Este 17 de agosto a las 6:00 p.m. se llevó a cabo el Foro: “Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre: retos y oportunidades”, en la Sala de Ex Rectores, Biblioteca Joaquín García Monge, Campus Omar Dengo, UNA, Heredia.
El Foro tuvo como objetivo conocer el nuevo reglamento de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre su contenido e implicaciones.
Se contó con varios especialistas invitados:
Gustavo Gutiérrez, Catedrático, Escuela de Biología, UCR.
José Pablo González Montero, Fiscal Adjunto Agrario Ambiental, Poder Judicial
Carlos Mario Orrego, Coordinador Nacional de Vida Silvestre, SINAC
Gino Biamonte, Presidente Asociación Preservacionista de Flora y Fauna (APREFLOFAS)
Laura Porras, Académica Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre (COMVIS), UNA
Mauricio Jiménez Soto, Coordinador, Hospital de Especies Menores y Silvestres. Académico Escuela Medicina Veterinaria, UNA
Moderadora:
Patricia Madrigal, Ministra a.i. Ministerio de Ambiente y Energía.
Para más información comuníquese al teléfono 2277 3974 / VINCULACION@UNA.CR
Estados Unidos comunicó oficialmente al Secretario General de Naciones Unidas el pasado 4 de agosto su intención de denunciar el Acuerdo de Paris sobre Cambio Climático. Como bien se sabe, el Secretario General es el depositario de este tratado multilateral, adoptado en la capital gala en diciembre del 2015, firmado por 195 Estados y ratificado por 159: véase estado oficial de firmas y ratificaciones (con, al final las declaraciones hechas por 18 de los Estados Partes, incluyendo la Unión Europea). De conformidad con el Artículo 21(1) de este tratado, la fecha de su entrada en vigor es la del 4 de noviembre del 2016:
«This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date on which at least 55 Parties to the Convention accounting in total for at least an estimated 55 per cent of the total global greenhouse gas emissions have deposited their instruments of ratification, acceptance, approval or accession» / «1. El presente Acuerdo entrará en vigor al trigésimo día contado desde la fecha en que no menos de 55 Partes en la Convención, cuyas emisiones estimadas representen globalmente por lo menos un 55% del total de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, hayan depositado sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión».
La figura de la denuncia en el derecho internacional público
Como es sabido, la denuncia es una figura jurídica validada por la práctica internacional y consagrada por la misma Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 (véase texto, artículo 56). En América Latina, en años recientes se registra, por ejemplo, el caso de Venezuela, que denunció en setiembre del 2012 la Convención Americana sobre Derechos Humanos (véase nota nuestra al respecto), un acto al que también procedió Trinidad y Tobago en 1998; o el de Colombia, que optó por denunciar el Pacto que lleva el nombre de su capital en noviembre del 2012 (véase nota nuestra al respecto publicada en La Nación), acto que El Salvador también realizó en 1973. Tuvimos también la oportunidad de analizar las denuncias a la Convención de Washington de 1965 que crea el CIADI (más conocido por sus siglas en inglés ICSID) por parte de varios Estados de América Latina ante la deriva del CIADI tendiente a favorecer en sus laudos arbitrales al inversionista extranjero en el caso de demandas claramente abusivas (véase nuestra nota al respecto publicada en el sitio de Bretton Woods Project) (Nota 1). En este artículo sobre una iniciativa de la UNASUR para reemplazar el CIADI por un mecanismo regional en materia de arbitraje de inversión, se lee en las conclusiones que:
«ICSID arbitration has lacked the guarantee of due process because of its impartial and not transparent proceedings, failure to address the broader needs of society as well as generally inconsistent decisions and awards, the lack of hierarchy of investment tribunals and no system of precedent or appeals».
Estos, y otros casos de denuncias de tratados internacionales que ofrece la práctica internacional, indican que un Estado Parte a un instrumento conserva siempre la posibilidad de retirarse del mismo cuando, por alguna razón, sus autoridades lo consideran dañino para sus intereses. Al optar por denunciar o retirarse de un tratado internacional, un Estado no violenta ninguna norma internacional: ejerce sus atribuciones soberanas, las mismas que fundamentan su decisión de suscribir y ratificar un tratado. Lo hace recurriendo a las mismas cláusulas contenidas en el texto relativas a la denuncia o retiro del tratado.
La denuncia de tratados multilaterales ambientales: casos recientes
Una de las últimas denuncias de un tratado multilateral en materia ambiental fue la denuncia de Canadá a la Convención de Naciones Unidas contra la Desertificación, registrada en el 2013. Se puede leer en el estado oficial de firmas y ratificaciones de ese tratado que:
«Canada had signed the Convention on 14 October 1994 and had ratified it subsequently on 1 December 1995. Thereafter, on 28 March 2013, in accordance with its article 38 (2), the Government of Canada had notified the Secretary-General of its decision to withdraw from the Convention. The withdrawal took effect on 28 March 2014. On 21 December 2016, Canada deposited with the Secretary-General an instrument of accession to the Convention» (véase Nota 4).
Dos años antes, en el 2011, el mismo Canadá había procedido a denunciar el Protocolo de Kyoto, adoptado en 1997: en el estado oficial de este importante instrumento, se lee (véase Nota 2) que: «In accordance with article 27 (2) of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, the Government of Canada notified the Secretary-General that it had decided to withdraw from the Kyoto Protocol as from the date indicated hereinafter: Date of notification:15 Dec 2011 Date of effect:15 Dec 2012».
Cabe precisar que de estas dos denuncias realizadas por parte de Canadá, la primera dejó de surtir efecto con la llegada de las nuevas autoridades en el 2015.
La cláusula sobre la denuncia del Acuerdo de París del 2015
El Acuerdo de Paris del 2015 contiene una cláusula relativa a su denuncia, la cual establece los plazos para su entrada en vigencia, así como el plazo antes del cual ninguna denuncia es posible. Desde el punto de vista jurídico, y de conformidad con el texto (versión inglesa) del Acuerdo de Paris del 2015 (véase de igual forma la versión en español), no puede haber notificación formal de denuncia antes de noviembre del 2019. Adicionalmente, ninguna denuncia puede surtir efectos sino después de noviembre del 2020. Sobre este preciso punto, las reglas contenidas en el Artículo 28 son de una meridiana claridad y las distintas versiones oficiales no permiten duda alguna:
Article 281. At any time after three years from the date on which this Agreement has entered into force for a Party, that Party may withdraw from this Agreement by giving written notification to the Depositary.
Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year from the date of receipt by the Depositary of the notification of withdrawal, or on such later date as may be specified in the notification of withdrawal.
Any Party that withdraws from the Convention shall be considered as also having withdrawn from this Agreement.
Artículo 28 1. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación por escrito al Depositario en cualquier momento después de que hayan transcurrido tres años a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo para esa Parte.
La denuncia surtirá efecto al cabo de un año contado desde la fecha en que el Depositario haya recibido la notificación correspondiente o, posteriormente, en la fecha que se indique en la notificación.
Se considerará que la Parte que denuncia la Convención denuncia asimismo el presente Acuerdo.
Por lo tanto, la comunicación hecha por Estados Unidos el pasado 4 de agosto no puede ser validada como «notificación«. La prohibición de hacerla durante tres años impide admitirla como tal. Si la idea consistió en informar que Estados Unidos tiene la firme intención de denunciar el Acuerdo de Paris, las declaraciones oficiales hechas por su actual Presidente hace varios meses son suficientes. El mundo entero, así como las mismas Naciones Unidas, tomaron nota de la visión tan peculiar del Presidente Trump cuando en mayo pasado afirmó que su decisión sobre el Acuerdo de Paris «will make America great again«.
Referimos al lector al artículo publicado en EJIL-Talk del 5 de junio del 2017 de la profesora Lavanya Rajamani (India), titulado «Reflections on the US withdrawal from the Paris Climate Change Agreement».
Tuvimos la oportunidad de analizar las reacciones oficiales en América Latina a este anuncio presidencial (Nota 2). Es de recordar que Perú (julio del 2016) fue el primer Estado en ratificar en la región este instrumento, seguido por Argentina, Brasil, Honduras, México y Panamá (setiembre del 2016), Bolivia, Costa Rica, Paraguay y Uruguay (octubre del 2016), Cuba (diciembre del 2016), Guatemala (enero del 2017), Chile (febrero del 2017) y El Salvador (marzo del 2017), cerrando la lista Haití y Venezuela (julio del 2017). En la conclusión de este artículo, nos permitimos señalar que:
«Más allá del estilo tan peculiar de anunciar cosas (y luego reflexionar sobre el impacto que causan) que exhibe desde su llegada a la Casa Blanca el Presidente Donald Trump, desde el punto de visto estríctamente jurídico, la prohibición expresa de hacer reservas a este tratado como tal (véase artículo 27 del Acuerdo de París) conlleva la imposibilidad de limitar o de modular el alcance de algunas de sus disposiciones. Técnicamente, Estados Unidos deberá en este caso proceder a denunciar el tratado, o bien proceder a una inédita solicitud que esperan (ansiosos) tanto el depositario del convenio de París como sus Estados Partes, así como también los especialistas en derecho internacional».
La carta del 4 de agosto o el arte de cómo notificar algo omitiendo la prohibición del plazo de tres años
El texto de la carta del 4 de agosto suscrita por la Embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, Nikki Haley, reproducida en este artículo, se lee como sigue:
«The Representative of the Unites States of America to the United Nations presents her compliments to the Secretary-General of the United Nations.
This is to inform the Secretary-General, in connection with the Paris Agreement, adopted at Paris on December 12, 2015 (“the Agreement”), that the United States intends to exercise its right to withdraw from the Agreement. Unless the United States identifies suitable terms for reengagement, the United States will submit to the Secretary-General, in accordance with Article 28, paragraph 1 of the Agreement, formal written notification of its withdrawal as soon as it is eligible to do so. Pending the submission of that notification, in the interest of transparency for parties to the Agreement, the United States requests that the Secretary-General inform the parties to the Agreement and the States entitled to become parties to the Agreement of this communication relating to the Agreement.
The Representative of the Unites States of America to the United Nations avails herself of the opportunity to renew to the Secretary-General the assurances of her highest consideration».
Es muy probable que colegas especialistas en derecho internacional comenten el contenido de esta extraña carta. La cual, en nuestra opinión, corresponde más a un anuncio de una futura notificación y no a una notificación en sí, al existir una prohibición de notificar durante un plazo de tres años. Posiblemente, desde el punto de vista político, esta inusual misiva responda a algún compromiso del Presidente Trump con algunos sectores. No obstante, desde el punto de vista jurídico, plantea algunas interrogantes al no adecuarse a lo estipulado en el Acuerdo de París, ni a la práctica seguida por Estados denunciantes ante el depositario de un tratado, ni añadir nada nuevo a lo escuchado por parte del Presidente Trump. Como se observará, la omisión del plazo de tres años que exige el Acuerdo de París traduce bien lo incómodo que resulta la situación para el Presidente Trump (un hombre algo urgido).
A modo de conclusión
Al parecer, es la primera vez que un Estado mediante una carta formal al depositario de un tratado multilateral le comunica su intención (y no su decisión) de denunciar un tratado. Salvo error de nuestra parte, no existe precedente alguno en la práctica internacional y agradecemos desde ya el concurso de nuestros estimables lectores para saber si estamos (o no) presenciando una verdadera «première» de la Oficina Jurídica del Departamento de Estado. En abril del 2002, esta misma entidad decidió proceder a una verdadera innovación en materia de derecho de los tratados, al «retirar» la firma al Estatuto de Roma adoptado en 1998 que establece la Corte Penal Interancional (CPI), acto que Israel y Sudán replicarían (véase notas 4, 10 y 12 en estado oficial de firmas y ratificaciones) así como Rusia en noviembre del 2016 (véase nota 9). Uno de los riesgos de estas innovaciones del Departamento de Estado, es que algunos Estados puedan sentirse inclinados por acompañar a Estados Unidos en su desafiante soledad.
Por otro lado, el comunicar su intención de denunciar un tratado y al mismo tiempo anunciar que se procederá a «reengage» (término inexistente en el léxico del derecho internacional) constituye toda una novedad en derecho internacional: en particular cuando el tratado concerñido contiene una cláusula que expresamente prohibe reservas al mismo (Artículo 27).
Ante ello, no cabe duda que la buena fe y la transparencia a la que alude esta insólita misiva norteamericana obligan a aclarar al depositario (y a los Estados Partes) lo que se entiende por «suitable terms for reengagement».
Nota 1: Un ejemplo de demanda de este tipo es la interpuesta en el 2014 contra Costa Rica por la minera canadiense Infinito Gold por 94 millones de US$ por su proyecto minero declarado ilegal por la justicia costarricense en el 2010 y 2011. La demanda se encuentra pendiente de resolución. En el 2015, Costa Rica solicitó dar por terminado el procedimiento en su contra, sin éxito alguno (véase nuestra nota titulada «La solicitud de Costa Rica de poner término a la demanda de Infinito Gold ante el CIADI: breves reflexiones» y publicada en el OPALC). En abril del 2017, la empresa minera canadiense aumentó sus pretensiones de 94 a 321 millones de dólares (véase nota de CRHoy).
Nota 2: Véase nuestra nota publicada en DebateGlobal el 4 de junio del 2017 titulada: «Reacciones en América Latina a anuncio de retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre Cambio Climático».
Para lectores de hablainglesa: Una versión en inglés de este mismo texto, titulada «The so called United States´s «notification» on its decision to withdraw from Paris Agreement on Climate Change» se encuentra disponible aquí.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Especialistas en el tema intercambian conocimientos y resultados de investigaciones en el marco del I Simposio de Cambio Climático y Biodiversidad
Paula Umaña González,
Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
La resistencia del bosque seco tropical frente al cambio climático fue uno de los temas analizados por la científica estadounidense Jennifer Power, quien ha realizado investigaciones en la provincia de Guanacaste (foto cortesía del biólogo Guillermo García).
Este 9 de agosto dio inicio el I Simposio de Cambio Climático y Biodiversidad que se celebra en la Universidad de Costa Rica (UCR) y que cuenta con la participación de expertos de América Latina, Estado Unidos y Europa en el tema de cambio climático, gobernanza y biodiversidad.
“Este simposio será un espacio propicio para valorar la realidad del cambio climático a la luz de la geopolítica y las relaciones internacionales, permitiendo acercar a la comunidad universitaria a una perspectiva sustancial en esta materia”, aseguró Edgar Gutiérrez Espeleta, Ministro del Ambiente, durante la apertura del encuentro, que se realiza en la Ciudad de la Investigación, en San Pedro de Montes de Oca.
El mexicano y ganador del premio Tyler por Logro Ambiental 2017, José Sarukhán Kermez, fue el encargado de inaugurar el programa de conferencias con la propuesta de utilizar la biodiversidad para encarar los retos del cambio climático.
Sarukhán, quien es un referente latinoamericano en el tema de biodiversidad y ecología, parte de la idea de que “la agricultura altamente tecnificada, como se aplica hoy, es ecológica y económicamente insustentable”, ya que la agricultura industrial ha dependido de la maximización de ganancias, basándose en incrementos en el rendimiento a cualquier costo.
Además, explicó que esta agroindustria, aliada a la industria química y de petróleo, ofrece alimentos a bajo precio pero con externalidades ecológicas, económicas y sociales “enormes”.
Para el experimentado ecólogo, la diversidad genética de los cultivos nativos (en su caso de exposición el maíz, en México), que es el resultado de milenios de selección bajo domesticación y la diversidad de sus parientes silvestres, son “la más valiosa e irremplazable fuente de respuestas para la producción de alimentos frente al cambio climático”, comentó. “La idea es aprovechar la enorme biodiversidad a nivel genético que tenemos en un país como México, en Mesoamérica y en América Latina, y el otro elemento que es la diversidad cultural, que es la que ha producido todas esas especies cultivadas, que todavía la tenemos y que todavía está ahí, que sigue funcionando todos los días y que ocurre que es también una porción de la sociedad desdeñada, ignorada y muy marginada”, explicó Sarukhán.
Por su parte, el profesor de la Escuela de Biología de la UCR y biólogo genetista, Gustavo Gutiérrez Espeleta, uno de los organizadores del Simposio, recalcó la importancia del conocimiento de nuestros antepasados y las poblaciones indígenas actuales acerca de la variabilidad genética en los cultivos.
Blanqueamiento de corales en el Golfo Dulce, en la Zona Sur del país, captados en el 2010 (foto cortesía de la bióloga Celeste Sánchez).
“Por eso nuestra oposición a los monocultivos, porque hablamos de clones, entonces si viene un patógeno todas esas plantas van a morir; pero al haber variabilidad puede que este patógeno afecte a algunas plantas, pero resulta que como hay variabilidad genética otras plantas van a sobrellevar el efecto del determinado patógeno”, argumentó.
Ecosistemas amenazados
Por su parte, la científica estadounidense Jennifer Powers planteó a los participantes del evento la pregunta: ¿serán los bosques secos tropicales vulnerables o resistentes a los cambios en las precipitaciones?, a la cual concluyó que, a raíz de estudios hechos en Guanacaste, el bosque seco de Costa Rica es vulnerable a la disminución de las lluvias.
Powers participa, junto a un grupo de científicos, en una investigación en Guanacaste que busca determinar la resistencia de los árboles a períodos de sequía.
Hay algunas especies de árboles más susceptibles a desaparecer en época de sequías y otras que se han adaptado a estas condiciones, por lo que en un futuro la composición del bosque seco será diferente en el país, afirmó.
Además, la tasa de mortalidad de los árboles, en las parcelas en las que se está realizando el monitoreo, aumenta con la sequía, y en épocas de lluvia no se están recuperando a la misma velocidad.
Los páramos también formaron parte de los ecosistemas expuestos en el simposio, por parte de la ecóloga Eloisa Lasso DePaulis, profesora en el Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Estos ecosistemas, generalmente fríos, brindan servicios como la provisión de agua, funcionan como reservorios de carbono, son sitios de alta diversidad y además colaboran en el control de erosión y desastres naturales.
El Ministro del Ambiente de Costa Rica, Edgar Gutiérrez Espeleta, participó en la apertura del I Simposio sobre cambio climático y biodiversidad, en el auditorio de la Ciudad de la Investigación de la UCR (foto Laura Rodríguez).
Las consecuencias que estos ecosistemas pueden experimentar frente a un escenario de aumento de temperatura fue el tema central de Lasso, quien explicó que algunos estudios que lleva a cabo junto a otros investigadores en zonas altas de los Andes han mostrado que los páramos serían resistentes, en cuanto a características fisiológicas, ante un aumento de temperatura de al menos 5 grados.
Sin embargo, el estudio se encuentra en sus primeras fases, por lo que sería prematuro realizar conclusiones en cuanto a la afectación de las funciones y otras características de la vegetación que impera en los páramos.
Esperanza para el planeta azul
La científica estadounidense Joanie Kleypas, en su ponencia Planeta azul, ¿a dónde te llevamos?, recalcó que la mayor parte del planeta (alrededor de un 70 %) son océanos, ríos y lagos, pero son de las superficies más afectadas por el cambio climático.
“El cambio climático no sólo afecta la tierra y el clima, también afecta a los océanos de tres maneras profundas”, recalcó Kleypas al referirse al calentamiento, la acidificación y la desoxigenación, efectos que perjudican a millones de especies marinas.
Según Keyplas, de las primeras científicas en alertar acerca de los impactos de la acidificación oceánica en los organismos calcificadores marinos, algunas especies se están desplazando hacia al norte o a zonas más profundas, en busca de adaptarse a las condiciones de los océanos. Además, los arrecifes coralinos son de los ecosistemas marinos más amenazados, ya que por el aumento de la temperatura del agua la simbiosis con microorganismos se rompe y el coral se blanquea poco a poco hasta morir.
La científica se planteó la pregunta ¿hay esperanza?, a la que respondió que el panorama de los océanos podría mejorar con esfuerzo, mayores estudios y la creación de zonas de protección, entre otras acciones.
“Imposible no es un hecho, es una actitud”, frase de la ex secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la costarricense Christiana Figueres, con la que Kleypas dio por finalizada su ponencia.
Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
Posterior al impacto del huracán Otto, funcionarios de diferentes oficinas administrativas y escuelas de la UCR, se trasladaron a la zona de Upala para apoyar en las labores de rehabilitación. En la fotografía, un equipo de funcionarios de la Oficina de Servicios Generales de la UCR, aseguran la estructura de una vivienda afectada.
La labor realizada por las universidades públicas ante el impacto del Huracán Otto, se convirtió en una experiencia catalizadora para atraer a las cinco universidades públicas y generar un proceso de reflexión y acción conjunta de cara a próximas emergencias o desastres.
El ejercicio organizado por la Subcomisión de Gestión del Riesgo de Desastres del Consejo Nacional de Rectores (Conare) tiene como objetivo poner en marcha un modelo de trabajo articulado, más eficiente y eficaz cuando se presenta una emergencia nacional.
El impacto del huracán Otto en Costa Rica, dejo una gran cantidad de lecciones aprendidas en varios sectores de la sociedad costarricense y el sector educación no escapa a esta realidad y, de forma particular las universidades públicas.
Es por esto que se organizó una actividad que permitió sistematizar estas enseñanzas con miras a mejorar los preparativos y la respuesta a emergencias y los desastres de cada uno de estos centros de estudio.
Durante un día de trabajo se realizaron dos ejercicios: una mirada introspectiva por parte de cada universidad destacando fortalezas, debilidades y posibilidades de mejora. En un segundo momento, se generó una reflexión grupal en torno a las capacidades como un sistema interuniversitario.
César Sancho, de la Universidad Estatal a Distancia, (UNED) y miembro de la Subcomisión de Gestión del Riesgo de CONARE, expone las tareas desarrolladas por la UNED durante la emergencia del Huracán OTTO. Foro Taller «Gestión de Desastres en las Universidades Públicas en el marco de la respuesta al Huracán Otto”.
Producto de este ejercicio, se busca crear una ruta de trabajo ante situaciones de emergencia, donde cada universidad adapte dichos lineamientos a sus necesidades y fortalezas y además, para potenciar las ventajas comparativas, recursos, etc como un sistema interuniversitario.
Se pretende mejorar los preparativos y la respuesta ante diferentes emergencias por parte de cada centro de estudio para garantizar su seguridad y en un segundo abordaje, visualizar el aporte de la academia hacia la sociedad apoyando diferentes actores externos como son las autoridades de gobierno y a las comunidades afectadas por una emergencia o desastre.
Alice Brenes, encargada del programa Institucional de Gestión de Riesgo ante Desastres la Universidad Nacional- y representante ante la Subcomisión, señaló que uno de los objetivos que se persiguen es generar sinergias para que en momentos de emergencia, las universidades eviten la duplicidad de funciones y se maximice los recursos humanos, técnicos y materiales en beneficio del país.
Uno de los elementos de coincidencia entre las casas de enseñanza fue la necesidad de crear protocolos y procedimientos para la toma de decisiones en momentos de emergencia.
Si bien, puntualizó Brenes, las universidades han logrado impactar positivamente, es necesario contar con mayor claridad en cuanto a los roles y temas claves como es la instancia que debe activar las autoridades y la institucionalidad. Asimismo, enfatizó que otro actor clave es el Conare, cuyos miembros requieren asesoría y orientación para la toma de decisiones en momentos de emergencia o desastre. Trabajar en lineamientos que orienten su actuar, es tarea de la Subcomisión de Gestión del Riesgo ante Desastres, puntualizó.
Universidades públicas acuden al llamado de las autoridades del Gobierno durante las emergencias. En la foto, funcionarios de la Universidad Nacional (UNA) entregan suministros a familias impactadas por el paso del Huracán Otto.
A partir de este taller, se elaborará un plan de trabajo al corto plazo (un año), que los miembros de la sub comisión de Gestión del Riesgo ante Desastres elevarán a las autoridades de CONARE.
Alvaro Montero, especialista en gestión del riesgo y representante por la UCR ante la subcomisión, enfatizó que sin atentar contra la autonomía universitaria, se debe comprender cuál es el rol de la academia dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. De esta forma, las universidades públicas deben estar atentas para responder, con los recursos existentes, a las necesidades que las autoridades establezcan.
Una vez aprobado por Conare el objetivo es poner en marcha dicho modelo de trabajo en momentos de un desastre.
Las universidades públicas han desempeñado un papel fundamental, al poner a disposición de las autoridades nacionales, la infraestructura y el recurso humano administrativo y científico especialista en diferentes áreas como son ingenierías, geologías, geografía y psicólogos.
En una segunda etapa, se espera generar nuevos espacios para abordar otros ejes de acción de la gestión del riesgo.
Durante la jornada de trabajo de los representantes de las cinco universidades públicas, a saber, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia, la Universidad Técnica Nacional, el Tecnológico de Costa Rica y la Universidad de Costa Rica, que integran la Subcomisión., se tomó como referencia además, la experiencia de los funcionarios universitarios luego de su participación activa durante la ocurrencia del terremoto de Cinchona (2009) y Sámara (2012),
La Confederación Estudiantil Universitaria (Confecr) –integrada por las federaciones estudiantiles de las universidades públicas- invitan al público universitario, herediano y nacional a participar de la celebración del: «Día Internacional de la Juventud«, este sábado 12 de agosto, de 10 a.m. a 6 p.m. en el Parque Central de Heredia
Actividades:
Habrá presentaciones de grupos artísticos de la UNA y el TEC
La rondalla y la marimba de la UNA, así como la danza del TEC amenizarán esta jornada festiva en celebración de la juventud
Juegos tradicionales y diversidad de actividades lúdicas para el disfrute de todo público: desde los niños hasta los más grandes… e incluso las mascotas…
Micrófono abierto para que las personas participantes se animen a dar rienda suelta a la expresión popular creativa
Baile al ritmo de los grupos Mekatylyu e Infibeat, de 4 p.m. a 6 p.m.
***Mayores detalles con Daniela Alpízar, presidenta de la Feuna, 8758-7762 o en facebook
El presidente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC Gilberth Díaz Vásquez indicó -a propósito de la circular del MEP sobre la carga laboral docente- que las medidas anunciadas para eliminar la sobrecarga laboral provocada, específicamente, por el abuso de comunicaciones y actividades que sobrepasan las obligaciones y horario laborales, son un logro del trabajo serio de los sindicatos para garantizar las mejores condiciones laborales de quienes tienen en sus manos la educación de las futuras generaciones.
La política de salud ocupacional del MEP se desprende de la aplicación del título V capítulo I y II sobre salud ocupacional y seguridad social de la Convención Colectiva MEP y SEC-ANDE-SITRACOME, y sus acuerdos tomados en Junta Paritaria este martes 8 de agosto, viene a atender una grave tendencia de deterioro de la salud del personal docente en Costa Rica, a quienes se ha recargado no sólo con las ya conocidas horas de evaluación y preparación de lecciones fuera del horario escolar, sino con innumerables solicitudes de trabajo administrativo, comunicaciones por medios no institucionales en horario de descanso y asignación de actividades que sobrepasan las obligaciones laborales.
Gilberth Díaz explicó que, “más allá de las simples percepciones, los sindicatos nos dimos a la tarea que fundamentar científicamente las causas del malestar y de una serie de síntomas de deterioro de la salud física y mental del personal docente, incluido el llamado síndrome del quemado en el trabajo, con el respaldo de investigaciones realizadas por organismos como la UCR, UNESCO, OIT y el mismo MEP, con lo que se logró evidenciar la legitimidad del reclamo de frenar las prácticas que deterioran la calidad de vida de docentes en todos los rincones del país”.
Celebramos que el MEP reconociera con diligencia esta situación y emitiera una directriz clara a todo el personal para impedir que esta situación se siguiera dando, corresponde ahora a toda la compleja estructura del MEP conocer, respetar y hacer valer esta medida de salud ocupacional, puntualizó Díaz Vásquez.
Estamos a la espera de que en tres meses la comisión que se intregró para analizar otras situaciones más graves de carga laboral aportados por nuestra afiliación, de su informe para estudiar y resolver de la mejor manera.
Este viernes 11 de agosto, la Junta Directiva del Sindicato Nacional de Administradores de Servicios De Salud y Afines del Seguro Social (SINASSASS) recibió a un grupo de ciudadanos de diferentes cantones, quienes están luchando por que la CCSS asuma la atención de los EBAIS, y que estos no se den en concesión.
Se mantuvo un intercambio sobre la situación de salud de Barva y los retos que tiene la CCSS sobre el modelo privatizador que viene imponiendo algunos miembros de la Junta Directiva de la Caja y sus gerencias, a lo que SINASSASS dio un voto de apoyo, debido a la lucha de este movimiento ciudadano viene dando por la defensa de la seguridad social. El sindicato manifestó que si fuese necesario, emitirán un pronunciamiento a favor del trabajo que este grupo viene realizado.
La Declaratoria de Interés Cantonal del “Proyecto Gestión del Recurso Hídrico” de la Argentina de Pocora, es un gran logro de la Comisión Comunitaria e Institucional que viene desde hace algún tiempo trabajando desde el Programa de Gestión Local de la UNED.
En la carta enviada por la Municipalidad de Guácimo referente al tema se manifiesta que: “Este Concejo Municipal por unanimidad acuerda: Declarar de interés Cantonal, el “Proyecto Gestión del Recurso Hídrico de la Argentina de Pocora”, lo cual le permitiría gestionar recursos económicos ante diferentes instancias nacionales como internacionales, para la adquisición de esas áreas, y así garantizar el abastecimiento de agua en cantidad y calidad, a las futuras generaciones del cantón”.
