Ir al contenido principal

Autor: María José Ferlini Cartín

De Blackwater al NASDAQ: la visión de Erik Prince sobre la guerra en Ucrania

Felix Madariaga

Por Félix Madariaga

Durante el Black Sea Security Forum, el fundador de Blackwater y actual presidente de Swarmer, Erik Prince, presentó una visión de la guerra en Ucrania que va mucho más allá del campo de batalla. Su intervención mostró cómo el conflicto se ha convertido, para ciertos sectores, en un espacio de innovación tecnológica, inversión financiera y transformación de la industria militar.

Prince elogió la capacidad de Ucrania para desarrollar drones de bajo costo, descentralizar las decisiones militares y acelerar la incorporación de nuevas tecnologías directamente desde el frente de combate. A su juicio, este modelo supera ampliamente los sistemas de adquisición de armamento de Estados Unidos y Europa, a los que calificó de burocráticos y obsoletos.

Sin embargo, detrás de ese discurso sobre eficiencia e innovación surge una pregunta inevitable: ¿se está analizando la guerra como una tragedia humana o como una oportunidad de negocios?

Uno de los aspectos más llamativos de su exposición fue el anuncio del éxito bursátil de Swarmer, empresa que, según explicó, se convirtió en la primera compañía ucraniana del sector en cotizar en el NASDAQ. Prince señaló además que busca identificar empresas tecnológicas ucranianas, asociarse con ellas y llevar sus desarrollos al mercado internacional.

La experiencia adquirida en el campo de batalla deja así de ser únicamente un recurso para la defensa nacional y pasa a convertirse en un activo comercial y financiero.

Otro punto especialmente controvertido fue su visión sobre el futuro de los veteranos ucranianos. Prince afirmó que, una vez terminada la guerra, cientos de miles de excombatientes podrían integrarse a empresas militares privadas para entrenar fuerzas armadas de otros países o participar en operaciones de seguridad. Incluso planteó la necesidad de crear un marco legal que les permita «monetizar» su experiencia.

Aunque advirtió sobre el riesgo de que organizaciones criminales intenten reclutar a estos veteranos, su principal preocupación fue facilitar su incorporación al mercado internacional de la seguridad privada.

El discurso también refleja una tendencia más amplia: la creciente influencia del sector privado en asuntos tradicionalmente reservados al Estado. Prince defendió reducir los controles políticos sobre las adquisiciones militares para entregar mayor autonomía a los mandos operativos, argumentando que ello permitiría innovar con mayor rapidez. Sus críticos, sin embargo, podrían señalar que una mayor participación empresarial en la toma de decisiones sobre defensa también plantea interrogantes sobre la transparencia, la rendición de cuentas y el control democrático del gasto militar.

Llama la atención, además, lo que el discurso deja fuera. A lo largo de su intervención prácticamente no hay referencias a las víctimas civiles, los millones de desplazados, la destrucción de ciudades o la necesidad de avanzar hacia una solución política del conflicto. El centro del análisis está puesto en drones, eficiencia, innovación, inversiones y mercados.

La intervención de Erik Prince ilustra cómo la guerra en Ucrania también está siendo observada desde la lógica del complejo militar-industrial y los mercados financieros. Reconocer los avances tecnológicos desarrollados durante el conflicto no impide plantear una reflexión crítica: cuando una guerra comienza a generar oportunidades de inversión, empresas que cotizan en bolsa y nuevos mercados para la industria de la defensa, resulta legítimo preguntarse si la prioridad sigue siendo alcanzar la paz o si, para algunos actores, el conflicto también representa una oportunidad económica.

Más allá de las posiciones políticas sobre la guerra, las palabras del fundador de Blackwater muestran una realidad difícil de ignorar: en el siglo XXI, los conflictos armados no sólo redefinen las estrategias militares, sino también los negocios, las finanzas y el papel de las empresas privadas en la seguridad internacional. Ese debate merece tanta atención como el desarrollo de las armas que hoy dominan el campo de batalla.

Fuente.

ISFODE reconoce valentía de autoridades judiciales que desarticularon banda de alias Diablo y exige asignación urgente de recursos

El Instituto Sindical de Formación Política expresa su más digno reconocimiento a las autoridades por la valentía demostrada en la desarticulación de la peligrosa banda del “Diablo», cuyo cabecilla fue aprehendido en el día de hoy, tras un enfrentamiento armado que dejó agentes heridos en el cumplimiento de su deber.

Asimismo, exigimos al Poder Ejecutivo y Ministerio Hacienda la asignación urgente de recursos, para equipamiento tecnológico moderno y una mejora salarial justa para los agentes del equipo táctico, quienes, aun poniendo en riesgo sus vidas, se esmeran por cumplir con su patriótico deber.

Es inaceptable que, en condiciones adversas y con armamento inferior al utilizado por el grupo criminal, nuestros agentes hayan debido enfrentar a una estructura que los atacó con armas de guerra. Pese a ello, no titubearon: expusieron su integridad con profesionalismo y demostraron una vocación de servicio ejemplar.

Las estructuras criminales cuentan con abundante financiamiento y mayor capacidad operativa. Por ello, resulta imperativo que nuestra Policía Judicial pueda dotarse de tecnología de punta y armamento de última generación, para estar en igualdad de condiciones frente a la delincuencia organizada.

Finalmente, este Instituto respalda firmemente a la Dirección del OIJ, al Ministerio Público y al Poder Judicial en su coherente y necesaria lucha contra la corrupción y el crimen organizado, y hace un llamado a la ciudadanía para respaldar estas acciones en defensa de la seguridad y la justicia.

San José, 26 de julio 2026

Solicitan reunión con la Asociación de Desarrollo de Manzanillo para alertar sobre impactos del modelo de desarrollo en la comunidad

El ambientalista Marco Vinicio Levy Virgo dirigió una carta a la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo, en la que solicita una reunión para exponer información técnica sobre los impactos del modelo de desarrollo que, según señala, se viene consolidando en esa comunidad del Caribe Sur.

En la comunicación, fechada el 26 de julio de 2026, Levy explica que durante más de tres décadas ha trabajado en la defensa del ambiente en Manzanillo y sus alrededores. Aclara que su posición no constituye una oposición al desarrollo, sino un llamado a que este respete los límites ecológicos indispensables para garantizar la supervivencia y el bienestar de la comunidad.

Uno de los principales planteamientos del documento es la importancia de proteger las lomas de Manzanillo como zonas de recarga acuífera. Según expone, de estas áreas depende buena parte del abastecimiento de agua para la población y las actividades productivas, por lo que intervenirlas sin información técnica suficiente sobre su capacidad de carga incrementa el riesgo de escasez y deterioro del recurso hídrico.

La carta también analiza el crecimiento de viviendas y alojamientos destinados al alquiler de corta estancia mediante plataformas como Airbnb. Levy sostiene que este modelo genera una demanda creciente de servicios, especialmente agua potable, mientras una parte importante de los beneficios económicos no permanece en la comunidad, situación que considera crea una relación desigual entre el aprovechamiento del territorio y los beneficios locales.

Asimismo, señala que durante años algunos intereses inmobiliarios y turísticos han ejercido influencia en distintos espacios de decisión local y regional. En su criterio, ello no se ha traducido en una defensa prioritaria de la recarga acuífera ni de la capacidad de carga del territorio, provocando que la comunidad asuma las consecuencias sobre el acceso al agua y la calidad de vida.

El documento incorpora además un repaso de antecedentes relacionados con el ordenamiento territorial del Caribe Sur, entre ellos el enfoque conocido como «The Rich Coast», el Plan Regulador Costero y la Ley 9223, lo que indica que, a juicio del autor, algunos de estos procesos han sido utilizados para favorecer intereses empresariales vinculados al desarrollo inmobiliario en zonas ambientalmente sensibles.

Levy manifiesta también su preocupación por un documento suscrito por un expresidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo y remitido a la Sala Constitucional dentro del expediente relacionado con la Ley 9223. Considera que dicho escrito responde a una perspectiva ajena a los intereses colectivos de la comunidad y hace un llamado a evitar que la organización comunal sea utilizada para respaldar posiciones que puedan favorecer agendas particulares sobre el interés público.

En la parte final de la carta, el ambientalista reitera que no está en contra del turismo ni de la actividad empresarial. Afirma que el turismo es fundamental para Manzanillo, pero sostiene que debe desarrollarse con contrapesos comunitarios y respetando la capacidad ecológica del territorio para evitar que la población local termine relegada y que se comprometan recursos estratégicos como el agua.

Finalmente, solicita a la junta directiva de la Asociación la oportunidad de reunirse para compartir información técnica sobre la recarga acuífera, la capacidad de carga del territorio y los efectos del modelo de desarrollo vigente, con el propósito de que la comunidad cuente con mayores elementos para tomar decisiones con autonomía y visión de futuro. La carta concluye expresando su disposición para reunirse en el momento y lugar que la organización considere conveniente.

Información basada en el oficio MLV-00289-2026 remitido por Marco Vinicio Levy Virgo.

¿Cómo se fabrica una noticia?, asunto Nicaragua

José A. Amesty Rivera

Hay un viejo dicho que dice que una mentira da la vuelta al mundo, mientras la verdad apenas se está poniendo los zapatos. Hoy podríamos actualizarlo diciendo que, un titular recorre el planeta mucho antes de que alguien tenga tiempo de escuchar un discurso completo.

Eso fue precisamente lo que pasó hace unos días con unas declaraciones del presidente de Nicaragua Daniel Ortega, casi de inmediato comenzaron a aparecer titulares asegurando que Ortega anunció que ya no habrá más elecciones en Nicaragua. La noticia se propagó rápidamente por periódicos, portales digitales y redes sociales, para millones de personas quedó instalada una idea muy simple, el Gobierno nicaragüense había decidido eliminar definitivamente las elecciones.

Sin embargo, cuando uno escucha el discurso completo descubre que la historia es bastante más compleja, Ortega dijo: Aquí no volverán a haber elecciones, pero no terminó ahí, enseguida explicó que impulsaría reformas legales, junto con la Asamblea Nacional, para impedir que personas o grupos que, según el Gobierno, reciben financiamiento extranjero para promover golpes de Estado o acciones contra el país puedan llegar al poder mediante elecciones.

Alguien puede pensar que esta propuesta es correcta o equivocada, este debate pertenece al terreno de la política y es otro tema. Lo que aquí interesa es algo distinto, ¿los grandes medios informaron exactamente lo que dijo Ortega o construyeron una noticia diferente?

El investigador estadounidense Michael Parenti, politólogo e historiador, lleva décadas estudiando cómo funcionan muchas de las grandes empresas de comunicación, su idea principal es sencilla, la manipulación casi nunca consiste en inventar una noticia, es mucho más efectivo contar solo una parte de la historia, así lo explica en su artículo Métodos de manipulación de los medios de comunicación. Y esto es justamente lo que parece haber ocurrido en este caso, cortar una frase para que termine diciendo otra cosa.

El primer recurso de la manipulación mediática, según Parenti, consiste en tomar una frase aislada y separarla del resto del discurso, es como si alguien dijera, Si siguen entrando armas al barrio, tendremos que cerrar la calle, y al día siguiente el titular fuera, Vecino propone cerrar todas las calles. Las palabras son reales, pero el significado cambia por completo.

Esto ocurrió con la frase, Aquí no volverán a haber elecciones. Casi ningún titular explicó enseguida que Ortega estaba hablando de impedir la participación electoral de grupos que, según su Gobierno, actúan con financiamiento extranjero para promover un cambio de régimen, cuando se elimina el contexto, el público termina entendiendo otra cosa, es como mostrar solo la mitad de un rompecabezas.

Otra práctica que Parenti considera muy frecuente, consiste en mostrar únicamente las piezas que convienen. Muchos medios destacaron la frase más impactante del discurso, pero dejaron fuera casi todo lo demás: la referencia a reformas legales, la participación de la Asamblea Nacional y la explicación sobre el financiamiento extranjero, no hace falta mentir, basta con enseñar solo la parte que produce el efecto buscado.

Parenti sostiene que muchas veces la censura moderna no consiste en esconder una noticia, sino en contarla incompleta. Es como entrar al cine cuando la película ya lleva una hora, veremos peleas, discusiones y disparos, pero no entenderemos por qué están ocurriendo, esto pasa cuando una noticia elimina los antecedentes.

En gran parte de la cobertura internacional, apenas se recordó que el Gobierno nicaragüense sostiene que en 2018 hubo un intento de golpe de Estado financiado desde EEUU, tampoco se explicó que existen leyes similares en otros países para regular el financiamiento político extranjero.

Uno puede aceptar esta interpretación o rechazarla, lo importante es que el lector tenga derecho a conocer por qué el Gobierno dice lo que dice, sin esa parte de la historia, todo parece surgir simplemente del capricho de un gobernante.

Cuando un medio lleva años presentando a determinado gobierno como una dictadura, cualquier noticia nueva termina encajando en ese mismo relato, ya no importa tanto lo que ocurrió, sino que la información confirme una narrativa que ya estaba construida.

Así, una propuesta para modificar una ley electoral termina convertida en un supuesto anuncio del fin de las elecciones; es como si cada pieza nueva tuviera que entrar, a la fuerza, en un rompecabezas que ya estaba armado desde hace tiempo.

Otro recurso consiste en reducir problemas complejos a una sola persona. En lugar de discutir si un país debe o no permitir financiamiento extranjero para partidos políticos, toda la conversación termina girando alrededor de Daniel Ortega. El debate desaparece y solo queda el personaje, esto facilita construir historias donde unos aparecen siempre como los villanos y otros siempre como los defensores de la democracia.

También influye qué noticias se amplifican y otras pasan casi desapercibidas. La frase sobre las elecciones ocupó titulares internacionales durante horas, en cambio, las explicaciones posteriores, el discurso completo y los detalles sobre las reformas legales apenas tuvieron difusión; la primera impresión quedó instalada, y todos sabemos que una rectificación nunca viaja tan rápido como un escándalo.

América Latina conoce muy bien este libreto. Lo ocurrido con Nicaragua no es un caso aislado, en nuestra región existen varios ejemplos en los que grandes medios internacionales han sido acusados de construir relatos parecidos.

En Venezuela, durante años muchas noticias hablaron sobre todo de la crisis económica, el desabastecimiento y la migración, mientras dedicaban mucho menos espacio al impacto de las sanciones económicas impuestas por EEUU y sus aliados. No se trata de negar los problemas internos del país, sino de señalar que el panorama quedaba incompleto cuando uno de sus factores más importantes apenas aparecía mencionado.

En Bolivia, tras la salida de Evo Morales en 2019, buena parte de la prensa internacional habló durante semanas de una “renuncia” provocada por protestas ciudadanas. Con el paso del tiempo, investigaciones periodísticas, estudios académicos e incluso algunos organismos internacionales, comenzaron a utilizar con mayor frecuencia el término “golpe de Estado” o reconocieron el papel decisivo de las Fuerzas Armadas y la Policía en aquellos hechos. Sin embargo, la primera versión ya había dado la vuelta al mundo.

Algo parecido ocurrió con el informe de la Organización de Estados Americanos sobre las elecciones bolivianas de 2019. Durante meses fue presentado como una prueba definitiva de fraude electoral, después, investigaciones independientes de universidades y centros especializados cuestionaron seriamente las conclusiones estadísticas del informe, pero esas rectificaciones nunca tuvieron una difusión comparable a la acusación inicial.

En Brasil, durante el proceso judicial contra Luiz Inácio Lula da Silva, numerosos medios presentaban cada nueva acusación como si la corrupción ya estuviera demostrada; años después, varias sentencias fueron anuladas y el juez Sergio Moro fue duramente cuestionado por su actuación, sin embargo, el daño político ya estaba hecho.

En Honduras, el derrocamiento de Manuel Zelaya en 2009 fue presentado por muchos medios como una “sucesión constitucional” o una “crisis institucional”, evitando durante bastante tiempo utilizar la expresión “golpe de Estado”, pese a que un presidente había sido detenido por militares y expulsado del país.

En Cuba, buena parte de la prensa internacional informa constantemente sobre las limitaciones económicas y políticas de la isla, pero muchas veces dedica mucha menos atención al efecto acumulado de más de seis décadas de bloqueo económico por parte de EEUU; una vez más, el problema no es hablar de las dificultades internas, sino hacerlo como si el bloqueo no existiera.

También podrían mencionarse otros casos, como el golpe contra Salvador Allende en Chile en 1973 y el papel del diario El Mercurio, o la cobertura del golpe contra Hugo Chávez en abril de 2002.

La tarea del periodismo debería ser ayudar a los ciudadanos/as a comprender la realidad, no conducirlos hacia una conclusión ya decidida. No hace falta inventar una noticia falsa, basta con cortar una frase, ocultar un dato importante, empezar la historia por la mitad, repetir siempre el mismo enfoque o dar mucho más espacio a unas voces que a otras; y, sobre todo, conseguir que el público crea que ya conoce toda la verdad cuando, en realidad, solo le han mostrado una parte del cuadro.

El caso de Nicaragua sirve para entender cómo funciona este mecanismo. Más allá de las simpatías o diferencias que cada persona pueda tener con el Gobierno sandinista, cualquier ciudadano merece conocer el discurso completo antes de sacar sus propias conclusiones; porque una democracia necesita ciudadanos/as informados, y un ciudadano/a realmente informado nunca se conforma con el primer titular que aparece en su pantalla.

Colombia: desobediencia civil en tiempos de disputa geopolítica

Álvaro Fernández González
Julio de 2026

El llamado de Iván Cepeda a promover un proceso de desobediencia civil pacífica marca uno de los momentos más delicados de la política colombiana desde la Constitución de 1991.

Más allá de las simpatías o discrepancias que pueda generar, la importancia del anuncio radica en que introduce una discusión de fondo: ¿qué puede hacer una oposición cuando considera que existen graves dudas sobre la legitimidad política de un nuevo gobierno, aunque reconozca la legalidad formal del resultado electoral? Esa es la pregunta que Cepeda intenta responder al invocar una tradición histórica de resistencia no violenta.

La desobediencia civil desde Henry David Thoreau hasta Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. o Nelson Mandela es una forma extraordinaria de acción colectiva cuando los mecanismos institucionales son insuficientes para proteger principios fundamentales.

No constituye una invitación a la violencia ni una ruptura del orden constitucional, sino un recurso propio de las democracias cuando sectores significativos de la ciudadanía consideran que las instituciones han dejado de ofrecer garantías suficientes para la defensa de derechos y principios compartidos.

Es patente que América Latina atraviesa una nueva fase de confrontación internacional caracterizada por la creciente competencia entre grandes potencias, la Doctrina Monroe y su Corolario Trump de nueva imposición política a mano armada, el uso intensivo de tecnologías digitales en los procesos electorales, campañas de desinformación y renovadas formas de influencia externa sobre las democracias latinoamericanas.

Desde esta perspectiva, Colombia se convierte también en escenario de disputa geopolítica, como Bolivia, Venezuela y Cuba dramáticamente.

Pero el debate no es solo quién tenga razón en la coyuntura inmediata. También es necesario preguntarnos cómo responden las democracias cuando la ciudadanía pierde confianza en la legitimidad política de sus instituciones.

En Colombia, el 30,7% de la votación se expresó por el Pacto Histórico de Cepeda, frente al 31,3% del derechista y ciudadano estadounidense Abelardo de la Espriella, y una proporción aún mayor del electorado, el 36%, se abstuvo.

Está claro que la historia latinoamericana demuestra así que estamos ante una polarización cada vez más difícil de contener.

La apuesta por formas explícitamente no violentas de movilización adquiere entonces una relevancia particular.

La tradición de la desobediencia civil pretende trasladar el conflicto desde la confrontación física hacia la deliberación pública, los tribunales, la organización social y la presión ciudadana.

Colombia enfrenta así un desafío que trasciende a sus protagonistas inmediatos.

La capacidad de procesar desacuerdos profundos dentro de las reglas constitucionales será decisiva no solo para el futuro político del país, sino también para una región donde las disputas geopolíticas internacionales vuelven a entrelazarse con las tensiones propias de democracias intensamente polarizadas.

Referencias:

“Colombia y el mundo: ¿qué sigue?” Por Juan Carlos Monedero, Canal SinEmbargo Al Aire, 8 de julio 2026.
https://youtu.be/dmN1CVHwbaY?si=7VkIjIFLe6efErDk

“¡Iván Cepeda llama a la desobediencia civil! ¿qué significa y por qué lo hace?”, en Canal Magenta Radio con William López, 1 de julio de 2026.
https://youtu.be/8DEdLqVZFLA?si=jvKLDC0-N6HEUJHX

Comunidad de Guacimal rechaza proyecto de planta de cianuración minera

  • En Abangares hay alerta sobre el avance de la minería subterránea o ilegal que pone en peligro calle pública.

La Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Guacimal acordó rechazar la propuesta para instalar una planta de procesamiento de oro mediante cianuración en el distrito, al considerar que este tipo de actividad no forma parte de la visión de desarrollo del territorio y que podría generar importantes riesgos ambientales, sociales y para la salud de la población.

El acuerdo fue adoptado durante la reunión ordinaria de julio de 2026, luego de conocerse la iniciativa presentada por una Cooperativa, la cual plantea construir una planta de beneficio de oro mediante el sistema de cianuración destinada a procesar según un prospecto publicitario:“ mineral (roca con oro) adquirido a mineros artesanales de las zonas cercanas de Abangares, Guacimal y Miramar, así como lamas previamente procesadas con ley mínima de 3 a 4 g/ton de oro”.

En el pronunciamiento, la ADI señala que Guacimal no posee tradición minera y advierte que la instalación de una planta de procesamiento podría incentivar nuevas actividades extractivas en el distrito, con impactos ecológicos derivados de las excavaciones e impactos sociales asociados a la llegada de nuevas actividades económicas vinculadas a la minería.

La organización comunal también manifiesta su oposición al establecimiento de cualquier planta de procesamiento basada en cianuración dentro del distrito, debido a los riesgos químicos, ambientales y sanitarios asociados a este tipo de procesos. Además, señala que desconoce si este modelo de procesamiento ya opera en Abangares y cuáles han sido sus resultados, por lo que considera indispensable conocer esa experiencia antes de promover iniciativas similares.

Como parte de su acuerdo, la Asociación solicita además que, en caso de existir un expediente administrativo sobre el proyecto, se haga público el número correspondiente para que la comunidad pueda consultarlo y participar de manera informada en el proceso.

Un contexto de creciente expansión minera

La preocupación de la comunidad de Guacimal ocurre en un momento en que diferentes sectores sociales observan un aumento en las iniciativas de minería metálica subterránea en la región de la Cordillera de Tilarán. A esto se le ha sumado mucha actividad ilegal que está generando mucha preocupación.

Una investigación desarrollada por el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica reveló en abril del 2024 la existencia de un verdadero enjambre de proyectos de minería subterránea de oro en el país. El estudio identificó 59 solicitudes de concesión minera que, en conjunto, abarcan 779,52 km², equivalentes al 1,52 % del territorio nacional. En el caso del cantón central de Puntarenas, donde se ubican los distritos de Guacimal y Monteverde (hoy cantón), la investigación identificó 12 solicitudes de concesión minera que cubren aproximadamente 174,6 km² (alrededor de 17 460 hectáreas) a estas se sumaron otros 4 expedientes nuevos. (UCR).

A esta situación se suma la preocupación generada por una denuncia realizada recientemente por vecinos de Pozo Azul de Abangares fronterizo con Guacimal (ver videos), quienes alertaron sobre trabajos de aparente exploración minera que estarían comprometiendo la estabilidad de la carretera utilizada por la comunidad. Según los videos divulgados por habitantes del lugar, las labores se desarrollan debajo de la vía pública, donde hay ya un hueco profundo, generando preocupación por la seguridad de las personas que transitan por el sitio.

Aunque en esa zona existe una solicitud de concesión minera subterránea de oro y plata (2023-EXP-PRI-009 solicitada por COOPE HUAITILAR ) actualmente no ha sido posible verificar el alcance o la naturaleza de esos trabajos, ya que como puede comprobar en el enlace los expedientes de la Dirección de Geología y Minas no se encuentran información en línea para consulta pública. Esta situación incrementa la incertidumbre de la población y refuerza la demanda por una mayor transparencia y fiscalización de las actividades mineras.

Expedientes del cantón central de Puntarenas para solicitud de concesión para minería subterránea de oro y plata, al 23-7-2026:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/07/EXPEDIENTES-DEL-CANTON-CENTRAL-DE-PUNTARENAS-PARA-SOLICITUD-DE-CONCESION-PARA-MINERIA-SUBTERRANEA-DE-ORO-Y-PLATA.pdf

Asociación de Desarrollo Integral de Guacimal rechaza la propuesta de instalación de la planta pues “la minería metálica no está dentro de la visión para el desarrollo del distrito”:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/07/Posicion-de-la-Asociacion-de-Desarrollo-Integral-de-Guacimal.pdf

Arte, música y resistencia ecologista: América Latina se une en defensa de los manglares este 26 de julio

En el marco del Día Internacional de la Defensa del Ecosistema Manglar (26 de julio), activistas y artistas de América Latina unen sus voces y ritmos en una potente colaboración musical independiente que busca sensibilizar y movilizar a la ciudadanía en defensa de nuestros humedales y zonas costeras.

La producción musical estará disponible a partir de este 26 de julio en SoundCloud y YouTube, y progresivamente durante los días siguientes en todas las principales plataformas digitales de streaming.

La iniciativa, impulsada desde el Bloque Verde de Costa Rica, fusiona el arte con la causa ambientalista para denunciar la degradación de estos ecosistemas vitales ante la expansión de modelos agroindustriales extractivistas en la región.

«La música es una herramienta fundamental de resistencia y memoria colectiva. Esta colaboración latinoamericana celebra la vida y biodiversidad de los manglares, pero también alza la voz por las comunidades costeras que los defienden día a día.» Indicó el compositor Fabián Pacheco

Memoria y lucha: El caso del Humedal Térraba-Sierpe

En forma paralela al lanzamiento musical, se comparte en el siguiente enlace un artículo de opinión firmado por el destacado ecologista y docentes de la Universidad de Costa Rica (UCR) y Universidad Nacional (UNA): Mauricio Álvarez Mora.

En este texto reflexivo e histórico, Álvarez rescata la emblemática contienda ecologista y la resistencia en defensa del Humedal Nacional Térraba-Sierpe, uno de los ecosistemas de manglar más importantes de Centroamérica, frente a la amenaza de destrucción ambiental impulsada por los enclaves de monocultivo de piña de la corporación PINDECO. El mensaje ecologista redactado por Álvarez también forma parte de la obra musical, siendo interpretado en el cierre de la canción.

Ficha Técnica y Créditos de la Producción

  • Composición y voz: Fabián Pacheco y Juan Trukyman

  • Bajo eléctrico: Hendrick Carranza

  • Piano: Maryan Cuevas

  • Trompeta y brass: Fabricio Muñoz

  • Percusión menor: Francisco Carvajal

  • Batería y timbal: Jonathan Alarcón

  • Coros: Na Salguero

  • Redacción del texto final leído por Fabián Pacheco: Mauricio Álvarez

Equipo de Producción:

  • Productor Ejecutivo: Fabián Pacheco Rodríguez

  • Productores Musicales: Fabián Pacheco Rodríguez, Juan Trukyman y Rialengo

  • Ingeniero de Grabación: Francisco Murillo (Rialengo)

  • Ingeniero de Edición, Mezcla y Mástering: Heriberto Román Chávez

  • Arte Gráfico de Portada: Fernando Yela

UCR respalda labor docente y señala que medidas del MEP ponen en riesgo formación ciudadana de niños, niñas y adolescentes

María del Mar Izaguirre Cedeño, periodista UCR

¿Cuáles son los efectos de que una persona docente tenga miedo a expresarse o a discutir ciertos temas en el aula? La respuesta a esta interrogante podría no solo afectar al profesorado, sino que pone en riesgo el derecho de miles de niños, niñas y adolescentes a aprender en espacios donde el pensamiento crítico, el diálogo y la diversidad de ideas son parte necesaria de la formación ciudadana.

Con esa preocupación, como punto de partida, la Universidad de Costa Rica (UCR) hizo público un pronunciamiento en el que ofrece su apoyo al personal docente del Ministerio de Educación Pública (MEP) para que ejerza su labor amparada por las garantías de la Constitución Política de la República de Costa Rica y los tratados internacionales de derechos humanos.

En el documento, esta Casa de estudios superiores rechaza categóricamente las prohibiciones establecidas por el MEP en la circular DM-CIR-0047-2026, al considerar que la misma vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión, el pluralismo ideológico y el debido proceso del personal docente dentro del territorio nacional.

Más allá del impacto sobre la libertad de expresarse de quienes imparten lecciones, la Universidad advirtió que las restricciones podrían provocar que las aulas pierdan su lugar histórico en la construcción de la democracia y en la formación de una ciudadanía crítica y diversa.

Para la UCR, las disposiciones emitidas por el MEP presentan importantes vacíos jurídicos y técnicos, ya que se sustentan en conceptos ambiguos e indeterminados. Esa falta de precisión podría abrir la puerta a la arbitrariedad administrativa y genera un ambiente de inseguridad.

En el pronunciamiento, la UCR también advierte que este escenario podría operar como un mecanismo indirecto de censura previa. El miedo a eventuales sanciones podría evitar dentro de las aulas se discutan temas de interés público, como el análisis de la inversión social o del presupuesto destinado a la educación, por temor a que sus explicaciones sean interpretadas como una manifestación de sesgo político-electoral.

La Universidad reconoce que el Estado tiene la responsabilidad de proteger a la niñez y la adolescencia, así como determinados ámbitos del sistema educativo; sin embargo, enfatiza en que cualquier directriz debe respetar el marco jurídico nacional e internacional, así como los fines establecidos en la Ley Fundamental de Educación, que promueve una enseñanza orientada al desarrollo del pensamiento crítico, la convivencia democrática y el respeto a los derechos humanos.

Fuente de la nota: https://www.cu.ucr.ac.cr/inicio/noticias/noticia/Articulo/ucr-respalda-labor-docente-y-senala-que-medidas-del-mep-ponen-en-riesgo-formacion-ciudadana-de-ninos-ninas-y-adolescentes.html

Enlace al pronunciamiento completo.

Imagen: Según el análisis de la Institución, inhibir el debate científico y humanista en las aulas por temor a eventuales sanciones termina por empobrecer el proceso educativo y debilitar el Estado social de derecho. La foto tiene fines ilustrativos y es del Semanario Universidad.

Ciencia, venenos y patentes: Lo que Raquel Chan prefiere omitir

Jaime E. García González
Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado UCR-UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB)
y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)

La reciente defensa pública de los cultivos modificados genéticamente realizada por la bioquímica y biotecnóloga argentina Raquel Chan —líder del desarrollo de la tecnología HB4— busca, una vez más, reducir un debate socioambiental sumamente complejo a un simple problema de «prejuicios e ignorancia científica». Al afirmar con ligereza que los alimentos derivados de estos cultivos son «más seguros que un choripán de cancha» debido a sus supuestos controles de seguridad del Estado, Chan incurre en una preocupante simplificación. Este discurso no solo desvía la atención de los verdaderos riesgos ambientales y sanitarios, sino que recurre a falacias argumentativas para blindar un modelo económico que genera profundas dependencias tecnológicas.

El mito del control absoluto y el peligro de los herbicidas asociados

La primera gran falacia del argumento corporativo es aislar al cultivo transgénico del paquete tecnológico indispensable para su producción. Un cultivo modificado no crece en el vacío. La tecnología HB4 de dudosa tolerancia a la sequía (desarrollada para trigo y soja) está genéticamente diseñada para resistir al glufosinato de amonio, un herbicida altamente tóxico. [1, 2]

Organizaciones internacionales como la Unión Europea han prohibido taxativamente el glufosinato de amonio debido a sus efectos comprobados en la alteración del sistema reproductivo y daños severos en el desarrollo fetal. Afirmar que el alimento final es seguro porque pasó auditorías estatales ignora el aumento exponencial en el uso de estos agroquímicos sobre los suelos, la contaminación de las napas de agua dulce y los residuos químicos inevitables que terminan en productos de consumo básico como el pan, la pasta o los cereales. [1, 2, 3]

La falacia de la analogía alimentaria y la salud comunitaria

Comparar un grano de trigo modificado genéticamente con alimentos procesados de baja higiene (como el «choripán») es una falacia de falsa equivalencia. El verdadero riesgo sanitario de los transgénicos no radica en una intoxicación bacteriana a corto plazo, sino en el impacto crónico de los pesticidas asociados en la salud de las comunidades rurales.

Los estudios epidemiológicos e independientes en regiones de alta fumigación evidencian un incremento drástico en las tasas de cáncer, malformaciones congénitas y abortos espontáneos. De hecho, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la OMS clasificó al glifosato (herbicida primo hermano del glufosinato y pilar de la soja RR que Chan defiende como base productiva) como «probable carcinógeno para los seres humanos». Esta clasificación no es un temor abstracto, sino una realidad estadística respaldada por contundente evidencia epidemiológica independiente en el Cono Sur. Investigaciones del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) revelaron que en los pueblos agrícolas expuestos a estas fumigaciones intensivas, la mortalidad por cáncer es hasta tres veces mayor que la media nacional. Minimizar esto tratándolo como un mero «prejuicio de partidos ambientalistas» es negar la literatura médica independiente. [3, 4, 5, 6]

Europa y el mercado global: Geopolítica, no mitología

Atribuir el rechazo europeo de los cultivos modificados a «una falta de actualización frente al cambio climático» o a una simple contienda geopolítica con Estados Unidos demerita el principio de precaución que rige la legislación internacional. Si los mercados europeos imponen restricciones severas, es porque sus agencias científicas evalúan el impacto a largo plazo de la pérdida de biodiversidad y la aparición de «supermalezas» resistentes a los herbicidas. La edición génica y la transgenia no han demostrado ser una salida válida al cambio climático; de hecho, informes científicos de la red Friends of the Earth advierten que la agricultura orgánica y el fitomejoramiento convencional muestran mejores tasas de resiliencia ecológica real sin los costos tóxicos colaterales. [7, 8, 9]

La trampa económica: Patentes y la asfixia del pequeño productor

Detrás de la narrativa del progreso científico se esconde una realidad económica devastadora para la agricultura familiar y los pequeños productores locales. Al contrario de las semillas tradicionales que pueden ser guardadas para la siguiente campaña, las semillas transgénicas como la HB4 están blindadas por estrictas leyes de propiedad intelectual y patentes corporativas.

Este modelo obliga al agricultor a recomprar la semilla y el paquete de agroquímicos específicos en cada ciclo productivo, privatizando un recurso que históricamente fue un bien común. La introducción de estos cultivos acelera la concentración de la tierra en manos de grandes pooles de siembra y corporaciones concentradas. Para los pequeños productores, la promesa de «resiliencia» biotecnológica se traduce en un endeudamiento crónico, la pérdida de su autonomía económica y, eventualmente, el desplazamiento forzado de sus tierras tradicionales al no poder competir con la escala del agronegocio transgenizado. [10, 11]

Conclusión: Exigir ciencia soberana y no corporativa

La manipulación de la naturaleza mediante cruces ancestrales (como el paso del teocintle al maíz moderno) nada tiene que ver con la inserción de genes interespecies diseñados para resistir venenos industriales. La ciencia es un pilar fundamental del desarrollo democrático, pero pierde su legitimidad cuando se utiliza para etiquetar de «ignorante» a la ciudadanía que cuestiona sus impactos bioéticos y socioeconómicos. Desmitificar la alimentación actual es necesario, pero desmitificar las promesas mesiánicas de las corporaciones biotecnológicas y sus tecnoentusiastas seguidora/es es una obligación urgente para defender la salud colectiva y la soberanía alimentaria.

Imagen: La agricultura orgánica y el fitomejoramiento convencional muestran mejores tasas de resiliencia ecológica real sin los costos tóxicos colaterales.

Panel analizará las consecuencias del proyecto neoliberal sobre el sector productivo primario y la seguridad alimentaria

El programa Alternativas, impulsado por el colectivo Reflexión–Acción, invita a un nuevo panel de análisis titulado “Consecuencias del proyecto neoliberal, en Costa Rica: Desmantelamiento del sector productivo primario”, que se transmitirá en vivo el 24 de julio de 2026 a las 6:00 p.m. (-6 UTC).

La actividad propone reflexionar sobre la pregunta “¿Qué pasa con la seguridad alimentaria, desaparece?” y abordar acciones políticas y económicas de salvamento y recuperación del sector productivo primario.

El panel contará con la participación de:

  • Guido Sibaja Fonseca, productor agroalimentario.

  • Gabriel Rivas Ducca, biólogo, integrante de Amigos de la Tierra Costa Rica y de COECOCEIBA, además de miembro de FECON – Federación Ecologista de Costa Rica.

  • M. Gerardina López Cortés, activista social.

  • Cecilia Jiménez Arce, máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de México, licenciada y trabajadora social por la Universidad de Costa Rica, presidenta y fundadora de ACODEHU, fundadora de varios sindicatos y participante en la inscripción del Frente Popular.

La transmisión podrá seguirse por las plataformas Facebook Live, YouTube y Spotify de Alternativas.

Como emisoras amigas participan Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía, Radio Revolución, 506 Ondas Alajuelita y 97.3 FM Voces Libertarias, que difundirán este espacio de análisis sobre los efectos del modelo neoliberal en la producción nacional y la seguridad alimentaria.