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Autor: María José Ferlini Cartín

Por la Vida y la Justicia

Bienaventurados los que trabajan por la paz,
porque serán llamados hijos de Dios
”.
Mateo. 5:9

La solidaridad
es la ternura
de los pueblos”

José Martí.

La Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense IMWC, levanta su voz con espíritu cristiano y corazón solidario, ante la difícil situación que vive el pueblo cubano como consecuencia del bloqueo (embargo) impuesto por los Estados Unidos, especialmente en lo que respecta al asedio energético y financiero que afecta la vida cotidiana de millones de personas.

Como iglesia del Señor, hablamos desde el Evangelio de Jesucristo, que nos llama a amar al prójimo y a defender la dignidad humana. Cuando falta la energía eléctrica en hospitales y hogares, cuando se dificultan las transacciones financieras para adquirir medicinas, alimentos o combustible, no estamos hablando de cifras ni de discursos, estamos hablando de familias, de personas mayores, de niños y niñas que sufren, entre muchos otros aspectos.

La Palabra de Dios nos recuerda: “Aprended a hacer el bien; buscad la justicia, socorred al oprimido” Isaías. 1:17. Hoy entendemos que buscar la justicia también implica denunciar aquellas medidas que, directa o indirectamente, incrementan el sufrimiento de los pueblos. Ninguna nación debería ver limitada su capacidad de acceder a recursos básicos que garantizan la vida y el bienestar de su gente.

El asedio energético afecta la producción, el transporte, los servicios de salud y la educación, entre otras cosas. El cerco financiero dificulta pagos internacionales, compras esenciales y cooperación humanitaria. Estas realidades no son abstractas; tienen rostro humano. Y el Evangelio siempre tiene una palabra cuando la dignidad humana es puesta en riesgo.

Recordamos también el testimonio de la iglesia primitiva: “Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas” Hechos. 2:44. El espíritu cristiano es un espíritu de compartir, de acompañar, de tender la mano, no de cerrar puertas. El apóstol Pablo exhorta: “No se trata de que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino que haya igualdad” 2 Corintios. 8:13-14. Esa igualdad comienza con condiciones justas que permitan a cada pueblo desarrollarse sin cargas desproporcionadas.

Como Iglesia Metodista Wesleyana en Costa Rica, expresamos nuestra solidaridad fraterna con el pueblo cubano, especialmente con las iglesias y comunidades de fe que continúan sirviendo en medio de la adversidad.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional para promover caminos de diálogo, respeto mutuo y soluciones pacíficas.

Invitamos a las congregaciones a orar por Cuba y por todos los gobernantes, para que Dios conceda sabiduría y espíritu de reconciliación.

Reafirmamos que toda política debe poner en el centro la vida humana y el bienestar de los más vulnerables.

Creemos en un Dios de justicia y misericordia. Creemos que los muros pueden caer y que los conflictos pueden transformarse en oportunidades de encuentro. Creemos que la paz no es debilidad, sino valentía.

Que el Señor nos encuentre del lado de la compasión, del lado del diálogo, del lado de la vida.

Él te ha declarado lo que es bueno:
hacer justicia, amar misericordia…
Miqueas. 6:8.

Rev. Nidia Fonseca Rivera
Presidenta IMWC

Rev. José A. Amesty Rivera
Vice-Presidente IMWC

20 febrero, 2026

Defensoría pidió cuentas sobre acciones país para la prevención de la corrupción

La Defensoría de los Habitantes solicitó cuentas al Ministerio de Justicia y Paz, como ente rector del sector seguridad ciudadana y justicia, sobre los avances en el diseño de la Política de Integridad y Prevención de la Corrupción.

Recientemente, se dieron conocer los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción a nivel mundial y Costa Rica bajo dos puntos porcentuales respecto al año anterior, pasando de 58 a 56 puntos, con lo cual se aleja del promedio de “democracias plenas” en el mundo (73 puntos); también se distancia del país con mejor puntaje en la región como lo es Uruguay; del promedio de países de la OCDE (64) y de la mejor puntuación nacional desde que se mide este índice (59 puntos en el año 2017), ocupando un décimo legar a nivel de América Latina.

La Defensoría de los Habitantes consultó a la cartera de Justicia si ya se cuenta con el marco estratégico de la política, incluyendo metas e indicadores; si ya se dispone del modelo de gestión y gobernanza debidamente redactado y revisado por los actores competentes, tal y como estaba programado; y, si se cuenta con un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de la Política. Otros puntos de los cuales se requirió información son los niveles de avance tanto del plan de acción como del sistema de gestión de riesgo, y la fecha estimada para su conclusión. Igualmente, los resultados que se han obtenido en cuanto a compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo, entre ellos, los mecanismos que incentiven la denuncia de actos de corrupción, sanciones, entre otros aspectos.

Finalmente, la Defensoría requirió al rector del ramo informar sobre la atención de las líneas de trabajo establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2027 para prevenir y sancionar la corrupción, entre ellas el fortalecimiento de la Estrategia de Gobierno Abierto, promoción de la transparencia e integridad en gobiernos locales y oficinas descentralizadas del sector público, acciones para evitar el conflicto de interés en actividades del Estado, creación de registros de lobistas y promoción de auditorías ciudadanas, entre otras aspiraciones planteadas en la planificación cuatrienal.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

IX Encuentro Binacional de Artesanías, Cultura y Turismo 2026 fortalecerá la integración entre Costa Rica y Panamá

Del 28 al 30 de marzo de 2026 se llevará a cabo el IX Encuentro Binacional de Artesanías, Cultura y Turismo, una iniciativa que durante más de nueve años ha consolidado un espacio de integración, identidad cultural y fortalecimiento económico entre comunidades fronterizas de Costa Rica y Panamá.

El evento reunirá a más de 100 expositores de productos artesanales, turísticos y emprendimientos diversos, provenientes del cantón de Corredores y cantones vecinos en Costa Rica, así como de la provincia de Chiriquí, cuya sede anfitriona este año será el distrito de Barú.

Según el comunicado enviado a SURCOS, el encuentro promueve la participación de agrupaciones folclóricas, artesanas, gestores culturales e invitados especiales, con el propósito de fortalecer las tradiciones culturales y dinamizar la economía local en la región binacional.

Charlas, talleres y promoción digital

La programación contempla:

  • Charlas sobre producto turístico, hábitos empresariales y raíces del folclore panameño y costarricense.

  • Talleres de manualidades.

  • Concurso de trajes típicos y sombreros.

  • Actividades culturales abiertas al público.

  • Premios para visitantes y generación de base de datos para promoción de productos.

  • Transmisión en cadenas nacionales y televisión local.

  • Cobertura en redes sociales y transmisión en vivo mediante plataformas digitales.

Los organizadores informaron que expertos realizarán transmisiones en vivo y entrevistas disponibles en su canal de YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=4siTsJrJeBw

El evento cuenta con la colaboración de Grupo Colosal TV y Radio del Cantón de Corredores, Tienda Online, el Grupo de Mujeres Emprendedoras Manos de Dos Pueblos y diversos aliados estratégicos.

Una feria con proyección comercial

El comunicado explica que una feria de este tipo constituye un mercado de mayor relevancia que el común, organizado en espacio público para la promoción y venta de productos elaborados con fines comerciales, buscando establecer acuerdos con compradores directos y negociantes.

Los organizadores extendieron invitación a empresarios y municipios de Barú y Renacimiento (Chiriquí, Panamá), así como de Coto Brus y Corredores (Costa Rica), para sumarse a la actividad.

Trayectoria organizativa

ASOGUITU y la revista digital Arte y Cultura Binacional, organizadores del encuentro, han impulsado durante nueve años consecutivos este tipo de actividades culturales y comerciales. Desde 2019 han documentado los eventos a través de su canal de YouTube, consolidando una experiencia sostenida en la articulación cultural fronteriza.

Las personas interesadas pueden obtener más información mediante el correo:
encuentrobinacional2019@gmail.com

Comunidades y ecologistas alertan por impactos socioambientales del Festival Envision en Osa

  • Se hace un llamado a la Fiscalía Ambiental, el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Osa y el MINAE para que atiendan sus obligaciones y ordenen la paralización del evento

Desde hace aproximadamente una década el año 2011 se realiza en la comunidad de Uvita de Osa, dentro de una finca privada que fue parte del Refugio de Vida Silvestre Rancho La Merced, el Festival Internacional Envision, evento que ha convocado en sus ediciones anteriores a más de 7.000 personas, duplicando la población residente del distrito durante varios días.

La magnitud del festival genera una sobrecarga crítica de los servicios públicos y de emergencia, obligando al desplazamiento de personal adicional de la Fuerza Pública, el Ministerio de Salud, servicios hospitalarios, tránsito y cuerpos policiales desde otras localidades. Esta presión supera las capacidades institucionales de un cantón que ya enfrenta limitaciones estructurales para atender a su población regular.

El festival se desarrolla en una zona ambientalmente sensible, ubicada dentro del Corredor Biológico Paso de la Danta, estratégica para la conectividad ecológica, el tránsito de fauna silvestre y la conservación de ecosistemas. La contaminación lumínica y sonora, el tránsito vehicular masivo y la actividad continua las 24 horas generan afectaciones directas a la fauna, particularmente a aves migratorias que utilizan la zona como corredor y sitio de anidación, así como a playas cercanas que funcionan como áreas de anidación de tortugas marinas.

Estos impactos han sido señalados por el Centro de Rescate Alturas, el único centro de rescate de vida silvestre de la región, que ofreció al festival realizar una evaluación de impacto ambiental in situ y proponer medidas de sostenibilidad. Dicha propuesta no fue aceptada por la organización del evento.

Otra preocupación central es el manejo de residuos, que excede ampliamente la capacidad del cantón, el cual no cuenta siquiera con un diagnóstico y Plan de Manejo integral de su problemática de residuos sólidos. Esta situación se agrava por la cercanía con el Parque Nacional Marino Ballena, el tercer parque nacional más visitado del país, cuya alta visitación coincide con la realización del festival.

Asimismo, se han identificado riesgos sanitarios asociados al uso de servicios sanitarios móviles, cuyos procesos de limpieza y desinfección implican el uso de químicos que dejan residuos en el entorno. Existen además sospechas fundadas de que parte del evento se desarrolla sobre patrimonio natural del Estado y de que algunas construcciones afectan áreas de protección de cuerpos de agua, lo que explicaría cuestionamientos recientes en torno a la no otorgación de permisos, para su realización el año 2025.

En el plano social, la comunidad denuncia un incremento de problemáticas como robos, tráfico y consumo de drogas, contrabando y hechos violentos, incluyendo antecedentes de intoxicaciones graves y muertes. El Hospital Tomás Casas, único centro hospitalario de la región, ha visto incrementada su demanda por emergencias asociadas al evento, principalmente por consumo de drogas.

Vecino y vecinas han señalado “la falta de control migratorio y laboral, así como la presencia de personas menores de edad realizando trabajos en un entorno donde se expenden alcohol y drogas, en contravención de la legislación nacional”. También se señala una dinámica de apropiación cultural, mediante el uso de prácticas y sustancias asociadas a espiritualidades de pueblos originarios fuera de su contexto cultural, reducidas a una lógica de “fiesta psicodélica”.

Desde la comunidad se cuestiona además la exclusión del público nacional, dado que en ediciones recientes el festival ofreció alrededor de 7.000 entradas para público internacional y apenas unas 400 para personas nacionales, reforzando una lógica elitista y desconectada del territorio.

Ecologistas y las personas habitantes de la zona manifiestan una profunda preocupación por el acceso al agua potable, un servicio que ya se suspende de forma recurrente por horas en distintas comunidades debido a la presión inmobiliaria y a la fragilidad del sistema. La realización del festival incrementa esta presión, en un contexto donde incluso se ha denunciado el apoyo institucional sin consulta comunitaria, incluyendo la participación de la ASADA local y de algunas organizaciones nacionales e internacionales. La demanda de agua potable se multiplicaría por tres durante la semana del evento.

Las comunidades de Osa reiteran que este festival no representa un beneficio económico real, en una zona que ya es altamente visitada turísticamente, y llaman a las autoridades a evaluar integralmente los impactos socioambientales, sanitarios y culturales del evento, priorizando la protección de los ecosistemas, los derechos de las comunidades locales y la capacidad real del territorio.

Finalmente, preocupa el apoyo institucional y de algunas organizaciones sin consulta a la comunidad, incluyendo ONGs nacionales e internacionales que se presentan como aliadas en temas ambientales y de residuos. Incluso la última ha sido cuestionadas por el verdadero impacto de sus acciones y por sus alianzas con asociaciones de desarrollo y gobiernos locales en la administración de proyectos en la zona marítimo-terrestre.

Adicionalmente, las comunidades señalan que actualmente existe una solicitud de cancelación de permisos presentada ante la Municipalidad, así como la suspensión reciente de un taller convocado por el ICT para la participación ciudadana en el Plan Regulador Costero. Dicha suspensión fue solicitada por autoridades municipales bajo el argumento de que el festival era prioritario para la comunidad y que el taller tendría baja participación. Esta decisión evidencia una priorización de una actividad privada, cuyos beneficios se concentran en inversionistas privados, por encima de procesos de planificación y desarrollo comunitario fundamentales para el territorio.

  • Se hace un llamado a la Fiscalía Ambiental, el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Osa y el MINAE para que atiendan sus obligaciones y ordenen la paralización del evento con base en el PRINCIPIO PRECAUTORIO, ya que no existe certeza sobre la magnitud del daño ambiental que podría generar, ni sobre si invade el área de protección de un cuerpo de agua o si se ubica dentro de Patrimonio Natural del Estado.

  • Se recuerda a estas instituciones su deber de EVITAR que situaciones de daño ambiental deriven en consecuencias ulteriores, lo cual solo puede garantizarse mediante una MEDIDA CAUTELAR, tal como ocurrió el año anterior, cuando la anterior Fiscalía Ambiental de Osa intervino e impidió la realización de este festival.

  • Asimismo, cuestionamos a las instituciones responsables para que rindan cuentas sobre el cambio de criterios que este año permite su realización.

Firman:

BLOQUE VERDE
BLOQUE AZUL
FEDERACIÓN ECOLOGISTA
APREFLOFAS
COSTA RICA POR LOS OCEANOS

Gandoca-Manzanillo: entre la denuncia ciudadana y la respuesta del Estado

La primera entrega de esta serie planteó que lo que está en juego en Gandoca-Manzanillo no es únicamente la protección de un humedal o la legalidad de determinadas construcciones, sino el Estado de derecho ambiental. En esta segunda parte conviene observar con más detalle el intercambio documental entre ciudadanía organizada y autoridades, pues allí se revela un patrón que merece atención.

Los oficios remitidos por el ciudadano Marco Levy a las autoridades ambientales plantean inquietudes concretas sobre ocupaciones, cambios de uso de suelo y actuaciones dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Las respuestas oficiales del SINAC-ACLAC, si bien reconocen la recepción de consultas y denuncias, se ubican principalmente en el plano procedimental: informan sobre trámites, competencias y eventuales procesos administrativos, pero no disipan del todo la preocupación central sobre la eficacia del control en territorio.

La brecha entre norma y realidad

Gandoca-Manzanillo es un área silvestre protegida con un régimen jurídico específico. La legislación ambiental costarricense establece límites claros respecto a uso del suelo, protección de humedales, zonas marítimo-terrestres y áreas de especial fragilidad ecológica. Sin embargo, la discusión pública no gira únicamente en torno a lo que dice la norma, sino a si esta se cumple de manera efectiva.

Los documentos intercambiados muestran una constante: la ciudadanía insiste en la necesidad de acciones concretas frente a situaciones que considera irregulares, mientras que la institucionalidad responde dentro de los márgenes administrativos formales. Esta dinámica abre una pregunta inevitable:
¿es suficiente el cumplimiento formal de procedimientos cuando se trata de proteger ecosistemas estratégicos?

El rol de la denuncia ciudadana

Un elemento clave en esta controversia es el papel de la denuncia ciudadana. Las comunicaciones enviadas a las autoridades no surgen de un conflicto aislado, sino de una vigilancia constante sobre el territorio. Esto indica que el control ambiental en Gandoca-Manzanillo no depende exclusivamente de la capacidad institucional, sino también de la acción de personas y organizaciones que documentan, consultan y exigen respuestas.

En términos democráticos, esto es saludable: la participación ciudadana fortalece la transparencia. No obstante, también evidencia una fragilidad estructural: cuando la protección ambiental descansa en gran medida en la presión pública, se revela una posible insuficiencia en los mecanismos ordinarios de fiscalización.

Respuestas institucionales y límites operativos

Las respuestas de SINAC-ACLAC tienden a delimitar competencias, señalar procesos en curso o explicar el estado de determinados expedientes. Desde una perspectiva administrativa, esto puede considerarse adecuado. Sin embargo, desde una perspectiva ambiental estratégica, el problema es más amplio: la protección de un refugio no puede analizarse caso por caso sin observar el patrón general.

Cuando las denuncias se repiten y se concentran en una misma zona, la discusión deja de ser puntual y se convierte en estructural. La cuestión ya no es únicamente si un trámite está en regla, sino si el modelo de gestión del área protegida está siendo capaz de prevenir la degradación progresiva del ecosistema.

Más que un conflicto local

Gandoca-Manzanillo es uno de los refugios más emblemáticos del Caribe sur. Allí convergen biodiversidad, intereses económicos, presiones inmobiliarias y comunidades históricas. Lo que sucede en ese territorio tiene implicaciones que trascienden lo local: pone a prueba la coherencia del país con su propia narrativa ambiental.

Costa Rica ha construido una reputación internacional como nación defensora de la biodiversidad. Esa reputación descansa no solo en discursos, sino en la capacidad real de hacer cumplir la ley, incluso cuando existen intereses económicos o presiones políticas.

La pregunta de fondo

La secuencia de denuncias y respuestas deja planteada una interrogante central:
¿estamos ante una suma de casos aislados o ante un patrón que exige una revisión más profunda del modelo de gobernanza del refugio?

Responder a esa pregunta requiere algo más que intercambios epistolares. Requiere auditoría ambiental efectiva, transparencia en los expedientes, acceso público a la información y una evaluación independiente del estado actual del área protegida.

Si el Estado de derecho ambiental es el marco, la prueba concreta se encuentra en la capacidad de actuar con firmeza cuando los límites legales son puestos a prueba.

Esta serie continuará examinando los distintos componentes jurídicos, institucionales y territoriales que configuran la situación en Gandoca-Manzanillo.


Las imágenes que circulan en redes —como la camiones cargados con troncos transitando por vía pública— colocan el debate de la extracción de recursos de áreas protegidas en un terreno concreto: no se trata solo de interpretaciones jurídicas, sino de hechos materiales cuya fiscalización y legalidad deben ser plenamente transparentes ante la ciudadanía.

Denuncian incendio provocado en finca de líder indígena Brörán Pablo Sibar Sibar

  • Pablo Sibar Sibar es beneficiario de Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

  • La finca fue objeto de un intento de venta a personas no indígenas por parte de la Asociación de Desarrollo Integral de Térraba (ADI) en agosto pasado

Vecinas y vecinos de la finca San Andrés alertaron el día de ayer al defensor indígena Brörán Pablo Sibar Sibar sobre un incendio provocado por sujetos no identificados dentro de su propiedad, la cual posee legítimamente desde hace más de 13 años.

Este nuevo hecho de violencia se suma a un patrón sostenido de hostigamiento contra Sibar. El pasado 10 de agosto de 2025, dos personas no indígenas invadieron su finca alegando contar con respaldo de la ADI de Térraba, pese a que Sibar es el legítimo poseedor del terreno. Ante estos hechos, el defensor indígena presentó una petición urgente ante la CIDH para reforzar su protección, dado que es beneficiario desde 2015 de la Medida Cautelar MC 321/12.

En dicha petición se advirtió sobre un riesgo extremo e inminente contra su vida e integridad física, sustentado en un historial de amenazas, agresiones físicas, intentos de homicidio, incendios provocados en su propiedad y campañas de difamación en su contra.

La máster en Derechos Humanos Dylana Rodríguez Muñoz, coordinadora del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, recordó que desde el programa se acompaña desde hace varios años a pueblos indígenas y procesos de conflictividad socioterritorial desde un enfoque de derechos humanos, y expresó su profunda preocupación ante la persistencia de hechos de violencia que continúan afectando a los territorios indígenas. El caso del compañero Pablo Sibar Sibar se suma a una serie de antecedentes dolorosos que marcan la historia reciente de estos pueblos.

Desde Kioscos se advierte que lo ocurrido no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte de un patrón reiterado de agresiones contra Pablo y otras personas defensoras. Estos hechos se inscriben en una realidad más amplia de riesgo estructural en los territorios indígenas, caracterizada por presiones externas, amenazas a la organización comunitaria, afectaciones a la autonomía y vulneraciones sistemáticas contra liderazgos sociales, culturales y comunitarios.

Sobre el incendio ocurrido, Pablo Sibar señaló:

“Hoy le prendieron fuego. Habíamos tenido el acompañamiento de muchos compañeros que vinieron desde la capital y desde diferentes lugares a ayudarnos a sembrar árboles, y lamentablemente hoy se quemaron.

Esta es una lucha que llevamos desde que iniciamos los procesos de recuperación. Esta tierra que la Asociación de Desarrollo me quiere quitar, generalmente todos los años la queman. A pesar de que este año sembramos árboles y les dimos mantenimiento, el verano está demasiado fuerte y los fuegos son terribles.

Dichosamente la ‘champita’ no se quemó. Se quemaron árboles y mangueras de compañeros indígenas que llevan agua a sus casas.

Me dio mucha alegría que un pájaro estaca, que tenía más de un mes anidando, lograra sobrevivir con su polluelo, pero duele profundamente ver los árboles que sembramos con tanto amor hoy completamente quemados. Aquí seguimos: la lucha continúa y los recuperadores seguimos vivos.

Seguimos sufriendo el vandalismo de quienes nos odian y buscan minimizarnos. Esperamos que los fuegos puedan controlarse y que la gente tome conciencia de que no se puede quemar una finca porque alguien le cae mal”.

Pablo Sibar agradeció la rápida acción del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y de las personas vecinas, quienes acudieron al lugar y lograron controlar el incendio.

Finalmente se reitera la urgencia de adoptar medidas efectivas de protección y de implementar acciones que atiendan las causas estructurales de la violencia en los territorios indígenas. La protección de quienes defienden la vida, la cultura y el territorio no puede recaer en esfuerzos individuales, sino que constituye una responsabilidad institucional y un deber ineludible del Estado.

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

“Therians: un análisis desde la sociología” será transmitido en vivo por UNA Comunica

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional (UNA) invita a la comunidad universitaria y al público en general a la transmisión en vivo de la charla “Therians: un análisis desde la sociología”, a cargo del Dr. Guillermo Acuña González, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales.

La actividad se realizará el viernes 20 de febrero a las 9:00 a.m., mediante transmisión en vivo a través de la plataforma Facebook Live, en el espacio de UNA Comunica, Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional.

El conversatorio propone una aproximación académica al fenómeno conocido como “therians”, abordándolo desde la sociología y el análisis de las dinámicas culturales contemporáneas. La participación del Dr. Acuña González, académico e investigador en el ámbito de las ciencias sociales, permitirá situar el tema en un marco reflexivo y crítico, propio del debate universitario.

Desde la Facultad de Ciencias Sociales se promueve este tipo de espacios de diálogo público que permiten comprender fenómenos emergentes desde perspectivas científicas, contribuyendo así a la formación de criterio y al análisis informado.

La transmisión estará disponible en vivo a través de la página oficial de UNA Comunica en Facebook.

Denuncian presunto maltrato y abandono de fauna en condominio de San Rafael de Alajuela

Una serie de correos electrónicos remitidos al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) evidencian la preocupación de vecinas y vecinos del Condominio Campo Real (Concasa), en San Rafael de Alajuela, por lo que califican como una situación de abandono y posible maltrato hacia patos, tortugas y peces que habitan en un lago artificial del complejo residencial.

La denuncia fue apoyada formalmente por María Elena Fournier Solano, de la Asociación Conservacionista YISKI, quien solicitó a las autoridades competentes claridad sobre cuál institución debe asumir la atención del caso, dado que podría involucrar tanto vida silvestre como animales de origen doméstico.

El origen del conflicto

Según la información remitida por Vilma Navarrete Murillo y respaldada por otros condóminos, el lago artificial fue construido hace más de 20 años y desde entonces ha albergado varias generaciones de patos, así como tortugas y peces. Los primeros patos habrían sido introducidos como animales domésticos y criados en ese entorno.

El conflicto surge cuando la actual administración del condominio solicita intervención del SINAC y, tras inspección, se determina que las especies observadas corresponden a vida silvestre. A partir de ese criterio, se instruye a los residentes no alimentar a los animales, en apego a la normativa que prohíbe alimentar fauna silvestre.

Sin embargo, vecinos denuncian que el entorno no ofrece condiciones naturales suficientes para la auto subsistencia de las especies, ya que el lago es artificial, el agua no corre y el terreno circundante carece de vegetación adecuada. Además, aseguran que se ha restringido el acceso a áreas verdes que antes utilizaban los animales.

Se reporta incluso la muerte y lesiones de patos jóvenes tras intervenciones de personal de seguridad privada, situación que generó mayor alarma entre residentes.

La respuesta institucional

En la cadena de comunicaciones, funcionarios del Área de Conservación Central (ACC-SINAC) confirmaron que el sitio ya había sido inspeccionado desde el año anterior y que incluso se realizaron charlas sobre convivencia con fauna silvestre dirigidas a condóminos.

El funcionario Anthony Barrientos informó que se realizó inspección conjunta con SENASA y personal encargado de vida silvestre del ACC, y que el abordaje ha sido complejo debido a discrepancias entre residentes respecto al manejo de la fauna.

Desde SINAC se reiteró que alimentar fauna silvestre está prohibido por normativa vigente, especialmente en el caso de tortugas.

Las preguntas que plantea la denuncia

María Elena Fournier planteó interrogantes que reflejan el fondo ético y jurídico del conflicto:

  • ¿Debe dejarse morir de hambre a los animales si el entorno no les permite subsistir naturalmente?

  • ¿Sería viable reubicarlos en un espacio adecuado?

  • ¿Es la laguna artificial o natural?

  • ¿Existe responsabilidad por domesticación prolongada de especies que ahora son consideradas silvestres?

La activista insiste en que el problema requiere una solución integral que prevenga más muertes y sufrimiento animal, y solicita que las instituciones informen con claridad cuáles serán las acciones concretas a seguir.

Un debate más amplio

El caso abre un debate más amplio sobre:

  • La convivencia entre comunidades humanas y fauna silvestre.

  • La responsabilidad institucional ante procesos de domesticación prolongada.

  • El alcance de la Ley de Conservación de Vida Silvestre.

  • La posible aplicación de la legislación contra el maltrato animal.

  • La necesidad de coordinación entre SINAC y SENASA.

Las autoridades indicaron que están buscando abordar la situación de forma integral. Las personas denunciantes permanecen a la espera de una respuesta concreta.

Abrir las Ciencias Sociales…30 años después

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Febrero inició para la sociedad costarricense con la confirmación de una alerta que desde hace unos años tenía sus luces encendidas: el sistema político mostraba serias fracturas, el camino democrático podría llenarse de piedras y aparecerían nuevos actores que vendrían para quedarse y enturbiar el escenario de estabilidad del que gozamos hasta hace un par de décadas.

Abordar este proceso de rápidas reestructuraciones y quiebres implica enormes desafíos en la manera como hemos venido observando los cientistas sociales esa realidad.

Es impostergable de nueva cuenta falsear los esquemas de pensamiento sobre la base de nuevas evidencias que reconozcan cada vez con mayor fuerza la necesidad de entrar en procesos de transformación en la construcción de conocimiento, no solo para generarlo, sino para que este sea útil en la vida cotidiana de muchos sectores de población.

Este 2026 se cumplen 30 años de la publicación de aquel compendio de reflexiones denominadas “Abrir las Ciencias Sociales” desarrollado por la Comisión Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias sociales y coordinado por el científico social estadounidense Inmanuel Wallerstein.

Este esfuerzo significó un punto de inflexión para las ciencias sociales de entonces: había que superar los estancos disciplinarios, acometer ejercicios de diálogo entre la historia, la cultura y la economía y avanzar hacia la consolidación de procesos más reflexivos, abiertos y globales.

Constituyó una hoja de ruta que al menos en el contexto latinoamericano ha tenido sus limitaciones: las ciencias sociales enfrentan hoy su hora más crítica dado el giro conservador en muchas propuestas sociopolíticas que las observan con recelo. Hoy la amenaza para su continuidad es real ciertamente.

Enfrentar esta hora implica revisar de nuevo el marco de acción epistemológico y político de las diversas disciplinas que la conforman. En el caso costarricense requiere señalar una hoja de ruta clara para los próximos diez años en los que se deberán ampliar los diseños interdisciplinarios, las acciones concretas de impacto en las poblaciones y comunidades e incidir en una arquitectura mucho más flexible que vuelva posible la generación de los vasos comunicantes hacia adentro y hacia afuera.

Abrir, de nuevo, las ciencias sociales para abordar la complejidad que somos (violencias, desigualdades, exclusiones) es una tarea impostergable: así nos lo demanda el contexto actual.

La mayoría de diputados de Pueblo Soberano le permite actuar con cierto autoritarismo, e imposición, en la conducción de la Asamblea Legislativa

Vladimir de la Cruz

La mayoría de los diputados, 31 de 57, que tiene el Partido Pueblo Soberano le permite holgadamente dirigir la Asamblea Legislativa.

Con 29 diputados, sin transar con nadie, de ninguna otra de las fracciones que allí van a coexistir, la de Liberación Nacional, la del Frente Amplio, la de la Coalición Agenda Ciudadana y la de la Unidad Social Cristiana, necesitan sus votos para integrar todo el Directorio Legislativo y para dominar y presidir todas las Comisiones Parlamentarias.

Los grupos opositores o minoritarios ni siquiera deben preocuparse por obtener ventaja en estas decisiones. Lo mejor que pueden hacer es apoyar todos los nombramientos que ellos quieran hacer, sin ofrecerles contrincantes. No vale la pena, ni siquiera para la foto. Que se luzcan en esos puestos los diputados de Pueblo Soberano, para ver si cómo roncan, duermen.

Así pueden elegir todo el Directorio Legislativo sin compartir puestos, y sin discutir quien preside el Poder Legislativo y quien es su secretario, que son los puestos más importantes del Congreso, y sin discutir quien preside las Comisiones legislativas.

La Presidencia Legislativa es la más importante por ejercer públicamente la dirección y representación del Poder Legislativo y por ser quien, en una situación excepcional, le correspondería asumir la Presidencia del Poder Ejecutivo, por muerte y ausencia absoluta del presidente y de las dos vicepresidencias.

En el segundo caso, ausencia de las dos vicepresidencias y del presidente de la República ya sucedió, cuando el presidente de la Asamblea Legislativa, Francisco Antonio Pacheco, asumió por unos días, la Presidencia de la República en el gobierno de Oscar Arias Sánchez, que en su tercer año de gobierno se había quedado sin vicepresidentes y él tuvo que salir del país. Ha sido el único caso en el período de la Segunda República, 1949-2026, en que esto sucedió.

El secretario de la Asamblea Legislativa por ser, en la práctica, el jefe de Personal de todo el Poder Legislativo, de más de 900 empleados del Poder Legislativo, le sigue en importancia de nombramiento.

Los demás puestos son literalmente de relleno. Para figurar en el protocolo legislativo y constar en el currículum de quienes ocupen esos cargos.

El presidente legislativo tiene además la función de nombrar, él, solo él, si así quisiera, a todos los miembros de las distintas Comisiones Legislativas. Literalmente lo puede hacer cómo le dé la gana. Generalmente, se acostumbra a negociar con las otras fracciones legislativas la integración de sus diputados en las Comisiones, en la que a los partidos políticos les interesa estar.

En las últimas Asambleas Legislativas cuando no ha habido una sola fracción parlamentaria que por sí misma se imponga en los nombramientos y en las Comisiones, la negociación era obligatoria, sobre todo en los últimos tres gobiernos en que el partido de gobierno, ganador de las elecciones, no pasaba de los 12 diputados, como fue el caso de los dos gobiernos de Acción Ciudadana y el actual de Rodrigo Chaves, con el partido Progreso Social Democrático.

En ocasiones, a la fracción de gobierno, se le daba la Presidencia de la primera Legislatura, del primer año de gobierno, lo que no es obligatorio. Se ha hecho por cortesía política para el arranque del primer año de gobierno del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Así se hizo con el partido Acción Ciudadana.

En el caso del actual gobierno no se le dio esa cortesía en ninguna de las cuatro legislaturas, en ninguno de los cuatro años de gobierno. Quien ha presidido durante todo el período de cuatro años, y lo ha hecho muy bien, en las condiciones difíciles que se ha tenido de la relación Poder Ejecutivo-Poder Legislativo, ha sido Rodrigo Arias Sánchez, diputado del partido Liberación Nacional.

Mi consejo para las diputadas de la Unidad Social Cristiana y de Agenda Ciudadana, es que no se dejen embarcar en algún nombramiento de dirección de las Comisiones. Eso es amarrarles las manos y su capacidad de discusión.

Es obvio que en los próximos cuatro años solo habrá presidentes electos por el Partido Pueblo Soberano. En las condiciones de ese partido, seguramente, cada año cambiarán de presidente legislativo, porque resaltará en sus filas el ego político de los diputados que querrán tener el Honor de presidir la Asamblea Legislativa. Y de la posibilidad de sustituir a Laura Fernández si así llegare a suceder, como en el gobierno de Oscar Arias.

Aparentemente, hoy no tienen condiciones para proponer un presidente Legislativo que se mantenga por los cuatro años seguidos. No es obligatorio rotarlo, cambiarlo, pero en la actual fracción mayoritaria de gobierno ya hay más caciques que indios disputándose ese galardón y ese chicharrón.

En la lucha por presidir la Asamblea Legislativa ocasionalmente, y cada vez con mayor frecuencia, ha florecido la tesis de que una mujer la presida. En las condiciones actuales la Asamblea legislativa tiene más mujeres diputadas que hombres diputados. Es la primera vez que esto sucede, reflejando también que había más mujeres votantes que hombres votantes. ¿Por qué no pensar desde ahora que sea una mujer, aunque sea de Pueblo Soberano, la que presida al Poder Legislativo, en el primer año de arranque del gobierno de Laura Fernández, la segunda mujer en presidir al Poder Ejecutivo? Sería hasta congruente que Laura Fernández impulsara esta tesis e impulsara su propia candidata.

La fracción mayoritaria de Pueblo Soberano se constituyó con el apoyo de los grupos cristianos, no católicos, que le dieron apoyo a Laura Fernández, que se lo quitaron a Fabricio Alvarado y sus grupos conservadores. Por todo el territorio nacional estos grupos así se expresaron a favor de Laura Fernández, con el empujón y apoyo que les hadado Rodrigo Chaves. En este sentido, por amplitud política Pueblo Soberano podría promover, a la Presidencia del Congreso, al diputado Gonzalo Ramírez Zamora, quien ya ocupó en una ocasión anterior la Presidencia legislativa. Tiene la ventaja de que ha sido diputado y también presidente legislativo. Para el inicio del gobierno de Laura Fernández esto puede ser importante, porque él tiene capacidad de negociación política parlamentaria comprobada. Desde el momento mismo en que fue electo presidente parlamentario demostró esa capacidad. Además, tiene buen carácter, buenas relaciones sociales, personales y políticas, lo que le ayuda mucho. Hay que tomar en cuenta que, según la experiencia y práctica parlamentaria, los diputados recién electos se llevan casi ocho meses en aprenderse los trámites legislativos y el uso del reglamento parlamentario. Ya Gonzalo lleva eso adelantado. De todos los 57 diputados, muy pocos, entre ellos Gonzalo Ramírez, han sido diputados, y conocen ese trajín parlamentario. Los otros son duchos parlamentarios y el más destacado es José María Villalta, que inicia su tercer período de diputado. El que algunos diputados electos hayan sido ministros o funcionarios públicos no les da esa experiencia, por esa razón.

Otro grupo que se mueve en el Congreso en lucha por la Presidencia es el del diputado Nogui Acosta Jaén, quien ha sido ministro de Hacienda, uno de los hombres más cercanos al presidente Chaves y el de su mayor confianza. Tiene el carácter para presidir la Asamblea Legislativa, y la experiencia de su ministerio para atender situaciones complejas de sectores sociales y empresariales difíciles.

Un grupo de diputados que lucha por estar presidiendo la Asamblea Legislativa es el que reúne a todos los diputados, que son bastantes, que son imputados judiciales, que son sospechosos de haber cometido delitos, que son deudores del erario público y de instituciones como la CCSS. Es el grupo de los diputados imputados, que quieren dirigir el Congreso, que representa, a modo de imagen, a un sindicato mafioso, también por las vinculaciones de algunos de ellos, interesado en dominar el Poder legislativo. Hace algunos años un diputado de igual ralea intentó presidir el Congreso. Fue rechazado y su historia post legislativa demostró sus vínculos constantes con la narco mafia.

Las comisiones legislativas se dividen en permanente ordinaria, permanente especial, las especiales, los mini plenarios, donde también se pueden aprobar ciertas leyes.

De las comisiones legislativas, las de mayor importancia política son la de asuntos hacendarios, económicos, gobierno y administración, de control y gasto público, jurídicos, de consulta de constitucionalidad, agropecuarios y sociales y 13 comisiones más. Hay comisiones sobre Provincias, Regiones y asuntos particulares. Los mini plenarios son tres, cada uno de ellos con potestad legislativa que conocen proyectos de ley delegados por el Plenario Legislativo.

Puestas así las cosas es entendible que la oposición parlamentaria tiene pocas posibilidades de estar en todas las comisiones. Liberación Nacional y el Frente Amplio son los partidos que más posibilidad tendrán de atender la mayor parte de las comisiones lo que dependerá del interés de los diputados y de las fracciones. Los diputados miembros de las comisiones actúan con derecho a voz y voto en ellas. Los otros que quieran asistir solo tiene derecho a voz.

La Comisión que estudia y atiende lo del Presupuesto Nacional ha sido usual que la mayoría de los diputados sean del partido de Gobierno, para facilitar su aprobación en Comisión y así pasarlo con votos de mayoría al Plenario para su aprobación final. En este momento, si Pueblo Soberano quisiera tener la totalidad de los miembros de esa Comisión lo podría tener. Pienso, por ahora, que allí permitirán tener un representante de cada una de las otras fracciones para guardar las apariencias, sin que ellos puedan tener capacidad de decisión sobre el diseño del Presupuesto que se prepare para su aprobación en el Plenario. En cualquier caso, en esta Comisión habrá minoría opositora. De esto no queda duda.

La Discusión fuerte en la materia hacendaria nacional será en el Plenario Legislativo, y dependiendo de los temas y partidas que se reduzcan o se aprueben, el escenario también será la calle, con movilizaciones populares, sindicales y de los distintos grupos que puedan verse afectados, sectores universitarios, de salud, de educación en general, y también de salarios.

Las luchas por la defensa de los salarios y las pensiones, las luchas por la defensa de los derechos laborales, como las jornadas de trabajo, tendrán que empezarse a mover en las calles, en el escenario público, en la conciencia ciudadana, con fuerte presión en las instancias judiciales para evitar que se lesionen derechos constitucionales, legales y los derechos adquiridos no se menoscaben y violen.

Con la mayoría de diputados de Pueblo Soberano le permitirá al gobierno de Laura Fernández actuar con cierto autoritarismo político público, y por su imposición, en la conducción de la Asamblea Legislativa, se le facilitará su conducción política hacia el continuismo autoritarista político, al riesgo de su desviación hacia las formas tiránicas y dictatoriales de gobierno, sin descuidar el nepotismo político y la persecución oficial e institucional hacia ciudadanos disidentes y opositores en general.

Por ahora, hasta finales de abril, hay que concentrarse en las luchas que vienen por la presidencia de la Asamblea Legislativa, donde las aguas del partido Pueblo Soberano se mueven agitadamente, en esas direcciones, por ahora conocidas, con iniciativas de grupos internos: las mujeres, los cristianos, los de Nogui, que son los del presidente Chaves, los de los diputados y la del sindicato de los diputados ligados a los grupos narco delincuenciales, y los que la propia Presidenta Laura Fernández impulse como su tendencia.

Recordemos sus palabras la noche de su triunfo: “los diputados electos serán disciplinados”, es decir llevarán línea de gobierno, y actuarán “disciplinadamente”, sin divisiones ni fracciones, sin negociación si es necesario …tic tac, tic tac…