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Autor: María José Ferlini Cartín

Guyana vs. Venezuela: iniciaron audiencias orales en la Corte Internacional de Justicia

Escrito en . Publicado en Análisis.

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, UCR
nboeglin@gmail.com

El pasado 4 de mayo, iniciaron en La Haya, en la majestuosa sala de audiencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), las audiencias orales en el marco del procedimiento contencioso iniciado por Guyana contra Venezuela.

Cabe recordar que la demanda sobre esta antigua controversia territorial irresuelta heredada del siglo XIX, fue presentada formalmente por Guyana ante la CIJ en el mes de marzo del 2018.

Estas audiencias orales constituyen la última etapa procesal de ambos Estados antes de escuchar la lectura final del fallo sobre el fondo por parte de la CIJ.

El contexto político del 2017-2018 en breve

Esta controversia territorial, como tuvimos la ocasión de señalarlo en el 2018, tiene un fuerte olor a petróleo y es posiblemente la primera vez en toda la historia de la CIJ que una empresa petrolera norteamericana anuncia públicamente asumir los costos de la defensa legal de un Estado en La Haya (Nota 1), estimados en unos 15 millones de US$ para cada uno de los Estados (Nota 2).

Como elemento adicional para entender mejor la fuerte contienda entre el secretario de Estado de Estados Unidos en el 2017 (Rex Tillerson) y las máximas autoridades de Venezuela, hay que añadir el siguiente hecho: Venezuela logró en marzo del 2017 que un tribunal arbitral de apelación anulara parcialmente los términos de una decisión inicial de un tribunal arbitral del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estados) del 2014. Esta última condenaba a Venezuela a pagar más de 14.000 millones de US$ a Exxon Mobil y a sus asociados en Venezuela por las nacionalizaciones ordenadas a partir del 2007 (véase texto del laudo). El texto completo de esta segunda decisión del CIADI, de marzo del 2017, muy pocamente divulgada, está disponible en este enlace. Revisar un monto indemnizatorio por más de 14.000 millones de US$ para ordenar en su lugar el pago de 188 millones merecía, en nuestra opinión, una mayor difusión en medios de prensa y en algunos círculos especializados en materia de arbitraje de inversión; además de un estudio pormenorizado sobre el estado de ánimo de los directivos de Exxon Mobil, cuyo CEO fue designado Secretario de Estado en Estados Unidos en enero del 2017 (y “agradecido” vía un simple tweet presidencial en marzo del 2018: véase nota de la BBC).

Si nuestros estimables lectores ignoraban que un tribunal de apelación del CIADI le había dado razón a Venezuela en marzo del 2017 revisando sustancialmente el monto de 14.000 millones fijados previamente como indemnización a Exxon Mobil, no deben preocuparse: usualmente las decisiones del CIADI desfavorables para el inversionista extranjero pasan casi desapercibidas.

Lo que está en juego para Venezuela y para Guyana

El fuerte olor a petróleo probablemente no logre ingresar del todo en la sala de audiencias de la CIJ en La Haya, debiendo cada una de las partes limitarse a invocar aspectos históricos y jurídicos ante los quince jueces de la CIJ para determinar quién tiene la titularidad sobre una superficie de unos 159.000 kilómetros cuadrados.

Mientras que Guyana ha solicitado en su demanda a la CIJ confirmar la plena validez de un laudo arbitral que data de 1899 (véase texto de dicho laudo), muy favorable a Inglaterra, Venezuela cuestiona la validez de esta decisión arbitral, luego de descubrirse en 1949 un documento confirmando el contubernio existente entre el presidente de aquel tribunal arbitral (un ruso) con los integrantes ingleses y norteamericanos del mismo (Nota 3), y luego de suscribir Guyana y Venezuela en 1966 un acuerdo en Ginebra (véase texto) para buscar una solución acordada entre ambos Estados a esta controversia territorial, heredada de la época colonial.

Darle plena validez (o no) a un despojo territorial a Venezuela revestido de laudo arbitral, negociado entre Estados Unidos e Inglaterra al final del siglo XIX, es lo que se discute desde el 4 de mayo del 2026 en La Haya.

Desde el punto de vista territorial, esta controversia constituye un caso atípico: a diferencia de las numerosas controversias territoriales que han sido llevadas al conocimiento de la CIJ desde su creación en 1945, en juego está una extensión de territorio que multiplicaría por más de dos la actual extensión territorial de Guyana.

Mapa de la denominada «Guayana Esequiba», tal y como se designa en Venezuela, extraído de esta nota de prensa titulada «Venezuela acusa a Guyana de depredar territorio en disputa y robar petróleo, gas y oro», El Carabobeño, en su edición del 15 de enero del 2025

No está de más indicar el carácter bastante insólito en cuanto a la composición del tribunal que dictaminó el laudo en 1899 entre Inglaterra y Venezuela en la historia del arbitraje inter-estatal: un ruso (presidente), dos ingleses y dos norteamericanos. Usualmente, en materia arbitral, si el árbitro es un órgano colegial, los dos Estados designan cada uno a juristas de su nacionalidad para integrarlo.

Mientras que Guyana intentará hacer ver algunas contradicciones dentro del aparato diplomático de Venezuela a lo largo de la historia, así como algunas inconsistencias más recientes observadas en la misma defensa de Venezuela desde el 2019 ante la CIJ, varios documentos adicionales de archivos históricos aportados por Venezuela buscarán posiblemente demonstrar el sesgo del procedimiento arbitral «negociado» entre Estados Unidos e Inglaterra a finales del siglo XIX. Es muy probable que Venezuela haga también ver en estas audiencias del 2026 que documentos en posesión de Estados Unidos y del Reino Unido que datan de finales del siglo XIX persisten en la actualidad en no ser desclasificados.

Las audiencias orales en breve

La larga lista de asesores internacionales contratados para la ocasión por Guyana así como por Venezuela aparece en las primeras páginas de los verbatim de este 4 de mayo (véase verbatim correspondiente a la sesión de la mañana y verbatim correspondiente a la sesión de la tarde, correspondientes ambas a la exposición hecha por Guyana).

En el segundo día de audiencias fue Venezuela la llamada a comparecer (véase verbatim de la sesión de la mañana y verbatim de la tarde).

Durante las audiencias orales, el Estado demandante (Guyana en este caso) es el que presentó inicialmente sus argumentos, seguido luego de la exposición oral de los contra argumentos presentados por el Estado demandado (Venezuela); para concluir con una segunda ronda de alegatos de cada una de las dos partes.

Como lo indica la práctica del litigio internacional ante la CIJ, las audiencias orales, que son públicas, permiten conocer los mejores argumentos de cada una de las partes, usualmente invocados tan solamente en este momento procesal y no antes, al constituir las audiencias orales la última recta de un procedimiento contencioso: en efecto, al cabo de estas audiencias, la CIJ entrará a deliberar y a elaborar su fallo final sobre el fondo.

Para esta contienda, cada una de las partes designó a un juez ad hoc, Guyana optando por un jurista alemán, y Venezuela por un jurista belga, quien fungió durante muchos años (2000-2019) como secretario de la misma CIJ.

Este 8 de mayo, Guyana presentó sus alegatos finales y sus conclusiones y petitoria final (estas últimas disponibles en las páginas 66-67 del verbatim). Se prevé que Venezuela hará lo mismo el 11 de mayo cerrando de esta manera estas audiencias e iniciando la CIJ el «délibéré«.

El historial de decisiones de la CIJ entre Guyana y Venezuela (en muy breve)

Cabe recordar que Guyana presentó su demanda inicial el 29 de marzo del 2018 (véase texto), optando en aquel momento Venezuela por no comparecer ante la CIJ, en señal de rechazo a esta acción unilateral de Guyana, desafiando a su manera la autoridad de la CIJ.

En las audiencias orales realizadas en junio del 2020, únicamente participó la delegación de Guyana (véase verbatim) en presencia del juez ad hoc de Guyana, Venezuela optando por no hacerse presente ni designar a un juez ad hoc. ¿Qué ganó Venezuela? No mucho: tuvimos la ocasión de advertir en su momento de lo improductivo que resulta el optar por la no comparecencia en La Haya, al privarse el mismo Estado de presentar sus contra argumentos a los jueces de la CIJ desde un inicio (Nota 4). En julio del 2020, Venezuela remitió una carta a la CIJ (véase texto) con argumentos que debió presentar en las audiencias a las que optó por no participar.

Como previsible, el 18 de diciembre del 2020, la CIJ se declaró competente para conocer la demanda de Guyana (véase sentencia, en particular el párrafo final operativo 138), completada por una decisión adicional en el 2023 al haber Venezuela presentado de manera tardía una excepción preliminar (véase sentencia del 6 de abril del 2023, en particular el párrafo final operativo 108). Habíamos tenido la oportunidad de analizar el verdadero giro en la estrategia legal de Venezuela, observado en el 2022: véase al respecto la sub-sección “La estrategia escogida por Venezuela y el giro operado en junio del 2022” de una nota nuestra (Nota 5).

Es de notar, con relación a la decisión del 18 diciembre del 2020, que fueron cuatro los integrantes de la CIJ en sostener que la CIJ no debía declararse competente: al respecto sus declaraciones y sus opiniones individuales merecen lectura. Tal y como tuvimos la ocasión de indicarlo al analizar esta decisión y revisar la advertencia lanzada por estos cuatro jueces,

«Siendo el principio del consentimiento previo de los Estados la piedra angular sobre la que ha reposado desde siempre la justicia internacional, estos cuatro jueces advierten, cada uno a su manera, del riesgo que conlleva para la credibilidad de la CIJ el razonamiento seguido por la mayoría de sus colegas en este fallo» (Nota 6).

En una decisión posterior preliminar (ordenanza), la CIJ respondió afirmativamente a una solicitud de medidas provisionales de carácter urgente, interpuesta por Guyana contra Venezuela, al anunciar Venezuela proceder a una consulta popular dentro del territorio en disputa (véase ordenanza del 1ero de diciembre del 2023, en particular el párrafo operativo final 45).

El plazo que separa una demanda de la lectura de una sentencia de la CIJ sobre el fondo

La indecisión inicial de Venezuela, aunada a la presentación tardía de excepciones preliminares de su parte, explica el extenso tiempo que separa estas audiencias orales sobre el fondo (mayo del 2026) de la demanda inicial interpuesta por Guyana (marzo del 2018).

Usualmente, si no hay incidentes procesales de este tipo (presentación de excepciones preliminares, solicitud de medidas provisionales, …), el plazo entre una demanda contenciosa y la lectura de un sentencia sobre el fondo es de unos cuatro años e incluso menos: fue, por ejemplo, el caso de la demanda interpuesta por Costa Rica contra Nicaragua sobre derechos de navegación en el Río San Juan, interpuesta en noviembre del 2005 y resuelta por la CIJ en el mes de julio del 2009 (véase sentencia), de manera muy desfavorable para Costa Rica (Nota 7). De igual manera, la demanda de Costa Rica contra Nicaragua en materia de delimitación marítima presentada en febrero del 2014 fue resuelta en febrero del 2018 (véase sentencia de la CIJ).

En cambio, cuando el Estado demandado recurre a diversos incidentes procesales y además, solicita la intervención de Estados terceros que acceden a intervenir de manera tardía, el plazo se extiende significativamente: fue el caso de la demanda interpuesta en diciembre del 2001 por Nicaragua contra Colombia con relación al sus derechos en el Mar Caribe, resuelta tan solo en el mes de noviembre del 2012 (véase sentencia). Nótese que a raíz de este fallo, Colombia procedió a hacer algo que nunca ningún Estado había hecho: denunciar un emblemático tratado que lleva el nombre de su capital. Al respecto, tuvimos la ocasión de señalar que:

» Ce retrait de la part de la Colombie du Pacte de Bogota ressemble davantage à un coup de tête et à une manœuvre politique pour répondre à la frustration de l´opinion publique colombienne qu´à un acte juridique raisonné et raisonnable. Il serait d´ailleurs souhaitable de comparer cette attitude à d´autres modalités prises par des Etats « à chaud » suite à une décision de la CIJ considérée comme leur étant défavorable (notamment lorsqu´il s´agit d´un Etat puissant au plan militaire ou économique qui voit ses ambitions limitées para une décision de la CIJ à la demande d´un Etat qui l´est beaucoup moins). Au-delà de cet exercice de politique juridique comparée, il sied de noter qu´avec ce retrait, la Colombie devient probablement le premier Etat au monde à dénoncer un traité international portant le nom de sa capitale » (Nota 8).

A modo de conclusión

Esta recta final de este procedimiento contencioso debería permitir a la CIJ pronunciarse sobre una de las últimas controversias territoriales no resueltas en el continente americano, heredada del siglo XIX entre Venezuela e Inglaterra, con una decisión arbitral bastante cuestionable, dictaminada en 1899 en favor de Inglaterra.

Cabe recordar que es precisamente a raíz de esta mala experiencia vivida en 1899 en materia arbitral, y la sensación de haber sido burlada, que Venezuela históricamente se ha mostrado extremadamente reticente y distante con la justicia internacional de La Haya: esta posición explica que, pese a haber firmado el Pacto de Bogotá en 1948, Venezuela nunca lo haya ratificado (véase estado oficial de firmas y ratificaciones).

Es de notar que la situación de indeterminación entre Guyana y Venezuela sobre la titularidad de esta extensa zona boscosa desde hace tantos años, ha permitido frenar cualquier megaproyecto de inversión y frenar los apetitos de unos y otros por explotar los recursos naturales existentes, resguardando de esta manera la prodigiosa biodiversidad existente y los paisajes naturales de lo que en Venezuela se denomina la “Guayana Esequiba”.

Foto de las cataratas de Kaieteur en el río Potaro, región que en Venezuela se denomina la «Guayana Esequiba». Imagen extraída de esta nota de prensa titulada «El Esequibo, una joya inundada de petróleo que se disputan Venezuela y Guyana», El Clarín, edición del 29/06/2020. Un video sobre estas majestuosas cataratas está también disponible en este enlace.

Es de notar que el 3 de enero del 2026, Venezuela sufrió una agresión militar y el secuestro de su máxima autoridad por parte de Estados Unidos, en abierta violación a las reglas más elementales del ordenamiento jurídico internacional (Nota 9): a la fecha (mayo del 2026), Venezuela no ha considerado oportuno presentar ninguna acción contra Estados Unidos, ni ha propuesto un solo proyecto de resolución en Naciones Unidas a ser votado en la Asamblea General o a discutirse en el Consejo de Seguridad (de manera a exponer a la delegación de Estados Unidos). Una actitud que contrasta singularmente con la de Ucrania, que luego de la agresión militar que inició Rusia en su contra el 24 de febrero del 2022, ha recurrido a los diversos órganos de Naciones Unidas, así como a la CIJ e incluso a la Corte Penal Internacional (CPI); ello sin olvidar de mencionar, más cerca de nosotros, la ejemplar batalla legal que Nicaragua emprendió en La Haya en los años 80 contra Estados Unidos por adiestrar, financiar y asesorar militarmente a fuerzas contra insurgentes desde Costa Rica y Honduras, logrando obtener a su favor una histórica decisión de la CIJ condenando a Estados Unidos (véase sentencia de junio de 1986).

En sus alegatos ante los jueces de La Haya, Venezuela invocó los efectos negativos de la doctrina Monroe del siglo XIX, que explican la forma expedita y sumamente sospechosa con la que el tribunal arbitral resolvió la controversia entre Inglaterra y Venezuela en 1899. Al ser la Venezuela del 2026 víctima de la denominada doctrina Donroe, la referencia hecha no deja de ser llamativa.

Cabe también señalar que estas audiencias orales de este mes de mayo del 2026 fueron precedidas de unas pocas semanas por el 80 aniversario de la CIJ, una fecha pasada prácticamente desapercibida en América Latina y en otras latitudes del mundo, tal y como tuvimos la ocasión de señalarlo en una nota al respecto (Nota 10).

No está de más precisar que, en el marco de la contienda de Irán contra Estados iniciada en el 2018 para recuperar los activos iraníes congelados en bancos norteamericanos, en el 2023, la CIJ le dio la razón a Irán, y, el 25 de febrero del 2026, la CIJ inició la fase de compensación mediante una ordenanza (véase texto en francés y en inglés): tres días después, Estados Unidos e Israel iniciaron su improvisada acción militar contra Irán.

– – Notas – –

Nota 1: Tuvimos la ocasión de señalar en una nota nuestra que: «es de notar que los costos de Guyana en La Haya serán cubiertos por la empresa norteamericana Exxon Mobil (véase nota de prensa del medio guyanés Oilnow). Es probablemente la primera vez en la historia de la CIJ que una empresa privada hace público su intención de sufragar los gastos de defensa en La Haya de un Estado (y que este último consiente a ello). En este caso, las autoridades guyanesas estiman el costo en La Haya en unos 15 millones de US$ (véase nota de prensa y este artículo en el que se hacen interesantes preguntas sobre el monto y los tiempos con los que fue anunciada la contribución de la empresa petrolera). En esta nota oficial del 28 de abril del 2018 de las autoridades de Guyana, se precisa que «Government had announced that some US$15M of the US$18M signing bonus received from ExxonMobil in 2016 will be used as payment for services relative to the ICJ case»«: véase BOEGLIN N., «.La ordenanza de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con relación a la súbita demanda de Guyana contra Venezuela: apuntes», 2 de julio del 2018. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 2: En el 2018, en Chile se estimó a 24 millones de US$ lo gastado para enfrentar la demanda interpuesta por Bolivia ante la CIJ (véase nota de prensa y esta otra publicada en Bolivia). Por su parte, Colombia, al obtener el retiro de la demanda planteada por Ecuador ante la CIJ por aspersiones químicas aéreas interpuesta en el 2008, optó por depositar a Ecuador en el 2013 la suma de 15 millones de US$ (que incluye, entre otros, los gastos de Ecuador en el procedimiento ante la CIJ – ver punto 9 del acuerdo entre Colombia y Ecuador del 9/09/2013)

Nota 3: Ante los jueces de la CIJ, este 6 de mayo, uno de los asesores legales de Venezuela explicó que: «Le fait est que c’est à partir de ce mémorandum que le Venezuela a considéré qu’il disposait d’une première preuve directe de ce qui n’était jusque-là que rumeurs, à savoir que l’arbitrage de 1899 était une sordide farce. La question de la solidité de cette preuve est indifférente à cet égard mais, et j’y reviendrai, le témoignage de Mallet-Prevost est inattaquable quant aux faits qu’il décrit, comme le professeur Tams l’a déjà démontré» (véase verbatim del 6 de mayo, página 62). Indicó además que «81. N’en déplaise au Guyana, le mémorandum Mallet-Prevost a changé le cours des choses en ouvrant la voie vers la mise à jour d’un ensemble de preuves des malversations dont le Venezuela avait été victime. C’est de là qu’apparut au grand jour la monstruosité de ce prétendu arbitrage. La première preuve, largement confirmée par la suite, était apportée, que le défaut de motivation ne cachait pas des motivations non dites, ce à quoi, dans le doute, l’on aurait pu croire ; non, il n’y avait aucune motivation, la sentence était le fruit d’une extorsion pure et simple d’un président de tribunal avide d’une gloire personnelle qu’il plaçait dans l’obtention, à tout prix, et surtout au détriment de tout fondement juridique, d’une décision unanime attribuant les mines d’or aux Anglais» (páginas 69-70).

Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Esequibo: Venezuela anuncia que no participará ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, 28 de junio del 2018. Texto integral disponible en este enlace. Tuvimos la oportunidad de analizar la no comparecencia posterior, registrada en La Haya: se trata de la no comparecencia de Rusia ante la demanda interpuesta en su contra por Ucrania en febrero del 2022. Véase al respecto BOEGLIN N., «La fuerza del derecho ante el derecho a la fuerza (el caso de Ucrania y Rusia). A propósito de la no comparecencia de Rusia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, Portal de la UCR, 23 de marzo del 2022. Texto disponible aquí. Sobre la no comparecencia de Venezuela en el 2018, véase también WENTKER A., «Venezuela’s Non-Participation Before the ICJ in the Dispute over the Essequibo Region«, EJIL-Talk, 28 de junio del 2018. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 5:: Véase BOEGLIN N., “La Corte Internacional de Justicia (CIJ) adoptó una nueva ordenanza sobre el conflicto territorial entre Guyana y Venezuela”, Portal de la UCR, Sección Voz Experta, 4 de julio del 2022. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 6: Véase BOEGLIN N., «Guyana / Venezuela: a propósito de la reciente decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la que se declara competente«, 18 de diciembre del 2020. Texto integral disponible en este enlace. Las conclusiones de un extenso análisis de esta decisión de la CIJ de diciembre del 2020 publicado en Francia no auguran una resolución definitiva de esta larga controversia territorial entre Guyana y Venezuela: véase GRANDAUBERT V., «L’arrêt sur la compétence de la Cour internationale de Justice du 18 décembre 2020 en l’affaire de la Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 : vers un règlement définitif du différend territorial entre le Guyana et le Venezuela » ?«, Annuaire Français de Droit International (AFDI), Volumen 66 (2020), pp. 357-373, p. 373.

Nota 7: Si se revisan las atribuciones reconocidas a Costa Rica en materia de vigilancia y «guarda» del Río San Juan en el tratado Cañas Jerez de 1858, si se revisa lo que Nicaragua aceptó durante buena parte del siglo XIX y XX en cuanto a la práctica y las modalidades de estas funciones policiales costarricenses en este río fronterizo, y en particular en la época reciente, en el acuerdo Cuadra-Lizano de 1998 (véase texto), el hecho que Costa Rica presentara una demanda contenciosa contra Nicaragua en noviembre del 2005 para escuchar por parte de la CIJ lo que dice el párrafo 156, inciso 2, punto h) e i) (tomados ambos por unanimidad) de la sentencia de julio del 2009 (véase texto), prohibiéndole a Costa Rica cualquier uso policial del Río San Juan … resulta todo menos un éxito para la diplomacia de Costa Rica. En un artículo publicado en noviembre del 2005 en La Nación, nos permitimos advertir sobre la gran experiencia de los «Concejales de la Corona» de Nicaragua en la CIJ en el arte del litigio internacional, quienes ridiculizaron a Estados Unidos (1986) y se disponían a poner en su lugar a Honduras y a Colombia en el Mar Caribe, tal y como ocurrió (en sentencias del 2007 y del 2012 respectivamente): al parecer esta advertencia bastante tempranera no causó mayor interés dentro del aparato diplomático costarricense y estos mismos «Concejales de la Corona» de Nicaragua hicieron lo suyo con las pretensiones de Costa Rica en materia policial. Acatada esta sentencia de la CIJ del 13 de julio del 2009 bastante desfavorable para los intereses costarricenses, Costa Rica evidenciaría enormes dificultades logísticas pocos meses después, en el 2010, para vigilar correctamente lo que ocurre en su frontera con Nicaragua.

Nota 8: Véase BOEGLIN N., «Le retrait du Pacte de Bogota par la Colombie«, texto publicado por el OPALC (Sciences Po, Paris), diciembre del 2012. Texto integral disponible en este enlace. En el 2013, el presidente de Colombia arremetió nuevamente contra la sentencia de la CIJ, con una verborrea y una gestual corporal evidenciando su profunda exasperación como jefe de Estado. Véase al respecto BOEGLIN N.,»La décision de la Colombie de déclarer « non applicable » l´arrêt de la CIJ : brèves réflexions«, SFDI, Bulletin Sentinelle, 2013. Texto disponible en este enlace.

Nota 9: Véase BOEGLIN N., «Estados Unidos / Venezuela: las diversas reacciones oficiales registradas en América Latina ante primera la intervención militar norteamericana en América Latina del siglo XXI«, 3 de enero del 2026. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 10: Véase BOEGLIN N., «Los 80 años de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya: algunas reflexiones«, 23 de abril del 2026. Texto integral disponible en este enlace.

Caribe Sur impulsa taller comunitario para conocer y monitorear arrecifes de coral

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Iniciativa combinará formación virtual y trabajo práctico en el mar para fortalecer la ciencia ciudadana y la protección del arrecife El Chino y otros ecosistemas coralinos de Talamanca.

El Caribe Sur de Costa Rica será escenario de un nuevo proceso comunitario de formación y sensibilización en la protección de los arrecifes de coral. Se trata de un taller abierto a personas de todo el país que combinará sesiones virtuales con salidas prácticas al mar, priorizando la participación de comunidades locales de Talamanca.

Las actividades virtuales se desarrollarán durante el mes de mayo, mientras que las jornadas prácticas de monitoreo y trabajo en arrecifes se realizarán entre finales de mayo y durante junio en distintos puntos del Caribe Sur. Estas actividades incluirán recorridos y ejercicios de observación en ecosistemas coralinos de la zona.

Arrecife El Chino

Participación. Se han matriculado más de 150 personas de distintas regiones del país, pero en las sesiones prácticas tendrán prioridad las personas del Caribe Sur, buscando fortalecer una red comunitaria de observadores ambientales que pueda dar seguimiento permanente a la situación crítica de los arrecifes de la región.

El cupo inicialmente previsto para el taller ya fue ampliamente rebasado debido al alto interés generado desde distintas regiones del país. Sin embargo, la modalidad virtual ha permitido ampliar la participación e incorporar a más personas de las previstas originalmente. Además, las actividades no tienen ningún costo para las personas participantes.

Contenidos. La iniciativa busca fortalecer la ciencia ciudadana y brindar herramientas para que vecinos, organizaciones y personas interesadas puedan involucrarse activamente en el monitoreo y conservación de ecosistemas marinos amenazados por el cambio climático, el blanqueamiento coralino y distintos proyectos de infraestructura costera, entre otros factores.

El taller abordará temas como ecología de arrecifes, identificación de especies emblemáticas del Caribe Sur -entre ellas Acropora palmata, Montastraea y Porites spp.-, así como protocolos comunitarios para monitorear la salud coralina, registrar procesos de blanqueamiento y documentar amenazas ambientales.

Las personas participantes también conocerán herramientas prácticas de ciencia ciudadana para generar información útil en procesos locales de conservación y toma de decisiones ambientales.

Además del componente científico, el proceso busca reforzar la relación entre conservación marina, territorio y comunidades locales, reconociendo el enorme valor ecológico, cultural y económico que tienen estos ecosistemas para la región.

“El objetivo es que la protección de los arrecifes no quede solo en manos de especialistas o instituciones, sino que las propias comunidades puedan participar activamente en su monitoreo y defensa”, señalaron las personas organizadoras.

Arrecife Punta Uva

Organización. La actividad está siendo organizada por el colectivo Costa Rica por el Océano, junto con los proyectos de acción social Programa Voces y Política de la Escuela de Ciencias Políticas y Geografía y Diálogo de Saberes de la Escuela de Geografía, ambos vinculados al Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.

Las organizaciones impulsoras también están valorando abrir una nueva promoción del proceso formativo, especialmente orientada a facilitar la participación de más personas de Talamanca interesadas en involucrarse en el monitoreo y protección de arrecifes coralinos

Ana María Arenas, instructora de buceo, integrante de Costa Rica por el Océano, cumple su cuarto año impartiendo talleres de monitoreo de corales y gestión comunitaria en ciencia ciudadana. Con experiencia en conservación marina, arqueología subacuática comunitaria y procesos de formación comunitaria, actualmente trabaja en proyectos como Reflejos del Mar, junto a Diego Miranda y Gloriana Turcios, enfocado en fotografía comunitaria subacuática, y Arrecife Sonoro, junto a Claudia Campos y Anja Ludewig, una iniciativa que explora el sonido de los arrecifes de coral y su importancia para los ecosistemas marinos.

Contexto. La actividad se inserta en una trayectoria más amplia de organización y defensa ambiental impulsada por comunidades y organizaciones del Caribe Sur en torno a la protección de los arrecifes coralinos y ecosistemas costeros.

En años recientes se han desarrollado diagnósticos comunitarios sobre blanqueamiento de corales, campañas de sensibilización y procesos de monitoreo participativo, entre ellos la defensa del arrecife. Uno de los antecedentes más relevantes fue la evaluación comunitaria de salud ambiental realizada junto al Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, así como un pronunciamiento conjunto de organizaciones locales frente al proyecto de atracadero en Puerto Viejo, el cual generó preocupación por posibles impactos sobre el arrecife.

Fotos:
Arrecife El Chino -Ana-Arenas
Arrecife Punta Uva-Marco-Salazar

CGR reporta avance básico en presentación de Declaración Jurada de Bienes 2026

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Contraloría General de la República informó sobre el avance en la presentación de la Declaración Jurada de Bienes (DJB), trámite que deben realizar alrededor de 25.000 personas este 2026 en cumplimiento de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.

La institución recordó que el plazo para presentar la declaración vence el próximo 25 de mayo, por lo que hizo un llamado a las personas obligadas a cumplir con este requisito legal dentro del periodo establecido.

La presentación de la DJB puede realizarse de manera totalmente electrónica y está disponible las 24 horas del día.

Según los datos reportados al 11 de mayo de 2026, el avance es el siguiente:

  • 3717 declaraciones presentadas

  • 16,90% del total esperado

La CGR indicó además que mantiene habilitados distintos canales de atención para orientar a las personas usuarias ante consultas relacionadas con el proceso.

Entre los medios disponibles se encuentran el correo electrónico declaraciones.juradas@cgrcr.go.cr y el centro de llamadas 905 DECLARE (905-3325273) / 2501-8150.

La institución señaló que continuará informando sobre el avance del cumplimiento de este requisito legal durante el periodo de presentación.

UNED abre matrícula para curso virtual y gratuito de inglés introductorio

Escrito en . Publicado en Educación.

La U Abierta de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) mantiene abierta la matrícula para el curso Inglés Introductorio, una propuesta educativa gratuita, 100% virtual y autogestionada, desarrollada por el Centro de Idiomas de la UNED.

La iniciativa busca brindar a las personas participantes la posibilidad de iniciar el aprendizaje del idioma inglés de manera flexible, avanzando según su propio ritmo y disponibilidad de tiempo, sin necesidad de horarios fijos.

El periodo de matrícula estará habilitado del 4 de mayo al 2 de agosto de 2026. El curso tiene una duración de 40 horas y dispone de 500 cupos.

Según la información compartida por la UNED, el curso inició el 4 de mayo y se extenderá hasta el 2 de agosto de 2026.

Para participar, las personas interesadas deben ingresar a la plataforma de U Abierta UNED, registrarse, iniciar sesión y posteriormente matricular los recursos educativos.

Información y enlaces de interés:

La U Abierta UNED se presenta como un espacio de aprendizaje gratuito, virtual y con respaldo institucional, orientado a ampliar las oportunidades de formación para distintas poblaciones.

Foro Humanista Mundial abordará los caminos colectivos hacia una Nación Humana Universal

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Pressenza IPA

Los días 23 y 24 de Mayo se celebrará una nueva Asamblea abierta del Foro Humanista Mundial. El título que cobijará los intercambios es sin duda audaz para los tiempos que transcurren: “Camino a una Nación Humana Universal. Avanzando con acciones colectivas para construir un mundo basado en la solidaridad y la no violencia.”

Justamente ese es el desafío, señalan los organizadores. El espíritu que los anima es no dejarse abatir por la desesperanza, el escepticismo o la inacción y poner proa hacia el futuro con acciones colectivas constructivas con la imagen guía de una Nación Humana Universal, que garantice una vida digna, sin violencias ni discriminación para cada habitante de la Tierra.

El programa de la Quinta Asamblea

Con un formato híbrido, en el que se combinan encuentros colectivos presenciales y la conexión virtual que permite interconectar a activistas de todas las culturas, la Asamblea presentará, luego de una mística de inicio, algunas de las actividades más destacadas que están desarrollando sus Mesas temáticas. Entre ellas, el inspirador programa en distintas cárceles de Kenya en el que vienen trabajando conjuntamente las Mesas de Educación y de Desarrollo interno.

También se contará con el relato de la acción en la que un grupo compuesto por artistas, periodistas y agricultores de la Mesa de Música, Arte y Cultura atravesó Kenia, Tanzania, Zambia y Malawi, visitando y realizando performances artísticas y educativas en escuelas, comunidades rurales, centros culturales e iglesias con un potente mensaje: “Por una África sin Fronteras”.

Luego de la exposición de otras acciones llevadas a cabo por las y los activistas nucleados en las 20 Mesas del Foro, el programa prevé intervenciones desde Asia, Europa, Latinoamérica, África y América del Norte, con la intención de describir los impactos de la actual crisis sistémica en cada región. Seguidamente, se hará una valoración global de la crisis y se analizará en grupos los pasos necesarios para dejar atrás un sistema antihumanista, que no pone en el centro de su escala de valores el bienestar y la evolución del ser humano, sino la estúpida espiral de acumulación de dinero y el consumo desenfrenado sin sentido alguno.

Como un insumo fundamental para la reflexión y el intercambio, se escucharán las palabras del fundador de la corriente del Humanismo Universalista, Silo. Este fragmento audiovisual colocará el marco preciso y a la vez poético sobre la imagen de la Nación Humana Universal, un posible mito social para este tiempo en el que está naciendo la primera civilización planetaria de la Historia.

La segunda jornada de la Asamblea se iniciará el Domingo 24 dando a conocer una síntesis de lo elaborado en los grupos. Después de algunas sugerencias conceptuales y la exposición de los puntos centrales que caracterizan el ideario humanista, tendrá lugar un nuevo intercambio en el que los participantes debatirán y planificarán la continuidad de la acción en las distintas Mesas.

Las áreas temáticas cubiertas por el Foro Humanista Mundial, siempre abiertas a nuevas iniciativas, comprenden la Salud, los Derechos Humanos, la Ecología Social, la Educación, la Descolonización, la Paz y el Desarme, las propuestas para un cambio profundo en la organización económica, con la inclusión de una Renta Básica Universal y la lucha contra la Violencia de Género. Asimismo, otras Mesas investigan las Revoluciones y los Fenómenos Psicosociales, los momentos y actitudes humanistas en las distintas Culturas, la propuesta de crear una Asamblea Ciudadana Mundial, el fomento de la Paz y el Desarrollo a través del Deporte y la experimentación y aprendizaje de prácticas de desarrollo interno para el Ser Humano.

Entre los temas más recientes, se incursiona creativamente en la Música y en las diferentes expresiones artísticas y culturales como una vía para sensibilizar para la Paz y la No Violencia así como en la promoción de alternativas para garantizar una efectiva nutrición y soberanía alimentaria para la población.

En esta Quinta Asamblea se inaugurarán las Mesas de Periodismo NoViolento en trabajo conjunto con la Agencia Internacional de Noticias Pressenza y la Mesa de Política y Geopolítica, fundamentales para ahondar en la comprensión y las propuestas de superación de los sucesos que hoy conmueven la arena internacional.

El Foro Humanista Mundial

El Foro Humanista Mundial se concibe como un espacio diverso que elabora propuestas y desarrolla acciones tendientes a la transformación social y personal simultánea frente a los retos de la coyuntura mundial.

Se caracteriza por un trabajo permanente en distintas áreas y su intención es conectar con una multiplicidad de sectores sociales, académicos e institucionales para impulsar proposiciones de cambio y experiencias de humanización.

Único requisito para la participación en el Foro es no apoyar metodologías violentas ni ideas o prácticas basadas en la discriminación.

En esta Asamblea se espera, al igual que en anteriores oportunidades, la participación de cientos de activistas, asociaciones y colectivos provenientes de todos los continentes, integrando en su seno a la más amplia diversidad cultural.

El evento contará con interpretación simultánea al inglés, francés, español y suajili.

Para participar de la 5a. Asamblea del Foro Humanista Mundial y recibir el enlace de conexión virtual, el registro se realiza en https://us02web.zoom.us/meeting/register/Pl6zrqowQ3S7T8yyWKLg9g

Grupo Contrapunto presenta el álbum “Me gusta que no calles”, una propuesta musical atravesada por la intensidad afectiva y la palabra

Escrito en . Publicado en Cultura.

El Grupo Contrapunto presentó su álbum “Me gusta que no calles”, una producción musical interpretada por Alejandra Espinoza Arias y Gerardo Cascante Valverde, que explora desde la poesía y la canción temas como el amor, el conflicto, el deseo, el silencio y la intensidad emocional de las relaciones humanas.

La obra toma su nombre de una de las canciones del álbum y desarrolla una narrativa poética donde conviven la cercanía y la distancia, el diálogo y el silencio, la ternura y la confrontación afectiva. A través de imágenes cargadas de fuerza simbólica, la letra expresa una relación marcada por la contradicción, la vulnerabilidad y la atracción hacia la autenticidad de la otra persona, incluso en sus dimensiones más incómodas o desafiantes.

El trabajo artístico plantea un recorrido emocional donde la voz poética reconoce tanto el encanto de la palabra franca como el peso de los silencios, construyendo una atmósfera íntima atravesada por emociones intensas, rebeldía y humanidad.

El álbum cuenta con la participación de:

  • Gerardo Cascante Valverde: voz y guitarra

  • Alejandra Espinoza Arias: voz

  • Oscar Espinoza: arreglos y percusión

  • Sarah Bolaños Rojas: violín

La letra y música son de Gerardo Cascante, la producción estuvo a cargo de Oscar Espinoza y la realización audiovisual fue desarrollada por Sebastián Polimeni Solís.

El material audiovisual puede verse en el siguiente enlace:
https://youtu.be/YFdbURvIApw?si=wd0PPiOI0BVtD0pZ

Sabores de la memoria en Finca 5

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Observatorio de Bienes Comunes

El pasado 18 de abril, la comunidad de Finca 5 se reunió para reconstruir su historia a partir de fotografías… pero también para preguntarse qué queda fuera de ellas.

Porque la memoria no solo está en lo que se ve, también vive en lo que se siente, se recuerda… y en lo que nunca se fotografió.

En este proceso aparecen:

▪️ Historias del tren y el puente como parte de la vida cotidiana

▪️ Sabores que cruzaban el puente: tortillas, cajetas, café, pan y más

▪️ Recuerdos de trabajo, encuentro y comunidad

▪️ Preguntas sobre lo que no muestran las fotos

▪️ Reflexiones sobre quién cuenta la historia y desde dónde

Una experiencia que no se queda en la nostalgia, sino que abre camino para pensar el presente y construir futuro desde la comunidad.

👉 Leé la nota completa:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/sabores-de-la-memoria-finca-5-reconstruye-su-historia-desde-las-fotos-y-mas-alla-de-ellas/

El relevo sin relevo: Costa Rica ante una nueva fase de concentración política

Escrito en . Publicado en Análisis.

Elian Xavier Jiménez Campos
Bach. Sociología, Universidad Nacional
Asesor sindical ANEP

Hoy, viernes 8 de mayo de 2026, Costa Rica presencia mucho más que un traspaso de poderes. Lo que ocurre frente al país no es únicamente un cambio administrativo entre gobiernos, sino un posible punto de inflexión histórico en la forma en que se ejerce y se concentra el poder político. Formalmente, Rodrigo Chaves entrega la presidencia a Laura Fernández; sin embargo, la permanencia de Chaves dentro del Ejecutivo como figura central del gobierno, asumiendo ministerios estratégicos y conservando capacidad de dirección política, plantea preguntas profundas sobre la salud democrática costarricense y el futuro del equilibrio institucional. El anuncio de que Rodrigo Chaves mantendría poder directo dentro del nuevo gobierno mediante cargos ministeriales estratégicos fue interpretado por distintos sectores como una continuidad excepcional del mando presidencial. Córdoba (2026) señaló que esta permanencia le permitiría además conservar inmunidad política mientras enfrenta diversas controversias y señalamientos públicos. A esto se suma que Murillo (2026a) describió el nuevo escenario político costarricense como la consolidación de una figura de “superministro”, capaz de controlar simultáneamente la política fiscal, la articulación legislativa y buena parte de la agenda nacional.

Desde la sociología política, esto representa un cambio relevante en la tradición republicana costarricense. Costa Rica construyó históricamente una democracia basada en la dispersión relativa del poder institucional, el fortalecimiento del Estado social y la existencia de contrapesos entre poderes de la República. La concentración política alrededor de una sola figura rompe parcialmente esa tradición y acerca al país a dinámicas que el politólogo Guillermo O’Donnell definió como “democracias delegativas”, donde el liderazgo presidencial comienza a colocarse por encima de las mediaciones institucionales. Levitsky y Ziblatt (2018), en Cómo mueren las democracias, advierten que las democracias contemporáneas no suelen destruirse mediante golpes de Estado tradicionales, sino a través de procesos graduales donde líderes electos democráticamente debilitan poco a poco las instituciones encargadas de limitar el poder. La erosión democrática inicia cuando se desacredita sistemáticamente al adversario político, se debilita la legitimidad del Poder Judicial, se confronta a la prensa crítica y se instala la idea de que solamente un liderazgo fuerte puede “salvar” a la nación. En Costa Rica, esa narrativa ha venido creciendo durante los últimos años. El discurso político chavista se ha construido alrededor de una confrontación constante contra universidades públicas, sindicatos, medios de comunicación, magistrados y sectores opositores. Incluso el acto simbólico de excluir expresidentes de la República del traspaso de poderes refleja una ruptura con la cultura política costarricense basada históricamente en símbolos de continuidad democrática y convivencia institucional (Arrieta, 2026; NTG Costa Rica, 2026).

La preocupación aumenta cuando esta concentración política se acompaña de un discurso de confrontación institucional. Murillo (2026c) informó que Laura Fernández asumiría el gobierno bajo una narrativa de “guerra contra el crimen”, profundizando la lógica de securitización que ha marcado el cierre del gobierno de Chaves. Aunque la inseguridad es un problema real y urgente, la experiencia latinoamericana demuestra que los discursos de guerra interna suelen utilizarse también para justificar concentración de poder, militarización y debilitamiento de garantías democráticas. Costa Rica atraviesa efectivamente una crisis de violencia sin precedentes recientes. El Observatorio de la Violencia de la Universidad Estatal a Distancia (2025) registró cifras históricas de homicidios durante los últimos años, principalmente vinculadas a disputas del narcotráfico internacional. Paralelamente, el Instituto Costarricense sobre Drogas (2025) evidenció transformaciones importantes en las dinámicas del crimen organizado y desafíos crecientes para el control territorial y marítimo del narcotráfico. Sin embargo, reducir el problema únicamente a una cuestión policial invisibiliza las raíces estructurales de la violencia. La sociología de la criminalidad ha demostrado históricamente que el crecimiento del narcotráfico no puede explicarse sin analizar desigualdad, exclusión y debilitamiento del tejido social. El Programa Estado de la Nación (2024) advirtió sobre el deterioro progresivo de las condiciones sociales, el aumento de vulnerabilidades económicas y las tensiones sobre la inversión pública. Cuando las comunidades pierden oportunidades laborales, acceso a educación, movilidad social y presencia estatal efectiva, los grupos criminales encuentran condiciones más favorables para expandirse. En ese contexto, preocupa que el nuevo ciclo político profundice una reducción del Estado social costarricense.

Aunque el Banco Central de Costa Rica (2025) ha mostrado indicadores macroeconómicos relativamente positivos, como crecimiento económico y control inflacionario, esos números conviven con realidades sociales profundamente desiguales. La Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (2025) refleja persistencia de precarización laboral, desigualdad territorial y dificultades de acceso a condiciones dignas para amplios sectores de la población. La tensión entre crecimiento macroeconómico y deterioro social no es nueva en América Latina. Diversos gobiernos neoliberales han mostrado estabilidad fiscal mientras aumentan simultáneamente exclusión, inseguridad y debilitamiento institucional. Desde esta perspectiva, la reducción de lo público no implica únicamente menos Estado; implica también menor capacidad colectiva para garantizar derechos sociales, cohesión comunitaria y protección frente al mercado y el crimen organizado. El escenario costarricense tampoco puede separarse del contexto internacional. El ascenso de liderazgos autoritarios y de extrema derecha en distintas partes del mundo ha generado nuevas formas de articulación política regional. Las afinidades ideológicas entre el chavismo costarricense y figuras como Nayib Bukele o sectores del trumpismo estadounidense expresan una tendencia política más amplia: liderazgos personalistas, confrontación permanente y debilitamiento de mediaciones democráticas.

Las tensiones recientes con medios de comunicación críticos reflejan precisamente esa deriva. López (2026) y Murillo (2026b) reportaron la polémica generada por el retiro de visas estadounidenses a directivos del periódico La Nación, hecho que abrió fuertes cuestionamientos sobre presiones políticas y libertad de prensa en Costa Rica. En cualquier democracia sólida, la prensa crítica constituye un contrapeso fundamental del poder político. Cuando los gobiernos convierten a los medios en enemigos permanentes, se debilita el pluralismo democrático.

El problema de fondo no es únicamente quién gobierna, sino la transformación cultural que empieza a consolidarse. Una parte importante de la ciudadanía parece cada vez más dispuesta a aceptar concentración de poder, debilitamiento institucional y confrontación política permanente a cambio de promesas de orden, seguridad y eficiencia económica. Ahí reside el verdadero punto de inflexión histórico. Costa Rica fue durante décadas una excepción democrática en América Latina precisamente porque logró construir legitimidad institucional, inversión social y mecanismos relativamente sólidos de negociación política. Hoy esa cultura democrática parece entrar en tensión con una nueva lógica política basada en liderazgo fuerte, polarización y centralización del poder. Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Se erosionan lentamente, mientras la sociedad empieza a normalizar la concentración del poder, la confrontación permanente y el debilitamiento de las instituciones públicas. Costa Rica enfrenta hoy ese riesgo histórico. No únicamente por un gobierno o una figura política específica, sino porque comienza a consolidarse una cultura política donde el adversario deja de verse como parte de la democracia y pasa a ser tratado como un enemigo. Y cuando una sociedad pierde la capacidad de dialogar, organizarse y reconocerse en medio de sus diferencias, la democracia empieza a vaciarse desde dentro. Sin embargo, la salida a este momento no vendrá de líderes mesiánicos ni de soluciones individuales. La historia demuestra que las transformaciones profundas siempre han nacido desde lo colectivo: desde las comunidades organizadas, los movimientos sociales, las juventudes, las universidades públicas, los sindicatos y la ciudadanía activa. El problema es que también hemos aprendido a vivir cada vez más fragmentados, más cansados e individualizados; nos enseñaron durante años que la política era inútil, que organizarse no servía y que cada persona debía resolver sola su supervivencia. Esa fragmentación social es precisamente el terreno donde crecen con mayor facilidad los discursos autoritarios.

Por eso el gran desafío de Costa Rica no es solamente defender instituciones, sino volver a aprender a construir colectivamente. Recuperar la capacidad de escucharnos, debatir, organizarnos y pensar el país más allá del miedo o la desesperanza. Porque ninguna democracia se sostiene únicamente con leyes o elecciones; se sostiene cuando existe un pueblo capaz de participar activamente en la construcción de su propio futuro.

Referencias

Arrieta, E. (2026, 7 mayo). Expresidentes de Costa Rica no recibirán invitación a traspaso de poderes. La República. https://www.larepublica.net/noticia/expresidentes-de-costa-rica-no-recibiran-invitacion-a-traspaso-de-poderes

Banco Central de Costa Rica. (2025). Indicadores macroeconómicos de Costa Rica. BCCR. https://www.bccr.fi.cr

Córdoba, J. (2026, 6 mayo). Costa Rica’s leader to keep immunity as minister in his successor’s government in face of legal woes. AP News. https://apnews.com/article/97b9bc1675a8efe8e8cf9f14589b8608

Instituto Costarricense sobre Drogas. (2025). Informe nacional sobre decomisos y narcotráfico. ICD. https://www.icd.go.cr

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2025). Encuesta Nacional de Hogares 2025. INEC. https://www.inec.cr/encuestas/encuesta-nacional-de-hogares-enaho

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). Cómo mueren las democracias. Ariel.

López, O. (2026, 6 mayo). US cancels visas for board members of Costa Rica newspaper critical of Trump ally. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2026/may/06/us-cancels-tourist-visas-board-members-top-costa-rica-newspaper-la-nacion-trump

Murillo, Á. (2026a, 8 mayo). Rodrigo Chaves entrega el mando en Costa Rica a Laura Fernández, pero se mantiene en el centro del poder como un “superministro”. El País América. https://elpais.com/america/2026-05-08/rodrigo-chaves-entrega-el-mando-en-costa-rica-a-laura-fernandez-pero-se-mantiene-en-el-centro-del-poder-como-un-superministro.html

Murillo, Á. (2026b, 5 mayo). Estados Unidos retira el visado a directivos del principal diario de Costa Rica tras las críticas al Gobierno de Rodrigo Chaves. El País América. https://elpais.com/america/2026-05-05/estados-unidos-retira-el-visado-a-directivos-del-principal-diario-de-costa-rica-tras-las-criticas-al-gobierno-de-rodrigo-chaves.html

Murillo, Á. (2026c, 8 mayo). Costa Rica’s Laura Fernandez vows ‘war’ on crime ahead of inauguration. Reuters. https://www.reuters.com/world/china/costa-ricas-laura-fernandez-vows-war-crime-ahead-inauguration-2026-05-08/

NTG Costa Rica. (2026, 7 mayo). Expresidentes no fueron invitados al traspaso de poderes en Costa Rica. NTG Costa Rica. https://ntgcostarica.com/traspaso-poderes-costa-rica-expresidentes-no-invitados/

Observatorio de la Violencia, Universidad Estatal a Distancia. (2025). Estadísticas de homicidios en Costa Rica. UNED. https://www.uned.ac.cr/observatorio-violencia

Programa Estado de la Nación. (2024). Informe Estado de la Nación 2024. CONARE. https://estadonacion.or.cr/informes/

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). Cómo mueren las democracias. Ariel.

NTG Costa Rica. (2026, 7 mayo). Expresidentes no fueron invitados al traspaso de poderes en Costa Rica. NTG Costa Rica. https://ntgcostarica.com/traspaso-poderes-costa-rica-expresidentes-no-invitados/

Observatorio de la Violencia, Universidad Estatal a Distancia. (2025). Estadísticas de homicidios en Costa Rica. UNED. https://www.uned.ac.cr/observatorio-violencia

Programa Estado de la Nación. (2024). Informe Estado de la Nación 2024. CONARE. https://estadonacion.or.cr/informes/

Reuters. (2026, 8 mayo). Costa Rica’s Laura Fernandez vows ‘war’ on crime ahead of inauguration. Reuters. https://www.reuters.com/world/china/costa-ricas-laura-fernandez-vows-war-crime-ahead-inauguration-2026-05-08/

The Guardian. (2026, 6 mayo). US cancels visas for board members of Costa Rica newspaper critical of Trump ally. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2026/may/06/us-cancels-tourist-visas-board-members-top-costa-rica-newspaper-la-nacion-trump

Costa Rica ante el cambio climático: entre la excepcionalidad y sus límites

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Costa Rica ha sido durante décadas presentada —y celebrada— como una excepción en el contexto centroamericano: un país pequeño que, a contracorriente de las tendencias regionales, apostó a partir de la segunda mitad del siglo XX, por la conservación de la naturaleza, la institucionalidad ambiental y un modelo energético relativamente limpio. Esta imagen no es una simple construcción discursiva: descansa sobre decisiones históricas concretas, políticas públicas sostenidas y sustentables, con resultados verificables. Sin embargo, en el contexto contemporáneo de la crisis climática, y un desarrollo extractivo y neoliberal, esa excepcionalidad aparece cada vez más menguada, con lo que se ha producido un equilibrio inestable, atravesado por tensiones estructurales que cuestionan su alcance y su sostenibilidad.

I. La construcción de una excepcionalidad: políticas, instituciones y territorio

El origen de esta trayectoria singular puede situarse en la segunda mitad del siglo XX, cuando Costa Rica comenzó a institucionalizar la protección de sus recursos naturales. La aprobación de la Ley Forestal de 1969 y la creación del sistema de parques nacionales en los años setenta marcaron un punto de inflexión, impulsado por figuras como Mario Boza Loría y Álvaro Ugalde Víquez.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha expresado que, Costa Rica es uno de los pocos países tropicales que ha logrado revertir la deforestación a gran escala mediante políticas públicas sostenidas.

Esta afirmación sintetiza uno de los pilares del modelo costarricense, al menos en la segunda mitad del siglo anterior. En efecto, la cobertura forestal, que había caído a cerca del 25% en los años ochenta, supera hoy el 50%, gracias a políticas como el Pago por Servicios Ambientales (Banco Mundial, 2008).

El entramado institucional se consolidó originalmente mediante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), al cual se le asignó la tarea de administrar más de una cuarta parte del territorio nacional bajo diversas categorías de protección.

Ejemplos emblemáticos de este proceso son la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde, el Parque Nacional Braulio Carrillo y el Parque Nacional Corcovado, que han adquirido reconocimiento internacional tanto por su biodiversidad como por su papel en el desarrollo del ecoturismo. No obstante, en las dos décadas y media que llevamos del siglo XXI, la labor del SINAC se debilitó sustancialmente, dejando mucho que desear respecto de sus objetivos originales.

A este conjunto se suma un logro ampliamente documentado:

“Costa Rica genera casi toda su electricidad a partir de fuentes renovables, principalmente hidroeléctricas, geotérmicas y eólicas” (Agencia Internacional de Energía, 2023).

Este desempeño refuerza la percepción de una transición energética exitosa. Sin embargo, es aquí donde emerge la paradoja.

II. Una excepcionalidad sectorial: avances reales, límites estructurales

La fortaleza del modelo costarricense consistió en las últimas tres décadas del siglo pasado, en su capacidad para producir resultados concretos, pero concentrados en sectores específicos. No obstante, estos avances no se tradujeron automáticamente en una transformación integral del sistema económico.

Como lo advirtió el mismo Banco Mundial: el crecimiento económico de Costa Rica ha estado acompañado, por un lado, por el aumento en la demanda energética, pero por el otro, se sustentó en el uso de combustibles fósiles, especialmente en el transporte.

En efecto, el sector transporte se ha convertido en el principal emisor de gases de efecto invernadero del país. La expansión del parque vehicular y la falta de sistemas integrados de transporte público han limitado el impacto positivo de la matriz eléctrica limpia. A ello contribuyó decisivamente la eliminación del tren eléctrico, con el objeto de hacer una concesión a los transportistas durante la administración de José María Figueres (1994-1998).

Este fenómeno se vincula con el crecimiento urbano desordenado, particularmente en la Gran Área Metropolitana. Estudios del Programa Estado de la Nación han señalado que, la expansión urbana ha ocurrido sin una adecuada planificación territorial, generando presiones sobre los recursos naturales y aumentando la desigualdad espacial, principalmente rural-urbana.

Así, la excepcionalidad costarricense retrocedió, revelándose como parcial: fuerte en ciertos ámbitos, pero muy limitada en otros.

III. Presiones sobre la biodiversidad: entre la protección y la erosión

A pesar de la solidez que alcanzó en un inicio el sistema de áreas protegidas, hoy, la conservación enfrenta desafíos crecientes; persisten dinámicas de tala ilegal, una expansión agrícola desordenada, acompañada de la ocupación de zonas de amortiguamiento. Concretamente, esas ocupaciones pueden incluir, expansión de la agricultura o la ganadería, construcción de viviendas o urbanizaciones, apertura de caminos, tala y extracción de madera, actividades turísticas desordenadas o, invasiones de tierras donde se han establecido asentamientos humanos.

Con ello, se crea un grave desafío para los espacios naturales protegidos, porque en lugar de reducirse los impactos humanos desordenados, se ocupan intensivamente, por lo cual el parque o reserva termina sufriendo efectos tales como: pérdida de biodiversidad, fragmentación del bosque, contaminación de ríos, presión sobre la fauna silvestre, aumento de incendios y cacería y erosión y degradación de los suelos.

En las zonas costeras, la presión del turismo ha impactado ecosistemas clave como los manglares. La misma Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ha afirmado que los ecosistemas costeros en Centroamérica, incluidos los manglares, están bajo creciente presión por el desarrollo turístico y urbano. Costa Rica es en este sentido un ejemplo muy connotado de como el turismo ha amenazado y diezmado el desarrollo sostenible del agro costarricense, espoleando la concentración de la riqueza y un crecimiento anárquico y desordenado.

La fauna silvestre también enfrenta amenazas. La fragmentación del hábitat y la infraestructura vial han incrementado la mortalidad por atropello de animales silvestres, especialmente en corredores biológicos. Casos como las rutas que atraviesan el Parque Nacional Braulio Carrillo evidencian la dificultad de armonizar desarrollo e integridad ecológica.

IV. Cambio climático y nuevas vulnerabilidades

El cambio climático introduce una dimensión crítica. Costa Rica, pese a sus avances, es altamente vulnerable a eventos extremos.

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) ha señalado que, Centroamérica es una de las regiones más vulnerables al cambio climático debido a su exposición a eventos extremos y su limitada capacidad adaptativa.

En Costa Rica, esto se traduce en sequías más intensas en el Pacífico norte —especialmente en Guanacaste— y lluvias más extremas en el Caribe y el sur.

Además, fenómenos como El Niño y La Niña amplifican estas variaciones. Según el IPCC, existe creciente evidencia de que el calentamiento global altera la variabilidad climática asociada al ENSO y amplifica algunos de sus impactos regionales. En efecto, la variabilidad climática asociada a ENSO (El Niño-Oscilación del Sur) se intensifica en un contexto de calentamiento global. Así, en Centroamérica estas “oscilaciones del sur” o ENSO (por sus siglas en inglés) aluden a las variaciones de presión atmosférica entre el Pacífico oriental y occidental, estudiadas originalmente por el meteorólogo Gilbert Walker. (Cfr. Climate Change 2021: the physical Science Basis. Grupo de trabajo I del Sexto Informe de Evaluación del IPCC, 2021)

En consecuencia, estas condiciones favorecen incendios forestales en zonas secas, muchas veces asociados a prácticas agrícolas y sequías prolongadas, así como procesos de degradación ambiental que, en regiones como Guanacaste, se aproximan a formas incipientes de desertificación.

V. ¿Un modelo post-extractivo? Tensiones contemporáneas

Aunque Costa Rica había proyectado una imagen de sostenibilidad, mantiene actividades intensivas en recursos naturales; de tal manera que, la agroindustria y el turismo continúan ejerciendo presión sobre los ecosistemas.

Más aún, el debate reciente sobre la posible exploración de hidrocarburos revela tensiones estructurales. Como advierte la OCDE (parafraseando):

Costa Rica enfrenta crecientes presiones económicas, urbanas y climáticas que desafían la sostenibilidad de sus logros ambientales. (Cfr. OCDE Environmental Performance Reviews: Costa Rica, 2023. Evaluaciones del Desempeño Ambiental, CR 2023). La OCDE misma recomienda que el país debe mejorar la articulación entre sostenibilidad ambiental, infraestructura y desarrollo económico.

Esto plantea una pregunta central: ¿ha superado realmente el país el modelo extractivista y neoliberal o simplemente le ha introducido un “maquillaje” superficial?

VI. Costa Rica en el contexto centroamericano: convergencias y divergencias

Comparada con Guatemala, Honduras o Nicaragua, Costa Rica presenta ventajas claras en cobertura forestal e institucionalidad ambiental.

Sin embargo, comparte con la región:

• alta vulnerabilidad climática

• presión sobre recursos naturales

• desigualdades territoriales

En este sentido, la CEPAL ha señalado que, los países centroamericanos enfrentan desafíos comunes en la gestión sostenible de sus recursos naturales en un contexto de cambio climático.

De modo que, Costa Rica aparece menos como una excepción absoluta y más como un caso avanzado dentro de una problemática regional compartida.

VII. Conclusión: una excepcionalidad en disputa

La imagen de Costa Rica como “país verde” tiene fundamentos reales, pero resulta insuficiente para describir su complejidad actual.

Sus logros son innegables. Pero también lo son sus contradicciones.

Podríamos sintetizar afirmando que, Costa Rica representó hasta cierto punto, una excepcionalidad histórica respecto de los países centroamericanos en conservación y energía limpia en la segunda mitad del siglo XX, pero, no logró una ruptura estructural con el modelo extractivista y neoliberal de crecimiento económico dominante. De modo que, su experiencia revela tanto las posibilidades, como fundamentalmente, los límites de una transición ecológica en el mundo contemporáneo.

Bibliografía breve

• Banco Mundial (2008). Payment for Environmental Services in Costa Rica (Stefano Pagiola).

• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informes sobre desarrollo humano y sostenibilidad.

• Agencia Internacional de Energía (2023). Costa Rica Energy Profile.

• Programa Estado de la Nación. Informes anuales.

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Informes ambientales regionales.

• Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (AR6).

• OCDE. Environmental Performance Reviews: Costa Rica.

Sala Constitucional pide informes por construcción de carretera en zona protegida de Barva

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

La Sala Constitucional acogió para trámite un recurso de amparo presentado contra el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Municipalidad de Barva de Heredia por la construcción de una carretera en Sacramento de Barva, dentro de una zona inalienable protegida por la Ley 65 de 1888 y en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo.

El recurso fue interpuesto por Isabel Arias Chavarría y José Francisco Alfaro Carvajal, quienes señalan que las obras se realizan sobre un antiguo camino rústico sin que se hayan efectuado estudios ambientales integrales ni contemplado medidas de mitigación para la fauna silvestre, pese a tratarse de un ecosistema de alta fragilidad ecológica.

Según el expediente, las personas recurrentes sostienen que el proyecto financiado mediante un convenio entre el INDER y la Municipalidad de Barva fue tramitado ante SETENA como una obra de bajo impacto ambiental, mediante una evaluación simplificada, cuando por las características ambientales y jurídicas de la zona debía requerirse un Estudio de Impacto Ambiental completo.

El recurso señala además que la intervención implica ensanchamiento del camino, remoción de vegetación y posibles afectaciones sobre corredores biológicos utilizados por especies como quetzales, dantas, pumas, ocelotes, monos carablanca y numerosas aves y reptiles.

Entre los cuestionamientos también se menciona la ausencia de pasos de fauna y la falta de autorización expresa del MINAE o del SINAC para intervenir el patrimonio natural del Estado en esa zona protegida.

La Sala Constitucional ordenó solicitar informes a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y a la Municipalidad de Barva, otorgando un plazo de tres días hábiles para responder sobre los hechos denunciados.

El caso se relaciona con preocupaciones ambientales, que diversos sectores han venido planteando, sobre el impacto de obras viales y desarrollos en zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo y otros territorios protegidos del norte de Heredia, particularmente en áreas vinculadas con la recarga hídrica y corredores biológicos estratégicos para el Valle Central.

Le invitamos a leer desde SURCOS el documento completo de la resolución judicial:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/0031-0007-237626170-0155-F.pdf