El programa Alternativas, del Colectivo Reflexión – Acción, invita al panel «Evaluando la inteligencia artificial y el futuro humano: ¿estamos creando una herramienta… o un dios?», un espacio de reflexión sobre los alcances, riesgos y desafíos que plantea el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial.
La actividad se realizará el 10 de julio de 2026, a las 6:00 p.m. (-6 UTC), y será transmitida en vivo a través de Facebook Live, YouTube y Spotify.
El panel contará con la participación de tres personas invitadas provenientes de distintos campos del conocimiento.
Participará Maricela Pleités Díaz, máster en Recursos Humanos por la Universidad María Cristina Aguilera de España, licenciada en Administración Educativa por la UNED, licenciada en Docencia por la Universidad de San José, bachiller en Educación Religiosa por la Universidad Católica y psicóloga en formación.
También intervendrá Juan José Vásquez Pacheco, licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, especialista en resolución de conflictos y mediación, conferencista en derechos humanos, compliance e inteligencia artificial, profesor de la Universidad para la Paz de la Maestría Internacional en Datos e Inteligencia Artificial.
El tercer panelista será Christofer Bolaños Alvarado, licenciado en la Enseñanza de los Estudios Sociales y la Educación Cívica, actualmente cursa la maestría en Humanidades Digitales en la Universidad Internacional de La Rioja, con ocho años de experiencia docente.
El conversatorio busca propiciar una reflexión sobre el papel que desempeña la inteligencia artificial en la sociedad contemporánea y las implicaciones éticas, educativas, tecnológicas y humanas derivadas de su creciente desarrollo, y plantea la pregunta de si estas tecnologías deben entenderse únicamente como herramientas o si existe el riesgo de atribuirles un papel que transforme profundamente la relación entre las personas y la tecnología.
La transmisión también contará con el apoyo de las emisoras amigas Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía, Radio Revolución, Ondas de Alajuelita y Voces Libertarias.
La reciente circular del Ministerio de Educación Pública sobre neutralidad político-electoral en los centros educativos públicos, la directriz DM-CIR-0047-2026, merece un análisis sereno, pero también profundamente crítico. De entrada, debe reconocerse un punto elemental: las escuelas y colegios públicos no deben convertirse en tribunas de proselitismo partidario. Ninguna persona docente debería usar su posición institucional, sus clases, evaluaciones, actos cívicos, materiales educativos o recursos públicos para favorecer o desacreditar partidos, candidaturas o movimientos electorales.
Esa prohibición tiene fundamento jurídico. El artículo 146 del Código Electoral prohíbe a las personas funcionarias públicas dedicarse, durante la jornada laboral, a trabajos o discusiones de carácter político-electoral y usar el cargo para beneficiar a un partido político. En ese sentido, impedir el uso partidario del aula no solo es legítimo, sino necesario para resguardar la imparcialidad institucional.
Dicho esto, conviene advertir algo: no se recuerda en la historia reciente de la educación costarricense una circular con esta combinación de neutralidad político-electoral, vigilancia administrativa, advertencia disciplinaria y categorías tan abiertas como adoctrinamiento, captación ideológica o posiciones sectarias. Esta afirmación no pretende sostener que nunca haya existido algún lineamiento previo sobre imparcialidad educativa o electoral, sino subrayar que el alcance, el momento político y la carga disciplinaria de esta circular la vuelven especialmente preocupante.
Sin embargo, el problema empieza cuando la necesaria prohibición del proselitismo se expande hacia una zona mucho más ambigua: la del llamado “adoctrinamiento”, la “captación ideológica”, las “posiciones sectarias” o la exigencia de una supuesta “mediación pedagógica objetiva”. Ahí aparece la pregunta de fondo: ¿estamos ante una defensa legítima de la neutralidad electoral o ante una estrategia administrativa que podría inducir miedo, autocensura y empobrecimiento del pensamiento crítico en las aulas?
La Constitución Política garantiza que nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones, salvo que sus actos infrinjan la ley. También reconoce la libertad de enseñanza y establece que la dirección general de la enseñanza oficial corresponde al Consejo Superior de Educación. Además, aunque la libertad de cátedra está expresamente formulada para la enseñanza universitaria, su sentido democrático irradia una exigencia más amplia: la educación no puede reducirse a obediencia curricular ni a repetición acrítica de contenidos.
La Ley Fundamental de Educación refuerza esta idea. Su artículo 1 reconoce el derecho de toda persona a la educación y ordena estimular el aprecio por los derechos humanos, la diversidad lingüística, multiétnica y pluricultural del país. Su artículo 2 establece como fines de la educación costarricense formar ciudadanía consciente de sus deberes, derechos y libertades fundamentales, con responsabilidad y respeto a la dignidad humana, así como formar ciudadanos para una democracia.
Por eso, el derecho a la educación no se agota en recibir contenidos curriculares. La educación democrática exige formar ciudadanía capaz de comprender sus derechos, examinar el funcionamiento de las instituciones, contrastar la teoría constitucional con la realidad política y analizar críticamente los conflictos sociales. Enseñar el Estado social de derecho no puede consistir únicamente en describir cómo deberían funcionar las instituciones; también exige preguntar cómo funcionan realmente, dónde se debilitan, quiénes las atacan, qué intereses las condicionan y qué consecuencias tiene su erosión.
El artículo 39 de la Ley Fundamental de Educación es particularmente importante. Establece que ningún miembro del personal puede ser sancionado, trasladado, removido, suspendido o degradado por la expresión de sus ideas políticas o religiosas. La misma norma introduce un límite: dentro de las instituciones de enseñanza se prohíbe mantener discusiones o hacer propaganda sectaria o de política electoral. Esa distinción es decisiva. Una cosa es prohibir propaganda partidaria; otra muy distinta es inhibir la discusión crítica sobre asuntos públicos.
Aquí conviene recordar a Michael W. Apple. En Ideología y Currículo (1979), donde advierte que el currículo nunca es neutral: siempre selecciona ciertos conocimientos como legítimos, define qué preguntas son aceptables y desplaza otros saberes hacia los márgenes. Cuando una autoridad administrativa define qué cuenta como “objetivo” y qué puede ser denunciado como “ideológico”, no elimina la ideología; más bien puede imponer una forma específica de conocimiento oficial.
Desde Bourdieu y Passeron, en La reproducción (1977), el problema puede leerse como una forma de violencia simbólica. La dominación pedagógica no siempre necesita censurar abiertamente; puede operar haciendo que docentes y estudiantes interioricen los límites de lo decible. El docente aprende a no incomodar, a no problematizar, a no contrastar la norma con la realidad. La autocensura aparece entonces como prudencia profesional.
Gramsci también ayuda a comprender esta dinámica. En sus Cuadernos de la cárcel (1999), la escuela aparece como uno de los espacios donde se disputa la hegemonía cultural. Quien controla el sentido común controla buena parte de la vida democrática. Si la crítica se presenta como adoctrinamiento y la obediencia curricular como neutralidad, el aula deja de ser un espacio de formación ciudadana y se convierte en un lugar de reproducción acrítica del orden existente.
Foucault permite ver con claridad el mecanismo disciplinario. En Vigilar y castigar (1976), muestra que el poder moderno no actúa solo por prohibición directa, sino por vigilancia, registro, normalización y amenaza de sanción. No hace falta castigar masivamente. Basta con que cada docente sepa que puede ser observado, denunciado, documentado o investigado. El poder disciplinario funciona mejor cuando logra que las personas se vigilen a sí mismas.
Freire (1970) y Giroux (1988), permiten completar el argumento pedagógico. Para Freire, educar críticamente no es adoctrinar; es enseñar a leer el mundo. Para Giroux, las personas docentes no deberían ser tratadas como simples ejecutoras de programas oficiales, sino como intelectuales públicos comprometidos con la formación democrática. Desde esta perspectiva, una educación que evita toda problematización de la realidad no es neutral: es políticamente funcional al silencio.
El punto, entonces, no es defender el derecho de los docentes a hacer propaganda. Ese derecho no existe en el ejercicio de la función pública. El punto es defender el derecho del estudiantado a recibir una educación crítica y el deber profesional del docente de formar ciudadanía democrática. Hay una diferencia fundamental entre decir “voten por tal partido” y analizar críticamente una política pública, una sentencia, un discurso presidencial, una reforma legal, una protesta social o un proceso de erosión institucional.
Además, esta circular no debería analizarse de manera aislada. Aparece en un contexto político marcado por discursos de mano dura, cuestionamientos severos al Poder Judicial y propuestas que parecen trasladar al ámbito educativo una pedagogía del miedo. La idea de llevar niños, niñas y adolescentes a conocer cárceles como forma de prevención del delito ha sido cuestionada por organizaciones especializadas, precisamente porque sustituye la prevención social por el escarmiento y corre el riesgo de criminalizar a las juventudes empobrecidas o vulnerabilizadas.
En ese mismo clima, la Presidencia ha lanzado acusaciones graves contra el Poder Judicial, incluyendo afirmaciones sobre supuesta infiltración del crimen organizado y del narcotráfico “hasta el tuétano”, declaraciones que la Corte Suprema rechazó categóricamente, instando a presentar las denuncias correspondientes. También se han anunciado proyectos para “limpiar” el Poder Judicial y endurecer la respuesta penal.
Vista así, la circular del MEP puede ser leída como parte de una racionalidad más amplia: una forma de gobierno que prefiere aulas cautelosas, juventudes advertidas por el castigo y docentes vigilados por la amenaza disciplinaria. No se trata de afirmar que todos estos hechos formen una única operación coordinada. Pero sí es legítimo advertir que comparten un mismo horizonte: desplazar la formación crítica por la obediencia, la prevención social por el miedo y la deliberación democrática por el control.
Aquí la pregunta no es si el Estado debe impedir el proselitismo en las aulas. Por supuesto que debe hacerlo. La pregunta es si, bajo esa finalidad legítima, se está construyendo un dispositivo que vuelve sospechosa toda crítica al poder. Si un docente teme analizar la independencia judicial, la desigualdad, el deterioro de la institucionalidad, los discursos de odio, la política criminal de mano dura o la erosión democrática, entonces no estamos ante neutralidad: estamos ante silenciamiento preventivo.
La neutralidad electoral protege la democracia cuando impide el uso partidario del aula. Pero se convierte en amenaza cuando pretende neutralizar la crítica, despolitizar el pensamiento y reducir la educación cívica a repetición de contenidos. Una democracia no necesita aulas silenciosas; necesita aulas capaces de pensar, preguntar y discutir con rigor.
Por eso esta circular debe interpretarse restrictivamente. Su alcance legítimo debería limitarse a impedir propaganda electoral, presión partidaria sobre estudiantes y uso indebido de recursos institucionales. Cualquier aplicación que inhiba el análisis crítico de la realidad nacional sería contraria al sentido democrático de la educación costarricense.
Quedan, entonces, algunas preguntas incómodas:
¿Se considera “adoctrinamiento” que una persona docente analice críticamente el debilitamiento de los servicios públicos, pero no se considera pedagogía ideológica llevar adolescentes a cárceles para enseñarles el miedo como prevención?
¿Se prohíbe politizar el aula, pero se autoriza que el Estado utilice el sistema educativo para naturalizar políticas penales de mano dura?
¿Se exige neutralidad a docentes de secundaria, mientras desde las más altas autoridades se lanzan acusaciones generalizadas contra uno de los poderes de la República?
¿Puede enseñarse el Estado social y democrático de derecho sin examinar los ataques a la independencia judicial, la concentración de poder o la criminalización de las juventudes empobrecidas?
¿Quién define qué es “objetivo” en el aula: el currículo democrático, la Constitución, la ley, la evidencia científica o el temor administrativo a incomodar al poder?
El peligro no está solo en lo que la circular dice. Está en lo que puede hacer que las personas docentes dejen de decir. Y cuando una sociedad empieza a educar desde el miedo, el problema ya no es únicamente pedagógico: es democrático.
Aunque parezca inaceptable, en pleno siglo de los avances tecnológicos, se sabía con más de una semana de antelación que Estados Unidos, actuando como el viejo zorro que es, entró en todos los gallineros encontrados a su paso para acallar cualquier cacareo entre sus asustadizas aves, ya esterilizadas y sin capacidad de posturas, desde hace años.
Según dicha información, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, envió un cable diplomático a sus embajadas para presionar a gobiernos de todo el mundo e impedir que Naciones Unidas celebre una sesión para debatir sobre la agresión económica a la que Washington somete a Cuba.
La fuente original proviene del estadounidense diario The Nation – fundado en 1865 y editado en Nueva York – cuando reveló los pormenores del cable filtrado, el cual confirma las denuncias de Cuba sobre la política agresiva de Estados Unidos que incluye un cerco energético.
Según el artículo, el documento ordena a las embajadas estadounidenses presionar a sus países anfitriones para oponerse al debate solicitado por Cuba en la Asamblea General de la ONU.
La reunión de la ONU se realizó el pasado 7 de julio y a pesar de los intentos de la delegación estadounidense de evitar el análisis del tema, el debate recibió el respaldo de 136 naciones, con solo nueve votos en contra y 30 abstenciones.
Costa Rica votó en contra de abrir el debate, en torno sí esta práctica que incluye medicinas y comercio, abarcando energéticos, atenta contra el Derecho Internacional y los derechos humanos.
Con plena sumisión diplomática a Washington, votaron igual que nuestro país, los mismos Estados Unidos, Argentina, Israel, Marruecos, República Checa, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, encabezó la delegación de su país, anunciando que presentará una denuncia formal contra las acciones agresivas de Washington, incluido el cerco energético que ha puesto en riesgo servicios esenciales como la salud, la alimentación y el transporte, agregó.
Las naciones Unidas discutirán los estragos ocasionados a Cuba por el antijurídico bloqueo comercial. Nuestro país apoyó al estadounidense. (F. Prensa Latina).
Diversos medios de prensa recogieron la versión del jefe de la diplomacia cubana, que calificó como «un acto de guerra» el cerco energético impuesto por Estados Unidos contra la isla caribeña.
Durante su intervención, el canciller cubano afirmó que las restricciones han agravado la crisis energética que enfrenta el país y reiteró el llamado de La Habana para que se levanten las sanciones estadounidenses.
Tras el triunfo diplomático cubano, un periódico digital suizo recogió declaraciones del canciller Rodríguez, en el sentido que el « Gobierno de Estados Unidos impone a Estados soberanos que abandonen su relación con Cuba no por interés propio ni por desventajas comerciales, sino por el dictado de un régimen ajeno, que se supone que no tenga jurisdicción ni autoridad sobre la actividad de ciudadanos y empresarios fuera de sus fronteras», apostilló; (ver: https://www.swissinfo.ch/spa/ee.uu.-se-opone-sin-%C3%A9xito-a-debate-sobre-bloqueo-a-cuba-en-la-asamblea-general-de-la-onu/91712237).
El diplomático caribeño hizo también referencia a la reacción fúrica de la Casa Blanca poco después de conocer la aplastante derrota propinada por la Asamblea General de la ONU aquel 7 de julio.
Los diplomáticos norteamericanos acreditados en la ONU recurrieron al viejo relato para matizar la arcaica justificación a favor del bloqueo. Acudieron a la argucia que Cuba tiene cientos de presos políticos, no respeta los derechos humanos etc.
El Gobierno de Cuba lleva registrados daños por el bloqueo estimados entre marzo de 2025 y febrero de 2026 por el orden de $8.103 millones de dólares.
Esta cifra representa un incremento del 7% respecto al periodo anterior y eleva el impacto acumulado histórico a más de $178.700 millones de dólares a precios corrientes.
¡Este zorro no cambia las mañas ¡!Tampoco sus gallinas!
*Periodista, abogado y notario por la UCR, miembro del Comité Bolivariano de Solidaridad Yamilet López.
Es claro que el fútbol no es únicamente un deporte.
Para grandes grupos económicos y financieros es un gran negocio: una industria global donde los clubes se compran y venden como activos, los jugadores se cotizan como mercancías y las aficiones se transforman en audiencias cuyo principal valor es el consumo.
Esta lógica del poder corporativo convierte al fútbol en escenario de competencia geopolítica.
La patética intromisión de Donald Trump, imponiendo la reincorporación del nigeriano Balogun (pese a su tarjeta roja, bien ganada), ilustra los ribetes incluso totalitarios de esta apropiación del fútbol.
Estados, fondos de inversión, plataformas digitales y patrocinadores disputan influencia, mercados y prestigio utilizando el deporte como instrumento.
El espectáculo crece, pero también la concentración de la riqueza, la desigualdad entre clubes, la explotación del talento juvenil y la distancia entre quienes controlan el negocio y quienes mantienen vivo el fútbol desde las comunidades.
Sin embargo, esa no es la única historia posible. El fútbol pertenece también a los pueblos, no solo a los imperios.
Antes que industria multimillonaria, el fútbol siempre ha sido un juego compartido en barrios, escuelas, plazas y comunidades.
Allí sigue conservando su mayor riqueza: la capacidad de reunir personas, fortalecer vínculos, enseñar cooperación y construir identidad colectiva.
Cada cancha comunal muestra que el verdadero valor del deporte no se mide por los derechos de transmisión ni por el precio de un fichaje, sino por las oportunidades que crea para convivir, aprender y crecer juntos.
Por eso siempre es momento de recuperar el sentido comunitario del fútbol: fortalecer clubes barriales, ligas locales, escuelas deportivas y proyectos donde el deporte sea un derecho y no un privilegio.
Necesitamos organizaciones más democráticas, políticas públicas que prioricen la inclusión y una ciudadanía dispuesta a defender el fútbol como un bien común.
Fortaleciendo su poder comunitario, el fútbol seguirá siendo lo que siempre ha sido: una escuela de solidaridad, democracia popular y vida compartida.
Le pregunto, ¿es usted madre o es que oí mal cuando alguna vez alguien leía su hoja de vida?
Le hago la pregunta porque después de escuchar sus controvertidas declaraciones en relación con los niños de barrios marginales, necesito saber qué preferiría la presidenta de este país: ¿Llevar a su hija a visitar escuelas remodeladas, con baños pulcros y campos de juego, teatros al aire libre en parques seguros, bibliotecas públicas con libros hermosos, llenos de mensajes constructivos?…
¿O prefiere llevarla a visitar cárceles inmundas, malolientes, a que vea rostros deformados por el crimen y el hambre?
Laura Virginia, entienda señora: el crimen se combate creando oportunidades, sembrando ejemplos, fortaleciendo la educación; no castigando en mega cárceles.
La Vicerrectoría de Extensión y Vinculación Territorial, por medio del Programa de Gestión Local de la UNED, invita a participar en el seminario virtual «La Noviolencia Activa», una actividad abierta dirigida a personas interesadas en la promoción de la cultura de paz y la prevención de la violencia.
De acuerdo con la persona organizadora del seminario, el objetivo principal de esta actividad es abordar el tema de la violencia, la cultura de paz y la Noviolencia Activa como estrategias metodológicas para enfrentar la violencia estructural, tanto a nivel individual como colectivo.
El seminario se realizará el miércoles 8 de julio, a las 6:00 p.m., en modalidad virtual mediante la plataforma Microsoft Teams.
La actividad está a cargo del Programa de Gestión Local de la UNED y la profesora Michelle Castro M. figura como encargada. Para consultas se encuentra disponible el número telefónico 8867-7687.
Las personas organizadoras extienden una cordial invitación al público en general e instan a compartir la convocatoria con otras personas, organizaciones y grupos interesados, con el fin de ampliar la participación en este espacio de formación y reflexión.
Las personas interesadas pueden incorporarse al seminario mediante el siguiente enlace:
A unas pocas cuadras del histórico estadio Monumental de River Plate en Buenos Aires, donde se jugaba el pintoresco campeonato mundial Argentina 1978, se encontraban las instalaciones de la Escuela Nacional de Mecánica (ESMA) de la Armada Argentina, por entonces instalado en una dictadura sanguinaria que había asumido en aquel país en marzo de 1976.
En esas instalaciones cientos de personas fueron asesinadas, torturadas, exterminadas,desaparecidas, mientras a pocos metros el balón seguía rodando sin rubor.
De esas atrocidades algunas piezas de la literatura escrita por mujeres dan cuenta exacta: la poeta Margarita Drago en su libro “Fragmentos de la memoria: Recuerdos de una experiencia carcelaria (1975-1980)(2007)” yla periodista Leyla Guerriero en su trabajo descomunal “La Llamada”.
48 años después de esa vergüenza global con la FIFA cómplice y mercenaria, el balón vuelve a ser mancillado cuando la política y la corrupción se dan la mano día tras día.
En las últimas semanas, la delirante acción migratoria estadounidense arreció fuertemente desde su posición colonial y racializada; en materia futbolera, al escribirse este texto se conoció de una llamada desde Washington para solicitar revisar una tarjeta roja en contra de un seleccionado estadounidense: en principio la FIFA autorizó su participación en la ronda de octavos de final. En México continúan las desapariciones diarias. Y la FIFA mercenaria, incólume y vulgarmente silenciosa.
En tiempos en que la simbólica cuenta más que la realidad, no puede dejar de dar una absoluta vergüenza ver a los miembros de CONMEBOL, la AFA y la FIFA celebrando desde sus palcos alcoholizados la pírrica victoria de Argentina sobre la valiente y resistente Cabo Verde, absoluto ganador moral de este cuestionado mundial.
Durante un homenaje a su carrera en 2001 el más político de los Maradona dijo, haciendo referencia a las corruptelas de las elites del fútbol a las cuales siempre se enfrentó, que la pelota no se manchaba.
Cuanta vigencia y cuanta urgencia de recuperar Maradonas que cuestionen, que arremetan, que driblen y anoten como en su mítico segundo gol contra Inglaterra en pleno conflicto por las Islas Malvinas.
Cuanta necesidad de arreciar contra la vulgaridad en la que unos cuantos mafiosos han convertido el deporte más lindo de la historia.
Personas solidarias con la causa palestina dieron a conocer la creación de un sitio web dedicado a documentar y difundir el caso de Nader Abuawad, ciudadano palestino cuya detención por parte de las autoridades migratorias de Costa Rica califican como arbitraria e irregular.
Según el llamado difundido por las personas impulsoras de la iniciativa, el objetivo del sitio es poner a disposición de la ciudadanía información sobre el caso y facilitar su consulta por parte de periodistas, medios de comunicación, personas académicas, organizaciones defensoras de derechos humanos y quienes deseen conocer los hechos.
Las personas organizadoras hacen un llamado a difundir ampliamente la información mediante redes sociales, grupos de WhatsApp y otros espacios de comunicación, con el propósito de ampliar el conocimiento público sobre la situación de Abuawad y promover acciones de solidaridad.
Asimismo, señalan que cada publicación o reenvío contribuye a dar mayor visibilidad al caso y a fortalecer las gestiones que impulsan para solicitar justicia.
El sitio web con la información del caso puede consultarse en:
Lo más grave de las declaraciones de la presidenta no es únicamente que haya propuesto llevar niños, niñas y adolescentes de barrios empobrecidos a una cárcel para que “vean” dónde podrían terminar. Eso ya sería suficientemente grave. Lo verdaderamente alarmante es lo que esa afirmación deja ver sobre la calidad de su juicio político, jurídico y humano.
Una persona que conduce los destinos de un país no puede permitirse pensar en voz alta desde el prejuicio. Mucho menos puede convertir ese prejuicio en insinuación de política pública.
Aquí no estamos ante una simple torpeza verbal. Estamos ante una concepción del Estado.
Cuando desde la Presidencia se sugiere que ciertos niños deben conocer una prisión porque viven en determinados barrios, se está diciendo algo devastador: que el Estado ya no los mira como sujetos plenos de derechos, sino como futuros infractores en proceso de formación. Se les mira no desde la promesa democrática, sino desde la sospecha penal. No desde la escuela, la cultura, el deporte, la salud mental o las oportunidades, sino desde la celda.
Ese es el verdadero escándalo.
La presidenta no solo habló de cárceles. Habló desde una cárcel mental: la cárcel ideológica de quienes creen que la pobreza debe ser disciplinada antes que comprendida; vigilada antes que acompañada; amenazada antes que dignificada.
Un gobernante democrático debe saber distinguir entre prevenir el delito y criminalizar simbólicamente la vulnerabilidad. Debe comprender que el narcotráfico no seduce a jóvenes porque les falte miedo a la prisión, sino porque muchas veces el Estado llegó tarde, llegó mal o nunca llegó. Donde no hubo becas, deporte, empleo, arte, salud, acompañamiento familiar ni horizontes de vida, no se resuelve nada organizando una excursión pedagógica al castigo.
La cárcel no puede convertirse en aula para los pobres.
Y si el Estado necesita mostrar una prisión para explicarles a ciertos niños cuál podría ser su futuro, entonces el problema no está en esos niños: está en el fracaso de una institucionalidad incapaz de imaginar para ellos algo distinto.
Pero hay algo todavía más serio. Una presidenta que selecciona simbólicamente a la niñez pobre como destinataria privilegiada del miedo punitivo compromete su propia idoneidad como conductora del país. Porque gobernar no es lanzar frases efectistas. Gobernar no es alimentar la ansiedad social con imágenes de castigo. Gobernar no es convertir la marginalidad en espectáculo preventivo.
Gobernar exige prudencia. Exige conocimiento. Exige comprensión de los límites del poder. Exige saber que la palabra presidencial no es una ocurrencia privada, sino un acto político con consecuencias reales. Cuando una presidenta habla, clasifica. Cuando clasifica, autoriza miradas. Cuando autoriza miradas, puede abrir la puerta a políticas públicas discriminatorias.
Por eso este debate no se agota en pedir una disculpa. El problema no es solamente que se haya dicho algo ofensivo. El problema es que se dijo algo revelador.
Revelador de una mirada que reduce la seguridad a castigo.
Revelador de una pedagogía basada en el miedo.
Revelador de una idea profundamente desigual de la niñez.
Revelador de una forma de poder que parece más interesada en exhibir prisiones que en construir futuro.
Un país democrático no necesita presidentes que lleven niños pobres a conocer cárceles. Necesita gobernantes capaces de impedir que la cárcel sea el único horizonte que el Estado les ofrece.
Porque cuando el poder mira a un niño y lo imagina primero como preso antes que como ciudadano, el que ha fracasado moralmente no es el niño.
Los partidos políticos no mueren el día que pierden una elección. Mueren antes, cuando dejan de comprender a la sociedad que dicen representar… cuando su lenguaje ya no emociona, sus símbolos ya no convocan y sus dirigentes hablan entre ellos, pero no con el país. Esa es, quizá, la señal más profunda de la crisis política contemporánea.
En Costa Rica estamos viendo una transformación de fondo. No se trata solamente de encuestas, campañas o candidaturas. Hay una ciudadanía que sigue creyendo en la democracia, pero que ya no entrega fidelidad automática a las viejas estructuras partidarias. La gente pregunta, con razón: ¿para qué sirve hoy este partido?, ¿qué problema real me ayuda a resolver?, ¿qué futuro me propone?
El país real habla de inseguridad, empleo, costo de vida, abandono, corrupción, educación y miedo. Si los partidos responden con frases viejas, procedimientos internos o nostalgias históricas, se produce una ruptura. La política se vacía cuando deja de escuchar el dolor concreto de las personas.
Desde una mirada humanista, esta crisis no es solo electoral: es una crisis de sentido. Un partido conserva vida cuando abre futuro, cuando transforma el malestar en proyecto colectivo y cuando actúa con coherencia y solidaridad. Pero empieza a morir cuando se burocratiza, cuando se vuelve club de dirigentes, cuando sustituye el pensamiento por maquinaria y cuando ya no expresa una dirección humana.
Por eso aparecen liderazgos personalistas. La gente no deja de buscar orientación; simplemente la busca en otra parte. Cuando una estructura partidaria deja de emocionar, una figura puede ocupar el vacío. Esto puede producir renovación, pero también riesgos: liderazgo sin comunidad, poder sin ética, emoción sin proyecto.
La democracia, sin embargo, no está necesariamente muerta. Lo que está en crisis son ciertas formas de representación que dejaron de tocar la vida cotidiana de la gente. Los partidos no tienen derecho natural a existir: deben ganarse su utilidad histórica todos los días.
La pregunta clave, entonces, no es solamente por qué mueren los partidos, sino qué nace cuando ellos mueren. Puede nacer una política más humana, más participativa y más conectada con el pueblo. O puede nacer una política de espectáculo, marketing y concentración personal del poder.
El desafío para Costa Rica es recuperar la política como instrumento de orientación, reconciliación y transformación social. Un partido no muere cuando pierde votos. Muere cuando deja de ser respuesta humana para su época. Y solo renace cuando vuelve a escuchar, vuelve a pensar y vuelve a tocar el alma viva de su pueblo.
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