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Con la conferencia “Derechos sexuales, reproductivos y religión en Costa Rica”, que abrió el XVI Congreso Latinoamericano sobre Religión y Etnicidad “Creencias religiosas y derechos humanos en América Latina y el Caribe”, realizado en la Universidad Nacional (UNA) en agosto pasado, la académica de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la UNA, Laura Fuentes, puso en evidencia lo que llamó la “acometida religiosa contra el derecho individual en la salud sexual y reproductiva”.
Para Fuentes -quien también fungió como secretaria ejecutiva del Congreso- el estado confesional, es decir, la declaración expresa de que la religión del estado costarricense es “Católica, Apostólica y Romana”, se convierte en justificación para exigir una legislación “acorde con los principios cristianos”, lo que le otorga a estos un peso considerable en las decisiones en el sistema jurídico y el sistema legislativo, en detrimento de derechos humanos sexuales y reproductivos, protegidos en convenciones internacionales. La idea –estima- es “resacralizar”, mediante las leyes, el control de la reproducción “género-sexualizada”, así como un concepto de familia reproductor del modelo heterosexual.
Derechos lesionados
La expositora coincide con el presidente de ALER Costa Rica, el filósofo Jerry Espinoza, en que uno de los ejemplos es la declaratoria de inconstitucionalidad de la fecundación in vitro por parte de la Sala Constitucional, la cual –advierten- se basa en la “Instrucción Donum Vitae”, emitida por la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano en 1987. Según el argumento religioso, la concepción inicia con la unión del óvulo y el espermatozoide y “a partir de ese mismo momento se le deben reconocer los derechos de persona principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida”.
El criterio médico es diferente. Científicamente, a la unión de los gametos femenino y masculino se le denomina fecundación o fertilización, la que puede producirse en el seno materno o en laboratorio (in vitro); mientras tanto, la concepción ocurre, mucho después, cuando el óvulo fecundado se adhiere al endometrio.
Pero el peso del argumento religioso prevaleció, aún cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció en contra de Costa Rica en 2012, obligando al país a reparar los perjuicios causados a las parejas afectadas y a implementar nuevamente el procedimiento médico.
El sistema legislativo impidió que el país cumpliera. Con más de 700 mociones, legisladores cristianos frenaban cualquier avance jurídico, alegando que la Fertilización in vitro implicaba la pérdida de embriones, considerados seres humanos, según el argumento religioso.
De manera que para 2016, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos impidió la anulación de un decreto de la administración del presidente Solís, que legalizó nuevamente la fecundación in vitro en Costa Rica, ya eran 60 parejas las que vieron lesionado su derecho humano a la procreación, durante años de enfrentamientos entre argumentos religiosos y derechos humanos.
Otros atropellos al derecho individual en salud sexual y reproductiva son la negativa al acceso al aborto terapéutico en casos de diagnóstico de embarazo como malformación incompatible con la vida extra-uterina, la anticoncepción de emergencia, que aún continúa sin registro en país, y los derechos de las parejas del mismo sexo. A mediados de 2000, el proyecto de Ley de Unión Civil entre personas del mismo sexo, fue archivado ante la oposición liderada por la Iglesia católica y las Iglesias evangélicas. Y el nuevo proyecto de “Ley de sociedades de convivencia”, enfocado a otorgarles derechos patrimoniales, acumula más de mil mociones en contra de parte de los legisladores evangélicos.
Pánico moral acalla a ticos
Es a esos legisladores a quienes el filósofo Alberto Rojas, de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, llama “los cuatro jinetes de la cristiandad”, quienes quieren imponer una determinada versión del cristianismo, que perjudica derechos fundamentales, como fue el caso de la procreación mediante la fecundación in vitro y el de las uniones civiles de personas del mismo sexo, entre otros.
“Estos diputados sienten que ellos son la voz de una población con valores cristianos que adversa estos temas y su misión es impedir que lleguen a convertirse en leyes o política pública”.
No obstante, el académico estima que muchas personas reproducen el discurso oficial pero piensan y practican otra cosa. El altísimo porcentaje de prácticas sexuales fuera del matrimonio, el porcentaje de divorcios, la bajísima tasa de fecundidad, el porcentaje de matrimonios civiles no católicos; la posición de madres y padres frente a las clases de afectividad y sexualidad en los colegios y la muy lenta pero constante aceptación cotidiana de las personas de otra orientación sexual son indicadores –según Rojas- de que los costarricenses viven su vida a partir de otros valores o a partir de un cristianismo muy matizado, que no tiene nada que ver con los discursos oficiales.
La razón del distanciamiento entre lo que dicen y lo que hacen -en criterio del experto- está en el temor de ser socialmente rechazados y moralmente castigados, es decir de ese “pánico moral” que los acalla, de lo cual se aprovechan los “cuatro jinetes de la cristiandad”.
Hacia un estado secular
Como dijo Jerry Espinoza, presidente de ALER Costa Rica, el país es el único en América Latina que mantiene en su Constitución Política que el estado tiene una religión.
Avanzar hacia la laicidad del Estado, según Fuentes, podría contribuir a limitar el poder de la religión en el ámbito político, siempre y cuando cambien las prácticas políticas “contaminadas”, ya que actualmente los políticos afianzan su legitimidad en las iglesias y no en la soberanía del pueblo.
Lo que apunta al control directo sobre el cuerpo es lo que no pasa. Por ejemplo, una niña embarazada producto de una violación no tiene derecho al aborto terapéutico. “Hay cosas negociables y otras no. Hay núcleos duros del fundamentalismo cristiano”.
***Mayores detalles con la académica Laura Fuentes 2562-4062 o en la Oficina de Comunicación 2277-3067.
Imagen tomada de https://www.facebook.com/ALER2016/
Enviado a SURCOS Digital por Oficina de Comunicación UNA.
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