La nueva arquitectura política y militar que Trump intenta imponer en el continente
Vladimir de la Cruz
Hace pocos días, el 7 de marzo, el presidente de los Estados Unidos se reunió, con varios presidentes de América Latina y el Caribe, en lo que denominó “una cumbre de alto nivel” para tratar con ellos asuntos de “seguridad regional”, “enfrentar bandas narcocriminales” en el continente, “reducir la migración ilegal” y, especialmente, imponer límites a la “influencia de China en América Latina”. También se trataron temas de “inversión”, “promoción de los intereses estadounidenses”
Doce presidentes del continente asistieron a su convocatoria. Ellos fueron los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de El Salvador, Nayib Bukele; de Ecuador, Daniel Noboa; de Honduras, Nasry Asfura, de Paraguay, Santiago Peña; de Costa Rica, Rodrigo Chaves; de Panamá, José Raúl Mulino; de Guyana, Irfaan Ali; de República Dominicana, Luis Abinader; el presidente electo de Chile, José Antonio Kast; y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. A esta reunión Trump no invitó a la presidenta recién electa de Costa Rica, Laura Fernández, aunque sí la recibió aparte con el presidente costarricense, Rodrigo Chaves.
La reunión de la llamada “Cumbre de alto nivel” no fue en Washington, en la Casa Blanca o en el Departamento de Estado. Fue sencillamente en el Club y campo de golf, en el Trump National Doral Hotel, en Miami, quizá con una visita obligada a Mar-a-Lago, a su sitio de placer y descanso, en el Estado de Florida, en lo que pudo ser una reunión de placer con la sesión de “trabajo” para oír al Presidente Trump imponiéndoles su agenda, diciendo tonterías, expresando amenazas contra países, y sometiéndolos en su ruta geopolítica, aparte de recibirlos escupiéndoles en la cara, indicándoles que no les hablaría en “su maldito idioma español”, lo que generó risueñas manifestaciones gestuales en los rostros de los invitados. Solo les faltó aplaudir.
Entre las tonterías que dijo Trump fue que “entre las cosas buenas que le está pasando a Venezuela es que podría llegar a ser el Estado 51 de la Unión Americana”, después de la intervención militar que realizó el 3 de enero y del Protectorado que ha impuesto en ese país. Después de esa introducción todos empezaron a hablar en inglés.
El jefe de la diplomacia estadounidense, como un gesto de buena voluntad y quizá para igualar los ánimos expresados en los gestos, Marco Rubio, nacido en Estados Unidos, de padres cubanos emigrados antes de la Revolución Cubana, antes de 1960, se dirigió al presidente Trump, “pidiéndole permiso” para hablar en “español” ante los latinoamericanos que había convocado. Trump por su parte enfatizó que a él le traducían si fuera necesario.
Mínimo decoro, mínima decencia, mínima dignidad, y mínimo sentido patriótico y nacional, hubiera sido que todos los invitados a ese “week end florideño”, donde quizá les mostraron, en ese mismo lugar, las andanzas de Jeffrey Epstein, con el mismo Trump, con su corte de jóvenes adolescentes, muchas se dice, menores de edad, situación escandalosa y parlamentaria en Estados Unidos, que trata de ocultar con su criminal guerra en Irán y en el Medio Oriente, donde no le está yendo tan bien.
Evidentemente, ese sentimiento y orgullo patriótico latinoamericano no apareció por ningún lado. Todos ellos, como agentes vendedores de las riquezas naturales de sus países, vendedores de las soberanías nacionales, y como representantes de los intereses extranjeros estadounidenses en sus países, se alinearon con los elementos geoestratégicos y geopolíticos de Trump hacia el continente, para ver quien sacaba más, en medio de las posiblemente “ricas atenciones” que disfrutaron en los sitios de reunión donde los tenían concentrados.
Doce países de 34 que tiene oficialmente la Organización de Estados Americanos, es lo que llamaron “Cumbre de Alto Nivel”. Doce países que no representan ni el 25% de la población de toda Latinoamérica y el Caribe.
No fueron invitados, ni tomados en cuenta los países pequeños del Caribe: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Haití, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. Tampoco invitaron a Surinam, ni a Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Uruguay, así como tampoco a Venezuela, Nicaragua, Canadá, ni a Cuba, que para todos los efectos ya forma parte como país membro de la OEA, aunque Cuba desista en participar de ese organismo continental.
¿Cómo puede entenderse una “Cumbre de Alto Nivel” de América Latina si no están allí, al menos, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Uruguay? Se puede comprender que Venezuela, Nicaragua y Cuba no hubieran sido tomados en cuenta.
Los que llevaron a Miami eran sencillamente los fieles representantes de los países felpudos de la política exterior de los Estados Unidos en el continente. Esa fue una “Cumbre del más Bajo Nivel” de los países seleccionados para decir “yes man”…ante las acciones agresivas, injerencistas e intervencionistas que pueda realizar Trump em Cuba, Nicaragua, Colombia o cualquier otro país que se le ocurra calificarlo de narco Estado, narco Fallido, para indicar la necesidad de decir y reclamar por un “Estado ocupado” …
Es natural la reunión con los convocados porque Trump todavía abriga los deseos intervencionistas en Groenlandia; en Canadá, de quien ha planteado que pueda ser parte de la Unión Americana; en México de intervenir en toda la frontera común con su ejército para enfrentar las bandas narcodelincuentes que allí existen; en Panamá, donde ya plantó nuevamente su bota opresora en el control del Canal transístmico; em Colombia donde trató de vincular al presidente Petro con la narcodelincuencia y el narcoterrorismo, en Nicaragua y Cuba donde ha señalado que deben constituirse gobiernos, como el de Venezuela, después del secuestro del presidente Maduro, totalmente alineados a los intereses económicos y geopolíticos de los Estados Unidos, especialmente en lo referente a la presencia continental de Rusia, la República Popular China e Irán, y de agudizar el bloqueo a Cuba, procurando con él un levantamiento de la población contra su gobierno acusándolo de ser el culpable de la mala situación social y económica que viven los cubanos.
Si en Cuba hay mala situación no es por el gobierno, es por el criminal e infame bloqueo de más de 60 años.
En el caso cubano Trump está yendo más lejos. Amenaza con una intervención militar directa, para la cual hasta ha hecho el anuncio de un posible Gobierno que ya tiene formado con cubanos de Miami, y hasta con el mismo Marco Rubio. Pero, cuidado, Cuba no es Venezuela ni La Habana es Caracas. Cuba asemeja un portavión gigante a pocas millas de Estados Unidos. Con lo que vemos de la guerra contra Irán, y su capacidad defensiva, podemos entender por qué Trump no quiere que Cuba socialista exista a 90 millas de sus costas.
Con la celebración de esa “Cumbre de Bajo Nivel”, Trump ha dado un golpe a la Organización de Estados Americanos. Ha propuesto de hecho un nuevo escenario de relación continental de los Estados Unidos con Latinoamérica.
La Organización de Estados Americanos es hoy un organismo político continental debilitado. Ni siquiera opera ya como el clásico organismo de colonias que tenía Estados Unidos en su política continental.
La nueva relación establecida por Trump está bajo el diseño de un nuevo concepto actualizado de la vieja Doctrina Monroe, de 1823. En sus relaciones con América Latina definieron, desde aquella época, la política de que el continente americano debía estar al margen de las expansión imperialista y neocolonial que impulsaban países europeos como Inglaterra y Francia, presentándose los Estados Unidos como el país guardián, ante esas amenazas, y como el país que respetaba la Independencia, la Soberanía y la Libertad de los países que acababan de romper con el yugo colonial español.
Estados Unidos impulsó en el continente, desde 1811, la Política del Principio de No Transferencia que pretendía detener que los territorios americanos pasaran a manos de las potencias europeas como lo pretendía Inglaterra en el Cono Sur, en esos años
Los años siguientes, en el continente, Estados Unidos desarrolló la Doctrina Monroe. El 2 de diciembre de 1823, en su sétimo discurso al Congreso sobre el Estado de la Unión, el presidente Monroe declaró que los Estados Unidos tenían el “carácter elegido”, la “idea americana” de la “defensa” de las Américas, considerando que los esfuerzos ingleses de controlar o influir, particularmente, en Suramérica debían considerarse una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Luego siguieron con la doctrina del Destino Manifiesto, en la segunda mitad del siglo XIX, que permitió la expansión de los Estados Unidos con la usurpación de los territorios de México. En 1846 Estados Unidos impuso a Colombia el Tratado Mallarino-Bidlack, con el cual se aseguró el derecho de tránsito por el Istmo de Panamá a cambio de garantizar la soberanía colombiana sobre el territorio. Poco tiempo después, con los filibusteros en Centroamérica, intentaron adueñarse, en 1856-1857, de todos los países centroamericanos. También la expansión con la compra de los territorios de la Luisiana francesa, la Florida española, en 1819, el Alaska ruso, en 1867, y la usurpación de las tierras indígenas de la América estadounidense en su proyección hacia el oeste, con motivo de la extracción minera de California, así como con la Guerra Hispano Estadounidense, a finales del siglo XIX, que proyectó a Estados Unidos en Cuba, Puerto Rico, Filipinas. De esa guerra se quedó con la región de Guantánamo en Cuba, estableciendo en Cuba durante 1901-1902, la llamada República Plattista, resultante de la Enmienda Platt que le fue incorporada, por imposición, a la Constitución cubana de esos días. Igual fue su participación intervencionista para la segregación de Panamá, de Colombia, con la intención de quedarse con el dominio de la construcción del canal interoceánico.
A finales del siglo XIX, los Estados Unidos impulsaron la Doctrina Monroe bajo el concepto del Gran Hermano, tratando de unir a los países del continente alrededor de su mercado y de sus políticas comerciales, y proyectándose como mediador de conflictos fronterizos, como lo fue el de Esequibo que enfrentó a Venezuela con Inglaterra, que se sigue manteniendo entre Venezuela y la Guyana, hoy disputando franjas petroleras y mineras, o el conflicto fronterizo de Nicaragua y Costa Rica. Así fue la intervención militar en 1902-1903 en Maracaibo, Venezuela.
A principios del siglo XIX impulsaron la política del Gran Garrote, que les permitía y justificaba intervenir en países, especialmente del Caribe. La Doctrina del Gran Garrote garantizaba que los países cumplieran con sus obligaciones con los acreedores internacionales y no violaran los derechos de Estados Unidos, ni invitaran a una «agresión extranjera en detrimento de todo el conjunto de las naciones americanas». Igualmente ejercían control de aduanas. Con ello también buscaban restablecer estabilidades internas en las regiones o países que intervenían. Los mismos argumentos que hoy emplea Trump.
Roosevelt, como lo hace Trump, declaró que Estados Unidos podría “ejercer poder policial internacional en “casos flagrantes de tal irregularidad o impotencia”. De esa manera intervino en Cuba, Nicaragua, Haití, República Dominicana.
Roosevelt afirmó: «No garantizamos a ningún estado contra el castigo si se comporta mal», nada alejado de las frases y expresiones que Trump acostumbra a manifestar como amenaza a quien no se le someta, asegurando de esa forma el derecho de Estados Unidos a intervenir en Latinoamérica en casos de «faltas flagrantes y crónicas por parte de una nación latinoamericana» para evitar la intervención de los acreedores europeos.
También se impuso la llamada Diplomacia del Dólar: lo que no podían hacer a la fuerza lo harían mediante las intervenciones e inversiones económicas, facilitando que las corporaciones que se beneficiaban colaboraran de esa manera con la seguridad nacional estadounidense, evitando la presencia financiera y económica de países europeos.
Trump está reinterpretando en tiempo actual la Doctrina Monroe, actuando directamente, por la fuerza allí donde lo considere necesario, en su visión global, en cualquier parte del mundo. Para eso tienen más de 800 bases y emplazamientos militares en más de 100 países.
En el ambiente de la II Guerra Mundial desarrollaron la política de Buena Vecindad. Pero, al terminar la II Guerra Mundial, junto con Inglaterra, Estados Unidos impulsó la Guerra Fría y de nuevo políticas agresivas. El mundo fue dividido en los países que estaban detrás de la llamada Cortina de Hierro, en Europa, y detrás de la llamada Cortina de Bambú, en el Asia, con motivo del surgimiento de nuevos países socialistas. Al interior de los Estados Unidos durante la década de 1950-1960 las políticas macartistas definieron las políticas internas represivas, y a nivel continental desde finales de la década de 1940, se impulsaron las doctrinas económicas de Plan Clayton y de las doctrinas militares del presidente Truman. Con estas se fortalecieron regiones agrícolas para evitar guerrillas campesinas. Con la doctrina Truman se le dio impulso a las bases militares en el Canal de Panamá para preparar los ejércitos de los países latinoamericanos en su lucha anticomunista y de contrainsurgencia guerrillera.
A nivel de América y de Centroamérica, con motivo del triunfo de la Revolución Cubana se impulsó el Plan de la Alianza para el Progreso, y a nivel militar el Consejo de Defensa Centroamericano, CONDECA, que unía a los ejércitos de Centroamérica.
De esta Doctrina de Truman surgió el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, con la intención de crear una Fuerza Interamericana de Paz, un ejército continental en capacidad de enfrentar cualquier expansión soviética al continente, o cualquier amenaza extracontinental a cualquier país latinoamericano, obligando a su segura defensa hemisférica, lo que no sucedió en la Guerra de las Malvinas, ni con las intervenciones de los Estados Unidos en 1965, cuando invadió República Dominicana, resultado un gobierno militar 13 años, o cuando el gobierno democrático del Estado Socialista de la isla Granada, en el Caribe, que dirigieron en sus dos gobiernos, Maurice Bishop y Bearnard Coard, quien fue derrocado por una intervención militar estadounidense en 1983.
Con la doctrina Truman se impulsaron dictaduras, tiranías, satrapías, gobiernos autoritarios y despóticos, persecuciones y represiones anticomunistas en el continente.
Con el gobierno de Trump, en este segundo período, se proyecta su doctrina política y militar de modo más agresivo. Haciendo guerras, interviniendo países, secuestrando presidentes y amenazando con hacerlo si es necesario a sus intereses de seguridad nacional. Los objetivos de la acción militar Trump los podemos ver así, como ha sucedido con Venezuela:
Primero: control de las relaciones internacionales de Venezuela en el contexto mundial, considerando esa proyección dentro de esas relaciones de Estados Unidos. Debilitar y quebrar las relaciones con Rusia, con la República Popular China, con Irán, con Cuba principalmente.
Segundo: ejercer control de la producción petrolera venezolana, considerada una de las reservas mundiales más importantes. Las primeras acciones después de la intervención militar y de las relaciones que han establecido con las autoridades a cargo del gobierno venezolano así lo demuestran. Control de otros minerales que consideren importantes, oro y las llamadas tierras raras.
Tercero: informar al mundo que Estados Unidos no acepta países latinoamericanos disidentes de su esquema de política exterior, en el contexto mundial de países que surgen como rectores hegemónicos mundiales, como son Rusia y China particularmente. De manera especial China que se proyecta como la principal economía del mundo a partir del 2030.
Cuarto, establecer bien claro el Meridiano que separa al continente de Europa.
A la par de la llamada “Cumbre de Alto Nivel” Trump también hizo una Mini Cumbre de Ejércitos del continente. La llamó “Conferencia de las Américas contra los Carteles. Declaración conjunta de Seguridad”. Tiene más de aspectos políticos, económicos que militares. Trump, en ese diseño geopolítico, ha impulsado la llamada Junta de la Paz, casi sustitutiva de la ONU.
En el continente, el presidente Donald Trump reunió el pasado 4 y 5 de febrero, antes de la reunión con los presidentes felpudos, también en Miami, en su club familiar de Mar-a-Lago, a representantes de los Ministerios de Defensa y de los Ejércitos de 17 de los 34 países de América Latina, con el propósito, de poder actuar con el Ejército de los Estados Unidos allí donde al presidente Trump se le ocurra y justifique en su lucha contra las drogas, o en su lucha contra la presencia de Irán, Rusia, China y Cuba en el continente.
A esa mini reunión de representantes de mini ejércitos, en las cabezas de los ministros de Defensa, fueron invitados Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana, la Republica Cooperativa de la Guyana, Jamaica, la República de Trinidad y Tobago, Las Bahamas, Belice y Costa Rica, que no tiene ejército por prohibición constitucional.
No invitaron a participar a los grandes países de América Latina, México, Colombia y Brasil, que solos ellos constituyen casi el 70 % de toda la población de América Latina, además de ser países conocidos por vivir situaciones de narcotráfico, narco delincuencias, narco producción y de organizaciones altamente desarrolladas en esos negocios. Sencillamente no lo invitaron a participar, porque a Trump no le interesa esa lucha con ellos presentes, en ese organismo que ha creado, donde él gobierna y manda, y los ministros, y presidentes, de esas pequeñas naciones obedecen.
La DEA, la CIA y otras dependencias militares actúan en todos los países de América Latina, donde hay casi 30 bases militares, que no llevan a cabo luchas de ninguna clase contra ese crimen organizado.
Sencillamente, Trump ha creado un círculo de pequeños países alrededor de Cuba, Nicaragua, México, Colombia donde quiere actuar como lo hizo con Venezuela. Por eso no invitaron a Venezuela, qué la tienen intervenida como si fuera un Protectorado neocolonial, a Nicaragua que la tienen marcada y especialmente a Cuba, que le llevan ganas. México le acaba de dar una lección de control de la lucha contra las drogas a Trump.
Esa Junta de Trump, de militarotes de los ministros de Defensa, reunidos y jefeados por el secretario de Guerra, como ahora se llama el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Óigase y léase bien: Departamento de Guerra, para hacer guerras, no para negociar la paz ni buscar la paz. El negocio es la guerra y el control de territorios de materias primas que esas guerras produzcan.
Esta iniciativa militar “liquida” al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, y al Consejo de Defensa Centroamericano, CONDECA. Impulsa un grupillo de países con poca capacidad militar para justificar, bajo la jefatura del Ministerio de Guerra de los Estados Unidos acciones militares en el continente, cuando así lo decidan y declaren de conformidad a lo acordando el 4 y 5 de marzo en Doral, Miami, frente a las amenazas que enfrenta el Hemisferio Occidental, para combatir el narcoterrorismo, fortalecer la seguridad hemisférica y las esferas que se determinen mutuamente, para “promover la paz a través de la fortaleza”, quedando al frente de esta alianza militar Pete Hegseth, Secretario de Guerra de los Estados Unidos.
Charla presentada como parte del panel de Pressenza titulado “Armas nucleares, amenazas existenciales y periodismo: mirando hacia el futuro” durante el 3er Festival de Comunicación de la Juntanza de Nuestra América CIESPAL, en Quito, Ecuador, el viernes 20 de marzo de 2026.
Las armas nucleares ya han destruido la sociedad que se suponía que debían proteger. Incluso sin una sola bomba que haya explotado, su mera existencia ha corroído el tejido moral, ético y humano de nuestra civilización. Generan una forma de violencia institucional tan profunda, una deshumanización tan completa, que la sociedad destinada a ser protegida por ellos se está colapsando desde dentro, desintegrando ante nuestros ojos.
Tendemos a pensar en términos materiales. Nos tranquilizamos: ninguna bomba nuclear va a caer sobre Nueva York, Ciudad de México, París, Berlín, Calcuta o Beijing. Pero lo que no vemos es el nivel de destrucción psicológica y espiritual que estas armas ya han producido: un miedo generalizado y violencia ambiental que excede lo que los seres humanos pueden absorber para crecer, incluso para desarrollarse, permanecer plenamente humanos. Esta es la verdadera crisis de la era nuclear.
Consideremos a los Estados Unidos, el único país que ha usado estas armas, y sigue siendo el más poderoso del mundo, y sin embargo, una nación en un estado de permanente miedo, que opera en modo de supervivencia. Gasta más en seguridad y militarmente que el resto del mundo sumado, no por fuerza, sino para manejar un temor irracional: el miedo al otro, a los inmigrantes, a la oposición política, al cambio mismo. Las armas nucleares no crearon seguridad, crearon una civilización rehén de su propio arsenal.
Estas armas también han hecho algo más sutil y quizás más dañino: han distorsionado nuestra brújula interior. Han erosionado nuestra capacidad de distinguir entre los estados internos de declive y compulsión, lo crepuscular, lo moribundo, y algo mucho más significativo: la posibilidad de crecimiento interno, de profundidad, de una vida orientada hacia el propósito en lugar de la supervivencia. Cuando la aniquilación es un estado mental permanente, se hace más difícil imaginar, y mucho más construir, algo por lo que vale la pena vivir.
Nosotros, como comunicadores, también somos parte del problema. Transmitimos la violencia como una especie de radiación, normalizándola, convirtiéndola en un elemento fijo de nuestra conciencia diaria, hasta que la lucha se siente casi imposible. Conflicto tras conflicto, bomba tras bomba, genocidio tras genocidio, el espíritu humano es arrasado por un enemigo invisible. Incluso cuando los drones hacen gran parte de la matanza y no se detona ningún arma nuclear, la destrucción espiritual es la misma.
Nos sorprende el colapso del orden internacional, pero ¿por qué deberíamos estar sorprendidos? Las mismas estructuras que produjeron esta arma demoníaca, transformando el equilibrio de poder en un mecanismo de destrucción masiva, ahora se aferran desesperadamente a controlar a cualquier costo. Normalizamos lo absurdo, y ahora vivimos las consecuencias.
Estamos en la fase final de este proceso. E incluso si no se utiliza ningún arma nuclear en Irán, Ucrania o en cualquier otro lugar, su existencia es en última instancia insostenible. La próxima civilización no tendrá más remedio que ir más allá de ellas, no como un acto de idealismo, sino como una necesidad, redirigiendo la energía y los recursos gastados en los arsenales nucleares hacia las prioridades que realmente hacen posible la vida humana y que vale la pena vivir.
Trabajar por la erradicación de las armas nucleares es trabajar por la humanización del mundo.
He sido depositario de un gran privilegio a lo largo de mi vida académica.
Mis inicios, a finales de la década de los años noventa, hicieron que me encontrara con la economista María Eugenia Trejos y el sociólogo José Manuel Valverde. Con ellos “hice calle” y me curtí en el oficio de la recolección y análisis de información, entre otras tareas.
Luego trabajé con el mejor equipo de cientistas sociales a escala regional en mi paso por FLACSO Costa Rica junto a Abelardo, Ilka, Allen, Carlos, Manuel, Marian, Yahaira, Guillermo, Juan Pablo. Este fue mi espacio de crecimiento: investigué, acompañé al equipo editorial de la Revista Centroamericana de Ciencias Sociales e hice labores de docencia en varios campos.
Sumado a estos privilegios, mi trayectoria ha tenido dos referentes a los que hoy les escribo esta nota de agradecimiento.
La primera es quizá una de las figuras más emblemáticas de las ciencias sociales nativas en las últimas décadas.
Uno siempre recuerda los buenos cursos en su temporada de universidad.Para mí, el curso sobre las epistemologías de las ciencias sociales que impartiera en la carrera de sociología la académica Ana Cecilia Escalante, la profesora “Tita”, fue de los mejores acercamientos a los abordajes críticos y comprometidos.
Así como ella fue en vida: absolutamente consecuente con su práctica política y académica.
El otro referente es alguien al que le agradezco su legado en los estudios poblacionales y de opinión pública en el país: el Dr. Carlos Denton, quien en los años setenta dirigiera por primera vez, el Instituto de Estudios en Población (IDESPO) centro de pensamiento al que tuve el gusto de conducir en el período 2012-2017.
Los legados que la querida Tita y el Dr. Denton dejan en la academia y particularmente en las Ciencias Sociales costarricenses son de un alto valor, que deberemos reconocer por siempre.
A ellos mi gratitud y abrazo fraterno. Buen viaje.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com
El ataque por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán observado el pasado 28 de febrero del 2026, constituye un nuevo episodio que viene a desestabilizar significativamente a la ya convulsa región de Oriente Medio y al mundo en general, con consecuencias imprevisibles de muy diversa naturaleza.
Durante estos 23 días de intensa confrontación con Irán, los daños han sido cuantiosos en Irán, pero también lo han sido en Israel y en varias otras partes de Oriente Medio. Evaluarlos y cuantificarlos de manera muy precisa por parte de cada Estado afectado por explosiones en su territorio, permitirá tener una idea del costo de esta improvisada decisión que tomaron Estados Unidos e Israel sin mayor consulta.
Estos primeros 23 días no pueden sino contribuir a reforzar las dos ideas siguientes:
– la deriva a la que Estados Unidos está mal acostumbrando al mundo, con operaciones militares y decisiones unilaterales totalmente ilegales desde el punto de visto jurídico, debe ser frenada y firmemente condenada, sin mayores titubeos;
– la lógica de la fuerza que Israel busca imponer dada su incuestionable superioridad militar en Oriente Medio, no lleva a ningún lugar: con más destrucciones, más familias enlutadas, más heridos que llegan a hospitales colapsados (siendo la mayoría civiles), más desplazados caminando a la intemperie, y dejando a gobernantes ya exhaustos de estos Estados bombardeados, desoladores campos de ruinas que no pueden sino alimentar la sed de venganza y una mayor radicalización.
Desequilibrar por completo a regiones enteras y al resto del planeta y buscar erosionar las reglas más elementales del derecho internacional público, no puede ser visto como beneficioso para ninguno de los 193 Estados que conforman Naciones Unidas. ¿O sí? Aumentar el nivel de resentimiento y de odio hacia Israel en la región, con miles de integrantes de familias enlutadas dispuestos a vengar la muerte de sus seres más queridos, muchos de ellos niños (Nota 1), repartidos en todos los Estados de Oriente Medio o por el mundo, no puede augurar un futuro más seguro y más próspero para Israel. ¿O sí?
Esta tribuna publicada en Francia este 21 de marzo por parte de intelectuales iraníes e israelíes denuncia el hecho que, lejos de beneficiar a las poblaciones de Israel y de Irán, esta confrontación militar responde a intereses muy distintos y que ya es hora de que el mundo lo sepa.
Este otro artículo titulado «Attacks on dual-use objects and the prohibition of terrorising civilians: the attacks on Iran’s oil facilities» publicado en EJIL-Talk sobre la clara intención de aterrorizar a toda una población mediante bombardeos por parte de Estados Unidos e Israel que causan daños significativos a la salud humana y al ambiente en Irán, detalla lo que se ha podido observar y que claramente, califica como crímenes de guerra.
Un Presidente de Estados Unidos bastante mal informado y algo errático
El nivel de impreparación de Estados Unidos e Israel para contrarrestar la respuesta militar de Irán viene ahora a plantear muchas dudas e interrogantes, todas muy válidas, sobre la estrategia seguida por ambos Estados.
Ello sin hablar de la falta de objetivos claros de esta aventurada operación militar conjunta. En esta nota de prensa del 14 de marzo, se hace ver el faltante de interceptores por parte de Israel, detectado en Estados Unidos en esta otra nota de CNN: ambas notas confirman la precitada impreparación de ambos Estados.
En estos últimos días, el mismo Presidente de Estados Unidos exhibió su desesperación pidiendo que otros Estados en Europa y en Asia lo ayudasen a desbloquear el estrecho de Ormuz, una trampa previsible que le tendió Irán y de la que no pareciera poderse salir, al menos desde el punto de vista militar (véase nota de prensa del 17 de marzo).
También este 17 de marzo se informó en Estados Unidos de la renuncia del más alto funcionario a cargo de la lucha contra el terrorismo (véase nota de The Guardian y carta de renuncia difundida en las redes sociales, cuya lectura se recomienda).
En este otro artículo publicado en el Reino Unido sobre las negociaciones existentes entre Estados Unidos e Irán días antes del 28 de febrero, se señala que:
«In the final session of the talks, Iran agreed to a three- to-five-year pause on domestic enrichment, but the US in the afternoon session, after consultations with Trump, demanded a 10-year pause. In practice, Iran had no means to enrich domestically because of the bombing of its enrichment plants in 2025«.
En una comparecencia ante una comisión del Congreso de Estados Unidos, celebrada el 18 de marzo del 2026, la máxima responsable de los servicios de inteligencia de Estados Unidos no supo contestar si Irán representaba (o no…) una «amenaza inminente» para Estados Unidos (véase video).
Todos estos aspectos (y muchos otros por conocerse …) denotan una total improvisación por parte de Estados Unidos e Israel a la hora de decidirse a atacar a Irán el pasado 28 de febrero.
Esta entrevista de Democracy Now dada a conocer el pasado 18 de marzo explica los límites de la inteligencia artificial a la que han recurrido Estados Unidos e Israel para identificar miles de blancos militares en Irán y en otras partes en Oriente Medio. Una inteligencia artificial a la que Israel también recurrió en Gaza después del 7 de octubre del 2023 (véase artículo del 2024 de lectura muy recomendada sobre el programa informático Lavender). Siempre en Democracy Now, este experto sobre Oriente Medio entrevistado este 20 de marzo del 2026 explica la trampa en la que parecieran haber caído Estados Unidos e Israel (véase video de la entrevista). En esta otra entrevista a un influyente senador norteamericano realizada también el 20 de marzo, se explica la forma tan errática de actuar del actual ocupante de la Casa Blanca.
El ataque a la infraestructura pública iraní ha llevado a tal indignación por parte de la población iraní exiliada (y no exiliada) que el Presidente de Estados Unidos optó este 23 de marzo por anunciar que aplaza nuevos bombardeos de este tipo sobre Irán (véase nota del New York Times). El «galvanizar a la oposición iraní» que menciona este interesante artículo publicado en el Times of Israel este mismo 23 de marzo, titulado «Netanyahu said frustrated that Mossad promise it could instigate Iran uprising has fallen short» (y cuya lectura completa se recomienda) pareciera constituir una premisa sobre la que se basaron tanto Israel como Estados Unidos de manera totalmente errónea, al no haberse galvanizado nada en 23 días de confrontación en Irán.
Una oportunidad que no desaprovecha Israel en el territorio palestino ocupado
En un comunicado de prensa de varios expertos en derechos humanos de Naciones Unidas del 19 de marzo del 2026 (véase texto), se lee que Israel ha aprovechado el hecho que la atención mundial se ha desviado de la situación en Palestina, para continuar con la anexión de gran parte de Cisjordania, procediendo a una verdadera limpieza étnica:
«Since 28 February, most road gates of the West Bank have been closed by occupation forces, obstructing access to workplaces, schools, health services and aid, isolating communities even from ambulances and fire brigades.”
“Entrapped and out of reach, entire communities live in fear of settler terrorism rampaging across the West Bank day and night,” they warned. “Thousands of Palestinian families have been forced to flee their homes because of escalating settler attacks, and the destruction of essential infrastructure, especially in the Jordan valley, some of them displaced months earlier from other communities».
El comunicado oficial de España (véase texto) del 15 de marzo condenando estas mismas acciones de Israel en Cisjordania – cuya lectura completa se recomienda -plantea interrogantes muy válidas sobre el silencio observado por los aparatos diplomáticos de muchos otros Estados en Europa, así como en América Latina.¿Qué será lo que sí ve España que ocurre en Cisjordania y que no quieren ver los demás Estados?
Este comunicado oficial de una ONG como Amnistía Internacional del 16 de marzo sobre el asesinato de palestinos en Cisjordania, evidencia la sordera y ceguera persistentes de algunos Estados con relación a las exacciones de todo tipo a las que se libra Israel en el territorio palestino ocupado.
Veremos en las líneas que siguen que no es solamente Cisjordania el territorio palestino en el que, desde el 28 de febrero del 2026, Israel adelanta sus posiciones en abierta violación a los derechos que asisten a la población palestina.
Una nueva violación flagrante a la Carta de Naciones Unidas
Desde el estricto punto de vista jurídico, hay que tener claro que lo ocurrido el 28 de febrero del 2026 con esta nueva acción militar contra Irán califica como agresión. ¿Como así? Como se lee.
Esta agresión militar de dos Estados (Estados Unidos e Israel) contra un Estado (Irán) contraviene con los principios y las reglas enunciadas en la Carta de Naciones Unidas de 1945. Un análisis publicado en el sitio especializado de EJIL Talk precisa y detalla la ilegalidad total que constituye (sin discusión alguna) el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel perpetrado contra Irán. En esta entrevista un reconocido académico norteamericano no duda en referir al «desastre» provocado por Estados Unidos e Israel y al año «catastrófico» para la economía mundial que se avecina.
Este comunicado conjunto de varios expertos de Naciones Unidas en derechos humanos del 12 de marzo condena el accionar conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y contra el Líbano, en términos vehementes: al respecto, nuestros estimables lectores podrán por sí mismos observar la casi nula difusión de este comunicado oficial de Naciones Unidas en medios de prensa internacionales.
Como todo hecho ilícito internacional, el derecho internacional público prevé la posibilidad, para el Estado víctima, de reclamar compensaciones de todo tipo en caso de daños, en particular a su infraestructura pública, a su agricultura, a su patrimonio histórico y más generalmente a todo lo que estalla y se pierde de manera irremediable cuando una bomba potente es lanzada en una capital como Teherán por parte de Estados Unidos e Israel o en otra zona de Irán. A modo de ejemplo reciente, en Naciones Unidas, este informe de febrero del 2026 establece una estimación por los daños causados en Ucrania (luego de sufrir la agresión militar de la que ha sido víctima por parte de Rusia desde el 24 de febrero del 2022) a más de 195.000 millones de US$. La metodología aplicada para cuantificar los daños en el caso de Ucrania es aplicable a todo Estado que sufra un ataque militar masivo por parte de otro Estado. En el caso de Gaza, este otro informe del Banco Mundial (a febrero del 2025), estimaba los daños causados por Israel a 53.000 millones de US$ y se espera una actualización de los datos a febrero del 2026 ya que los bombardeos sobre Gaza no han cesado desde febrero del 2025.
En 1986, luego de una ejemplar batalla legal en La Haya, Nicaragua obtuvo una histórica sentencia de la justicia internacional, condenando a Estados Unidos por adiestrar, financiar y asesorar a fuerzas contrainsurgentes en su contra (véase sentencia de la CIJ del 26 de junio de 1986, en particular el párrafo dispositivo final 292), con una etapa sobre reparaciones posterior que Nicaragua no continúo, pudiendo hacerlo (Nota 2). La relectura del fallo de la CIJ del 27 de junio de 1986 permite revisar, 40 años después, las diversas tentativas de los asesores legales norteamericanos buscando evitar a toda costa que la justicia internacional de La Haya no conociera de este asunto: todas sus maniobras, algunas tan creativas como fantasiosas e ilusas, fracasaron de manera estrepitosa ante el juez internacional.
Es de notar que ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el delegado de Estados Unidos no encontró nada mejor que … sostener que Estados Unidos actuó el 28 de febrero en legítima defensa, invocando el Artículo 51 de la Carta de Naciones (véase texto de intervención): a 23 días de iniciada esta agresión, se sigue esperando de Estados Unidos que aporte pruebas sobre la «amenaza inminente» a la que refirió su delegado ante los demás 14 integrantes del Consejo de Seguridad.
Al respecto, merece lectura la intervención del delegado de China durante la misma sesión urgente del Consejo de Seguridad, celebrada el mismo 28 de febrero por la noche en Nueva York (véase texto intregral).
Contrario a una opinión generalizada, Irán sí ha hecho uso de los recursos legales existentes a disposición de un Estado víctima de otro Estado en el pasado: cabe recordar que de los 21 casos inscritos ante la justicia internacional de La Haya, tres asuntos distintos se relacionan a tres demandas de Irán contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), tal y como se puede revisar en el listado oficial de casos pendientes de resolución. En el año 2003, luego de una ardua y larga batalla legal, la CIJ condenó a Estados Unidos en una sentencia en el marco de una demanda presentada por Irán por bombardeos de Estados Unidos a sus instalaciones petroleras realizados en 1987 y en 1988 (véase texto, en particular párrafo operativo 125).
Estados Unidos e Israel: una dupla a toda prueba
De manera a relacionar lo ocurrido desde el 28 de febrero del 2025 con el contexto propio de las relaciones entre Israel y Estados Unidos, no resulta de más recordar que el actual mandatario norteamericano confía ciegamente en las informaciones con las que le provee Israel.
En efecto, como bien se recordará, durante su primer mandato, optó el 8 de mayo del 2018 por retirar a Estados Unidos del denominado «pacto nuclear» sellado en julio del 2015 entre Irán y la comunidad internacional, luego de casi 20 años de intensas negociaciones.
Esta decisión unilateral de Estados Unidos se basó en «informes de inteligencia» de Israel sobre el programa iraní, dadas a conocer a finales del mes de abril del 2018 (véase artículo de prensa del New York Times). Las conclusiones a las que llegó Estados Unidos fueron formal y categóricamente desmentidas por la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) de Naciones Unidas, al sostener que Irán sí estaba cumpliendo a cabalidad con todo lo pactado en el 2015 con la comunidad internacional, tal y como tuvimos la oportunidad de plantearlo en una nota nuestra titulada precisamente:
«¿Informantes malinformados? OIEA desmiente a Estados Unidos: Irán sí cumple con obligaciones pactadas en materia nuclear» (Nota 3).
Retirarse de un acuerdo nuclear pactado entre Irán y la comunidad internacional en julio del 2015 con base en información de inteligencia proporcionada por Israel, es lo que el actual mandatario norteamericano no dudó en hacer en el 2018, y ello pese al carácter falaz de la información proporcionada por Israel.
Una amenaza pasada reiterada… hecha realidad
A modo de respuesta a este ataque inicial de Estados Unidos y de Israel, Irán ha materializado desde el mismo 28 de febrero una amenaza hecha en su momento: una respuesta militar de su parte con un alcance regional, abarcando no solamente a Israel sino a todos los Estados de la región en los cuales se encuentra una base militar norteamericana (Arabia Saudita, Bahréin, Catar, Emiratos Arabes Unidos, Irak, Kuwait, Jordania y Omán).
Las embajadas de Estados Unidos en la región, sus naves, sus empresas, sus turistas o simples nacionales de igual manera pueden verse convertidos en blancos militares a partir del 28 de febrero y puede resultar bastante aventurado y presumido pretender estar en capacidad de proteger puntos tan dispersos, de posibles ataques por parte de Irán. Ello sin contar con actos violentos que se puedan dar contra legaciones diplomáticas de Israel y de Estados Unidos y contra sus empresas o grupos de turistas en muchas otras partes del mundo por parte de individuos, grupos organizados y/o colectivos radicales dispuestos a «vengar» a Irán.
El observar si las capacidades militares iraníes lograron penetrar en el suelo de Israel y en diversos otros puntos permite determinar si los decisores en Estados Unidos e Israel ponderaron y balancearon de manera correcta (o incorrecta …) los enormes riesgos que conllevaba su agresión militar inicial contra Irán. De igual manera, la amenaza de bloquear el flujo de carga naviera que pasa frente a las costas de Irán imposibilitando el paso por el estrecho de Ormuz es otra amenaza hecha en su momento por Irán, en caso de iniciar Estados Unidos hostilidades en su contra. Desde 1973, el estrecho de Ormutz cuenta con un texto (véase documento) de la Organización Marítima Mundial en el que se precisan las atribuciones y los derechos de Irán sobre este estrecho marítimo, de vital importancia para la zona. El aumento significativo del precio del baril del petroleo en estos 21 días de confrontación indica que Irán ha logrado poner a ejecución su amenaza, abriéndose así una espiral inflacionaria en todo el mundo que afectará a todas las economías del planeta.
Cráter causado por un misil iraní en Tel Aviv. Foto extraía de artículo de prensa publicado en Israel por el medio digital Magazine+972 y titulado » ‘Our coverage is note thruthful’: How Israel is censoring reporting o the war», edición del 13 de marzo del 2026
Ya en el mes de junio del 2025, tuvimos la oportunidad de analizar desde la perspectiva jurídica, la total ilegalidad de los bombardeos realizados por Israel y Estados Unidos en Irán, durante 12 días. Dicho sea de paso, en aquel episodio, varios misiles y drones enviados por Irán en respuesta a este ataque lograron burlar los sistemas de defensa de Israel pese a las «seguridades» dadas por algunos altos jefes militares en Israel: véase al respecto nuestra nota titulada «Irán / Israel: algunas reflexiones desde la perspectiva del derecho internacional público», del 28 de junio del 2025. En aquella oportunidad, tampoco analistas encontraron una «inminente amenaza» para Estados Unidos o Israel, concluyendo que la decisión de atacar a Irán resultó de un sencillo cálculo político (véase artículo publicado en The Guardian el 23 de junio del 2025).
En cuanto a los Estados que aceptaron (bajo fuerte presión de Estados Unidos) normalizar sus relaciones con Israel en septiembre del 2020 mediante los denominados «Acuerdos de Abraham» a un alto costo político como Bahréin y Emiratos Árabes Unidos, pueden observar la verdadera burla a su seguridad que les ha significado estos acuerdos, ante la incapacidad de Israel y de Estados Unidos de protegerlos y resguardarlos de los ataques de Irán.
Drones: la nueva componenda militar en conflictos bélicos
En las más recientes confrontaciones entre dos Estados, el recurso a drones militares de cierto alcance (pero incluso drones comerciales de muy bajo costo) permite ahora al ejército de un Estado ya sea:
– burlar de manera relativamente sencilla los sistemas de defensa de otro Estado (pensados para interceptar misiles, y no drones), ya sea;
– saturar el espacio con drones y misiles de poca carga y desgastar los sistemas de defensa antimisiles, para luego, agotados los sistemas antimisiles, enviar misiles y drones con cargas mucho mayores en determinados puntos considerados estratégicos.
Con respecto al uso de los drones, resulta más que sorprendente para muchos observadores militares que Estados Unidos no haya incorporado como variable la experiencia militar de Ucrania desde el 2022, al recibir una multitud de drones rusos que burlan una y otra vez, de manera bastante sencilla, los sistemas de defensa antimisil de Ucrania más sofisticados proporcionados por Estados Unidos y por Europa. No se sabe si Estados Unidos e Israel han tomado en consideración el hecho que Irán también está dotado de drones marinos que burlan la vigilancia de los radares y de otros modernos sistemas de detección, y que han causado, en el caso de su uso por parte de Ucrania, daños significativos a la marina rusa en el Mar Negro.
Estados Unidos e Israel: una urgente necesidad de desplazar la atención
No está de más indicar que esta aventurada operación militar conjunta de Estados Unidos y de Israel y la previsible respuesta de Irán permite a ambos Estados y a sus dos máximos dirigentes, desviar totalmente la atención mediática internacional y la de la comunidad internacional en su conjunto.
En el caso norteamericano, tanto el escándalo por los denominados «Epstein files» como la verdadera humillación sufrida el pasado 20 de febrero por el actual ocupante de la Casa Blanca ante el mundo y ante su propia opinión (al declarar la Corte Suprema totalmente ilegales los aranceles decididos de manera arbitraria al iniciar su gestión), han pasado a un segundo plano desde el 28 de febrero, lo cual resulta sumamente útil de cara a la contienda electoral del los «midterms» en Estados Unidos. No obstante, desde el punto de vista electoral, el apoyo popular (incluso dentro de su propio partido) a esta nueva aventura militar de Estados Unidos en Oriente Medio no parecería darse para el actual ocurrente ocupante de la Casa Blanca, luego de 23 días de intensa confrontación con Irán, y con las primeras personas muertas y heridas (tanto en Israel como en las filas del mismo ejército norteamericano). Esta nueva y costosa aventura militar, cuyos objetivos son inciertos, es incluso contraria a una promesa firme hecha y reiterada como candidato presidencial a sus correligionarios por parte del actual ocupante de la Casa Blanca. En cuanto a los efectos inflacionarios de una nueva crisis petrolera, es probable que genere un profundo descontento en el electorado norteamericano si logra impactar directamente a la economía norteamericana.
En el caso de Israel, esta operación militar conjunta con Estados Unidos permite a Israel desviar toda la atención del mundo:
– del drama indecible al que somete a la población civil palestina y al genocidio en curso en Gaza, presentido con gran anticipación por parte de Sudáfrica en diciembre del 2023 al presentar su demanda contra Israel ante la justicia internacional de La Haya (véase texto), confirmado en julio del 2024 por la Relatora de Naciones Unidas Francesca Albanese en su informe titulado «Anatomía de un genocidio«, y reconfirmado por tres expertos investigadores designados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su informe A/HRC/60/CRP.3 de septiembre del 2025 (Nota 4), así como;
– de la colonización a marcha forzada muy intensa que lleva a cabo en otro territorio palestino ocupado, Cisjordania, la cual fue objeto de un reciente comunicado de varios Estados condenandola de manera vehemente (véasecomunicado del 23 de febrero colgado por la diplomacia de España). Nuestros estimables lectores costarricenses podrán revisar este otro texto conjunto suscrito por más de 100 Estados condenando el accionar de Israel en Cisjordania, entre los cuales no aparece Costa Rica, como tampoco Argentina, Bolivia, Ecuador, Haití, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Panamá ni Perú. Este informe de Naciones Unidas del 17 de marzo del 2026 viene a confirmar cómo Israel ha acelerado la colonización y la destrucción de viviendas palestinas en Jerusalén Oriental y en Cisjordania.
El hecho de posponer nuevamente una investigación independiente en Israel sobre las responsabilidades del actual pimer ministro y sus jefes militares al permitir el ataque del Hamás del 7 de octubre del 2023, teniendo información de sus servicios de inteligencia sobre los planes del Hamás que fue archivada (véase artículo del New York Times del 2 de diciembre del 2023), es otro aspecto muy positivo para el actual primer ministro israelí.
Es de notar que el pasado 4 de marzo, el denominado Grupo de La Haya, liderado por Colombia y Sudáfrica convocó a una reunión urgente con 35 Estados que han dicho presente, para considerar nuevas acciones de cara al genocidio en curso en Gaza (véase nota de prensa).
Resulta oportuno señalar que al finalizar el mes de febrero, la Universidad de Costa Rica (UCR) anunció el otorgamiento de su máxima distinción académica a la Relatora de Naciones Unidas para los Derechos del Pueblo Palestino, la jurista italiana Francesca Albanese (véase anuncio oficial de la UCR): un apoyo a su valentía y a su labor que bien podría replicarse en otros recintos universitarios, y ello pese a la intensa campaña en su contra orquestada desde Estados Unidos e Israel y desde sus círculos afines (Nota 5).
Es de notar que en su informe más reciente (documento A/HRC/61/71, titulado «Torture and genocide«), se lee en las conclusiones de la Relatora de Naciones Unidas para los Derechos del Pueblo Palestino que:
«82. Since October 2023, the systematic torture of Palestinians has become an integral component of Israel’s settler-colonial genocide, functioning as an instrument of annihilatory violence directed at the Palestinians as a people. When torture is perpetrated across an entire territory, against a population as such and sustained through policies that destroy the conditions of life, the genocidal intent is apparent.
83.This report merely scratches the surface. It situates torture within a broader framework of both custodial and non custodial policies and practices, in which the infliction of collective long-term harm reflects a concerted effort to control and erase a people: by destroying basic conditions of life, breaking social bonds and collective resistance, and ultimately forcing Palestinians from their land to replace them with settlers«.
Este informe fue presentado en Ginebra este 23 de marzo (véase comunicado oficial de Naciones Unidas).
Siempre con relación al territorio palestino ocupado, esta vez Jerusalén Oriental, el pasado 6 de marzo del 2026, varios expertos de Naciones Unidas hicieron un vehemente llamado a Israel a cesar sus acciones tendientes a forzar familias palestinas a abandonar esta parte de la Ciudad Santa (véase texto) en el que se lee que:
“What is being done to this world symbol of spiritual coexistence and shared heritage is irreversible.” In occupied East Jerusalem, extrajudicial killings, large-scale demolitions and forced displacement have escalated. Checkpoints and closures are severing the city from its Palestinian hinterland, isolating communities from their social, cultural, economic and religious life and undermining their rights to self-determination and development. Punitive policing and systematic interference with freedom of worship are designed to coerce Palestinians to leave«.
La demanda contra Israel por genocidio en Gaza: recientes solicitudes de intervención
Con respecto a la demanda contra Israel por genocidio en Gaza interpuesta por Sudáfrica el 30 de diciembre del 2023, el pasado 11 de marzo del 2026 fueron Países Bajos e Islandia los que se sumaron a la demanda sudafricana, con una solicitud de intervención al juez internacional en la que ambos Estados, de manera separada, buscan incorporar a la noción de genocidio plasmada en 1948 el desplazamiento forzado, el ensañamiento contra la niñez palestina y la privación sostenida de la ayuda humanitaria a la que Israel sigue sometiendo a la población en Gaza (Nota 6).
Estos dos Estados fueron precedidos por solicitudes similares por parte de Bélgica (diciembre el 2025), Comoros (octubre del 2025), Brasil (septiembre del 2025), Belize (enero del 2025), Cuba (enero del 2025) e Irlanda (enero del 2025), Bolivia (octubre del 2024), Islas Maldivas (octubre del 2024), Chile (septiembre del 2024), Turquía (agosto del 2024), España (junio del 2024), Palestina (mayo del 2024), México (mayo del 2024), Libia (mayo del 2024), y Colombia (abril del 2024).
Resulta oportuno indicar que los aliados de Israel presentaron el 12 de marzo del 2026 sus respectivas solicitudes de intervención en apoyo a las tesis jurídicas de Israel, con la presentación de una solicitud por parte de Estados Unidos que sostiene que son infundadas las acusaciones de genocidio en Gaza, por parte de Hungría (presentada también el 12 de marzo – véase texto) y por parte de Islas Fidji (véase texto): esta perfecta sincronización de apoyos a Israel ante el juez internacional de La Haya en este mes de marzo del 2026 debe obedecer a algo que se nos escapa: agradeceríamos desde ya el concurso de eminentes especialistas para entender a qué podrá responder tan repentina y coordinada maniobra conjunta (pueden para ello escribirnos a cursodicr(a)gmail.com y se garantiza total confidencialidad si así fuese requerida).
Es de indicar que en Chile, la fundación Hind Rajab ha logrado recientemente activar la justicia contra un soldado israelí con cargos por genocidio y crímenes de guerra (véase nota), así como contra otros tres soldados israelíes ante esta vez la justicia de Brasil (véase nota). Desde Bélgica, la Fundación Hind Rajab (del nombre de una niña palestina de 5 años asesinada por Israel en Gaza en enero del 2024 – véase enlace) rastrea a diversos responsables de crímenes de guerra en Gaza que salen a viajar por el mundo como turistas. En este enlace de la misma fundación aparece la cadena de mando israelí responsable de la muerte de 5 periodistas de la agencia de noticias catarí Al Jazeera acaecida en agosto del 2025. Por el momento, no se ha sabido de acciones legales iniciadas en Costa Rica contra integrantes del ejército israelí por crímenes de guerra cometidos en Gaza y que pasean por sus playas.
También es de notar que recientemente la justicia francesa solicitó órdenes contra dos ciudadanos israelíes que cuentan con un pasaporte galo, por bloquear la entrada de la ayuda humanitaria a Gaza, bajo el cargo de «complicidad por genocidio» (véase nota de Liberation del 4 de febrero del 2026): dicho sea de paso, se trata de una demanda ante tribunales nacionales que debiera interesar a organizaciones y a jurisdicciones de otros Estados cuya nacionalidad poseen personas muy activas en Israel para bloquear a toda costa la entrada de la ayuda humanitaria a Gaza.
Toma de la ciudad de Meybod en Irán, extraída de artículo de prensa sobre destinos turísticos recomendados por la revista National Geographic para el 2016, en el que aparece – ver artículo – Irán como primer destino recomendado, seguido luego por Costa Rica.
Un panorama cargado de incertidumbres
Este ataque de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero ha iniciado un período cargado de incertidumbres y de dudas, así como de interrogantes, en el que al parecer, algunos pocos decisores en Estados Unidos e Israel evaluaron de manera poco precisa la capacidad de respuesta militar de Irán.
Investigaciones periodísticas futuras deberían poder dar a conocer advertencias internas de altos mandos militares archivadas por la Casa Blanca. De no aparecer estas advertencias en lo interno del aparato militar norteamericano, se plantearán dudas razonables sobre la capacidad de lectura y de anticipación a partir de datos de inteligencia del mismo ejército norteamericano.
Resulta oportuno señalar que las advertencias a Estados Unidos de no enfrentarse a Irán provinieron de los Estados árabes de la zona, semanas antes del 28 de febrero del 2026. En esta nota de prensa publicada en India el 3 de marzo del 2026, se hace ver la profunda frustración de varios Estados árabes con Estados Unidos, al exponerlos de manera irresponsable a los misiles y a los drones de Irán, lo cual puede poner en tela de duda parte de los diversos acuerdos suscritos con el actual ocupante de la Casa Blanca durante su gira en Oriente Medio en el 2025.
Los daños causados en 23 días de confrontación exhiben ahora la gran vulnerabilidad de algunos de estos Estados árabes, dotados de costosos sistemas de defensa de fabricación norteamericana que no logran interceptar siempre los misiles y drones iraníes. El hecho que ahora estos Estados no puedan exportar su petróleo debido al bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán y el hecho que Irán, en respuesta a ataques de Israel sobre sus plantas de petróleo, ha decidido emprenderla también contra plantas de petróleo en algunos de estos Estados, son dos aspectos que confirman la extrema vulnerabilidad de estos Estados árabes. Asistir impotentes a la destrucción diaria de parte de su valiosa infraestructura ligada al petróleo es la dura realidad que viven estos Estados árabes, que han advertido una y otra vez durante estos 23 días que no quieren verse involucrados ni entrar en confrontación militar directa con Irán. Una reconocida experta gala sobre Oriente Medio recordaba que frente a los 93 millones de habitantes con los que cuenta Irán, Emiratos Árabes Unidos tiene una población de un millón de emiratíes, el resto de la población no siendo emiratí (véase programa, mn 28:30).
En respuesta a un daño muy similar sufrido en su territorio, Irán bombardeó una planta de desalinización del agua de mar en Bahréin (véasenota de Al Jazeera): se trata de un recurso vital para todo un Estado y su población en una zona desértica, y que plantea ahora muy serias interrogantes en Bahréin. En la mira están ahora las plantas de desalinización de Emiratos Árabes Unidos, que suplen el 80% del agua que se consume en este Estado.
En respuesta a un daño a varias de sus entidades bancarias en su territorio, Irán ha advertido el pasado 11 de marzo que los bancos en varios Estados del Golfo serán también considerados blancos militares (véase nota de Al Jazeera).
En este comunicado del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas del 10 de marzo del 2026, se advierte del impacto que puede tener el atacar infraestructura pública relacionada al agua en esta región del mundo, en clara violación a las reglas más elementales del derecho internacional humanitario:
“Under the laws of war, civilians and civilian infrastructure must be protected at all costs. All parties are bound by these rules, and must be held to account if they do not.”
“The world is watching.”
In Iran, a water desalination plant and fuel facilities were hit over the weekend, with oil spilling into the streets and fires igniting along roadside drainage lines. On Qeshm Island in Hormozgan Province, an attack on a water desalination plant reportedly disrupted water access for at least 30 villages.
Following the attacks, Iran’s Red Crescent Society warned that the rainfall in the country could be «highly dangerous and acidic» and could cause chemical burns and serious lung damage.
“I am deeply worried about the health and environmental consequences people will suffer as a result of these oil fires, including acid rain contamination,” Türk said.
“The foreseeable impacts on civilians and the environment of these strikes raise serious questions as to compliance of these attacks with the requirements of international humanitarian law of proportionality and precaution. This warrants careful legal scrutiny.”
Attacks across the region have also caused civilian casualties and affected civilian infrastructure. This includes a desalination plant in Bahrain, which provides crucial access to water for many».
De igual manera, en respuesta a un ataque a sus principales instalaciones de gas licuado, Irán respondió al ataque con bombardeos a la principal planta de gas licuado de Qatar (véase nota de Al Jazeera del 19 de marzo).
Este 21 de marzo, en respuesta a un ataque a su sitio nuclear en Natanz realizado la víspera, Irán atacó las instalaciones nucleares de Dimona en Israel (véase nota de Al Jazerra y video de la misma agencia de noticias catarí detallando los daños ocasionados). Un dato que bien conocen los especialistas en derecho internacional público – pero que se difunde muy poco – es que Israel no es Estado Parte al Tratado de No Proliferación (TNP) de 1970 mientras que Irán si lo es, habiendo aceptado en el pasado misiones de verificación en sus centrales nucleares por parte de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (véase estado oficial de firmas y ratificaciones del TNP). Al ser supuestamente Dimona una de las ciudades de Israel mejor protegidas en razón de las instalaciones nucleares que posee, preguntas muy válidas se han hecho ver en la misma Israel (véase emisión de la DW alemana al respecto).
Como se puede observar, a 23 días de iniciado el ataque en su contra por parte de Estados Unidos e Israel, Irán sigue respondiendo de manera gradual y bastante precisa a los ataques que sufre, lo cual evidencia una capacidad de respuesta militar notable, y una total coordinación existente en el seno de sus fuerzas de seguridad (confirmándose de paso, la poca capacidad de anticipación de Estados Unidos y de Israel al atacar a Irán).
Por otra parte, este editorial del New York Times advertía de manera tempranera de lo riesgoso y costoso que podría significarle a Estados Unidos esta nueva aventura militar improvisada por el actual ocupante de la Casa Blanca.
Una pequeña digresión sobre la lógica imperial de Estados Unidos desde la instalación del nuevo ocupante de la Casa Blanca en enero del 2025
El nuevo ocupante de la Casa Blanca se ha esmerado desde su llegada en amenazar y manifestar sus pretensiones sobre Canadá, Cuba, el canal de Panamá, Groenlandia o Venezuela, como si estuviera gobernando los destinos de Estados Unidos en pleno siglo XIX. Raramente se habrá observado a un mandatario en el ejercicio de sus funciones gozando de sus plenas facultades, y recurriendo a la narrativa y a la lógica de los emperadores de antaño.
En el caso más reciente de Groenlandia (diciembre 2025-enero del 2026), se pudo observar un espectáculo raramente visto en la Casa Blanca, con pretensiones ocurrentes totalmente desapegadas de la realidad y del derecho internacional por parte de su errático ocupante que sus aliados europeos debieron hacerle ver (Nota 7).
Su lema «La Paz por la Fuerza» (véase enlace oficial) se encuentra a contrapelo de toda la evolución de la comunidad internacional desde 1945, tendiente a reemplazar progresivamente mediante normas, regulaciones, instituciones y jurisdicciones internacionales, el «derecho a la fuerza» por «la fuerza del derecho«.
Este lema de «La Paz por la Fuerza» recuerda la denominada «diplomacia de la cañonera» tan de voga en el siglo XIX y en los primeros decenios del siglo XX por parte de las potencias de aquellas épocas, y que bien conocen los historiadores, en particular los que han analizado la historia de América Latina o bien la de Asia.
Si bien en el siglo XIX era bastante usual ver a Estados intercambiar a cambio de algún tipo de pago la cesión de un territorio mediante un tratado, recurriendo a la fuerza si fuese necesario, o bien adquirir mediante el uso de la fuerza territorios de otros Estados sin pago alguno, desde 1945 tres obstáculos mayores frenan este tipo de pretensiones y de apetitos: el principio de prohibición del uso de la fuerza en las relaciones entre dos Estados, el principio de respeto a la integridad territorial de un Estado, asi como el principio de libre determinación de los pueblos, plasmados en la Carta de Naciones Unidas desde 1945.
Con relación al hemisferio americano, podemos indicar que la compra de Alaska por parte de Estados Unidos al Imperio de Rusia en 1867 es, a modo de ejemplo, algo que no se puede hacer desde 1945, en virtud del.principio de libre determinación de los pueblos. Por su parte, el tratado Torrijos-Carter de 1977 entre Estados Unidos y Panamá vino a reajustar los términos del tratado leonino suscrito en 1903, obteniendo Panamá en 1977 la retrocesión y el pleno control del Canal de Panamá, a partir del 31 de diciembre de 1999.
Otro tratado con disposiciones leoninas a favor de Estados Unidos lo es el tratado de 1848 Guadalupe Hidalgo (véase texto integral) que puso fin a la guerra entre Estados Unidos y México, obligando México a ceder gran parte de su territorio ilustra de igual forma lo observado en el siglo XIX y en los inicios del siglo XX. Se lee en esta publicacion mejicana que:
«Mediante el Tratado Guadalupe Hidalgo México le entregó a Estados Unidos cerca de 2,300,000 kilómetros cuadrados, lo equivalente a las superficies de España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Portugal, Suiza, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Hungría y Croacia. A cambio, México recibió 15,000,000 de dólares. El territorio cedido es el que hoy comprende los estados de California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada, Utah y parte de Colorado y Wyoming, una zona extensa que había sido mal gobernada y descuidada desde tiempos de la Nueva España«.
Desde 1945, este tipo de acuerdos entre Estados suscritos bajo amenaza resulta cuestionable desde la perspectiva legal. Precisamente, con respecto a las pretensiones recientes expresadas por el mandatario de Estados Unidos sobre Groenlandia, en este comunicado conjunto de varios expertos en derechos humanos de Naciones Unidas, difundido el 14 de enero del 2026, se lee que:
«Such statements risk eroding fundamental principles of the UN Charter, including the prohibition of the use of force, respect for territorial integrity and the political independence of all States. These statements are inconsistent with international human rights law and the right to self-determination«.
En el caso de América Latina, en el año 2015 habíamos tenido la oportunidad de analizar, gracias a la CELAC (Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe), el caso muy específico de la base militar de Guantánamo que «alquila» Estados Unidos a Cuba desde la firma de un tratado bilateral suscrito en 1903, y reconducido en 1934, que Cuba considera nulo desde el punto de vista legal desde 1960 (Nota 8)
A modo de conclusión
Más allá de la aparente confusión existente en la mente del actual ocupante de la Casa Blanca sobre los límites que impone el ordenamiento jurídico internacional, en este mes de febrero del 2026, los decisores en Washingthon y en Tel-Aviv obviaron también, al parecer, las lecciones aprendidas bastante evidentes en Irak (2003), Afganistán (2002), o Libia (2011): las intervenciones militares externas logran a veces decapitar a un régimen y derrocarlo, pero lejos de estabilizar la situación en un Estado, provocan un caos tal y una radicalización extrema de ciertos sectores políticos tal, que hacen imposible un consenso nacional dentro de los Estados víctimas de este tipo de intervenciones.
Cabe recordar que en el caso de la agresión militar sufrida por Irak en el 2003, y el caos total que siguió, Estados Unidos había invocado una legítima defensa denominada «preventiva«: un concepto legal inexistente en la Carta de Naciones Unidas.
Desde el punto de vista de los derechos humanos, el comunicado oficial del mismo Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en persona (véase texto completo), alerta sobre el siguiente punto:
«I have already warned that failing to do so risks an even wider conflict, that will inevitably lead to further senseless civilian deaths and destruction on a potentially unimaginable scale, not just in Iran but across the Middle East region«.
Para concluir estas reflexiones, podemos indicar que aventurarse a iniciar una guerra contra un Estado resulta siempre una decisión que se toma luego de ponderar detenidamente los riesgos que una confrontación militar implica: en el caso del ocurrente ocupante de la Casa Blanca, todo pareciera indicar que esta ponderación del riesgo se hizo de manera bastante aproximativa, a partir de información proporcionada por Israel, exponiendo de manera irresponsable a varios Estados árabes y a la economía mundial a sufrir las consecuencias.
– – Notas – –
Nota 1: En uno de los primeros bombardeos contra Irán, murieron 168 niñas al bombardear una escuela en la localidad de Minab: este comunicado de Amnistía Internacional exige sentar responsabilidades tanto en Estados Unidos como en Israel por lo que claramente califica como un crimen de guerra. En el caso de la ofensiva militar de Israel en el Líbano iniciada el 2 de marzo del 2026, se contabilizan ya a 118 niños libaneses los que han fallecido (véase nota de prensa del 21 de marzo).
Nota 2: Pese a esta victoria categórica e indiscutible de 1986 en La Haya de Nicaragua ante Estados Unidos, en septiembre de 1991, Nicaragua optó por retirar la demanda pendiente por daños y perjuicios y nunca, desde La Haya, se le pudo ordenar a Estados Unidos el pago de un monto indemnizatorio a Nicaragua, estimado en unos 17.000 millones de US$ (véase el comunicado de la CIJ del 27/09/1991).
Nota 3: Véase BOEGLIN N., «¿Informantes malinformados? OIEA desmiente a Estados Unidos: Irán sí cumple con obligaciones pactadas en materia nuclear«, 9 de mayo del 2018. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 4: En el último informe de Naciones Unidas (al 12 de febrero del 2026), sobre la realidad que se vive en Gaza desde el punto de vista humanitario, se detalla el nivel de violencia al que Israel sigue sometiendo a los habitantes de Gaza con bombardeos incesantes, destruyendo lo que queda de la poca infraestructura educativa existente. Se lee en particular, entre muchos otros aspectos, que:
«Over the past two weeks, strikes were reported on both sides of the “Yellow Line,” including in densely populated areas, heightening risks to civilians. Médecins Sans Frontières (MSF) reported that its teams across Gaza treated seven patients, including two children, injured in incidents attributed to Israeli attacks between 31 January and 2 February. On 5 February, Israeli forces reportedly demolished an UNRWA school that was the last remaining structure within a compound of six schools. Highlighting the extremely precarious situation for many children in Gaza, UNICEF noted that children continue to be affected by airstrikes and the disruption of essential services, with 37 children reported killed since the beginning of the year«.
Este informe puede ser completado con el anterior informe de Naciones Unidas (al 28 de enero del 2026), en el que se lee que:
«The MoH reported that since the ceasefire, 492 Palestinians have been killed, 1,356 injured, and 715 bodies retrieved from under the rubble«.
Nota 5: Estados Unidos, en el mes de julio del 2025, una reconocida ONG como Amnistía Internacional calificó de «vergonzosas» las sanciones tomadas por Estados Unidos contra, esta vez, ya no integrantes de la CPI, sino contra la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos del Pueblo Palestino, la jurista italiana Francesca Albanese (véase comunicado de prensa).Tuvimos la oportunidad de analizar su tercer informe sobre Gaza del mismo mes: remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota titulada «Gaza / Israel: reflexiones desde una Costa Rica omisa sobre reciente informe de Naciones Unidas detallando la responsabilidad directa de empresas privadas en el genocidio en curso en Gaza«. Desde entonces, las intensas presiones contra la labor de Francesca Albanese no han cesado: el 12 de febrero del 2026, un colectivo de juristas franceses presentó una demanda contra las autoridades francesas (véase comunicado del 12 de febrero) y emplazó al Secretario General de Naciones Unidas ante una condena por parte de Francia a la persona de Francesca Albanese (condena hecha con base en un montaje bastante burdo que al parecer no detectó el jefe de la diplomacia de Francia, lo cual plantea algunas interrogantes sobre la capacidad de lectura de este alto funcionario galo y la de su equipo de asesores): véase al respecto la carta del Presidente de la ONG francesa JURDI del 20 de febrero del 2026 con dos anexos que evidencian lo burdo de la maniobra.
Nota 6: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: Países Bajos e Islandia solicitan intervención en el marco la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza», 12 de marzo del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 7: En el caso de Groenlandia, las recientes amenazas proferidas por el actual ocupante de la Casa Blanca para adquirir este territorio que se encuentra bajo la jurisdicción de Dinamarca «por las buenas o por las malas» demostró su profundo desconocimiento de su parte de las reglas internacionales en la materia vigentes desde 1945. Por cierto, el pasado 22 de febrero del 2026, Groenlandia y Dinamarca, algo desconfiadas y precavidas, rechazaron la oferta de enviar un barco hospital a Groenlandia ofrecido por Estados Unidos (véase nota de The Guardian). Tuvimos la oportunidad de indicar en un breve análisis desde la perspectiva legal sobre este repentino apetito norteamericano por adquirir Groenlandia observado en estos primeros meses del 2026 (véase nota nuestra titulada «Groenlandia y Estados Unidos: aspectos desde la perspectiva jurídica internacional muy, pero muy, basicos …» ) que:
«no hay manera de sostener en este inicio del 2026 que Groenlandia está en venta o que puede ser adquirida. Sostenerlo es hacer un ridículo internacional, raramente observado por parte de un jefe de Estado en ejercicio gozando de sus plenas facultades«.
Nota 8: Véase nuestra nota BOEGLIN N., «La devolución de la base de Guantánamo: primeras consideraciones de la CELAC«, OPALC, Sciences-Po (Paris). Texto disponible en este enlace.
Comienzo por advertir lo que esta reflexión no es. No entraré en la difícil cuestión acerca de la verdad histórica de los hechos relatados por los evangelistas, incluida la polémica interminable sobre la existencia misma de Jesús de Nazaret. Con el debido respeto a las convicciones religiosas de cada quien, ésta tampoco es, ni por asomo, una disquisición teológica, que aborde la trascendencia religiosa o espiritual de los acontecimientos y sus personajes; ni pretendo, en este sentido, convencer a nadie de nada. Por último, no puede ser éste un ejercicio que juzgue las deficiencias de un procedimiento penal realizado hace más de dos mil años, con parámetros y criterios actuales.
Sólo he tomado los relatos adjudicados a Mateo (26-1/75 y 27-1/56); Marcos (14-1/72 y 15-1/47); Lucas (22-1/71; 23-1/56); y sobre todo Juan (1-19; 11-49/53; 18-1/40 y 19-1/42)[2], en su estricta literalidad, asumiendo las muchas diferencias, diversos énfasis y hasta abiertas contradicciones que hay entre sus distintas versiones acerca de lo sucedido hace veintiún siglos, tratando de quedarme con lo esencial de lo referido, aquello que pueda tener relevancia desde una perspectiva jurídico-procesal y política, tanto para el momento en que sucedieron los hechos, como para las enseñanzas que pudiéramos sacar aplicables a los tiempos actuales.
1. Tiempos turbulentos. El escenario geográfico-temporal de los acontecimientos es la Palestina del siglo I de nuestra Era. El Imperio Romano ha sometido ese territorio y ejerce una especie de tutelaje conforme las pautas acostumbradas por Roma: para los conflictos internos (entre judíos) tolerancia hacia su cultura, religión y respeto por sus leyes y autoridades; para conflictos externos, en todo lo que amenace el dominio imperial, brutal imposición y represión. Además, es tiempo de frecuentes rebeliones y movimientos sediciosos y revolucionarios que pretenden la liberación e independencia de los subyugados. Pero también hay servilismo y complicidad, sobre todo de las élites oligárquicas judías, que buscaban mantener su estatus y ventajas complaciendo los intereses de los dominadores.
Primera enseñanza que apuntar: las cosas no han cambiado mucho en esto de complacer a los poderes imperiales por parte de las oligarquías internas, que lucen por completo colonizadas para defender sus intereses y mantener sus privilegios.
2. La conspiración de los poderosos. Queda claro, desde un inicio, que las prédicas y actuaciones de Jesús el Galileo, han provocado escándalo e indignación en la mayoría de los miembros del Sanedrín, autoridad que concentraba el poder político y religioso del pueblo judío y que estaba integrado por sumos sacerdotes, escribas y ancianos notables. Es desde esta instancia que se genera la necesidad de acusar a Jesús, buscando sobre todo señalarlo como autor de blasfemia (por decirse Hijo de Dios, el Mesías esperado), delito que conllevaba la pena de muerte. Los relatos evangélicos apuntan a toda una conspiración para capturar al sospechoso, buscar la prueba inculpatoria y esperar al momento oportuno para justiciarlo, todo a la sombra de la noche y en lugar retirado, para evitar protestas o revueltas de la gente que lo apoyaba.
Segunda enseñanza para nuestros días: el poder constituido puede encontrar en el proceso –sobre todo penal- un instrumento para deshacerse de opositores incómodos. El “Lawfare” es tan antiguo como la Biblia.
3.La traición y el abandono del procesado. En las grandes causas judiciales no es infrecuente que la traición de gente cercana al procesado se haga patente. Con excepción de las mujeres, que aparecen acompañándolo y consolándolo siempre, en este caso se describe la entrega explícita, a cambio de unas monedas, por parte de Judas Iscariote; y se registra también el abandono de sus propios discípulos al momento de ser detenido Jesús, y la negación reiterada del principal de ellos, Pedro, que declaraba no conocerlo. Se define así una desolación del perseguido penal que lo lleva al inmovilismo, la incapacidad para defenderse, -no sólo por la explicación teológica de hacer que las profecías se cumplieran-, sino por la parálisis a que puede conducir el saberse gravemente acusado.
Tercera enseñanza para todos los tiempos: la defensa frente a la persecución penal es un derecho imprescindible, un acompañamiento necesario desde los primeros pasos del proceso, dado que el desequilibrio entre el sujeto señalado y el aparato persecutor es tremendamente desigual en la mayoría de los casos.
4. Un proceso que mezcla religión y política. A lo largo de los relatos del Evangelio, lo que inicia como un proceso judicial, poco a poco se convierte en un juicio político. Las acciones de Jesús que motivan su captura y juzgamiento, son principalmente: las prédicas sobre la urgencia de la conversión y liberación según su palabra (que llevan al cargo de que solivianta e instiga al pueblo); las radicales críticas contra escribas y fariseos (que atenta contra la autoridad constituida); la expulsión con violencia de los mercaderes del Templo; y la jactancia de poder destruir ese lugar sagrado para reconstruirlo en tres días (que afecta a la clase de los comerciantes y subvierte el orden público); su proclamación como “rey de los judíos” (que contradice los poderes políticos tanto el judío como el romano); la relativización de los rituales y tradiciones religiosas, privilegiando el testimonio de vida; y, como ya vimos, la principal prédica de que él era, en efecto, el Hijo de Dios, el Cristo que comparte su naturaleza con la del Padre, cuestión que enardecía a las autoridades judías por constituir la peor de las blasfemias por ellos concebible y por lo que merecía la pena de muerte.
Cuarta enseñanza para la posteridad: estamos frente a un proceso en el que se mezclaron razones morales o religiosas con las estrictamente legales o jurídica; riesgo en el que puede caer incluso el procedimiento penal contemporáneo. Además, el simple hecho de que se enuncie la eventual existencia de graves delitos, no alcanza, por sí solo, para comprobar su existencia y, menos aún, la culpabilidad efectiva del procesado. Este principio de separar lo religioso de lo político es extensivo al sano funcionamiento general de la democracia moderna, cuestión que como sabemos, está en seria crisis en nuestros días, dada la influencia y control de movimientos religiosos sobre instituciones y decisiones políticas.
5. Las formas de penalidad en juego. Si bien desde un primer momento lo que buscan los acusadores del Sanedrín es una condena por blasfemia e imponer la pena de muerte (por lapidación según la ley judía; por crucifixión según la romana), la situación política imperante impedía que fuera el propio Sanedrín el que la ejecutara, razón por la cual Pilatos entra en escena por ser la autoridad imperial que tenía “poder sobre vida o muerte” de un acusado. Es claro que los evangelistas han querido cargar la responsabilidad de este deicidio (el asesinato de Dios), antes que en las autoridades romanas, en el pueblo judío en general. Pero es también evidente para ellos que el propósito último de aplicar la pena capital, fue acompañado, a lo largo de este proceso, tanto en el momento de la detención, como en las comparecencias ante el Sanedrín, el pretor Pilatos y el gobernador Herodes, por una andanada de bofetadas, escupitajos, golpes, burlas y humillaciones hasta que por último, sobrevino el suplicio y la crucifixión.
Quinta enseñanza: tuvieron que transcurrir muchos siglos para que la humanidad comprendieran que acusar a alguien no significa que sea culpable; que el maltrato, tortura y humillación de los detenidos son prácticas inaceptables; que nadie está obligado a declarar contra sí mismo y que el silencio no puede interpretarse en su contra (es notable que Jesús en reiteradas ocasiones no responde a interrogatorios lo que es utilizado para inculparlo) y que, por último, se debe respetar la inocencia del procesado hasta que la autoridad judicial competente dicte lo contrario.
6. La cuestión probatoria. Parecen coincidir los relatos evangelistas en punto a que estamos delante de un procedimiento penal que invierte el orden natural de cualquier investigación judicial: primero se conspira y busca la pena a imponer, y luego se trata de construir los hechos y constituir la prueba que los respalde. En particular es evidente que los acusadores de Jesús anduvieron buscando testigos, aunque fueran falsos, para sostener la imputación. Como esto no lo lograron, fue mediante interrogatorios inducidos y capciosos al acusado, -ante el Sumo Sacerdote Caifás en primera instancia y luego ante Pilatos-, logrando que Jesús declare que en efecto él es “el Hijo de Dios”, confesión del delito que andaban buscando sus perseguidores y que los relevaba de procurar cualquier otra elemento probatorio.
Sexta lección para el futuro: en este punto se evidencia una práctica viciosa del proceso penal que llega hasta nuestros días: detener y acusar primero, y buscar las pruebas después. En la larga historia del derecho procesal penal, por otra parte, la confesión del acusado fue valorada como la “reina de las pruebas”. Este mecanismo para “probar” el delito endilgado, se convirtió en una obsesión de acusadores y jueces durante mucho tiempo, sobre todo porque la confesión se quiso obtener por cualquier medio, incluido el tormento o la tortura. Si el acusado aceptaba los cargos en su contra, todos podían respirar aliviados y la justicia se imponía con certeza. Hasta que Cesare Beccaria, en el siglo XVIII, se permitió señalar que la confesión mediante tortura sólo servía para absolver al culpable fuerte que podía resistir, y por el contrario, permitía condenar al inocente frágil o débil que cedía ante el dolor.
7. Las competencias y el lavado de manos. Otro tópico importante en este relato judicial es la cuestión de las competencias. A Jesús lo anduvieron de aquí para allá, unos –el Sanedrín- buscando la condenatoria más grave; otros –Pilatos- tratando de quitarse aquella braza de las manos, enviando al acusado ante Herodes, de nuevo ante el Sanedrín y finalmente lavándose las manos y entregando al acusado a sus perseguidores. Los sumos sacerdotes, escribas y ancianos del Sanedrín no podían permitir la usurpación de su hegemonía religiosa por parte de aquél predicador, -falso profeta-, según su criterio. Tienen claro que deben acabar con él mediante la pena de muerte, pero también saben que la ejecución de esta medida no puede ser llevada a cabo por propia mano en virtud de la naturaleza del castigo y de la competencia romana sobre esas decisiones. Por su parte, según los evangelistas, el pretor Pilatos, aunque no encuentra fundamento a las acusaciones contra Jesús y está convencido de su inocencia, termina cediendo ante el clamor de la muchedumbre (¡crucifícale!) y el argumento de que el César no va a ver con buenos ojos que se deje impune a quien cuestiona su poder político. Se produce entonces el gesto de lavado de manos para que sean otros los que asuman la responsabilidad de ese ajusticiamiento. Nótese que en ningún momento se pronunció una formal sentencia de muerte, sino sólo una entrega de facto del acusado a sus enemigos.
Sétima enseñanza: ha llegado hasta nuestros días la mala práctica de declarar incompetencias por parte de jueces que no quieren resolver el asunto caído en sus manos. En este expediente, además, lo que comienza como un proceso judicial, termina siendo un linchamiento político. La verdad, la justicia, los fundamentos de la acusación y la prueba que los respaldan, terminan sacrificados en el altar de las presiones sociales y el pragmatismo político. Esta es otra cuestión que llega intacta hasta nuestros días; sobre todo cuando la judicatura renuncia a su deber de objetividad, imparcialidad y verdad por intereses ideológicos o partidarios, para perjudicar a un ciudadano de oposición o crítico de los poderes vigentes.
8. El papel del “pueblo”: muchedumbre y manipulación. El pseudo-proceso contra Jesús conoce un momento decisivo cuando Pilatos, presionado por el Sanedrín, decide poner en práctica la costumbre de liberar a un delincuente para las fiestas de la Pascua. Acude a este mecanismo “democrático” para evitar reclamos, tanto internos como externos, y finalmente, para evadir responsabilidades por la muerte del acusado. Su posición es la del político pragmático y oportunista que procura conservar su autoridad a cualquier precio, aunque tenga que sacrificar la verdad y la justicia del caso, con tal de complacer el clamor de las mayorías y así conservar su poder. Los sumos sacerdotes, escribas y ancianos judíos, por su parte, convergen en el mismo objetivo: aprovechan el momento “democrático” para infiltrar, instigar y manipular a la muchedumbre convocada ante el Tribunal, cuestión que logran imponer cuando el Pretor romano les entrega a Jesús para ser crucificado.
Octava y última lección: los procesos democráticos, llámense elecciones, encuestas, sondeos, referendos, plebiscitos, etc., pueden convertirse en simples mecanismos irracionales de manipulación, cuando algunos tienen, coyunturalmente, los recursos económicos-políticos y propagandísticos suficientes para imponer sus particulares intereses.[3] Esos mismos procesos democráticos, debidamente institucionalizados y reglados, conducidos y controlados por autoridades objetivas y competentes, pueden en cambio culminar en la toma de decisiones conscientes e informadas, para el logro de una sana gestión pública, en orden al bien común y en las que las posiciones de la mayoría no impliquen el menoscabo de los derechos fundamentales de las minorías. No es posible, en consecuencia, dejar el juicio de culpabilidad o inocencia de una persona, en manos de una muchedumbre, por mayoritaria que sea. Existe en la práctica una utilización espuria de la democracia, así como una consolidación institucional de la misma según el manejo que se haga de ella. De igual manera, existen falsos demócratas, auténticos autócratas, que apelan a la supuesta voluntad del pueblo para destruir las instituciones; tanto como existen, por el contrario, verdaderos demócratas que, sin dejar de ser críticos con lo que anda mal en la democracia, proponen reformarla y corregirla para mejorarla y fortalecerla.
[1] Este artículo ha contado como bibliografía básica: Sagrebelsky, Gustavo; La crucifixión y la democracia; Editorial Ariel; Barcelona, 1996; así como: Schiavone, Aldo; Poncio Pilatro-Un enigma entre historia y memoria; editorial Trotta; Madrid, 2020; además: Piñero, Antonio; El Jesús Histórico-Otras aproximaciones; Editorial Trotta, Madrid, 2020.
[2]Biblia de Jerusalén; Editorial Española Desclée de Brouwer, S.A., Henao 6, Bilbao, 9; 1975.
[3] Recordemos, en Costa Rica, el tristemente célebre debate sobre el “SI” o el “No” en el referéndum sobre el TLC (octubre de 2007), con feroz campaña de promesas inalcanzables y memorando del miedo incluidos.
La extradición hacia Estados Unidos del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez no ha dejado indiferente a ningún costarricense. Al contrario, ha inspirado los más diversos sentimientos y opiniones y, sobre todo, nos ha dejado ver el alto nivel de corrupción que ese flagelo ha alcanzado en las diferentes esferas del Estado.
En lo personal, debo decir que desde el momento mismo en el que el nombre de Celso Gamboa comenzó a figurar en el ámbito nacional, hará unos quince o veinte años, no pude evitar que viniera a mi memoria ese mismo nombre pues me resultaba un tanto familiar. Y es que, dadas las investigaciones que he realizado como historiadora, el nombre de Celso Gamboa Rodríguez, abuelo de Gamboa Sánchez, me ha merecido gran respeto y reconocimiento. Veamos.
En momentos tan difíciles como fueron los días posteriores a la guerra civil de 1948, cuando se convocó a unas elecciones extraordinarias para integrar la Asamblea Constituyente que se encargaría de redactar una nueva Constitución, don Celso Gamboa Rodríguez jugó un papel muy respetable en la recuperación de la estabilidad de nuestro país.
Aquellas elecciones se realizaron en enero de 1949 y participaron dos partidos vencedores en la guerra civil, el “Partido Unión Nacional” dirigido por don Otilio Ulate y el “Partido Social Demócrata” dirigido por don Rodrigo Facio. Se sumaron también otros dos pequeños partidos, el” Partido Constitucionalista”, dirigido por don Celso Gamboa Rodríguez y el “Partido Confraternidad Nacional”.
A pesar de una correlación de fuerzas muy desfavorable para los sectores perdedores en la guerra civil, Gamboa Rodríguez estuvo dispuesto a conversar con algunos dirigentes vanguardistas y calderonistas y a comprometerse con la lucha para mantener en la nueva constitución el “Capítulo de las Garantías Sociales” y, con ellas, el “Código de Trabajo”.
Con ese compromiso, los calderonistas y los comunistas que pudieron votar en aquellas elecciones le dieron su apoyo a don Celso Gamboa Rodríguez, quien honró su palabra dando la lucha en el seno de la Asamblea Constituyente para evitar lo que la mayoría ulatista pretendía, a saber, eliminar las Garantías Sociales y el Código de Trabajo que tanto molestaba a la oligarquía costarricense.
De manera que, en el largo recorrido de nuestra legislación social, el nombre de don Celso Gamboa Rodríguez ha ocupado un honroso lugar. Por esa razón es doblemente dolorosa la ironía de la historia cuando hoy su nieto, Celso Gamboa Sánchez, debería ser procesado por sus presuntos delitos, a la luz de la Constitución Política que su abuelo contribuyó a cimentar.
Por supuesto, su extradición a Estados Unidos modifica sustancialmente todo ese panorama.
El viernes, 20 de marzo, extraditaron hacia Estados Unidos a los dos primeros costarricenses, Celso Gamboa y a Edwin López, acusados de narcotráfico, después de la reforma constitucional que levantó la norma que lo impedía, vigente hasta el año pasado.
Costa Rica dejó de ser un paraíso para el crimen organizado, dijo algún periódico, citando a políticos nacionales. Temprano ese día, en la prensa, se podía ver la foto de los dos en manos de los agentes de la DEA norteamericana, con sus uniformes anaranjados, listos para subirse al avión que los llevaría hacia Texas.
La foto no me dejó indiferente. Decía muchas cosas. Era, para mí, la foto del Estado costarricense abdicando de una de sus funciones básicas: la de administrar justicia. Lo hacía de una manera denigrante, entregando, en territorio nacional, a dos ciudadanos a una potencia extranjera. Una que –desde luego– no entrega a un ciudadano suyo –ni el más criminal– a ningún Estado extranjero. Tampoco entrega a criminales extranjeros que han encontrado asilo allá, a tribunales nacionales que los demandan. Los hay muchos y con grandes crímenes a sus espaldas. Ya veremos si con esa medida, se logrará algún avance de la justicia. Los antecedentes nos dicen que no.
Ya volveremos sobre el tema. Por ahora, quisiera destacar dos cosas, que este caso evidencia: una es el circo para las masas, el tipo de cobertura periodística, la explotación de la tragedia humana.
La otra es que, lejos de la aplicación de la justicia, la solicitud de extradición será una poderosa herramienta política aplicada según los intereses de Washington. ¿O alguien piensa que eso funciona, allá, de forma ajena a los intereses políticos?
Cualquier persona medianamente informada sabe que la extradición de nacionales tiene poca o ninguna repercusión en el combate al narcotráfico
Costa Rica dejó de ser un paraíso para el crimen organizado, decía un medio nacional, citando a políticos locales. Atribuía la frase a Óscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) en la Asamblea Legislativa. No dudo que tal personaje pueda decir algo así. Pero hay que pensar un poco. No es fácil, cuando estallan los petardos, cuando todo es circo y fiesta. No es fácil, ¡pero hay que intentarlo!
Lo primero es la afirmación de que Costa Rica “es un paraíso para el crimen organizado”. ¿Es así? Si es así, ¿a quién debemos responsabilizar por lo que tenga de cierto esa afirmación (que no lo tiene, desde mi punto de vista, de una forma tan generalizada)? ¿Nada que ver con su partido (que ha gobernado tantos años el país), con su fracción parlamentaria?
Cualquier persona medianamente informada sabe que la extradición de nacionales tiene poca –o ninguna– repercusión en el combate al narcotráfico. Sobre el tema, véase la situación de México o Colombia. O, de algún modo, la situación misma de Estados Unidos, principal mercado de la droga, del lavado de dinero, donde el crimen organizado se ha movido siempre con cierta comodidad. ¿O no?
El desarrollo y la implantación del crimen organizado en nuestros países –Estados Unidos incluido– tienen muchas razones. Pero un modelo de desarrollo cada vez más excluyente –en Costa Rica, basado en la implantación de zonas francas, cuyas consecuencias sobre el creciente desempleo, sobre todo de jóvenes, y sobre el déficit fiscal son bien conocidas, estimulado por la privatización de los servicios públicos– no es uno de los factores menos importantes. Un modelo que el país viene promoviendo desde hace más de 40 años, incluyendo el gobierno actual.
Así las cosas, la extradición de nacionales seguirá siendo un circo y una herramienta política en manos de Estados Unidos, pero no un instrumento eficaz de lucha contra el crimen organizado.
¿Se ha preguntado alguien, algún medio de prensa, por qué, si la extradición de nacionales es un instrumento tan importante para el logro de la justicia, ningún otro país ha mostrado interés en su aplicación? En realidad, es una medida con destinatario cierto: Washington. Aunque no falte quienes, aquí, alaban la medida como un instrumento de la “justicia internacional”. ¿Internacional? ¡No! De los intereses norteamericanos.
La irresponsabilidad, el no cumplir con la obligación de juzgar a los delincuentes.
La imagen de los dos costarricense en manos de los agentes de la DEA en el aeropuerto internacional de San José desnudó la renuncia de un Estado de cumplir con una de sus funciones básicas, como ya lo señalamos.
La extradición de nacionales acusados en Estados Unidos responde a intereses políticos, como quedó en evidencia con el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y con la anunciada investigación, por parte del FBI, contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Me parece que la de los costarricenses no está del todo alejada de esos intereses políticos. Celso Gamboa, como sabemos, tiene un alto perfil político en el país.
La reforma constitucional que permitió esa extradición fue aprobada el año pasado por unanimidad por la Asamblea Legislativa. Ni un solo diputado, hombre o mujer, dijo algo en contra.
Para mí, es un ejemplo de la falencia de un sistema político, de la pérdida del sentido de responsabilidad, de renuncia a un compromiso con lo nacional, una degradación que el gobierno de Rodrigo Chaves representa, expresada con cinismo en una declaración donde, esta semana, anunció la suspensión de relaciones diplomáticas con Cuba, hecha en el marco de las amenazas del gobierno norteamericano de que asumirá el control del gobierno de ese país.
No sorprende, en todo caso, la posición del gobierno y de la cancillería. No han dado muestras de independencia alguna en sus cuatro años, que se terminan ahora el 1 de mayo, ni han aportado nada a la necesaria reflexión sobre el lugar de América Latina en la reconfiguración del orden internacional que está actualmente en desarrollo.
Las consecuencias políticas
¿Cómo extrañarse entonces de que, en ese marco de renuncia de las atribuciones y capacidades del Estado, resurjan propuestas como la de dolarizar la economía, como ya hicieron en América Latina Panamá, Ecuador y El Salvador, aliados más cercanos de Washington?
Es la ruta trazada por una política neoliberal en la que las funciones del Estado de integración social, de respuesta a las necesidades de los que más lo necesitan, van perdiendo su carácter, para concentrarse en los intereses de una minoría.
Un modelo que, en Estados Unidos, ha concedido ventajas fiscales que han disparado la concentración de la riqueza, como nos recordaba un notable reportaje del NYT, publicado el pasado 9 de marzo. “El surgimiento de decenas de nuevos multimillonarios se produjo inmediatamente después de los recortes de impuestos de 2017 impulsados por Trump al comienzo de su primer mandato”, afirman. El resultado es que hoy el 1% más rico del país “controla 55,8 billones de dólares en activos, más que el PIB de Estados Unidos y China juntos”.
Creo que muchos de los que dispusieron la entrega de ciudadanos nacionales a la justicia norteamericana, los que sueñan con dolarizar la economía, no pueden imaginar destino más feliz que transformarnos en otra estrella de la bandera de los Estados Unidos. No puedo disociar la imagen de dos ciudadanos costarricenses (no diré una palabra sobre sus calidades), entregados a funcionarios de la DEA en territorio nacional, con ese desorden político en el país, con la vergonzosa unanimidad con que la medida se aprobó en la Asamblea Legislativa, con la necesidad de reivindicar las funciones de un Estado Nacional que promueva la indispensable solidaridad social, que asuma sus funciones indelegables, como la de juzgar a sus ciudadanos que deban ser juzgados, sin pretender hacernos creer que delegando esas funciones a otras naciones avanzará la justicia y avanzaremos nosotros, como nación. Será todo lo contrario.
Recién se plantea la necesidad de volver a reunir en una sola elección la escogencia de presidente, vicepresidentes, diputados y las autoridades municipales o cantonales.
Las elecciones cantonales se habían separado desde el año 1998, proceso que se enriqueció con reformas electorales posteriores en las cuales se introdujo el vicealcalde, y estas elecciones empezaron a realizarse dos años después de las nacionales.
El propósito fue darles un papel más relevante a las elecciones municipales, de manera que no se pusieran de furgón de cola de las nacionales. Igualmente, para que las comunidades pudieran poner más atención en sus gobiernos locales y fortalecer con ello la democracia nacional, el sufragio y la participación política ciudadana.
En la realidad esto no funciona de esa manera. Los partidos nacionales no fortalecen sus estructuras partidarias a nivel cantonal. Si los partidos políticos nacionales existen en la práctica solo para las elecciones nacionales, menos existen para impulsar organización provincial o cantonal.
En general, prácticamente, la totalidad de los partidos políticos nacionales carecen de figuras políticas representativas de sus partidos, que sean reconocidas en esa escala nacional. Presidentes y secretarios generales de los partidos políticos solo existen para la formalidad legal de la existencia de los partidos.
En Costa Rica no hay vida política partidaria, puesto que los partidos políticos y por ende sus dirigentes, no existen en la realidad, no están en la discusión de temas nacionales, políticos, económicos o sociales, por citar ejemplos. Los partidos políticos no se pronuncian sobre los principales problemas del país, ni hacen propuestas importantes sobre estos problemas o sobre la agenda política nacional, que es indefinible. Los periódicos no tienen a los partidos políticos, a sus dirigentes, como actores destacados de la vida política nacional.
Los diputados de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa generalmente hablan e intervienen a título personal. Aun cuando actúan como fracción representativa de un determinado partido político, excepcionalmente en sus discursos e intervenciones lo hacen a nombre de su partido, representando a su partido, destacando que lo que dicen es la posición de su partido político. Esto sucede también porque los diputados desde su elección forman casa aparte de su partido, no coordinan ni hablan como voceros parlamentarios de las direcciones políticas de sus partidos, porque estas direcciones, o comités políticos nacionales, en la realidad no desempeñan ningún papel, y los partidos con diputados terminan existiendo porque esos diputados existen. Y, sucede porque no hay disciplina partidaria de ejecutar o apoyas líneas de partido. En la próxima fracción parlamentaria de gobierno, Nogui Acosta, su futuro jefe, ha señalado esta necesidad con sus 31 diputados.
En la realidad los diputados “dirigen”, por su existencia y debates, a los partidos, que son como la cola de un animal dirigiendo a la cabeza de ese animal. La expresión más clara de esto son los mismos procesos electorales nacionales cuando partidos que tienen diputados se llevan enormes palizas como acaba de suceder con los partidos que están actualmente en la Asamblea Legislativa, como fueron el de Fabricio Alvarado, el de Eli Feinzaig o la misma Unidad Social Cristiana. Fabricio y Eli eran el partido mismo. Ni siquiera tenían ni tienen un local político del partido abierto. Sus locales eran sus oficinas en la Asamblea Legislativa. Así no se construyen partidos políticos.
La crisis de la Unidad Social Cristiana fue impactante para sus resultados. Sin dirección política ese partido, sin disciplina partidaria, sus diputados eran como una gatería callejera, era como arriar gatos por la avenida central, todo el mundo por su lado y algunos de sus diputados claramente identificados con el presidente Rodrigo Chaves, y hasta aspirantes presidenciales del presidente Chaves en ese partido.
Solo los diputados del Frente Amplio tienen más claro su papel partidario. Actúan disciplinadamente a nombre de su partido, aunque carezcan de una organización partidaria nacional que les impide tener una mayor representación parlamentaria. El éxito que tuvieron en esta elección se debió al excelente papel que ha tenido toda la fracción legislativa del Frente Amplio, que se ganó un legítimo reconocimiento nacional y a sus próximos diputados electos, que despertaban igual confianza, dos de ellos con experiencia parlamentaria, y los otros con muy buena formación para ese desempeño. Su débil nivel partidario organizativo lo muestran especialmente en las elecciones municipales que ha habido con participación de ellos en algunos de esos cantones.
Así las cosas, los partidos actuales con representación parlamentaria no tienen significado organizativo real en los cantones. Existen en el ideario colectivo nacional, político y electoral, en tanto existen en la Asamblea Legislativa. Su escenario principal es la Asamblea Legislativa.
Los diputados, que son electos por las provincias, tienen un carácter nacional, lo que permite que ciudadanos de una provincia, residentes en una ciudad o pueblo de una provincia, puedan ser candidatos a diputados por otra provincia, lo que evidencia la carencia de liderazgos reales provinciales y por ello también municipales o cantonales, y exhiben así las debilidades partidarias.
Siendo los diputados electos por el pueblo, solo el pueblo electoral que los eligió podría destituirlos. No hay otra manera. Por eso, cuando diputados disienten de los partidos, o de sus fracciones parlamentarias, y renuncian a ellas, no pueden ser despedidos por esos partidos que representan o por los que fueron electos. Este es un problema que enfrentan todos los partidos con los diputados que bajo sus banderas son electos y deciden hacer casa aparte, para llamarse “diputados independientes”. Es clara la amenaza o advertencia que ha hecho el presidente Chaves de “comprar” diputados de los otros partidos para lograr tener sus 38 votos legislativos.
Si no hay vida partidaria cantonal menos la hay a nivel provincial. Los niveles reales de elección son el nacional, que cubre a todo el país para la elección de presidente y vicepresidentes, y las municipales porque en ellas se eligen personas para constituir órganos de poder, el nacional y el municipal, para integrar el gobierno nacional y los gobiernos municipales, que son como pequeñas repúblicas.
Pues bien. La separación de las elecciones desde 1998 fue para fortalecer estas pequeñas repúblicas. Los alcaldes y los vicealcaldes son como el vicepresidente y los vicepresidentes y los consejos municipales son como el equivalente de la Asamblea Legislativa. Los alcaldes y vicealcaldes no tienen, como si lo tiene el presidente de la República, un consejo de ministros de rango municipal.
Si al presidente, a los vicepresidentes y a los ministros no se les permite actuar o identificarse en sus actos con el partido que los nominó para esos puestos, a los miembros de los Consejo Municipales no se les impide identificarse con los partidos que los eligieron. Tienen la posibilidad de actuar directamente como miembros de sus partidos como lo pueden hacer los diputados, que no tienen impedimento legal para actuar políticamente identificados con sus partidos.
A principios de este siglo fui invitado por el Partido Comunista de Portugal para asistir a su Congreso Nacional. Cuando llegué a Lisboa me sorprendió ver toda la capital embanderada con la Bandera Roja del Partido Comunista de Portugal, y mi sorpresa creció cuando entendí que el alcalde y el gobierno de la capital eran del Partido Comunista, y era natural y aceptable ver ese despliegue publicitario para el evento de la realización del Congreso del Partido.
Cuando recuerdo aquel evento pienso en qué sucedería, o qué tipo de escándalo se haría, si la municipalidad de un cantón y su alcalde embanderaran, en Costa Rica, una ciudad o un pueblo porque allí se va a realizar un congreso político del partido que gobierna mayoritariamente ese Cantón o Municipalidad.
Aquí, lo más probable, por el primitivismo político que vivimos, es que se provocaría un gran escándalo político y acusaciones de diverso tipo contra los integrantes de esa Alcaldía o Municipalidad. Para que esto se pueda aceptar se necesita cultura política, cultura ciudadana, cultura cívica, respeto por las actividades políticas de los partidos, pero sobre todo respeto por la democracia y la participación política.
La participación política, hoy pilar constitucional de nuestra democracia, es de papel, es simbólica, es solo para el texto constitucional. El referéndum y el plebiscito, claves de esta participación democrática, solo existen en la legislación como una expectativa de derecho político electoral. En la práctica chocan con el mismo Tribunal Supremo de Elecciones y con la misma Sala Constitucional, que no favorecen la convocatoria de estos instrumentos de poder político ciudadano.
Si la separación de las elecciones municipales de las nacionales fue para fortalecer los gobiernos locales, y no se ha logrado, es una falla institucional política y electoral. La culpa mayor la tienen los mismos partidos políticos. Si ambas elecciones se separaron fue para darle el realce que merece cada una de ellas.
Hoy se apunta que la separación debilitó las elecciones nacionales, y a los partidos grandes, por lo que deben reunirse nuevamente.
Las elecciones que acaban de pasar fue una gran lección política para los partidos tradicionales, para todos los que han electo diputados ahora y en el pasado, de derrota política de esos partidos. Derrota que no dependía del vínculo de ambas elecciones, si no del esfuerzo político que hay que realizar para construir partidos políticos estables, permanentes, nacionales, provinciales o cantonales, con vida política intensa.
Las elecciones que acaban de pasar las ganó “el chavismo político” que se manifestó como una corriente “de aliento”, “de aire fresco” frente a los restantes partidos políticos, frente a los partidos históricos que han gobernado y han tenido representaciones parlamentarias. No las ganó “literalmente” Laura Fernández, las ganó Rodrigo Chaves quien impulsó a Laura Fernández, quien lo representa y quien lo defiende en obra de gobierno y quien se compromete a continuar con sus políticas, y a luchar por reformar la Constitución para que él pueda seguir gobernando en el 2030. Si no se entiende esto, no se comprende el gobierno que viene, ni tampoco se ha valorado correctamente el momento político que vivimos. No es un problema de nuevos partidos o “partidos taxis”.
El Partido Pueblo Soberano es un nuevo partido. Se organizó para las pasados elecciones. No sé si va a desaparecer o no en los próximos meses.
Si Rodrigo Chaves en el próximo gobierno, o fuera de él, quiere volver a participar en la vida política, necesita crear un partido político o aprovechar el que llevó a Laura Fernández a la Presidencia. Tiene que convertirse en dirigente de ese partido o aprovechar el peso y proyección que tuvo en el territorio nacional para lograr el holgado triunfo que obtuvo. Que Laura Fernández diga que se retira de ese partido todavía no le pone la tarjeta de defunción. Ni tiene ninguna importancia que diga que se retiró, salvo que lo quiera meter en un sarcófago, para impulsar un nuevo partido para la III Republica que quieren proponer. Figueres en 1948 no tenía partido político. El Partido Liberación Nacional surgió en 1951, hacia las elecciones de 1953, usando el nombre “Liberación Nacional”, del ejército que constituyó Figueres para la guerra civil de marzo y abril de 1948.
Ese partido, Pueblo Soberano, con lo débil orgánicamente que pueda ser, fue el partido que ganó las elecciones y es el partido “propio” que se formó para ganar la elección. Pueblo Soberano más que un partido fue una corriente política, el “chavismo”. Ese es un insumo que lo pueden aprovechar. Habrá que ver cómo se desempeñará Laura en ejercicio de la Presidencia, especialmente en el campo de la comunicación pública. Me parece que mantendrá el estilo de Chaves, que lo va a tener cerquita, con mesas de prensa los miércoles o cualquier otro día, ¿o dos días por semana?, haciendo giras en la periferia del Valle Central, en todos los cantones que ganaron y especialmente volcándose en Cartago, que fue la provincia que perdieron. Y, también habrá que ver a Chaves fuera de la presidencia, o en el Ministerio de la Presidencia. ¿Habrá chavismo, laurismo, o fernandismo, a partir del 8 de mayo?
El partido Progreso Social Democrático que eligió a Rodrigo Chaves no era partido propio de Rodrigo Chaves. Fue literalmente el partido taxi que le permitió llegar a Zapote, que montado en él lo apropió sin poderlo escriturar a su nombre. Por ello tuvieron que crear otro partido, Pueblo Soberano, que pareciera ser del “·chavismo”, de los “jaguares”, concepto que se ha debilitado como símbolo.
La reforma que se pretende, de volver a unir las elecciones nacionales y cantonales, es un grave error político. Tan solo hay que ver estas elecciones que acaban de pasar, y todas las municipales anteriores.
Cuando Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana eran fuertes y eran partidos gobernantes, con mayorías parlamentarias, ganaban mayorías cantonales. Cuando separaron las elecciones de alcaldes para el mismo año que se hacían las presidenciales, el partido de gobierno ganaba la mayoría de las cantonales. Eso funcionó hasta las elecciones de Laura Chinchilla. A partir de los gobiernos del Partido Acción Ciudadana ya no funcionó, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, y partidos cantonales empezaron a emerger con éxito. Si estos pequeños partidos exitosos perdieron y se debilitaron en parte fue por su mala praxis política cantonal, y en parte también porque muchos de esos alcaldes venían de esos partidos tradicionales repitiendo sus vicios, mañas y malas prácticas políticas.
El reto para los partidos políticos que existen hoy, y para los que sobrevivieron las elecciones pasadas, sin tener representación parlamentaria, es enfrentar las próximas elecciones municipales, en febrero del 2028. Si los partidos políticos y sus grupos dirigentes no han entendido lo que pasó el 1 de febrero, van a ser barridos en las elecciones municipales del primer domingo de febrero de 2028.
Es muy difícil que se pueda cambiar la legislación para volver a integrar ambas elecciones en una sola.
Lo que valdría la pena es cambiar la legislación electoral para modificar el sistema de elección de presidente y de diputados. Así, el primer domingo de febrero del 2030 se elija al presidente de la República siguiente y, el primer domingo de abril se elijan los diputados de la Asamblea Legislativa. Ambas fechas ya están en el calendario de la patria electoral. Esto crearía las condiciones para que la elección de diputados sea más viva, sobre el resultado de quien ganare la elección presidencial en febrero. El peso se daría en ver si se dan más diputados al ganador de febrero, para una mejor gestión de gobierno, o se dan más diputados a la oposición para una mayor gestión de control político legislativo. De esa manera también se resuelve la participación de muchos partidos políticos en las elecciones nacionales y de legislativas.
Si se quisieran unir las elecciones nacionales y las municipales, ese también sería el momento de escoger las autoridades municipales o cantonales. Si hubiera necesidad de una segunda vuelta electoral porque en la primera no se logró el 40% de los votos, en la vuelta de abril se haría el paquete completo, elección entre los dos finalistas, la elección de los diputados y si fuera del caso la de las autoridades cantonales. Las elecciones municipales son por su naturaleza multipartidistas, porque cada cantón tiene una elección separada, como ya se hace y se tiene experiencia.
A estas reformas hay que añadir la de garantizar el presupuesto electoral público para todos los partidos políticos que participen en las elecciones independientemente de si sacan el 4% de los votos o de si eligen un diputado. Si esto se garantizara se podría prohibir todo tipo de donación directa a los partidos políticos. Nadie tendría que poner un cinco, ni nadie haría fortunas con el financiamiento público a los partidos políticos. Esto lo explicaré en otros artículos.
Esto mejoraría la gestión de gobierno y la vida democrática nacional.
Por esas gratas casualidades de la vida, las Horas Beca 11 de la Universidad de Costa Rica, me tocó realizarlas con la profesora Laura Guzmán, lo que a la postre se convertiría en un ventanal insospechado de oportunidades de conocimientos.
Realizamos muchas giras, pero también mucho trabajo de oficina; mismo que se concentraba en el cubículo A del antiguo edificio de Ciencias Sociales. Esto me permitió relacionarme no solo con asistentes de otras carreras, sino también con docentes de quienes no tenía la menor noticia de su existencia; entre ellas, Tita Escalante, socióloga, quien me resultaba una mujer muy seria, severa, pero en extremo interesante, reflexiva y crítica.
Gracias a Laura, Tita, Emilia Molina y otras docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, tomé nota de las discusiones y reivindicaciones de género y feminismo, temas que para 1989 no estaban en nuestra formación profesional de Trabajo Social. Tita era brillante, sobresaliente; con frecuencia la invitaban a debates académicos y aprovechaba para ir a escucharla, lo que implicaba que tenía que ausentarme en algunos casos de mis clases, pero las ganancias eran indiscutibles.
Si bien Tita junto a otras compañeras le dio forma a ese pensamiento crítico feminista que se iba arraigando en la academia (sin dejar de lado que fue cofundadora del PRIEG, hoy CIEM), también tenía la virtud de analizar con enorme capacidad la realidad social, fuera nacional o internacional. Para mí ella fue todo un referente, primero como estudiante, luego como docente; nunca olvidaré las conversas que dábamos entre las y los “profes” del cubículo A, cultivando una comprensión interdisciplinaria, en la cual el criterio de ella siempre tenía un enorme peso.
Su fallecimiento me ha dejado consternado; pero para alegría de ella, tengo la certeza que su semilla intelectual y su compromiso político quedó ampliamente extendido entre una gran cantidad de cientistas sociales. Honrado por haberla conocido, la recuerdo con mucho cariño.
Las palabras del presidente Rodrigo Chaves sobre Cuba no dejan espacio para la ambigüedad.
No solo rompió relaciones diplomáticas. Dijo que no reconoce la legitimidad del gobierno cubano, que “hay que limpiar el hemisferio de comunistas” y que “los americanos dicen enough is enough”. Con eso basta.
Porque ya no estamos ante una política exterior basada en derechos humanos. Estamos ante una toma de posición ideológica… y geopolítica.
Cuando un presidente habla en esos términos, la pregunta no es Cuba. La pregunta es Costa Rica.
¿Desde cuándo nuestra política exterior se formula en sintonía con el lenguaje de la Casa Blanca? ¿Desde cuándo “defender derechos humanos” significa repetir la lógica de confrontación de una potencia?
Porque mientras se rompe con Cuba, no se rompen relaciones con quienes bloquean, sancionan, intervienen o imponen condiciones a otros países. Entonces no es un tema de derechos. Es un tema de a quién se le aplican. Y eso tiene nombre: doble moral.
Costa Rica ha sido —al menos en su mejor tradición— un país de paz, de diálogo, de multilateralismo, de respeto a la autodeterminación de los pueblos.
Hoy, en cambio, escuchamos un discurso que no dialoga: confronta. Que no media: se alinea. Que no construye puentes: los rompe. Y lo más grave es que no parece ser un hecho aislado. El propio presidente ha dicho que esta línea será continuada por la próxima administración de Laura Fernández.
Entonces la pregunta ya no es diplomática. Es política. ¿Vamos a seguir siendo un país que decide desde sus principios o uno que ajusta su voz al poder de turno? Porque cuando la política exterior pierde su voz propia, la soberanía no se pierde de golpe. Se cede… frase por frase.
