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Autor: María José Ferlini Cartín

¿Es necesaria una base militar estadounidense?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Estados Unidos tiene oficialmente en el mundo más de 800 bases militares, emplazamientos e instalaciones militares de diverso uso. De esas tiene 22 bases militares en Centroamérica, Suramérica y el Caribe.

En Latinoamérica hay 20 países considerados independientes, 10 en Suramérica, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela; 7 en Centroamérica, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá; 1 en Norteamérica, México y 2 en el Caribe, Cuba y República Dominicana.

A Puerto Rico no se le considera un país independiente, ya que es un Estado Asociado de los Estados Unidos.

En el conjunto de países de la Organización de Estados Americanos, OEA, participan especialmente las naciones angloparlantes y francoparlantes del Caribe, como son Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago, Bahamas, Barbados, Santa Lucía, Granada, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, Saint Kitts, Dominica, San Cristóbal, Guyana, Surinam.

En la OEA hay 34 países miembros y en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, participan 33. Estados Unidos no es miembro de CELAC, como sí lo es de la OEA, siendo su país más importante.

Estados Unidos tiene oficialmente registradas y públicamente reconocidas, entre bases militares e instalaciones militares, llamadas de seguridad, un total de 76 en todos los países de América Latina y el Caribe.

La proyección militar estadounidense se produjo con la existencia de la Unión Soviética, desde 1921, cuando Estados Unidos trató de detener la influencia soviética mediante la presencia militar en diversos países, que le permitían establecer sus bases, instalaciones y emplazamientos militares.

La desaparición de la Unión Soviética y de los países socialistas europeos, especialmente, no debilitó la presencia militar estadounidense en otros países. Al contrario la fortaleció, dentro de su expansionismo hegemonista que tuvo a partir de ese momento, y todavía trata de expandirla y robustecerla, hoy bajo el pretexto de la seguridad internacional, de los nuevos problemas internacionales y globales, como son el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo. Esto le ha permitido fortalecer su presencia bélica a nivel mundial, en una nueva situación geopolítica internacional donde han surgido otras potencias políticas, económicas, financieras y militares, que se mueven dentro de una estrategia multilateralista y antimonohegemonista, rompiendo de esa manera el mundo unipolar de los Estados Unidos para construir un mundo multipolar, que se expresa en otros bloques de países no comandados por los Estados Unidos.

En su estructura político militar, Estados Unidos organiza su operaciones militares en 6 grandes Comandos, el del Norte, NORTHCOM, el del Sur, SOUTHCOM, el de Africa, AFRICOM, el de Europa, EUCOM, el Indo Pacífico, INDOPACOM y el Comando Central, CENTCOM. Junto a estos Comandos ha desarrollado los Comandos Espacial, el Cibernético, el de Operaciones Especiales, el Estratégico y el de Transporte.

El Comando Sur, que atiende a toda la América Latina, en administración y vigilancia de las actividades militares, es el que atiende a las 76 instalaciones o bases, divididas en tres categorías, la Base de Operaciones, que trabaja directamente con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, las Bases Militares pequeñas, también llamadas “Lily Pad”, que desarrollan operaciones avanzadas, de seguridad cooperativa, con el Ejército de los Estados Unidos y las llamadas Bases Financiadas, que son las que pertenecen a los países anfitriones o receptores de estas bases, que las utilizan mucho para el entrenamiento y adiestramiento militar. Organizaciones Civiles encargadas de la vigilancia de estas bases y emplazamientos militares, señalan la existencia de las “Bases Operacionales no confirmadas”, que son bases existentes, reales, no reconocidas oficialmente por los gobiernos afectados.

Es claro que la presencia de las bases militares en el continente ha tenido un papel injerencista determinante en la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños afectados por dictaduras, golpes de estado, tiranías, gobiernos autoritarios, represiones políticas, prácticas de torturas a detenidos políticos y civiles. En el gobierno de Barak Obama se autorizó el último Manual de Torturas, empleado por el ejército de los Estados Unidos. Especialmente se empezó a utilizar en los detenidos en la Base Militar de Guantánamo, que tienen desde 1901 en Cuba.

Muchos ejércitos latinoamericanos y organismos policiales se entrenan en estas bases, en sus diversos cursos de capacitación y de tortura. Cuando había guerrillas en el continente las bases militares, como las que estaban en Panamá, se usaban para capacitar en la lucha contrainsurgente y antiguerrillera.

En sus diversos tamaños todos los países de América Latina y el Caribe tienen bases, instalaciones o emplazamientos militares estadounidenses.

Así, en la información oficial de los Estados Unidos, en este campo de bases militares, aparece Costa Rica con emplazamientos o instalaciones militares estadounidenses en Liberia, Caldera, Colorado.

México y Venezuela aparecen sin ninguna presencia militar extranjera. Nicaragua aparece con tres instalaciones o emplazamientos militares. En Colombia, recientemente el presidente Petro ha señalado que desde hace más de 40 años Estados Unidos tiene allí siete bases.

Las bases militares extranjeras, sean de Estados Unidos o de otra nación, presentan el problema de si violan o no la soberanía del país receptor donde se establecen. Su establecimiento tiene que aceptarse por disposición legislativa, y no solo por decisión ejecutiva.

El establecimiento de una base militar extranjera produce el dilema de si la presencia de efectivos militares, de manera estable en el territorio nacional, fuera del territorio de donde son nacionales los militares, sean estadounidenses o no, constituye una violación a la soberanía de los países receptores o si se trata de un “beneficio mutuo” en torno a la seguridad nacional de ambos, que es como generalmente las tratan de justificar.

Una base militar extranjera se conceptúa como un territorio extranjero correspondiente a país que pertenece esa base. Es igual en este concepto que una Embajada representativa de un país en otro país. El edificio, propio o alquilado, la residencia del Embajador, propia o alquilada es considerado territorio de la Bandera Nacional que se representa con esa sede diplomática.

En los países se autoriza la compra de esos terrenos a los representantes diplomáticos, que los hace inviolables en todos los sentidos. Por ello, es que pueden asilarse personas en las Embajadas o Residencias de los Embajadores, sin que el gobierno del país, que las persigue, pueda intervenir en ellas.

De esta manera autorizar el establecimiento de una base militar es en la práctica entregar una parte, por pequeña que sea, del territorio nacional que queda bajo la administración del país ocupante de esa Base Militar, con todos los problemas que ello pueda conllevar u ocasionar. No son territorios libres. Son territorios ocupados militarmente por el ejército o fuerza armada que allí se instale.

Generalmente, su instalación obliga al país receptor a dar una serie de privilegios a los miembros y habitantes de esos emplazamientos militares, desde apoyos logísticos, de seguridad exterior, migracionales, hasta aduanales, tributarios y hacendarios.

Su sola presencia conduce a que el país ocupante, dueño de la base militar, ejerza mayor influencia en las estructuras políticas del gobierno nacional. Lo hemos visto estos días, cuando España le dijo a los Estados Unidos, en el conflicto que tiene con Irán, que desde las bases militares que tienen autorizadas en ese país, no se podían hacer vuelos ni acciones militares o de guerra contra Irán. España prohibió el uso de su territorio para esas actividades militares, lo que ocasionó que el presidente Trump amenazara a España con apretarle sus políticas financieras, sus aranceles y sus actividades comerciales. Y no contento con esto, dijo, además, que ellos y qué él, Trump, harían lo que quisieran desde sus bases y emplazamientos militares, sin que España se lo pueda impedir. Ese es el problema de facilitar el establecimiento de una base militar en un país. El matonismo con que puede actuar el dueño o país de esa base militar con el país sede de esa base.

Un próximo diputado entrante en mayo, ha señalado la necesidad de establecer una base militar estadounidense en el país, para luchar contra el narcotráfico y el narco terrorismo, concepto de modo en esta actividad.

No sabemos si fue una ocurrencia, una estupidez, una falta notable de comprensión de las cosas, o una falta de inteligencia, una forma irracional de actuación.

Tampoco sabemos si fue un acto consciente representando a grupos nacionales o extranjeros interesados en someter más a Costa Rica a la órbita de los intereses geopolíticos, militaristas y guerreristas estadounidenses.

O, si fue un acto de quienes, en Costa Rica, añoran o sueñan con el establecimiento de un ejército como institución permanente de nuestra vida política, y lo ven reflejado en el establecimiento de una horda militar extranjera en el territorio nacional.

En Costa Rica tuvimos Ejército Nacional. Su etapa heroica sin lugar a dudas la tuvo cuando se unió el Ejército al pueblo, en la gran epopeya nacional libertadora, cuando se movilizó a Nicaragua en 1856, hace 170 años, para expulsar la horda filibustera que se había establecido en ese país, para sacarlos de Centroamérica, por el peligro que significaba para la Independencia, Soberanía y Libertad de nuestros países y pueblos, a los cuales William Walker, el jefe filibustero, quería convertir en Estados sureños de los Estados Unidos y en pueblos sometidos a la esclavitud.

Dichosamente todos nuestros gobernantes desde el siglo XIX fueron y han sido principalmente educadores, abogados, médicos, periodistas. De excepción tuvimos algunos militares gobernando por breves períodos. La visión de ellos condujo a fortalecer la educación como el medio más importante de superación, de movilidad social y de oportunidades para la vida.

Después de la Guerra Nacional contra los filibusteros la enseñanza se fue fortaleciendo y se fue debilitando la estructura militar existente. Desde principios del siglo XX se eliminó del Escudo Nacional lo que todavía representaba el elemento militar de la vida nacional.

La dictadura de los hermanos Tinoco, 1917-1919, fortaleció la institucionalidad militar y el ejército. Con la caída de la dictadura cayó también ese impulso militarista.

El Ejército estaba debilitado en la década de 1940. En los sucesos de la guerra civil de marzo y abril de 1948 no tuvo ningún papel destacado. Evidenció su ineficacia y su necesaria inexistencia.

Desde 1946 en el Congreso de la República se empezó a plantear la necesidad de su extinción, de su eliminación como parte de la institucionalidad y de la vida nacional.

José Figueres Ferrer, su ministro de Seguridad, Edgar Cardona, asumieron ese impulso en 1948 y en diciembre, bajo el Gobierno Fundador de la Segunda República, como llamaron el ejercicio político de esos dos años, 1948-1949, acordaron disolver el Ejército Nacional como institución permanente. Así lo acordaron también en la Asamblea Nacional Constituyente que elevó a norma constitucional su abolición.

Desde 1948 hasta hoy no ha habido necesidad alguna de acudir a la excepcionalidad de establecer o convocar al ejército para alguna situación, que de emergencia hubiera sido necesaria su constitución pasajera. No fue necesario en diciembre de 1948 ni a principios de 1955 cuando el país se vio amenazado de incursiones militares desde Nicaragua, por costarricenses interesados en derrocar a Figueres que gobernaba en esos años.

Costa Rica había firmado su ingreso a la Organización de Estados Americanos, y había rubricado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, con el cual se consideraba que se tenía un escudo protector frente a amenazas militares como la de 1948 y 1955, cuando dicho Tratado se invocó, sin necesidad de su presencia militar.

Ni en los días difíciles y complejos de la lucha triunfadora anti somocista, y de reacción contra el establecimiento del Gobierno Sandinista, en el período 1979-1990, hubo necesidad de invocar el TIAR.

Ni posteriormente, en el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla, 2010-2014, hubo necesidad de acudir al llamado de un ejército de excepción para los problemas que tuvimos fronterizos con el gobierno de Daniel Ortega. Acudimos a la Corte Internacional a resolver nuestro problema, como fue atendido.

En el gobierno de Abel Pacheco, 2002-2006, cuando se plegó “solidariamente” al pronunciamiento público de los Estados Unidos justificando su guerra contra Irak, la Sala Constitucional de la República, le ordenó retirar el nombre de Costa Rica de esa adhesión, porque la Constitución Política de Costa Rica, al haber abolido el ejército, de manera permanente, no permite realizar actos de esa naturaleza ni comprometer al país en acciones militares de ese tipo. El gobierno de Estados Unidos se negó a quitar la firma del apoyo que Abel Pacheco había puesto.

Por este motivo, no es viable pretender impulsar el establecimiento de una base estadounidense en el país. Constitucionalmente no se puede.

No hay justificación alguna para una situación como ésa. La lucha contra el narcotráfico no es una lucha que se libra con ejércitos.

La experiencia en América Latina, especialmente en Colombia, ha demostrado con 7 bases militares estadounidenses, por casi 50 años, luchando contra guerrillas, que se aprovecharon del negocio de la producción drogas para financiarse, que ese negocio o esa narcoactividad no se detuvo ni se acabó.

Las guerrillas que se acabaron en Colombia y en la región centroamericana fue por decisiones políticas, por acuerdos políticos.

Cuando la contra sandinista estaba en su apogeo se produjo el escándalo Irán-Contras, que descubrió cómo organismos militares, y de lucha contra la droga de los Estados Unidos, financiaban a esos grupos contra revolucionarios facilitándoles droga, para ayudarles de esa manera, permitiéndoles vender la droga, y financiarse así para sus actividades político-militares.

No se puede confiar en los Estados Unidos, en su ejército, en sus autoridades militares y políticas, de que una base militar, como la que se ha insinuado se pueda establecer en Costa Rica, va a contribuir en la lucha contra las estructuras del narcotráfico que operan en el país.

La presencia de una base de esa naturaleza va a contribuir a ese negocio. La existencia de las 76 bases e instalaciones militares que Estados Unidos tiene en toda Latinoamérica y el Caribe ha demostrado que el negocio con ellas ha crecido, porque es un gran negocio también para la economía de los Estados Unidos, donde llega la droga. Con las 800 bases militares en el mundo Estados Unidos no ha detenido el negocio de las narco organizaciones. Sigue creciendo.

Los anuncios internacionales de detección y captura de envíos de droga se da en los países europeos, no en los Estados Unidos.

El tratado militar policial que se tiene con Estados Unidos para la vigilancia de las aguas marítimas poco resultado produce en la captura de la droga que se trafica por mar. Pareciera que esas naves protegen a los barcos que nos roban las riqueza atuneras, sobre las cuales Costa Rica poco control ejerce.

La base militar que los intereses militaristas y guerreristas quieren establecer en el país hay que combatirla, hay que detenerla. Es más peligroso para la seguridad e institucionalidad nacional el establecimiento de esa base, que no tenerla.

Es igualmente peligroso permitir que empresas extranjeras de seguridad, o inversionistas extranjeros, como se está discutiendo en la Comisión de Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, tengan la posibilidad de organizar empresas de seguridad, en manos de esos extranjeros. De hecho, será también como desarrollar la posibilidad de constituir pequeños, medianos o grandes ejércitos disfrazados de organizaciones de seguridad privada. O lo que sería peor, que grupos narco criminales se disfracen con este ropaje de seguridad para desarrollar y ampliar sus espacios delictivos. Ese tema en esa Comisión también hay que detenerlo. No vaya a ser que quienes constituyan esa Comisión, como ya se menciona para la nueva Asamblea Legislativa, sean diputados muy afines a estas actividades de la criminalidad y de las narco estructuras y narco delincuencia.

Desafíos del movimiento socioambiental ante el rumbo del país

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Por Mauricio Álvarez Mora

El movimiento socioambiental atraviesa un momento de inflexión histórica. El contexto político, social y territorial del país no solo nos interpela: nos obliga a revisar críticamente nuestras formas de organización, articulación e incidencia. No estamos ante una coyuntura más, sino ante una reconfiguración profunda del modelo de poder y de desarrollo. El desafío no es únicamente resistir retrocesos, sino comprender la magnitud del cambio en curso y redefinir estratégicamente nuestro papel en él.

Contexto

Durante décadas, Costa Rica cultivó un imaginario de excepcionalismo verde y respeto a los derechos humanos. Ese relato, aunque siempre estuvo atravesado por tensiones estructurales, funcionó como horizonte simbólico. Hoy ese imaginario se encuentra erosionado. Ya no ocupa el centro del discurso político ni del debate electoral. En su lugar emergen conflictos territoriales permanentes: disputas por el agua, turistificación desregulada, expansión de agroquímicos, privatización de bienes comunes y ausencia de planificación participativa. El conflicto dejó de ser excepcional; se volvió estructural y cotidiano.

Lo que enfrentamos no son hechos aislados, sino la expresión de un modelo de desarrollo consolidado en las últimas décadas, que privilegia la rentabilidad inmediata por encima de la sostenibilidad ecológica, la justicia ambiental y la autodeterminación comunitaria. Lo que está en juego no es únicamente la gestión técnica de los recursos naturales, sino la posibilidad misma de subsistir y permanecer dignamente en los territorios.

En este escenario se ha intensificado la criminalización de personas defensoras del ambiente. Los conflictos se desarrollan con mayor rapidez y con ciclos de violencia más cortos. El deterioro institucional ha estado acompañado de resistencia social, pero también de judicialización, persecución administrativa y campañas de desprestigio orientadas a debilitar liderazgos comunitarios. Defender el territorio implica hoy mayores riesgos.

A ello se suma un proceso de re-abandono territorial. En múltiples comunidades, el trabajo político de base fue debilitándose, dejando vacíos que han sido ocupados por narrativas autoritarias y soluciones simplificadas. Este abandono no es solo organizativo; es también simbólico. Donde el movimiento social se retiró, otros actores construyeron sentido común.

La regresión socioambiental, además, no ha operado principalmente mediante grandes reformas legislativas, sino a través de decretos, directrices y un progresivo debilitamiento técnico e institucional. Se reducen presupuestos, se desregulan controles, se erosionan capacidades estatales y se limita la autonomía de órganos técnicos creados precisamente para evitar interferencias políticas en decisiones ambientales. El resultado es una creciente concentración de poder que debilita el control democrático y compromete el derecho constitucional a un ambiente sano.

Los retrocesos son concretos: debilitamiento de áreas protegidas sin recursos suficientes, flexibilización de controles sobre agroquímicos, retrocesos en transporte público y transición energética, erosión del liderazgo ambiental internacional. Se consolida así una tendencia que redefine silenciosamente las reglas del juego.

Acciones estratégicas

Frente a este panorama, el movimiento socioambiental necesita una agenda amplia y transformadora. El recambio generacional es impostergable. Es necesario crear condiciones reales para la participación de juventudes, mujeres, pueblos indígenas, comunidades costeras y rurales, actores fuera de la Gran Área Metropolitana y colectivos emergentes con nuevas formas de organización. Muchas de estas experiencias no se estructuran bajo lógicas tradicionales; son más horizontales, autogestionadas e híbridas en sus formas de movilización. El desafío no es subordinarlas, sino dialogar y construir alianzas respetuosas que amplíen el sujeto político socioambiental.

También es imprescindible reconfigurar la articulación territorial. La agenda no puede definirse exclusivamente desde el centro. Debe construirse de afuera hacia adentro, desde las costas, las zonas rurales y los territorios indígenas hacia el debate nacional. En las periferias se están disputando los principales modelos de desarrollo del país; reconocer su centralidad estratégica es fundamental.

La protección de personas defensoras debe ocupar un lugar prioritario. En varios territorios se están enfrentando intereses extractivos, economías ilegales y dinámicas de violencia que no pueden ser asumidas en soledad. Se requiere avanzar hacia mecanismos efectivos de protección, incluso si en el corto plazo deben tener un carácter sui generis o de impulso civil, ante la insuficiencia de respuestas estatales. Al mismo tiempo, es indispensable fortalecer la vigilancia democrática sobre el uso de herramientas de seguridad e inteligencia frente a la ciudadanía organizada.

En el plano institucional, el movimiento debe sostener una incidencia permanente sobre la Asamblea Legislativa y otros espacios de decisión. No basta con reaccionar ante proyectos regresivos; es necesario anticiparse, formular propuestas, construir alianzas y mantener presencia constante en la discusión pública. La rendición de cuentas ciudadana debe convertirse en práctica sostenida y no episódica.

La disputa también es comunicacional. Es urgente fortalecer una narrativa capaz de conectar con preocupaciones cotidianas como el agua, la tierra y el acceso a bienes naturales. Sin abandonar el rigor técnico, el movimiento debe hablar en un lenguaje comprensible y movilizador, disputar el sentido común y ofrecer horizontes de futuro. La denuncia es necesaria, pero no suficiente; se requiere construir esperanza política con propuestas viables.

Finalmente, es clave aprender del contexto regional e internacional. Comprender cómo operan los autoritarismos contemporáneos, qué los fortalece y qué los debilita, permitirá anticipar escenarios y evitar errores. Existen ejemplos de concentración de poder en la región, pero también experiencias de transición democrática que ofrecen lecciones valiosas.

El desafío central no es únicamente resistir el avance extractivista o el debilitamiento institucional. Es reconstruir tejido social, reactivar presencia territorial y proponer un proyecto país basado en la justicia socioambiental. En esa tarea se juega no solo la defensa del ambiente, sino la calidad misma de nuestra democracia.

* Texto presentado en el Foro: “Desafíos de los movimientos sociales ante el rumbo del país”, organizado por la Alianza por una Vida Digna y el medio digital SURCOS, el martes 03 de marzo.

Convocan al IX Encuentro Empresarial y Solidarista

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

La Academia Solidarista Alberto Martén Chavarría, CoopeLibertad R.L. y el periódico Heredia Hoy convocan al IX Encuentro Empresarial y Solidarista, una actividad orientada a promover el intercambio de experiencias y el fortalecimiento del movimiento solidarista en Costa Rica.

El encuentro se realizará el jueves 26 de marzo de 2026, de 8:00 a.m. a 12:00 mediodía, en el Centro de Atención Integral para la Caficultura de CoopeLibertad, ubicado en Heredia centro.

La iniciativa busca reunir a representantes del sector empresarial, organizaciones solidaristas y personas interesadas en conocer más sobre este modelo de organización social y económica que promueve la cooperación, el bienestar laboral y la participación solidaria.

Actividades programadas

El programa del encuentro contempla diversas actividades orientadas a difundir experiencias y promover el intercambio entre organizaciones:

  • 10:00 a.m. Charla: “Beneficios al patrono en Solidarismo”.

  • Venta de la colección de libros de Alberto Martén Chavarría, fundador del solidarismo en Costa Rica.

  • Stands con productos y servicios del sector solidarista, donde distintas organizaciones presentarán sus iniciativas y proyectos.

La actividad se realiza en coordinación con el Movimiento Solidarista Costarricense, y forma parte de los esfuerzos por fortalecer el diálogo entre empresas, asociaciones solidaristas y la sociedad.

Las personas interesadas en obtener más información pueden comunicarse a los teléfonos 8694-9190, 8818-9322 y 8826-5559, o al correo electrónico info@academiasolidarista.com

Costa Rica: las elecciones y la instauración política autocrática

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Huaylupo

El orgullo costarricense por la democracia nacional permitió la conquista de nuevos derechos y la conservación de los derechos adquiridos, que construyeron una sociedad pacífica, sin necesidad de recurrir a posiciones y acciones políticas radicales. La desaparición del ejercito fue una consecuencia de una sociedad donde la violencia fue el recurso extremo y en un momento en su pasado, pero lo fue contra un invasor que atentaba contra la libertad y la soberanía nacional y la consolidación de la nación costarricense y también la centroamericana. Un pasado que está cotidianamente presente y en disputa permanente en la política, la economía y en la concepción del poder en la sociedad.

El dinamismo histórico de Costa Rica, como en todas las sociedades del mundo, ha modificado sus relaciones sociales que han incidido en su devenir. Son muchos los intentos económicos y políticos por radicalizar las prácticas liberales conservadoras, como intentos de convertirnos en objeto del poder colonial del imperio. Sin embargo, la capacidad negociadora y el respeto de nuestra soberanía conformaron un definido Estado Nación en sus relaciones internas como en sus vínculos y negociaciones con otros países y entes internacionales, cualidades que constituyeron barreras que limitaron intencionalidades ajenas, como también lo fueron la cultura y la inteligencia nacional. No obstante, a partir de la década del ochenta del siglo pasado, las tendencias liberales externas y de potencias económicas internacionales, coludidas con los partidos políticos tradicionales, en ese entonces mayoritarios, fueron los pioneros en la privatización de la función pública, así como apoyaron las imposiciones colonialistas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que propiciaron la liquidación de la democracia y del Estado Social en Costa Rica.

Han pasado décadas del conservadurismo liberal, que no concluye, por el contrario, se profundiza y contamina el espíritu y práctica política, economía y la conciencia social costarricense. Hoy, a diferencia del pasado, se ha elegido a una candidata que se declara continuadora de un gobierno que denigra la institucionalidad pública, que desprecia nuestra educación y se burla y antagoniza contra la democracia nacional, así como se ha impuesto con grotescos gritos, insultos y difamaciones contra todos sus críticos y que internacionalmente apoya el genocidio de pueblos y el dominio imperial, que provocan e incentivan una tercera conflagración mundial, de trágicas e imprevisibles consecuencias contra la humanidad. La paz y neutralidad que aspirábamos en el pasado, no muy lejano, se ha transformado en la actualidad en un gobierno que promueve la belicosidad y el enfrentamiento social, así como la parcialidad y la unilateralidad imperialista.

El reciente resultado electoral ha revelado que el actual gobierno no está terminando, dado que ha sido elegida su continuadora que, sin rubor ni moralidad, manifiesta ser seguidora de la política y orientaciones del actual presidente, su próximo ministro de la Presidencia. Una reelección de facto. que relativiza una expresa prohibición constitucional.

El triunfo electoral de un partido que tiene como dueño al actual mandatario, no es una organización democrática, es autoritaria, no existe una pluralidad de ideas y posiciones que orienten decisiones y actuaciones de partido, pues esta conducido por un vulgar autócrata.

Las personas en igualdad real de derechos, la ciudadanía, es el medio formal establecido nacional e internacionalmente ante la desigualdad existente en la sociedad mundial, siendo la democracia la expresión libre e igualitaria en la pluralidad societal. En democracia se construye lo común a todos, lo público, en una sociedad interdependiente socialmente.

La democracia regularmente es interpretada como una relación pacifica entre los actores sociales, no obstante, no se suprimen las contradicciones imperantes de desigualdad, inequidad ni los antagonismos de clase, por el contrario, la democracia lucha, se opone y actúa permanentemente contra todas las formas que violentan y transgreden los derechos en la explotación del trabajo, en la facultad ciudadana de decidir y actuar por la libertad y defender sus derechos y la igualdad social. Asimismo, la democracia es una creación y construcción colectiva que reproduce la propia sociedad, así como el progreso y una vida digna para todos.

Creer que la designación electoral del poder político es el otorgamiento de una facultad absoluta de actuación clasista, parcial y parcializada, en la heterogeneidad social, es una falsedad, ningún proceso electoral en la historia nacional ha sido una imposición tiránica, ni ha sustituido las facultades ciudadanas. En democracia los poseedores del capital y riquezas no son quienes determinan el destino de la nación, tampoco quienes poseen transitoria y electoralmente el poder político. La violación de la institucionalidad pública y la imposición de leyes indignas que transgreden las conquistas históricas, son acciones de tiranos, nunca de procesos democráticos.

La afirmación de la presidenta electa de suprimir las garantías individuales, plasmadas en la Constitución de la República, es una amenaza nacional, efectuada sin haber asumido el poder, así como es su anuencia a permitir la instalación de bases militares de EE. UU. Estas intencionalidades son tempranas evidencias que son antagónicas a nuestro pasado y presente. Es democrático protestar, cuestionar y actuar contra las transgresiones a los derechos e intereses ciudadanos. Amenazar sin motivo e imponer criterios unilaterales es un explicito anuncio de un gobierno que atenta contra nuestro pasado y presente, como también lo expresa su lamento de no haber obtenido la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, para despreciar y desoír las necesidades sociales de la mayoría nacional, negando de este modo, el dialogo, el debate o la concertación en una sociedad democrática.

Asimismo, es contrario al espíritu nacional costarricense el manifestar su compromiso político e ideológico con un personaje que incendia el planeta en su crítico afán hegemónico mundial, así como expresa su compromiso con proyectos genocidas en el espacio internacional.

Costa Rica nunca ha requerido la supresión de nuestras constitucionales garantías ciudadanas por protestar y demandar atención a las necesidades sociales, las cuales son manifestaciones que crearon instituciones públicas y políticas en favor de la calidad de vida y bienestar social. Tampoco ha requerido el uso de la fuerza bruta, porque respetamos el orden legitimo constituido ni somos agresores con naciones hermanas ni hemos requerido de la violencia para dirimir nuestras discrepancias y menos aún hemos comprometido nuestra soberanía con el establecimiento de bases militares imperiales.

Denuncian avance extractivista y exigen protección para mujeres defensoras

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Colectivas ecologistas denuncian el avance extractivista y exigen protección urgente para mujeres defensoras en Costa Rica y Latinoamérica

Costa Rica no es el paraíso verde que venden los folletos turísticos. Detrás del discurso de sostenibilidad, nuestros territorios están bajo la amenaza del modelo extractivista que sigue avanzando y destruyendo la vida con la permisividad del gobierno de Rodrigo Chaves. En este Día Internacional de las Mujeres, alzamos la voz para denunciar esto, así como el preocupante aumento en el número de feminicidios y de la violencia de género en el país en los últimos cuatro años.

Sabemos que somos las mujeres quienes estamos en la primera línea resistiendo, cargando con el peso de una defensa que el Estado debería garantizar pero que muchas veces criminaliza. Las políticas del Estado que priorizan los intereses económicos nos obligan a luchar y resistir frente a diversas y complejas problemáticas: minería no metálica mal regulada que está acabando con los ríos, agrovenenos al por mayor que envenenan el agua y el suelo, monocultivos depredadores que desplazan la vida, abandono de la semilla criolla y desprecio a la biodiversidad alimentaria, falta de recursos y apoyo estatal a las mujeres y organizaciones de mujeres en acciones pro naturaleza y empleos verdes, inexistente gestión integrada de residuos que convierte el mar y los ríos en vertederos, desfinanciamiento de las áreas silvestres protegidas que compromete su conservación, desprotección de las comunidades indígenas y represamiento de ríos que afectan los ecosistemas y a nuestras comunidades.

De esta forma la amenaza de la minería a cielo abierto no es cosa del pasado. La lucha en Crucitas sigue vigente mientras haya empresas esperando su oportunidad y suelos fértiles en riesgo. Nosotras, las que cuidamos las quebradas y sembramos la tierra, sabemos que detrás de un proyecto minero viene la deforestación de grandes extensiones de bosque, la contaminación del agua y el despojo de comunidades, por lo que no vamos a permitir que pongan el lucro por encima de nuestra salud y la de los ríos. Esta lógica de explotación también se repite cuando las ciudades consumen y generan toneladas de desperdicio, pero son las comunidades rurales y costeras las que terminan cargando con los rellenos sanitarios. No es casualidad, es discriminación territorial: nos usan como vertedero, contaminan nuestros suelos y aguas, y luego nos dicen que progresamos. El ecofeminismo lo tiene claro, la misma lógica que explota y violenta a las mujeres, explota y destruye la tierra, y no aceptaremos que nuestros territorios sean la solución barata para los problemas de otros.

La presión sobre la vida de las mujeres se siente también en el litoral, donde los planes reguladores o las voluntades políticas que se ajustan para facilitar el desarrollo turístico en realidad abren la puerta a la especulación inmobiliaria, a la gentrificación y al ecocidio. Pero además del turismo mal entendido, nuestras costas enfrentan una amenaza silenciosa y brutal: el avance del narcotráfico. El tráfico de drogas ha profundizado la violencia en nuestros territorios, trayendo consigo inseguridad, control armado y miedo. Las mujeres que vivimos en zonas costeras sabemos que cuando el narco llega, se llevan la paz, se llevan a nuestros jóvenes y nos dejan más vulnerables. Y cuando denunciamos, cuando nos oponemos, la represalia llega más rápido. El narco no sólo trafica con drogas, también trafica con nuestras vidas.

Así también, las mujeres de pueblos originarios y las recuperadoras de tierras ancestrales sostienen la defensa del territorio con su cuerpo en Costa Rica y toda Latinoamérica. Ellas enfrentan amenazas, criminalización y violencia por proteger lo que es suyo por derecho histórico, y cuando queman una comunidad recuperada o desalojan con violencia, no solo atacan un espacio físico, sino que atacan la memoria y el futuro de un pueblo. Exigimos justicia y el fin de la impunidad para quienes hostigan a estas compañeras defensoras. Particularmente, a diez años de su siembra, queremos recordar y exigir justicia para Berta Cáceres, indígena lenca defensora del río Gualcarque en Honduras, quien recientemente se confirmó que fue asesinada por la cúpula empresarial del proyecto Agua Zarcas, utilizando fondos provenientes de bancos internacionales y con la complicidad del estado hondureño.

Además, manifestamos total solidaridad con las mujeres en Gaza, que llevan más de dos años viviendo un genocidio y ecocidio perpetuado por Israel y con apoyo de Estados Unidos. Estas han sido despojadas de su territorio, de sus olivos milenarios, de sus cultivos, del libre acceso al agua, se les ha arrebatado la posibilidad de reproducir y sostener la vida y se les ha exterminado sistemáticamente. Por esto manifestamos nuestra total oposición al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel que fue pactado por el gobierno de Rodrigo Chaves, pero que aún no ha sido ratificado por la Asamblea Legislativa. ¡No queremos negociar con Estados genocidas!

El ecofeminismo nos enseña que la lucha por la tierra es la lucha por nuestros cuerpos y nuestro futuro, y no es casualidad que quienes más cuidan la vida sean las más amenazadas, pero tampoco lo es que seamos las más organizadas. Hoy, 8 de marzo resistimos, y mientras haya una mujer cuidando un manglar, protegiendo el arrecife o recuperando tierra ancestral, la vida seguirá resistiendo.

Desde las organizaciones que trabajamos por las montañas, los bosques, el mar, los ríos y el territorio, reafirmamos:

● No a la minería a cielo abierto, en Crucitas o en cualquier rincón del país. El agua vale más que el oro.

● Justicia ambiental para las comunidades rurales y costeras: basta de convertirnos en el basurero del «desarrollo» urbano y en zonas de sacrificio.

● Protección real para las mujeres defensoras: garantías de seguridad, fin a la criminalización y acceso a la justicia.

● Planes reguladores con participación comunitaria, no al servicio de la especulación inmobiliaria.

● Respeto a las Áreas Silvestres Protegidas: Gandoca-Manzanillo y todos los ecosistemas protegidos no son negociables.

● Apoyo real del Estado a proyectos por la Naturaleza gestionados por mujeres.

● Alto al represamiento de ríos que afectan los ecosistemas y a nuestras comunidades.

En memoria de María del Mar Cordero, ecologista asesinada en Costa Rica 1994 – La Guerrera del Golfo Dulce.

Organizaciones

Bloque Verde

Defensores de la Casa Común

Federación Ecologista

Guanadefensoras

Red de Mujeres Costeras y Rurales

Ecobichotas

Coecoceiba-amigos de la tierra Costa Rica

Movimiento Ríos Vivos

Costa Rica por el Océano

Talamanca Siempre Verde

Frente Ecologista Universitario – FECOU

Ataque de Estados Unidos y de Israel a Irán del 28 de febrero del 2026: reacciones oficiales en América Latina

Escrito en . Publicado en Análisis.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com

El ataque planificado por Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciado este 28 de febrero del 2026, constituye un nuevo episodio que viene a  desestabilizar a la ya convulsa región de Oriente Medio y al mundo en general, con consecuencias imprevisibles. 

Con, a modo de respuesta, una amenaza hecha en su momento que Irán ha materializado desde el mismo 28 de febrero: se trata de una respuesta militar de su parte con un alcance regional, y que abarca no solamente a Israel sino a todos los Estados de la región en los cuales se encuentra una base militar norteamericana (Arabia Saudita, Bahrein, Catar, Emiratos Arabes Unidos, Irak, Kuwait, Jordania y Omán). 

Las embajadas de Estados Unidos en la región, sus naves, sus empresas, sus turistas o simples nacionaes de igual manera pueden verse convertidos en blancos militares a partir del 28 de febrero y resulta bastante aventurado pretender estar en capacidad de proteger puntos tan dispersos, de posibles ataques por parte de Irán. Ello sin contar con actos violentos que se puedan dar contra legaciones diplomáticas de Israel y de Estados Unidos y contra sus empresas o grupos de turistas en muchas otras partes del mundo.

El observar si las capacidades militares persas logran penetrar en el suelo de Israel y en diversos otros puntos permitirá determinar si los decisores en Estados Unidos e Israel ponderaron y balancearon de manera correcta (o incorrecta …) los  enormes riesgos que conllevaba su accionar contra Irán. De igual manera, la amenaza de bloquear el flujo de carga naviera que pasa  frente a las costas de Irán es otra amenaza hecha en su momento por Irán, en caso de iniciar Estados Unidos hostilidades en su contra.

Ya en junio del 2025, tuvimos la oportunidad de analizar desde la perspectiva jurídica, la total ilegalidad de los bombardeos realizados por Israel y Estados Unidos en Irán, durante 12 días. Dicho sea de paso, en aquel episodio, misiles y drones enviados por Irán lograron burlar los sistemas de defensa de Israel pese a las «seguridades» dadas por algunos altos jefes militares en Israel (véase al respecto nuestra nota titulada «Irán  / Israel: algunas reflexiones desde la perspectiva del derecho internacional público», del 28 de junio del 2025). Y es que, como bien se sabe, en las confrontaciones modernas el recurso a drones (incluso comerciales de muy bajo costo) permite ahora a los ejércitos de un Estado ya sea:

– burlar de manera relativamente sencilla los sistemas de defensa de otro Estado (pensados para interceptar misiles, y no drones), ya sea;

– saturar el espacio con drones y misiles de poca carga y desgastar los sistemas de defensa antimisiles, para luego, enviar misiles con cargas mucho mayores en determinados puntos considerados estratégicos.

Estados Unidos e Israel: una necesidad urgente de desplazar la atención

No esta de más indicar que esta operación militar conjunta de Estados Unidos y de Israel permite a ambos Estados desviar la atención mediática  internacional y la de la comunidad internacional en su conjunto..

En el caso norteamericano, tanto el escándalo por los denominados «Epstein files» como la verdadera humillación sufrida el pasado 20 de febrero por el actual ocupante de la Casa Blanca ante el mundo y ante su propia opinión (al declarar la Corte Suprema totalmente ilegales los aranceles decididos de manera arbitraria al iniciar su gestión), han pasado a un segundo plano desde el 28 de febrero, lo cual resulta sumamente útil de cara a la contienda electoral del los «midterms» en Estados Unidos. No obstante, desde el punto de vista electoral, el apoyo popular (incluso dentro de su propio partido) a esta nueva aventura militar de Estados Unidos en Oriente Medio no pareceria darse para el actual ocurrente ocupante de la Casa Blanca, luego de cuatro dias de intensa confrontación con Irán, y con las primeras personas muertas y heridas (tanto en Israel como en las filas del ejército norteamericano). Esta nueva y costosa aventura militar, cuyos objetivos son incertos, es contraria a una promesa hecha y reiterada como candidato presidencial a sus correligionarios del actual ocupante de la Casa Blanca.

En el caso de Israel, esta operación militar conjunta con  Estados Unidos  permite a Israel desviar toda la atención del mundo:

– del drama indecible al que somete a la población civil palestina y al genocidio en curso en Gaza, tal y como confirmado por investigadores del Consejo de derechos Humanos de Naciones Unidas en el informe A/HRC/60/CRP.3 de septiembre del 2025  (Nota 1), así como;

– de la colonización a marcha forzada muy intensa que lleva a cabo en otro territorio palestino ocupado, Cisjordania, la cual fue objeto de un reciente comunicado de varios Estados condenándola de manera vehemente (véase comunicado del 23 de febrero colgado por la diplomacia de España). 

El hecho de posponer nuevamente una investigación independiente en Israel sobre las responsabilidades del actual pimer ministro y sus jefes militares al permitir el ataque del Hamás del 7 de octubre del 2023, teniendo información de sus servicios de inteligencia sobre los planes del Hamás que fue archivada, es otro aspecto muy positivo para el actual primer ministro israelí.

Es de notar que este 4 de marzo, el denominado Grupo de La Haya, liderado por Colombia y Sudáfrica convocó a una reunión urgente con 35 Estados que han dicho presente, para considerar nuevas acciones de cara al genocidio en curso en Gaza (véase nota de prensa).

Algunas reacciones oficiales registradas en el continente latinoamericano

Las reacciones oficiales no se han hecho esperar por parte de Estados que condenan este ataque de Estados Unidos y de Israel y la respuesta de Irán iniciada el mismo 28 de febrero del 2026. 

En Europa, se puede citar el comunicado oficial de Noruega, y en Oriente Medio, el comunicado oficial de Turquia, de Senegal (véase comunicado oficial) en cuanto al continente africano, o bien el comunicado oficial de Singapur o el comunicado oficial emitido por el vocero de la diplomacia de China, entre muchos otros textos de Estados que condenan oficialmente mediante su aparato diplomático, el uso de la fuerza entre Estados, en violación flagrante a la Carta de Naciones Unidas de 1945.

En América Latina, entre muchos, podemos referir a nuestros estimables lectores a la reacción oficial de  Brasil (véase comunicado), o bien la de Chile (véase comunicado oficial) que claramente expresa que:

«El Gobierno de Chile expresa su preocupación por la grave escalada militar en el Medio Oriente y condena los ataques contra Irán perpetrados por Estados Unidos en conjunto con Israel, así como la respuesta del régimen iraní contra Israel y países del Golfo. Estas acciones, en un contexto regional altamente tensionado, pueden tener consecuencias para la estabilidad de la región y la seguridad internacional«.

En igual sentido se pronunció Colombia (véase comunicado oficial), México (véase comunicado oficial) o bien Uruguay (véase comunicado oficial), comunicado en el que se indica que:

«El gobierno de Uruguay expresa su extrema preocupación por los ataques militares contra Irán por parte de los Estados Unidos e Israel, así como la respuesta militar iraní, que incluye objetivos en los territorios de sus países vecinos«.

El comunicado oficial de Costa Rica

En el caso de Costa Rica, es interesante indicar que, a diferencia de Brasil, de Chile, de Colombia, de Uruguay y de muchos otros Estados del planeta, se omite mencionar a Estados Unidos y a Israel en el comunicado oficial, publicado pasadas las 16:00 horas del 28 de febrero, que se lee de la siguiente manera (texto integral):

Costa Rica urge desescalada y diálogo en Medio Oriente

San José, 28 de febrero de 2026. El Gobierno de Costa Rica expresa su grave preocupación por la escalada de tensiones y las operaciones militares en el Medio Oriente. 

Costa Rica condena enérgicamente los ataques de Irán contra Arabia Saudita, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Jordania.

Costa Rica reitera su firme apego a los principios de paz, el respeto al derecho internacional y a las normas de la Carta de las Naciones Unidas y urge a la desescalada y a la búsqueda de soluciones pacíficas para proteger la vida humana y evitar el sufrimiento de la población civil en los países de la región.

Comunicación Institucional

049-2026 CR ataque Medio Oriente 

Sábado 28 de febrero de 2026» 

Se puede considerar el texto bastante omiso al «urgir» por una desescalada en su título …sin mencionar la escalada inicial que constituye el ataque conjunto realizado por Estados Unidos e Israel. De igual manera, el tercer y último párrafo texto de este comunicado oficial pareciera dar a entender de manera bastante evidente, que el «respeto al derecho internacional y a las normas de la Carta de Naciones Unidas» no aplican cuando se trata de Estados Unidos y de Israel. 

Un reciente análisis publicado en el sitio especializado de EJIL Talk precisa la ilegalidad total que constituye (sin discusión alguna) el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel perpetrado contra Irán el pasado 28 de febrero, a la luz de las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas. 

Es de notar que ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el delegado de Estados Unidos no encontró nada mejor que sostener que Estados Unidos actuó el 28 de febrero en … legítima defensa, invocando el Artículo 51 de la Carta de Naciones (véase texto de intervención). Al respecto, merece lectura la intervención del delegado de China durante la misma sesión urgente del Consejo de Seguridad, celebrada el mismo 28 de febrero por la noche en Nueva York (véase texto intregral).

La diplomacia de Argentina en resguardo de Israel (nuevamente) y la de Paraguay (nuevamente)

Finalmente, en el caso del comunicado oficial de Argentina, se apoya la acción conjunta de Estados Unidos e Israel y se condena a Irán (véase comunicado oficial): lo cual en nada debe sorprender dada la alineación de la diplomacia de Argentina a las posiciones de Israel y de Estados Unidos desde varios años, y facilmente comprobable revisando los votos de Argentina en Naciones Unidas a partir de diciembre del 2023. 

De igual manera, se pueden verificar las votaciones en las que Paraguay alinea sistemáticamente su voto con el de Israel en Naciones Unidas, por lo que el texto de su comunicado oficial tampoco debe mayormente sorprender (véase texto completo).

Ya habíamos tenido la opoprtunidad, al momento de analizar el otro ilegal bombardeo por parte de Israel de la capital de Catar, Doha, el 9 de septiembre del 2025 y el silencio de Argentina y de Paraguay, de indicar que:

«En  lo que respecta a Argentina y a Paraguay, su silencio con relación a lo ocurrido este 9 de septiembre del 2025 en Doha, confirma  – una nueva vez – su calidad de «fichas útiles» de Israel en América Latina y ello desde varios años: una posición oficial que se ha visto reflejada en varias votaciones en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Gaza e Israel» (Nota 2). 

Es de notar que el sitio oficial de la diplomacia de Bolivia se ha mantenido mudo sobre lo ocurrido el 28 de febrero del 2026.

A modo conclusivo

Más allá del triste espectáculo que brindan las diplomacias argentina y paraguaya cuando se trata de evitar condenar a Israel cuando viola de manera grosera y flagrante el derecho internacional, lo cierto es que este ataque de Estados Unidos e Israel inicia un período incierto en el que al parecer, algunos decisores en Estados Unidos e Israel evaluaron de manera poco correcta la capacidad de respuesta militar de Irán. Y ello pese a las advertencias que los mismos Estados de la zona le hicieron ver a Estados Unidos semanas antes del 28 de febrero del 2026. En esta nota de prensa publicada en India el 3 de marzo del 2026, se hace ver la profunda frustración de varios Estados árabes con Estados Unidos, al exponerlos de manera irresponsable a los misiles de Irán, lo cual puede poner en tela de duda los acuerdos suscritos con el actual ocupante de la Casa Blanca durante su gira en Oriente Medio en el 2025..

Por otra parte, este editorial del New York Times advierte del lo riesgoso y costoso que puede significarle a Estados Unidos esta nueva aventura militar improvisada por el actual ocupante de la Casa Blanca.

Ya en el caso reciente de Groenlandia, se pudo observar un espectáculo raramente visto con pretensiones totalmente desapegadas de la realidad y del derecho internacional del ocurrente y algo errático ocupante de la Casa Blanca (Nota 3).

Estos mismos decisores en Washingthon y en Tel-Aviv además, obviaron al parecer las lecciones aprendidas en Irak (2003), Afganistán (2002), o Libia (2011): las intervenciones militares externas logran a veces decapitar a un régimen y derrocarlo, pero lejos de estabilizar la situación en un Estado, provocan un caos y una radicalización extrema de ciertos sectores políticos que hacen imposible un consenso nacional dentro de los Estados víctimas de este tipo de intervenciones. 

Cabe recordar que en el caso de la agesión militar sufrida por Irak en el 2003, y el caos total que siguió, Estados Unidos había invocado una legítima defensa denominada «preventiva«: un concepto legal inexistente en la Carta de Naciones Unidas. 

Desde el punto de vista de los derechos humanos, el comunicado oficial del mismo Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en persona (véase texto completo), alerta sobre el siguiente punto:

 «I have already warned that failing to do so risks an even wider conflict, that will inevitably lead to further senseless civilian deaths and destruction on a potentially unimaginable scale, not just in Iran but across the Middle East region«.

Notas

Nota 1:En el último informe de Naciones Unidas (al 12 de febrero del 2026), sobre la realidad que se vive en Gaza desde el punto de vista humanitario, se detalla el nivel de violencia al que Israel sigue sometiendo a los habitantes de Gaza con bombardeos incesantes, destruyendo lo que queda de la poca infraestructura educativa existente. Se lee en particular, entre muchos otros aspectos, que:

«Over the past two weeks, strikes were reported on both sides of the “Yellow Line,” including in densely populated areas, heightening risks to civilians. Médecins Sans Frontières (MSF) reported that its teams across Gaza treated seven patients, including two children, injured in incidents attributed to Israeli attacks between 31 January and 2 February. On 5 February, Israeli forces reportedly demolished an UNRWA school that was the last remaining structure within a compound of six schools. Highlighting the extremely precarious situation for many children in Gaza, UNICEF noted that children continue to be affected by airstrikes and the disruption of essential services, with 37 children reported killed since the beginning of the year«.

Este informe puede ser completado con el anterior informe  de Naciones Unidas (al 28 de enero del 2026), en el que se lee que: 

«The MoH reported that since the ceasefire, 492 Palestinians have been killed, 1,356 injured, and 715 bodies retrieved from under the rubble«.

Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: análisis del ataque de Israel a Qatar del 9 de septiembre, desde la perspectiva jurídica«, 14 de septiembre del 2025. Texto integral disponible en este enlace. 

Nota 3: En el caso de Groenlandia, las recientes amenazas proferidas por el actual ocupante de la Casa Blanca para adquirir este territorio que se encuentra bajo la jurisdicción de Dinamarca «por las buenas o por las malas» demonstró su profundo desconocimiento de su parte de las reglas internacionales en la materia vigentes desde 1945. Por cierto, el pasado 22 de febrero del 2026, Groenlandia y Dinamarca, algo desconfiadas y precavidas, rechazaron la oferta de enviar un barco hospital a Groenlandia ofrecido por Estados Unidos (véase nota de The Guardian). Tuvimos la oportunidad de indicar en un breve análisis desde la perspectiva legal sobre este repentino apetito norteamericano por adquirir Groenlandia observado en estos primeros meses del 2026 (véase nota nuestra titulada «Groenlandia y Estados Unidos: aspectos desde la perspectiva jurídica internacional muy, pero muy, basicos …» ) que:

«no hay manera de sostener en este inicio del 2026  que Groenlandia está en venta o que puede ser adquirida. Sostenerlo es hacer un ridículo internacional, raramente observado por parte de un jefe de Estado en ejercicio gozando de sus plenas facultades«.

UCR: La UCR supera su último récord de aprobación del 2025 y vuelve a liderar el examen médico nacional

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

¡Orgullo UCR!

El porcentaje de aprobación obtenido por las y los estudiantes de la UCR superó la segunda convocatoria del 2025

Fotografía de Cristel Rojas Cavallini, UCR

La formación médica que brinda la Universidad de Costa Rica (UCR) vuelve a sobresalir a nivel nacional.

El estudiantado de la Escuela de Medicina de la UCR obtuvo, por sexta vez, el porcentaje de aprobación más alto en el Examen de Conocimientos Médicos de Costa Rica (ECOM-CR), la prueba que aplica el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica para evaluar los conocimientos clínicos de quienes están por incorporarse al ejercicio profesional.

Según datos oficiales del Colegio de Médicos, durante la primera convocatoria del 2026, la UCR alcanzó un 90,29 % de aprobación, muy por encima del resto de universidades que imparten la carrera en el país, cuyos resultados oscilaron entre el 12,50 % y el 58,33 %.

En el caso específico de la UCR, 103 jóvenes efectuaron la prueba, lo que quiere decir que 93 estudiantes la superaron con éxito.

Este logro del 2026 rebasa con creces el rendimiento registrado por la UCR en la segunda convocatoria del 2025, cuando las y los estudiantes sobresalieron con el porcentaje más alto de aprobación a nivel nacional con el 88.46 %.

“Porcentualmente, aumentamos. No obstante, nos interesa el número absoluto, porque queremos mejorar todavía más ese porcentaje y sabemos que podemos hacerlo. Por otro lado, es un aliciente confirmar que nuestra malla curricular da lo suficiente para tener profesionales que pueden ejercer en Costa Rica, pero que también pueden ejercer a nivel internacional. En el futuro, muchos de nuestros estudiantes viajarán a otros países, por lo que estamos muy contentos por el nivel de preparación”, afirmó el Dr. Willem Buján Boza, director de la Escuela de Medicina de la UCR.

En total, 747 aspirantes provenientes de todas las universidades que imparten la carrera de Medicina en el país realizaron la prueba. De estos, solo 360 ganaron el examen.

Datos del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

La prueba

El ECOM-CR es un instrumento técnico nacional que evalúa desde agosto del 2023, y de manera uniforme, los conocimientos clínicos antes de que las y los futuros médicos ingresen al ejercicio profesional. El examen analiza 140 casos clínicos distribuidos en siete áreas principales y 20 subáreas médicas.

La mayor parte de la evaluación corresponde a Medicina Interna (50 % del examen). Le sigue Cirugía con un 20 %, mientras que Ginecología y Obstetricia representa el 10 %. Las restantes áreas —Pediatría, Medicina Familiar y Salud Comunitaria, Psiquiatría e Investigación y Ética Médica— aportan cada una un 5 %.

El presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, el Dr. Elliott Garita Jiménez, señaló que el examen continúa consolidándose como un instrumento clave que garantiza la calidad en la formación médica, pues el ECOM-CR le permite al país contar con una fotografía técnica y objetiva del nivel de conocimientos con el que las y los nuevos médicos están solicitando su incorporación.

“Más allá del resultado puntual de cada convocatoria, lo verdaderamente relevante es que el sistema de salud dispone hoy de un mecanismo robusto, estandarizado y basado en evidencia para verificar competencias clínicas, razonamiento médico y toma de decisiones en escenarios que simulan la práctica real. Este tipo de medición fortalece la confianza pública y orienta procesos de mejora continua en la formación médica”, indicó el Dr. Garita.

¡Orgullo institucional!

Para el Dr. Buján, la excelencia médica no se limita al rendimiento académico y a la excelencia clínica. Por eso, las y los estudiantes de la UCR reciben una formación integral que se caracteriza por fuertes valores humanistas.

“El estudiante de medicina que forma la UCR no se puede abstraer de la dinámica social, del trato humano y, tampoco, de escatimar esfuerzos en la parte de conocimiento científico para ayudar al ser humano o a la comunidad que puede llegar a tener al frente. Gran parte de los valores que incentivamos en ellos y ellas son valores muy humanos, porque así debe ser el médico. No podemos perder el norte humanista y de sentimiento social que debe tener el profesional de la UCR que nosotros formamos”, indicó el Dr. Buján.

Como parte de esta formación, la UCR promueve pasantías académicas nacionales e internacionales, tanto para estudiantes como para sus docentes. Estas pasantías permiten potenciar las habilidades blandas y científicas, de manera tal que, a su regreso, el país pueda adoptar nuevos métodos que impulsen la práctica médica en el país.

Además, la Escuela de Medicina de la UCR ha procurado potenciar procesos de acreditación y actualización continua, los cuales buscan mantener estándares comparables con programas médicos de alto nivel internacional.

“Con este resultado, ahora tenemos varias metas. Una es conseguir el 100 % de aprobación. La segunda es incentivar a que nuestros estudiantes se formen más en la investigación biomédica. La tercera es tener la incorporación del idioma inglés, para que se puedan manejar fluidamente en el idioma y puedan tener contacto con la medicina de primer mundo. También aspiramos mejorar la infraestructura que tenemos en la Escuela”, concluyó el Dr. Buján.

Jenniffer Jiménez Córdoba
Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR

Diplomacia tica sintonizada con las peores causas

Escrito en . Publicado en Análisis.

Rafael A. Ugalde Q.*

Con la indiferencia del grueso de la población nacional, la diplomacia costarricense, sigue en sintonía perfecta con las peores causas políticas contra el derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos, la soberanía de las naciones y la paz mundial. Aunque, la versión oficial, es que estas aspiraciones legales, concordia y convivencia universal son prioritarias, de cara a la crisis en Oriente Medio.

En un reciente comunicado, ampliamente promocionado por creadores de contenidos, por diarios y los principales tele noticieros locales, la cancillería dice que “Costa Rica condena enérgicamente los ataques de Irán contra Arabia Saudita, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Jordania”, tras extenderse como un reguero de pólvora el conflicto en Medio Oriente como habían previsto geopolíticos de todo signo ideológico.

No se trataba de simpatizar con esta o aquella nación. Pero solo en un estado mental cercano a la demencia aconsejaría acaso lanzar el primer cerillo encendido en una región estratégica, tanto para Occidente como Oriente, sin sufrir devastadores daños económicos y militares.

A diferencia de las pasadas invasiones a Guatemala, Granada, Panamá o más recientemente a Venezuela, por parte de Estados Unido en su patio trasero, para hacer realidad la “promesa” hecha a Abraham hace 3.000 o 4000 años sobre el “Gran Israel”, de la que Benjamín Netanyahu se autoproclama su heredero, Donald Trump requiere una gigantesca movilización de recursos militares y tecnológicos a Oriente Medio, si ambos personajes quieren someter a poblaciones tan ancestrales y variadas hoy asentadas en países como el Líbano, Siria, Jordania, Irak o Irán.

Sin embargo, la diplomacia costarricense en el documento divulgado matiza su posición añadiendo que “el país reitera su firme apego a los principios de paz, el respeto al derecho internacional y a las normas de la Carta de las Naciones Unidas. Y urge a la desescalada y a la búsqueda de soluciones pacíficas para proteger la vida humana y evitar el sufrimiento de la población civil en los países de la región”, cuando en realidad el conflicto con Irán esconde una “guerra de conquista”.

En una entrevista el pasado mes de febrero realizada al embajador estadounidense en Tel Aviv, Mike Huckabee, por el conocido periodista Tucker Carlson, afirmó que «estaría bien» que Israel se anexionase todo el Oriente Medio desde el río Nilo hasta el Éufrates, en consonancia con el pasaje del Génesis 15:18-21, referente a la “promesa” sobre el “Gran Israel”. (Consúltese https://www.facebook.com/trtespanol/videos/embajador-de-eeuu-defiende-expansi%C3%B3n-territorial-de-israel/2827768764228408/).

Llegó demasiado tarde nuestra cancillería haciendo ahora llamados a favor de la paz y a que prevalezca el derecho internacional. No entendió la Casa Amarilla que cuando nos callamos ante las arbitrariedades de las cañoneras prevalecerá siempre la ley del matón del barrio; o acaso el actual canciller, el anterior y quien venga no lo han visto y verán como desde hace seis década bloquearon un país que habla el mismo idioma nuestro y actualmente asfixian con un cerco petrolero para que su pueblo perezca de hambre. ¿Podrán explicar con qué comen ustedes el invocado derecho internacional?

La posición diplomática de San José por la guerra de ocupación en Medio Oriente, contrastó, empero, con un importante número de naciones en el Consejo de Seguridad de la ONU, reunidos de emergencia recientemente para analizar la agresión a Irán. Los representantes diplomáticos que aún creen en las Naciones Unidades llamaron las cosas por su nombre y calificaron de «un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad» los bombardeos israelíes y estadounidenses contra la población civil iraní.

Por lo tanto, no deja dudas, como nuestro país en cuanto a su política exterior nos exhibe a todos los costarricenses completamente sumisos a los intereses estadounidenses, donde éstos permanezcan alrededor del mundo. Es decir, la cancillería, no importa quien la ocupe, ve hacia otro lado cuando se trata de dimensionar el verdadero valor de los principios civilizatorio, en relación con el derecho de los pueblos a organizarse según sus perspectivas de desarrollo político y económico, de forma independiente y soberana.

Así, la cancillería, , olvidó reseñar en dicho pronunciamiento que la coalición Israel-Estados Unidos fue precisamente la que atacó a la República Islámica de Irán, cuando se realizaban conversaciones indirectas entre Teherán y Washington, en torno a un acuerdo nuclear. Dicho de este modo: ocultar a la gente este hecho relevante equivale a propalar como válido tirar al cajón de la basura los esfuerzos diplomáticos, porque es mejor la guerra. Y eso sucedió.

El canciller iraní, Abás Araqchi, en varias ocasiones – de ello debió enterarse nuestra cancillería -, advirtió que su “pueblo no quería la guerra, pero tampoco temía” a una agresión extranjera, la cual, según él, “convertiría la región en un conflicto de grandes proporciones”. Si nos imponen la guerra, “responderemos con firmeza” a los estadounidenses e israelíes, que no quepan dudas, reafirmó el diplomático, pocas horas antes de iniciarse los actuales enfrentamientos bélicos, a través del canal iranie Hyspantv. Este es un medio abierto al que tiene acceso cualquier diplomático.

Añadió a este mismo medio que sí, los estadounidenses y los israelíes inician las hostilidades, esta vez será Irán el que pondrá fin, en clara alusión a la llamada guerra de los 12 días con Tel Aviv, cuando el famoso sistema de defensa aérea llamado la “Cúpula de Hierro” hizo agua por los ataques con misiles entre 10 y 15 años de antigüedad.

El jefe de la diplomacia de Irán, pero esta vez, en el contexto de las conversaciones indirectas en el Sultanato de Omán entre su país y Estados Unidos, había dicho a la cadena de noticias qatarí Al Jazeera, que hay “avances” en cuanto a lograr un acuerdo sobre Uranio con fines civiles. La contra parte quiere que Irán no tenga nada de Uranio enriquecido; nosotros presentamos nuestra propuesta, dijo.

Esta propuesta oficialmente no se conoció por precipitarse los acontecimientos bélicos el pasado 28 de febrero. Sin embargo, extraoficialmente, trascendió que los iranies propusieron un acuerdo de no proliferación de armas nucleares en la zona por seis años, bajo la fiscalización del cuestionado Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)

La misma fuente periodística qatarí citada anteriormente, recordó que el “martirizado” ayatolá Ali Jamenni insistió en que Irán no fabricaría bombas nucleares, pero utilizaría en distintas áreas este tipo de energía para el desarrollo soberano de su nación. Esta posición podría cambiar radicalmente, pues Irán tiene científicos nucleares, abundante enriquecimiento de Uranio para fines civiles e instalaciones protegidas.

Además, siendo Irán la parte agredida y confirmado asimismo el asesinado de su líder supremo, junto a su plana de asesores, su cúpula militar y familiares, el derecho internacional permitiría su legítima defensa, así como considerar “objetivos militares” todos activos del enemigo, no importa donde se encuentren.

A estos activos castrenses fuera del territorio de Estados Unidos es que, se refiere la diplomacia tica, cuando dice que “Costa Rica condena enérgicamente los ataques de Irán contra Arabia Saudita, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Jordania”, desde cuyas bases militares se coordinan los ataques a Irán.

Según el diario “The Jerusalem Post”, afín al sionismo y a las posiciones supremacistas de la Casa Blanca, la Fuerza Aérea de su país, en una sola noche, utilizó “más de 200 aviones para golpear 500 objetivos iranies”. En uno de estos operativos se golpearon la radio estatal iraní, clínicas y sitios civiles, como el museo de arte de Teherán, declarado Patrimonio cultural de la humanidad.

Asimismo, la conocida página “Análisis Militar” divulgó recientemente imágenes de protestas contra Israel y Estados Unidos en la isla de la monarquía de Bahréin. Los estadounidenses tienen en esa ínsula la importante base castrense denominada la Quinta Flota, inutilizada por una lluvia de misiles iranies la segunda noche de enfrentamientos.

El rey de esta isla, Hamad bin Isa Al Jalifa, antigua provincia iraní , amenazó además con la pena de muerte a quienes divulguen imágenes en redes sociales con ataques de Irán a puestos de Estados Unidos y de Israel.

Por otra parte, el edificio de la televisión iraní fue sacudido por fuertes detonaciones en pleno noticiero de mediodía, sin inmutarse el presentador que abrió el micrófono para que se escucharan las explosiones. Hay daños materiales, pero no se registran víctimas, aclaró al final del telenoticiero.

Para el abogado, periodista y analista español, Miguel Ruiz Calvo, el carácter “criminal” de esta coalición entre Israel-Estados Unidos quedó en evidencia a pocas horas de iniciarse la agresión a Irán, cuando bombardearon una escuela de niñas, con saldo de 84 de ellas asesinadas y 120 víctimas más, entre maestros y padres de familias.

Se trata, precisó el conservador diario español “El País”, de la escuela de niñas Shajareh Tayyebec, en la ciudad de Minab, provincia de Hormozgan, al sur de Irán. El asesinato se llevó a cabo a plena luz del día, cuando la escuela estaba llena de ellas, denunció en su red social X, el canciller iraní.

Destrucción del hospital materno infantil Gandhi en el centro de Teherán (F. Periódico El Heraldo).

En esta misma línea informativa, la Organización Mundial de la Salud (OMS), acaba de confirmar que un hospital materno infantil en Teherán, fue bombardeado por aviones de la coalición. El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó en sus redes sociales que se trata del hospital Gandhi en la capital iraní. Recordó que los centros de salud están protegidos por el derecho internacional.

El gobierno israelí, con apoyo norteamericano, reviven la bárbara táctica militar de hace 4.000 años de antigüedad, consistente en que sí, se elimina las reproductoras y a sus hijos, a futuro no tendré quienes me ataquen. Si nos atenemos a las cifras del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), de 65 mil niños eliminados en Palestina, de medio millón de padres asesinados, el plan salió perfecto.

En síntesis, con poco margen de error, Costa Rica se libró de genuflexos, solo en ocasión de la campaña antifilibustera de 1856, de la mano de Juan Rafael Mora Porras, cuando calificó a los invasores de «horda de bandidos».

*Periodista, abogado y notario de la U.C.R, miembro del Círculo Bolivariano de Solidaridad con los Pueblos Yamilet López.

Existencia de un zoológico privado en Santa Ana activa pedido de fiscalización urgente del SINAC

Escrito en . Publicado en Derechos.

Organizaciones ambientalistas y personas defensoras de los animales solicitaron la intervención inmediata del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) ante informaciones que dan cuenta de la existencia de un zoológico privado ubicado en Santa Ana.

La gestión fue presentada por María Elena Fournier, presidenta de la Asociación Conservacionista YISKI, tras la transmisión de un reportaje televisivo en el que se mostraron imágenes de animales en aparente estado de deterioro, incluyendo dos osos perezosos, un zopilote con una flecha incrustada y un caucel —felino silvestre— que, según la denunciante, presenta signos visibles de estrés y confinamiento prolongado.

En su comunicación dirigida al despacho ministerial y a instancias del Sinac, Fournier solicita información y acciones concretas, entre ellas:

  • El plan de manejo vigente del zoológico

  • El nombre del regente responsable

  • Fecha de la última inspección oficial

  • Informe detallado sobre las condiciones de todos los animales en cautiverio

  • Medidas correctivas inmediatas, incluyendo la eventual reubicación del felino o el cierre del establecimiento si se comprueban irregularidades

Antecedente: cierre de Fundazoo y debate sobre zoológicos privados

La denuncia revive el debate nacional que culminó con el cierre del zoológico Simón Bolívar y el centro de Santa Ana administrados por Fundazoo, tras décadas de cuestionamientos sobre bienestar animal y fiscalización estatal. En ese proceso, organizaciones ambientalistas y sectores académicos insistieron en la necesidad de fortalecer la supervisión del Sinac y revisar el modelo de zoológicos en el país.

En notas previas publicadas por SURCOS se ha documentado la discusión sobre el rol de los centros de rescate, la regulación de fauna silvestre y las obligaciones del Estado en materia de protección animal, así como denuncias sobre omisiones en fiscalización y aplicación de normativa.

La nueva gestión plantea que podrían persistir vacíos de control en establecimientos privados que operan bajo figuras de centro de rescate o exhibición, lo que ameritaría una revisión técnica por parte de las autoridades competentes.

Coadyuvancia y reclamo por otros casos

La denuncia fue respaldada mediante coadyuvancia por Roxana Salazar, quien además recordó que aún no se han atendido otras preocupaciones ciudadanas relacionadas con la protección animal, entre ellas el caso de los patos en un lago artificial en San Rafael de Alajuela, donde —según gestiones previas— se ordenó no alimentar a los animales sin medidas transitorias adecuadas.

Ambas gestiones coinciden en solicitar respuestas formales y actuaciones oportunas por parte del Minae y del Sinac, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa sobre vida silvestre y bienestar animal.

Llamado a transparencia y fiscalización

Las organizaciones firmantes insisten en que la protección de fauna silvestre requiere no solo declaraciones normativas, sino fiscalización efectiva, informes públicos y medidas correctivas cuando corresponda. También recuerdan que el derecho a un ambiente sano y el deber estatal de tutela de la biodiversidad están consagrados en la Constitución Política y en la legislación ambiental vigente.

Hasta el momento no se ha informado sobre una respuesta oficial del Minae o del Sinac ante las solicitudes planteadas.

Una estética fugaz

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

En días pasados un medio de comunicación costarricense me solicitó un análisis acerca de la presencia de cierta cultura narco en nuestra sociedad.

Ese ha sido un tema de consulta recurrente en los últimos años dada la masificación de ciertas prácticas vinculadas con esa actividad delictiva. Pero también se explica por la comprobación empírica de que en efecto el país está flanqueado por grupos y estructuras criminales de muy diverso espectro que controlan territorios, muchos de ellos en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

Hablamos del orden de lo sociocultural, allí donde emergen las semióticos y las simbólicas que acompañan consumo y conductas asociadas.

Debemos decirlo: nuestra sociedad se ha transformado aceleradamente, así como los ejes que sostenían lo permitido, lo posible.

Al hablar de una narcocultura hacemos referencia a la instalación de ciertas estéticas y comportamientos. Todos ellos afincados en cierta frugalidad y temporalidad limitada.

Una sociedad así dispuesta ha entrado en un delirio sin retorno. Porque le abrió las puertas a una actividad cuyas consecuencias aún se experimentan en entornos cercanos.

No es a la práctica a lo que debemos prestarle atención. Es a las razones estructurales que permiten su funcionamiento en un contexto de quiebre como el actual. Prestemos atención a sus expresiones. Es allí donde las juventudes están encontrando sentido. Ni más. Ni menos.