Autor: María José Ferlini Cartín

FRENAPI: Fuera DINADECO y sus ADIs de los territorios indígenas

Escrito en 21/04/2023. Publicado en Derechos.

COMUNICADO

Queremos pronunciar nuestra Palabra, ante la grave maniobra realizada por funcionarios-as de DINADECO. Atendiendo un plan del gobierno de promover una afiliación masiva de personas a las ADIS de los distintos territorios indígenas. La intromisión de DINADECO llegó al punto de pretender eliminar la línea matrilineal de los CLANES en las culturas bribrí y cabécar como requisito para ser afiliado a una ADI.

Este grave hecho ocurrió en el territorio bribri de Cabagra con la complicidad de algunos indígenas por ignorancia y temor; otros-as, porque apoyan a los usurpadores y también al gobierno, lo que es muy triste para nuestros pueblos, y perjudica nuestra propia cultura. La desaparición de los clanes es una estrategia que viene siendo usada por los finqueros usurpadores de nuestras tierras. La intención es grave y consiste en mezclar indígenas, no indígenas, e indígenas de otras etnias para destruir nuestra cultura, espiritualidad y proyecto de vida.

Ante los hechos denunciamos y repudiamos:

1) DINADECO pertenece al Ministerio de Gobernación y Policía y su política etnocida y asimilacionista, no observa procesos de consulta, ni tiene protocolos de intervención, incumplen las leyes nacionales y convenios internacionales; su política viola y permite la violación de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

2) Las ADIs, no son nuestra expresión ancestral de organización, no nos representan, en la diversidad cultural indígena. La Sala Constitucional y el relator de la ONU para Pueblos Indígenas lo han dicho; las ADIs y DINADECO nada tienen que hacer dentro de nuestros Territorios Indígenas.

3) Las ADIs, son estructuras del Estado, gobernadas por el ejecutivo que nos dividen, se imponen y nos amenazan. “Las Comunidades Indígenas NO son entidades estatales y por el contrario se rigen por sus estructuras tradicionales propias».

4) La política pública del actual gobierno nos quiere conducir por un mal camino por eso salimos a defendernos ahora, porque no sabemos el futuro en el día de mañana.

5) La pretensión de eliminar los clanes es una política etnocida, premeditada y violenta, del Estado/Gobierno; es una imposición vertical, patriarcal, neocolonial que busca destruir y aniquilar nuestra cultura. Además, siembra discordia y divide nuestras Comunidades, violenta nuestras prácticas y leyes propias ancestrales y espirituales, así como procedimientos establecidos en las leyes, convenios y las resoluciones judiciales nacionales e internacionales.

¡SERGIO Y JERY VIVE!! – LA LUCHA SIGUE Y SIGUE!! ¡JUSTICIA NO MÁS IMPUNIDAD!!.

FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS

Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena.

19 de abril 2023.

Imagen ilustrativa, UCR.

Cuarenta años después

Escrito en 21/04/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

Hace justamente cuarenta años, en el año 1983, después que los diputados de la Coalición Unidad logramos la reforma al Código Electoral que permitió la fusión de los cuatro partidos que la conformaban; después de vencer muchos conflictos internos especialmente en el Partido Renovación Democrática que yo presidía por entonces, los cuatro presidentes: Rafael Grillo Rivera (Demócrata Cristiano), Cristian Tattembach Iglesias (Unión Popular), Rafael Ángel Calderón F. (Republicano Calderonista) y yo, con el apoyo de las respectivas asambleas generales, firmamos la fusión de los cuatro partidos el 17 de diciembre de 1983 y fundamos, todos, el Partido Unidad Social Cristiana.

Cuatro décadas han pasado desde aquellos acontecimientos en los que muchos depositamos ilusiones y propuestas de base verdaderamente social cristianas para este país; otros apostaron más por sus intereses político electorales, económicos y hasta de simple posiciones de gobierno; como tal vez era de esperar. Hoy, una noticia que circula en diversos medios de comunicación, me llevó a reabrir mi libro escrito hace 20 años, en el año 2003, titulado LA FORJA DEL PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA (SU VERDADERA HISTORIA), para recordar todas aquellas luchas que dimos por principios, para proponer algo diferente a los costarricenses, con la mejor buena voluntad y deseos para este país.

Todos aquellos anhelos por los que propusimos y luchamos, de base social cristiana, empezaron a ser traicionados a veces poco a poco, en otros momentos más rápidamente y en forma acelerada después del 2002, cuando la horda neoliberal se apoderó y dominó las diferentes estructuras del PUSC. Los textos de los grandes pensadores social cristianos, fueron cambiados por los de Milton Freedman, el Consenso de Washington, los textos de los TLC y en fin, por ese camino aceptaron y colaboraron en la imposición del pensamiento único, como simples instrumentos de la plutocracia dueña de los medios de comunicación.

Creí que las pasadas elecciones ponían al PUSC en estado agónico, cuando eligieron a un refinado neoliberal formado en las cuevas de Instituto Cato pensé que estaba ya en cuidados intensivos, pero hoy… le dieron la puntilla, lo mataron, ahora sigue el teatro de exhibir su cadáver.

¿Cómo es posible que hayan convertido el PUSC en pinche comparsa del autócrata de turno? Si bien, salvo alguna excepción que confirma la regla, la fracción del PUSC (me niego a llamarla socialcristiana) ha sido silenciada durante este año, compañera de Chávez en palcos festivos, en el show de los miércoles del Dr. Chavestín, e incapaces de hacer un solo planteamiento relevante como oposición. Ese “buen comportamiento” los ha ubicado entre las fracciones “amigas” del que juega a “autócrata zapoteño”, junto con el dócil rebaño de Fabricio Alvarado y los liberales “progresistas” del Eliecer Feinzaig, cuya única obsesión es acabar con toda nuestra justicia social y estado de derecho. Por eso ahora, el bombero de puentes, les ofrece a los dóciles “PUSCes” la Presidencia de la Asamblea Legislativa, metiendo la mano en otro poder donde nadie lo llama. Da grima ver al futuro Jefe de Fracción salir por la prensa haciendo vanagloria del ofrecimiento para que él u otro compañero de fracción ocupe el cargo, la palabra vergüenza quedó perdida entre los cañales de Turrialba o de Grecia, de donde son oriundos los flamantes líderes rojiazules. Por cierto, una diputada se dice representar a la Juventud del PUSC, ¿será verdad?, ¿a tal pobreza de pensamiento ha llegado el sector joven de ese cascarón neoliberal?

Todo está perdido en eso que fue un gran partido y una gran ilusión. Pueden seguir haciendo asambleítas para pelear por un pedazo de lo que queda, o sea por nada de lo que quisimos hacer en un principio. La verdad, por qué ha de extrañar que los enloquezca el ofrecimiento del dinamitero de puentes, si el cáncer de intereses mezquinos desde hace más de 20 años les come las entrañas.

Una voz interior con ecos que restringen las políticas sociales

Escrito en 21/04/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Miguel Sobrado

¿Qué es la voz interior para la psicología?

Es la voz con la que dialogamos a todas horas, en ocasiones llamada «la voz de la conciencia», «voz mental» o también «diálogo interno». Aunque, en términos científicos, sería más adecuado referirse a ella como la voz del córtex pre-frontal.

“A modo de definición, se puede decir que es una narración que nace en el interior de todo ser humano y se proyecta, generalmente, hacia el futuro a modo de preparación para los acontecimientos venideros”.

El diálogo interno es un fenómeno complejo y multifacético que tiene un enorme impacto en la estructura de nuestro cerebro y en nuestro comportamiento. Es necesario para ordenar nuestras ideas y planificar nuestras acciones.

La sociedad en la voz interna

Pero ¿Qué sucede cuando este diálogo no nos ayuda, sino que más bien nos boicotea o nos limita? Aquí es donde intervienen la estratificación y las relaciones sociales que se articulan alrededor de la familia, y cimientan los valores de la cultura prevaleciente.

Existen condicionantes sociales que configuran la voz interna y que tienen fuertes implicaciones

El contexto familiar trasmite desde la más temprana edad valores que configuran la posición social de las personas según el medio en que viven. Son muchos los estudios que describen cómo operan los prejuicios en las sociedades racistas y de clase generando minusvalía y dependencia. Debilitando la autoestima y promoviendo “techos mentales” que configuran socialmente las voces interiores de quienes se encuentran en estratos de bajo prestigio social.

Los estudios realizados en los Estados Unidos con niños negros de 3 a 7 años a quienes se les mostraron muñecas blancas y negras preguntándoles cual era buena y bella son muy significativos por sus respuestas. En esas edades tiernas ya habían asimilado a través de su entorno más cercano el prejuicio hacia su propio color, contestando que la blanca era bella y buena. De tal forma en el contexto social se dieron las condiciones configuraron una voz interna que va actuar posteriormente reduciendo sus aspiraciones y autoestima.

Estudios similares que se realizaron en México con niños indígenas, en un país donde la mayoría de la población es de ese origen, revelaron resultados similares de auto desvalorización por su origen étnico. En otras palabras el racismo ha calado tan profundamente en la cultura que se ha internalizado y pienso que en estos grupos y comunidades forma parte de esa voz interior que aconseja que acciones emprender y cuales mejor no.

Fenómenos similares han constatado los movimientos feministas y por eso demandan legislaciones y espacios sociales de igualdad.

La acción organizada y la ruptura de techos sociales que inciden sobre la voz interna

El racismo y el clasismo conllevan por lo general la exclusión social por las disminuidas oportunidades para el estudio, de acceso a los servicios de salud y superación social, de tal forma que las posibilidades de avance social se reducen. Y no solo se reducen, sino que los resultados se comportan en la práctica como las profecías que se auto cumplen. Esto es si la persona fracasa o tiene resultados mediocres es por su origen.

Operación tenazas

La exclusión social no se puede superar si no es con dos palancas fuertemente entrelazadas. Por una parte, la acción organizada de los excluidos o marginados para demandar su espacio y articular y poner en marcha sus propios proyectos y por otra con una política social, no asistencialista, sino proactiva de largo aliento centrada en una educación moderna y de amplia cobertura, que incluya a quienes a quienes perdieron la oportunidad educativa y tienen obligaciones familiares a su cargo. Esto último en procesos de autoorganización realizados en sus comunidades. Esta operación “tenazas” basa en la simbiosis de propósitos de las organizaciones que ajusten los servicios institucionales a sus necesidades. Son los efectos de la actividad organizada o vitamina “O” las que le dan poder efectivo a los excluidos y transforman su visión y perspectivas sociales. En este sentido rompen las voces internas que los inmovilizaban y se pueden transformar. Este proceso no solo cambia los horizontes, sino que posiblemente incida sobre la biología misma de los participantes, como lo sugiere las experiencias de la neurociencia.

El caso de las niñas prostituidas de Camboya citado por la siquiatra española Marian Rojas Estapé, donde se les registraron a las niñas el tamaño de los telómeros, medidores de edad de las células, cuando estaban en el burdel tenían 80 años y posteriormente de sacarlas de ese antro, en un nuevo contexto con capacitaciones ya habían recuperado su edad biológica.

Las transformaciones en gran escala que requiere la eliminación de la exclusión social no se pueden realizar por razones obvias a partir solo del trabajo de los siquiatras, requieren de un contexto favorable para la inclusión organizada y proactiva masiva de los afectados.

Esto nos obliga a trascender los enfoques individuales de autoayuda. No basta ponernos positivos, ni alejarnos de personas y contextos tóxicos. La realidad es social y nosotros estamos dentro de ella. Es preciso crear condiciones y procesos de apoderamiento social a través de las políticas sociales que destapen y promuevan el potencial real de las personas. Transformando el sustento subjetivo a las voces interiores que promueven la pasividad y resignación.

Singular apoyo del ministro de Ambiente al proyecto anti ASADAS y anti AyA

Escrito en 21/04/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

El señor ministro de Ambiente al fin «puso el huevo» al apoyar el proyecto de nueva Ley de Aguas y, de rebote, nueva Ley del AyA. Acudió a la comisión legislativa que lo tramita (no necesariamente lo estudia) acompañado de uno de los redactores del adefesio, el agrónomo director de Aguas del Minae, señor José Zeledón. La verdad, nos quedaron debiendo, pues esquivaron los puntos cruciales, pese a la trascendencia especial de semejante proyecto y las expectativas que teníamos.

Ese proyecto (el N°23.511), aunque copia varias cosas de los promovidos sin éxito anteriormente, tiene «novedades» nada desdeñables, que pese a su importancia, no han merecido la atención de los que lo proponen y los que lo apoyan, aparentemente sin haber hecho la tarea de ir más allá de la corronga exposición de motivos. Algo que parece darse con don Franz Tattenbach, y que lamentamos, pues, insólitamente, se cuidó el señor ministro de obviar los detalles, para quedarse en algunos párrafos intrascendentes.

No habló, por ejemplo, del traslado de las funciones técnico-científicas que ejecuta el Senara sobre los acuíferos subterráneos, formaciones geológicas fundamentales como fuentes de agua potable, hacia la incompetente Dirección de Aguas del Minae. Tampoco hizo mención de la situación en que quedarían las ASADAS, en caso de quitarle la gobernabilidad del agua al AyA, que tiene, por lógica, la doble potestad de RECTOR y EJECUTOR del agua como bien demanial, como bien de dominio público, como bien social. Situación de la mayor importancia, pues de trasladarse al ministro de Ambiente esa gobernabilidad, más de 1.400 ASADAS que garantizan el abastecimiento del agua potable a más de dos millones de habitantes de zonas rurales, quedarían sin «convenios de delegación»; es decir, sin el instrumento que jurídicamente, les permite administrar el agua de sus comunidades, avaladas por la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República, la Aresep y la Sala Constitucional. Ello en virtud de que, aunque son asociaciones privadas, cumplen una función de servicio público bajo una sujeción especial con el AyA, que, por cierto, sirve a su vez, 640.000 servicios de agua potable.

De permitir los señores diputados semejante barbaridad, se crearía una situación desastrosa, pues, se estaría PRIVATIZANDO el agua, declarada como BIEN DE DOMINIO PÚBLICO por la Ley de Aguas del Dr. Calderón Guardia de 1942. Para hacer más claro el desaguisado, se establecería la obligación para que ¡el AyA y las ASADAS, deban solicitar concesiones de agua al ministro del Minae, para que, ambas, el hoy ente rector y ejecutor, y las asociaciones privadas delegadas, nos puedan abastecer del líquido vital! Un total despropósito.

Ello, además de que ponen también a ambas (AyA y ASADAS) a pagar un impuesto («canon», le dicen) que habría que trasladar al usuario por medio de las tarifas. Así de malo e indefendible es el proyecto N° 23.511, que CONCENTRA en el Minae, órgano político por definición, potestades que hoy se sustentan en instancias como el Senara y el AyA, donde la ciencia y la técnica, son las que predominan. Así, aunque hablan de «integrar», lo que realmente están proponiendo, es «CONCENTRAR» en un ministro, las funciones y potestades que, inobjetablemente, han de seguir siendo ajenas a criterios políticos que, con razón, provocan desconfianza entre los usuarios. Y peor aún, estarían echando abajo el estupendo y admirable sistema de gestión de agua potable, que realizan las ASADAS, por todo el país. Modelo único en el continente americano que, dolorosamente, algunos quieren acabar con él.

Pintura de Tomás Sánchez

Carta abierta al Consejo Superior Universitario de Centroamérica (CSUCA) CXX Sesión Ordinaria del CSUCA 20 y 21 de abril de 2023 Universidad Nacional de Costa Rica UNA

Escrito en 21/04/2023. Publicado en Derechos.

ASUNTO: El CSUCA en Costa Rica, alberga en su CXX Sesión Extraordinaria a un usurpador. LA USAC DE GUATEMALA NO TIENE RECTOR

Nos dirigimos a ustedes como ciudadanas y ciudadanos centroamericanos, académicos(as) de universidades públicas de la región, artistas, intelectuales y sociedad civil plenamente informada y conscientes de la trágica y valerosa resistencia que atraviesa desde el mes de abril del 2022 la universidad más antigua de Centroamérica y la única institución de educación superior pública de Guatemala: la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

La Universidad de San Carlos de Guatemala por ser la mayor universidad del país, la única universidad pública y la más antigua se le ha conferido por ley, participación con voz y voto en las decisiones de 100 entidades públicas. Este valor de representatividad tiene su fundamento en los ideales de servicio, en su autonomía constitucional, con vigencia a partir del 1 de diciembre de 1944 y en su coherencia crítica para ofrecer soluciones al país, además de proveer gratuitamente o con muy bajo costo, educación superior. La Universidad de San Carlos de Guatemala recibe fondos públicos y eso la convierte en una institución clave no solo por su voz y capacidad de voto en las decisiones de importantes instituciones públicas, sino porque con autonomía y criticidad, es una fuerza de oposición ante procesos de corrupción que emanan del gobierno, oficialismos de turno y de las redes de poder político.

Hacemos de su conocimiento que esta Alma mater fue tomada por la comunidad estudiantil, docente, administrativa, apoyada por diferentes sectores de la población (campesina, indígena, civil, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de Derechos Humanos) desde el 27 de abril de 2022 con la toma de Museo de la Universidad de San Carlos (MUSAC) y posteriormente el 19 de mayo de 2022 con la ocupación del Campus Universitario en su totalidad, en respuesta a los procesos ilegítimos del fraude electoral que colocó al señor Walter Ramiro Mazariegos Biolis en el cargo de rector con un procedimiento electoral que no se apegó al marco de la legalidad. La persona que se presenta en este encuentro como Rector de la USAC no cuenta con las capacidades académicas mínimas para el puesto; no cumple siquiera con el requisito mínimo de cinco años de experiencia docente universitaria, según la norma que rige la materia, pese a la información falaz que contiene su currículo. Además, es reconocido por una larga trayectoria de corrupción, su cercanía con el narcotráfico y sus vínculos con el presidente de Guatemala. A partir de esos hechos y hasta el día de hoy la comunidad universitaria sancarlista, la sociedad civil guatemalteca, y comunidad centroamericana universitaria y civil continúan apoyando la resistencia y rechazo a lo que se ha calificado como fraude electoral en esta casa de estudios.

Desde el 1 de julio de 2022 en que asumió el puesto de rector, en un acto igualmente anómalo, pues lo hizo en secreto y sin que estuviera presente el pleno del Consejo Superior Universitario, como lo manda la normativa de la universidad; la comunidad universitaria y diferentes medios de comunicación oficiales y alternativos nacionales y de la región han evidenciado el abuso de poder con que Mazariegos, apoyado por el gobierno y redes de la élite del país, han utilizado la violencia y la represión contra la propia comunidad estudiantil y académica, intimidando, criminalizando y atentando contra la vida de estudiantes, docentes y dirigentes en este proceso de oposición y resistencia, como respuesta al legítimo derecho de no aceptar la ilegalidad y corrupción en los procesos electorales.

Escribimos a ustedes ante la vergüenza histórica que representa para nuestra región, para la ciudadanía guatemalteca, centroamericana y la mirada internacional que, el señor Walter Mazariegos, conocido en su propio país como “El Usurpador” ocupe solo nominalmente el cargo de representación universitaria, debido a que, en Guatemala permanece escondido y sin ejercer todas las funciones de su puesto, consciente del rechazo de que es objeto por parte de la mayoría de la comunidad sancarlista.

Apelamos a ustedes señores y señoras representantes del CSUCA en esta CXX Sesión Ordinaria celebrada el 21 y 22 de abril de 2023 en la Universidad Nacional de Costa Rica para tomar conciencia de nuestro rechazo absoluto a la invitación que el órgano de representación regional universitaria hace a Walter Mazariegos, así como de cualquier otro espacio de representación por la ilegitimidad electoral del puesto que usurpa y por la cuestionable trayectoria académica, moral y política que le antecede.

Señores y señoras del Consejo Superior Universitario de Centroamérica CSUCA, este es un llamado a la conciencia sobre los mayores ideales que fueron planteados hace más de cien años en el Sueño de Córdoba, a sus pilares fundamentales de respetar la autonomía universitaria, libre de interferencia política y de garantizar la libertad de la comunidad estudiantil y docente. La Universidad de San Carlos de Guatemala ha sentado un precedente histórico en la región centroamericana y en el continente desde el momento en que no aceptó el procedimiento ilegal de colocar a un rector de facto, que llevaron a cabo las redes de corrupción política y del poder oficial. Pese a esta difícil situación y al contexto en que la comunidad estudiantil y docente de la Universidad de San Carlos atraviesa, instituciones, importantes figuras intelectuales y sociedad civil no cesarán de apoyar y de brindar sus esfuerzos por rescatar la autonomía del mayor centro de estudios superiores de Centro América.

La invitación y el recibimiento de Walter Mazariegos al evento del CSUCA envía un mensaje equivocado a la sociedad centroamericana, a toda la comunidad estudiantil, docente y sociedad civil centroamericana. Su invitación está a contracorriente de los ideales de autonomía y libertad universitaria. Su presencia en este evento fomenta una cultura de impunidad que da la espalda a la realidad que atraviesa la propia comunidad universitaria sancarlista y niega los valores que deberían guiar el espíritu crítico, la acción y la educación superior en nuestra región.

Solicitamos a ustedes como representantes del CSUCA una moción de censura para Walter Ramiro Mazariegos Bioli en un pronunciamiento por escrito en el que se reconozca la ilegitimidad de su cargo y se le excluya absolutamente de toda representación en el CSUCA por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Que este precedente histórico sirva de ejemplo para todas nuestras universidades públicas centroamericanas y para que este hecho no se repita nunca más.

¡La Universidad de San Carlos de Guatemala no tiene rector!

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Ante la ciudadanía denuncio

Escrito en 21/04/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Francisco Campos

Abril 18 del 2023

En ocasiones anteriores hemos planteado que la Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica No.7554 del 04/10/1995, se promulgó en un contexto mundial caracterizado por efectivos y trascendentes avances en cuanto a legislación ambiental; entre otros aspectos gracias a las motivaciones generadas por la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro, Brasil. “Un esfuerzo masivo por reconciliar el impacto de las actividades socio-económicas humanas con el medio ambiente^1,2”. Obviamente no fue un hecho más del optimismo ambiental del momento, tomando en consideración por ejemplo que, le precedió el proyecto legislativo que representó la trigésima novena reforma de la Constitución Política vigente; propuesta en 1988³ con el objetivo de reformar su Artículo 50, finalmente sancionado como la Ley No. 7412 del 24 de mayo de 1994. La cual, estableció el derecho de todo habitante de este país a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como, la obligación del Estado a velar por la protección y conservación del ambiente, elevado a rango Constitucional en justa coherencia con los principios 15 y 17 de la Declaración de Río 1992⁴.

Pero esa progresividad del bloque normativo ambiental no se detuvo con la puesta en vigencia de ambas leyes, casi en lo inmediato también se aprobaron y publicaron la Ley Forestal No. 7575 del 16/04/1996, Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos No. 7779 del 21/05/1998 y Ley de Biodiversidad No. 7788 del 27/05/1998. En resumen, un bloque de Constitucionalidad y Legalidad, claramente consistente con principios ambientales y de derechos humanos a fin de proteger ampliamente el ambiente, y el deber de emprender una evaluación ambiental como instrumento nacional de aplicación obligatoria sobre cualquier propuesta de desarrollo de posible impacto negativo sobre el ambiente⁵. Claro está y vale decir que, no son las únicas, ya que, por ejemplo, otras leyes conexas como la Ley de Planificación Urbana No. 4240 del 15/11/1968 y la Ley General de Salud No. 5395 del 30/10/1973 son pilares de gran contribución al respecto.

Sin embargo, y a pesar de que los hechos descritos, tanto por su trascendencia como por el tiempo en que sucedieron determinaron una época álgida en la historia ambiental jurídico-política del país, la reglamentación y aplicación de lo legislado en materia de Evaluación Ambiental durante los años siguientes, no ha contado con mayor o similar respaldo por parte de las autoridades estatales. Tampoco y mucho menos de los grupos del poder económico, cuyas influencias en las políticas públicas han sido y son determinantes en el estancamiento y/o retrocesos. Es más, en las últimas cuatro administraciones gubernamentales incluyendo las aciagas acciones de la actual, se observa una involución cínica e inmoral; pues la propaganda oficial, no cesa ni escatima gastos para así divulgar dentro y fuera del país que, Costa Rica es líder mundial en la conservación y protección de la naturaleza y el desarrollo ambientalmente sostenible. Sin dejar atrás que, en la práctica las mismas autoridades, además de que administran con deficiencia y casi nula transparencia instituciones como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (el ente Rector de la EIA)^6,7,8; también ejecutan una derogación paulatina y recientemente abrupta de los requerimientos técnicos y legales establecidos mediante el Reglamento General de Evaluación de Impacto Ambiental y sus Manuales Técnicos. Requerimientos a los que impúdicamente denominan “cuellos de botella”, señalados por el empresariado privado para ser eliminados por el gobierno⁹. Gratuita y tendenciosa concesión contra una reglamentación que, aunque todavía parcial del contenido total de la Ley No. 7554, con amplia participación ciudadana, técnica y científica, se había logrado consolidar entre los años 2004 y 2007 inclusive, mediante la siguiente seguidilla de decretos ejecutivos: 31.849 (28/06/2004), 32.079 (05/11/2004), 32.711 (24/10/2005), 32.712 (18/11/2005), 32.966 (04/05/2006), 32967 (04/05/2006) y 33.959 (19/12/2007)¹⁰.

Nótese que, indicamos reglamentación parcial de dicha Ley además de paulatina, lo cual, si a esta característica se recalca de que, el proceso de implementación duró más de diez años en quedar vigente y no obstante que, la misma ley contempla en su artículo 117 el deber de cumplirlo en plazo de tres meses al promulgarse la ley; son indicadores de que existió un deliberado atraso en procurar la efectiva aplicación de los principios que contempla. Por consiguiente, ésta es una prueba fiel del modelo de desarrollo excluyente de la variable ambiental que ha interesado por parte de los grupos oligárquicos (empresariado privado) en contubernio con las autoridades de gobierno y en ciertos momentos otras entidades como el CFIA y colegio de Geólogos de C. R. Para ellos, las riquezas naturales y el medio ambiente en general, valen mientras estén a expensas del neoestractivismo, enemigo natural de la evaluación de impacto ambiental y el desarrollo ambientalmente sostenible. Nada extraño resulta que, hoy día a los geólogos agremiados a dicho colegio, los preside un renombrado consultor ambiental, con amplia carrera sobre la SETENA e Industrias Infinito¹¹.

Otra prueba de esa connivencia en la “democrática, abanderada de derechos humanos, campeona del ambiente y pacífica Costa Rica”; es su campaña sistemática contra la ratificación del Acuerdo de Escazú^12,13,14. Un Tratado “visionario y sin precedentes”, el cual, “incluye la primera disposición vinculante del mundo sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, en una región en la que, lamentablemente, se enfrentan con demasiada frecuencia a agresiones e intimidaciones”. Es ampliamente conocido que, con este Acuerdo se persigue la aplicación plena del Principio 10 de la “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe” de la cual somos signatarios. Es decir, la obstinación de estos grupos dominantes del poder económico político de Costa Rica, la cual es a la vez violenta; hasta hoy no sólo es real y evidente que actúa contra el ya firmado Acuerdo de Escazú, sino contra la Declaración de Río y la Convención Americana de Derechos Humanos. Pues el viraje en la política ambiental de Costa Rica entre el Pacto de San José y el Acuerdo de Escazú, ahora liderado por el presidente de la República Rodrigo Chaves Robles¹⁵, si algo logra con creces, es exponer al país al desprestigio internacional; en tanto las dañinas prácticas a que da lugar su política ambiental, son noticias que cada vez con más frecuencia circulan por el mundo a través de diferentes medios¹⁶.

Por consiguiente y en ese orden, es honrado preguntamos con qué respaldo moral y ético desde su país de origen por parte de autoridades y actores afines, dispone el Dr. José Manuel Salazar Xirinach, quien asumió el desafío de cumplir cabalmente la función para la que fue nombrado como Secretario Ejecutivo de la CEPAL a la vez que, le correspondió también asumir la Secretaría de dicho Acuerdo, según lo dispone su propio Artículo No. 17. Especialmente si se tiene en cuenta que, una de sus obligaciones en el doble puesto, es la continuidad de los esfuerzos y acciones necesarias por parte de sus representadas para la incorporación plena al Tratado de todos los países de la Región de América Latina y el Caribe que faltan. Efectivo compromiso que Costa Rica con otros liderazgos políticos de gobierno, desde el año 2012 en la Conferencia Río+20, había asumido junto a Chile, hasta la adopción del texto del Acuerdo por los países que así lo dispusieron el día cuatro de marzo del 2018 en la ciudad de Escazú¹⁷.

Es claro que, el siguiente paso de esa adopción por parte de nuestro país, consistió en la firma del Tratado en la sede de la ONU el día 27 de setiembre del mismo año. Sin embargo, si bien el primero de febrero del 2019 inició el trámite de ratificación por parte del Parlamento, y con la aprobación en primer debate (13 de febrero 2020) el compromiso costarricense se mostraba aparentemente sólido e invariable con el respaldo unánime de los parlamentarios presentes; es a partir de ese momento que la situación empezó un cambio radical. Una virulenta campaña de desinformación contra este Acuerdo por parte de diferentes cámaras empresariales y otras acciones como el lobby legislativo, rápidamente surtieron efectos en los tres poderes de la República, dejando como primera o principal evidencia, cómo y quién gobierna en este país. Los pronunciamientos o manifestaciones de la ciudadanía y organizaciones civiles como las Universidades públicas y organismos internacionales (ONU, CEPAL, OCDE, PNUMA) a favor del acuerdo, siguen ignorados.

Para colmo de males, con el nuevo gobierno (2022-2026), ese poder e intereses empresariales y corporativos se acabaron de consolidar. Por ejemplo: a) la campaña contra el Acuerdo no ha cesado, inclusive con actores desde el mismo parlamento, desde donde un hereje y protestante diputado (supuesto representante del pueblo), no ha tenido empacho en declarar públicamente de que se trata de un “instrumento de comunistas¹⁸; b) el primero de febrero de este año 2023, la Asamblea legislativa nuevamente sometió a votación el proyecto pero para archivarlo (enterrarlo han dicho algunos medios), negándole la posibilidad hasta de mantenerlo en la corriente legislativa para que en algún momento posterior se le pudiera dar continuidad; así lo dispusieron 41 diputados de los 57 que integran esta Asamblea¹⁹; c) El presidente Rodrigo Chaves Robles y su ministro de Ambiente y Energía Franz Tattenbach Capra, son opositores confesos del Tratado²⁰, y por ende a la ONU-CEPAL y la Corte IDH.

Llama la atención de que, la Indecorosa conducta de Costa Rica fue en su momento acompañada por el otro protagonista inicial (Chile), y a ellos, también se sumaron otros como el gobierno y empresarios colombianos; peruanos y paraguayos. Pero para bien de la Región, nuevos gobiernos en Chile y Colombia, con respecto al proceso de ratificación del Acuerdo, ya rectificaron el triste papel de sus antecesores, y para la satisfacción de sus naciones, ostentan el título de Estados Parte²¹. Mientras Costa Rica, prácticamente quedó sola en su traicionera postura desde la cintura del continente, donde de las cinco naciones, el único Estado Parte del Tratado es la Nicaragua sandinista que, sin reparos fue de los primeros en la ratificación correspondiente por parte de su gobierno, no obstante ser insistentemente vilipendiados hasta por los gobiernos y empresarios costarricenses.

Y volviendo al tema de la Reglamentación de Impacto Ambiental, desde el día 8 de febrero 2023 según divulgaciones de gobierno, la ciudadanía costarricense y por ende los defensores activos del medio ambiente, quedamos a la espera de la publicación oficial de la normativa titulada “Nuevo Reglamento General de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental”; acción derogatoria del “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)”. Como puede observarse, en la nueva titulación sobre lo que supuestamente involucra el mismo tema, es significativo determinar la suplantación específica del concepto Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Además, sobre el objetivo que persigue esta nueva normativa, sin duda que también es relevante la carencia de sustentación técnica-científica en las alocuciones del presidente y ministro del MINAE, al haber declarado conjuntamente: “Estamos muy, muy contentos en el Minae con este logro. Es una reforma de fondo” al “manual de tortura de la santa inquisición. Era un atraso para el emprendimiento^22,23”. Primero que no se trata de un simple manual, sino un Reglamento General, el cual, una parte sustantiva del mismo lo conforma un Manual de Procedimientos Técnicos. A la vez, aunque el ministro hable de “reforma de fondo”, lo cierto es que el Artículo No. 101 plantea: “– Derogaciones. Deróguese los Decretos Ejecutivos números 31849 –MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 24 de mayo del 2004 “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y sus reformas…”.

De principio a fin, el nuevo reglamento que mantienen firmado y que tampoco es el mismo que firmó en su momento el expresidente Solís y sus ministros de turno (41139 del 03/05/2018) con similares intensiones; no da margen a ninguna duda de que, fueron las cámaras empresariales las que lo elaboraron, pero sin contemplar siquiera el deber de la sustentación técnica. De manera que por la preponderancia que en estos asuntos debió asumir la SETENA, su secretario Ulises Alvares y Comisión plenaria, deberían ser llamados a la comparecencia ante la Comisión de Ambiente legislativa, y que rindan cuentas por el adefesio de reglamento que normará el trascendente funcionamiento de su institución y directamente determina el tipo de desarrollo del país. Entre muchos aspectos regresivos a instaurar, está por ejemplo la cantidad de proyectos, obras o actividades que genéricamente se disponen a relevar de la obligación de cumplir la evaluación de impacto ambiental (Observar tan sólo su Artículo 3). Asunto que, por años llamaron proyectos de muy bajo impacto ambiental, además, año con año los ampliaban en listas emitidas mediante simples resoluciones administrativas para excluirlos de esta evaluación, engañosamente agregando algunas actividades que no reunían características de un proyecto. Pero ahora, no sólo reglamentan esa histórica exclusión, sino que, una vez más les aumentan los umbrales. Es el caso por ejemplo de los movimientos de tierra y área constructiva, una práctica viciosa de siempre.

Otro aspecto a prestar atención al menos por el momento y que, denota omisión impropia es que, en materia tan sensible y sobre todo que pretenden derogar, es el deber de observar y entender como ya se dijo, los conceptos básicos de evaluación de impacto ambiental y daño ambiental. Se observa así una velada intencionalidad de retroceder con estas conceptualizaciones, incluso más allá del anterior Reglamento de la Setena (D.E. 25705-1997). Veamos:

Reglamento General de la EIA del 2004

“39. Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): Procedimiento administrativo científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones. De forma general, la Evaluación de Impacto Ambiental, abarca tres fases: a) la Evaluación Ambiental Inicial, b) la confección del Estudio de Impacto Ambiental o de otros instrumentos de evaluación ambiental que corresponda, y c) el Control y Seguimiento ambiental de la actividad, obra o proyecto a través de los compromisos ambientales establecidos.”

“28) Daño Ambiental: Impacto ambiental negativo, no previsto, ni controlado, ni planificado en un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (evaluado ex -ante), producido directa o indirectamente por una actividad, obra o proyecto, sobre todos o cualquier componente del ambiente, para el cual no se previó ninguna medida de prevención, mitigación o compensación y que implica una alteración valorada como de alta Significancia de Impacto Ambiental (SIA).”

RECSA 2022

“Evaluación de impacto ambiental: Procedimiento técnico-científico realizado por un equipo de consultores ambientales para identificar y predecir los efectos de una actividad, obra o proyecto (AOP) sobre el ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, cuantificándolos, ponderándolos y estableciendo medidas de control ambiental.”

“17. Daño Ambiental: Impacto ambiental negativo, significativo, no previsto, ni controlado, ni planificado en un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, producido directa o indirectamente por una actividad, obra o proyecto, sobre todos o cualquier componente del ambiente, para el cual no se previó ninguna medida de prevención, mitigación o compensación y que implica una alteración valorada como de alta Significancia de Impacto Ambiental (SIA)”.

En estas definiciones básicas, queda completamente demostrado una intencionalidad de cambiar a su favor conceptos fundamentales, así cómo se elimina la obligación de cumplir la EIA de muchos proyectos por medio de este reglamento “nuevo” y otras leyes ya vigentes. Y la gravedad de tales decisiones radica en que, se lleva a cabo en momentos de que se tramita también una reforma de Ley 7554 que corta las alas a la SETENA²⁴. Igualmente, cuando la violencia que azota al país, vive momentos extremos, inclusive en temas ambientales; 27.871 denuncias ambientales registradas durante los últimos cinco años²⁵ son alarmantes. Pero no observamos preocupación del gobierno, no obstante, con disimulo la mesa ha sido golpeada por los gringos²⁶.

Conclusión: Costa Rica hoy día enarbola en su política ambiental, no sólo los antivalores más innobles como la traición a nivel regional, sino también, la mentira y el engaño para desatender (desgobernar) los bienes más preciados de la Nación, su salud, la seguridad y en general sus derechos humanos. ¿Podrá haber una reglamentación más retrógrada que la que comentamos? Seguro que no.

A propósito de la celebración del Día de la Persona Originaria Indígena

Escrito en 20/04/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

19 de abril Día de la Persona Originaria Indígena

Elides Rivera Navas

Los pueblos y personas indígenas tienen derecho a su tierra, territorio, cultura e identidad propia.

El Estado mediante sus instituciones públicas tienen la obligación de velar y garantizar los derechos humanos que corresponden a todos y especialmente a la niñez.

Un Estado que no vele y garantice la seguridad de los niños indígenas en sus territorios y pueblo es un estado racista y vulnerable.

El PANI es la institución rectora en materia de defender y asegurar que toda persona menor goce a plenitud de su cultura, familia de vínculo directo y otros derechos que los asiste como perteneciente a un pueblo distinto y NO usar su protocolo mal inducido para SACAR a los niños indígenas de su pueblo y territorio.

Exhortamos al PANI, a los juzgados de familia a reintegrar a los niños indígenas a sus respectivos pueblos y territorio…

YA NO MÁS ASIMILACIÓN FORZADA Y NO MÁS COLONIZACIÓN…

20 de abril Día Mundial de la Marihuana

Escrito en 20/04/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco Murillo

El 20 de abril se celebra el Día Mundial de la Marihuana, una planta que ha causado una profunda polémica, debido a su uso y efectos en el cuerpo humano y en la sociedad.

El origen de esta fecha se remonta al año 1971, cuando un grupo de estudiantes de California (Estados Unidos) denominado Los Waldos se reunían a una hora fija al terminar sus clases a fumar marihuana (4:20 de la tarde), estableciendo así el día 20 del mes 4 (abril) como el Día Mundial de la Marihuana. De hecho, el número 420 es un código reconocido mundialmente para referirse a la marihuana.

Desde luego que hace 52 años la situación con la marihuana era muy diferente a lo que es hoy día en cuanto a la utilización de la planta y por eso el elegir comentar sobre este día. Hoy sigue siendo prohibido su consumo y trasiego en muchos países, pero en otros esa prohibición ha cesado y es posible consumirla y venderla sin problema alguno.

Hoy la marihuana o también como se le conoce cannabis sativa, es todo un prospecto de convertirse en una actividad económica, dentro del ámbito legal y además una posible solución a muchos de los problemas de salud que padecen muchas personas.

Cada vez más se habla y se estudia sobre los beneficios del uso del cannabis, dadas sus propiedades curativas, siendo aprobado legalmente en algunos países con fines medicinales y por ende permitiendo su cultivo también de forma legal.

El origen del día era fundamentalmente para celebrar el aprovechamiento de una droga que su uso recreativo, continuo e ilegal puede producir alteración de la conciencia y deterioro de la percepción, generando episodios de ansiedad y pánico.

Entre los principales beneficios del cannabis medicinal, se destacan los siguientes: reduce la inapetencia, náuseas y vómitos producidos por la quimioterapia aplicada a pacientes con cáncer. Para tratar el dolor y la espasticidad muscular en personas con VIH/SIDA. Reduce en un 85% la frecuencia de migrañas. Puede contribuir a aumentar la eficacia de los fármacos contra el cáncer.

La Organización Mundial de la Salud ha estipulado que el uso del Cannabidiol (CBD) como marihuana medicinal funciona como paliativo para enfermedades crónicas y para pacientes con epilepsia, ya que reduce el dolor y la inflamación. Además, no genera adicciones en los pacientes que la consumen en las cantidades indicadas.

Hoy las cosas sobre la marihuana deben verse con otra óptica y hacer que su cultivo y su utilización científica, generen los beneficios y recursos económicos que se esperan, eso si, dentro de un ambiente de salud y de ayuda a quienes la necesitan para mejorar sus condiciones de vida y salud. Dios quiera que así sea.

Sentires y Saberes – Saberes En Lucha – La Escuela de la Protesta Social

Escrito en 20/04/2023. Publicado en Derechos.

Observatorio de Bienes Comunes

El pasado 31 de marzo del 2023 el Bloque Cívico de Limón convocó junto al movimiento de los Muelleros y otras fuerzas vivas de Limón a una manifestación en protesta de las decisiones tomadas por el gobierno de la República de Costa Rica que vienen a profundizar las distintas desigualdades estructurales que siguen marginando a la provincia y generan los espacios de marginalidad y exclusión, pero también de ningueno de las personas que habitan y comparten en estos territorios caribeños.

Les dejemos con todas estas voces que nos ayudan y guían para comprender un poco más de cerca ese Limón que protesta y se rebela ante tantas injusticias históricas que siguen profundizándose.

Escuche el programa en este enlace.

UCR: El impacto de los asesinatos en los pueblos indígenas provoca un giro en los proyectos de investigación en Ciencias Sociales

Escrito en 20/04/2023. Publicado en Derechos.

Día del Aborigen Costarricense

Grupo de trabajo institucional analiza a profundidad el conflicto interétnico y los ciclos de violencia por parte de personas no indígenas

El proyecto multidisciplinario “Conflictos territoriales e interétnicos en Buenos Aires, Costa Rica. Aportes interdisciplinarios para su resolución” (B8358), surge de la concertación de diferentes personas especialistas de la Facultad de Ciencias Sociales interesadas en indagar sobre los ciclos de violencia en el cantón de Buenos Aires. Pero también en transformar sus investigaciones académicas en acciones que contribuyan y respalden la reivindicación de derechos territoriales, culturales y políticos de los pueblos originarios del cantón de Buenos Aires, Puntarenas.

El cantón de Buenos Aires cuenta con la mayor diversidad cultural del país y concentra el mayor número de territorios indígenas, seis de los veinticuatro que existen, pertenecientes a cuatro pueblos: Brunkas o Borucas, Brörán-Térraba, Bribri y Cábecar.

Sin embargo, a pesar de la delimitación legal de estos seis territorios en promedio solo el 44,7 % de los mismos están en posesión de familias indígenas, producto tanto del auge desarrollista promovido por el Estado en las últimas cinco décadas, como de una evasión institucional, sistemática y discriminatoria contra las personas y las comunidades indígenas.

El proyecto está bajo la coordinación de la Dra. Denia Román Solano de la Escuela de Antropología y el Centro de Investigaciones Antropológicas (CIAN) y cuenta con el apoyo de personas investigadoras de la Escuela de Historia, Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, Escuela de Geografía, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, Escuela de Psicología, Facultad de Derecho, CIAN, Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericana, así como otras instituciones como Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, la Universidad de Brasilia en Brasil, la Universidad de San Carlos en Guatemala y la Universidad de Viena en Austria.

Bajo la convocatoria de la Escuela de Antropología y el liderazgo del Dr. Marcos Guevara (fallecido en enero del 2021) este equipo considero pertinente analizar a profundidad el conflicto interétnico y los ciclos de violencia por parte de personas no indígenas ante nuevos procesos de reposicionamiento territorial de las familias indígenas, a través del movimiento de recuperaciones de tierras. Este movimiento emerge ante décadas de demandas legales y administrativas por parte de personas y organizaciones indígenas en diferentes instancias del estado costarricenses, sin soluciones concretas.

«Pretendíamos transformar la academia en un campo de interlocución con el Estado pero el impacto de los asesinatos transformaron esta idea inicial en indignación, en impases metodológicos y en una reflexión detenida sobre los límites del conocimiento ante el estudio de la violencia.

Aprendimos que seguir el conflicto de cerca, la violencia y el racismo nos fue cambiando el lugar desde el cual investigamos y el abordaje desde donde comprendemos las relaciones entre el Estado y pueblos indígenas, pero además del lugar que tiene lo indígena y las comunidades indígenas en la sociedad a la cual pertenecemos, así como las universidades en las que trabajamos …

Investigar un conflicto en desarrollo permite llegar a ciertas confluencias analíticas y a cierta disposición para “dislocarse” o “desarticularse disciplinarmente” con el propósito de comprender el acto de violencia…

Nos lleva a interpelar al Estado de manera más política… y nos interesa conocer al Estado más como un actor del conflicto, descifrar el sustento de la idea de nación, así como indagar el racismo regional y el papel de las instituciones estales ante ello».

Dra. Denia Román Solano de la Escuela de Antropología y el Centro de Investigaciones Antropológicas (CIAN)

En estos diez años han surgido constantes ciclos de violencia por parte de los poseedores no indígenas o de sus trabajadores y la acción estatal ha sido reactiva, inadecuada y sin un seguimiento a nivel local, lo cual provoca que la violencia se repita. Son tres administraciones gubernamentales que han establecido mecanismos para la negociación, protocolos para detener la violencia y planes territoriales, sin resultados concretos. Las amenazas y agresiones continúan, así como una lamentable impunidad, incluso en el caso de asesinatos relacionados con la lucha.

Dicha incapacidad por parte del Estado motivó a que organizaciones y líderes indígenas bribris y térrabas-brörán iniciaran un proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA). Así, en el 2015, esta instancia le interpone al Estado costarricense medidas cautelares a favor de los líderes, las familias recuperadoras y las personas indígenas de los territorios de Salitre y Térraba (Medida Cautelar N.º 321-12).

La respuesta del Estado fue muy lenta e ineficiente, y los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz y Jehry Rivera Rivera se dieron justamente 4 y 5 años después de que se emitieran las medidas cautelares. Sin duda, estos homicidios evidencian la incapacidad del Estado, no solo para hacer cumplir sus propias leyes, sino para mediar en un conflicto que su misma incapacidad provocó. Muestra, igualmente, el declive de los derechos humanos en el país y la exacerbación del racismo en el Pacífico Sur, que se refleja en las acciones e inacciones de institucionalidad costarricense.

Al iniciar un nuevo siglo la preeminencia del multiculturalismo mostró sus contradicciones tanto en Costa Rica como en el resto de la región centroamericana. La antinomia entre la legislación, la movilización organizativa de los indígenas (respaldada por los organismos internacionales), por otro lado, la desaplicación de las leyes y la implantación de proyectos extractivos en tierras indígenas, generaron un progresivo aumento de conflictos territoriales, pero también de los litigios legales nacionales e internacionales que apelan a la legislación multicultural.

Equipo multidisciplinario

Coordinación:
Dra. Denia Román Solano, Escuela de Antropología y CIAN, UCR

Personas investigadoras:
Dra. Alejandra Boza Villarreal, Escuela de Historia, UCR
Sr. Alí García Segura, Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, UCR
M.Sc. Francisco Solano Mata, Escuela de Geografía, UCR
M.Sc. Luis Mariano Sáenz Vega, Profesor jubilado e investigador ad honoren del CIAN, UCR
Dra. María Paula Barrantes Reynolds, Escuela de Ciencias Políticas y Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericana, UCR (proyecto vinculado)
M.Sc. Marvin Amador Guzmán, Escuela de Comunicación Colectiva, UCR
Dr. Roberto Castillo Vásquez, Escuela de Geografía, UCR
M.Sc. Xinia Zúñiga Muñoz, profesora jubilada e investigadora del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica.

Investigadoras temporales
M.Sc. Helga Arroyo Araya, Escuela de Psicología, UCR / Psicología UNA
Dra. Marcela Moreno. Facultad de Derecho, UCR.

Codirección científica:
Dra. María Eugenia Bozzoli, profesora emérita e investigadora del CIAN, UCR
Dra. María del Carmen Araya Jiménez, profesora jubilada e investigadora del CIAN, UCR
Dr. Onésimo Rodríguez Aguilar, director del CIAN, UCR

Marilin Agüero Vargas
Comunicadora Ciencias Sociales