la centroamericana se pueda beneficiar de esto”.
—Qué bueno que menciona esto, don Erick, porque muchas personas se preguntan: ¿por qué la UCR le cobra a la Caja que también es una institución pública?
—EMR: “Esto es importantísimo aclararlo, gracias por la pregunta. Aunque la UCR y la CCSS son instituciones públicas, operamos bajo marcos legales y presupuestarios distintos.
La UCR, en este caso, brinda un servicio especializado a través de un equipo técnico, con personal capacitado, tecnología de punta y materiales costosos como los radiofármacos, que requieren una logística muy precisa (muchos productos deben ser importados desde países como Japón, China, Italia, Bélgica, Alemania, entre otros).
Nosotros no podemos asumir esos costos sin una retribución. Lo que hacemos es cobrar lo mínimo posible por un servicio que le permite a la Caja atender con mayor rapidez y precisión a pacientes con cáncer.
En este momento, la CCSS puede aprovechar la infraestructura instalada en la UCR y eso, al final, también representa un uso eficiente de los recursos públicos».
—¿Cuántos pacientes de la CCSS se podrán atender en la UCR por día y cuándo se inciará el proceso?
—EMR: “Le ofrecimos a la Caja atender al menos 13 pacientes por día. Esto es como 65 pacientes por semana, 260 por mes y más de 3 000 al año, que podría llegar a ser 4 000 anualmente, según la demanda. Si trabajáramos turnos dobles, podríamos atender a 600 personas por mes, que es una cifra viable.
Estos pacientes pueden venir una o varias veces. Hay pacientes a los que les damos cita de seguimiento y, un año después, vemos que muchos están completamente sanos.
En cuanto al inicio, según SICOP, deberíamos estar iniciando la atención, bajo este modelo de adjudicación, a mediados de junio del 2025 para terminar de consolidar todos los aspectos logísticos y de informática”.
—No sabía que también daban seguimiento.
—EMR: “Sí. En el Ciclotrón damos un servicio completo, porque tenemos la capacidad de hacer el medicamento (radiofármaco), inyectar este medicamento ajustado en función de la masa del paciente, hacerle las imágenes y, después, que un médico nuclear junto con un radiólogo generen un informe.
Ese informe, con las imágenes, se envía a la CCSS para que los médicos tratantes, principalmente oncólogos, vean las imágenes y sepan si el tratamiento que hacen está o no funcionando, porque con el PET/CT se identifica cómo está el tumor después de una serie de tratamientos.
Con esto, los médicos oncólogos, basados en guías de tratamiento oncológicas, deciden el mejor abordaje a efectuar con base en qué le hace un mejor efecto al paciente.
Esta tecnología del PET/CT sirve para el diagnóstico de casi el 80 % de los tumores en el cuerpo humano. Hay publicaciones científicas señalan que, en al menos un 30 % de los casos, el estudio PET/CT lleva a los médicos a cambiar la conducta terapéutica.
Eso implica, por ejemplo, que si en un paciente se tenía pensado realizar una quimioterapia, ahora se podría decantar por otra terapia como la cirugía o radioterapia, debido a que el estudio PET/CT demostró que era mejor hacer ese cambio y ahí es donde vienen los ahorros que mencionamos previamente”.
—Me parece muy acertado que usted resalte esta prueba PET/CT como una prueba diagnóstica porque, también, erróneamente se pensaba que era un tratamiento.
—EMR: “Correcto. Nosotros hacemos el diagnóstico, el tratamiento se hace en la CCSS o en centros del sector privado.
La prueba del PET/CT lo que permite es que el médico analice cuál es la mejor línea de tratamiento para el paciente. Incluso, recurrir a unas líneas menos costosas porque le sirve a la persona y no recurrir a unas más caras que no le darán un beneficio mayor. Una mejor selección de la terapia también es un ahorro para el país”.
—Al día de hoy, ¿cuáles han sido los tres primeros tipos de cáncer que ustedes más han diagnosticado con el Ciclotrón en los últimos dos años?
—EMR: “El primero son los linfomas de Hodgkin, tumores metastásicos, y melanomas (cáncer en la piel)”.
—¿Y el PET/CT ya permite dar pasos hacia terapias personalizadas contra el cáncer?
—EMR: “Sí. Con los hospitales privados hemos tenido experiencias de que ellos toman las imágenes del paciente que les enviamos y las colocan en los aceleradores lineales que permite definir un tratamiento específico para ese tumor, porque los médicos radioterapeutas pueden ubicar milimétricamente el tumor.
Así, si nosotros hacemos el PET/CT hoy y, mañana, al paciente le hacen radioterapia. Esto es casi un tratamiento en tiempo real”.
—¿En cuánto tiempo ustedes dan los resultados a la Caja?
—EMR: “La Caja nos pidió diez días hábiles. No obstante, nosotros normalmente duramos 72 horas como máximo para emitir el resultado.
Cuando un paciente llega a nuestro laboratorio, todo el proceso dura tres horas porque le damos un consentimiento informado, le hacemos una evaluación odontológica, le hacemos una entrevista, verificamos signos vitales, se les aclara las dudas, se les inyecta el radiofármaco y se les da soporte emocional. Puedo decir que el 97 % o el 98 % de los pacientes quedan muy conformes”.
Nuevas posibilidades
—Ahora bien, se sabe que el Ciclotrón se enfoca en el diagnóstico del cáncer, ¿pero podría colaborar con otros padecimientos?
—EMR: “Sí. Nosotros tenemos la visión de atender a pacientes oncológicos. No obstante, desde ya tenemos la posibilidad de atender a pacientes neurológicos.
Por lo tanto, tenemos un nicho de mercado muy grande. Por ejemplo, el parkinson u otros problemas neurológicos que ya podemos atender y colaborar con otras especialidades médicas.
El Ciclotrón también ha significado que hoy en día existan más estudios clínicos para hacer nuevos medicamentos. Solo en América Latina hay unos 70 ciclotrones, y en el mundo pueden haber 500. Muchísimos están en instituciones públicas y otros están en instituciones privadas. Los que estamos en instituciones públicas queremos hacer investigación e implementar cosas nuevas.
El cáncer está en aumento y, más bien, que hagamos 3 000 o 4 000 pacientes al año, nos estamos quedando cortos, debería ser más. De igual forma, nos faltan médicos nucleares.
Costa Rica tiene siete médicos nucleares y dos están en la UCR. Queremos un programa de especialidad médica en Medicina Nuclear en Costa Rica. Existe una anuencia de tres médicos nucleares para empezar a solventar esta necesidad que tiene el país y nos gustaría tener apoyo del Sistemas de Estudios de Posgrado, de Especialidades Médicas de la UCR y del CENDESISSS.
Por ejemplo, en el año 2000 la Universidad Autónoma de México (UNAM) puso el segundo ciclotrón en toda América Latina y hoy es uno de los mayores centros de formación de médicos nucleares”.
—Tal vez, doctor, es momento de enfatizar la importancia de un médico nuclear. ¿Por qué ninguna otra profesión o especialidad puede ocupar su lugar?
—EMR: “La medicina nuclear tiene una formación muy particular, dado que utiliza fuentes radiactivas unidas a medicamentos, a fin de realizar los diagnósticos y en otros casos, también para realizar terapias.
Por eso no podemos ocupar a otros profesionales, como los radiólogos, porque la formación de los radiólogos en Costa Rica, no utilizan los radiofármacos, es diferente a la formación que tienen los médicos nucleares. Es muy cierto que podemos contar con el apoyo de los radiólogos, pero una especialidad médica no sustituye a la otra, se complementan.
Con nuestro ciclotrón, los médicos nucleares, en un futuro, pueden hacer terapias, que es una parte moderna que en algunos países se está abordando. Nosotros estamos evaluando el posible mercado para poder implementarlas, pero se podría llegar a implementar más rápido cualquiera de estas terapias si tuviéramos la especialidad en Medicina Nuclear en el país, dado que estos profesionales se podrían hacer cargo de las terapias en conjunto con otros profesionales de apoyo”.
—¿Cuál es el siguiente paso, don Erick? Más allá de las pruebas diagnósticas, ¿qué otros trabajos se encuentran en proceso?
—EMR: “En el Ciclotrón de la UCR hay una serie de procesos de optimización para garantizar que la cantidad de dosis de radiación que reciba la persona sea la justa y la necesaria.
Estos procesos se llevan a cabo con el Organismo Internacional de Energía Atómica, otros ciclotrones latinoamericanos y con la Caja Costarricense de Seguro Social.
Estamos valorando incluir otros medicamentos, ya tenemos el segundo aprobado (dedicado al cáncer de próstata) y esperamos tenerlo pronto a disposición de los pacientes. Estamos valorando incluir otros medicamentos para estudios neurológicos (como Alzheimer) y según la demanda podremos ver otros tipos de cáncer”.
—La investigación y la docencia son otros ejes, ¿cierto?
—EMR: “¡Claro! Muchísimas acciones se van a comenzar a desarrollar y en múltiples áreas como en las ciencias sociales. Hay pacientes que ocupan apoyo psicológico, de trabajo social o de comunicación.
Inclusive, la gente de artes plásticas porque dan color y vida a los espacios, lo cual influye en la salud mental de las personas. Y, así, muchas otras áreas más.
También la Escuela de Física ya envió a un estudiante solo para especializarse en ciclotrón. Cuando él venga de hacer su doctorado, vamos a tener una mayor rapidez en producir otros materiales radiactivos que puedan ser eventualmente usados en terapias o en el diagnóstico.
En cuanto a la docencia, hoy en día las y los estudiantes de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, así como estudiantes de Farmacia, Física, Química y Enfermería, pasan por nuestras instalaciones realizando prácticas con nuestros equipos.
Algunos interactúan con los pacientes como parte de su formación, otros son parte de proyectos de investigación o realizan sus tesis de grado y posgrado. Recibimos estudiantes de otras universidades públicas y privadas e, inclusive, recibimos estudiantes de secundaria para motivarles a integrarse a un área de la medicina la cual es complementamente multidisciplinaria”.
—Ya para concluir, don Erick, ¿cuál es su mensaje de cierre?
—EMR: “La UCR es una institución que le ha dado muchísimo al país. A nivel centroamericano somos una institución de alto calibre y en América Latina somos de las mejores.
A quienes estamos aquí nos motiva retribuir a la sociedad y retribuir a la Universidad, porque de otra forma no hubiéramos logrado estudiar. Nos sentimos muy orgullosos de ser egresados de la UCR y de contribuir al país, especialmente, cuando ayudamos a salvar vidas”.
Jenniffer Jiménez Córdoba Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR
¿Qué tienen en común la creciente fortuna de los milmillonarios y la persistente pobreza de miles de millones? Una estructura global profundamente injusta, enraizada en el colonialismo histórico y perpetuada por mecanismos actuales de dominación económica.
Así lo plantea Oxfam en su informe 2025 El saqueo continúa: pobreza y desigualdad extrema, la herencia del colonialismo. El documento ofrece un análisis contundente del modo en que el poder económico del norte global sigue extrayendo riqueza del sur global, a través de instituciones financieras, monopolios, y sistemas fiscales desiguales.
Un mundo dividido entre “tomadores” y no “creadores”
Oxfam denuncia que el 60 % de la riqueza de los milmillonarios proviene de herencias, clientelismo o poder monopolístico, y no del emprendimiento o esfuerzo personal. A la vez, el 1 % más rico del planeta controla el 45 % de la riqueza global, mientras que el 44 % de la humanidad vive con menos de 6,85 dólares al día.
Algunos datos clave del informe:
En 2024, la riqueza de los milmillonarios creció tres veces más rápido que en 2023.
Surgieron 204 nuevos milmillonarios, casi cuatro por semana.
Entre 1765 y 1900, el Reino Unido extrajo de la India una riqueza equivalente a 33,8 billones de dólares actuales.
El sur global transfiere al norte global más de 30 millones de dólares cada hora, según cálculos de Oxfam sobre el sistema financiero.
La concentración de la riqueza no solo es injusta, sino también insostenible. El informe denuncia que esta acumulación no se explica sin considerar el legado del colonialismo, ni los actuales mecanismos que lo reproducen bajo formas modernas: deuda, comercio desigual, evasión fiscal, digitalización extractiva, y captura corporativa del poder político.
Conceptos clave del informe
Concepto
Explicación
Colonialismo moderno (neocolonialismo)
Formas actuales de dominación económica, financiera, cultural o tecnológica ejercidas por países del norte global sobre el sur global, sin necesidad de ocupación territorial directa.
Colonialismo milmillonario
Acumulación de riqueza extrema por parte de una élite global conectada, en gran medida, a dinámicas heredadas del colonialismo: explotación de recursos, clientelismo, y monopolios.
Clientelismo
Enriquecimiento a través de relaciones personales con el poder político o económico, como contratos preferentes, tráfico de influencias o corrupción.
Poder monopolístico
Capacidad de unas pocas empresas para controlar sectores clave, fijar precios y eliminar competencia, concentrando ingresos desproporcionados.
Descolonizar la economía
Transformar estructuras globales para que dejen de extraer riqueza del sur global; incluye reparación histórica, reforma fiscal internacional y soberanía económica.
¿Por qué leer este informe?
Porque nos interpela a actuar. Desde las universidades hasta los parlamentos, pasando por las organizaciones sociales, el informe de Oxfam nos recuerda que la lucha contra la pobreza es inseparable de la lucha contra la desigualdad estructural y el colonialismo persistente.
Desigualdad, colonialismo y bienes comunes: ¿quién se apropia de lo que es de todas y todos?
El reciente informe de Oxfam, El saqueo continúa, no solo documenta la concentración obscena de la riqueza global. Nos invita a una reflexión más profunda: ¿cómo hemos llegado a aceptar que los frutos del trabajo colectivo y de la naturaleza terminen en manos de unos pocos?
En un mundo donde el 1 % más rico controla casi la mitad de la riqueza global, mientras casi 3600 millones de personas viven en pobreza, urge repensar la economía no como una carrera individual, sino como una construcción social basada en bienes comunes.
¿Qué tienen que ver los bienes comunes con la desigualdad?
Los bienes comunes —naturaleza, saberes, territorios, sistemas públicos, incluso el conocimiento— son recursos que deberían estar al servicio de la vida y no del lucro. Sin embargo, el informe revela cómo muchos de estos bienes han sido y siguen siendo capturados por élites económicas, en gran parte mediante dinámicas que heredan el saqueo colonial.
La privatización del agua, el conocimiento científico, las tecnologías digitales o las tierras indígenas, por ejemplo, son formas contemporáneas de expropiación de bienes comunes que profundizan la desigualdad.
Pensar el mundo como bien común
Oxfam propone descolonizar la economía y repartir con justicia. Esto implica restituir lo arrebatado, pero también proteger lo que aún pertenece a todas y todos, desde los bosques hasta la salud pública. Pensar en bienes comunes es pensar en soberanía, en cuidados compartidos, en vidas dignas y en un futuro sostenible.
El informe es una herramienta valiosa para quienes defendemos que la universidad, la tierra, la cultura, el clima y la dignidad no son mercancías, sino bienes para la vida.
Compartimos el siguiente comunicado de prensa emitido por la Asociación para el Desarrollo de la Ecología (ADE), en el que se hace un llamado urgente a la protección del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, ante graves amenazas ambientales y legales que ponen en riesgo este Sitio Ramsar de vital importancia para el Caribe Sur de Costa Rica.
Asociación para el Desarrollo de la Ecología
Una Llamada Urgente por Gandoca-Manzanillo: La Voz de la Ecología Organizada
San José, Costa Rica – 30 de mayo de 2025
En el corazón del Caribe Sur de Costa Rica, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo se alza como un bastión de biodiversidad, reconocido internacionalmente como Sitio Ramsar 783 por su invaluable riqueza ecológica. Este santuario de humedales, manglares, bosques costeros y hábitats esenciales para especies como el manatí y las tortugas marinas está en peligro. Hoy, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología (ADE) lanza un llamado vibrante y esperanzador a la acción colectiva para proteger este tesoro natural, frente a decisiones estatales cuestionables, desarrollos turísticos mal regulados y omisiones legales que amenazan su integridad.
Un paraíso en riesgo, una lucha por la justicia ambiental
Gandoca-Manzanillo no es solo un refugio natural; es un símbolo de la conexión profunda entre la vida, la cultura y el equilibrio ecológico. Sin embargo, en los últimos años, una tendencia alarmante ha puesto en jaque su futuro: la priorización de intereses inmobiliarios privados sobre el bienestar colectivo y la conservación ambiental. Más de 500 permisos de construcción otorgados en zonas protegidas, la titulación irregular de tierras del Patrimonio Natural del Estado (PNE) y la emisión de directrices gubernamentales, como la Directriz 09-2023 del Ministerio de Ambiente, que redujo arbitrariamente más del 40% del área reconocida como humedal, son pruebas de una gobernanza ambiental deficiente.
Estas acciones no solo contradicen la legislación nacional, incluyendo sentencias de la Sala Constitucional, sino que también violan los compromisos internacionales de Costa Rica como Estado Parte de la Convención Ramsar desde 1991. La certificación arbitraria del PNE en la Zona Marítimo-Terrestre de Talamanca en 2017 y la falta de fiscalización efectiva han permitido la fragmentación de este ecosistema vital, transformando un bien público en mercancía para proyectos turísticos y residenciales.
La voz de la sociedad civil: un compromiso con el futuro
La ADE, en un acto de valentía y compromiso, presentó el 25 de mayo de 2025 una denuncia contundente ante la Defensoría de los Habitantes y la Procuraduría General de la República, exigiendo la restauración del orden jurídico y la protección del Sitio Ramsar 783. Este pronunciamiento no es solo una crítica; es una propuesta de esperanza y acción. Entre las medidas solicitadas destacan:
• Anulación inmediata de los permisos de uso de suelo y construcción que contravienen la legislación ambiental. • Recuperación de 188 hectáreas de bosque y humedales desafectadas, en cumplimiento de la sentencia constitucional 2019-012745. • Reversión de títulos de propiedad otorgados ilegalmente, con la intervención del Instituto de Desarrollo Rural (INDER). • Investigación y sanción a los funcionarios responsables de decisiones arbitrarias, incluyendo al exdirector regional del ACLAC y al actual Ministro de Ambiente. • Incorporación del informe técnico SINAC-ACC-OT-OF-698-2021 al Inventario Nacional de Humedales para proteger la integridad ecológica del refugio. • Intervención de la Convención Ramsar, solicitando la posible inclusión de Gandoca-Manzanillo en el Registro de Montreux para activar mecanismos internacionales de conservación. • Protección para los defensores ambientales, garantizando su seguridad frente a posibles represalias. Estas demandas no solo buscan reparar el daño causado, sino también sentar un precedente para una gestión ambiental transparente, participativa y comprometida con los derechos humanos y el bien común.
El valor de Gandoca-Manzanillo: más que un refugio, un legado El Sitio Ramsar 783 es un pilar ecológico global. Sus humedales regulan el clima, sus manglares protegen las costas y sus bosques costeros son hogar de especies amenazadas. Pero más allá de su valor ecológico, Gandoca-Manzanillo es un espacio de vida para comunidades locales, especialmente afrodescendientes e indígenas, cuyos derechos y formas de vida son ignorados frente a la especulación inmobiliaria. La transformación de estos territorios en oportunidades de mercado no solo destruye ecosistemas, sino que desplaza culturas y compromete el futuro de las próximas generaciones.
Un llamado a la acción: el poder de la unidad
La lucha por Gandoca-Manzanillo es un reflejo de un desafío mayor: la tensión entre el desarrollo extractivista y el respeto por la vida. La AEL invita a la ciudadanía, organizaciones, medios de comunicación y autoridades a unirse a esta causa. La sociedad civil organizada es la conciencia crítica que recuerda al Estado su deber de proteger el patrimonio natural y los derechos de todos. Juntos, podemos revertir el daño, fortalecer la gobernanza ambiental y garantizar que Gandoca-Manzanillo siga siendo un santuario de vida para las generaciones futuras.
El impacto de la desprotección
• Permisos irregulares: Más de 500 permisos de construcción en humedales, manglares y zonas de anidación de tortugas, en violación de la Convención Ramsar. • Titulación ilegal: Propiedades del PNE parceladas y vendidas para proyectos turísticos, despojando al país de su patrimonio natural. • Reducción arbitraria de humedales: La Directriz 09-2023 eliminó más del 40% del área reconocida como humedal, sin sustento técnico. • Desplazamiento de comunidades: Comunidades afrodescendientes e indígenas enfrentan presiones por la especulación inmobiliaria, perdiendo su vínculo con el territorio. • Falta de fiscalización: Entidades como SINAC y la Municipalidad de Talamanca han fallado en garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental.
¿Qué significa ser un Sitio Ramsar?
Ser parte de la Convención Ramsar implica un compromiso global con la conservación de humedales, ecosistemas clave para la biodiversidad y el equilibrio climático. Gandoca-Manzanillo, como Sitio Ramsar 783, es un legado que Costa Rica debe proteger, no solo por su valor nacional, sino por su importancia para el mundo. La posible inclusión en el Registro de Montreux sería un paso hacia la cooperación internacional para salvar este refugio.
Únase a la defensa de Gandoca-Manzanillo
La AEL llama a todos los sectores de la sociedad a respaldar esta lucha. Cada voz cuenta, cada acción importa. Juntos, podemos proteger Gandoca-Manzanillo y construir un futuro donde el equilibrio ecológico y la justicia ambiental sean la prioridad. Para más información, contáctenos en machore@gmail.com o síganos en nuestras redes sociales.
Por un Caribe Sur vivo, por un Costa Rica sostenible.
Llamado urgente a las comunidades afrodescendientes sobre la intervención de la Defensoría de los Habitantes Ignorada por Líderes.
A todos los pobladores afrodescendientes de Costa Rica 1 de junio de 2025
Estimados hermanos y hermanas de la comunidad afrodescendiente,
Nos dirigimos a ustedes con un sentido de urgencia y solidaridad para informarles sobre un asunto crítico que afecta los derechos de nuestras comunidades, particularmente en lo relacionado con la propiedad ancestral en zonas como Cahuita, Siquirres, Matina, Puerto Viejo, Cocles y Manzanillo. El pasado 11 de diciembre de 2024, la Defensoría de los Habitantes emitió un documento trascendental —Oficio N° 13873-2024-DHR, Registro de Intervención N° 442152-2024-RI— a raíz de una solicitud de intervención presentada por el señor Marco Vinicio Levy Virgo. Este documento aborda las continuas violaciones a nuestros derechos humanos, específicamente nuestro derecho a las tierras ancestrales y a la consulta previa, protegidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros marcos legales nacionales e internacionales.
La intervención de la Defensoría detalla la omisión del Estado costarricense en reconocer y proteger los derechos de propiedad ancestral de las comunidades afrodescendientes, así como la falta de consulta previa, libre e informada, como lo exige el Convenio 169. El documento presenta recomendaciones específicas al Ministerio de la Presidencia, entre las que destacan:
1. Nombrar con prontitud un nuevo Comisionado de Inclusión Social para dar seguimiento a las iniciativas de poblaciones vulnerables, incluyendo la afrodescendiente.
2. Designar una unidad técnica administrativa del Poder Ejecutivo para gestionar los procesos de consulta de los pueblos tribales afrodescendientes.
3. Definir el término “propiedad ancestral afrodescendiente” mediante coordinación interinstitucional y un peritaje cultural.
4. Ejecutar a la brevedad los procesos de consulta para delimitar y reconocer los territorios ancestrales afrodescendientes.
Estas recomendaciones están fundamentadas en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Costa Rica en 1993, y el Decreto Ejecutivo 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP (5 de mayo de 2022), que reconoce a los afrodescendientes costarricenses como pueblo tribal y establece el Foro Tribal Afro Costarricense como instancia de diálogo con el gobierno. Además, la Defensoría reconoce la discriminación sistémica y las injusticias históricas sufridas por nuestras comunidades, así como la inacción del Estado, según se desprende de informes previos (como el de Acciones de Protección de Derechos de las Personas Afrodescendientes 2015-2021 y el informe de la ex Defensora Montserrat Solano Carboni de 2014-2018).
Lamentablemente, hemos constatado que esta intervención crucial de la Defensoría ha sido ignorada por algunos líderes afrodescendientes, quienes no han reconocido ni actuado en relación con este documento oficial. Esta inacción pone en riesgo los avances hacia la garantía de nuestros derechos a las tierras ancestrales, la consulta previa y la autodeterminación, derechos que no son negociables, sino consagrados en el derecho internacional y en la Constitución multiétnica y pluricultural de Costa Rica.
Hacemos un llamado a todos los pobladores afrodescendientes a unirse para exigir rendición de cuentas tanto a nuestros líderes como al Estado. Las recomendaciones de la Defensoría son un grito de acción, instando al gobierno a cumplir con sus obligaciones legales bajo los principios de progresividad y no regresión de los derechos humanos y el principio de no discriminación. No podemos permitir que el silencio o la indiferencia de algunos obstaculicen nuestra lucha colectiva por la justicia, el reconocimiento y la protección de nuestro legado ancestral.
Instamos a la comunidad a:
• Informarse sobre la intervención de la Defensoría (Oficio N° 13873-2024-DHR) contactando a la institución en correspondencia@dhr.go.cr o visitando sus oficinas en Barrio México, Calle 22, Avenidas 7 y 11, San José.
• Participar con organizaciones comunitarias para asegurar que el Foro Tribal Afro Costarricense y otros organismos representativos prioricen este tema y aboguen por la implementación de las recomendaciones de la Defensoría.
• Exigir transparencia y acción a los líderes afrodescendientes para abordar las violaciones de nuestros derechos y apoyar los esfuerzos legales y técnicos necesarios para garantizar nuestras tierras ancestrales.
La lucha por nuestros derechos como pueblo tribal afrodescendiente es una responsabilidad compartida. Honremos la resiliencia de nuestros ancestros uniéndonos, educándonos y exigiendo responsabilidad tanto a nuestros líderes como al Estado. El momento para el reconocimiento, la justicia y el desarrollo —como se estableció en el Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024)— es ahora.
Para mayor información o para unirse a este esfuerzo, por favor contacte al teléfono (506).83-63-96-87
La Academia Nacional de Medicina de Costa Rica organiza una conferencia virtual titulada “A 40 años de la Clínica de Adolescentes del Hospital Nacional de Niños y la situación actual de adolescentes y jóvenes”. Esta actividad cuenta con el aval del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica como académicas que busca promover la actualización médica y el intercambio de conocimientos sobre temas de relevancia en el ámbito de la salud.
La charla será impartida por el Dr. Alberto Morales Bejarano, reconocido pediatra y experto en adolescentes, quien también es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina. Durante la exposición, el Dr. Morales Bejarano abordará tanto la trayectoria histórica de la Clínica de Adolescentes del Hospital Nacional de Niños como el panorama actual de salud y bienestar de los adolescentes y jóvenes en Costa Rica.
El evento se llevará a cabo el jueves 5 de junio de 2025, a las 7:00 p.m. (hora Costa Rica) y será transmitido de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Además, la conferencia será retransmitida en vivo mediante la cuenta oficial de Facebook de la Academia Nacional de Medicina (@ACANAMED), lo que facilitará el acceso a un público más amplio.
Esta actividad está avalada con 1 crédito de recertificación médica por el Departamento de Desarrollo de Competencias Docentes (DCD), lo cual representa un incentivo académico adicional para los médicos incorporados que participen. La participación requiere confirmación previa al correo electrónico info@acanamed.com o mediante contacto telefónico al número 2296-7615, debido a que el cupo es limitado.
La conferencia representa una oportunidad para reflexionar sobre cuatro décadas de atención especializada en adolescentes desde una perspectiva médica, social y educativa, así como para analizar los retos contemporáneos que enfrentan los jóvenes en el país. Se espera que esta actividad motive un diálogo constructivo entre profesionales de la salud y otros actores interesados en el bienestar juvenil.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica / Contacto: nboeglin(a)gmail.com
En este mapa se puede apreciar (trazado en rojo) la Zona Inalienable de 1888 y su colindancia con el Parque Nacional Braulio Carrillo (en color verde).
El pasado 29 de mayo, las zonas de recarga de los acuíferos del Barva, Colima inferior y Colima Superior, así como la prodigiosa biodiversidad del Parque Nacional del Braulio Carrillo hicieron su entrada en la Asamblea Legislativa, al serle asignado formalmente desde esta fecha, un numeral de expediente legislativo al proyecto que pretende reforzar su protección legal: se tratará de ahora en adelante del Expediente Legislativo Número 25.016.
Para nuestros estimables lectores, se comparte este enlace con el video de la reunión, con la que se inicia un largo trajinar que esperamos pueda ser llevado a feliz término en poco tiempo.
Una iniciativa comunal que llega a la Asamblea Legislativa
Esta iniciativa promovida por una organización local, Conceverde (véase sitio) y por vecinos de Concepción de San Rafael de Heredia, había logrado en el 2015 que el Poder Ejecutivo expandiera mediante Decreto Ejecutivo la extensión del Parque Nacional Braulio Carrillo (véanse el texto del Decreto 39.259 así como el comunicado de Conceverde al publicarse este decreto en diciembre del 2015).
Conociendo los vaivenes incesantes de la vida política y la de los decretos ejecutivos, es hora que Costa Rica eleve a rango de ley esta ampliación del Parque Nacional Braulio Carrillo, en particular ante la fuerte presión que ejercen empresas urbanizadoras y proyectos de gran escala sobre las autoridades de los cantones ubicados en las montañas de Heredia. Al parecer estas últimas sucumben fácilmente a estas presiones, pese a advertencias sobre los efectos del cambio climático en cuanto al régimen de precipitaciones, y pese a épocas en veranos muy prolongados, en las que sus mismos administrados ya no cuentan con disponibilidad de agua diaria en cantidad suficiente por varios días y a veces semanas; véanse a modo de ejemplo comunicado de mayo del 2023 de la Municipalidad de Santo Domingo y nota de prensa televisiva de marzo del 2025 sobre cortes de agua en Santo Domingo. De igual modo, se puede citar este comunicado de junio del 2024 por parte de la ESPH sobre racionamiento del agua debido a una prolongada sequía, que no hace sino en realidad, revalidar un ejercicio muy similar de mayo del 2023 (véase nota de prensa).
Si el agua ya hace falta en varios cantones heredianos, y ello desde varios años, el sentido común llevaría a pensar que se suspendan nuevos proyectos inmobiliarios de gran escala por parte de los municipios afectados por esta escasez, hasta tanto se resuelva la disponibilidad de agua para los actuales habitantes de estos cantones. Nada más alejado de la realidad.
Foto de acto realizado el 29 de mayo en presencia de varios integrantes de la Asamblea Legislativa y sus asesores y de vecinos de San Rafael de Heredia así como de integrantes de Conceverde.
Urbanizar a como dé lugar: la verdadera saga de la planificación urbana en la GAM
En efecto, la materialización de estas presiones por parte de empresarios, inversionistas y gremios de la construcción, se expresa con cada nuevo permiso municipal sobre uso de suelo para proyectos urbanísticos de cierta envergadura.
La irresponsabilidad de los cantones heredianos aguas arriba se ve reflejada en los cantones aguas abajo con cada aguacero sostenido, el cual destruye casas de habitación e infraestructura pública como puentes y calles, provoca que familias costarricenses pierdan todas sus pertenencias debido al agua enlodada que penetra en sus casas, consecuencia lógica del proceso de impermeabilización de los suelos en las partes altas y medias de las montañas de Heredia.
Se trata de una advertencia que, más allá de la situación específica en los cantones heredianos de la Gran Area Metropolitana (GAM), hicimos con colegas en el 2021 en LaRevista.cr, reeditando en realidad un texto publicado en La Nación en el 2010 relacionado al PRUGAM (Nota 1) en el que señalábamos que:
«… de un temerario “plumazo” se descartó el PRUGAM, y los años de estudios y de inversión realizados. A raíz de declaraciones del encargado del PRUGAM, el arquitecto Eduardo Brenes, en el programa Nuestra Voz en radio Monumental, cuestionando este Decreto, este fue despedido por la ministra Clara Zommer, y se procedió al desmantelamiento del equipo técnico que trabajó en el PRUGAM«.
Aún están en línea los productos del PRUGAM (véase enlace), sin que hayan sido incorporadas en las regulaciones de planificación urbana, ni la zonificación propuesta, ni la metodología de los IFAs (IFA de las siglaes de Indice de Fragilidad Ambiental) en cantones particularmente vulnerables de la GAM.
El PRUGRAM fue sustituido de manera un tanto precipitada por el POTGAM en el 2012, y según explicó en su momento una alta jerarca en materia de vivienda,
«Garantizar, yo no puedo garantizar nada. Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo en capacitar a las municipalidades respectivas, a los 31 cantones de la GAM diciéndole el alcance del POTGAM y lo que se tiene que respetar y porqué«.
(véase artículo del Semanario Universidad de febrero del 2012 que contiene una entrevista a este funcionaria).
El PRUGAM fue reemplazado finalmente en el 2014 por otro instrumento denominado «Plan GAM 2013-2030», que la Sala Constitucional consideró omiso en cuanto a los insumos técnicos en materia ambiental del PRUGAM (véase texto de sentencia 23743 de diciembre del 2020). Nótese, con relación a las zonas de recarga acuífera, que los recurrentes alegaban (véase párrafo 1) que:
«El artículo 69, del reglamento impugnado, permite la afectación de áreas de recarga acuífera estratégica de la Gran Área Metropolitana por desarrollo urbano, pues favorece el desarrollo inmobiliario por encima de la protección del ambiente y los recursos naturales tan estratégicos como los recursos hídricos. También se alega que el reglamento está induciendo que nueva población de la Gran Área Metropolitana se instale en zonas de alta y muy alta amenaza a deslizamientos, ya que se induce urbanizar zonas de este tipo al ignorar los mapas de amenazas generados por los estudios del PRUGAM del 2009. Asimismo, se ignoran los lineamientos ambientales regionales, referente a corredores biológicos y de conectividad de la base ambiental del PRUGAM del 2009, aprobados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, pues claramente, se excluyeron tres corredores biológicos. Finalmente, reclaman que sin ningún fundamento técnico científico, se modificaron mapas de amenazas naturales generados por el PRUGAM y aprobados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, lo que contraviene el principio de objetivación o de tutela científica«.
Más allá de la facilidad con la que las máximas autoridades de Costa Rica decidieron en el 2010 hacer a un lado los estudios técnicos en materia ambiental y en materia de ordenamiento territorial del PRUGAM, un programa de planificación urbana para la GAM realizado gracias a una generosa dotación de la Unión Europea (UE) a Costa Rica por más de 18 millones de US dólares, la falta de incorporación de los estudios técnicos del PRUGAM en la planificación urbana de la GAM explica en gran parte el colapso vial, el caos social así como ambiental que se vive en algunos cantones de la GAM: resulta notorio para todos los costarricenses que la GAM crece año tras año de manera desordenada, sin mayor planificación ni visión a largo plazo, gracias a decisores políticos sujetos a presiones del sector privado y constructivo, como bien se advertía en el 2018 desde el programa del Estado de la Nación (Nota 2).
Una valiosa iniciativa comunal ante las ocurrencias reiteradas de decisores políticos
Quisiéramos saludar el hecho que una fracción de la Asamblea Legislativa como el Frente Amplio haya considerado oportuno apoyar con la firma de todos sus integrantes, la iniciativa que se materializó en el Expediente Legislativo 25.016, esperando que las demás fracciones la apoyen de igual manera.
Nótese que otro expediente sobre la Zona Inalienable de 1888 (véase expediente legislativo 23.895) está en la corriente legislativa y busca, por el contrario, restringir la extensión de la Zona Inalienable de 1888 en aras de legalizar títulos de propiedad privada ilegalmente otorgados por parte del Estado, y de paso favorecer desarrollos urbanísticos: una evidencia más de la presión extrema que ejercen propietarios, empresas y gremios de la construcción para levantar las restricciones existentes en la Zona Inalienable (zona en azul que aparece en la página 7 de dicho proyecto de ley). El Expediente Legislativo 23.895 fue antecedido por otro proyecto de ley en el 2018, persiguiendo el mismo objetivo, y evidenciando el mismo tipo de presión por parte de empresas urbanizadoras (véase nota de prensa de CRHoy del 2018 y texto integral del Expediente Legislativo 20.511).
Cabe recordar que desde hace ya más de 10 años, se advertía en un artículo (Nota 3) sobre la capacidad de recarga de los acuíferos del Barva, Colima Superior y Colima Inferior, que:
«En la actualidad, el Valle Central esta sometido a una gran demanda de recursos hídricos subterráneos. Según datos del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA 2007) las perforaciones de pozos superan la cantidad de 5198, lo que representa un 42% del total de pozos registrados en el país hasta el 2007. Está explotación de los recursos hídricos, esta acompañada por un cambio en el uso de la tierra; lo que anteriormente eran áreas potenciales para recarga, se han transformado en zonas dedicadas a cultivos permanentes, sistemas urbanos y usos comerciales e industriales. Todas estas actividades pueden poner en peligro la cantidad y calidad del recurso hídrico subterráneo«.
No está de más indicar además que para las autoridades a cargo del transporte, el Parque Braulio Carrillo constituye un freno a algunos de sus proyectos viales un tanto ocurrentes, tal y como se denota en declaraciones públicas de un jerarca en el 2023, en las que se deja ver un desconocimiento bastante notorio de la dinámica de la naturaleza tropical y de la historia de la ahora denominada Ruta 32 (véase nota del Semanario Universidad): no está de más recordarle al distinguido jerarca, que el proyecto inicial de la Ruta 32 contemplaba la construcción de varios túneles, y no de uno solamente.
Conceverde: ejemplo de persistencia en pro del ambiente
Con respecto a la iniciativa que se plasmó en lo que de ahora en adelante se designará por «Expediente Legislativo Núm. 25016«, quisiéramos celebrar la existencia de una organización como Conceverde, que ha logrado a través de diversas acciones, muchas de ellas llevadas ante justicia constitucional, frenar el nivel de ocurrencias y de irresponsabilidad hacia la principal reserva de agua dulce que abastece en agua de calidad a la GAM, observados tanto por parte de las autoridades nacionales como locales.
Su incansable acción también logró ordenar la suspensión de talas de áboles dentro de la Zona Inalienable de 1888 (véase por ejemplo comunicado del 2010). En labores de incidencia, los comunicados de Concerverde siempre han contado con el apoyo de entidades heredianas y de ecologistas costarricenses, debido a la confianza que han generado en el pasado sus acciones y la solidez de sus planteamientos. Así por ejemplo, entre muchos, Conceverde y varias agrupaciones ecológicas y académicos se unieron
– en el 2009 para denunciar una directriz interna impidiendo a los técnicos de una entidad técnica a cargo de las aguas subterráneas como SENARA, de remitir sus criterios (véase manifiesto colectivo titulado «En Defensa de las Aguas Subterráneas«);
– en el 2018 para hacer de conocimiento de la opinión pública la extrema presión ejercida por parte de cámaras de la contrucción sobre SENARA (véase carta colectiva al Presidente de Costa Rica publicada en Elmundo.cr).
En su comunicado del 30 de mayo del 2025 sobre el proyecto de ley 25.016 (véase texto), se lee que para Conceverde:
“Esperamos que, al igual que los legisladores de 1888, quienes supieron anticipar la importancia de resguardar las montañas del norte de Heredia para asegurar el abastecimiento de agua en el Valle Central, los diputados actuales demuestren la misma visión y aprueben el proyecto 25016, presentado por el diputado Acuña”.
Es gracias a esta misma organización comunal y a otras entidades sociales heredianas que en el 2008, la Sala Constitucional ordenó a las autoridades nacionales y cantonales (véase voto 2008-12109) mostrarse mucho más serias y consecuentes con el valioso legado que constituye para Costa Rica la denominada Zona Inalienable, decretada como tal en 1888 por, en aquel entonces, personas visionarias altamente comprometidas con el futuro de los costarricenses. Lo mapas e infografías de esta presentación ante las autoridades municipales de Heredia de noviembre del 2009 (en particular de pp.4-8) permiten dimensionar y entender mejor el alcance de la protección de las aguas que persigue la Zona Inalienable de 1888.
Ya en el 2010, nos permitimos hacer ver la falta de voluntad del Estado costarricense para acatar lo dispuesto en esta y algunas otras sentencias relacionadas al recurso hídrico (Nota 4). Esta sentencia del 2008 del juez constitucional sobre la Zona Inalienable fue desde entonces (2008), objeto de diversas acciones por desobediencia, presentadas por la misma Conceverde, ante la incapacidad del Estado costarricense y la de sus entidades, así como varias municipalidades, de cumplir a cabalidad con lo ahí señalado (véase artículo del 2023 del Semanario Universidad). La falta de voluntad del Estado costarricense para cumplir con lo dictaminado por la Sala Constitucional en el 2008 es tal que en su sentencia de julio del 2023 (véase texto del voto 2023-017109), el juez constitucional indicó que:
«Esa omisión y dejadez administrativa no puede ser pasada por alto por esta Sala y si bien recientemente en gestiones de desobediencia se había dispuesto que el fallo 12109 del 2008 se entendía debidamente atendido por la instrucción de los procedimientos para la recuperación de los terrenos de cita, lo cierto del caso es que el debate que se presenta en este amparo trasciende una mera gestión de incumplimiento, y por el contrario, denota que las acciones adoptadas por el Estado son de suyo insuficientes para la defensa del fin legal y de los derechos que concurren en el régimen especial de protección definido por el decreto ley No. 65, a partir de lo cual, es necesario que esta Sala imponga acciones direccionadas a procurar que dentro de un tiempo razonable, se pueda contar con acciones concretas y efectivas para esa protección que se reprocha«.
No sería la primera vez que sentencias de la justicia costarricense en favor del agua o del ambiente ordenadas en el 2008 persistan sin ser debidamente implementadas. Cabe recodar que en aquel año del 2008, fueron varias las organizaciones y profesionales costarricenses en levantar la voz ante la destrucción de la biodiversidad y de las fuentes de agua en Costa Rica por parte de autoridades que en aquel se presentaban ante el mundo con una engañosa “Paz con la Naturaleza”. No se considera necesario aquí enlistar los escándalos en materia ambiental a repetición a los que la administración (2006-1010) sometió a Costa Rica, ni referir a la «orquestación de voluntades» detectada en uno de ellos, llevado ante la justicia contenciosa-administrativa (Nota 5). El texto denominado “Manifiesto Público en Defensa de la Naturaleza” publicado en junio del 2008 (véase texto) denunciaba este doble discurso de Costa Rica en materia ambiental: su lectura se recomienda en este inicio del mes del ambiente en este 2025, al no haberse resuelto ni atendido ninguno de los planteamientos que contenía, y al haber Costa Rica observado cómo se han ido agravado problemas ambientales no resueltos en muchas de sus regiones desde entonces, y cómo se han deteriorado sus cuerpos de agua y su biodiversidad en muchos de sus cantones.
Con respecto a la Zona Inalienable de 1888, una gestión adicional de julio del 2024 tendiente a obligar a las autoridades de la cartera ambiental a… obedecer a lo dictaminado por la Sala Constitucional en el 2008 y reiterado en el 2023 (véase texto) ilustra la total falta de voluntad del Estado costarricense.
La poca diligencia demostrada por las autoridades ambientales luego de recibir una denuncia de Conceverde en abril del 2024 fue tal, que se leyó en el mes de mayo del 2024 (véase nota de SurcosDigital conteniendo escrito) que:
«Por todo lo anterior, y considerando además que el lugar donde se llevaron a cabo los hechos denunciados, es una zona de alta vulnerabilidad hidrogeológica, y de alta recarga acuífera de los principales acuíferos del Valle Central, creemos que la atención de la denuncia de parte del SINAC le ha faltado rigor que la situación amerita, hasta se podría considerar hasta “machotera”, violentando por tanto el deber que tienen en el MINAE/SINAC de protección de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y en particular del recurso hídrico«.
A modo de conclusión
El pasado mes de marzo, se realizó para el Día Internacional del Agua, un muy merecido homenaje a la organización Conceverde, en Ojo de Agua (véase nota de prensa) por su incansable lucha en favor de las fuentes de agua que abastecen a la GAM.
Una lucha inquebrantable, sostenida y generosa, que debiera inspirar a muchos otros en Costa Rica, de manera que en cada cantón costarricense, los vecinos puedan contar con una organización comunal como Conceverde, ejemplo de ciudadanía organizada y combativa en pro del agua y de la biodiversidad, y comprometida con un mejor mañana para los costarricenses que no han nacido aún.
– – Notas – –
Nota 1: Véase ALFARO C. J.F, BOEGLIN N., SAGOT RODRÍGUEZ A., «Lluvia y daños: advertencias desoídas«, 27 de julio del 2021, La Revista.cr. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase ASTORGA GÄTTGENS A., «Ordenamiento ambiental del territorio: situación y perspectivas en Costa Rica», Informe para el Estado de la Nación, 2018. Texto integral disponible aquí.
Nota 3: Véase RAMÍREZ CHAVARRIA R., «Recarga Potencial de los Acuíferos Colima y Barva, Valle Central, Costa Rica«, Repertorio Científico, UNED, Vo. 17, 2014, pp. 51-59, p. 51. Texto disponible en la red. Una publicación anterior del 2013 titulada «Recurso hídrico en la zona norte de Heredia: experiencia de la UNA«, publicada por la UNA (véasetexto integral) de igual manera incluye artículos de expertos y académicos que advierten de la vulnerabilidad de las zonas de recarga acuífera situadas en las montañas al Norte de Heredia.
Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Nivel de cumplimiento de decisiones judiciales en materia ambiental relativas a la protección del recurso hídrico«, Informe final, presentado para el proyecto Estado de la Nación, 2010. Texto integral disponible aquí.
Nota 5: Véase texto integral de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) del noviembre del 2010 sobre el proyecto minero Crucitas, en la que se lee (Párrafo XL) que:
«En relación con este punto, es necesario indicar que en el presente caso ocurre algo excepcional y es que las distintas ilegalidades detectadas y las nulidades declaradas, son todas coincidentes en el sentido de que tendían a la aprobación del proyecto minero Crucitas y varias de ellas se dictaron estando vigente un decreto ejecutivo de moratoria de la minería metálica de oro a cielo abierto, todo lo cual hace viable pensar como posible una eventual concurrencia u orquestacin de voluntades para llevar adelante, de cualquier manera, este proyecto minero.»
Tuvimos la oportunidad de referir a la «orquestación de voluntades» en el marco de un foro realizado por la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica, el pasado 28 de mayo, titulado: «El súbito entusiasmo por la minería química a cielo abierto en Crucitas: análisis y perspectivas» (véase volante y video).
La asociación ambiental Asalomas, denunció a la compañía Constructora La Laguna S.A., la Municipalidad de Desamparados, SETENA, MINAE e INVU.
El caso con los permisos irregulares que causaría daños irreparables, se tramita bajo el expediente 23-003209-1027-CA en el Tribunal Contencioso Administrativo.
Asociación Salvemos las Lomas, ASALOMAS 1 de junio 2025
Desamparados, San José — La Asociación Salvemos las Lomas reafirma su compromiso de lucha con el fin de la conservación del patrimonio natural y anuncia que, en el marco del juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo que se realizará el lunes 2 de junio con el motivo de la defensa de la Zona Protegida de la Loma Salitral, continuará trabajando, acorde la anhelo de décadas de esta noble causa e incansablemente para garantizar que este invaluable ecosistema, el ultimo remanente de Bosque Premontano Bajo Húmedo del Valle Central, reciba la protección que la normativa ambiental del nuestro país obliga a respetar.
En este proceso legal, que se tramita bajo el expediente 23-003209-1027-CA, los vecinos, a través de la asociación ambiental ASALOMAS, nos enfrentamos a la compañía Constructora La Laguna S.A., la Municipalidad de Desamparados, SETENA, MINAE e INVU, por pretender construir, con el aval irregular de esas instituciones, en una zona de valor ambiental protegida por Decretos Ejecutivos y donde es prohibido edificar residenciales. Esta mega construcción, que consideramos ilegal, significaría una grave afectación a la calidad de vida de los habitantes alrededor de la zona y también irreparables daños ambientales. Por lo que este juicio representa un paso crucial en la lucha por la preservación del ecosistema único.
Nuestra organización, que cuenta en asesoría legal los abogados ambientalistas y exdiputados Edgardo Araya Sibaja y José María Villalta, ha presentado evidencia técnica-legal contundente sobre la importancia ecológica de esta área, su biodiversidad y el impacto irreversible que podría generar cualquier intervención como la posible construcción de más de 500 viviendas en la Zona de Amortiguamiento de la Loma Salitral.
“No podemos permitir que intereses particulares se impongan sobre el bien común, afectando nuestro entorno y el derecho de las futuras generaciones a disfrutar de la riqueza natural de nuestro país,” afirmó Eduardo Gardela, presidente de ASALOMAS.
Hacemos un llamado a la comunidad, a las autoridades y a todos los sectores comprometidos con la defensa del medio ambiente para que se sumen a la defensa de esta zona protegida. La biodiversidad, el equilibrio ambiental y el legado de nuestras tierras están en juego.
Seguiremos informando sobre el avance de este juicio y las acciones que nuestra asociación tomará para garantizar la protección de nuestro pulmón, la Loma Salitral.
¡Fue Ortiz! Alguien grita mientras la sensación de ver detenido el tiempo en fragmentos de segundo, rodeaba su cuerpo, al igual que un dolor indescriptible. Ortiz, Pablo. Acaba de pisar por accidente una mina antipersona y ahí empieza la historia.
Fui invitado por la organización de la Fiesta Nacional de la Lectura (FNL) realizada recientemente en las instalaciones de la Antigua Aduana, en San José, a conversar con el autor colombiano Juan Diego Mejía sobre su reciente novela “Y si acaso yo muero en la guerra” (Tusquets, 2024). Este año la edición fue dedicada a la hermosa ciudad de Medellín.
Juan Diego es una persona afable con lo que no nos costó la comunicación desde el primer minuto que nos conocimos. Durante el almuerzo previo a nuestra conversación en la Fiesta, hablamos de literatura, de nuestra vidas, de los circuitos de circulación y distribución de libros en una región como Centroamérica: “es muy débil- les dije a él y a Estefanía, su compañera de trabajo con quien compartimos el almuerzo y la conversación- y entonces los festivales y las ferias de libros se nos vuelven esenciales para que los autores demos a conocer nuestro trabajo”. También hablamos de fútbol, de Lev Yashin, del famoso 4-4 de Colombia ante la selección rusa y, cómo no, del gol de mi padre a ese genio histórico de la portería.
Y entonces hablamos sobre su novela. Ubicada temporalmente en la Colombia del post conflicto, espacialmente en la región de Urabá (donde se desarrolla la acción detonadora de la historia) y Medellín, ciudad en la que Pablo vive con sus padres, la trama reconstruye literalmente la vida del soldado, su lucha interna al verse disminuido en sus capacidades físicas, la actitud valiente de su padre al querer incorporarse como corredor de atletismo, para hacerle un homenaje a su hijo.
Como una derivación del corrido Adelita, el título de la pieza refleja acaso el escenario al que se enfrentan personas jóvenes en países donde alistarse en el ejército representa una opción al estudio, a la violencia, a la exclusión social.
La esperanza, la solidaridad, el amor, la pregunta sobre quiénes seremos cuando estemos en las etapas finales de nuestras vidas. Todo eso confluye en un estilo narrativo simple y sin filtros, que es desarrollado por un personaje (el escritor) que termina siendo el mismo Juan Diego como único personaje real de la novela.
La obra está matizada con rituales, algunos de ellos apenas perceptibles para el ojo lector: la circularidad de la vida, proyectada en el colectivo “ los pájaros dormidos”, un grupo de personas adultas mayores que entrenan todas las mañanas en la pista del estadio de Envigado y que terminan asumiendo a Aníbal ( el padre de Pablo) como uno más del grupo; la voz de los sin voz que una vez más plantea los desafíos en sociedades tan injustas y desiguales como las nuestras; el baile ancestral Bullerengue, como una manera de fijar en la memoria ese ADN caribeño que baña las costas colombianas; el momento de buscar los cuerpos de las personas desaparecidas durante el conflicto.
Todo, absolutamente todo, hasta el momento de nuestra conversación en la Fiesta Nacional del Libro, fue un hermoso ritual que se prolonga a través de las páginas de este ejercicio narrativo.
De todos los temas abordados, el amor aparece reflejado en la esencia de las mujeres protagonistas: la madre de Pablo, que lucha constantemente por ver a su hijo conectado con la realidad y Estefanía, una mujer de la se enamoró en el campo de acción en Urabá, pero a la que paradójicamente nunca le pudo decir media palabra. Esas cosas raras del corazón que la razón no entiende.
No pude evitar los paralelismos que se me aparecieron entre el tema trazado por Juan Diego Mejía en su narración y las historias que se repiten en las movilidades humanas centroamericanas: el desplazamiento, las desapariciones, las personas migrantes que adquieren alguna discapacidad como producto de accidentes con el tren “La Bestia” y sus encuentros con los actores del crimen organizado.
En síntesis, esta novela me colocó en un escenario donde la subjetividad que se reconstruye está presente. Se me abre así mismo una ventana de lectura sobre las propias realidades centroamericanas que luego de los acuerdos de paz, han entrado en otros ejes donde violencias, autoritarismos y desigualdades continúan ensañándose contra las poblaciones más vulnerabilizadas.
También es una oportunidad de abordar desde la narrativa, los procesos que experimentan sociedades como las nuestras al tratar de reconstruirse subjetiva y colectivamente.
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