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Autor: María José Ferlini Cartín

Indígenas Ngäbe de Sixaola demandan territorio

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • Se reúnen con viceministro, visitan Asamblea Legislativa y Universidad de Costa Rica

Una delegación de catorce personas de la comunidad originaria Ngäbe de Sixaola, en representación de unos diez mil indígenas que habitan la zona fronteriza, realizaron una visita a San José para reunirse con autoridades del Poder Ejecutivo, bajo la demanda urgente de un territorio para poder concretar su pleno derecho como pueblo originario.

Esta comunidad logró, después de años de lucha, que en el 2019 la Asamblea Legislativa aprobara la Ley de Protección del Derecho a la Nacionalidad de la Persona Indígena y Garantía de Integración de la Persona Indígena Transfronteriza (Ley Nº 9710), donde se le otorgó pleno derecho a la nacionalidad costarricense, en tanto son un pueblo originario previo a la constitución de las naciones y fronteras costarricense y panameña.

Esta ley fue un paso importante para visibilizar su existencia y poder ejercer sus derechos, pero ahora la principal problemática, que le hicieron saber en una carta al presidente Rodrigo Chaves, “es la carencia de un territorio en el cual podamos vivir libremente, sin temor a que sea atropellado el modo de convivencia cultural tradicional”. Esto pues a “más de 10000 personas indígenas Ngäbes de Sixaola nos han negado espacios para practicar nuestras creencias ancestrales de Mama Tata, las danzas, la medicina tradicional, la elaboración de artesanías, espacios para sembrar nuestros alimentos y otros (…)”.

Le recordaron al presidente que en campaña política él se comprometió a concretar esta urgente aspiración, pues “en la actualidad el pueblo de Sixaola vivimos una situación de pobreza y además no podemos desarrollar nuestra cultura dignamente debido a la limitación territorial que impide que podamos vivir libremente como pueblo originario”.

Fundamentan su petición en que “los pueblos indígenas tenemos una visión holística de la Tierra, la naturaleza y el medio ambiente, que es conjugada con aspectos sociales, culturales, religiosos y económicos. Para comprenderla, es necesario incorporar el concepto de territorio, tal como lo ha hecho el Convenio 169 de la OIT y los artículos 12, 14 y 26 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.

Esta carta de la delegación Ngäbe fue recibida en una reunión que tuvieron con el viceministro de Paz, Sergio Sevilla Pérez, quien se comprometió a iniciar acciones de comunicación con el INDER y otras instituciones, con el objetivo de buscar propiedades en la zona de Sixaola y buscar soluciones para el establecimiento del territorio solicitado. El viceministro se comprometió a ir a la zona en la segunda quincena de mayo próximo, y realizar una serie de diligencias con distintas instituciones, como la dirección Nacional de Migración, CCSS, MTSS, etc.

Hay que recordar que, en la parte laboral, al menos 5000 de los Ngäbe de Sixaola habitan en tierras de una empresa privada, con la cual sostienen un conflicto laboral desde hace muchos años. Por lo cual, en los compromisos adquiridos con el viceministerio, también está trasladar la información pertinente sobre los conflictos laborales, de acceso al agua y a la salud a las autoridades correspondientes para pedirles explicaciones y soluciones. Mientras, con el Ministerio de Trabajo solicitaron “establecer una mesa de trabajo con representantes de la empresa Chiquita, la empresa Del Monte, el Departamento de Inspección Laboral del MTSS, y representantes del INS para indagar sobre los conflictos que afligen a la comunidad”.

La delegación la conformaron los miembros de la Asociación de Indígenas de Sixaola Ngäbe (ATIGUSI), la asociación de mujeres Meri Dirikä y Asociación de Trabajadores Productores Indígenas Afines de Sixaola (ATPIS) y contó con el apoyo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, la Facultad de Derecho, la Asociación de Estudiantes de Derecho, los proyectos “Pueblos Originarios y Universidades Públicas (CONARE)” y “Geografía y Diálogo de Saberes” de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Universidad de Costa Rica, así como el Programa de Gestión Local de la UNED.

 

Compartido con SURCOS por Mauricio Álvarez Mora.

Día de la Tierra Palestina, resistir el Apartheid

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Este 30 de marzo, conmemoramos el Día de la Tierra Palestina, resistir el Apartheid, la limpieza étnica y el robo de las tierras palestinas

Este 30 de marzo es el aniversario 47 del Día de la Tierra Palestina. En toda la patria ocupada como en la diáspora, los palestinos y todos los que creen en la justicia, la libertad y los derechos humanos, conmemoramos este día, reafirmando el rechazo a las políticas de Apartheid, Limpieza Étnica y robo de tierras que Israel lleva a cabo.

Cada 30 de marzo se conmemora el Día de la Tierra Palestina. El 30 de marzo de 1976, la sociedad palestina convocó una huelga general en protesta por el continuo robo de sus tierras por parte del sionismo israelí.

Los inicios de esa conmemoración se deben a que en esa fecha (30-03-1976- el Ejército asesinó a siete jóvenes palestinos con «ciudadanía israelí» en las manifestaciones que acompañaron esa huelga. Desde entonces, el 30 de marzo ha quedado marcado como una jornada de reivindicación de los derechos legítimos del pueblo palestino. 47 años después, la colonización de Palestina continúa. Día a día, el Estado de Israel roba tierras, expulsa a sus legítimos habitantes, destruye sus viviendas, construye asentamientos y transfiere allí a colonos sionistas extranjeros recolectados de todos los rincones del mundo. Estas prácticas contravienen la legislación internacional y los Derechos Humanos y han sido condenadas por Naciones Unidas y por la gran mayoría de gobiernos del mundo, incluidos los de la Unión Europea y Estados Unidos.

Sin embargo, estas condenas no han sido acompañadas por sanciones efectivas, por lo que Israel continúa con la colonización y el desalojo de los palestinos, habitantes históricos de las tierras, sin sufrir por ello ninguna consecuencia.

Hoy son más de 750.000 los colonos que viven en los asentamientos ‘ilegales’ tanto en Cisjordania como en Jerusalén ocupada. (TODOS los asentamientos son ILEGALES, según la legislación internacional).

El robo de tierras sigue en aumento en forma acelerada y continúan las acciones de limpieza étnica de la población histórica palestina.

Las personas palestinas con ciudadanía israelí –aquellas que viven en el Estado de Israel de 1948- siguen siendo discriminadas. Hay localidades ancestrales palestinas que no son reconocidas y por ello carecen de presupuesto y otras que reciben transferencias menores a las que les corresponderían por su peso poblacional. Además, el Estado de Israel practica con estas personas una discriminación en cuanto a la aplicación de las leyes, segregación educativa y laboral que conduce a su marginalización. La discriminación y el apartheid israelí han sido denunciado por todos los organismos humanitarios del mundo, incluyendo las organizaciones israelíes de derechos humanos.

Muchos de los actos, a realizar en todo el mundo, estarán relacionados con las Campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones contra el Estado de Israel (BDS) y la Campaña Palestina para el Boicot, Académico y Cultural a Israel (PACBI). Ambas iniciativas, surgidas de la propia sociedad palestina, piden el boicot a Israel en tanto que no cumpla con la legislación internacional y con los Principios Generales de los Derechos Humanos.

Jerusalén simboliza toda la crueldad de la ocupación. El Estado de Israel no sólo se niega a retirarse, tal y como exige la resolución 242 de Naciones Unidas, sino que impulsa los planes de ‘judaización’ de toda la ciudad, expulsando a palestinas y palestinos de los barrios en los que habitan desde hace siglos como Silwan o Sheik Jarrah y destruyendo sus casas o entregándoselas a colonos. De hecho, más del 85% de Jerusalén Oriental está ya colonizada.

PalestinaLibre.org, marzo de 2023

Sentires y Saberes – Alianza Campesina del Norte nos informa ¿Qué pasó con las negociaciones con el INDER?

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Observatorio de Bienes Comunes

Seguimos conversando con la Alianza Campesina del Norte, nos acompaña Jesenia Barraza que nos comenta ¿Cuál es el estado de las negociaciones con el INDER? ¿Sigue habiendo voluntad de diálogo por parte del Gobierno? ¿Qué tipo de diálogo está planteando? ¿Reconoce este diálogo la organización campesina? Es parte de las inquietudes que compartimos con Jesenia, ella nos comparte la lectura y análisis de la Alianza sobre estas negociaciones. Pueden escuchar la entrevista aquí.

Les compartimos también la invitación al Encuentro Campesino que se está realizando el próximo 16 de abril del 2023 en Medio Queso, Los Chiles:

Tengo pesadillas eléctricas

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Adriano Corrales Arias

(Sobre el filme “Tengo sueños eléctricos” de Valentina Maurel)

Adriano Corrales Arias*

La película costarricense “Tengo Sueños Eléctricos” de Valentina Maurel, cineasta costarricense que estrena su primer largometraje – con dos cortos a cuestas -, ha llegado a los cines del país precedida por múltiples premios en varios festivales, entre ellos el de San Sebastián en España, el de Locarno en Suiza y el de Tesalónica en Grecia. Se le ha reconocido como mejor película, por su dirección y por la actuación de los protagónicos Daniela Marín Navarro y Reinaldo Amién Gutiérrez.

El filme está ambientado en una Costa Rica urbana, San José específicamente, y nos presenta a Eva (Daniela Marín Navarro), joven de dieciséis años que vive con su hermana menor, su gato y su madre, con quienes mantiene una ambigua y difícil relación de convivencia. Recién se han instalado en una casa heredada por una tía lejana, pero la chica busca mudarse con su padre (Reinaldo Amién Gutiérrez), quien atraviesa una suerte de “segunda adolescencia” con trastorno bipolar, sumido en la intemperancia y la ira de alguien que no puede lidiar con su soledad, la ambigüedad identitaria, sus carencias, neurosis y fantasmas. Con él Eva descubre la rabia y el dolor que carcomen, cuando se mira y se adentra en el nebuloso y trizado espejo del progenitor.

Es una película notable, bien lograda. El guion es potable, supera con creces esa condición de nuestro cine que ha carecido, generalmente, de escrituras robustas. La fotografía es sobresaliente, sobre todo con esos primeros y medios planos que nos permiten hurgar en la psicología de los personajes; la cámara en mano subraya la ansiedad y angustia de los protagonistas y crea una atmósfera de zozobra. Lo mismo la escenografía de una San José neoliberal carcomida por su decadencia, como en uno de los poemas de Luis Chaves  que se leen durante las secuencias de taller literario (quien aparece como el director del mismo). La banda sonora apoya la historia con un retro que, sin embargo, nos confunde un tanto, como veremos más adelante. Las actuaciones son solventes, aunque a veces decaen en la sostenibilidad  de la verosimilitud, sobre todo en el personaje de Palomo (José Pablo Segreda Johanning) y el de la madre (Vivian Rodríguez); se nota, eso sí, la eficiente mano de la directora. La edición y el montaje son cuidadosos, ágiles y convincentes, aunque se advierten los cortes intencionales y, como ya se sugirió, a veces confunden en términos de la temporalidad de la historia o de la sucesión de los acontecimientos. En todo caso, estamos ante un peli digna, bien lograda, certera en su factura.

Una cosa es mirar una peli internacional y otra una costarricense. Hay un cambio de mirada sin duda. Quiero decir que, el sabernos interpelados y retratados, nos convierte en críticos más severos en tanto somos, de cierto modo, agentes/actores de los conflictos que se nos muestran en la pantalla. Hay un mayor involucramiento, por ende, mayor susceptibilidad y exigencia. Por ello es que, quizás, no logramos la distancia necesaria para ver conflictos de una humanidad generalizada, sino de una clase media urbana, seudo intelectual, diletante, josefina, vallecentrista. Hay un click posmoderno que atenúa los conflictos desde una visión pequeño burguesa en una sociedad desestructurada, desigual y, por tanto, violenta.

No se trata de consideraciones morales; está claro que estamos visionando asuntos incómodos, tóxicos, en la casa paterna, en la familia tuanis y pura vida de un Chepe precarizado por la economía informal. Sin embargo, en el abordaje hay cierto desconecte del mundo social y económico. Sabemos que la violencia está allí, pero no sabemos de dónde procede. Es autodestructiva, por supuesto, pero, ¿cuáles son sus resortes?, por decirlo de alguna manera. No la vemos, o no la percibimos en bruto, pero está latente, sugerida, al acecho (como en la poesía dub antillana nacida en Inglaterra, a la cual se alude con el nombre de ese personaje silencioso, pero fuertemente simbólico: el gato negro llamado Kwesi, relativo al poeta jamaiquino Linton Kwesi Johnson, máximo representante de un estilo literario ampliamente fundamentado en los principios de belleza derivados del reggae [Dawes, 2003:1, citado por Arnaldo Valero en “Introducción a la poesía Dub: LKJ”, Cuadernos del Cilha. Nº 7/8 (2005-2006).].); uno adivina esa violencia sistémica, la estructural, es decir, la anomia de una sociedad que se desgaja por dentro debido a los cambios y presiones externas. Y ese quizás es su mayor logro, pero también su doble filo. No es que exijamos realismo social ni mucho menos, sino sencillamente entender que la violencia no es gratuita, se incuba y expresa por razones varias, fundamentalmente por las desigualdades socioeconómicas y los ajustes estructurales.

Claro que no se trata de resolver el conflicto en el producto cinematográfico, sabemos que el arte no responde ni ofrece moralejas, su tarea es cuestionar. Pero, en el filme que nos ocupa – tal vez por ese prurito de ser costarricenses, que no ticos-, quisiéramos que se nos sugieran los vínculos de la violencia en una familia de clase media costarricense que ha tenido acceso a los principales servicios del estado social de derecho a pesar de sus carencias socioeconómicas. O que, quizás por el mito de la “Suiza centroamericana”, ha obviado el huevo de la serpiente incubándose en nuestros hogares (donde los haya). La película, en todo caso, se resuelve con la denuncia judicial de la hija y el prendimiento del padre (disculpen los spoilers), con esa suavidad típica de la liviandad de nuestra clase media, cuando ambos – padre e hija – se enteran de quién es Yalina. Secuencia ambigua, casi hilarante, por ello altamente dramática, espesa, que retrata bien la frivolidad de algunas esquinas en el mundo policiaco y la relación de complicidad emocional y amorosa que, a pesar de un intento de homicidio, aún se sostiene. Es muy “a la tica”. Al final, el padre lee el poema para, metafóricamente, sintetizar la propuesta estética y ética del filme: (…) la rabia no nos pertenece. Pero antes, la aparición de un gato blanco escabulléndose bajo la cama, nos ha mostrado un poquitín de esperanza.

Reitero, no estoy abogando por una resolución dramática radical tipo culebrón o cine de aventuras o superhéroes, pero sí por un mayor involucramiento en cuanto a la resolución del conflicto central desde una perspectiva menos tica y más costarricense. (Aludo a lo tico como sensiblero, liviano, aculturado, plástico, moldeable; a lo costarricense como auténtico, seguro de su historia y tradiciones, consciente de los cambios; todo ello se expresa, por ejemplo, en nuestra dicción y prosodia, en el uso del voseo – costarricense – o tuteo – tico-. La peli, por cierto, opta por el primero, lo que la torna más verosímil y se agradece, aunque a veces se tropieza con cierta indecisión en el uso orgánico del “ustedeo” y el tuteo, verbigracia Palomo, la niña y la madre). Puntualizo: cierta ambivalencia narrativa o de conectores entre secuencias y escenas puede que delaten la misma ambivalencia en términos conceptuales.

Por último, una percepción muy personal. Atendiendo al sustantivo del título, en algunos momentos supuse ciertos elementos oníricos, o de rupturas temporales en consonancia con el uso del flashback, acaso nubarrones psicodélicos o alucinantes, dada la banda sonora un tanto retro al inicio del filme (500 millas por Los Rufos, ¡qué viaje!) y a la estupenda fotografía de Nicolás Wong tipo kodak sesentera. Lo mismo con la escena donde Eva encuentra drogado a su padre en el baño y este le dice que estuvo bien la lectura del poema, que a la gente le gustó, y ella asiente; pero el poema se lee por entero hasta el final, no sabemos sin en el mismo “taller literario” o en otro espacio. Y claro, ese plano donde el padre se subsume entre dos autobuses que se cruzan con un efecto sonoro que previene la desaparición momentánea del protagonista. Refiero a una supuesta “muerte” del padre; en específico, un suicidio. En algunos momentos percibí esa sensación por cierta ambivalencia narrativa, pero los bloques del montaje no me permitían, abiertamente, la inferencia. Me quedo con la reconcoma y con la posibilidad de una mirada otra a una película que sigue bullendo en mi cabeza, dada la refrescante experiencia estética. Desde Clara Sola de Nathalie Álvarez Mesén, no experimentaba algo parecido. Ello indica que es un trabajo riguroso, prolijo, y que, definitivamente, las jóvenes realizadoras costarricenses han venido superando a sus colegas masculinos.

Título original: Tengo sueños eléctricos
Año: 2022
Duración: 101 min.
País: Costa Rica
Dirección: Valentina Maurel
Guion: Valentina Maurel
Fotografía: Nicolas Wong
Reparto: Daniela Marín Navarro, Reinaldo Amien, Vivian Rodriguez, José Pablo Segreda Johanning
Productora: Wrong Men, Geko Films

*Escritor.

Inauguración de moderno edificio académico en Campus Pérez Zeledón de la UNA

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El nuevo edificio académico del Campus Pérez Zeledón de la Universidad Nacional (UNA), es un proyecto de 4.120 metros cuadrados de construcción, con una inversión cercana a los $10 millones, financiado con recursos institucionales provenientes del FEES.

El inmueble de tres pisos está conformado por cuatro aulas, dos laboratorios de idiomas, dos laboratorios de informática, la biblioteca, el área administrativa y la soda comedor.

Yalile Jiménez, decana de la Sede Regional Brunca de la UNA, catalogó al nuevo edificio como una necesidad primordial que tenía la institución para con la región, el cual se construyó en el plazo de un año, donde la comunidad universitaria no vio afectadas sus funciones, dado que las obras se realizaron en tiempos de pandemia.

Oficina de Comunicacion UNA

Sector agrícola envía cartas al presidente de la República y al arzobispo de San José

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte las cartas que José Oviedo, secretario general de la Unión Nacional de Productores Costarricenses le envió este 29 de marzo al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y al arzobispo de San José, José Rafael Quirós Quirós. En ellas se expone la urgencia de rescatar la soberanía alimentaria y de reconocer que el pueblo soberano no es un concepto solamente para elegir cada cuatro años.

San José, 29 de marzo de 2023

Dr. Rodrigo Chaves Robles,
Presidente,
República de Costa Rica.

Estimado Señor Presidente:

Esta mañana al salir de nuestras casas hemos abrazado a nuestros seres queridos, dejando atrás nuestros pueblos y los surcos en la tierra que esperan los primeros aguaceros para que la semilla generosa germine.

Hoy guardamos nuestros instrumentos de labranza e interrumpimos nuestras faenas, para unir nuestras voces de compatriotas, que se sienten amenazados ante la incertidumbre de un horizonte lleno de nubarrones y peligros inminentes.

Don Rodrigo hace muchos años como sociedad costarricense, después de la Guerra del 48, decidimos, para unirnos en un destino común de solidaridad y de justicia social, forjar de las armas que nos dividían, los arados.

Muchos gobernantes, amantes de la patria, pensaron en extender su mano amiga para el campesino pobre y la pequeña empresa familiar, con la finalidad que brotara de la tierra, para todos, los frijoles, el arroz y las milpas generosas para las tortillas de nuestros hijos e hijas.  Nació entonces el Consejo Nacional de Producción para defender del voraz comercializador, a los más pequeños y humildes productores agropecuarios, asegurando la compra de sus cosechas y para que no se permitiera que fueran presa de las leyes “ciegas” del mercado, de oferta y demanda.  Así, el modelo permitió dar seguridad alimentaria al consumidor, la comercialización de los productos y mantener las fuentes de empleo agropecuarias.

Contábamos con un proyecto país más solidario y con políticas públicas en favor de los grandes, medianos y pequeños productores nacionales. Muchos pobres campesinos vimos con orgullo graduarse en las Universidades Públicas a nuestros hijos e hijas.  Y en el quirófano de la Caja salvar la vida de un ser amado o estrenar casa del INVU, o ver correr a nuestros niños que se peleaban por contestar el teléfono recién puesto por el ICE, o poder leer de noche en nuestras casas porque llegó la electricidad a nuestros pueblos lejanos. La construcción de caminos vecinales permitió sacar de las montañas nuestros productos y se construyeron muchas escuelas y colegios.

 Bien lo dijo el historiador: “no sabemos para dónde vamos, si no sabemos de dónde venimos”.

Ahora se nos dice que esta globalizada la economía, que es más rentable comprar a países productores sus excedentes de cosechas, que producir en nuestros suelos.  Por políticas públicas, se ha reducido las áreas de siembra de frijol y de arroz. Se incrementó los monocultivos de la piña, el banano y otros productos de empresas nacionales y extranjeras para colocar las cosechas en mercados internacionales.

Nos han dicho que ese mercado global tiene sus leyes, que sobrevive el más fuerte, porque cambiaron la solidaridad y la cooperación por la competencia, donde hay ganadores y perdedores. Se acrecentó entonces la separación de pocos ricos muy ricos y muchos pobres muy pobres. La economía solidaria del cooperativismo se desestimuló y han ido desapareciendo muchos agricultores.

Don Rodrigo, ante esta realidad de política económica y economía de mercado, hoy estamos levantando nuestra voz desde el derecho constitucional, tutelado en el artículo 9 de nuestra Carta Magna, que nos permite manifestarnos como ciudadanos en una democracia no solo representativa, mediante la cual un grupo de votantes confió en usted el presente y el futuro para la gobernanza de nuestro país; sino, también, levantando nuestras voces en una democracia participativa para decirle que no estamos de acuerdo con las políticas públicas que amenazan a nuestro sector agropecuario, a muchos sectores que se han hecho presentes en estas calles josefinas hoy, y otros muchos más, que por su precariedad económica no han podido venir.

 Necesitamos gobernantes atentos al clamor del pueblo y que recuerden el pacto social costarricense antes de escuchar las voces de los intereses del capital mundial o las entidades financieras internacionales o los grupos nacionales de poder económico o todos los anteriores juntos.

Queremos hacer resonar en primera instancia nuestra petición de diálogo. Creemos en el diálogo y queremos dialogar, necesitamos ser escuchados para resolver nuestras diferencias como sociedad bajo el cielo blanco de la paz social.

Don Rodrigo, nos sentimos amenazados, no es justo que la ruta del arroz, enriquezca a unos pocos con billetes de papel, que no se comen, y que se pueden acumular para que las ratas hagan sus nidos.

 Estamos en un momento crítico de la humanidad donde no hay seguridad de un mundo mejor, por las amenazas de las guerras; el cambio climático; el futuro de los migrantes y refugiados; la caída de algunos bancos y la crisis del sistema financiero internacional, la escasez del recurso hídrico y otras condicionantes.

Por eso, don Rodrigo le preguntamos: ¿Usted nos puede dar certeza que nuestros hijos e hijas, contarán con el arroz y los frijoles, cuando eventualmente no lleguen los excedentes de los países productores y exportadores de esos granos?

Nuestra gran verdad es que urge seguir sembrando y cosechando lo que soberanamente nuestra población necesite para alimentarse.

Por eso, nuestros clamores se unen en una sola voz, queremos como costarricenses dialogar.

Hablemos respecto a las amenazas que sentimos ante un posible tratado comercial con la Alianza del Pacífico; la frecuente importación masiva de carne porcina y bovina; el desmantelamiento del estado democrático, social y de derecho, que ha permitido la convivencia pacífica de las últimas décadas.

Nos preocupa la estrategia de su Gobierno de debilitar instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, el ICE, nuestras Universidades Públicas, el Consejo Nacional de Producción, FANAL, RECOPE, el Banco de Costa Rica, el INS, y otras muchas entidades estatales más.

Nos preocupa que los salarios de los trabajadores, se hayan estancado respecto al índice de inflación, reflejado en los precios de la canasta básica.

Nos preocupa que entidades financieras internacionales manden en nuestra casa. Que hayamos perdido soberanía, autodeterminación y libertad para construir nuestro propio presente y futuro.

Nos preocupa que muchas comunidades rurales se queden esperando la construcción del edificio de su EBAIS, para una atención primaria de salud de calidad, ante la interrupción del portafolio de inversión en infraestructura de la Caja.

Nos preocupa el casi abandono del Estado a programas sociales de vivienda, el desfinanciamiento a instituciones que velan por la niñez y nuestros adultos mayores y otros proyectos de bienestar social, en favor de sectores vulnerables y empobrecidos.

Don Rodrigo, no faltará quien diga, ¿por qué los productores agropecuarios se refieren a tantos aspectos de la agenda nacional?  Nuestra respuesta clara y respetuosa es, porque urge articular y construir el entramado del tejido social que se está perdiendo.  Consideramos que la parte afecta al todo y el todo afecta a la parte.

La vinculación integral dará solución efectiva a los problemas que afrontamos como sociedad, para el desarrollo económico, social, cultural, educativo, ambiental y otros.

Los sectores sociales hemos considerado que no se vale que nos dividan y hoy hemos querido manifestar que estamos presentes estudiantes universitarios, educadores, trabajadoras y trabajadores del campo y la ciudad, productores agrícolas, empleados públicos y costarricenses, para decirle: queremos dialogar.

En fe de lo anterior, le hemos pedido al Señor Arzobispo de San José, Monseñor José Rafael Quirós Quirós, traslade esta misiva hasta su despacho. Tenemos la mayor disposición al diálogo efectivo y fructífero, en bien de todo el país.

Queremos que nuestro amado país comprenda que nuestra vocación es cultivar la paz con nuestro trabajo digno.

Don Rodrigo, no dilate el tiempo, estamos cansados de algunos políticos de turno, con falsas promesas y vacíos discursos, con palabras bonitas que se las lleva el viento y golpean en la cara de la dignidad de los costarricenses honrados.

Aquí y ahora, seguimos creyendo que es posible un futuro mejor, bajo nuestra bandera tricolor, para que siga resonando: “vivan siempre el trabajo y la paz”, y así, en familia comer el pan de cada día con “Gallo Pinto”, natilla y el mejor café del mundo.

Don Rodrigo quedamos a la espera de su respuesta, señale día, lugar y horario. Construyamos juntos la agenda, hablemos de la metodología, los contenidos, y otros aspectos. Reiteramos, instale mesas de trabajo y busquemos soluciones conjuntas, empecemos con el sector agropecuario.  Si así actúa, quedaremos muy agradecidos todos los aquí presentes y los que firmamos esta petición.

Señor Presidente dese la oportunidad de gobernar con armonía y sabiduría, para el bienestar del noble pueblo costarricense.

José María Oviedo Chaves
Cédula 105060146
Secretario General, Unión Nacional de Productores Costarricenses
(UNAG), oviedochavesjose@gmail.com, tel.8721-4616

Cc:
Mons. José Rafael Quirós Quirós, Arzobispo Metropolitano de San José, Costa Rica.

San José, 29 de marzo de 2023

Mons. José Rafael Quirós Quirós,
Arzobispo Metropolitano de San José,
Iglesia Católica.

Estimado Señor Arzobispo:

Recién hemos leído la misiva dirigida al señor Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles, aquí al costado Norte de la Catedral Metropolitana.

Esta mañana el pueblo soberano, tutelado en la Constitución Política de la República de Costa Rica en su artículo 9, ha salido a las calles para manifestar que quiere ser oído y necesita dialogar. No en un diálogo vacío, sino efectivo y eficaz.

No estamos de acuerdo que se nos considere el soberano sólo para elegir a nuestros gobernantes en las urnas electorales cada cuatro años, sino que venimos a pedir cuentas y fiscalizar lo que la administración Chaves Robles está ejecutando.

 Hemos salido de nuestros hogares para expresar que somos ciudadanos en una democracia participativa y que nuestras voces deben ser escuchadas. Recordemos que el significado de la palabra democracia es el poder del pueblo.

 Nuestro clamor es por una sociedad más justa y equitativa, tal como la soñaron nuestros antepasados que empuñaron las armas en el 48, para provocar un cambio en favor del bien común y el fortalecimiento de un Estado Social de Derecho, desde un pacto social.

Cuando invitamos al señor Presidente al diálogo, precisamente es en los términos del Papa Francisco: “Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto, todo eso se resume en el verbo ‘dialogar’” (Fratelli Tutti, 198).  En el mismo sentido sigue diciendo Francisco: “El auténtico diálogo social supone la capacidad de respetar el punto de vista del otro aceptando la posibilidad de que encierre algunas convicciones o intereses legítimos” (Fratelli Tutti, 203).

En ese espíritu para la construcción de una cultura de encuentro y diálogo, hemos dirigido hoy nuestra misiva a don Rodrigo Chaves Robles. Hemos pedido que, como compatriotas, hablemos, nos escuchemos, negociemos, instalemos mesas de trabajo, porque estamos convencidos que gobernar no es imponer, sino, buscar el mayor bien para la mayoría de este pueblo noble y trabajador.

La presencia de tantos sectores de nuestra sociedad, con agendas diversas, es el signo visible del gran malestar que la mayoría de costarricenses encontramos por políticas públicas en beneficio de unos pocos o por la ausencia de éstas políticas para el bienestar de todos los aquí representados.

Esta marcha que escribe una página en la historia democrática de nuestro país, es una oportunidad para construir la paz social. Y ha sido organizada por productores agropecuarios, que nos sentimos amenazados por la posible incorporación de Costa Rica al bloque de la Alianza del Pacífico; la falta de políticas públicas en la promoción de la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria que beneficie a productores, comercializadores y consumidores; la falta de atención del Estado para generar empleo y reactivar la economía de nuestro sector agropecuario; el desmantelamiento de instituciones insignes para nuestro desarrollo productivo como el MAG, CNP, y otros; la “ruta del arroz” que se convirtió en un “canto de sirena” en beneficio de un minúsculo grupo importador; la falta de financiamiento de la banca nacional, para nuestras campesinas y pequeños agricultores, que dejaron de ser sujetos de crédito y muchos de ellos han sido  despojados por sus deudas de sus terrenos para sembrar y su vivienda familiar.  En general nos encontramos con un sector agropecuario en crisis, con incertidumbre y empobrecido.

Monseñor José Rafael, otros grandes temas, tensiones y amenazas ciernen nuestros campos y nuestro mundo rural.

Usted tiene sus orígenes en Los Ángeles de Llano Grande de Cartago. Sabemos que ha sembrado la tierra fértil de las faldas del Volcán Irazú y como joven le correspondió trabajar la tierra y cosechar las papas del surco generoso familiar, muchas veces bajo la tensión de la producción y los precios de mercado. Por eso comprenderá nuestra situación apremiante.

Monseñor José Rafael, por su investidura como Arzobispo de San José, le solicitamos respetuosamente que sea el portador de la carta adjunta dirigida al Presidente de la República, dónde expresamos nuestro sentir y demandamos que nos escuche mediante un diálogo patriótico y constructivo.

Usted se preguntará, ¿por qué no entregan la carta directamente a don Rodrigo Chaves?

Porque necesitamos un garante y testigo de honor, que de fe de nuestra actitud patriótica para dialogar y resolver nuestras diferencias por la vía pacífica.

Esta página de los movimientos sociales no solo la escribe el sector agropecuario, sino que se unen las voces de los cooperativistas, las mujeres trabajadoras en sus casas, campesinas e indígenas, las y los universitarios, el sector sindical; los ciudadanos defensores de la Caja Costarricense del Seguro Social, de la Educación Pública, del ambiente, del recurso hídrico; empleados públicos y privados, y otros muchos que queremos decir no a la desigualdad social y pobreza, no al desmantelamiento del Estado Social, Democrático y de Derecho.

En espera de la respuesta formal del Señor Presidente a nuestra petitoria, agradecemos la atención a nuestra respetuosa solicitud y el ejercicio de sus buenos oficios para que la voz de costarricenses y patriotas amantes de la paz y la justicia social sea escuchada. Porque, “¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz!” (Isaías 52,7).

Muchas gracias.

José Oviedo Chaves
Cédula 105060146
Secretario General, Unión Nacional de Productores Costarricenses
(UNAG), oviedochavesjose@gmail.com, tel.8721-4616

Cc:
Dr. Rodrigo Alberto Chaves Robles, Presidente de la República de Costa Rica.
Archivo.

Emergencia climática: solicitud de opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) adoptada

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com

El pasado 29 de marzo, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución en la que solicita formalmente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) pronunciarse sobre las obligaciones de los Estados de cara a los efectos del cambio climático, mediante una opinión consultiva. 

La adopción de esta resolución fue saludada por el Secretario General de Naciones Unidas (véase discurso) así como por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (véase comunicado de prensa) y por un sinumero de Estados y de entidades de la sociedad civil.

La solicitud de opinión consultiva en breve

Esta iniciativa fue llevada en un primer momento por un Estado insular del Pacífico, Vanuatu, y ello desde varios años: esta nota del 2019 así lo evidencia;  en este enlace se puede conocer más de esta larga contienda. 

En julio del 2022, los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados insulares del Pacífico reunidos en el «Pacific Islands Forum» habían reiterado su firme apoyo a esta iniciativa (véase comunicado oficial).

Liderando Vanuatu el grupo de Estados insulares del Pacífico más afectados por el cambio climático, y articulando hábilmente sus esfuerzos diplomáticos con la sociedad civil y con otros Estados en el seno de Naciones Unidas, el texto de esta resolución logró ser adoptada sin voto, mediante la técnica del consenso.  

Es de notar que en el 2011 y 2012, el Presidente de otro Estado insular del Pacífico, Palau, ya había externado esta misma posibilidad de acudir a la justicia internacional en su visita a la sede de Naciones Unidas (véase noticia del 2011 así como comunicado de prensa de Naciones Unidas de febrero del 2012). Por razones que sería de sumo interés conocer, Palau desistió de esta propuesta.

El proyecto de resolución A/77/L.28 adoptado el 29 de marzo del 2023 (véase enlace a versiones oficiales) se titula «Request for an advisory opinion of the International Court of Justice on the obligations of States in respect of climate change«.

Las dos preguntas a las que deberá responder el juez internacional de La Haya se leen de la siguiente manera:

«Teniendo especialmente en cuenta la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el deber de diligencia debida, los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el principio de prevención de daños significativos al medio ambiente y el deber de proteger y preservar el medio marino: 

a) ¿Cuáles son las obligaciones que tienen los Estados en virtud del derecho internacional de garantizar la protección del sistema climático y otros elementos del medio ambiente frente a las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero en favor de los Estados y de las generaciones presentes y futuras?; 

b) ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de esas obligaciones para los Estados que, por sus actos y omisiones, hayan causado daños significativos al sistema climático y a otros elementos del medio ambiente, con respecto a:

i) Los Estados, incluidos, en particular, los pequeños Estados insulares en desarrollo, que, debido a sus circunstancias geográficas y a su nivel de desarrollo, se ven perjudicados o especialmente afectados por los efectos adversos del cambio climático o son particularmente vulnerables a ellos; 

ii) Los pueblos y las personas de las generaciones presentes y futuras afectados por los efectos adversos del cambio climático?«

Una resolución adoptada por consenso

A diferencia de un texto adoptado mediante una votación (en la que quedan expuestos los opositores al mismo), un texto adoptado mediante la técnica del consenso (ausencia constatada de objección) constituye en sí un logro diplomático. Al tratarse de la Asamblea General de Naciones Unidas, envía una señal de importancia al resto de la comunidad internacional y de paso, refuerza el papel desempeñado por los promotores de esta iniciativa. Este resultado implica que se haya revisado la formulación del texto una y otra vez, en aras de lograr que ningun Estado pueda objetar el contenido del texto a la hora de ser sometido por la Presidencia de la Asamblea General al conocimiento de sus 193 integrantes.

Al respecto, hay que saludar la gran destreza de los aparatos diplomáticos de los promotores de esta iniciativa (y la de sus aliados) para acordar una formulación en las preguntas, pese a las objecciones que pudieron haber externado algunos de los Estados responsables de la mayor emisión de gases con efecto invernadero: a pesar de las reservas que pudieron tener estos últimos Estados, ninguno se aventuró a solicitar un voto nominal este 29 de marzo, por lo que esta resolución se adoptó por consenso en la Asamblea General. 

El delegado de Estados Unidos en la «explicación del voto» que nunca se materializó como tal, a penas adoptada la resolución,  consideró oportuno indicar su oposición a ciertas referencias hechas en el preámbulo y a señalar, entre otros puntos (véase enlace oficial), que:

«We have considered this carefully, recognizing the priority that Vanuatu and other Small Island Developing States have placed on seeking an advisory opinion from the International Court of Justice with the aim of advancing progress towards climate goals. However, we have serious concerns that this process could complicate our collective efforts and will not bring us closer to achieving these shared goals.  We believe that launching a judicial process – especially given the broad scope of the questions – will likely accentuate disagreements and not be conducive to advancing ongoing diplomatic and negotiations processes.  In light of these concerns, the United States disagrees that this initiative is the best approach for achieving our shared goals, and takes this opportunity to reaffirm our view that diplomatic efforts are the best means by which to address the climate crisis«.

Como indicado previamente, ni Estados Unidos ni ningún otro Estado solicitó un voto a la hora de examinar este proyecto de resolución. La posición del delegado de Estados Unidos puede ser contrastada con la expresada por la Unión Europea (UE)  (véase enlace) o bien con la posición de la delegada de Alemania (véase enlace) o bien la del delegado de Noruega (véase enlace). 

En realidad, el texto adoptado este 29 de marzo del 2023 es similar a uno hecho público a finales de noviembre del 2022: en efecto, luego de largas jornadas y consultas, un grupo de Estados reunidos por Vanuatu  en octubre del 2022 (el denominado «Core Group» al que refirió Vanuatu en su discurso ante la Asamblea General) elaboró el texto de la futura resolución. Este grupo reunió a los 18 siguientes Estados, de muy diversas latitudes y continentes: Alemania, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Costa Rica, Liechtenstein, Marruecos, Micronesia, Mozambique, Nueva Zelanda, Portugal, Rumanía, Samoa, Sierra Leone, Singapur, Uganda, Vanuatu y Vietnam (véase nota del CIEL). Por parte del hemisferio americano, únicamente Antigua y Barbuda y Costa Rica lo integraron.

En las próximas semanas, esta solicitud de opinión consultiva será trasladada a la CIJ para su respectivo examen por parte de los 15 jueces  de La Haya.

Hace unos meses, la misma Asamblea General solicitó también una opinión consultiva al juez de La Haya sobre otro tema en el que fue imposible lograr un consenso entre sus 193 integrantes: los efectos legales de la prolongada ocupación y colonización por parte de Israel en Palestina. Ante la falta de acuerdo, se debió proceder a una votación: tuvimos la oportunidad de analizar los resultados del voto realizado el 30 de diciembre del 2022 y en particular la posición adoptada por los Estados de América Latina (véase nuestra breve nota al respecto titulada «América Latina ante solicitud de opinión consultiva a justicia internacional sobre la situación en Palestina, breves apuntes sobre insólito voto en contra de Costa Rica«, publicada en LaRevistacr, edición del 1/02/2023).

Una solicitud similar hecha al Tribunal Internacional sobre Derecho del Mar

En diciembre del 2022, el Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar (ITLOS, por sus siglas en inglés) recibió una solicitud de opinión consultiva por parte de Estados insulares preocupados por la elevación del nivel del mar y por la contaminación existente en el mar, así como por otras alteraciones del medio marino que los impacta. Estos Estados insulares fueron liderados por Antigua y Barbuda y Tuvalu. 

La pregunta hecha lo es en relación a las disposiciones de la Convención sobre Derecho del Mar de 1982 (véase texto de la solicitud) y se lee como sigue:

«What are the specific obligations of State Parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea (the «UNCLOS»), including under Part XJI: 

(a) to prevent, reduce and control pollution of the marine environment in relation to the deleterious effects that result or are likely to result from climate change, including through ocean warm ing and sea level rise, and ocean acidification, which are caused by anthropogenic greenhouse gas emissions into the atmosphere? 

(b) to protect and preserve the marine environment in relation to climate change impacts, including ocean warming and sea level rise, and ocean acidification?«

Como bien se sabe, la Convención sobre Derecho del Mar de 1982 constituye a la fecha el único instrumento normativo de carácter universal existente en el ámbito marino (véase estado oficial de firmas y ratificaciones), con 168 Estados Parte. 

Un esfuerzo similar observado a nivel interamericano

A nivel interamericano, la emergencia climática también ha originado una reciente solicitud de opinión consultiva: en efecto, en enero del 2023, fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos  la que fue solicitada conjuntamente por Chile y Colombia con relación a las obligaciones que tienen los Estados en materia de derechos humanos de cara a la emergencia climática y a las medidas de carácter urgente que deberían de tomar (véase texto completo de la solicitud de opinión consultiva). Se trata de seis preguntas a las que la Corte deberá de responder. Es de notar que dos de ellas (la B y la E) refieren de manera expresa a las disposiciones del Acuerdo de Escazú: tuvimos la ocasión de analizar las dos recientes ratificaciones (Belice y Granada) registradas en el mes de marzo del 2023 así como el notable uso del Acuerdo de Escazú hecho por el juez interamericano en una de sus últimas sentencias (véase nuestra nota al respecto titulada «Acuerdo de Escazú: a propósito de dos nuevas ratificaciones (Granada y Belice) y de su uso reciente por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) publicada en DIPúblico (Argentina), edición del 28/03/2023).

A modo de conclusión

No es usual observar a tres jurisdicciones internacionales distintas ser solicitadas sobre asuntos similares de manera casi simultánea en materia consultiva. Como bien se sabe, la función consultiva permite a una jurisdicción internacional dar a conocer su interpretación sobre cuestiones legales objeto de disenso y/o desacuerdos. La interpretación que hace de los alcances de una normativa internacional aplicable goza de una autoridad que ningun Estado o grupo de Estados u organización internacional puede discutirle. 

Este súbito interés en solicitar a una jurisdicción precisar el alcance de las obligaciones internacionales de los Estados en materia de cambio climático proviene probablemente de la tímida respuesta de la comunidad internacional durante la última COP-27 celebrada en noviembre del 2022 en Egipto: se logró finalmente acordar, ante las legítimas demandas de compensación por daños y pérdidas que ocasiona a numerosos Estados el cambio climático, la creación de un órgano (véase enlace). Es de señalar que el 29 de marzo del 2023 concluían precisamente los trabajos del denominado «Comité de Transición» en su primera reunión celebrada Luxor (véase enlace oficial), creado durante la COP-27 para examinar el tema de daños y pérdidas.

Aunado a ello, la situación climática y la extrema vulnerabilidad de algunas poblaciones al cambio climático también explican estas tres iniciativas ante jurisdicciones internacionales, dos a nivel universal y una a nivel interamericano.

Este panorama resulta también del hecho que, a la fecha, la comunidad internacional no ha logrado aún acordar medidas para revertir sustancialmente el aumento paulatino de la temperatura, pese a disponer de datos científicos con los que se cuenta desde hace más de 25 años sobre los efectos dramáticos que ocasiona el cambio climático: véase al respecto el último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas del 2023 (más conocido por sus siglas en inglés IPCC).

Estas solicitudes a tres distintas jurisdicciones internacionales constituyen como tal un desafío para estas, y desde ya generan mucha expectativa en diversos círculos. Ello en razón de que se ha podido observar el uso creciente que se hace de decisiones de jurisdicciones internacionales ante los tribunales nacionales.  

No está de más indicar que, a nivel del derecho interno esta vez, la justicia climática es también objeto de numerosas acciones legales debido a un sinnúmero de actividades autorizadas por los mismos Estados y que a veces, contradicen sus compromisos internacionales para luchar contra el cambio climático. Podemos citar el ejemplo, entre muchos otros, de la justicia de los Países Bajos que en el 2019 en el caso Urgenda (véase enlace y comentario de la sentencia publicado en Bélgica) condenó al Estado por no mantener el ritmo de reducción de emisiones de gases que se había comprometido a reducir. Igual ocurrió en Alemania con su juez constitucional en el 2021 (véase enlace y comentario de la sentencia publicado en una revista especializada en España). Más llamativo al tratarse del Estado que hospedó en diciembre del 2015 las negociaciones de un acuerdo internacional que lleva el nombre de su capital, el juez administrativo galo condenó a Francia por su inacción climática en octubre del 2021 (véase nota y  decisión del Tribunal Administratif). Más recientemente, otra decisión del Conseil d´Etat condenó al Estado francés por no atender debidamente sus compromisos en torno esta vez a la calidad del aire (véase decisión de octubre del 2022). 

En el caso de América Latina, son muy diversas y variadas las acciones legales realizadas por distintos colectivos sociales ante las jurisdicciones nacionales: en este enlace se registran algunas de las acciones llevadas ante los tribunales nacionales por organizaciones sociales, que, sin duda alguna, esperan ansiosas que la justicia internacional refuerze, en un futuro cercano, sus argumentos ante la falta de voluntad para lograr una verdadera justicia climática.

 

Imagen ilustrativa.

UCR: un nuevo pronunciamiento alerta sobre los momentos críticos que atraviesa el agro costarricense

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El documento afirma que las familias campesinas han visto afectadas sus economías por el abandono de sectores y el vacío de políticas públicas

Un nuevo pronunciamiento divulgado el 28 de marzo del 2023 por el Programa de Economía Social Solidaria (Proees), y la Comisión Institucional de Segurida Alimentaria y Nutricional (CISAN), de la Universidad de Costa Rica (UCR), recientemente dio a conocer su apoyo a la movilización ciudadana por la seguridad y soberanía alimentaria que se realizará este miércoles 29 de marzo de 2023, a las 9:00 a. m. desde la iglesia de La Merced (San José).

El documento informa que actualmente existe una gran preocupación que rodea a las personas dedicadas a producir alimentos para el consumo interno de Costa Rica. Principalmente, las familias campesinas, quienes han visto afectadas sus economías familiares como consecuencia del abandono de distintos sectores y del vacío de políticas públicas adecuadas.

Según se explica en la postura, dicho abandono y desprotección —producto de la ausencia de una política de Estado que procure el verdadero desarrollo y sostenibilidad del agro costarricense— no ha permitido el avance hacia sistemas alimentarios sostenibles que faciliten los encadenamientos, los mecanismos de comercio justo, la asociatividad productiva y de consumo en los territorios, a nivel local y nacional.

Tampoco, han proporcionado “la existencia de una base productiva segura para la población costarricense, como las posibilidades de acceso a un nivel de vida digno para las personas productoras y las familias campesinas de Costa Rica”, se cita explícitamente.

De acuerdo con la Dra. Marcela Dumani Echandi, docente de la Escuela de Nutrición de la UCR, dicha situación social que se vive en la actualidad ya se percibía hace varios años atrás, pero la diferencia es que ahora se experimentan momentos críticos.

La desprotección estructural que afecta al agro costarricense, especialmente a las personas productoras campesinas, pequeñas y medianas, las coloca en una posición absolutamente desventajosa para participar en un tratado de libre comercio o afrontar sus consecuencias, retomó la académica.

Escuche la posición completa de la Dra. Dumani

Asimismo, el escrito puntualiza en que se “ha invisibilizado el importantísimo aporte de las mujeres campesinas a la producción de alimentos para el consumo interno y para la seguridad alimentaria de sus propias familias y comunidades, limitando sus posibilidades de acceder a tierra, a crédito y a capacitación. Esto ha dado como resultado que los hogares con jefas mujeres, en especial de las zonas rurales, presenten mayores y más profundos índices de inseguridad alimentaria”.

El apoyo a la movilización también fue mostrado por el Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la UCR; el MGA. Enrique Montenegro Hidalgo, decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la UCR; y Karen Marín Arguello, presidenta de la FEUCR, en un video divulgado el 27 de marzo.

Montenegro dejó claro “que es muy importante apoyar todas las acciones institucionales y de la sociedad civil que tengan como objetivo rescatar y fortalecer nuestra soberanía alimentaria, así como apoyar a los pequeños y medianos productores agropecuarios como una política académica pero, también, como una política de Estado”.

Por su parte, Marín destacó que las personas productoras han sido “un grupo históricamente excluido, esencial para nuestra supervivencia y cercano para muchas personas para la comunidad universitaria”. Por lo tanto, es importante reflexionar y dimensionar la importancia que tiene la defensa del agro.

En el video, el rector de la UCR puso a disposición de los poderes Ejecutivo y Legislativo el potencial de la Universidad de Costa Rica para ayudar a elaborar políticas que fortalezcan el agro nacional.

Puede leer con detalle el pronunciamiento aquí.

 

Jenniffer Jiménez Córdoba,
Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR

Comunicado público en apoyo a nuestros agricultores

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El sector agrícola nacional es, sin temor a equivocarnos, el más vital para nuestra economía

Sin importar que tan urbana sea nuestra vida, nuestros cuerpos viven de la agricultura; nosotros venimos de la Tierra y retornaremos a ella, y es así que existimos en la agricultura tanto como existimos en nuestra propia carne.

Wendell Berry

San José, 29 de March de 2023

La Soberanía Alimentaria en un mundo globalizado, pero convulso geopolíticamente, es la mejor estrategia de Seguridad Alimentaria. No debemos renunciar nunca a este horizonte regulador del Estado Social y Democrático de Derecho. Nuestra agricultura, nuestro Sector Productivo Agropecuario como un todo, nuestra soberanía y seguridad alimentarias, la institucionalidad democrática misma y ese Estado Social de Derecho están en peligro y bajo ataque sistemático.

Por décadas, un viejo y fracasado Modelo Neoliberal que ha sido impuesto al país ha venido, sistemáticamente, acorralando la vocación agrícola costarricense en beneficio de unos pocos, amenazando la Paz Social, nuestras conquistas sociales; y agudizando así la Exclusión Social y sus efectos, la desigualdad y la pobreza estructural. Hemos estado a merced de las élites económicas que se disputan entre sí, sólo su propio beneficio y han venido usurpando el poder político para lograrlo.

Las actuales políticas públicas en materia agropecuaria, en especial con la llamada “Ruta del Arroz” promovidas por esta Administración, se pretenden justificar en un discurso de un supuesto “beneficio en el precio al consumidor”, pero de paso sacrifican al pequeño y mediano productor agrícola y a las MIPYMES relacionadas, dejando a su suerte a decenas de miles de familias. A pesar de esto, la promesa de bajar los precios ha sido un fiasco, pues a pesar de la exoneración de casi el total de aranceles para los importadores, el beneficio nunca llegó al consumidor. Los productos alimentarios de la canasta básica suben día a día.

Peor aún, a pesar de ser un país con capacidad de producción agropecuaria histórica, la política pública del presente gobierno promueve el desmantelamiento del sector productivo agrícola, en beneficio de los importadores, agronegocios monopólicos y otras élites económicas; que ha tenido como consecuencia el hacernos dependientes de la especulación de los precios internacionales por parte de las grandes potencias.

Lo hace, este gobierno en el peor momento, dado el escenario que vive el mundo, con potencias enfrascadas en reacomodos geopolíticos y guerras, no sólo bélicas, sino comerciales. Esto lo han advertido, incluso, los mismos organismos internacionales que promovieron el fallido modelo globalizador neoliberal, como el propio Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial; considerando que hay ejemplos exitosos, incluso de países pequeños, dentro del misma lógica globalizada, como el de Países Bajos -mayor exportador de productos agrarios del Mundo- después de los Estados Unidos.

Desde el Foro Encuentro Democrático apoyamos la lucha del sector productivo agrícola nacional e instamos vehemente al gobierno a sentarse en una, real y abierta, mesa de diálogo que revierta su draconiana política para el Agro, que ha resultado nefasta para la gran mayoría del pueblo costarricense.

Proponemos, desde el Foro Encuentro Democrático, una alianza plural de los diversos sectores productivos del país, en torno a la defensa estratégica y patriótica del Sector Agropecuario, del Mercado Interno, del ambiente y de un nuevo Proyecto Nacional, justo, democrático y con Inclusión Social. Sólo así se garantizará el rescate inteligente del Estado Social y Democrático de Derecho, del Neoliberalismo y su nueva demagogia populista y neoconservadora.

Coordinación del Encuentro Democrático
Tamara Briceño Escalante
Tatiana Herrera Ávila
Alfredo Chocano Dobles
Jaime Cerdas Solano
Hernán Salazar Calderón
Johana Hernández Mora
José Solano-Saborío
Jiddu Rojas Jiménez

Unidad en la acción para derrotar la privatización y desmejora en los servicios de salud

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Con el fin de detener la privatización y el desmejoramiento de los servicios de salud a nivel nacional, el próximo miércoles 29 de marzo del 2023, a las 6:00pm, en el Centro de la Cultura de Grecia, se llevará a cabo una reunión para generar acciones a favor de la defensa de los servicios de salud de la CCSS.

Se hace un llamado a toda la población, a  los diversos actores sociales y organizaciones de la comunidad a sumarse a esta unidad de acción. Esta iniciativa ha sido el fruto del esfuerzo de muchos griegos ubicados en los sectores: comunales, magisteriales, salud, autoridades municipales, sociedad civil etc.

Esta iniciativa del Cantón de Grecia, debe de analizarse y con carácter de urgencia, iniciarse en los demás cantones, ya que ¡el impacto de las medidas del gobierno son negativas a nivel nacional!

 

Compartido con SURCOS por Carlos Vega.