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Etiqueta: INAMU

Las mujeres no están solas: llamamos a la alianza institucional

Enid Cruz Ramírez

En estos días, muchas organizaciones de mujeres, colectivos feministas y comunidades a lo largo del país estamos alzando la voz contra el proyecto de ley que pretende imponer jornadas laborales de 12 horas durante cuatro días (la llamada jornada 4×3), sin pago de horas extra y con impactos graves en la salud, la vida cotidiana y los derechos adquiridos por las personas trabajadoras, especialmente las mujeres.

Que la institucionalidad camine con nosotras

En Costa Rica, durante décadas se ha levantado un entramado institucional robusto en materia de igualdad y equidad de género: comisiones de género en instituciones públicas, redes interinstitucionales de atención y prevención a la violencia contra las mujeres, políticas públicas específicas como el Plan Nacional de Atención y Prevención de la Violencia (PLANOVI), Comisiones Municipales de la Mujer, y una Comisión Permanente de la Mujer en la Asamblea Legislativa.

Todas estas instancias existen, en teoría, para garantizar los derechos de las mujeres, prevenir las violencias estructurales y promover condiciones de vida dignas y equitativas.

Sin embargo, ante el actual debate sobre la propuesta legislativa para instaurar la jornada 4×3, una medida que implica trabajar 12 horas diarias durante cuatro días, sin reconocimiento de horas extra y con efectos negativos en la salud, la vida familiar, el tiempo de cuidado y la calidad de vida, el silencio institucional es ensordecedor.

El país ha invertido recursos humanos, económicos y políticos para crear un marco institucional que vele por la igualdad sustantiva. Pero la institucionalidad no puede ser solo ornamental ni técnica. Debe ser política. Debe alzar la voz cuando los derechos de las mujeres se ven amenazados por reformas regresivas que profundizan las desigualdades de género.

Cuando las mujeres luchan, las instituciones deben responder

Hoy no escribo solamente para denunciar la ausencia, sino para invitar a actuar. Este no es un llamado solo a la ministra o al INAMU, sino a todas las personas e instancias que alguna vez se han declarado aliadas de los derechos de las mujeres.

Es hora de pasar del discurso a la acción. De entender que la defensa de nuestros derechos no puede depender únicamente de las organizaciones sociales o del activismo de base: debe ser una responsabilidad compartida entre quienes habitamos las comunidades y quienes ocupan espacios institucionales.

La jornada 4×3 no es solo una propuesta técnica o económica. Es una amenaza que profundiza

desigualdades estructurales y precariza la vida, sobre todo de quienes históricamente han sostenido el país desde los márgenes: mujeres rurales, trabajadoras del sector informal, cuidadoras, migrantes, madres solas.

Si no logramos que el Estado escuche a estas voces, si no logramos que la institucionalidad responda, entonces estaremos fallando colectivamente.

Que el entramado institucional no le falle a las mujeres

Hoy hacemos un llamado firme y fraterno: necesitamos que cada comisión, cada red, cada oficina de género, cada voz con poder dentro del Estado se coloque del lado correcto de la historia. Que se sumen a esta defensa legítima, no desde la formalidad, sino desde la convicción.

Porque cuando los derechos de las mujeres están en riesgo, el silencio no es neutral: es cómplice.

Lo personal es político, y el trabajo también lo es.

¿Dónde está la voz del INAMU ante el proyecto de jornadas 4×3?

Por Enid Cruz Ramírez
Trabajadora social, activista por los derechos de las mujeres

En medio de una discusión nacional crucial sobre el futuro de las condiciones laborales en Costa Rica, llama profundamente la atención el silencio de la actual ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada Hernández y la presidenta ejecutiva del INAMU Yerlyn Zúñiga Céspedes, respecto al proyecto de ley que busca implementar la jornada laboral 4×3, es decir, 12 horas diarias durante cuatro días consecutivos, sin pago de horas extra.

El debate no es menor. Las implicaciones de este proyecto van mucho más allá de lo laboral: afectan la vida cotidiana, los derechos sociales, los tiempos de cuidado, el acceso a la educación y la salud integral de miles de personas, en especial de mujeres que viven en condiciones de desigualdad estructural, madres solas, mujeres trabajadoras informales, jefas de hogar, cuidadoras no remuneradas y mujeres de zonas rurales.

Desde una perspectiva interseccional, resulta urgente señalar que las condiciones laborales injustas no se distribuyen por igual: sus impactos se intensifican en las mujeres atravesadas por múltiples opresiones; género, clase, territorio, raza, edad, condición migratoria o discapacidad.

¿Qué ha dicho el INAMU?

El Foro Nacional de Mujeres del INAMU, instancia participativa y consultiva, sí se ha pronunciado en contra de la jornada 4×3. Sus argumentos son consistentes y reflejan una lectura feminista de las desigualdades sociales:

  • Afecta desproporcionadamente a las mujeres que realizan trabajo de cuido no remunerado.
  • Reduce el tiempo disponible para educación, participación social, autocuidado y vida familiar.
  • Viola derechos constitucionales relacionados con la salud, la protección a la familia y el trabajo digno.
  • Contraviene convenios internacionales que protegen a las personas trabajadoras, como los de la OIT.

Sin embargo, las actuales jerarcas del INAMU, no han emitido una postura clara y pública sobre el tema. Esta ausencia de voz institucional desde el INAMU genera confusión, resta legitimidad a la labor del Instituto y profundiza el desencanto social frente a la aparente desconexión entre las instituciones públicas y las realidades urgentes de las mujeres trabajadoras.

¿Por qué importa su postura?

El INAMU no es un actor cualquiera. Como ente rector en materia de igualdad de género, su papel es incidir en las políticas públicas para garantizar los derechos de todas las mujeres, particularmente las más vulnerabilizadas. En un contexto como el actual, donde la violencia patriarcal se expresa no solo en el ámbito doméstico, sino también en el mercado laboral, guardar silencio es políticamente grave.

La falta de posicionamiento ante una medida que representa un retroceso en materia de derechos laborales y justicia social es una forma de violencia institucional por omisión. El silencio no es neutral; es una forma de consentimiento pasivo ante políticas que reproducen la desigualdad.

¿A qué responde este vacío institucional? ¿Presiones políticas? ¿Falta de voluntad? ¿Un enfoque tecnocrático desconectado de la vida real de las mujeres?

Lo que está en juego

La eventual aprobación de la jornada 4×3 no es solo un tema técnico. Es una disputa ideológica sobre el tipo de país que queremos construir: uno que reconozca el valor del tiempo de vida, del descanso, del cuido, de la corresponsabilidad, o uno que normalice la explotación laboral como sinónimo de “eficiencia”.

Sabemos que las mujeres ya viven jornadas dobles y triples. ¿Cómo se supone que vamos a sostener familias, educarnos, cuidar, participar social y políticamente, si el Estado legaliza turnos de 12 horas sin pago adicional?

Urgimos una voz clara y comprometida

En tiempos donde lo estructural golpea la vida cotidiana de las mujeres, el silencio institucional es inaceptable. Se requiere con urgencia que la jerarca del INAMU, así como el propio gobierno, se posicionen de forma clara, crítica y con enfoque de derechos humanos y justicia de género ante este proyecto.

El cuido no puede seguir siendo invisible. El tiempo no es una mercancía. Y los derechos laborales no se pueden negociar como si fueran privilegios.

Costa Rica necesita un INAMU activo, no decorativo. Necesitamos una institucionalidad que se atreva a alzar la voz, aunque incomode.

Lo personal es político, y el trabajo también lo es.
#JornadaDigna #TiempoParaLaVida #4x3NoVa #INAMUHable

Mujeres solicitan a la CGR y a la Fiscalía General investigar hechos irregulares en el INAMU

Carta abierta a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la República

La Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, Colectivo Mujeres por Costa Rica, CEFEMINA, Alianza de Mujeres Costarricenses y ALAMUD (Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad) remitieron una carta abierta a la Contralora General de la República y al Fiscal General denunciando hechos de posible incumplimiento de deberes, mal uso y falta de supervisión de recursos públicos en el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). Lo anterior según los hallazgos de un Informe de Auditoría Interna del INAMU dado a conocer recientemente, a saber: Informe de la Auditoría Interna (AI) del INAMU (PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE URGENCIA NRO. 2024XE- 000001-0015800001) sobre el proyecto Puntos Violeta.

Denuncias

Las organizaciones de mujeres denuncian, entre otras cosas, que:

La violencia contra las mujeres ha alcanzado dimensiones nunca vista en Costa Rica. Entre los años 2022-2024, los femicidios de pareja aumentaron en más de un 100%. En lo que va del año 2025, se registran 18 femicidios. Poco menos que un femicidio por semana.

Mientras esto sucede, la entidad obligada por ley a promover las políticas públicas para la prevención de la VCM, el INAMU, desarrolló una “estrategia” (denominada Puntos Violeta) onerosa que no tiene ninguna relación ni impacto con la problemática, al tiempo que debilita los servicios institucionales ya existentes que continúan cargando con el grueso de la demanda de atención. Además de no cumplir con las obligaciones contravencionales y de la normativa nacional, esta “estrategia” – a partir del informe de la AI – parece presentar importantes vicios de legalidad y aparentes serias afectaciones a la hacienda pública.

Petitoria

Algunas de las peticiones hechas por las organizaciones de mujeres son las siguientes:

  • Apertura de un proceso administrativo directo e independiente de la AI del INAMU para Identificar las responsabilidades individuales, administrativas y políticas, derivadas de los hallazgos de este informe de AI del INAMU en relación con los procesos de contratación, las faltas de supervisión y seguimiento al buen uso de los recursos públicos vinculados con el proyecto de Puntos Violeta, incluyendo la renovación reiterada de las contrataciones sin evaluación de resultados, entre otros aspectos.

  • Llevar a cabo una investigación urgente en relación con los contratos de servicios profesionales en derecho para brindar servicios en los PV para verificar el tipo, cantidad y calidad de los servicios prestados, así como la relación costo-beneficio en función de los objetivos de la “estrategia” de PV.

  • Realizar una auditoría de la inversión del INAMU en materia de publicidad institucional en relación con esta “estrategia” desde el punto de vista de la racionalidad del gasto en relación con los resultados, así como otros elementos asociados a la administración de estos recursos incluyendo la pauta publicitaria.

  • Valorar la pertinencia y legalidad de la continuidad de los contratos vigentes, incluyendo la pertinencia y viabilidad de la rescisión de dichos contratos.

  • Estudiar la posible existencia del delito de enriquecimiento ilícito por parte de la empresa PSICOMED SA al amparo de estos contratos, así como la responsabilidad del INAMU como ente contratante.

  • Valorar lo señalado a la luz de la existencia de otras faltas administrativas o delitos contra la hacienda pública, ley de control interno, entre otros.

Puede leer la carta completa en este enlace.

Indicadores de una gestión fallida que ponen en riesgo las conquistas de las mujeres

SURCOS recibió el documento Indicadores de una gestión fallida que ponen en riesgo las conquistas de las mujeres. Se trata de un análisis de la gestión pública a cargo de la presidenta ejecutiva del INAMU y de la ministra de la Condición de la Mujer.

El documento se refiere a dos ejes:

Violencia en contra de las mujeres e Igualdad y equidad de género. Ambas temáticas se subdividen en varios puntos. El documento cuenta con gráficos y tablas.

Le invitamos a descargar el documento desde el enlace del primer párrafo, o bien del siguiente vínculo.

GuanaDefensoras y colectivas feministas denuncian responsabilidad del INAMU en la creciente violencia que sufren las mujeres

SURCOS comparte el comunicado enviado por GuanaDefensoras:

22 de Octubre 2024

Comunicado Oficial

A todas las mujeres de Costa Rica y a la opinión pública:

Hoy, GuanaDefensoras junto a diversas colectivas feministas, activistas independientes y grupos organizados por los derechos de las mujeres en Guanacaste y Costa Rica, levantamos nuestras voces para denunciar la responsabilidad directa del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) frente a la creciente violencia que sufrimos las mujeres en todo el país. Las estrategias como “Puntos Seguros” y “Puntos Violetas”, que deberían ser espacios de protección y apoyo para nosotras, no pasan de ser simples maniobras publicitarias que, en su esencia, buscan beneficiar a comerciantes y no a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Estos puntos, marcados apenas por un adhesivo en la puerta, no brindan la seguridad que prometen; al contrario, exponen aún más a las mujeres, especialmente en zonas rurales, costeras y en condiciones de desventaja social.

Casos recientes como el de Daniela Escobar, vista por última vez el Martes 15 de Octubre en Sámara, Guanacaste, demuestran que nuestras compañeras y amigas han sido desaparecidas cerca de estos lugares que se proclaman “seguros”. Porque lamentablemente, no es un caso aislado. Son muchas las familias que hoy buscan a sus hijas, madres, amigas, hermanas, mujeres.

No es la primera vez que nos pronunciamos sobre estos “Espacios seguros”, lo hicimos este pasado Marzo 2024 en el foro organizado por la Municipalidad de Nicoya y la Plataforma PIEG Región Chorotega, y recientemente en Setiembre en la Auditoría Social “Evaluemos al INAMU” Región Chorotega donde también señalamos que no se cuenta con estadísticas, evaluaciones, ni un seguimiento real de la efectividad de estos programas por parte del INAMU. Nosotras las mujeres de las comunidades no reconocemos estos espacios como seguros, porque simplemente no lo son. Nos sentimos desprotegidas ante la inoperancia de políticas que no consideran las verdaderas necesidades de las mujeres y sus diversas realidades.

Es evidente que el INAMU, bajo su actual dirección, práctica un feminismo blanco, clasista, con sororidad selectiva que se posiciona solo frente a las élites corruptas y poderosas, mientras ignora el clamor del pueblo que demanda justicia. No escuchan nuestras voces cuando pedimos respuestas por nuestras desaparecidas, por nuestras muertas, por las mujeres violadas. No están presentes para las mujeres en la ruralidad, para las organizadas que luchan sin fondos, para las que superviven a las violencias estructurales y sistémicas de las que el INAMU es parte.

Exigimos una respuesta inmediata y urgente del INAMU y sus jerarcas. Exigimos que su Ministra dé la cara, que asuma su responsabilidad, y que dejen de lavarse las manos con campañas sin fondo ni compromiso. No aceptamos más indiferencia ante la violencia que nos asesina. Ya es hora de que se nos escuche, se nos vea y se actúe de forma concreta para proteger nuestras vidas y derechos.

Que den la cara por nuestras desaparecidas, nuestras muertas, nuestres compañeres violentades, y por todas nosotras.

Información compartida con SURCOS por GuanaDefensoras.

Compañeras de la Zona Sur inician capacitación con el programa «Mujer Semilla» impulsado por INA, IMAS e INAMU

En la imagen se muestra el nuevo grupo de compañeras de la Zona Sur que partieron hoy para la provincia de Cartago a capacitarse durante 3 meses en el Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica (CNEAO).

Lo hacen mediante el programa «Mujer Semilla», impulsado por la institucionalidad pública: INA, IMAS e INAMU.

Les deseamos lo mejor y les esperamos en nuestros grupos y organizaciones sociales de la Zona Sur, integrantes de la Comisión Sureña.

¡Hasta pronto, compañeras!

 

Información compartida con SURCOS por Renier Canales Medina.

Defensoría: Reforma al Código Municipal afectó derechos de las mujeres

Defensoría presentó coadyuvancia a acción de inconstitucionalidad

La Defensoría de los Habitantes presentó una coadyuvancia a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) en contra del artículo 13 del Código Municipal, por considerar que la modificación de dicha norma disminuyó las garantías institucionales para la consolidación de oficinas municipales dirigidas al aseguramiento, protección y promoción de los derechos de las mujeres y, por ende, es regresivo de los derechos de esta población.

Esta Defensoría considera que todas las acciones estatales deben ajustarse al cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos derivadas de los instrumentos jurídicos ratificados, y debe procurar acciones para el cumplimiento de las observaciones finales y recomendaciones emitidas por los órganos de Tratado.

En materia de infraestructura y políticas institucionales para el avance de los derechos de las mujeres, las Oficinas Municipales de la Mujer se constituyen en un medio accesible y disponible para ellas en toda su diversidad y en todas las regiones del país, como una expresión de una democracia consolidada. Se trata de instancias que fortalecen los mecanismos nacionales para el adelanto de los derechos de las mujeres cuyas acciones contribuyen, en el ámbito local, a multiplicar las acciones y responsabilidades ejercidas por el INAMU a nivel nacional, con la coordinación interinstitucional.

La Defensoría estima que parte de las acciones generadas desde las Oficinas Municipales de la Mujer han coadyuvado a los esfuerzos que a nivel nacional debe implementar el INAMU y el resto de las instituciones que ostentan responsabilidades derivadas del ordenamiento jurídico, y de las acciones contenidas en la Política Nacional para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres 2018-2030 y Política Nacional para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres de todas las edades.

Es por eso que, el fortalecimiento de estas oficinas propicia la generación de indicadores específicos respecto a la vigencia de los derechos de las mujeres en el ámbito local, así como la recopilación de datos, permite la coordinación interinstitucional para asegurar que todas las entidades involucradas trabajen de manera coherente hacia los objetivos de igualdad de género, desde el ámbito local.

También ayuda a la construcción de acciones para atender la resistencia cultural y los prejuicios de género existentes que pueden influir en la implementación y monitoreo de políticas públicas con perspectiva de género, brindan capacitación continua para el funcionariado público y las organizaciones de la sociedad civil a nivel local en temas de género y derechos de las mujeres, facilita la participación activa de la sociedad civil, especialmente de organizaciones de mujeres, para proporcionar un monitoreo independiente y constructivo de las políticas de género y de la gestión de los servicios institucionales en materia de derechos de las mujeres, especialmente en violencia de género, promueve la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos asignados y permite facilitar el acceso a mecanismos efectivos de denuncia y respuesta a las necesidades de todas las mujeres.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Informe Situación Nacional del Delito de Femicidio 2020

Estrategia ILAFEM: Autopsias psicosociales de femicidios

La primera parte de la investigación, titulada «Informe Situación Nacional del Delito de Femicidio 2020» se enfoca en analizar y prevenir los casos de femicidio en Costa Rica. El informe fue realizado por el Comité Directivo del INAMU y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con colaboración de varias investigadoras y especialistas en género y violencia.

Este informe comienza agradeciendo a las familias y personas cercanas a las víctimas por su colaboración. También presenta los objetivos del INAMU y la importancia de vivir una vida sin violencia, de ahí que se realiza un resumen ejecutivo de la situación del femicidio en 2020, incluyendo la implementación de la estrategia ILAFEM. El documento enfatiza la importancia de una respuesta integral y coordinada para prevenir el femicidio y apoyar a las víctimas y sus familias.

Sobre la estrategia ILAFEM, es la autopsia psicosocial como herramienta clave para investigar las muertes violentas de mujeres y entender el contexto social y cultural de los femicidios. Esta estrategia busca mejorar la respuesta institucional y comunitaria para prevenir estos delitos. 

Entre los hallazgos principales en esta primera parte se encuentra la caracterización general de las víctimas y las condiciones que llevaron al femicidio, la identificación de factores de riesgo y vulnerabilidad, el impacto de la violencia y el femicidio en las comunidades y la respuesta institucional y la necesidad de una reparación integral para las personas sobrevivientes.

Mientras que, algunas recomendaciones a partir de los hallazgos son: fortalecer las capacidades institucionales para prevenir y atender casos de violencia, mejorar la coordinación entre diferentes instituciones y comunidades, asegurar una respuesta rápida y efectiva ante las señales de violencia y promover la educación y sensibilización sobre el femicidio y sus consecuencias. 

La segunda parte del trabajo “Informe Situación Nacional del Delito de Femicidio 2020 – Estrategia ILAFEM: Abordaje jurídico de casos» aborda el marco legal y procesal del femicidio en Costa Rica durante el año 2020. Este informe fue realizado por el Comité Directivo del INAMU y el PNUD, con varias autoras y revisión técnica de la Red Feminista Contra la Violencia hacia las Mujeres en Costa Rica. El informe enfatiza la importancia de un abordaje integral y coordinado para prevenir el femicidio, mejorar la respuesta judicial y proteger a las víctimas y sus familias.

Dentro de los principales hallazgos jurídicos está que; el femicidio es una violación de derechos humanos y los estados deben tomar medidas para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. También, se expone la definición de femicidio según la Convención Belem do Pará y la perspectiva de Diana Russell y la distinción entre homicidio y femicidio, destacando la importancia de esta conceptualización para abordar la violencia de género. Y finalmente, hay un análisis del tipo penal de femicidio vigente en Costa Rica en 2020, incluyendo la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer (LPVM) y sus limitaciones.

Se realizó una revisión de 23 expedientes de femicidios asignados, resultando en 22 informes jurídicos completos y la descripción del proceso de acceso a los expedientes penales y los desafíos encontrados.

A partir de ello se analizaron los estados de los expedientes: casos sin acusación, en etapa preparatoria, intermedia, en espera de juicio, sobreseídos, en impugnación, y con proceso judicial terminado. Asimismo, se evaluó la debida diligencia en las investigaciones judiciales y los cuerpos policiales y se identificaron los elementos probatorios y actuaciones principales de los sujetos procesales.

En cuanto a la protección de sobrevivientes; se menciona la eficacia de la protección para hijos e hijas sobrevivientes de femicidios y se analizó el impacto del femicidio en los derechos de las víctimas y la revictimización durante el proceso penal.

Algunas de las recomendaciones de este informe son; mejorar la fundamentación jurídica en los escritos de sobreseimiento y acusación, garantizar la reparación integral de las víctimas sobrevivientes, implementar un enfoque de género en la investigación y judicialización de los casos de femicidio.

De esta segunda parte se concluye que; es importante fortalecer la respuesta institucional y comunitaria para prevenir los femicidios y hay una necesidad de una mayor eficacia en la protección de derechos y en la sanción de estos delitos para combatir la impunidad.

Mientras que, el trabajo de investigación “Reporteando sobre femicidios en el primer año pandémico: Construcción discursiva en los medios de comunicación costarricenses en el año 2020” tenía como objetivo principal analizar las noticias sobre femicidios en diecisiete medios costarricenses durante el año 2020, enfocándose en las estrategias discursivas utilizadas para encuadrar estas noticias. En esta parte participaron el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Red Feminista Contra la Violencia hacia las Mujeres Costa Rica.

En este trabajo se realizó un análisis crítico del discurso (ACD) y teoría del encuadre (framing), extrayendo datos del monitoreo del año 2020 desde el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia. Su unidad de análisis: 190 noticias vinculadas directamente con femicidios durante 2020.

Entre los resultados principales se encuentra la cobertura mediática que puede naturalizar y normalizar ciertos fenómenos, legitimándolos positiva o negativamente. A su vez, hay discursos misóginos y violentos ya que los medios pueden contribuir a generar representaciones negativas sobre las mujeres y normalizar la violencia. Y finalmente, se habla del impacto de la pandemia donde la emergencia nacional por VcM se agravó con la pandemia del COVID-19, aumentando el aislamiento y la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.

Algunas de las conclusiones de este trabajo son que hay una influencia de los medios porque los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la creación del imaginario colectivo y en la forma en que se percibe la violencia contra las mujeres. También, hay una necesidad de una perspectiva de género; por lo que es esencial que los medios aborden la violencia desde una perspectiva de género, evitando revictimizar a las mujeres y evitando el sensacionalismo. Sobre la misma línea de recomendaciones se habla de una mejora en la cobertura mediática porque los medios deben ser más responsables en su cobertura de los femicidios, asegurándose de representar dignamente a las víctimas y de no perpetuar estereotipos negativos. Así como, un enfoque estructural ya que las noticias deben incluir factores estructurales para explicar la violencia, y no centrarse solo en los aspectos sensacionalistas del crimen.

Se les invita a revisar los documentos y reflexionar sobre la información que contienen. 

Compartido con SURCOS por Nayla Carvajal Sancho.

Crisis institucional en el INAMU, ¿cambiar de verdad o cambiar para que no cambie nada?

La renuncia de la presidenta ejecutiva del INAMU anunciada hoy refleja la profunda crisis que aqueja a esta institución y que fue claramente develada ayer cuando 20 diputadas y varias organizaciones de mujeres denunciaron la inactividad y el silencio de esta institución ante la oleada de muertes violentas de mujeres y de femicidios.

Esta situación es responsabilidad de la Presidencia de la República por colocar en posiciones de dirección del INAMU a personas que no reúnen los requisitos para el puesto, carecen de experiencia y conocimiento en derechos de las mujeres y prevención de la violencia. Más aún, de personas que llegaron a debilitar la institucionalidad de género y a destruir las políticas existentes.

Es consecuencia también de haber tenido en la conducción del INAMU a dos personas, con estilos y objetivos diferentes, que profundizaron la descoordinación y el desorden en las labores de rectoría de género que le corresponde al INAMU por ley.

Finalmente, es importante dejar claro que, de estas dos cabezas institucionales, quien ostenta el rango de ministra de la Mujer es quien dirigió desde ese puesto sin cartera las acciones institucionales. Por ende, es ella la principal responsable de la crisis actual.

La Presidencia de la República debe aprovechar la actual coyuntura para buscar una salida a la crisis institucional nombrando a una mujer en la Presidencia Ejecutiva del INAMU, con recargo del Ministerio de la Mujer, que no solo cumpla con los requisitos que obliga la ley, sino que tenga experiencia comprobada en materia de género, derechos humanos de las mujeres y atención y prevención de la violencia en contra de las mujeres.

Es la oportunidad para cambiar y fortalecer al INAMU y con ello a la lucha urgente de las mujeres.

NO QUEREMOS CAMBIOS, SIN CAMBIOS REALES

Defensoría: Esfuerzos para combatir la violencia contra las mujeres siguen siendo insuficientes

Sábado 27 de abril 2024. El hallazgo del cuerpo de la joven Kimberly Araya, el día de ayer, víctima de la violencia de género, vuelve a llenar de consternación a la sociedad costarricense. Una historia muy dolorosa que, lamentablemente, se repite en el país una y otra vez, siendo que los esfuerzos públicos y privados a la fecha resultan insuficientes.

Como Defensoría de los Habitantes, consideramos urgente la implementación de acciones decididas en materia de prevención de la violencia de género, desde el ámbito educativo, que abarque todas sus manifestaciones. Debe incluir todos los espacios de interacción y formación humana, en los hogares, las escuelas, las universidades, las iglesias, las comunidades, los centros de trabajo, las instituciones, entre otros.

Asimismo, es un asunto de protección y justicia, cuando los hechos violentos se manifiestan desde el uso del lenguaje humillante, escalando al golpe, la manipulación y la afectación de la dignidad de la mujer, hasta llegar a los actos homicidas. El país cuenta con el diseño de un sistema de protección contra la violencia de género, pero se queda corto para dar respuestas efectivas y oportunas al momento de las transgresiones.

Todas las mujeres se encuentran expuestas a sufrir esta violencia cotidiana y sistémica, desde los ámbitos más privados como el hogar, como en el espacio público, sea en las calles, en el transporte, y no hay edad ni lugar exento a sufrirla. Durante el año 2023, se registraron 72 muertes violentas de mujeres, de las cuales 18 fueron femicidios.

Desde la Defensoría de los Habitantes, expresamos nuestro pesar y solidaridad con la familia de Kimberly y, en particular, con sus hijos; así como reiteramos ese sentimiento a todas las demás familias que han pasado por tan dolorosa situación.

Instamos al Poder Judicial, al INAMU y al Ministerio de Seguridad Pública como instancias encargadas directas de la protección de las mujeres ante la violencia basada en género, a cumplir con el compromiso internacional y nacional de actuar con la debida diligencia en la atención de todos, y cada uno de los casos, sin distingo alguno de edad, lugar, circunstancia o condición.

Como Estado, debemos sumar a las demás instituciones del Poder Ejecutivo, así como la Asamblea Legislativa para la construcción, aprobación e implementación de leyes, políticas nacionales, disposición de presupuesto, acceso a la justicia, acceso a la participación social y política, servicios de salud y a la generación de datos nacionales para que estos orienten respuestas efectivas y oportunas, en aras de detener la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes