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Autor: María José Ferlini Cartín

UCR: La Feria navideña del Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor (PIAM) llega a su 15 aniversario

Un escenario para resignificar los conocimientos adquiridos en los cursos

Los pasillos de la Facultad de Educación acogieron la edición número 15 de la Feria Navideña del Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor (PIAM) el pasado 28 de noviembre. Las y los estudiantes de diferentes cursos que imparte este programa, expusieron sus productos al público, ofrecieron talleres y compartieron mucho de lo aprendido durante este 2024.

La Feria Navideña abarca más que la exposición de productos diseñados por las personas adultas mayores que conforman los cursos del PIAM. Es una muestra de una construcción reflexiva que se edifica a partir de las experiencias y aprendizajes de los y las estudiantes, así como del aporte de quienes apoyan cada uno de los cursos que se imparten, con el fin de fortalecer la educación como fuerza transformadora de la sociedad.

El PIAM ofrece los cursos en las aulas del campus universitario. Estos se organizan en ocho módulos, según su orientación temática:

  • Tecnologías de la información y la comunicación
  • Nuevos idiomas
  • Artesanías y manualidades
  • Movimiento humano
  • Estilos de vida saludables
  • Arte y cultura
  • Conocimientos generales
  • Grupos artísticos

La Universidad de Costa Rica, a través de la Vicerrectoría de Acción Social y, más específicamente, el PIAM, fomenta espacios de educación no formal desde 1986 para personas adultas y adultas mayores.  El PIAM ha evolucionado con el paso de los años, madurando lo que significa e implica el aprendizaje a lo largo de la vida y reivindicando la defensa de los derechos de las personas mayores mediante espacios solidarios, constructivos y pujantes.

 

María Encarnación Peña Bonilla
Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR

Un Monumento a la Dignidad para los Trabajadores de la Educación y la Salud

Álvaro Vega Sánchez
Sociólogo

Se dice que en Gran Bretaña hay muchos monumentos de la guerra, pero solo uno en homenaje a los doctores y enfermeras que combatieron en el frente luchando contra la “gripe del Juicio Final”, como se le llamó a la “Gripe Española”. Participaron en el frente de guerra 11.000 médicos de los 22.000 que había, 22.000 enfermeras y 120.000 mujeres en alguna función de enfermería.

Cabe traer a colación la obra La guerra no tiene rostro de mujer de la Premio Nobel de Literatura (2015) Svetlana Alexiévich, donde destaca la diferencia sustantiva entre los relatos de los hombres y de las mujeres sobre la guerra: “La guerra femenina tiene sus colores, sus olores, su iluminación y su espacio. Tiene sus propias palabras. En esta guerra no hay héroes ni hazañas increíbles, tan solo hay seres humanos involucrados en una tarea inhumana. En esta guerra no solo sufren las personas, sino la tierra, los pájaros, los árboles. Todos los que habitan este planeta junto a nosotros. Y sufren en silencio, lo cual es aún más terrible”.

Es posible que, si hubiese prevalecido la mirada, la vivencia y el sentir femeninos, atendiendo a lo señalado por Svetlana, la labor de los trabajadores de la salud, con rostro de mujer, no hubiese pasado desapercibida; tampoco la de los educadores que le indujeron a leer a Dostoievski, como suele suceder, aún en nuestros tiempos. Efectivamente, si de algo adolecemos es de un justo reconocimiento de estos dos apostolados, el de los trabajadores de la salud y la educación, que salvan vidas. Los primeros, promoviendo, previniendo y curando las muchas enfermedades y dolencias del cuerpo y la mente, y los segundos alimentando el espíritu y el intelecto para abrir nuevos y mejores horizontes para alcanzar el bienestar social y humano a través de la ciencia, el arte y la cultura. Se trata de la abnegada tarea de los educadores para forjar una cultura de seres humanos libres, solidarios, justos y pacíficos, así como de los trabajadores de la salud para forjar una sociedad física y emocionalmente saludable, que merecen el más alto reconocimiento, sin mezquindades. Ambos son los pilares sobre los que se construyen sociedades social y ecológicamente sostenibles.

Si algo nos hizo enfrentar, como país, con dignidad el azote de la pandemia producida por el coronavirus Sars-Cov-2 fue, precisamente, haber contado con casas de estudios superiores que formaron al más alto nivel técnico y humanista a nuestros trabajadores de la salud, y con una institución pública como la Caja del Seguro Social, ejemplo insigne de solidaridad y orgullo de todos los costarricenses. Contamos con personal especializado, que supo responder, con profesionalismo, gran sensibilidad y compromiso, ejemplo de solidaridad humana, en tiempos donde la pandemia se convirtió en sindemia: la trágica combinación de crisis sanitaria y precariedad económica y social.

Sin duda, la apuesta por educación para la salud y salud para la educación ha sido la combinación virtuosa y visionaria, especialmente impulsada por quienes forjaron la Reforma Social y la Segunda República a mediados del siglo pasado, atendiendo y acogiendo las voces que clamaron por más justicia social. Una apuesta que ha venido sufriendo el embate letal por parte de fuerzas políticas que dejaron de pensar y actuar solidariamente.

No somos un país de grandes y ostentosos monumentos, y en buena hora. El diminutivo es nuestro favorito en el lenguaje cotidiano; sin embargo, algunas veces nos excedemos en su uso y tendemos a disminuir nuestros mismos logros, cuya grandeza debería ser motivo para celebrar. Más aún, lo peor es la tendencia que prevalece hasta hoy, a saber, la que promueve desde altas esferas bajar el perfil de nuestra valiosa y ejemplar institucionalidad social, y sus principales agentes: los trabajadores de la educación y la salud.

Efectivamente, ambos se han convertido en víctimas de un discurso populista y politiquero por parte de quienes, en lugar de abrirse horizontes propios con dignidad, inteligencia y valentía, buscan elevarse pisoteando los méritos y la dignidad de los demás. Y no se trata solo del comportamiento de algunos de los que nos gobiernan hoy, sino también de quienes desde hace rato vienen orquestando una campaña persecutoria y de mentiras, para desprestigiarlos. Particularmente, aduciendo que los derechos adquiridos son privilegios, obtenidos, según se dice, por prebendas clientelistas o por concesiones gratuitas. Donde hay desviaciones y errores que corregir, sólo ven desorden e ilegalidades intolerables, para llevar agua a sus molinos, polarizando a la sociedad e induciendo al odio y la violencia, instrumentos predilectos de quienes sí buscan actuar al margen de la ley y la institucionalidad, antidemocráticamente.

El cinismo se ha puesto a la orden del día: un diputado o diputada levanta la bandera en contra de los catedráticos “pensionados de lujo”, cuando ese mismo diputado o diputada empieza su labor parlamentaria recibiendo un salario por un monto superior al de un catedrático jubilado con treinta años de servicio, y sin deducciones por contribuciones solidarias. Asimismo, resulta inexplicable la reticencia a reconocer los justos salarios a los trabajadores de la salud, particularmente a los especialistas. Bajo estas condiciones, ¿quiénes van a querer trabajar en educación y salud públicas, exponiéndose además a ser considerados ante la opinión pública como injustamente privilegiados? Sin duda, esta es la fórmula mágica que se viene utilizando para desmantelar el Estado Social de Derecho y privatizar las instituciones más rentables. Parafraseando una pancarta del movimiento social francés: cuando la educación y la salud sean privadas nos privamos de todos sus servicios. El país ha sabido también lograr una combinación virtuosa entre una fuerte institucionalidad de salud pública y una importante institucionalidad privada; ambas de calidad y competitivas, incluso para ofrecer servicios de alcance internacional. Sin embargo, venimos aceleradamente rompiendo este círculo virtuoso al pretender reducir al mínimo el servicio público.

Es tiempo de aprestarnos a corregir errores institucionales sin devaluar y desprestigiar. No tiremos al niño con el agua sucia de la bañera. Asimismo, dejar de levantarse y ganar credibilidad, exaltando los errores de los demás. Sin ser gratuitos, disculpando lo que no debe disculparse, aprendamos a hacer la diferencia con menos aspavientos, sin atizar el fuego del odio, y reconstruyamos la patria sobre los cimientos de la dignificación de todos los trabajadores de este país. Sobre todo, sin mezquindad, reconociendo y valorando el esfuerzo y dedicación de quienes asumen como apostolado su función de servicio público y privado, pensando en el bienestar de todos los costarricenses.

Es tiempo de dignificar la encomiable labor de los trabajadores de la salud y la educación, para garantizar el bienestar en nuestra patria. Hoy más que nunca, hay que renovar el pacto de la educación para la salud y la salud para la educación. Este pacto es la garantía para volver a alcanzar los primeros lugares en desarrollo humano en América Latina, y dejar atrás los que hoy nos colocan entre los más desiguales del mundo.

Una meta encomiable que no se podrá lograr si se continúa pisoteando la dignidad de ambos sectores, algo que se ha convertido en consigna de las principales fuerzas políticas hasta nuestros días, secundadas por los grandes medios de comunicación, al servicio de mezquinos intereses electoralistas y de una élite económica insaciable, que se acostumbró a no pagar impuestos. Necesitamos volver a pensar y sentir como ciudadanos y ciudadanas dignos de una patria digna.

El narcotráfico como factor de cambio sistémico

Miguel Sobrado

En el libro «América Latina: crisis del Estado clientelista y la construcción de repúblicas ciudadanas«, se argumenta que la aparición del narcotráfico en la región representa un punto de cambio significativo en las relaciones de poder debido a varios factores interrelacionados.

Impacto del Narcotráfico en el Poder Político

Competencia con el Estado: Los cárteles de narcotráfico han adquirido un poder económico que les permite competir directamente con el Estado. Esto ha llevado a una erosión de la autoridad estatal, ya que los narcotraficantes pueden ofrecer recursos y servicios que el gobierno no puede proporcionar, creando así una alternativa al clientelismo tradicional.

Desplazamiento de Oligarquías: La industria del narcotráfico ha desafiado el poder de las oligarquías tradicionales, que históricamente han controlado las estructuras políticas y económicas. Al introducir una nueva dinámica de poder basada en la riqueza generada por el narcotráfico, se han abierto espacios para que actores previamente excluidos participen en la economía y la política34.

Fragmentación del Control: La estructura descentralizada y fragmentada del narcotráfico, donde múltiples grupos compiten por el control territorial y las rutas de tráfico, ha debilitado aún más la capacidad del Estado para mantener el orden. Esto ha llevado a un aumento de la violencia y a una lucha constante por el dominio entre diferentes organizaciones criminales12.

Consecuencias Sociales y Económicas

Inseguridad Ciudadana: La expansión del narcotráfico ha contribuido a un aumento significativo en la inseguridad y la violencia en muchas comunidades, lo que afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos y su confianza en las instituciones13.

Corrupción Institucional: La infiltración del narcotráfico en las instituciones gubernamentales ha generado casos de corrupción que socavan la efectividad de las políticas públicas. Esto crea un ciclo vicioso donde los gobiernos son incapaces de actuar eficazmente contra el crimen organizado debido a su propia corrupción interna4.

Nuevas Formas de Organización Social

El narcotráfico no solo altera las dinámicas de poder tradicionales, sino que también ha llevado a nuevas formas de organización social. Las comunidades afectadas por la violencia y la exclusión están comenzando a buscar alternativas al clientelismo, promoviendo una ciudadanía más activa y autónoma que desafía tanto al narcotráfico como al Estado en su forma actual34.

En resumen, la aparición del narcotráfico en América Latina ha transformado radicalmente las relaciones de poder, desafiando tanto al Estado como a las estructuras sociales tradicionales, lo que plantea serios retos para la construcción de democracias efectivas en la región, a menos que se prepare una reforma progresiva del Estado que habilite con organización autónoma y educación actualizada a los sectores excluidos.


SURCOS presenta una síntesis del libro América Latina: crisis del estado clientelista y la construcción de repúblicas ciudadanas enviado por Miguel Sobrado, uno de los autores:

De acuerdo con el premonitorio libro «América Latina: crisis del estado clientelista y la construcción de repúblicas ciudadanas» de Miguel Sobrado y Juan José Rojas, (2003 Mx y 2006 CR) no abordar los problemas estructurales asociados al clientelismo y no avanzar hacia la construcción de repúblicas ciudadanas conlleva varios riesgos graves para el desarrollo político, social y económico de América Latina.

Algunos de los principales riesgos señalados en el texto son los siguientes:

  1. Persistencia de la corrupción sistémica
  • El clientelismo fomenta un sistema en el que las decisiones políticas y la asignación de recursos están motivadas por intereses personales o partidistas, en lugar del bien común. Si no se desmantelan estas prácticas, la corrupción se vuelve estructural, perpetuándose en todos los niveles de gobierno.
  • Esto genera desconfianza hacia las instituciones, debilitando la legitimidad de los gobiernos y alejando a los ciudadanos de los procesos democráticos.
  1. Crisis de gobernabilidad
  • La incapacidad para responder de manera efectiva a las demandas ciudadanas y combatir la desigualdad genera un clima de inestabilidad política y social. Esto puede derivar en protestas masivas, disturbios sociales y una mayor polarización política.
  • Los autores advierten que esta crisis de gobernabilidad puede llevar a ciclos de autoritarismo, donde sectores políticos buscan imponer orden mediante la represión y la limitación de derechos democráticos.
  1. Consolidación de las desigualdades estructurales
  • El clientelismo tiende a beneficiar a pequeños grupos de poder, dejando de lado a los sectores más vulnerables de la población. Si no se hacen cambios, las brechas económicas, sociales y de acceso a oportunidades continuarán ampliándose.
  • Esta exclusión social crónica fomenta resentimientos y divisiones dentro de la sociedad, dificultando la cohesión social necesaria para el progreso.
  1. Debilitamiento de la democracia
  • Los sistemas clientelistas socavan los principios democráticos al priorizar las lealtades personales sobre el voto informado y la participación ciudadana. Esto genera una cultura política basada en el oportunismo y la falta de accountability.
  • La permanencia de estas prácticas pone en riesgo la calidad de la democracia, abriendo paso a regímenes populistas o autoritarios que se aprovechan del descontento social.
  1. Estancamiento económico
  • La corrupción y el clientelismo afectan negativamente el desarrollo económico, ya que distorsionan la asignación de recursos públicos y desincentivan la inversión extranjera y nacional. Además, generan ineficiencia en la gestión pública y la provisión de servicios esenciales.
  • En un entorno marcado por la corrupción y el favoritismo, las oportunidades de desarrollo y crecimiento económico quedan restringidas a unos pocos, perpetuando la pobreza y el subdesarrollo.
  1. Aumento de la violencia y el crimen organizado
  • Los autores señalan que, en ausencia de instituciones fuertes y transparentes, el crimen organizado y la violencia pueden florecer, aprovechándose del debilitamiento del estado de derecho. Esto pone en peligro la seguridad de los ciudadanos y socava aún más la confianza en las instituciones públicas.
  1. Pérdida de la cohesión social
  • En una sociedad marcada por el clientelismo, las relaciones sociales tienden a basarse en la dependencia y los favores, en lugar de la igualdad y el respeto mutuo. Esto genera divisiones sociales, fragmentación comunitaria y una menor capacidad para organizarse colectivamente.
  • Sin cambios, los lazos comunitarios se debilitan y los ciudadanos se sienten impotentes frente al sistema, lo que perpetúa la apatía política.
  1. Riesgo de colapso institucional
  • Si no se abordan las raíces del clientelismo y la corrupción, las instituciones públicas pueden entrar en un proceso de degradación progresiva, volviéndose incapaces de cumplir con sus funciones básicas.
  • Esto podría desembocar en el colapso de la confianza pública y en una crisis institucional de gran magnitud, que amenace la estabilidad del sistema político en su conjunto.

Conclusión:

El libro advierte que, de no implementarse los cambios necesarios, América Latina corre el riesgo de quedar atrapada en un ciclo de subdesarrollo político, económico y social. Esto no solo limita las posibilidades de progreso, sino que también perpetúa la desigualdad, la corrupción y la violencia endógena, dificultando la construcción de sociedades más justas y democráticas. Para los autores, la superación del clientelismo es clave para garantizar la sostenibilidad de las democracias en la región.

¡No al TLC con Israel!

La BDS Latinoamérica y la Red de Solidaridad con Palestina realizó la conferencia bimodal “Militarización, vigilancia y control en Latinoamérica por parte de Israel y repercusión en Costa Rica”.

La actividad, desarrollada en el Pretil de la Universidad de Costa Rica el 5 de diciembre, forma parte de la campaña NO al TLC con Israel.

“En vísperas de la aprobación del tratado de libre comercio de Costa Rica con un estado criminal, se abordará una aproximación de las vivencias regionales de las que la entidad ocupante obliga a nuestros países en toda la región”, señala la convocatoria que circuló la Red.

La actividad se transmitió vía Facebook y TikTok de los perfiles de @palestinacostarica

Ver más información en: https://www.instagram.com/p/DDKAUgmxjkU/?igsh=MWVkcGFwZHVwNWY0dQ==

UNDECA continúa luchando por la salud pública

Arturo Abarca y Carlos Abarca comentan la exitosa reunión que tuvieron en la mesa de negociación con el Centro Nacional de Cuidados Paliativos, autorizada por la CCSS. El objetivo de la reunión  fue la búsqueda del mejoramiento de la salud de las personas usuarias en esta materia de la medicina.

Específicamente el enfoque de UNDECA es ver la necesidad de la población que requiere el servicio así como el personal de los servicios de salud pública. En esta mesa participaron la directora médica, el administrador y los profesionales del centro y se llegó a varios acuerdos; también se definieron mecanismos de seguimiento.

Los acuerdos tomados son: 1) El centro médico fortalece la visita domiciliar, lo que implica más equipo médico, 2) a partir de enero la apertura de 24 horas para este centro, es decir mejor calidad de atención, 3) ampliación del Servicio de Intervencionismo Paliativo, 4) el traslado de la plaza 48184 Médico Especialista en Medicina Paliativa al Hospital San Vicente de Paul, Heredia y 5) solicitud de nuevo recurso humano para el Centro Nacional.

Racismo y manifestaciones discriminatorias hacia pueblos indígenas y otras poblaciones étnico-culturales en Costa Rica

El artículo académico que le invitamos a leer es una publicación de la revista Espiga, publicada por la UNED, y escrito por Vania Solano-Laclé, Fernanda Alvarado-Leitón y María Fernanda Obando-Sánchez.

Este artículo tiene como objetivo describir las manifestaciones discriminatorias hacia pueblos indígenas y otras poblaciones étnico-culturales en Costa Rica. Para ello se analizaron los datos provenientes de la Encuesta Actualidades  2022. Los resultados evidencian una percepción de maltrato, con mayor frecuencia hacia personas indígenas, nicaragüenses y afrodescendientes. Se constata que las personas, según su autoidentificación étnico-cultural, perciben situaciones de discriminación hacia sí mismos y hacia sus familiares por su fenotipo, procedencia e identidad cultural, idioma, condición socioeconómica y género. El artículo corrobora que pertenecer a un grupo étnico-cultural minoritario en Costa Rica constituye un factor de vulnerabilidad para ser discriminado y muestra asociaciones entre condiciones fenotípicas (rasgos faciales y color de piel) de los grupos y condiciones de exclusión económica  y  educativa.  Los  hallazgos  resaltan  la  necesidad  de  incluir  la autoidentificación étnico-cultural en las investigaciones sociales, en general, y en las encuestas, en particular.

Le invitamos a informarse con este artículo acerca de estas problemáticas discriminatorias que afectan a los pueblos indígenas. 

Compartimos el enlace:

https://revistas.uned.ac.cr/index.php/espiga/article/view/5583/7957

La Gerencia de Pensiones de la CCSS y el Ministerio de Trabajo rechazan el reajuste a las pensiones del Régimen No Contributivo

Ante la solicitud de reajuste de pensiones gestionada por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social mediante el documento ACSS-007-2024, la Gerencia de Pensiones de la CCSS emite una respuesta negativa mediante los documentos GP-DAP-0937-2024/GP-1472-2024.

Por un lado la CCSS declara el recurso de apelación sin lugar, en donde se menciona que GP-DAP-0937-2024/GP-1472-2024 y GP-DAP-0996-2024/ GP-1572-2024 se evidencia la realidad financiera que hay en el RNC y por ende “ (…) se adjuntan una serie de oficios que muestran que los recursos trasladados por el Ministerio de Hacienda y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social apenas alcanzan para cumplir con las obligaciones actuales, es decir, para el pago de pensiones y el cumplimiento de las metas. (…)”.

Por otro lado, el Ministerio de Trabajo declara sin lugar el recurso de apelación debido a que las solicitudes planteadas exceden el ámbito del acto administrativo recurrido, es decir, específicamente por improcedencia, inconsistencia e interpretación.

Para más información le invitamos a leer los documentos: 1) Resolución n.° GP-1866-2024 y 2) Resolución RRAPE-MTSS-DMT-42-2024.

Comunidades de la Zona Sur fortalecen oposición al relleno sanitario en Osa tras pronunciamiento de SETENA

En un esfuerzo conjunto que destaca la fuerza de la organización comunitaria, las comunidades de Salamá, Santa Rosa, Venecia, Finca Puntarenas y otras zonas aledañas al proyecto en Osa celebran un avance significativo en su lucha contra el relleno sanitario propuesto por Nova Tierra Energy S.A. El 28 de noviembre de 2024, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) reconoció formalmente su apersonamiento al expediente administrativo del proyecto Centro de Transferencia Tecnológica Ambiental Ka Meat, otorgándoles derechos de participación activa en el proceso.

Según el pronunciamiento oficial de SETENA, los vecinos ahora serán notificados sobre cualquier movimiento relacionado con el expediente D1-0815-2022-SETENA. Este reconocimiento llega tras la presentación de más de 400 firmas en rechazo al proyecto, reflejando un rechazo colectivo hacia una iniciativa que, según los opositores, compromete seriamente la biodiversidad única del área y viola leyes nacionales como la Ley Forestal y la Ley de Aguas.

La movilización comunitaria, respaldada por organizaciones ambientales y líderes locales, resalta la importancia de garantizar procesos de desarrollo responsables, que prioricen la conservación del medio ambiente y el respeto por los derechos ciudadanos. Mientras las comunidades se preparan para nuevas manifestaciones y acciones legales, el caso pone de manifiesto la necesidad de transparencia y participación pública en proyectos de gran impacto ambiental.

La decisión final sobre el futuro del proyecto ahora recae en la Municipalidad de Osa. Las próximas semanas serán claves para determinar si la voz de las comunidades prevalece frente a intereses económicos privados.

No les importa la CCSS, pero tu vida depende de ella – campaña de UNDECA y BUSSCO

Tu vida depende de la CCSS ¿Sabías qué? En Costa Rica las enfermedades del corazón son una de las principales causas de muerte y presentan el 23% de las muertes en el país. cerca de 14 decesos diarios.

La deuda del gobierno con la Caja. 

Provoca diversos problemas en la institución que afecta directamente a todos los costarricenses. Pacientes con infarto agudo al miocardio, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, enfermedades arteriales periféricas y coronarias y accidentes cerebrovasculares, con peligro a su vida, deben esperar en las listas de muerte por falta de especialistas  y otros personal. Ellos quieren privatizar estos servicios ¿Sabes cuánto tendrías que pagar?

Comparaciones. 

Servicio 

CCSS (asegurado)

Privado (sin seguro)

Electrocardiograma

Gratuita

$60 a $150

Resonancia magnética

Gratuita

$800 a $1,500

Controles

Gratuita

$50 a $300 mensuales

Rehabilitación

Gratuita

$500 a $2,000 mensuales

Implante marcapasos

Gratuita

$12,00 a $18,00

Cirugía reemplazo valvular 

Gratuita

$25,000 a $50,000

No contempla costos de hospitalización y medicamentos en hospitales privados. 

Una Caja para siempre, necesita que la defiendas siempre.

Esto es parte de la campaña que realizan UNDECA y BUSSCO.

Recurso de Amparo por amenaza al principio de legalidad, el Estado de Derecho, y la democracia de Costa Rica

El pasado 22 de noviembre del 2024 Albino Vargas presentó un recurso de amparo para defender el derecho lesionado del principio de legalidad constitucional, y otros. Entre estos derechos están el Artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, el Artículo 193 del Código Procesal Penal, y el Articulo 29.2 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Esto, debido a que el 21 de noviembre anterior, el Presidente de la República y la Ministra de la Presidencia, Rodrigo Chaves, y Laura Fernandez respectivamente, firman un decreto denominado Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Unidad Especial de Intervención, el cual modifica el vigente del 2005, y faculta a los recurridos a designar y remover a su discreción, al director, subdirector, jefe de operaciones, y jefe del cuerpo de protección presidencial de la Unidad Especial de Intervención. Asimismo, le asigna a esa unidad funciones que ya corresponden a órganos del Poder Judicial.

Esa acción del Poder Ejecutivo vulnera el principio de legalidad al generar dudas sobre si se está estableciendo una jerarquía de mando, lo cual podría contravenir normas superiores, al igual que la naturaleza de las órdenes, ya que si se estuvieran implicando actos ilegales o derechos fundamentales su cumplimiento podría constituir un delito.

También, se infringe lo dispuesto en la Constitución Política sobre la separación de poderes, intromisión en funciones, control político sobre órganos de seguridad, al igual que derechos fundamentales como las garantías individuales y abusos como el uso desproporcionado de la fuerza.

Según se indica, “La modificación grosera que vía reglamentaria (Decreto Nº 44637 MP) el Poder Ejecutivo extiende a esas atribuciones legales, riñe, confronta y lesiona el principio de reserva de ley así como el orden jerárquico de las normas, otorgando de una manera confusa, imprecisa y amplia, la facultad a la UEI, de planificar, supervisar y participar en allanamientos entre otras conductas viciadas, ajenas a la normativa legal señalada, sin establecer en el decreto cuestionado, que esas atribuciones estarían supeditadas, como en efecto lo están, bajo la dirección funcional del Ministerio Publico y las autoridades jurisdiccionales competentes; todo lo cual resulta abiertamente temerario, peligroso y contrario a la Constitución y la ley como vemos, toda vez que, en virtud de esta circunstancia, esta transgresión de la ley y la Constitución, genera un agravio que consiste, no solo en la violación per sé indicada, sino también en una transgresión al artículo 149 de la Constitución Política.”

Le invitamos a descargar y revisar la compilación de todo el proceso tramitado en la Sala Constitucional compartido por ANEP.