German Masís Morales
Diversas organizaciones del Sector Agropecuario, como Upanacional, la UPIAV, la UNAG, la Corporación Hortícola, el Foro Nacional de Cooperativas y otras Asociaciones de productores y centros agrícolas, están convocando en representación de los productores agropecuarios del país a la marcha nacional en apoyo al Sector Agropecuario el 29 de marzo próximo, por una política de apoyo al sector agropecuario que asegure el desarrollo productivo y social y la soberanía alimentaria costarricenses.
En enero de este año durante la presentación de la política agrícola 2023-2032, miembros del sector agropecuario le exigieron al Poder Ejecutivo una mayor atención de sus necesidades para reactivar su actividad económica. En esa ocasión cámaras productivas, cooperativas agrícolas y agricultores independientes solicitaron al Gobierno su apoyo para enfrentar las consecuencias del cambio climático, mayor acceso al financiamiento, apoyo para la investigación y desarrollo y asistencia técnica para mejorar su competitividad. (CRhoy 26-1-2023)
Y es que la actividad agropecuaria ha venido en una caída constante en los últimos años, que según el Indice de Actividad Agropecuaria(IMAGRO) a diciembre del 2022, presentó caída del -2.1 interanual, atribuible en buena medida a la caída del -9.8% en la producción agrícola y en menor medida en la pecuaria con el 0.6% y en la exportación con un 1%.(CNAA,comunicados,2022)
Previamente la variación interanual había sido del -3,5% entre junio 2021 y junio del 2022, según datos del Índice Mensual de Actividad Económica.
En ese momento, el Presidente del Banco Central señaló que “la mayor afectación se presentó en productos exportables como banano y piña dadas las tensiones geopolíticas derivadas del conflicto entre Rusia y Ucrania. La producción de productos exportables se redujo 8%, la mayor caída desde julio de 2015”.
Por su parte el Presidente de la Unión Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses reconoció que “este ha sido un año muy difícil para el productor agrícola ya que los insumos están afectando nuestros costos de producción pero también, subieron los servicios públicos como electricidad, combustibles y el agua”.(LaRepublica.net,18-8-2022)
Hay que recordar que en el año 2019 la Alianza Nacional Agropecuaria(ANA) que incluía también a la Cámara de Agricultura y Agroindustria, (que ahora no va a participar), elaboró un planteamiento al Gobierno, que incluía entre otras solicitudes, la introducción de los pequeños y medianos productores en las cadenas de comercialización, la aplicación de los instrumentos legítimos de defensa comercial, la disminución del impuesto único de los combustibles, la reducción de las tarifas eléctricas y portuarias y el aseguramiento de los productores ante la CCSS, aduciendo poca voluntad política del Gobierno para atender las dificultades de la producción de alimentos.
Debido a lo anterior, la Marcha Nacional en apoyo al Sector Agropecuario, no debiera ser una marcha más, como las que han realizado las organizaciones del sector a lo largo de varias décadas, si no debiera convertirse en un movimiento permanente en demanda de políticas que reviertan el deterioro del sector y el desmantelamiento de la institucionalidad sectorial pública.
Porque la problemática del sector y en particular la del sector de la pequeña y mediana producción alimentaria para el mercado interno, no es coyuntural, ni provocada por la pandemia o por la crisis derivada de la guerra en Ucrania.
La problemática de este sector tiene un carácter estructural, responde como se ha mencionado en artículos anteriores, a que el sector dejó de ser un sector económico estratégico desde la década de los 80, con excepción de la agroexportación y a que la producción interna de alimentos ha sido considerada una actividad marginal para los sucesivos Gobiernos.
Desde entonces existe una transformación pendiente de la actividad, hacia una agricultura más sostenible e incluyente y menos dependiente de los insumos importados, que el Gobierno actual dominado por los importadores, con sus decretos para reformar el Ministerio de Agricultura, para promover la ruta del Arroz o la aprobación del proyecto para la importación de nuevas moléculas de insumos agropecuarios, no pretende apoyar o favorecer.
Es oportuno dimensionar que el sector agropecuario, genera el 15% del PIB ampliado, el 40% de las exportaciones, el 11% del empleo a nivel nacional y el 29% del empleo en las zonas rurales y que dedica más de 1,5 millones de hectáreas a actividades agropecuarias(480 mil a cultivos agrícolas y 1,1 mills. a pecuario),(cnaacr.com), no puede ser atendido con improvisación o con acciones parciales.
La actividad agropecuaria, agroindustrial y pesquera, es una actividad estratégica amenazada por el descenso en las áreas productivas, por el bajo nivel tecnológico, los bajos rendimientos, la escasa rentabilidad, los problemas de precios y de mercados, la inestabilidad en la producción de alimentos, al que ahora se suma la amenaza de la incorporación a la Alianza del Pacífico y la apertura al comercio con países que disponen de una mayor competitividad agrícola.
No es posible olvidar que los pequeños y medianos productores han sido golpeados por muchas situaciones en los últimos años, han sufrido caída de los mercados nacional e internacional, el aumento de los precios de los insumos y combustibles, la crisis económica generada por el covid-19 y los desastres naturales y aún así, los productores han continuado generando el alimento de toda la población.
Como lo mencionó en su momento el exministro Alvarado de Agricultura, la producción agrícola no es un negocio nada más, es una forma de vida en la cual la gente está incorporada, tiene historia, tradición y eso es lo que la gente hace”, (Alterdescr.octubre,2020)
A su vez la FAO ha reiterado que “para garantizar la oferta de alimentos básicos, es clave mantener el funcionamiento de las explotaciones agropecuarias, con especial atención a la agricultura familiar campesina, facilitar el transporte y acceso económico a insumos productivos (semillas, fertilizantes, piensos, etc.) y a maquinaria e infraestructura”. (FAO, Boletín, 27-4-2020).
