Comunicado

Desde la Red Feminista Contra la Violencia Hacia las Mujeres hicimos esta carta abierta para exigir una solución duradera, sostenible y de la calidad para el servicio COAVIF: https://forms.gle/WF6oBEtyoeu2Gy8fA

Carta abierta

Señor
Carlos Alvarado, Presidente de la República
Señora
Marcela Guerrero, Ministra de la Condición de la Mujer
Señora
Irene Cañas, Presidenta Ejecutiva del ICE
Señora 
Elena Amuy, Directora Servicio de Emergencias 911
Señoras y señores Diputados Asamblea Legislativa

Estimadas señoras, estimados señores:

Resulta contradictorio que estando vigente una Declaratoria de interés prioritario la intervención, la atención y la prevención de la violencia contra de las mujeres (VcM) N. 41240-MP-MCM emitida por el Poder Ejecutivo y que obliga a todas las instituciones de Estado a actuar y colaborar de manera efectiva para prevenir esta problemática – nos encontremos con que uno de los servicios esenciales de atención en esta materia esté amenazado de cierre.

El COAVIF Centro Especializado de atención de la Violencia Intrafamiliar y VcM es un despacho especializado del Sistema de Emergencias 911. Desde este servicio se atienden todas las emergencias asociadas a la VcM: violencia sexual, de pareja, trata de personas, acoso sexual callejero, hostigamiento sexual y se brinda contención y orientación a las víctimas.
Desde su fundación este servicio ha, literalmente, contribuido a salvar vidas actuando de manera coordinada con otras instituciones de respuesta inmediata como la policía. Su origen está vinculado a un convenio tripartito entre el ICE, el INAMU y el Sistema de Emergencias 911 vigente hasta el año 2025.

Se ha informado que el ICE ha decidido, de manera unilateral, rescindir este contrato en el año 2022 lo que significa que los recursos con los cuales se financia el personal dejarán de estar disponibles.
Las razones que se han divulgado de parte del ICE no son de recibo pues afectan de manera directa el interés público al atentar contra un servicio de naturaleza esencial para la vida de las mujeres de todas las edades. Como entidad del estado, el ICE está obligada por las convenciones internacionales de derechos humanos y derechos de las mujeres a aportar desde su especificidad a la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. Esta decisión llevaría a incumplir las obligaciones específicas de prevención de la violencia contra las mujeres que el Estado costarricense asumió al ratificar la Convención de Belém do Pará.

Si se demostrara que las condiciones institucionales del ICE obligasen a variar esta participación, su salida del convenio no puede ser de manera atropellada, unilateral y sin ofrecer alternativas que contribuyan a mitigar los impactos. Sobre todo, debe privar el interés y el servicio público y la protección de la vida de las mujeres.

Urge que las tres entidades que integran este convenio, así como la Presidencia de la República como garante del Decreto de Emergencia supra citado, dialoguen y encuentren una salida negociada urgente a esta situación.

Hasta ahora la información que se divulga públicamente es escasa y poco clara. Más allá de declaraciones de buena voluntad, las alternativas concretas no se vislumbran.
Ahora bien, cualquier solución que se encuentre debe garantizar al menos los siguientes criterios:
1. Debe ser una salida permanente y sostenible. Esto quiere decir que el servicio se debe garantizar mediante la incorporación a la estructura institucional ya sea del ICE, como está actualmente, o al INAMU. Esto significa que el servicio debe contar con las plazas necesarias y suficientes asignadas, así como con el presupuesto operativo necesario.
Debe tenerse claro que éste es un servicio regular y esencial del Estado. No es un servicio que se pueda contratar de manera privada y continua en razón de las disposiciones que en materia de contratación rigen la administración pública. Tampoco puede ser un servicio que se pueda reducir, ya que exige una atención inmediata 24 horas al día, todos los días.
2. Se debe garantizar la calidad y especialización del servicio. No es suficiente con declarar que el servicio se va a mantener si no se aclara en qué condiciones.
Se debe considerar que este es un servicio prestado por profesionales con formación y experiencia en las dinámicas y comportamientos de una amplia cantidad de delitos asociados a laVcM. No se trata solo de responder una llamada. No son telefonistas que transmiten información.
La especialización y especificidad es la razón de ser del servicio. Esto incluye la valoración de los riesgos asociados a cada situación específica, las diligencias y acciones oportunas interinstitucionales que permitan mitigar y prevenir esos riesgos y orientar de manera adecuada a las mujeres y a los y las funcionarias que los atienden. Por esta razón la continuidad y estabilidad del personal actual de este servicio, que cuenta en su mayoría con más de 10 años de experiencia y formación en servicio, se debe garantizar como criterio de calidad.

Mantener el servicio en sus dimensiones y cobertura actual o fortalecerlo es otro criterio de calidad no negociable. La opción de reducir el personal tanto en cantidad como en nivel profesional tampoco es una opción. 

Exigimos dar al COAVIF una atención de prioridad y una solución responsable seria por la vida de las mujeres.

Compartido con SURCOS por Nayla Carvajal Sancho.