Hernán Alvarado

Por fin una buena noticia: el pasado viernes 17 de julio, el Movimiento territorios seguros resolvió el gran desafío de organizar de manera virtual, en un contexto de pandemia y con el meritorio apoyo de la UNED, la magna actividad llamada «Segunda actividad nacional de rendición de cuentas y evaluación de resultados». Esta actividad innovadora permitió sopesar el avance de la participación ciudadana en diferentes instituciones, reuniendo trabajadores públicos y población civil.

Palabras auspiciadoras

En esta segunda actividad nacional, se escucharon palabras certeras por parte de Román Solís y Fernando Cruz del Poder judicial; Emilia Navas de la Fiscalía general; Julio Jurado de la Procuraduría; Max Esquivel del Tribunal de elecciones; Tatiana Mora de la Defensora de los Habitantes, entre otras. Se escuchó clara la importancia de defender el Estado de derecho y, en primer lugar, la Constitución. Eso pasa por fortalecer la institucionalidad y la participación ciudadana dentro de ella, así que se avizora una nueva veta para el desarrollo de la institucionalidad pública.

Carlos Campos, coordinador del movimiento, subrayó que el poder de la República radica en el Pueblo, que hemos comenzado a poner con mayúscula, aunque no aparece así en la carta magna; porque el Pueblo constituye el primer poder de la República; no es la Asamblea Legislativa, que sería el segundo; el Ejecutivo sería entonces el tercero y el Poder judicial el cuarto. Esos cuatro poderes deben garantizar que la sociedad disfrute de su bien social supremo que es la paz. Eso es respetar el orden constitucional. Y es que antes que funcionarios y autoridades, antes que trabajadores o empresarios, somos ciudadanos. Todos somos parte del Pueblo, que es la fuente de todo poder y en Costa Rica tiene el mandato de cogobernar como soberano, junto a tres poderes independientes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

Entonces, nace la pregunta: ¿quién es ese Pueblo? En primera instancia, Pueblo somos todos los ciudadanos, ellas y ellos, niños, jóvenes y adultos mayores; no solo los que votan. Se constituye, por tanto, con todas las personas sujetas de derecho, cuyos derechos el Estado reconoce y cautela. Aunque sea una definición pasiva, incluso vaga o poco operativa, que corresponde más al criterio de inclusión que al de participación. La inclusión es ciertamente una condición indispensable, como la información, pero no agota ni las posibilidades ni las necesidades de la participación ciudadana.

¿Y quién es entonces el soberano?

La Constitución reclama un Pueblo que actúe como soberano, es decir, como Pueblo con disposición y capacidad de sujeto político. Para esto es necesario ser y sentirse parte del Pueblo, pero no es suficiente. El Pueblo resulta ser una entelequia si no hay voces que asuman el interés general que él representa. De manera que soberano no es quien se siente depositario de derechos, pero no portador de deberes cívicos. El soberano tiene tareas por cumplir, entre ellas las de vigilancia y control del aparato de Estado; para garantizar que los representantes, autoridades y funcionarios públicos cumplan con sus deberes de representación, dirección y ejecución; al servicio de la convivencia pacífica. En ese sentido, la posición soberana implica un proceso de auto empoderamiento y de auto capacitación, para ejercer plenamente la ciudadanía activa. Eso requiere aprender e incorporar una serie de atributos que forman parte de un proceso de emancipación, con respecto a fantasmas o miedos propios, tanto como a poderes fácticos y formales; lo que supone compromiso personal. Ser parte del soberano implica que cada individuo, cada yo, se forme como una persona ciudadana, lo cual se realiza a través de un proceso educativo organizado.

Además se trata de construir un sujeto social con una inteligencia colectiva que supone voces particulares que se transforman constantemente, mediante diálogo, en una voz cada vez más abarcadora y comprometida con el bien común. El soberano deviene así un constructo social y dialógico que no se puede dar por supuesto, sino que implica una acción consciente e intencional.

Sin embargo, como toda educación política, ese proceso no acaba en un aula, ni basta con un libro, porque al final solo se logra en la práctica, que es donde se adquiere la conciencia social. El ciudadano aprende a serlo ejerciendo sus derechos y confrontando a quienes pretenden restringirlos, conculcarlos o burlarlos. Lo que supone superar la posición de víctima pasiva de los poderes constituidos y fácticos para asumir una actitud digna y responsable, de cara a la construcción histórica y social del gobierno del Pueblo, para el Pueblo y con el Pueblo.

Así resulta que todos pertenecemos al Pueblo, pero no todos deciden ser parte del soberano. A nadie se le puede obligar a ello. El soberano implica auto incluirse, capacitarse y asumir una posición permanentemente activa, crítica y propositiva. Así, todos nacemos con derechos protegidos por el Estado, pero no todos los defendemos y derecho que no se ejerce es como si no existiera. Pero no todos los pobladores deciden ser soberanos y a ninguno se le puede obligar. En esa voluntariedad del soberano radica su legitimidad y autoridad moral. Todo esto forma parte del ideario de este movimiento.

Un índice de participación ciudadana

La metodología y la tecnología no fueron toda la novedad que nos trajo este evento. La sorpresa, cual cereza en el pastel, fue la presentación del «Índice de participación ciudadana». Entre otros componentes, el índice incluye el tema presupuestario; en la medida en que esto contribuye o no a la formación de personas ciudadanas. El presupuesto es la frontera próxima de una participación cuyo fin último es el empoderamiento ciudadano.

Se pretende medirlo cada año para ser presentado en el mes de julio, en conmemoración de la reforma del artículo 9, impulsada en el 2003 por esa persona extraordinaria que ha sido doña Jocelyn Sawyers. Hay que ver lo pequeños que se ven los actuales diputados a la par de esta gran maestra pensionada, el verdadero lujo es tenerla aún con nosotros. Significativamente, fue un viento fresco que también, como este movimiento, vino del Caribe. Otra cosa que habrá que agradecer siempre al espíritu, que hoy parece extraviado, del PLN.

Aunque se comprende finalmente que la rendición de cuentas no es un tema para un evento extraordinario anual, sino un proceso de mejora continua y cotidiana; un proceso constructivo, permanente, que seguirá encontrando obstáculo en la inercia de la cultura institucional tradicional y en la falta de voluntad política de los gobernantes que ven en la ciudadanía activa no el gran recurso y aliado que puede ser, sino la amenaza constante que también es para el ejercicio vertical, autoritario y arbitrario del poder delegado.

Una construcción democrática

Queda claro que la democracia participativa que manda la Constitución no caerá del cielo. Requiere un proceso histórico y social que depende de la participación misma. La democracia devendrá participativa en la medida en que se vuelva participante. Eso implica abrir las puertas de las instituciones a una ciudadanía decidida a ocupar su silla responsablemente, para el pleno ejercicio de su derecho a incidir en las decisiones.

La participación debe conducir a ese proceso de empoderamiento sin el cual la palabra soberano no pasará de ser una magnífica ficción jurídica, como decir Estado o comunidad. El soberano demanda organización y método, así como un movimiento consciente, con voluntad política, que se levanta sobre los hombros de una ciudadanía comprometida, consciente de sus obligaciones civiles y responsable con sus deberes patrios. Eso es una revolución democrática que avanza en silencio, pero firme, como toca a quien tiene un rumbo cierto.

Al juzgar los informes presentados por las distintas instituciones parece que estamos en una primera fase que es la lucha por la transferencia y la rendición de cuentas. Es una etapa en que la ciudadanía se concibe como audiencia, como destinataria de información; aún no como decisiva y auditora. Por ejemplo, se mencionó como algo relevante que la información debe ser accesible, no solo por los canales que se usen, sino por el lenguaje mismo y los formatos que la vehiculizan.

Como lo reconociera con honestidad Francisco Flores, de la Asamblea Legislativa, en última instancia la ciudadanía aspira a participar en la elaboración de leyes, pero aún no se cuenta con los mecanismos y recursos que lo hagan posible. Eso es particularmente crítico en relación con algunos grupos, como las personas con discapacidad, o las que sobreviven en condiciones socioeconómicas o de género adversas, por lo demás inaceptables. Sin embargo, poco a poco se irá avanzando más allá de los esfuerzos de transparencia o de consulta hacia la participación efectiva del soberano en la toma de decisiones. La Constitución convoca al Pueblo a ejercer el gobierno de la República como soberano, no solo a orientarlo, controlarlo y evaluarlo. A la luz de ese gran propósito, estamos en pañales, pero el camino se ha ido abriendo de manera perseverante e inteligente.

Un feliz aniversario

A lo largo de diez años, el Movimiento territorios seguros ha venido abriendo un camino que solo se hace ascendiendo desde la base social, desde las comunidades, desde el corazón del Pueblo y con fuerza de mujer. Así se ha ido hallando la metodología para formar ciudadanía consciente y activa (metodología de los triángulos) y para convocar a instituciones que vienen avanzando en el tema de participación. Habría que reconocer por lo menos la inclusión desde el principio del Poder judicial y de las universidades públicas, dicho a modo de ejemplo.

Así se ha venido abriendo un espacio de diálogo entre ciudadanía y funcionarios que hoy es un referente a escala internacional. Queda sin duda mucho por andar, pero la dirección ya está trazada. El movimiento construye territorios de paz gracias al concurso de ciudadanos activos y funcionarios que comprenden que son ante todo servidores públicos. Por eso, constituye hoy, por méritos propios, la vanguardia de la democracia participativa, exigida por el artículo 9, según se reformara en el 2003, y el artículo 11, que establece que los funcionarios son «simples depositarios de la autoridad» obligados a informar, rendir cuentas y ser evaluados.^[1] ¡Larga vida a este heraldo de paz social!

^[1] Constitución de la República de Costa Rica.

Foto de cabecera: Mayo del 2019. Segundo congreso del Movimiento de Ciudadanía que construye Territorios Seguros.