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Autor: María José Ferlini Cartín

Mensaje del actuario Rodrigo Arias López a las personas pensionadas del IVM

“Recientemente les sugerí presionar para que la Junta Directiva de la Caja les actualice los montos de las pensiones con el Índice de Precios al Consumidor (IPC):
Ver sugerencia en este enlace.

Espero que ya muchos de ustedes hayan entregado el documento. Me disculpan quienes han hecho comentarios y no les he atendido; pero comprenderán que no puedo dedicarme a eso, pues me consumiría demasiado tiempo.

Posiblemente algunos de ustedes no me creen lo que les comparto, por lo que les muestro este procedimiento para que se convenzan por su propia cuenta. Habrá quienes tengan suerte de que su pensión más bien se haya apreciado; pero serán una pequeña minoría.

Si desea conocer por su cuenta si su pensión se ha devaluado o apreciado, siga estos pasos:

Paso 1. Anote en un papel los siguientes datos: Mes y año que usted se pensionó, monto de la pensión inicial mensual (Pi) y monto actual de su pensión mensual (Pa).

Paso 2. Vaya a la siguiente página del Banco Central (BCCR).

… y anote en el papel los siguientes dos datos: El nivel del IPC del mes y año que usted se pensionó (IPCi) y el nivel del IPC actual (IPCa). Si no los encuentra puede descargar el archivo completo o usar las flechas de la parte inferior de esa página para ver datos más antiguos, hasta el año 1976.

Paso 3. Usando la calculadora de su celular o una computadora haga estos sencillos cálculos:
Multiplique su pensión inicial por el nivel actual del IPC y divida por el IPC inicial. O sea, calcule Pi*IPCa/IPCi. A esto llámelo Pii que es su pensión inicial indexada con el 100% de la tasa de inflación de los precios.

Si Pii es menor que Pa entonces tiene suerte, su pensión actual es mayor que la pensión inicial indexada y usted estaría recibiendo Pa – Pii por mes en exceso de la pensión indexada, que, en términos porcentuales sobre la pensión actual, es una ganancia igual a [Pa – Pii]/Pa.

Si Pii es igual que Pa, estaría tablas, como decimos los Ticos.

Si Pii es mayor que Pa entonces tiene menos suerte, su pensión actual está devaluada, en realidad hoy le pagan menos que cuando usted se pensionó y usted estaría perdiendo Pii – Pa por mes, que, en términos porcentuales sobre la pensión actual, es una pérdida igual a [Pii – Pa]/Pa.

Tenga en cuenta que su pensión inicial debe ser la pensión del mes completo y debe incluir cualquier corrección inicial que le hayan hecho; por ejemplo, porque no le habían tomado en cuenta todas las cuotas o había algún error u omisión. Lo mismo con su pensión actual, debe ser una pensión correcta. Si alguno de estos requisitos no se cumple, el cálculo anterior no sirve.

También tenga en cuenta que el IPC lo publican como el día ocho de cada mes, por lo que, si no está el IPC del mes actual, puede usar el último IPC disponible.

Si le interesa el asunto, primero haga el siguiente ejercicio y después haga el de su caso personal. Tenga en cuenta que en este ejemplo estoy usando todos los decimales del IPC que aparecen en la página del BCCR.

Paso 1. Supongamos que Juan Pérez se pensionó en enero del año 2015 con una pensión inicial igual a ₡350.000 y que su pensión actual es ₡382.000.

Paso 2. Vamos a la página del BCCR y buscamos el nivel del IPC de enero de 2015, que es 93,36925676 y el nivel del IPC final o actual, que es 110,03083679 (abril en de 2023 este caso).

Paso 3. Calculamos la pensión inicial indexada como ₡350.000*110,03083679 / 93,36925676 = ₡412.456,89. Esto significa que Juancito tuvo poca suerte, pues su pensión actual es más pequeña que su pensión inicial indexada. La pérdida que Juan estaría teniendo por mes es igual a ₡412.456,89 – ₡382.000 = 30.456,89. En términos porcentuales sobre la pensión actual esto es una pérdida igual a ₡30.456,89 / ₡382.000 = 7,97%.

Si llegó hasta aquí, siga adelante y espero que tenga suerte, aunque creo que sólo la tendrán unos pocos.

Finalmente, en la página del Poder Judicial hay una aplicación que también pueden usar para este cálculo, pero tengan en cuenta que ahí también se emite un reporte que no es válido para ustedes, pues suponen que el monto inicial nunca se aumentó, en cambio a sus pensiones algo les reconocen, aunque cada vez menos. El siguiente es el link, deben elegir “Servicios” y la opción “Cálculo de Indexación”: https://pjenlinea.poder-judicial.go.cr/GestionEnLinea/inicio/servicios 

Si le gustó compártalo.

Saludos

Att. Rodrigo Arias López

Repaso de las causas de la ruina del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)

(Parte III)

Rodrigo Arias López
Máster en Matemática Actuarial

Continúo enumerando causas de la raquítica situación del IVM.

  1. Los seguros SEM e IVM de los trabajadores asalariados son siameses inseparables por disposición del artículo 73 de la Constitución Política y los artículos 1, 2 y 3 de la Ley No. 17, pues conjuntamente constituyen el Seguro Social. El párrafo tercero del artículo 73 constitucional y reciente jurisprudencia, prohíben utilizar los fondos del Seguro Social para otros fines distintos a los propios de su creación: “No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales”.

En la resolución 115-2015 de la Sección Octava del Tribunal Contencioso y Civil del Ministerio de Hacienda, Segundo Circuito Judicial de Goicoechea (Expediente N° 13-006261-1027-CA), consta que el Lic. Luis Guillermo López Vargas, confesó bajo juramento ante el Tribunal, que en ausencia de los fondos que el Ministerio de Hacienda debía trasladarle a la CCSS de conformidad con el artículo 9 de la Ley 7374: “Los recursos se ha (sic) tomado del esquema contributivo de los aportes de las primas, esto financia los tres niveles de atención.”  Observen que relajo. Desde el año 1993 la CCSS asumió el primer nivel de atención de la salud -medicina preventiva- que estaba a cargo del Ministerio de Salud; pero el Ministerio de Hacienda le debía enviar mensualmente los recursos para financiar el 100% del costo trasladado. Los burócratas y políticos de la CCSS le facturan desde 1993 al Estado, si acaso un 3% del costo real de esa nueva obligación y el Estado -secuestrado por los gobiernos de turno-, no le pagó ni un centavo y ahora el Sr. López Vargas confiesa bajo juramento ante los Tribunales de Justicia, que en lugar de aplicar el ordenamiento legal -artículo 177 de la Constitución- tomaron ilegalmente los fondos de los trabajadores asalariados para tapar el hueco, sin importarles que eso estaba prohibido y que con esa acción descobijarían más al raquítico seguro IVM.

En esa sentencia se condenó al Estado a cancelar esa deuda multimillonaria e indeterminada aún, el Estado apeló ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, la cual ratificó la condena (resolución No. 00197-2018). Cito lo indicado por dicha Sala: “La tesis de que el servicio debía ser absorbido, a nivel de costos, por el seguro de enfermedad y maternidad, contraviene de manera abierta disposiciones del constituyente. Cabe recordar que conforme a lo señalado por el canon 73 de la Constitución Política, los seguros sociales, dentro de los que se encuentran, entre otros, los de enfermedad y maternidad, “No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, (…).”, de modo que incorporarle un programa que no se consideró, en un origen, como parte del seguro de enfermedad y maternidad, carece de asidero constitucional y legal. Todo este análisis lleva a colegir que, contrario a la tesis del Estado, de las normas examinadas se extrae, de manera absolutamente diáfana, su deber legal de reservar y trasladar los fondos necesarios para la continuidad del programa. En suma, su reparo al respecto debe denegarse.” La liquidación de sentencia aún permanece sin resolver.

Por disposición del artículo 22 de la Ley No. 17, la CCSS recauda una cuota única para el Seguro Social: “Artículo 22.- Los ingresos del Seguro Social se obtendrán, en el caso de los trabajadores dependientes o asalariados, por el sistema de triple contribución, a base de las cuotas forzosas de los asegurados, de los patronos particulares, el Estado y las otras entidades de Derecho Público cuando estos actúen como patronos, además, con las rentas señaladas en el artículo 24. (…)”

Esa cuota tripartita -actualmente de un 26,16% sobre los salarios- debe ser separada en dos cuotas, por disposición del artículo 32 de la misma Ley que ordena: “Artículo 32.- La Junta Directiva formará con los capitales y rentas que se obtengan de acuerdo con esta ley, dos fondos: uno para beneficios y gastos del régimen de reparto y otro para beneficios y gastos del régimen de capitalización colectivo.”

Esa misma ley dice en el artículo 33, que el régimen de reparto es el SEM y en el artículo 34 señala que el régimen de capitalización colectiva es IVM.

En el año 2004 realicé una estimación del costo del SEM de los trabajadores asalariados, dándome como resultado un costo de 7,5% sobre los salarios en lugar de un 15%. Ver estos dos links:

https://es.scribd.com/document/64526418/Evasion-Costos-y-Financiamiento-del-Seguro-de-Salud-de-la-CCSS#

https://historico.semanariouniversidad.com/pais/ccss-inician-proceso-contra-actuario/.

En la valuación actuarial oficial de la CCSS con corte al 31/12/2017 (https://es.scribd.com/document/640792737/Valuacion-Actuarial-Seguro-de-Salud-2017-Obs-PE-Firmado) – maquillada según reciente informe de “expertos” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) – (https://es.scribd.com/document/640766395/Opinio-n-OIT-valuaciones-actuariales-salud-CCSS-21-abril-2023), se determina que el costo del SEM de los trabajadores asalariados, es de un 7,11% sobre los salarios en lugar del 15%.  En la página 104 de la Valuación Actuarial aparece el cuadro siguiente:

Sin embargo, como consta en la parte II de esta serie de escritos, desde la década de 1980 la CCSS separa para el SEM un 15%, desviándole un 7,5% sobre los salarios de fondos que por ley le corresponden al IVM, cifra que actualmente supera los ₡900 mil millones anuales. Estos fondos desviados fueron usados para cubrir costos de otros regímenes de salud creados por “leyes especiales” a los cuales los gobiernos de turno no les crearon una fuente de financiamiento suficiente y las que crearon, las desviaron para otros fines o el Estado no las canceló a la CCSS. Esos montos desviados del 7,5% sobre los salarios en colones capitalizados de 2023, equivalen a unos ₡40 billones, que al sumarle otros rubros (Ley 7374, base mínima contributiva, deuda del Estado, etc.) superan los ₡50 billones de colones, los cuales hoy tendría el IVM en sus reservas si sus administradores y los gobiernos hubieran respetado las leyes y la Constitución. En la actualidad la CCSS divide el aporte 26,16% sobre los salarios, como un 15% para el SEM y un 11,16% para el IVM, pero según la Ley de la CCSS y la Constitución, la división debería ser aproximadamente un 7,50% para el SEM y 18,66% para IVM.

Continuará.

Ecologistas recolectan firmas para sacar a Heiner Méndez del INCOPESCA

Comunicado de Bloque Verde

  • Los diez años del asesinato de Jairo Mora no se puede conmemorar con Heiner Méndez Barrientos haciendo negocios con las tortugas, corales, vida mariana y silvestre en general. 

Las organizaciones ecologistas Bloque Verde y Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar están recolectando firmas para que el presidente Rodrigo Chaves Robles remueva de su puesto a Heiner Méndez Barrientos como jerarca del INCOPESCA y ministro (sin cartera) de la Pesca.

Las organizaciones afirman que “ha comprobado ser incapaz para ejecutar su puesto, a pesar de su trayectoria de más de 20 años como Abogado en la Institución”.

Les preocupa que a la fecha el INCOPESCA no haya podido tomar las decisiones valientes y necesarias para garantizar la sostenibilidad de las pesquerías, tanto en el ámbito social, como en el económico y, sin duda alguna, el ambiental. Además insiste que “preocupa aún más que se dé esta situación cuando, para variar, don Heiner fue afortunado en recibir una Institución con dos fuentes de financiamiento frescos (la reforma al canon de atún y el crédito del Banco Mundial), y con múltiples proyectos de cooperación nacional e internacional en proceso de implementación”.

Continúan exponiendo que “Hemos visto atónitos como el señor Méndez Barrientos ha, irresponsablemente, desatendido las prioridades y los compromisos que tanto esfuerzo le han costado a una Institución históricamente desatendida y deficiente. Lastimosamente, su tiempo como Jerarca lo ha dedicado a mirar hacia atrás. Ha enfocado sus energías en “rescatar” proyectos que ya han comprobado ser nocivos para la salud, el ambiente y la economía; y, además, ha reintroducido actitudes y prácticas corruptas y perjudiciales para el sano funcionamiento de la Autoridad Pesquera. Sin duda alguna, el accionar del Licenciado Méndez es cuestionable por ser contrario a la ética y al marco legal que rige la Administración Pública”.

El señor Méndez no ha logrado avanzar en el cumplimiento de las deudas históricas del Estado costarricense en materia de pesquerías y de gobernanza de los recursos marinos.

Además, consideran que “resulta sorpresivo que con la experiencia que tiene el señor Méndez en el departamento legal y en general en la Institución, no haya cumplido con promulgar el reglamento de la Ley de Creación del INCOPESCA antes del 28 de octubre del 2022, según lo prometido durante la conferencia de prensa del 28 de agosto del 2022”.

Del mismo modo aseguran: “no ha podido atender las principales problemáticas productivas de su ámbito de acción que aquejan a las comunidades costeras, siendo que, por ejemplo, las únicas licencias para la pesca de subsistencia que ha logrado otorgar son aquellas necesarias para reactivar la pesca de arrastre, perpetuando de esta manera los obstáculos en el acceso a oportunidades dignas de empleo para las zonas más vulnerables de nuestro país”.

El señor Méndez Barrientos: “tiene la oportunidad única de habilitar una serie de mecanismos administrativos, así como modalidades de pesca a partir de las reformas realizadas durante los últimos dos años a la Ley de Pesca y Acuicultura. No obstante, elige no cumplir con lo exigible por Ley, perjudicando, principalmente, al sector artesanal de pequeña escala”.

Para el sector ambiental “parece que su único interés demostrado ha sido beneficiar a un sector específico mediante, entre otros, la rehabilitación de las licencias de investigación y los estudios de pesca de camarón utilizando la técnica del arrastre. Lo anterior, a pesar de que las embarcaciones a las que se le fueron asignadas las licencias no se encuentran en condiciones para funcionar y que este no es una de las especies elegidas para la transformación de las pesquerías que plantea el Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y la Acuicultura”.

Como consecuencia de los señalamientos realizados, “le reiteramos nuestra solicitud de que el Consejo de Gobierno revoque su nombramiento. Adicionalmente, le pedimos encarecidamente que reconozca la importancia de sanear y fortalecer al INCOPESCA como institución técnica y científica, por lo que le encomendamos que en el cargo de Presidente Ejecutivo sea nombrada una persona con capacidad suficiente para dirigir procesos complejos en conjunto con todos los miembros de la sociedad civil y que cuente con la formación y la autoridad moral correctas para enfrentar el reto de transformar las pesquerías de nuestro país”.

Donde firmar y leer completa toda la petición: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEwMy1t6E5WhKyf19hklFU5QME66iqEFhg0S9dLC7f0gfKYg/viewform

Juan Carlos Duran, dirigente sindical del sector salud aclara publicación de Diario Extra

El pasado 28 de abril, Juan Carlos Durán, dirigente sindical del sector salud aclaró información publicada en el Diario Extra sobre el estado actual de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). En esta oportunidad, el dirigente sindical en representación del movimiento sindical reiteró que: 

  1. La CCSS no está quebrada.
  2. Se rechaza la narrativa oficial del Presidente de la República, Presidenta Ejecutiva de la CCSS y de la Junta Directiva. 
  3. La OIT no se está “desdiciendo” a partir de la queja que no se conoce por lo que el gobierno debería hacer pública la carta que le envió la OIT ya que al no conocerla, ha generado la noticia del diario la Extra. 
  4. El equipo técnico que preparó el informe para la Junta Directiva a fin de mantener los proyectos de infraestructura, no es el mismo informe que utilizó la Junta Directiva de la Caja para suspender el portafolio de inversiones. 
  5. La Asamblea Legislativa debe seguir con el tema en cuestión y debe convocar al equipo técnico para que se transparente a la opinión pública todo lo que sabe respecto a las finanzas públicas de la Caja. 

ANEP: Situación fiscal y Derechos Humanos en Costa Rica

El pasado viernes 21 de abril, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) informó al Dr. Ding Ding, Jefe de Misión para Costa Rica del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el planteamiento obrero-social de la situación fiscal en Costa Rica y el dictamen legal sobre el pago de intereses de la deuda pública en Costa Rica en detrimento de un enfoque prioritario en Derechos Humanos. 

Respecto al planteamiento, la ANEP señala que hay temas muy relevantes que se estaban dejando de lado en los análisis o bien, se habían tratado muy superficialmente como la concentración del ingreso que se genera año tras año, resultado de las leyes y normas impuestas por la política pública. 

Asimismo, afirma que para corregir esta falencia, hay acciones urgentes como una eficiente gestión tributaria y aduanera que pueden dinamizar el mercado, generar empleos y traer prosperidad compartida  pero, no son incluidas por las evaluaciones de los organismos internacionales ni son tomadas en cuenta por los grupos nacionales de poder económico. 

Según la ANEP, Costa Rica requiere de mejorar la recaudación por el bien de un crecimiento económico robusto y balanceado de la sociedad por lo que considera que los negocios prósperos deberían contribuir con el financiamiento del Estado. Además, afirma que forzar el ajuste fiscal vía recorte del gasto social no es justo, equitativo y sostenible así como tampoco es conveniente seguir insistiendo por la vía de los impuestos indirectos. 

Por otra parte, la ANEP expone que hay otros temas que no se pueden seguir invisibilizando en las evaluaciones del FMI tales como el mal funcionamiento de algunos mercados que son extractores de rentas oligopólicas por lo que al país también le urge una revisión exhaustiva de las estructuras de los mercados. 

En cuanto al dictamen legal sobre el pago de intereses de la deuda pública en Costa Rica, la ANEP considera preocupante que el Presidente de la República retome la receta fácil y poco creativa de recortar gasto público que en realidad es inversión social pública en lugar de atender los problemas estructurales que son las causas y no las consecuencias. 

Por lo anterior, la ANEP se posiciona a favor de la responsabilidad social, teniendo en cuenta que la deuda pública del país debe ser desagregada y priorizada en cuanto a su nivel de cumplimiento, tomando como base de criterio el Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH). 

En este sentido, la ANEP menciona que la deuda que tiene el gobierno central con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), debe ser un tema prioritario para que la seguridad social del país sea robusta y de calidad. Es decir, bajo un enfoque de Derechos Humanos, es permitido preguntarse sobre lo que es o no prioritario: ¿pagar intereses de deuda externa o cumplir con la obligación de que el gobierno central pague su deuda con la Caja?

Ante esta situación, la ANEP enlista las recomendaciones finales del dictamen, manifestando la a)necesidad de exigir al Estado Costarricense una propuesta de renegociación de la deuda pública, ante organismos financieros internacionales, b) acudir ante el Experto Independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales y c)realizar un proceso político de auditoraje de la actual deuda pública, el cual permita obtener algún nivel de claridad y de transparencia, en cuanto a una diversidad de variables. 

UCR, Voz experta: La importancia de una formación humanista en un país multiétnico y pluricultural

Verónica Jerez Brenes

Por: Verónica Jerez Brenes

Cuando las personas visitan la página de la Escuela de Estudios Generales se encuentran con las siguientes frases: “Los Estudios Generales son el conjunto de cursos que fundamentan la formación universitaria, basados en perspectivas humanistas y en el desarrollo de pensamiento crítico. El Humanismo es la reflexión sobre el ser humano y su condición en el mundo. Su fin es buscar de manera permanente y libre, la verdad, la justicia, la belleza, el respeto a las diferencias, la solidaridad, la eficacia y la eficiencia.” Esto lo vivimos día a día en las aulas, las personas matriculadas en los cursos de Humanidades rompen su burbuja, muchos salen de sus comunidades para enfrentarse a nuevos retos, uno de ellos, es tomar conciencia de que Costa Rica es multiétnica y pluricultural. Tendrán compañeros y compañeras que vienen no solo de distintas localidades, sino que se han enfrentado también a situaciones producto de su condición de género y etnia.

La historia de un país es algo vivo y en constante cambio. Tradicionalmente, en Costa Rica, se implementó de manera exitosa esa visión de los liberales del siglo XIX en la que, se nos decía que los costarricenses provenimos de un grupo homogéneo desde el punto de vista étnico. Nada más alejado de la realidad pues basta con revisar las Genealogías de Cartago, de Monseñor Sanabria, o los libros de parroquia de las distintas iglesias en los cuales se registraba la presencia de población de distintas etnias, esto fruto del pasado colonial: mulatos, mestizos y muchos otros grupos nacidos del proceso de mestizaje, muy a pesar de la intención inicial de las autoridades españolas para que esto no ocurriera.

Como se ha mencionado, ese proyecto de los liberales del siglo XIX había mirado hacia dentro del Valle Central, con una interpretación del ser costarricense que negó la presencia de grupos indígenas y afro, a pesar de sus menciones en crónicas coloniales. Estos grupos han estado presentes a lo largo de la historia, han tenido participación y relevancia en el devenir histórico nacional. Se parte del principio de igualdad ante la ley garantizado por la legislación nacional y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, disfrutamos y defendemos los derechos de primera generación, pero bajo esto muchas veces persisten practicas sociales excluyentes, se pasa por alto la importancia de preservar los elementos distintivos de cada pueblo: formas de vestir, peinarse o preparar platillos nos hablan nuestra propia historia o, mejor dicho, de muchas historias.

Contrario a esos mitos que nos hablan de la homogeneidad étnica nos encontramos con los pueblos originarios que aún reclaman su derecho a la tierra y la visibilización de sus luchas. Si bien estamos conscientes de que durante el periodo colonial se produjo una disminución de la población originaria debido a múltiples factores como la muerte por las enfermedades provenientes de Europa y el mismo proceso de mestizaje, sería erróneo decir que desaparecieron por completo; y algunos de los grupos que permanecieron se vieron obligados a trasladarse, especialmente con la fundación de los llamados pueblos de indios fuera del Valle Central.

Ya lo había mencionado Miguel Rojas Mix en su texto de 1991 cuando nos hablaba de los “cuatro abuelos” o para ser más claros podríamos decir abuelos y abuelas -esto como una forma de reconocer el aporte de las mujeres a lo largo de historia- tomando en cuenta que provenían de los pueblos originarios, de los peninsulares, las personas en condición de esclavitud traídas al continente y, ya desde mediados del siglo XIX y la primera mitad del XX: los inmigrantes. Estos llegaron con la construcción del ferrocarril y las plantaciones bananeras, fueron italianos, chinos, jamaiquinos y antillanos, solo por mencionar algunos. Esto nos pone en evidencia que, de alguna manera, los grupos indígenas y afrocoloniales fueron de alguna manera asimilados o invisibilizados posterior al proceso de Independencia buscando, como bien lo indica Diana Senior: “la homogenización sociocultural que dichos representantes políticos, desde sus propias perspectivas, habían entendido como necesarias para limar (aunque parcial y artificialmente), las discrepancias que pudiesen surgir durante los procesos de construcción de las respectivas Repúblicas en Centroamérica” (Senior, 2018, p 194).

Con las nuevas olas migratorias a inicios del XX y asociada con la ideología del progreso, resurge el tema de la población diversa étnicamente debido al tipo de trabajadores que llegan a Costa Rica, estas personas vienen en una condición distinta, es mano de obra libre y se ubica en la zona del Caribe. Son personas que traen otro idioma, religión y prácticas culturales distintas y que los consideran como extranjeros. Los estados ven en el pasado colonial “el atraso” nuevamente hacen eco de las diferencias étnicas como parte de sus discursos con miras al “blanqueamiento” de su población, unas veces de forma tácita como la negación de la diversidad y de su presencia como el caso de los grupos indígenas en Costa Rica, y otras en manifestaciones concretas al emitir directrices acerca de la negativa de recibir a determinados grupos de población migrante como mano de obra.

En este sentido, los procesos educativos escolares fueron exitosos al promover el mito de la blanquitud y el pacifismo, especialmente con una enseñanza de la historia nacional centrada en las efemérides y que reconocía esa “diversidad” si acaso unos cuantos días al año y que está pensada en una perspectiva vallecentralina. En el 2016 un estudio de Campos, Raventós y Barrantes, sobre la composición genética de los costarricenses nos revela como una sociedad multiétnica y que varía su composición étnica en las distintas regiones del país, mostrando desde otra disciplinar que somos una sociedad multiétnica.

Por eso la reflexión en las aulas debe estar acompañada por la capacidad que ofrece la investigación y la docencia, y por medio del intercambio de información para conocer sobre otras culturas ya sea dentro o fuera del país; los cursos de Humanidades se abren como espacios que nos posibilitan reconocer el valor de la diversidad en un sentido amplio. A través de una formación humanista tendiente al diálogo y al pensamiento crítico podremos sobrepasar esas fronteras invisibles que nos dicen que dependiendo de cómo nos vemos o nos ven pertenecemos a cierta parte del territorio nacional, casi como negando la posibilidad de trasladarnos libremente por el país y de practicar libremente las expresiones culturales propias, cayendo en un juego que nos dice que debemos abandonarlas para “encajar”, donde más bien, estamos en un momento en el que el rescate de lo que nos hace ser costarricenses debe estar basado en los aportes de las distintas culturas y etnias que conviven en el territorio nacional.

 

Prof. Verónica Jerez Brenes
Profesora Escuela de Estudios Generales. Universidad de Costa Rica, UCR

El caso Unión Patriótica (Corte IDH) y la política de Paz Total en Colombia

La embajada de la República de Colombia en Costa Rica y su sección Consultar extiende una invitación cordial al conversatorio “El caso Unión Patriótica (Corte IDH) y la política de Paz Total en Colombia” a cargo de Carlos Rodríguez, Embajador de Colombia en Costa Rica,  como expositor y Ronald Alfaro, Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Pittsburgh y Master en Ciencias Políticas por Columbia University, catedrático e investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, como moderador.

El conversatorio se llevará a cabo el jueves 18 de mayo a las 4pm en la Universidad de Costa Rica, Sede San Pedro, Auditorio Alberto Brenes Córdoba contiguo al edificio B de la Facultad de Derecho.

Debe confirmarse la asistencia en el siguiente enlace: https://forms.gle/MNFAVoMV9QmiGsnY7 

ACOJUPEMA en marcha del 1 de Mayo 2023

El 1 de mayo ACOJUPEMA, Movimiento Magisterial por una Pensión Digna y UNDE (Unión Nacional de Educadores) marcharon para conmemorar el Día del Trabajador y la Trabajadora y en contra de las leyes y proyectos de ley que atentan contra el sistema de pensiones del país. Además, se expuso la necesidad de una auditoría pública y ciudadana donde se ejerza la transparencia en fondos públicos y fondos de pensiones.

 

Información compartida con SURCOS por ACOJUPEMA.