La participación organizada de la ciudadanía obtuvo un primer resultado en la defensa del funcionamiento de la justicia constitucional. La Sala Constitucional dio trámite al recurso de amparo presentado por tres ciudadanas y respaldado por 1.845 personas, mediante el cual se cuestiona la omisión de la Asamblea Legislativa en el nombramiento de las magistraturas suplentes del tribunal constitucional.
La resolución ordena a la Presidencia de la Asamblea Legislativa rendir un informe en un plazo de tres días hábiles sobre los hechos denunciados, luego de que la mayoría del Pleno de la Sala considerara procedente iniciar el trámite del recurso.
La gestión ciudadana surgió ante la preocupación por el riesgo que representa la falta de magistraturas suplentes para el funcionamiento regular de la Sala Constitucional, una situación que podría afectar la resolución oportuna de recursos de amparo, hábeas corpus y otros procesos vinculados con la protección de derechos fundamentales. Desde la convocatoria para respaldar el recurso, las personas promoventes insistieron en que la acción no pretendía intervenir en las competencias de la Asamblea Legislativa ni impulsar nombres específicos, sino exigir el cumplimiento del deber constitucional de realizar los nombramientos necesarios para garantizar la continuidad del Tribunal.
Días antes, la Defensoría de los Habitantes había advertido públicamente sobre las consecuencias de mantener esa situación. En un informe remitido a la Presidencia de la Asamblea Legislativa señaló que la ausencia de magistraturas suplentes ya estaba afectando el funcionamiento de la jurisdicción constitucional, recordando que durante 2025 estas participaron en la resolución de aproximadamente 43.144 expedientes y que existían al menos 87 asuntos pendientes por dificultades para integrar el Tribunal. Asimismo, alertó que esa situación comprometía el derecho de acceso a una justicia pronta y efectiva y podía vulnerar obligaciones internacionales del Estado costarricense en materia de derechos humanos.
En la resolución de admisión, la Sala Constitucional resume los argumentos planteados por las recurrentes. Entre ellos destaca que las magistraturas suplentes constituyen una garantía indispensable para asegurar la continuidad del servicio público de justicia constitucional cuando magistraturas propietarias se encuentran incapacitadas, recusadas, de vacaciones, con licencia o enfrentan otros impedimentos temporales. También señala que la omisión legislativa denunciada podría poner en riesgo el acceso efectivo de la ciudadanía a la tutela judicial de sus derechos fundamentales.
El recurso sostiene que la Asamblea Legislativa no puede convertir una competencia constitucional de nombramiento en un bloqueo indefinido mediante sucesivas postergaciones, votaciones fallidas o devoluciones de nóminas, pues ello afecta no solo al Poder Judicial sino a toda persona que pueda requerir protección constitucional frente a una eventual vulneración de sus derechos.
La admisión del recurso no resuelve aún el fondo del asunto, pero representa un paso relevante dentro del proceso impulsado desde la ciudadanía para procurar que se garantice el funcionamiento pleno de la Sala Constitucional y, con ello, la protección efectiva de los derechos fundamentales de la población.
En política estatal resulta en un contrasentido -al menos a nivel práctico- decir que se es conservador en lo social y liberal en lo económico, porque es interseccional y no va desligado uno del otro. Para que la ciudadanía tenga una buena vida requiere una economía estable y políticas de reducción y migración de desigualdades; la política económica está estrictamente ligada a lo social.
A propósito de lo anterior, propongo el análisis de ciertos temas que forman parte de la discusión política y legislativa en Costa Rica.
Por un lado, las jornadas 4×3 se vienen impulsando desde hace más de 20 años, el poner en la mesa un proyecto no estudiado verdaderamente a fondo que, en ciertas aristas socava los derechos del tico promedio a favor de empresarios no es nada por celebrar, a pesar de que tenga un apoyo popular. El apoyar proyectos de este tipo (tal y como fue propuesto por la diputada Daniela Rojas) no representan verdaderamente una ventaja competitiva. En el cuatrienio pasado nunca se indicaron ni se demostraron estudios o análisis que demostraran una relación causa-efecto entre la aprobación de jornadas de 4×3 con el arribo al país de las empresas transnacionales y la generación de nuevos empleos. Se utilizó como estrategia argumentativa el hecho de que “vamos atrasados” en la región, en lo que compete a normas que impulsen la competitividad. Sin embargo, los ejemplos utilizados corresponden a países que, al día de hoy, poseen una legislación laboral más laxa respecto a los derechos laborales de las personas trabajadoras. Se menciona lo anterior debido a que el origen del Derecho Laboral es sopesar las desigualdades naturales que existen entre los patronos y los trabajadores. En una relación laboral se enfrentan intereses contrapuestos, el trabajador busca siempre ganar más y (de ser posible) trabajar menos. Por otro lado, el patrono busca gastar menos y producir más. La historia ha demostrado que cuando no se le establecen límites a los grandes empresarios pueden ocurrir grandes abusos causados por la desventaja y la relación de poder que existe entre la parte trabajadora y la empleadora, por lo que el Derecho Laboral ha ido dignificando poco a poco el trabajo y otorgando mejores condiciones (días de descanso, jornadas de 8 horas, vacaciones, aguinaldo, etc.). Cabe reflexionar si verdaderamente estas propuestas son para el beneficio del pueblo o de unas pocas élites. Es importante analizar a fondo estas reformas estructurales dentro de nuestros códigos.
Luego, el crecimiento del PIB no es el indicador más adecuado para medir la calidad de vida del ciudadano costarricense promedio, debido a que es una estadística que corresponde a un factor macroeconómico, que no necesariamente corresponde a lo micro. No hay un aumento real de nuestros ingresos que se refleje con una mejor calidad de vida. Dentro de la región latinoamericana, Costa Rica tiene uno de los salarios más altos, sí, pero también es de los países con el costo de vida más elevado. El disfrutar de una buena calidad de vida no corresponde a la mayoría del país. Se resalta esto porque, en mínimas condiciones -salario base- no basta con dicho salario para satisfacer las necesidades personales y familiares. Costa Rica dejó de ser un país de clase media por uno que, con el paso del tiempo, ahonda en las desigualdades. Vivimos en un Estado de economías paralelas, donde los indicadores macroeconómicos nos hacen parecer una potencia, pero el ciudadano de a pie con costos llega a fin de mes.
Por otro lado, el endurecimiento de penas llama mucho la atención, de hecho, Costa Rica es uno de los países latinoamericanos con las penas más largas y de los países que más duro castiga en la región. No es necesario ser penalista para saber que subir las penas no reduce la delincuencia, lo que sí lo reduce es la efectividad de las sanciones. Es decir, que el Estado castigue cuando corresponda y que sea esperable de la ciudadanía que el Estado persiga y sancione las conductas antisociales, evitando la impunidad. Al Poder Judicial le corresponde actuar cuando los hechos ya pasaron, cuando ya es demasiado tarde y la prevención falló. Por lo cual, corresponde en un grave error el responsabilizar al Poder Judicial por la tarea preventiva, la cual le corresponde al Poder Ejecutivo mediante la implementación de políticas sociales, culturales y académicas en beneficio de la población. Es la educación e inserción social lo que corresponde al Poder Ejecutivo para prevenir la delincuencia y que, particularmente las personas jóvenes no vean en bandeja de plata el integrarse a la delincuencia organizada.
Es importante traer a la mesa dichos temas de relevancia cuando en la agenda legislativa las conferencias presidenciales de los miércoles y las discusiones del día a día nos abarrotan con información sobre distintos temas. Esperamos como ciudadanos que las diputaciones y Presidencia verdaderamente trabajen en conjunto por el bien del país. Esto porque, mientras los ciudadanos ansiamos reformas y nuevas políticas, dentro de la Asamblea Legislativa las fracciones pelean entre sí. Es menester recordar que son delegados del pueblo, elegidos mediante elecciones populares para manifestar la voluntad del soberano, que reside en la ciudadanía. Cuando se aprueban iniciativas trabajadas entre las diversas fracciones es cuando -generalmente- se aprueban las mejores normativas, debido a que pasan por un minucioso filtrado de diversas ideologías y posiciones. También quisiera llamar a la ciudadanía a fiscalizar la labor de los mandatarios, porque el poder no es el mismo cuando sabe que lo observan, que cuando no.
Las personas que asistan de forma presencial al XI Congreso Iberoamericano sobre Turismo Sustentable se encontrarán en el Campus Liberia de la Sede Regional Chorotega de la UNA, entre el 21 al 25 de setiembre de 2026.
Investigadores, docentes, estudiantes y profesionales de distintos países se reunirán, de manera presencial y virtual, con motivo del XI Congreso Iberoamericano sobre Turismo Sustentable (XI CITS-UNA 2026), un encuentro académico en el que se van a intercambiar experiencias y resultados de investigación relacionados con el desarrollo sostenible del turismo. El evento será del 21 al 25 de setiembre de 2026 y en su formato presencial tendrá por sede el Campus Liberia de la Sede Regional Chorotega de la Universidad Nacional (UNA).
En la organización, además de la UNA, participan la Red Iberoamericana de Medio Ambiente (REIMA) y la Pan American Foundation for International Cooperation for Sustainable Development (PAFICSD) de Canadá, así como instituciones académicas y organizaciones especializadas de Estados Unidos, Ecuador y México
De acuerdo con la organización, el objetivo del encuentro es propiciar el intercambio de conocimientos y experiencias sobre prácticas de turismo sustentable en América Latina, el Caribe y Europa, y promover espacios de diálogo académico que contribuyan al fortalecimiento de modelos turísticos vinculados con la sostenibilidad ambiental, el desarrollo local y la gestión responsable de los recursos naturales y culturales.
El programa científico contempla conferencias magistrales, presentaciones orales, sesiones de póster y cursos de posgrado. Además, busca fomentar la cooperación entre universidades, centros de investigación, organismos internacionales y profesionales vinculados con la planificación y gestión de destinos turísticos.
Entre las principales temáticas, se abordarán Modelos de gestión empresarial y sistemas turísticos para la comercialización de destinos, Productos turísticos en espacios naturales y culturales, Planificación estratégica y comunicación de marcas territoriales, Gestión del patrimonio natural y cultural, Turismo rural comunitario, así como las iniciativas relacionadas con el desarrollo local y el biocomercio.
Convocatoria abierta a ponencias
La organización mantiene abierta la recepción de trabajos académicos para investigadores, docentes, estudiantes de posgrado y especialistas interesados en presentar resultados de investigación, estudios de caso y experiencias relacionadas con el turismo sustentable.
Los resúmenes se pueden presentar en español, inglés o portugués, tanto para ponencias orales como para carteles científicos. Las propuestas deberán enviarse al correo electrónico info@environment-sustainability.com según el formato establecido por el comité organizador.
La fecha límite para la recepción de resúmenes es el 5 de agosto de 2026. Posteriormente, el Comité Científico evaluará las propuestas y comunicará los trabajos aceptados a más tardar el 15 de agosto de 2026. Cada contribución seleccionada será incorporada al programa científico oficial del congreso, con un espacio asignado para su presentación y defensa.
Las conferencias magistrales y las ponencias orales se proyectarán mediante videos previamente grabados, mientras que los carteles científicos deberán enviarse en formato digital. En todos los casos, los trabajos deberán incluir, de forma explícita, los objetivos, la metodología empleada y los principales resultados obtenidos.
El comité de honor del XI CITS-UNA 2026 está integrado por el rector de la Universidad Nacional, Jorge Herrera Murillo; la presidenta de REIMA, Diana Laura Tello Silva y el director ejecutivo de PAFICSD, Yordanis Gerardo Puerta de Armas. La organización local cuenta con la participación de académicos e investigadores de la UNA y representantes de instituciones colaboradoras de América y Europa.
Las personas interesadas en participar, ya sea como asistentes o ponentes, pueden encontrar más información sobre inscripciones, requisitos y programación en el sitio web oficial del congreso: https://reima-ec.org/xi-cits/
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
La reciente advertencia de la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, sobre la inviabilidad del recorte presupuestario del 5% impulsado por el Poder Ejecutivo no debe interpretarse como una simple discusión sobre números. Lo que realmente está en juego es la fortaleza de la democracia costarricense.
La Contraloría General de la República, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones constituyen los principales contrapesos del poder político. Su función no es respaldar al gobierno de turno, sino garantizar la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Cuando estas instituciones son debilitadas mediante recortes presupuestarios, quienes terminan pagando el costo son los ciudadanos. Una Contraloría con menos recursos reduce su capacidad para fiscalizar el uso de los fondos públicos y prevenir actos de corrupción.
Un Poder Judicial limitado financieramente incrementa la mora judicial, mientras que una Sala Constitucional saturada tarda más en resolver recursos de amparo y otros procesos que protegen los derechos de las personas y de las comunidades.
La historia demuestra que una de las formas más eficaces de concentrar poder no consiste en eliminar las instituciones de control, sino en reducir progresivamente su capacidad de funcionamiento. Sin recursos suficientes, estas instituciones pierden eficacia, aumenta la frustración ciudadana y luego resulta fácil desacreditarlas como organismos lentos e ineficientes.
Ese es el verdadero riesgo que enfrenta Costa Rica.
La austeridad fiscal es necesaria cuando responde a criterios técnicos y de eficiencia. Sin embargo, deja de ser una política responsable cuando se convierte en un mecanismo para debilitar la independencia de los órganos encargados de controlar al propio Estado.
La ciudadanía debe comprender que defender el presupuesto de estas instituciones no significa proteger privilegios burocráticos. Significa preservar los mecanismos que garantizan elecciones limpias, justicia oportuna, combate a la corrupción y respeto por el Estado de Derecho.
El presupuesto nunca debe utilizarse como un látigo político. Cuando los recursos públicos se emplean para presionar o limitar a los órganos de control, quienes finalmente pierden no son las instituciones, sino todos los costarricenses.
Una democracia sólida no se mide únicamente por la celebración periódica de elecciones, sino por la independencia y fortaleza de las instituciones que limitan el poder. Debilitarlas hoy puede tener consecuencias que lamentaremos durante muchos años.
El programa Alternativas, del Colectivo Reflexión – Acción, invita al panel «Evaluando la inteligencia artificial y el futuro humano: ¿estamos creando una herramienta… o un dios?», un espacio de reflexión sobre los alcances, riesgos y desafíos que plantea el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial.
La actividad se realizará el 10 de julio de 2026, a las 6:00 p.m. (-6 UTC), y será transmitida en vivo a través de Facebook Live, YouTube y Spotify.
El panel contará con la participación de tres personas invitadas provenientes de distintos campos del conocimiento.
Participará Maricela Pleités Díaz, máster en Recursos Humanos por la Universidad María Cristina Aguilera de España, licenciada en Administración Educativa por la UNED, licenciada en Docencia por la Universidad de San José, bachiller en Educación Religiosa por la Universidad Católica y psicóloga en formación.
También intervendrá Juan José Vásquez Pacheco, licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, especialista en resolución de conflictos y mediación, conferencista en derechos humanos, compliance e inteligencia artificial, profesor de la Universidad para la Paz de la Maestría Internacional en Datos e Inteligencia Artificial.
El tercer panelista será Christofer Bolaños Alvarado, licenciado en la Enseñanza de los Estudios Sociales y la Educación Cívica, actualmente cursa la maestría en Humanidades Digitales en la Universidad Internacional de La Rioja, con ocho años de experiencia docente.
El conversatorio busca propiciar una reflexión sobre el papel que desempeña la inteligencia artificial en la sociedad contemporánea y las implicaciones éticas, educativas, tecnológicas y humanas derivadas de su creciente desarrollo, y plantea la pregunta de si estas tecnologías deben entenderse únicamente como herramientas o si existe el riesgo de atribuirles un papel que transforme profundamente la relación entre las personas y la tecnología.
La transmisión también contará con el apoyo de las emisoras amigas Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía, Radio Revolución, Ondas de Alajuelita y Voces Libertarias.
La reciente circular del Ministerio de Educación Pública sobre neutralidad político-electoral en los centros educativos públicos, la directriz DM-CIR-0047-2026, merece un análisis sereno, pero también profundamente crítico. De entrada, debe reconocerse un punto elemental: las escuelas y colegios públicos no deben convertirse en tribunas de proselitismo partidario. Ninguna persona docente debería usar su posición institucional, sus clases, evaluaciones, actos cívicos, materiales educativos o recursos públicos para favorecer o desacreditar partidos, candidaturas o movimientos electorales.
Esa prohibición tiene fundamento jurídico. El artículo 146 del Código Electoral prohíbe a las personas funcionarias públicas dedicarse, durante la jornada laboral, a trabajos o discusiones de carácter político-electoral y usar el cargo para beneficiar a un partido político. En ese sentido, impedir el uso partidario del aula no solo es legítimo, sino necesario para resguardar la imparcialidad institucional.
Dicho esto, conviene advertir algo: no se recuerda en la historia reciente de la educación costarricense una circular con esta combinación de neutralidad político-electoral, vigilancia administrativa, advertencia disciplinaria y categorías tan abiertas como adoctrinamiento, captación ideológica o posiciones sectarias. Esta afirmación no pretende sostener que nunca haya existido algún lineamiento previo sobre imparcialidad educativa o electoral, sino subrayar que el alcance, el momento político y la carga disciplinaria de esta circular la vuelven especialmente preocupante.
Sin embargo, el problema empieza cuando la necesaria prohibición del proselitismo se expande hacia una zona mucho más ambigua: la del llamado “adoctrinamiento”, la “captación ideológica”, las “posiciones sectarias” o la exigencia de una supuesta “mediación pedagógica objetiva”. Ahí aparece la pregunta de fondo: ¿estamos ante una defensa legítima de la neutralidad electoral o ante una estrategia administrativa que podría inducir miedo, autocensura y empobrecimiento del pensamiento crítico en las aulas?
La Constitución Política garantiza que nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones, salvo que sus actos infrinjan la ley. También reconoce la libertad de enseñanza y establece que la dirección general de la enseñanza oficial corresponde al Consejo Superior de Educación. Además, aunque la libertad de cátedra está expresamente formulada para la enseñanza universitaria, su sentido democrático irradia una exigencia más amplia: la educación no puede reducirse a obediencia curricular ni a repetición acrítica de contenidos.
La Ley Fundamental de Educación refuerza esta idea. Su artículo 1 reconoce el derecho de toda persona a la educación y ordena estimular el aprecio por los derechos humanos, la diversidad lingüística, multiétnica y pluricultural del país. Su artículo 2 establece como fines de la educación costarricense formar ciudadanía consciente de sus deberes, derechos y libertades fundamentales, con responsabilidad y respeto a la dignidad humana, así como formar ciudadanos para una democracia.
Por eso, el derecho a la educación no se agota en recibir contenidos curriculares. La educación democrática exige formar ciudadanía capaz de comprender sus derechos, examinar el funcionamiento de las instituciones, contrastar la teoría constitucional con la realidad política y analizar críticamente los conflictos sociales. Enseñar el Estado social de derecho no puede consistir únicamente en describir cómo deberían funcionar las instituciones; también exige preguntar cómo funcionan realmente, dónde se debilitan, quiénes las atacan, qué intereses las condicionan y qué consecuencias tiene su erosión.
El artículo 39 de la Ley Fundamental de Educación es particularmente importante. Establece que ningún miembro del personal puede ser sancionado, trasladado, removido, suspendido o degradado por la expresión de sus ideas políticas o religiosas. La misma norma introduce un límite: dentro de las instituciones de enseñanza se prohíbe mantener discusiones o hacer propaganda sectaria o de política electoral. Esa distinción es decisiva. Una cosa es prohibir propaganda partidaria; otra muy distinta es inhibir la discusión crítica sobre asuntos públicos.
Aquí conviene recordar a Michael W. Apple. En Ideología y Currículo (1979), donde advierte que el currículo nunca es neutral: siempre selecciona ciertos conocimientos como legítimos, define qué preguntas son aceptables y desplaza otros saberes hacia los márgenes. Cuando una autoridad administrativa define qué cuenta como “objetivo” y qué puede ser denunciado como “ideológico”, no elimina la ideología; más bien puede imponer una forma específica de conocimiento oficial.
Desde Bourdieu y Passeron, en La reproducción (1977), el problema puede leerse como una forma de violencia simbólica. La dominación pedagógica no siempre necesita censurar abiertamente; puede operar haciendo que docentes y estudiantes interioricen los límites de lo decible. El docente aprende a no incomodar, a no problematizar, a no contrastar la norma con la realidad. La autocensura aparece entonces como prudencia profesional.
Gramsci también ayuda a comprender esta dinámica. En sus Cuadernos de la cárcel (1999), la escuela aparece como uno de los espacios donde se disputa la hegemonía cultural. Quien controla el sentido común controla buena parte de la vida democrática. Si la crítica se presenta como adoctrinamiento y la obediencia curricular como neutralidad, el aula deja de ser un espacio de formación ciudadana y se convierte en un lugar de reproducción acrítica del orden existente.
Foucault permite ver con claridad el mecanismo disciplinario. En Vigilar y castigar (1976), muestra que el poder moderno no actúa solo por prohibición directa, sino por vigilancia, registro, normalización y amenaza de sanción. No hace falta castigar masivamente. Basta con que cada docente sepa que puede ser observado, denunciado, documentado o investigado. El poder disciplinario funciona mejor cuando logra que las personas se vigilen a sí mismas.
Freire (1970) y Giroux (1988), permiten completar el argumento pedagógico. Para Freire, educar críticamente no es adoctrinar; es enseñar a leer el mundo. Para Giroux, las personas docentes no deberían ser tratadas como simples ejecutoras de programas oficiales, sino como intelectuales públicos comprometidos con la formación democrática. Desde esta perspectiva, una educación que evita toda problematización de la realidad no es neutral: es políticamente funcional al silencio.
El punto, entonces, no es defender el derecho de los docentes a hacer propaganda. Ese derecho no existe en el ejercicio de la función pública. El punto es defender el derecho del estudiantado a recibir una educación crítica y el deber profesional del docente de formar ciudadanía democrática. Hay una diferencia fundamental entre decir “voten por tal partido” y analizar críticamente una política pública, una sentencia, un discurso presidencial, una reforma legal, una protesta social o un proceso de erosión institucional.
Además, esta circular no debería analizarse de manera aislada. Aparece en un contexto político marcado por discursos de mano dura, cuestionamientos severos al Poder Judicial y propuestas que parecen trasladar al ámbito educativo una pedagogía del miedo. La idea de llevar niños, niñas y adolescentes a conocer cárceles como forma de prevención del delito ha sido cuestionada por organizaciones especializadas, precisamente porque sustituye la prevención social por el escarmiento y corre el riesgo de criminalizar a las juventudes empobrecidas o vulnerabilizadas.
En ese mismo clima, la Presidencia ha lanzado acusaciones graves contra el Poder Judicial, incluyendo afirmaciones sobre supuesta infiltración del crimen organizado y del narcotráfico “hasta el tuétano”, declaraciones que la Corte Suprema rechazó categóricamente, instando a presentar las denuncias correspondientes. También se han anunciado proyectos para “limpiar” el Poder Judicial y endurecer la respuesta penal.
Vista así, la circular del MEP puede ser leída como parte de una racionalidad más amplia: una forma de gobierno que prefiere aulas cautelosas, juventudes advertidas por el castigo y docentes vigilados por la amenaza disciplinaria. No se trata de afirmar que todos estos hechos formen una única operación coordinada. Pero sí es legítimo advertir que comparten un mismo horizonte: desplazar la formación crítica por la obediencia, la prevención social por el miedo y la deliberación democrática por el control.
Aquí la pregunta no es si el Estado debe impedir el proselitismo en las aulas. Por supuesto que debe hacerlo. La pregunta es si, bajo esa finalidad legítima, se está construyendo un dispositivo que vuelve sospechosa toda crítica al poder. Si un docente teme analizar la independencia judicial, la desigualdad, el deterioro de la institucionalidad, los discursos de odio, la política criminal de mano dura o la erosión democrática, entonces no estamos ante neutralidad: estamos ante silenciamiento preventivo.
La neutralidad electoral protege la democracia cuando impide el uso partidario del aula. Pero se convierte en amenaza cuando pretende neutralizar la crítica, despolitizar el pensamiento y reducir la educación cívica a repetición de contenidos. Una democracia no necesita aulas silenciosas; necesita aulas capaces de pensar, preguntar y discutir con rigor.
Por eso esta circular debe interpretarse restrictivamente. Su alcance legítimo debería limitarse a impedir propaganda electoral, presión partidaria sobre estudiantes y uso indebido de recursos institucionales. Cualquier aplicación que inhiba el análisis crítico de la realidad nacional sería contraria al sentido democrático de la educación costarricense.
Quedan, entonces, algunas preguntas incómodas:
¿Se considera “adoctrinamiento” que una persona docente analice críticamente el debilitamiento de los servicios públicos, pero no se considera pedagogía ideológica llevar adolescentes a cárceles para enseñarles el miedo como prevención?
¿Se prohíbe politizar el aula, pero se autoriza que el Estado utilice el sistema educativo para naturalizar políticas penales de mano dura?
¿Se exige neutralidad a docentes de secundaria, mientras desde las más altas autoridades se lanzan acusaciones generalizadas contra uno de los poderes de la República?
¿Puede enseñarse el Estado social y democrático de derecho sin examinar los ataques a la independencia judicial, la concentración de poder o la criminalización de las juventudes empobrecidas?
¿Quién define qué es “objetivo” en el aula: el currículo democrático, la Constitución, la ley, la evidencia científica o el temor administrativo a incomodar al poder?
El peligro no está solo en lo que la circular dice. Está en lo que puede hacer que las personas docentes dejen de decir. Y cuando una sociedad empieza a educar desde el miedo, el problema ya no es únicamente pedagógico: es democrático.
Aunque parezca inaceptable, en pleno siglo de los avances tecnológicos, se sabía con más de una semana de antelación que Estados Unidos, actuando como el viejo zorro que es, entró en todos los gallineros encontrados a su paso para acallar cualquier cacareo entre sus asustadizas aves, ya esterilizadas y sin capacidad de posturas, desde hace años.
Según dicha información, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, envió un cable diplomático a sus embajadas para presionar a gobiernos de todo el mundo e impedir que Naciones Unidas celebre una sesión para debatir sobre la agresión económica a la que Washington somete a Cuba.
La fuente original proviene del estadounidense diario The Nation – fundado en 1865 y editado en Nueva York – cuando reveló los pormenores del cable filtrado, el cual confirma las denuncias de Cuba sobre la política agresiva de Estados Unidos que incluye un cerco energético.
Según el artículo, el documento ordena a las embajadas estadounidenses presionar a sus países anfitriones para oponerse al debate solicitado por Cuba en la Asamblea General de la ONU.
La reunión de la ONU se realizó el pasado 7 de julio y a pesar de los intentos de la delegación estadounidense de evitar el análisis del tema, el debate recibió el respaldo de 136 naciones, con solo nueve votos en contra y 30 abstenciones.
Costa Rica votó en contra de abrir el debate, en torno sí esta práctica que incluye medicinas y comercio, abarcando energéticos, atenta contra el Derecho Internacional y los derechos humanos.
Con plena sumisión diplomática a Washington, votaron igual que nuestro país, los mismos Estados Unidos, Argentina, Israel, Marruecos, República Checa, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, encabezó la delegación de su país, anunciando que presentará una denuncia formal contra las acciones agresivas de Washington, incluido el cerco energético que ha puesto en riesgo servicios esenciales como la salud, la alimentación y el transporte, agregó.
Las naciones Unidas discutirán los estragos ocasionados a Cuba por el antijurídico bloqueo comercial. Nuestro país apoyó al estadounidense. (F. Prensa Latina).
Diversos medios de prensa recogieron la versión del jefe de la diplomacia cubana, que calificó como «un acto de guerra» el cerco energético impuesto por Estados Unidos contra la isla caribeña.
Durante su intervención, el canciller cubano afirmó que las restricciones han agravado la crisis energética que enfrenta el país y reiteró el llamado de La Habana para que se levanten las sanciones estadounidenses.
Tras el triunfo diplomático cubano, un periódico digital suizo recogió declaraciones del canciller Rodríguez, en el sentido que el « Gobierno de Estados Unidos impone a Estados soberanos que abandonen su relación con Cuba no por interés propio ni por desventajas comerciales, sino por el dictado de un régimen ajeno, que se supone que no tenga jurisdicción ni autoridad sobre la actividad de ciudadanos y empresarios fuera de sus fronteras», apostilló; (ver: https://www.swissinfo.ch/spa/ee.uu.-se-opone-sin-%C3%A9xito-a-debate-sobre-bloqueo-a-cuba-en-la-asamblea-general-de-la-onu/91712237).
El diplomático caribeño hizo también referencia a la reacción fúrica de la Casa Blanca poco después de conocer la aplastante derrota propinada por la Asamblea General de la ONU aquel 7 de julio.
Los diplomáticos norteamericanos acreditados en la ONU recurrieron al viejo relato para matizar la arcaica justificación a favor del bloqueo. Acudieron a la argucia que Cuba tiene cientos de presos políticos, no respeta los derechos humanos etc.
El Gobierno de Cuba lleva registrados daños por el bloqueo estimados entre marzo de 2025 y febrero de 2026 por el orden de $8.103 millones de dólares.
Esta cifra representa un incremento del 7% respecto al periodo anterior y eleva el impacto acumulado histórico a más de $178.700 millones de dólares a precios corrientes.
¡Este zorro no cambia las mañas ¡!Tampoco sus gallinas!
*Periodista, abogado y notario por la UCR, miembro del Comité Bolivariano de Solidaridad Yamilet López.
Es claro que el fútbol no es únicamente un deporte.
Para grandes grupos económicos y financieros es un gran negocio: una industria global donde los clubes se compran y venden como activos, los jugadores se cotizan como mercancías y las aficiones se transforman en audiencias cuyo principal valor es el consumo.
Esta lógica del poder corporativo convierte al fútbol en escenario de competencia geopolítica.
La patética intromisión de Donald Trump, imponiendo la reincorporación del nigeriano Balogun (pese a su tarjeta roja, bien ganada), ilustra los ribetes incluso totalitarios de esta apropiación del fútbol.
Estados, fondos de inversión, plataformas digitales y patrocinadores disputan influencia, mercados y prestigio utilizando el deporte como instrumento.
El espectáculo crece, pero también la concentración de la riqueza, la desigualdad entre clubes, la explotación del talento juvenil y la distancia entre quienes controlan el negocio y quienes mantienen vivo el fútbol desde las comunidades.
Sin embargo, esa no es la única historia posible. El fútbol pertenece también a los pueblos, no solo a los imperios.
Antes que industria multimillonaria, el fútbol siempre ha sido un juego compartido en barrios, escuelas, plazas y comunidades.
Allí sigue conservando su mayor riqueza: la capacidad de reunir personas, fortalecer vínculos, enseñar cooperación y construir identidad colectiva.
Cada cancha comunal muestra que el verdadero valor del deporte no se mide por los derechos de transmisión ni por el precio de un fichaje, sino por las oportunidades que crea para convivir, aprender y crecer juntos.
Por eso siempre es momento de recuperar el sentido comunitario del fútbol: fortalecer clubes barriales, ligas locales, escuelas deportivas y proyectos donde el deporte sea un derecho y no un privilegio.
Necesitamos organizaciones más democráticas, políticas públicas que prioricen la inclusión y una ciudadanía dispuesta a defender el fútbol como un bien común.
Fortaleciendo su poder comunitario, el fútbol seguirá siendo lo que siempre ha sido: una escuela de solidaridad, democracia popular y vida compartida.
Le pregunto, ¿es usted madre o es que oí mal cuando alguna vez alguien leía su hoja de vida?
Le hago la pregunta porque después de escuchar sus controvertidas declaraciones en relación con los niños de barrios marginales, necesito saber qué preferiría la presidenta de este país: ¿Llevar a su hija a visitar escuelas remodeladas, con baños pulcros y campos de juego, teatros al aire libre en parques seguros, bibliotecas públicas con libros hermosos, llenos de mensajes constructivos?…
¿O prefiere llevarla a visitar cárceles inmundas, malolientes, a que vea rostros deformados por el crimen y el hambre?
Laura Virginia, entienda señora: el crimen se combate creando oportunidades, sembrando ejemplos, fortaleciendo la educación; no castigando en mega cárceles.
La Vicerrectoría de Extensión y Vinculación Territorial, por medio del Programa de Gestión Local de la UNED, invita a participar en el seminario virtual «La Noviolencia Activa», una actividad abierta dirigida a personas interesadas en la promoción de la cultura de paz y la prevención de la violencia.
De acuerdo con la persona organizadora del seminario, el objetivo principal de esta actividad es abordar el tema de la violencia, la cultura de paz y la Noviolencia Activa como estrategias metodológicas para enfrentar la violencia estructural, tanto a nivel individual como colectivo.
El seminario se realizará el miércoles 8 de julio, a las 6:00 p.m., en modalidad virtual mediante la plataforma Microsoft Teams.
La actividad está a cargo del Programa de Gestión Local de la UNED y la profesora Michelle Castro M. figura como encargada. Para consultas se encuentra disponible el número telefónico 8867-7687.
Las personas organizadoras extienden una cordial invitación al público en general e instan a compartir la convocatoria con otras personas, organizaciones y grupos interesados, con el fin de ampliar la participación en este espacio de formación y reflexión.
Las personas interesadas pueden incorporarse al seminario mediante el siguiente enlace:
