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Autor: María José Ferlini Cartín

#8M25 | La Vía Campesina convoca a una Jornada Global de Lucha

¡En defensa de nuestros derechos y la Soberanía Alimentaria, unidas contra el fascismo, las violencias y el hambre!

Llamado de Acción – Bagnolet, 18 de febrero de 2025.

En el marco del 8 de Marzo, Día Internacional de Lucha de las Mujeres Trabajadoras, La Vía Campesina hace un llamado a la movilización global para enfrentar el avance del fascismo, la violencia y la crisis alimentaria. El movimiento campesino denuncia el impacto de las crisis sociales y económicas, evidenciado en el aumento de la pobreza, el desempleo, las deudas rurales y la grave crisis migratoria tanto en el campo como en las ciudades. También señala la creciente influencia de políticas neoliberales que atentan contra derechos históricos y el bien común, al tiempo que favorecen el saqueo de bienes naturales y el debilitamiento de la democracia, y que afecta, principalmente, a las mujeres, diversidades y niñez.

Alarma por el avance del fascismo y la militarización

La Vía Campesina advierte sobre el ascenso de gobiernos de derecha que promueven prácticas fascistas y racistas. La militarización en países como Palestina, Sudán, Yemen, Haití, Ecuador y Colombia es una de las principales preocupaciones, ya que impacta directamente en la autodeterminación de los pueblos y multiplica la violencia y la criminalización de los movimientos sociales.

Las mujeres campesinas, indígenas, pescadoras, pastoras, nómadas, migrantes, trabajadoras agrícolas y diversidades desempeñan un papel clave en la lucha por un modelo social basado en la Soberanía Alimentaria y la justicia social y ambiental. La Agroecología Campesina se posiciona como una alternativa viable frente al sistema capitalista, patriarcal y neoliberal que amenaza los ecosistemas y a los pueblos que viven en ellos. Necesitamos impulsar una urgente transición agroecológica en manos del campesinado y de las comunidades rurales y urbanas.

No obstante, el modelo capitalista del agronegocio y la minería continúa expandiéndose sobre nuestros ecosistemas y territorios. Nos matan con el extractivismo agrícola, los agrotóxicos y prácticas de esclavitud moderna, con microcréditos que nos endeudan, expulsándonos de nuestras tierras, agravando la crisis ambiental y social.

Crisis alimentaria y violencia estructural

El informe Panorama Global Humanitario 2025 de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) advierte que más de 280 millones de personas enfrentan hambre aguda diariamente. La crisis alimentaria está directamente relacionada con los conflictos y el modelo extractivista que desplaza a comunidades enteras y atenta contra la soberanía alimentaria.

A su vez, La Vía Campesina denuncia el incremento de la violencia de género y la impunidad ante feminicidios. En 2023, ONU Mujeres registró 85.000 asesinatos de mujeres y niñas, de los cuales 51.000 fueron cometidos por parejas o familiares cercanos. La organización subraya la urgencia de políticas públicas que protejan a las mujeres y frenen la anulación de leyes sobre feminicidios, paridad de género y educación sexual.

Hoy, como cada día, alzamos la voz por las víctimas. No olvidamos sus nombres; aquellas que ya no están siguen presentes en nuestra lucha y memoria ¡Exigimos justicia y no toleramos más impunidad ni olvido!

Llamado a la acción antifascista este #8M25

Las mujeres hemos cosechado en el plano político lo que por largo tiempo hemos germinado con organización y movilización. La conquista de derechos es fruto del esfuerzo colectivo de la clase trabajadora. Saludamos a todas las mujeres que, desde distintos territorios, sostienen la vida, la alimentación, el cuidado y las transformaciones sociales.

Como La Vía Campesina reafirmamos nuestro compromiso con el Feminismo Campesino y Popular y nuestra Campaña Mundial Basta de violencia, promoviendo respuestas concretas a las crisis actuales desde la Soberanía Alimentaria y la lucha feminista.

A la vez, convoca a la solidaridad internacional y a la movilización contra el fascismo, en defensa de los derechos humanos, la Soberanía Alimentaria y la justicia social. Las mujeres seguimos marchando, denunciando las violencias y los crímenes ambientales y sociales, luchando contra el saqueo de nuestras riquezas y la masacre de los pueblos. ¡Seguimos tejiendo redes y alianzas para desenmascarar al patriarcado, el capitalismo y el neoliberalismo que amenazan la vida en el planeta!

Como parte de esta jornada global, les instamos a participar activamente:

El desmantelamiento del sector público profundiza la crisis social en Costa Rica y conduce a la violencia

Manifiesto del BUSSCO

Desde el gobierno neoliberal anterior se viene impulsando una durísima política de austeridad presupuestaria, que ha sido profundizada por el gobierno de Rodrigo Chaves, dicha política es el nefasto resultado de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional FMI.

Los resultados de estos acuerdos provocan un crecimiento acelerado de la exorbitante deuda del Estado con la CCSS de ¢4 billones (¢4.000 millones de millones); mientras que el pago de intereses de la deuda en 2024 fue del 4,83% del PIB, el más alto en 19 años; una deuda agudizada por la actual administración que sabotea la institución y le impide cumplir plenamente con sus funciones, la reducción de presupuesto a la educación pública, el más bajo en 25 años; afectando comedores escolares, inversión en infraestructuras educativas colapsadas, suspensión de becas, subsidios de transporte y otros, el desmantelamiento de los programas de ayuda social del IMAS y desaparición de programas especiales, disminución de recursos en programas para jefas de hogar y más.

Las duras restricciones presupuestarias a los ministerios e instituciones autónomas que obliga la Regla Fiscal establecida en la Ley 9635, están provocando un grave deterioro por un lado en la calidad y cobertura de los servicios públicos y por otro, en el rol y papel del Estado en cuanto a su función social Constitucional.

El interés de los grupos de poder económico es la reducción del Estado a su mínima expresión, la privatización de servicios fundamentales como la educación, la salud pública, la electricidad y telecomunicaciones, los seguros, entre otros, y la venta de activos estatales, para hacer negocios privados con la totalidad de nuestra institucionalidad pública.

Las Leyes de Finanzas Públicas y Empleo Público han empeorado las condiciones laborales en el sector público, generando precarización salarial y laboral para miles de trabajadores y sus familias, incluso con un retroceso en el ingreso real del 20%, en relación con los niveles prepandémicos. En el sector privado se profundizan no sólo los niveles de explotación laboral, sino los paupérrimos salarios.

El ejercicio de la actividad sindical, pese a ser un Derecho Humano Fundamental y estar establecido en la legislación y Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha sido severamente violentado, se acentúa la persecución sindical y el irrespeto a la libertad de sindicalización, se limita el derecho a la negociación colectiva de los y las trabajadoras de los sectores público y privado.

El actual gobierno en lugar de buscar solucionar los grandes problemas que afectan al pueblo costarricense ataca y agrede las voces de sectores populares pretendiendo acallarlas; lo anterior en un contexto de aumento de costo de vida, de la violencia e inseguridad, objeto de los preceptos del capitalismo salvaje.

El escenario preelectoral 2026 ya entró en acción, con partidos políticos que quieren profundizar la línea neoliberal de desmantelamiento del Estado y de peores condiciones para el pueblo. El PLN, el PUSC, el PAC los libertarios, los neopentecostales y el gobierno de Rodrigo Chaves no tienen diferencias ideológicas.

Se requiere un cambio radical de alternativas políticas, que realmente ponga en primer lugar las necesidades de los sectores populares, recupere el rol del Estado como redistribuidor de riqueza, garantice seguridad y paz a la ciudadanía, defienda la soberanía nacional y actúe realmente en proteger los intereses nacionales por encima de los privados.

El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense llama a impulsar un gran encuentro nacional de sectores sociales populares y sindicales, para el diseño de una estrategia de lucha por la defensa de los derechos de la clase trabajadora, por condiciones de vida dignas para nuestro pueblo, por una educación y salud públicas de calidad, por políticas públicas que den respaldo efectivo a nuestros agricultores, que les permita conservar su derecho a la tierra y apoyo mediante condiciones crediticias y subsidios que garanticen nuestra soberanía alimentaria, por políticas de respaldo a los pequeños y medianos empresarios entre otras grandes necesidades que han sido desatendidas, pese a las demagógicas promesas de campaña.

Es importante unir esfuerzos por políticas efectivas de protección del medio ambiente, contra la privatización del agua, de nuestras playas y zonas costeras y contra la gentrificación en nuestras comunidades, por un verdadero combate a la corrupción político-empresarial, contra las políticas que favorecen la evasión y el fraude fiscal que según el último dato del Ministerio de Hacienda del 2021 representa el 5.66% del PIB (2.94% IVA y 2.72% Renta) en Renta el 63% de ese fraude es empresarial, las personas físicas con actividad lucrativa representan el 30% y los asalariados y pensionados sólo representan el 6.25%, cada uno de estos puntos del PIB representa aproximadamente 350.000 millones de colones al año, por lo este porcentaje 5.6% del PIB, son 2 billones de colones (2 mil millones de millones de colones de impuestos que se dejan los evasores).

Para enfrentar a las actuales élites que controlan el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se requiere de la más amplia y diversa unidad social y popular, que nos permita construir un camino diferente que garantice inclusión, la justicia social, la distribución de la riqueza, la equidad social en beneficio y bienestar de las familias costarricenses.

Para enfrentar a las actuales élites que controlan el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial se requiere de la más amplia y diversa unidad social y popular, que nos permita construir un camino diferente que garantice inclusión, la justicia social, la distribución de la riqueza, la equidad social en beneficio y bienestar de las familias costarricenses.

P/ Comisión Política de BUSSCO

Luis Chavarría Vega

Kendy Chacón Víquez

San José, 18 de febrero de 2025

La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular reitera su preocupación por reforma de Fondos Generacionales al ROP

  • La ATTBPDC convocó a representantes de los sectores sociales a una jornada de análisis con el propósito de informar y adoptar las medidas que se juzguen pertinentes ante las intenciones de introducir la reforma de los fondos generacionales.

  • El foro conto con la asistencia de diversos sectores sociales y productivos de Costa Rica, incluyendo sindicatos del Magisterio, CCSS, solidaristas, representantes del sector cooperativo, colegios profesionales, artesanos y dirigentes comunales, entre otros.

La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC), reafirma su compromiso con la defensa de los derechos e intereses de las personas trabajadoras costarricenses y expresa su firme oposición a la pronta implementación de la reforma del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), conocida como Fondos Generacionales.

Durante la reciente actividad organizada por la Asamblea, titulada «¿Qué deben saber las personas trabajadoras sobre esta metodología de gestión de inversiones para el ROP?», líderes de diversos sectores, expertos en la materia y representantes de la sociedad civil expusieron sus preocupaciones sobre las implicaciones de esta reforma, dejando los siguientes cuestionamientos:

  • Posibles irregularidades legales: Existen dudas sobre si el CONASSIF y la SUPEN están extralimitando sus funciones al imponer restricciones a las libertades y derechos de terceros mediante un reglamento. Esto abre la posibilidad de que los Fondos Generacionales sean ilegales.

  • Ausencia de estudios técnicos y legales: El CONASSIF ha admitido que no dispone de estudios técnicos ni legales que respalden esta metodología. A pesar de ello, ha decidido avanzar con su implementación, generando incertidumbre y riesgo para los trabajadores.

  • Falta de transparencia y legitimidad social: Las personas trabajadoras y sus organizaciones no han recibido información clara y completa sobre los riesgos y posibles consecuencias de esta reforma.

  • ¿Quién se beneficia realmente? Es crucial responder a la pregunta: ¿Quién gana y quién pierde con esta reforma? La urgencia con la que se pretende implementar en abril, a pesar de las dudas razonables expresadas, genera sospechas sobre los verdaderos intereses detrás de esta decisión.

En la jornada participaron como expositores: Roger Porras Rojas, gerente general de Popular Pensiones; Juan Antonio Vargas Guillén, representante de la ATTBPDC ante el CONASSIF; Alejandro Solórzano Mena, experto en temas de pensiones; Melizandro Quirós Araya, consultor financiero; Vivian Rodríguez Araya, presidenta de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.

18 de febrero Día Internacional del Síndrome de Asperger

Síndrome de Asperger

Dr. Luis Diego Herrera-Amighetti
Psiquiatra de Niños y Adolescentes
Académico de Número

El 18 de febrero se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Aunque el término se ha popularizado, se han creado algunas confusiones sobre esta condición que es conveniente intentar aclarar en función de poder apoyar a las personas que presentan este síndrome. Estas confusiones se remontan a la historia misma del término y a su uso en la literatura médica más reciente.

Hans Asperger era un médico vienés que en 1944 publicó un artículo en el que describía un grupo de niños con alteraciones en el desarrollo. En 1943, Leo Kanner, un médico también de origen austriaco pero que en ese entonces trabajaba en Baltimore, EEUU, en un artículo titulado Alteraciones Autistas del Contacto Afectivo, describió las características de un grupo de niños que llamó autistas. Asperger en su publicación de 1944 ya había leído la publicación de Kanner y, aunque también usa el término autismo en la publicación, La psicopatología Autista en los Niños, consideraba que sus pacientes eran diferentes al grupo que describió Kanner un año antes.

Ambos describen niños que tienen alteraciones en las interacciones sociales, intereses restringidos y conductas repetitivas. Ambos autores hacen referencia a particularidades en el desarrollo del lenguaje, pero mientras Kanner describe desde la ausencia completa de lenguaje, hasta un lenguaje atípico, inefectivo para comunicarse socialmente (por ejemplo, como usar una misma palabra para referirse a varias cosas, como decir leche cuando tiene hambre, pero también cuando tiene sueño), Asperger hacía énfasis en que sus pacientes tienen un lenguaje normal o precoz, con habilidades lingüísticas superiores. Sin embargo, los niños con Asperger presentan ciertas características atípicas en la expresión, como un vocabulario sofisticado (por ejemplo, niños costarricenses con síndrome de Asperger usan la palabra coche en vez de carro, césped en vez de zacate, púrpura en lugar de morado), lo cual suena pedante y excesivamente formal para un niño. También tienen una prosodia atípica, estereotipada o mecánica (por ejemplo, hablan con un dejo que recuerda el de otros países, como se habla en México con frecuencia y con un tono que parece el de un profesor dictando cátedra). Asperger también describe que sus pacientes tienen intereses poco prácticos, restringiéndose a ellos en forma obsesiva, y preocupaciones intelectuales y abstractas (por ejemplo, pueden volverse eruditos en temas biológicos, como insectos, o dinosaurios, o astronómicos, como los huecos negros). Los niños con síndrome de Asperger también muestran una baja tolerancia a la frustración, tienden a ser muy rígidos en sus puntos de vista, sus rutinas y les es difícil entender el lenguaje figurado como las metáforas, las bromas, la ironía y el sarcasmo.

Mientras que Asperger parecía tener una suerte de admiración por sus pacientes, Kanner veía más el ángulo psicopatológico y desarrolló algunas teorías sobre la etiología del autismo que desviaron la atención hacia factores equivocados y dañinos, como caracterizar a las madres de los niños autistas como distantes y frías (las llamó madres-refrigeradoras). Actualmente se acepta, en todos los centros académicos del mundo, que tanto el síndrome de Asperger como el Autismo son trastornos del neuro-desarrollo con los cuales se nace, y que la crianza y características de los padres no tienen nada que ver con la causa del Asperger, es una condición con una base neurobiológica, hereditaria en gran medida.

Es sumamente frecuente que los niños con Asperger tengan un familiar cercano, generalmente el padre, que presenta el síndrome de Asperger o algunas características que lo recuerdan. Como es lógico, los niños con síndrome de Asperger maduran y luego son adultos con síndrome de Asperger. Lo más común es que los adultos pasen desapercibidos por varias razones; por una parte, con la experiencia y la madurez, logran desarrollar mejores destrezas sociales; también ocurre que los niños con Asperger llaman la atención porque parecen pequeños adultos y, entonces, cuando son adultos, no se observa tanta discrepancia entre la forma de ser y la edad; finalmente, muchos adultos con síndrome de Asperger son muy competentes por su dedicación intensa y persistente a ciertos temas, generalmente en las áreas del pensamiento formal como las ingenierías, las ciencias de la computación y profesiones afines.

Asperger pensaba que los niños con esta condición eran diferentes a los autistas y que se podían distinguir porque sus pacientes tenían capacidades intelectuales superiores y una temprana adquisición del lenguaje. Aunque el término Asperger fue utilizado por primera vez en las publicaciones en inglés en 1981, el número de publicaciones sobre síndrome de Asperger aumentó aceleradamente y en 1994 fue incluido dentro del manual de psiquiatría en la versión DSM-IV, que es un manual que usan los médicos psiquiatras con instrucciones sobre cómo hacer cualquier diagnóstico.

Varios autores han hecho referencia a otras diferencias clínicas importantes entre Asperger y Autismo; por ejemplo, los niños autistas evitan o son indiferentes a las interacciones sociales, mientras que los niños con síndrome de Asperger buscan la interacción social, pero lo hacen de una forma torpe y unilateral. Más aún, como en el pasado se ha hablado de autismo de alto nivel de funcionamiento, para referirse a niños autistas con buen desarrollo del lenguaje e inteligencias normales o superiores, se generó una confusión sobre si el síndrome de Asperger y el Autismo de alto nivel de funcionamiento son realmente lo mismo.

Las diferencias entre estas últimas condiciones resultaron ser sutiles como la presencia en Asperger de un desarrollo del lenguaje más temprano, la prosodia atípica y el habla pedante, mientras que en Autismo encontramos la ecolalia (es la tendencia a repetir una palabra, como si fuera un “eco”), la inversión de pronombres (hablan sobre sí mismos en tercera persona, por ejemplo pueden decir: “Luis tiene hambre”, en vez de “tengo hambre” y el uso de neologismos (usar una palabra o frase para expresar algo que no concuerda con lo que se quiere decir o inventar una palabra, por ejemplo, decir “muchos marsupios” para referirse a que hay muchos animales). Las diferencias entre ambos grupos de niños disminuyen conforme crecen y la mayor parte de los estudios muestran diferencias cuantitativas, no cualitativas, en los rasgos que los diferencian. Aunque múltiples estudios de imágenes y la actividad eléctrica del cerebro señalan algunas diferencias, no se han encontrado pruebas biológicas de sangre ni de ningún otro tipo que identifiquen al síndrome de Asperger como una entidad diagnóstica independiente.

Lo anterior y otros tipos de evidencia llevaron a la conclusión que el síndrome de Asperger era parte del síndrome de autismo, especialmente el autismo de alto nivel de funcionamiento. El comité de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría que elabora el manual diagnóstico (DSM-5) entonces integró el síndrome de Asperger y el Autismo en una única categoría que se denominó Trastorno del Espectro Autista, teniendo como criterios obligatorios una alteración significativa en las interacciones sociales y la comunicación, y la presencia de conductas e intereses recurrentes.

Tan pronto como se conoció esta nueva forma de entender el síndrome de Asperger, se manifestaron perspectivas críticas sobre esta decisión. Específicamente, las familias de niños con Asperger, las organizaciones alrededor del síndrome de Asperger y muchos profesionales, expresaron resistencia a que, de un día para otro, una condición reconocida casi universalmente, desapareciera del firmamento clínico. De hecho, los nuevos criterios diagnósticos han provocado que no se haga el diagnóstico a los pacientes que tienen Asperger y son cognitivamente más capaces, en un alto porcentaje, hasta un 75% de los pacientes previamente diagnosticados. Las implicaciones en EEUU de esta situación son diferentes en nuestro contexto porque nosotros no tenemos que apegarnos a códigos diagnósticos para proveer tratamiento a los pacientes, como lo requiere el sistema de salud privado por medio de compañías de seguros en EEUU.

En resumen, el síndrome de Asperger es un trastorno del neurodesarrollo, que se caracteriza por un lenguaje correcto pero atípico, debilidad en las destrezas sociales, intereses muy definidos y persistentes, baja tolerancia a la frustración y un estilo de personalidad rígido y dominante o autoritario. Las personas con síndrome de Asperger y sus familias deben recibir información apropiada sobre esta condición y dependiendo del perfil de cada paciente se pueden beneficiar de terapias orientadas a mejorar las destrezas sociales, y terapia farmacológica para regular el estado de ánimo, la ansiedad y mejorar el control de impulsos. Es frecuente que los pacientes adultos con síndrome de Asperger consulten por dificultades interpersonales en su vida laboral y familiar, y es muy importante identificarlos y brindarles información y tratamientos adecuados.

Mi posición personal y profesional en este tema es que el síndrome de Asperger es una entidad diagnóstica útil, porque nos orienta hacia tratamientos beneficiosos, nos permite anticipar la evolución de las personas que lo presentan, tiene menos estigma y es menos confuso que el término Trastorno del Espectro Autista. Por estas razones, les explico a los pacientes y a sus familias en términos sencillos la evolución del término y concepto de síndrome de Asperger, utilizo el término Asperger si lo considero indicado y, si es necesario registrarlo en un formulario de seguro de salud, lo consigno como un Trastorno del Espectro Autista.

UCR: Voz experta: A ochenta años del fin del Fascismo en Europa

El Fascismo es primero un fenómeno cultural para luego convertirse en fuerza política

Por: Dr. Jorge Barrientos Valverde, profesor e investigador en Historia Contemporánea en la Escuela de Estudios Generales, UCR.

Este 2025 marca como conmemoración histórica la derrota del fascismo en el mundo tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) a manos principalmente de las fuerzas aliadas encabezadas por la Unión Soviética para la liberación de Europa del Este y Berlín y los Estados Unidos con la liberación del frente occidental.

En el contexto de la crisis económica del 2008 y posteriormente la depresión social provocada por la pandemia COVID-19 en 2020, en pleno siglo XXI empezaron a surgir nuevas manifestaciones de movimientos de extrema derecha que ante las graves y cada vez más fuertes contradicciones del capitalismo mundial brindaban una narrativa alternativa de soluciones, con respuestas fáciles a problemas complejos de resolver, casi siempre a través de exaltar el patriotismo, el sentimiento de unidad nacional, el conservadurismo religioso, la crítica a las élites tradicionales, la necesidad de un gobierno autoritario de mano dura, y también los discursos de odio. Reivindicando incluso figuras como Benito Musolinni, Adolf Hitler o Francisco Franco.

Se manifiestan con propuestas que contienen altas dosis de homofobia, xenofobia, racismo, clasismo, misoginia y todo tipo de prejuicios anti comunistas (entiéndase como la lucha contra todo tipo de movimiento social de izquierdas y defensor de los derechos humanos, principalmente movimientos ambientalistas, por los derechos laborales, por la diversidad de pensamiento). Además de lo anterior, sostienen posiciones negacionistas en temas tan diversos como el holocausto, las muertes de las dictaduras, los derechos de las mujeres o el cambio climático.

Ante la gravedad del crecimiento de nuevas agrupaciones de extrema derecha en la actualidad, y tomando en cuenta que estos movimientos legitiman la discriminación y el uso de la violencia como forma de atacar a lo que ellos consideran un “otro no deseado”, se hace muy necesario desde el presente explicar los orígenes históricos de estos grupos radicales que simpatizan con el supremacismo blanco, la exaltación nacionalista y todo tipo de racismo y colonialismo que justifican la dominación y explotación de unos contra otros, cuestión que vemos claramente en el nuevo gobierno de Donald Trump y sus alianzas con Benjamin Netanyahu y Javier Milei.

Concepto y orígenes históricos del fascismo

El fascismo se refiere a una corriente político ideológica de extrema derecha, representante de los intereses de las élites capitalista más radicalizadas y anti democráticas, defensora de los privilegios de los sectores más poderosos de las naciones y apologista del pasado imperialista y monárquico que tuvieron en muchos momentos históricos ciertas naciones europeas. Hacia inicios del siglo XX, con el fin de llevar a cabo la consolidación de su proyecto político y económico se valió de la tradición militar, el nacionalismo exaltado, la idea de la unidad y supremacía de la nación y en algunos casos el ideario de la defensa de las buenas costumbres religiosas.

El movimiento fascista surge principalmente como una reacción a la revolución rusa de 1917, como un método de defensa de los intereses de las clases privilegiadas y poderosas a los movimientos insurgentes de corte anarquista y marxista que querían luchar por mayores niveles de justicia y equidad social. El fascismo defiende el desarrollo de un capitalismo corporativista, manejado por una élite militar, con una burguesía supeditada a las directrices del gobierno totalitario que legitima las divisiones sociales de clase y que fomenta la supremacía de las élites blancas frente a otros grupos étnicos. (Rodrigo Quesada, 2007).

Sin embargo, las raíces históricas de dicho movimiento pueden ubicarse mucho antes. En Francia desde finales del siglo XIX Charles Maurras desarrolló un proyecto ideológico ultra nacionalista, fuertemente anti semita y anti comunista, profundamente contrarevolucionario como respuesta a la Comuna de París de 1871 que amenazaba los intereses de los más poderosos, además defensor del régimen monárquico creía que el parlamentarismo era nocivo para la nación francesa. Para èl la democracia y el parlamento daban opción a radicales de izquierdas a que participaran de la política y pudiesen tomar decisiones para el país, en detrimento de los intereses de la aristocracia francesa.

Los choques inter imperialistas y las disputas coloniales generaron que también en otras naciones se desarrollaran manifestaciones de este tipo de proyecto ideológico. Esto fue provocando rivalidades y odios entre las naciones europeas, incluso desde los conflictos generados por la Conferencia de Berlín (1985) y los desacuerdos entre élites imperialistas respecto a cómo dividirse África y parte del Medio Oriente. Como es sabido, tales disputas y desacuerdos finalmente intentaron resolverse con la Primera Guerra Mundial, aunque con resultados no muy convincentes ni definitivos.

Es específicamente en Italia donde más se desarrolla ya bajo ese nombre el proyecto fascista. Luego de terminada la Primera Guerra Mundial, Italia queda como uno de los países más afectados de las consecuencias del conflicto y el tratado de Versalles. La situación socio económica en Europa es paupérrima y decadente, principalmente para las clases trabajadoras más explotadas, quienes incluso fueron la carne de cañón para ir al frente de los ejércitos en estas guerras, envenenados por un discurso patriotero de exaltación nacionalista y convencidos de la grandeza de sus naciones y el futuro próspero que sus respectivas burguesías prometían.

Esos sectores sociales, urgidos de respuestas frente a la crisis política y económica de 1919, fácilmente se dejaban seducir por discursos mesiánicos de salvación de la patria, de unidad y de nuevas luchas militares. Esa era una alternativa, la otra al frente, era el de la revolución socialista de inspiración marxista – anarquista.

Fue Gabriele D’annunzio, un poeta, político y militar italiano quien más influenció el desarrollo de muchas ideas que luego Benito Mussolini iba a poner en práctica, ideas que estaban plagadas de fanatismo nacionalista, odio por el socialismo marxista y aversión por los judíos. Proponían en cambio un sindicalismo nacional fascista en oposición al sindicalismo combativo de izquierdas, elemento que para Zeev Sternhell, es clave para comprender dos cosas: a. el fascismo es primero un fenómeno cultural para luego convertirse en fuerza política, b. la polarización ideológica entre izquierdas y derechas en el marco de la lucha de clases cada vez más grave es lo que genera que el fascismo tome tanta fuerza política. (Zeev Sternhell, 2002).

Así las cosas, el fascismo no es un accidente de la historia de Occidente, por el contrario es mas bien el resultado de la cultura política europea plagada de conflictividad social, violencia política y fanatismos culturales. La burguesía mundial desde 1945 ha insistido en narrar al fascismo como un fenómeno político ajeno a la izquierda y la derecha y lejana a los intereses de las élites capitalistas, una especie de absurdo irracional que dura veinticinco años producto de la maldad de la naturaleza humana que siempre ha estado allí y se desbordó en estas décadas.

Lejos de esto, el fascismo es una ideología de extrema derecha, proviene de la clase burguesa racista, colonialista e imperialista, y es una corriente de lucha político militar que pretende defender a las élites más poderosas de la amenaza revolucionaria socialista, marxista, anarquista e incluso del reformismo socialdemócrata.  

La herencia del siglo XIX marca profundamente el llamado corto siglo XX entre 1914 y 1991 (Eric Hobsbawm, 1994), principalmente por tres fenómenos principales que explican el desarrollo del fascismo:

  1. la nostalgia por el pasado imperial y colonial, incluyendo la defensa de la monarquía.
  2. el fanatismo nacionalista y patriota, circunscribiendo el tema religioso.
  3. la profunda lucha de clases, la polarización social entre burguesía y proletario y entre naciones poderosas y naciones subyugadas.

Características del fascismo

 Siguiendo los aportes de Enzo Traverso, Rodrigo Quesada y Ernest Mandel, algunas de sus características como corriente política son:

– Se asocia al nacionalismo exaltado inclusive legitimando el supremacismo blanco europeo.

– Utiliza el militarismo como instrumento clave para llevar a cabo sus proyectos políticos de dominación ideológica y control social.

– Practica el culto al líder supremo, quien es un hombre blanco autoritario, del alto rango militar, quien debe guiar a la nación hacia el progreso y defender a los sectores más aristocráticos del país bajo un capitalismo monopolista.

– Fomenta el racismo, la xenofobia, el anti comunismo, el anti semitismo, la homofobia, el eurocentrismo, el etnocentrismo, la islamofobia, el determinismo biológico y con ello el darwinismo social, una repulsión por el liberalismo político y el fanatismo religioso como modo de legitimar sus planes de dominio nacional.

– Desarrolla una fuerte afición por el pasado monárquico, imperialista y colonialista de muchas naciones europeas, de manera tal que legitima el sometimiento y saqueo de grandes cantidades de poblaciones a las que se considera atrasadas y subdesarrolladas.

Las dictaduras neofascistas

 A partir de 1947 con la entrada de la comunidad internacional en la dinámica de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentarían por el control político, ideológico y económico del mundo. La disputa sobre el Medio Oriente, en específico relativo al conflicto palestino – israelí demostraría el enfrentamiento entre estas super potencias. Con el apoyo explícito de los Estados Unidos, en América Latina se desarrollaron una gran cantidad de golpes de Estado y dictaduras militares sangrientas, en nombre de la democracia, la estabilidad de occidente, el mundo libre y las buenas costumbres cristianas, esto entre 1948 y 1991.

La mayor parte de los dictadores en América Latina aliados a los gobiernos norteamericanos se decían buenos cristianos y patriotas, incluso admiradores del estilo de gobierno de Musolinni o Franco. (Roitman, 2013). Estas dictaduras asesinaron miles de civiles siguiendo el llamado método Yakarta puesto en práctica primeramente en Indonesia en los años sesenta. (Vicent Bevins, 2021).  

Las nuevas extremas derechas

El planeta entero vive momentos de mucha tensión y preocupación derivados de la llegada al poder de líderes de extrema derecha en los gobiernos de Estados Unidos con Trump, la extrema derecha sionista en Israel que gobierna hace varios años en coalición con Benjamín Netanyahu, la Hungría de Victor Orban, en Argentina Milei y en Italia con Giorgia Meloni.

Dichas derechas radicales hoy en día tienen semejanzas y diferencias con las extremas derechas clásicas. Evaden reconocerse como movimientos fascistas o simpatizantes del fascismo europeo y más bien su batalla declarada va contra los inmigrantes empobrecidos, contra la diversidad sexual, contra los derechos de las mujeres, y contra todo movimiento de izquierdas, desde ambientalistas hasta defensores de derechos humanos.

Se aprovechan además de las iglesias neopentecostales con la teología de la prosperidad para plantear estos enfrentamientos como parte de una cruzada religiosa de cristianos buenos contra socialistas malos. Esa fue la experiencia brasileña con el caso de la llegada al poder de Jair Bolsonaro en una alianza entre magnates eclesiales, el ejército, grandes empresarios y el poder financiero.

Libros recomendados

Eric Hobsbawm. Historia del siglo XX: La era de los extremos.

Rodrigo Quesada. El siglo de los totalitarismos.

Enzo Traverso – Las nuevas caras de la derecha.

Enzo Traverso. La historia como campo de batalla.

Noam Chomsky – ¿Quién domina al mundo?

Kathleen Belew – Bring the war home.

Pablo Stefanoni – ¿La rebeldía se volvió de derecha?

Steven Forti – Extrema Derecha 2.0.

Zeev Sternhell – El nacimiento de la ideología fascista.  

Marco Roitman – Tiempos de oscuridad. Los golpes de Estado en América Latina.

Vincent Bevins – El método Yakarta. 

Doctor en Historia Jorge Barrientos Valverde.
Profesor e Investigador Asociado de Historia Contemporánea en la Escuela de Estudios Generales, UCR.

La Unión Cantonal de Asociaciones de San Rafael de Heredia se pronuncia “ante la masacre ambiental en el norte de nuestro cantón”

SURCOS comparte el siguiente documento enviado a nuestra redacción:

La Junta Directiva de la Unión Cantonal de Asociaciones de San Rafael, en su sesión No. 356, celebrada el 14 de febrero de 2025, ante la situación que se ha venido presentando en la zona norte de nuestro cantón, con la corta indiscriminada de árboles de ciprés y otras especies, acordó por unanimidad declarar lo siguiente:

1.- Uno de los atractivos turísticos más importantes del norte de nuestro cantón ha sido la belleza escénica contemplada por nuestros visitantes desde las partes más altas de nuestro relieve geográfico.

2.- Con el transcurso de los años, esa belleza escénica se ha visto muy afectada con acciones de los dueños de propiedades, quienes han arrasado sin ningún control con centenares de árboles, sin que la legislación costarricense proteja nuestra zona de recarga acuífera por excelencia.

3.- A pesar de existir una disposición de la Sala IV desde el año 2007, o sea hace 17 años, en la cual se ordena a la Asamblea Legislativa a legislar para remediar este proceder indiscriminado contra la naturaleza de nuestros cantones heredianos, poco se ha avanzado por la oposición de los grupos económicos poderosos que una y otra vez se han opuesto a que se haga una legislación adecuada para un país que presume de ser defensor de la ecología y el medio ambiente.

4.- Con la corta de los cipreses en la zona del Tirol, queda evidenciada la poca o nula posibilidad para las autoridades municipales, actuando como gobierno local, de defender nuestra belleza escénica, nuestro medio ambiente y nuestra ecología y al contrario, pasan a ser los “malos” de la película.

5.- La venta de propiedades en la zona norte de nuestros cantones, a personas que no tienen ninguna conciencia de los valores de nuestro terruño, complica el pano- rama y enfrenta nuestras comunidades a una posibilidad de futuros deslaves y otras amenazas cuando los terrenos son expuesto a la lluvia y la erosión constante.

6.- Nuestra organización comunal, en representación de las 12 asociaciones de desarrollo del cantón de San Rafael de Heredia hace un llamado a la opinión pública nacional para que se pronuncie contra este atentado a la madre naturaleza y de manera conjunta produzcamos una reacción en las siguientes entidades:

A- En la Asamblea Legislativa, para que, de una vez por todas, propicie una ley forestal que defienda las especies no nativas o autóctonas de la zona.

B- En los concejos municipales de San Rafael. San Isidro, Barva y Santa Bárbara para que defendamos juntos la belleza escénica de nuestros territorios y se impulsen los acuerdos necesarios para que cesen estos atropellos a la naturaleza de nuestros cantones.

C.- A las organizaciones comunales, sociales, ambientalistas y representantes de la lucha por la naturaleza para que se manifiesten en todos los medios para que se detengan este tipo de disposiciones legales que atentan contra el medio ambiente y la sana convivencia de nuestras comunidades.

Finalmente se acuerda enviar este comunicado a todos los medios de comunicación escrita, televisiva y digital de nuestro país, a la Asamblea Legislativa, a los concejos municipales de la provincia de Heredia, a las asociaciones comunales, programas de bandera azul ecológica y otras organizaciones ambientalistas y ecologistas para que entre todos produzcamos un cambio real al status quo que nos dejará sin naturaleza que admirar en los próximos lustros.

Marcos Hernández Ramírez

Presidente

La investigación contra el presidente Rodrigo Chaves y compañía por parte de la fiscalía

Alberto Salom Echeverría

1.Todavía no hay una acusación formal contra el presidente de la República, el vicepresidente Brunner, el canciller Arnoldo André, algunos diputados oficialistas y otros adherentes al Partido Progreso Social Democrático (PPSD), porque la Fiscalía se encuentra en una fase de investigación acerca de quiénes son los presuntos responsables de haber incurrido en graves delitos contra la legislación electoral de nuestro país. Por lo consiguiente en este artículo no me propongo inculpar a nadie; sé que hacen falta las pruebas concluyentes para que se pueda hablar de culpables.

2. Sin embargo, sí deseo expresar mi criterio de carácter politológico más que jurídico, sobre la relevancia que esta investigación tiene en Costa Rica hoy. Diré primero que cualquier investigación que se realice en contra del presidente de la República y otros altos funcionarios del poder ejecutivo y de la Asamblea Legislativa, es de mucho cuidado; sobre todo cuando se trata de examinar presuntos hechos dolosos en que podrían haber incurrido los altos dignatarios gubernamentales, porque de probarse la culpabilidad, se constituiría un grave daño político, jurídico y moral que afectaría aún más la credibilidad de la sociedad civil en la política y en los políticos.

3. En este caso, la investigación discurrió primero, desde hace tres años por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), y, se configuró un documento en noviembre del 2024. Este documento deberá ser conocido, esperamos que con urgencia por los magistrados del TSE. Pero, dado que se trata de una investigación a tan altos dignatarios del Estado costarricense, el pasado 17 de enero, el fiscal general, Carlo Díaz, sustentado en una orden judicial de la Sala Tercera (que conoce y se pronuncia sobre delitos penales), incauta el documento, justamente con el fin de examinar si amerita elevarlo a los tribunales de justicia competentes para que se inicie un juicio. El documento al que nos referimos versa sobre el supuesto financiamiento paralelo en la campaña del hoy presidente Rodrigo Chaves. De probarse los hechos que allí se señalan, obviamente sería a todas luces un ilícito grave contra artículos del código electoral y, como ha quedado dicho procedería que el fiscal lo eleve a juicio.

4. El procedimiento no es nada sencillo, puesto que algunos de los altos dignatarios investigados, como el presidente de la República, el vicepresidente, el ministro de Relaciones Exteriores y los dos diputados, están investidos de inmunidad. En tal caso procede que el TSE valore la denuncia y, si lo estima necesario, ordene a la Inspección Electoral, que instruya una investigación preliminar. Si realizado este proceso encuentra indicios de culpabilidad, deberá trasladar la denuncia a la Asamblea Legislativa, a fin de que ésta, proceda a levantar la inmunidad de los funcionarios que estime necesario. Se requerirán dos terceras partes de los votos de los diputados a la Asamblea Legislativa para levantarles la inmunidad a los dignatarios aquí mencionados para que puedan ser sometidos a juicio. O sea, se trata de un procedimiento calificado.

5. ¿Cuáles son los presuntos delitos en que habrían incurrido los dignatarios y otros de sus partidarios? El informe del Departamento de financiamiento de partidos políticos del TSE, como resultado de tres años de investigación concluyó que se habrían cometido por parte del presidente, los siguientes delitos electorales, a saber: Rodrigo Chaves, habría recaudado fondos para financiar al PPSD, sin haber recibido autorización alguna del tesorero de este partido político. Una violación como esta, de haberse producido, implicaría penas de dos a cuatro años de cárcel, según artículo 273 del Código Electoral. Los recursos, postula el informe de investigación habrían ingresado a cuentas de una firma privada ATA Trust Company, mediante la cual se administraron los recursos del fideicomiso “Costa Rica Próspera”. También señala el informe dado a conocer por el diario La Nación, que el presidente recibió contribuciones o donaciones, por medio de una estructura paralela a las cuentas oficiales del PPSD, con lo cual evadía el control del propio partido político; esa cuenta paralela que se constituyó fue el fideicomiso mencionado y uno de los sujetos de investigación. Con ello se habría violado el artículo 275, inciso b, del código electoral.

6. A su vez al canciller Arnoldo André, se le atribuyen dos delitos más: igual que Chaves habría violado el artículo 273 del mismo código, tras haber incurrido, supuestamente en la misma falta de captar recursos por medio del fideicomiso, para el PPSD también. Pero, por otra parte, se le atribuye haber donado a esa estructura paralela, el fideicomiso, una suma de 3,6 millones de colones. De haberse producido esa donación sería una irregularidad violatoria del artículo 274 del citado código.

7. A la diputada Luz María Alpízar, en su calidad de presidenta del PPSD, se le estaría atribuyendo haber recibido financiamiento privado, mediante el aporte de personas no autorizadas para recaudar esos fondos, las cuales habrían empleado cuentas, aparentemente no inscritas, ni autorizadas por el tesorero nacional, o por el comité ejecutivo nacional del PPSD. De probarse tal delito sería una violación al artículo 275 del mismo código. En este caso, si se logra probar el delito se señalan penas de cárcel de dos a seis años.

8. Al diputado Waldo Agüero, se le investiga también por sospechas de haber violado el artículo 275. A la vez, a su hija, Sofía Agüero Salazar, se le sigue proceso de investigación por sospechas de haber recibido y depositado fondos en su cuenta bancaria, ilegales, para financiar la candidatura de su padre. En este caso el dinero recaudado provenía del banquero Jack Loeb. (Cfr. Para más abundamiento, pueden conocer informes de los artículos del diario La Nación sobre esta materia de los días domingo dos de febrero del 2025, págs. 1 y 3, martes 4 de febrero, págs.1 y 3 y, miércoles 5 de febrero, págs. 1 y 3).

En suma, la investigación a la que nos hemos estado refiriendo del Departamento encargado de estudiar el financiamiento de los partidos políticos, perteneciente al TSE, habla de dos supuestas estructuras paralelas a la contabilidad oficial del partido de Chaves, el fideicomiso y una cuenta privada de la señora Sofía Agüero Salazar.

Al estudio de estos supuestos delitos, está abocada ahora la fiscalía general, con el objeto de seguir la trazabilidad de los fondos recaudados mediante estructuras paralelas y así se estaría probando que los recursos se habrían recibido de donantes privados no autorizados, cuyo destino era beneficiar tanto la candidatura a la presidencia de Chaves, como la de Brunner, y la de los candidatos a diputados de aquel entonces, aquí mencionados con anterioridad. También se afirmó en este artículo, que el fiscal tuvo que solicitar autorización de los magistrados de la Sala Tercera de lo penal, para obtener la orden judicial y así incautar el documento al que hemos hecho referencia.

Como puede verse, de probarse los ilícitos, los altos funcionarios de la administración pública, el presidente Chaves y los demás, habrían incurrido en faltas graves que atentarían contra nuestro sistema electoral, y habrían faltado a la confianza de los costarricenses que votaron por ellos y los que todavía les mantienen la confianza. Es de esta manera como se vulnera la democracia costarricense y cada vez mayor cantidad de personas en nuestro país se han ido decepcionando de la política y los políticos. Esperamos que los que sean acusados, no acudan a procedimientos espurios y leguleyadas en su defensa que, producirían todavía más decepción en el pueblo.

Reforma al Reglamento de Agua Potable: TEC solicita reevaluación de la propuesta y un análisis más profundo

  • Los nuevos valores propuestos superan significativamente los límites establecidos por la normativa nacional vigente.

  • La reforma podría aumentar la exposición de la población a residuos de agroquímicos.

  • El TEC expresa su respaldo a las comunidades afectadas por la contaminación con agroquímicos en el agua de consumo.

El Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica se unió a las voces de sectores sociales y DiputadosFEUCR, UCRUNAARESEP que cuestionan la propuesta del Reglamento Para La Calidad Del Agua Potable, Decreto Ejecutivo No. 38924-S.

Mediante un acuerdo del pasado 12 de enero, el TEC dejó clara su postura al solicitar a las autoridades “un análisis más profundo que permita definir explícitamente los mecanismos para abordar las limitaciones técnicas en la determinación de valores de riesgo para la población, garantizando así una aplicación eficiente y oportuna de las medidas de control y mitigación”.

El TEC considera que la propuesta del Ministerio de Salud busca establecer nuevos Valores Máximos Admisibles Ajustados por Riesgo (VMAAR), “los cuales superan significativamente los límites establecidos por la normativa nacional vigente para la toma de decisiones”.

Por esta razón, el TEC solicita “una reevaluación de la propuesta reglamentaria conforme al principio precautorio y la creación de un comité técnico intersectorial, integrado por especialistas en toxicología, química ambiental, salud pública y abastecimiento de agua, que facilite una discusión técnica y logísticamente viable para su implementación”.

Según el TEC, la evidencia científica respalda la necesidad de regular los contaminantes químicos en el agua potable bajo un enfoque precautorio, con el fin de prevenir impactos adversos en la salud humana. En este sentido, “la implementación de esta reforma podría aumentar la exposición de la población a residuos de agroquímicos, elevando de manera significativa el riesgo toxicológico”.

El TEC expresa particular preocupación por la inclusión de niveles críticos del agroquímico clorotalonil, prohibido en 2023 debido a su clasificación como carcinógeno probable y su persistente detección en fuentes de agua. Este cambio está justificado por una consultoría subcontratada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que estimó valores de alerta para las moléculas de clorotalonil. Sin embargo, el TEC advierte que “los modelos de predicción siempre conllevan un grado de incertidumbre y pueden no reflejar completamente la complejidad del comportamiento real de las sustancias en diferentes escenarios. Aunque el modelo tiene un enfoque basado en datos, las predicciones de riesgo pueden tener un margen de error si los datos disponibles son limitados o si los modelos no consideran todas las variables posibles”.

Sobre las nuevas evaluaciones de riesgo, el TEC cita literatura científica que señala que estos instrumentos enfrentan grandes desafíos debido a “las influencias políticas e industriales” y a que, por lo general, se centran en evaluar eventos individuales. Estos modelos carecen de una visión más amplia que abarque la realidad compleja, los períodos más prolongados y los efectos acumulativos y sinérgicos de estas mezclas químicas o de la toxicidad sinérgica (Referencia: Tsatsakis, A. M., & Renieri, E. (2024). The concept of risk assessment evaluations in the 21st century: The speedy and slippery progress of science and its political stand. Public Health Toxicol, 4(4), 19).

El TEC recomienda que las normativas se fundamenten en evidencia científica, apliquen el principio precautorio y cuenten con un sistema de monitoreo continuo. Además, sugiere que el Ministerio de Salud establezca como meta la convergencia hacia el estándar internacional de 0,1 μg/L, como lo establece la normativa actual.

Finalmente, el Instituto Tecnológico de Costa Rica reafirma su compromiso “en la búsqueda de soluciones mediante el desarrollo de investigaciones aplicadas, asesoría técnica y la implementación de estrategias innovadoras que contribuyan a la mitigación de este problema”.

Acuerdo de TEC: https://drive.google.com/file/d/1MC0M_0SOCkndGk8gBvOvMBym7MQT-8Kl/view?usp=drive_link

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Reservas sobre la aplicación del lawfare

Por Carlos Meneses Reyes

El lawfare no es de creación jurisprudencial, ni legal. Tampoco corresponde a creatividad doctrinaria jurídica; siendo, una instrumentalización de la justicia. Es la utilización de una opción aparentemente legal y lógica de tipos y actuaciones judiciales, utilizados como instrumentos políticos y por ende alejada de lo sistemático de la dogmática jurídica. Se conoce como guerra jurídica; judicialización de la política; o acoso judicial. Se relaciona con el ataque al poder ejecutivo o al representante de esa rama; mediante la utilización de instancias judiciales nacionales e internacionales, buscando su desprestigio y hasta su caída y destitución, sin el uso de las armas. Su principal engranaje es funcionar con la dictadura mediática intoxicante (medios de comunicación) y el uso de las redes sociales. En el escenario latinoamericano, luego del fracaso de las dictaduras militares, se acudió, como signo desestabilizador del imperio y lacayos criollos, a la llamada “dictadura civil” para transmutar, en los últimos años, en el fenómeno del “golpe blando”. La derecha habla del Estado de Derecho; pero la realidad es que tienen archivado el Estado Social. El escenario propicio para la aplicación del lawfare es la carencia, o falta de funcionamiento, de un Estado Social, en un país determinado; en donde predomina la institución judicial subordinada al poder político y a los partidos políticos tradicionales, detentadores de poder; con una presentación de miseria de la justicia y por ende un cuadro de justicia vulnerable. Tomando los casos emblemáticos de uso del “golpe blando” en países latinoamericanos como Honduras, Paraguay, Perú, Bolivia, Brasil y el no abortado del caso colombiano, se puede caracterizar una constante de aplicación en gobiernos progresistas, alternativos, con proyección de izquierda, que afectan al “establecimiento” pro-imperio. La medida no ha logrado aplicar en gobiernos de izquierda, con inspiración socialista y por ende con un marco constitucional diferente, de nuevo tipo, tal como sucede con la indoblegable Cuba; el ejercicio constitucional del bravo pueblo bolivariano y la consecuente inspiración soberana del gobierno sandinista. Por ende, al abordar sobre su caracterización persiste en mantener una apariencia de legalidad, buscando deslegitimar, desprestigiar, provocar el repudio popular y aplicar hacia el desgobierno y/o el “mal gobierno”.

Destacar que cuando hay sumisión al estado social no se da aplicación del lawfare. No es dable particularizar en lo de jueces afines al régimen imperante; como el de casos de jueces que resaltan como jueces valientes. Aunque no es tema de este ensayo, no se puede desconocer el contenido ideológico de las sentencias judiciales. Predomina el ejercicio de la tridivisión de los poderes. Aplica lo del ejercicio o ejecución armónica de la tridivisión del poder. Por ello se puede encontrar una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, valiente, al asumir en contrario una imposición del ejecutivo. Pero, de igual manera, la correspondencia de decisiones judiciales armoniosas y acorde al desempeño gubernamental en la Republica Bolivariana de Venezuela, como también en la Nicaragua Sandinista. O las medidas judiciales contra la pretendida fascistización contra el migrante en los Estados Unidos. Hasta aquí este preámbulo de fundamento jurídico-doctrinario, sobre el lawfare, para adentrarnos en la caldera del diablo, tal como corresponde al desarrollo institucional actual en Colombia.

Cómo opera el lawfare en Colombia

Existe particulares condiciones en el escenario, no ya de una Rama seca de la justicia, la cual fue incinerada por el militarismo de derecha. Sí, de un sistema de justicia, permeado por la corrupción, en un modelo de estado considerado, por algunos, como un narco-Estado imperante. Realísticamente operan feudos, con identificaciones y denominaciones exactas y de contenido delictivo como el denominado “Cartel de La Toga”. No opera el acoso judicial cual un modelo único aplicado a cada país. Pero en el caso colombiano si se da y aplica unas condiciones y formas lastimosas. Comencemos por el comportamiento de las Altas Cortes ante las propuestas de reformas de fondo (ni siquiera revolucionarias) en lo de la salud, lo laboral, pensional, tributario e iniciativas administrativas gubernamentales para superar el estado de cosas inconstitucional (eci) que existen en regiones del país como en la Guajira, por ejemplo y a hoy potenciado en lo de El Catatumbo. Pero no solo en eso; el sistema judicial contencioso administrativo (Consejo de Estado) ha sido reiterativo en impedir la función constitucional de ser el presidente de la república el orientador de las relaciones internacionales. Durante cerca de tres años transcurridos de gobierno progresista-liberal, los nombramientos de libre remoción de embajadores, cónsules y del servicio exterior, le fueron revocados al presidente de la república, quien actúo conforme al mandato constitucional, Artículo 189-2 de la Constitución Política de 1.991 (CP91). “Corresponde al Presidente de la República: “Dirigir las relaciones internacionales”. Bajo revestimiento legal, adujeron la existencia de un estatuto reglamentario de la carrera consular, que exige suplir vacantes con personal adscrito en antigüedad en la Cancillería, al que le acomodan lo de “pacto sindical”; siendo que una asociación de empleados de libre nombramiento y remoción, en modo alguno son sindicalizados; resultando tal materia así atendida totalmente inconstitucional; como es desde todas luces notorio impedir al director de las relaciones internacionales la búsqueda de mejor escogencia de sus colaboradores. Pues bien, sin pretender ser taxativos, ese es un caso ejemplar de acoso judicial y de guerra legal contra el presidente colombiano. Tan solo nombrar, como de registro, el procedimiento obtuso y dilatorio de la Corte Suprema en nombrar al Fiscal General de Colombia, que debía reemplazar al anterior titular Francisco Barbosa. Quedó, como de registro histórico “el manejo de los tiempos” y el condicionamiento a que el cuestionado fiscal citado, quien empoderó como un descarado activista político de oposición al ejecutivo; autoproclamándose como un órgano de control constitucional, sin serlo; que no tenía superior alguno que le vigilare y auditare, buscando lograr el cometido que su aliada y también cuestionada Vice Fiscal General, continuara en interinidad, por inconcebible periodo de tiempo; de no ser por el decido empeño del movimiento popular movilizado, en abortar tan criminal treta. Se pueden citar más casos emblemáticos de intervención torticera de las Altas Cortes contra el programa político del presiente G. Petro y que dibuja la escena del llamado “golpe blando”. Pero ha quedado demostrado que el tal golpe blando no solo aplica por el uso del manejo de las instancias judiciales. En el caso colombiano, también se acudió al acoso por parte del principal órgano de control constitucional, la Procuraduría General, que es el supremo director del Ministerio Público. Resulta innumerable señalar las actuaciones, en desfase, de la Procuradora General Margarita Cabello; todas tendientes a enrarecer el ambiente de un “mal gobierno” del titular del Ejecutivo. Logró la muerte política, mediante destitución y prolongadas inhabilidades para desempañar cargos públicos, de muchos funcionarios gubernamentales, destacando el de dos representativos: el ex canciller Álvaro Leiva Duran y el Dr. Luis Guillermo Pérez Casas, como director de la Superintendencia de Subsidio Familiar. Al igual que el anterior Fiscal General mencionado, actúo la Procuradora General como una activista opositora contra las decisiones del titular del ejecutivo nacional, presidente G. Petro U. De igual reseña resulta el inconstitucional proceder del Consejo Nacional Electoral (CNE) al violar el fuero constitucional que reviste al presidente de la república, que predica sea únicamente La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes su juez natural. Siendo el CNE el máximo rector que inspecciona y regula la actividad electoral, armó una plataforma de ataque contra el señor presidente de la república al decidir investigarlo, con cargos directos, dentro del debido accionar por la investigación que adelanta sobre supuesta violación de topes financieros en la campaña electoral para le elección de presidente. Corresponde que “esos” cargos contra el señor presidente sean de conocimiento de la Comisión de Acusaciones y así no ha sido tramitado. De resultar ciertos y probados esos cargos de irregularidad electoral, el candidato ganador, que en este caso lo fue el presidente de la república, incurriría en mala conducta, con el efecto de destitución del cargo de elección y al no ser previamente juzgado por su juez natural le declararían la vacancia que llegaría a ser suplida por el actual presidente del Senado. Así resumido, sobre la suerte de la presidencia de la república de Colombia pende una espada de Damocles, como resultado de un montaje torticero, materializado en un recurso crudo de guerra jurídica contra el titular de la rama ejecutiva.

Pero valga pues, para concluir en reflejo de asomo de aplicación del acoso legal y judicial conocido como lawfare lo último sucedido por la actual titular de la Fiscalía General, Luz Adriana Camargo Garzón y por la señora ministra de Justicia Angela María Buitrago.

La encerrona al proceso del fin del conflicto armado con una insurgencia denominada coordinadora bolivariana

Con 30 años de análisis y conocimiento del conflicto armado interno; no había encontrado una actitud tan mentirosa, falaz, de perjurio y descalificadora del estatus insurgente de la guerrilla colombiana. Pensaba que no lo era de la concepción de nuestro presidente; pero si lo es de la CIA y del adecuado maquillaje Trump. El Catatumbo exige y requiere un consejero nacional sobre el conflicto armado, con aplicación de solución política definitiva.

Una cosa es analizar el desvertebrado accionar del Alto Comisionado del gobierno progresista – liberal, en la búsqueda del fin del conflicto armado interno en Colombia, basado en la perfidia y en la práctica divisoria anti – solución; y otro callar ante el maquiavélico accionar de la titular de la Fiscalía General de la República, contra la buena fe del presidente G. Petro U, en su búsqueda de «Paz». La detención arbitraria, desde todo punto de vista, contra Giovanni Arias Rojas, alias ARAÑA, de la muy fraccionada Segunda Marquetalia y ahora denominada la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, al mando del cuestionado Walter Mendoza, demuestra el accionar de la derecha militarista pro imperio, al finiquitar el proceso adelantado con lo que queda de ese sector insurgente. La postura del vocero gubernamental, Dr. Armando Novoa, es consecuentemente jurídica y digna de aplauso, conforme al marco legal aplicado.

La Fiscalía General alega que antes de concretar acuerdos en la mesa de negociación o de conversaciones, la Interpol no está impedida para solicitar capturas. Que la circular roja aplicada al ex farc alias Araña, en su calidad de vocero de los negociadores, se dio desde antes del actual gobierno. Calla en explicar que la decisión fue tomada desde Lyon Francia, y aquí ejecutada y cumplida en un tiempo récord de 24 horas. LA Fiscal General, se erige como intérprete de la norma; en la prelación del acatamiento a un acuerdo internacional como lo es el de la extradición. Desconoce la orden expresa, legal, de levantamiento de orden captura contra el señor Giovanni Arias Rojas. Como funcionaria en el papel de actora judicial, a ella no le compete interpretar la orden a ejecutar. Tampoco es interprete de la norma y mucho menos abrogarse la facultad de aplicarla, como si se tratara de un juez. Olvida que La Fiscalía no es un órgano de control y en esto emula al saliente Fiscal General opositor, de quien en la práctica ha sido una garante continuadora. La Fiscalía es una operadora del sistema judicial, pero no imparte justicia. Eso lo olvida para acudir a una acción de desprestigio al accionar gubernamental del ejecutivo nacional

En tanto y al unísono, la ministra de justicia Angela María Buitrago, defendió la captura de alias Araña, contradiciendo la argumentación del negociador del gobierno Dr. Armando Novoa, ante la orden de su detención, emanada de la Interpol, sin mayores consideraciones.

Las anteriores dos funcionarias, al mejor ejemplo de contenido y naturaleza del fenómeno del lawfare, en este artículo analizado, justifican la decisión de entrampamiento de un vocero de un sector de la insurgencia al que el gobierno del presidente G. Petro, le dio el carácter de insurgente o rebelde, independiente que esté incurso en delitos de narcotráfico, (que no es un delito de lesa humanidad, ni crimen de guerra).

Ambas abrieron un debate político-jurídico sobre el cumplimiento de los tratados internacionales y la protección de quienes han realizado acercamientos con el Estado para dejar las armas. Aduce la ministra Buitrago en cuestión: «No es una orden proferida internamente, por lo que no es un proceso que se esté ventilando en Colombia. Para nosotros, los tratados, las convenciones y los convenios son obligatorios de cumplir por el principio de la reciprocidad para efectos de justicia». Significa lo anterior que la orden presidencial puede ser desconocida, acudiendo a instancias internacionales.

Indudablemente han generado, ambas funcionarias, una escena de estafa procedimental con el único mensaje y encubierta labor de instrumentalizar una adecuación de trámite judicial a la espera de resultados desconsiderados a la eficacia y eficiencia de la gestión gubernamental; afectar su buen desempeño y propiciar la solicitud formal del gobierno entrometido de los Estados Unidos de pedir la extradición de alias Araña, que no será competencia a definir de ninguna de la dos nombradas sino del señor presidente de la república de Colombia. Conclusivamente, es un claro caso de guerra jurídica o lawfare, para afectar la consistencia del titular del ejecutivo nacional. Y quien extraditará: ¡el señor presidente o el imperio!

El uso de los medios de comunicación en la política

En la charla impartida por el profesor Gerardo Castillo durante el acto de fundación del Instituto Sindical de Formación Democrática se abordó un tema de gran relevancia: la estrategia mediática que domina la política actual.

Este enfoque comunicacional ha generado preocupación por sus consecuencias negativas, especialmente para la sociedad y los trabajadores. Según el profesor Castillo, se trata de un modelo que ha sido implementado en diversos países con efectos perjudiciales, señalando como ejemplos emblemáticos a Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil y Javier Milei en Argentina. Asimismo, destacó cómo esta estrategia ha sido replicada en Costa Rica por el gobierno de Rodrigo Chaves.

¿En qué consiste esta estrategia?

El modelo comunicativo descrito se basa en varias tácticas claves:

1. Satisfacción y polarización:

– Inundar el espacio público con mensajes constantes y repetitivos.

– Dividir a la sociedad en grupos antagónicos, presentando una lucha entre buenos y malos.

– Fomentar un clima de confrontación mediante insultos, descalificaciones y burlas.

2. Uso del lenguaje provocador:

– Apelar a la emoción del público mediante un lenguaje soez y burlesco.

– Generar la sensación de cercanía con los simpatizantes al mostrarse anti-establishment o en contra de las elites tradicionales.

– Utilizar la política como espectáculo.

-Transformar el debate político en un show de masas, restándole profundidad y seriedad.

– Desvirtuar la función educativa de la política, sustituyéndola por un enfoque basado en el entretenimiento circense y la provocación.

3. Manipulación mediática y desinformación:

– Uso intensivo de redes sociales para saturar con mensajes simplificados, eslóganes y denuncias sin pruebas.

– Difusión sistemática de noticias falsas y tergiversadas para influir en la opinión pública.

– Empleo de troles para amplificar ciertos discursos y desacreditar a adversarios.

4. Control de la agenda informativa:

– Organización de conferencias de prensa en las que sólo participan periodistas afines, garantizando que las preguntas sean acordes a los intereses del gobernante.

– Uso de los medios oficiales como herramientas de propaganda en lugar de instrumentos de transparencia y rendición de cuentas.

Conclusión

El uso de estas estrategias mediáticas representa un desafío para la democracia y el ejercicio ciudadano informado. Lejos de promover un debate enriquecedor, buscan polarizar la sociedad, manipular la percepción pública y consolidar liderazgos autoritarios. Frente a esta realidad, es fundamental fortalecer el pensamiento crítico, exigir transparencia y promover un periodismo independiente que actúe como contrapeso ante la manipulación, el engaño y la mentira. La democracia está en peligro y debemos actuar.