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Investigar no es atropellar

Ana Virginia Calzada M.

La comparecencia de la magistrada Patricia Solano ante la Asamblea Legislativa obliga a reflexionar sobre los límites del poder y la responsabilidad de quienes lo ejercen. No se cuestiona la facultad de investigación parlamentaria, sino la forma en que se ejerce y el respeto que merece toda persona convocada ante una comisión legislativa.

El artículo 121 inciso 23 de la Constitución Política reconoce a la Asamblea Legislativa amplias potestades de investigación. Pero ninguna atribución constitucional constituye una licencia para el abuso. La autoridad debe ejercerse con razonabilidad, proporcionalidad y respeto a la dignidad humana.

En el caso de Patricia Solano, se investiga un crédito otorgado por una asociación solidarista. Resulta indispensable distinguir entre las responsabilidades de quien solicita y recibe un préstamo y las de quienes administran la entidad que lo concede. La persona deudora responde por la información que suministra y las obligaciones que contrae. La aprobación del crédito, las políticas financieras, los análisis de riesgo y la aplicación de los reglamentos corresponden, en principio, a los órganos competentes de la entidad.

No resulta razonable exigir a una deudora explicaciones sobre decisiones administrativas en las que no se ha demostrado que haya participado, ni pretender que responda por la interpretación jurídica que los administradores hayan dado a las disposiciones aplicables.

Especial preocupación generan los cuestionamientos relacionados con la edad de la magistrada y la posibilidad de que fallezca antes de cancelar su obligación crediticia.

¿Desde cuándo cumplir años permite presumir que una persona no honrará sus compromisos? ¿Con qué fundamento se cuestiona el cumplimiento de una obligación a partir de un acontecimiento futuro e incierto?

Un crédito pactado a treinta años no significa necesariamente que permanecerá vigente durante todo ese plazo. Puede cancelarse anticipadamente, si las condiciones contractuales lo permiten. Nadie puede afirmar hoy que Patricia Solano no tendrá los recursos para hacerlo.

Más preocupante que especular sobre un incumplimiento hipotético debería ser examinar, con criterios objetivos y libres de sesgos, aquellos casos en que efectivamente se han incumplido obligaciones financieras y, pese a ello, las personas involucradas han sido designadas para ejercer responsabilidades públicas.

La fiscalización debe ser coherente. No puede convertirse en un ejercicio selectivo en el que unas situaciones despiertan un escrutinio extraordinario mientras otras, en circunstancias comparables, reciben un tratamiento diferente sin una justificación objetiva.

También merece aclararse la función de las pólizas de seguro vinculadas con operaciones crediticias. No existen para enriquecer al Estado, sino para cubrir los riesgos previstos en un contrato y proteger los intereses asegurados. Cuando ocurre una contingencia cubierta, la póliza cumple precisamente la finalidad para la cual fue contratada.

Se trata de una operación propia del sistema asegurador. No es correcto afirmar, sin demostrarlo, que la eventual aplicación de una póliza significa que los ciudadanos terminarán pagando la vivienda de la persona asegurada. Una afirmación de esa naturaleza exige explicar quién es el asegurador, quién paga las primas, cuál es la cobertura y quién asume efectivamente el riesgo. No se vale aprovechar el desconocimiento sobre el funcionamiento de los seguros para generar conclusiones alarmantes.

Además, la muerte o cualquier otro acontecimiento asegurado puede presentarse a cualquier edad. Precisamente por eso existen mecanismos técnicos de evaluación del riesgo, entre ellos las tablas actuariales. La protección del crédito debe analizarse con criterios técnicos, no mediante especulaciones sobre cuánto tiempo vivirá una persona.

La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor protege la dignidad y la igualdad de oportunidades. La edad no puede utilizarse como instrumento de descrédito personal. Mucho menos cuando se trata de una persona que comparece ante una autoridad pública y merece un trato respetuoso, independientemente de su cargo.

Existe, además, una circunstancia que exige especial prudencia institucional. Esta investigación se desarrolla cuando la Asamblea Legislativa debe decidir sobre la reelección de la magistrada. Esa coincidencia no demuestra por sí sola una finalidad ilegítima, pero obliga a extremar el cuidado para que el control parlamentario no se convierta en un mecanismo de presión sobre la independencia judicial.

Como tantas veces hemos señalado, la independencia judicial no es un privilegio de los magistrados. Es una garantía de los ciudadanos frente a cualquier intento de condicionar a quienes administran justicia. Tampoco puede aceptarse que las potestades de investigación se utilicen para intimidar a los funcionarios públicos. La firmeza y el conocimiento jurídico de Patricia Solano no disminuyen la obligación de las autoridades de respetar sus derechos.

Una democracia necesita investigaciones serias, preguntas rigurosas y funcionarios dispuestos a rendir cuentas. Pero también necesita representantes conscientes de que la autoridad no se demuestra mediante insinuaciones, especulaciones o cuestionamientos personales.

La potestad de investigar no coloca a los diputados por encima de la Constitución. Quien exige rendición de cuentas también debe responder por la forma en que ejerce el poder.

Investigar es una potestad constitucional. Atropellar no lo es.

«Que el comercio esté al servicio de la vida de nuestro pueblo»

Conferencia Episcopal de Costa Rica

Ante la decisión del Gobierno de la República de no suscribir la adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP)

San José, 29 de octubre de 2026

  1. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, como pastores que acompañamos la vida cotidiana de las personas y de nuestras comunidades, hemos seguido con atención y oración el debate nacional sobre la eventual adhesión del país al Acuerdo Transpacífico. El 28 de octubre, la señora Presidente de la República, Laura Fernández Delgado, anunció la decisión de no firmar el protocolo de adhesión y de archivar el proceso, cuyas negociaciones habían concluido sustancialmente en mayo de este año.

Acogemos la decisión con serenidad.

2. Recibimos con respeto y esperanza esta decisión, porque responde al clamor de miles de familias productoras que, durante meses, pidieron ser escuchadas y conocer con claridad las condiciones de un acuerdo que podía afectar su sustento y poner en riesgo los medios para asegurar la vida. En nuestra Carta Pastoral Colectiva de abril de este año señalamos que el campo es «un sector cada vez más olvidado por el Estado y su institucionalidad» y pedimos fortalecer el diálogo con los agricultores (Conferencia Episcopal de Costa Rica [CECOR], 2026, nn. 45–47). La transparencia y la participación de los sectores afectados no son un trámite: son una exigencia de la dignidad de las personas y del bien común, como principios éticos para vivir en sociedad.

3. Queremos decirlo con claridad: esta palabra no es un rechazo al comercio internacional ni a quienes, con argumentos legítimos, veían en el acuerdo oportunidades para el país. La Doctrina Social de la Iglesia reconoce al mercado como «instrumento insustituible de regulación dentro del sistema económico», pero recuerda la necesidad de «sujetarlo a finalidades morales» (Pontificio Consejo Justicia y Paz, 2005, n. 349), porque «el libre intercambio sólo es equitativo si está sometido a las exigencias de la justicia social» (n. 366).

La voz del Magisterio latinoamericano.

4. Los obispos de América Latina y el Caribe advirtieron en Aparecida que los tratados de libre comercio «entre países con economías asimétricas» no siempre benefician a los países más pobres, y que los campesinos deben estar atentos a los males que tales tratados puedan ocasionarles (Consejo Episcopal Latinoamericano [CELAM], 2007, nn. 67, 72). Allí mismo se pidió a la Iglesia de cada país «examinar atentamente» estas negociaciones y alertar a los responsables políticos y a la opinión pública sobre sus consecuencias para «los sectores más desprotegidos y vulnerables de la población» (n. 406d). En fidelidad a ese mandato pastoral, y no por interés partidario alguno, hoy alzamos nuestra voz.

Cercanía con los sectores afectados.

5. Enviamos un saludo fraterno y solidario a los agricultores, ganaderos, productores de leche, arroceros, caficultores, palmicultores, horticultores y pescadores, y a sus familias. Las organizaciones del agro han expresado su preocupación por miles de fincas y productores expuestos a una competencia desigual. Ustedes son parte viva del cuerpo de la Iglesia (1 Cor 12,12-31) y sostienen, con su trabajo silencioso, la mesa de todos los costarricenses.

Una decisión que debe abrir caminos.

6. Archivar un proceso no resuelve, por sí solo, las dificultades del campo. Por ello, con espíritu de colaboración, respetuosamente pedimos:

  1. Que la agenda de acompañamiento al sector agropecuario anunciada por el Gobierno se concrete con recursos, plazos y metas verificables, y que se construya en mesas de diálogo con las organizaciones de productores, como también lo han solicitado diputaciones de distintas fracciones.
  2. Que estas políticas no se limiten a ayudas pasajeras. El Compendio de Doctrina Social enseña que la intervención del Estado no debe ser «ni ilimitada, ni insuficiente», y que «la solidaridad sin subsidiaridad puede degenerar fácilmente en asistencialismo» (Pontificio Consejo Justicia y Paz, 2005, n. 351); y pide políticas agrícolas «capaces de superar una cierta concepción residual y asistencial» (n. 299). Crédito accesible, asistencia técnica, infraestructura rural, combate al contrabando y fortalecimiento de cooperativas y otras formas asociativas son caminos para que el productor compita con dignidad.
  3. Que se proteja la seguridad y la soberanía alimentaria del país, pues la disponibilidad de alimentos «no puede quedar limitada al mercado internacional» (CECOR, 2026, n. 46). Como recordaba el papa Francisco, «las autoridades tienen el derecho y la responsabilidad de tomar medidas de claro y firme apoyo a los pequeños productores» (Francisco, 2015, n. 129).
  4. Que toda futura negociación comercial se realice con información pública oportuna, estudios de impacto y participación real de quienes podrían resultar más afectados, sin descuidar a las personas trabajadoras de los sectores exportadores ni las buenas relaciones con las naciones hermanas del bloque.

Un llamado a la unidad.

7. Invitamos a todos los actores —Poder Ejecutivo, Asamblea Legislativa, sector productivo, cámaras empresariales, academia y sociedad civil— a vivir este momento sin polarización ni descalificaciones personales. Costa Rica tiene una larga tradición de diálogo que hoy necesitamos honrar para construir juntos un modelo de desarrollo en el que nadie quede atrás.

8. Encomendamos a las familias del campo a la intercesión de Nuestra Señora de los Ángeles, Patrona de Costa Rica, y de san Isidro Labrador, para que el Señor bendiga el trabajo de sus manos y nos conceda a todos la sabiduría de buscar siempre el bien común.

Los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

Referencias

Conferencia Episcopal de Costa Rica. (2026). ¡La paz esté con ustedes! (Jn 20,19): Carta pastoral colectiva de los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica. https://ecocatolico.org/images/documentos/Libro%20Carta%20Pastoral%20CECOR%202026-%20Digital.pdf

Consejo Episcopal Latinoamericano. (2007). V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe: Documento conclusivo de Aparecida. CELAM. https://es.catholic.net/archivos/Documento_Conclusivo_Aparecida.pdf

EFE. (2026, 28 de octubre). Presidenta de Costa Rica descarta Acuerdo Transpacífico y despide a ministra de Comercio. Swissinfo. https://www.swissinfo.ch/spa/presidenta-de-costa-rica-descarta-acuerdo-transpac%C3%ADfico-y-despide-a-ministra-de-comercio/92291873

Francisco. (2015). Laudato si’: Carta encíclica sobre el cuidado de la casa común. Libreria Editrice Vaticana. https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

Infobae. (2026, 28 de octubre). Costa Rica archivó el Tratado Transpacífico y prepara apoyo directo para productores agropecuarios. https://www.infobae.com/costa-rica/2026/10/28/costa-rica-archivo-el-tratado-transpacifico-y-prepara-apoyo-directo-para-productores-agropecuarios/

La República. (2026). «En el Acuerdo Transpacífico no vemos oportunidades para el sector sino amenazas»: Cámara de Agricultura. https://www.larepublica.net/en-el-acuerdo-transpacifico-no-vemos-oportunidades-para-el-sector-sino-amenazas-camara-de-agricultura/

Ministerio de Comercio Exterior. (2026). Acuerdo Transpacífico (CPTPP). https://www.comex.go.cr/tratados/acuerdo-transpac%C3%ADfico/

Pastoral Social Cáritas Costa Rica. (2025). Mensaje de Pastoral Social Cáritas en apoyo a los agricultores. Conferencia Episcopal de Costa Rica. https://www.iglesiacr.org/mensaje-de-pastoral-social-caritas-en-apoyo-a-los-agricultores/

Pontificio Consejo Justicia y Paz. (2005). Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Libreria Editrice Vaticana. https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html

Teletica. (2026, 29 de octubre). Diputados piden mesas de trabajo con el agro tras archivo de Acuerdo Transpacífico. https://www.teletica.com/politica/diputados-piden-mesas-de-trabajo-con-el-agro-tras-archivo-de-acuerdo-transpacifico_420164

+Javier Román Arias
Obispo de Limón
Presidente de la Conferencia Episcopal

+Daniel Blanco Méndez
Obispo auxiliar de San José
Secretario General de la Conferencia Episcopal

Descargue el documento original desde SURCOS: https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/11/Que-el-comercio-este-al-servicio-de-la-vida-de-nuestro-pueblo.pdf

Hace 75 años un tico hizo lo que California apenas intenta hoy

Por Welmer Ramos González
Economista

Hay estadistas y hay administradores. Los administradores gestionan lo que existe. Los estadistas transforman lo que es posible. Costa Rica tuvo, en José Figueres Ferrer, el más grande estadista del siglo XX latinoamericano. Y hoy, cuando miramos a nuestros dirigentes con la esperanza de encontrar, aunque sea un destello de esa visión, lo que vemos es, con demasiada frecuencia, el reflejo gris del miedo a pensar distinto.

Don Pepe no era un hombre sin errores. Era, al contrario, profundamente humano. Pero entre sus errores nunca se contaron la avaricia, la codicia ni el egoísmo. Esos espantos, que tanto daño hacen a la política, nunca le afectaron. Tenía un norte fijo, claro y obstinado: el bien común. No el bien de los poderosos, no el bien de los que ya tenían, sino el bienestar de todos los habitantes de este país. Con ese faro encendido, pensaba y repensaba. Dudaba y volvía a pensar. Y cuando actuaba, lo hacía con una valentía que hoy parece de otro mundo.

Democratizó el crédito cuando nadie en América se atrevió. El crédito era caro, clasista y empobrecedor. Los bancos intermediaban con el dinero del pueblo y prestaban barato a los ricos, caro a los pobres. Figueres determinó que eso era inaceptable y nacionalizó la banca. Por cuarenta años, las pequeñas y medianas empresas pagaron tasas similares a las que pagaban los grandes capitales. La gente dejó de trabajar para quien le prestaba y comenzó a trabajar para sí misma. Ni el más ardiente socialista de América Latina se atrevió a tanto, y sin embargo fue una medida que impulsó el desarrollo con crédito barato para producir y construir vivienda, no para el consumo. Cuando en los años ochenta el sistema financiero se abrió al libre mercado, la usura volvió de inmediato: la crisis de las financieras y la ruina de miles fueron el primer fruto amargo de soltar lobos entre las ovejas.

Financió el Estado cuando el Estado lo necesitaba. Tras la guerra civil de 1948, las arcas estaban vacías. Don Pepe impuso un impuesto del diez por ciento sobre los grandes capitales. Hoy, casi ochenta años después, el mundo apenas comienza a discutir algo parecido: California votará mañana para intentar imponer el cinco por ciento a las grandes fortunas. La mitad de lo que don Pepe impuso, con décadas de retraso. Mientras tanto, en Costa Rica vemos crecer el PIB y bajar la recaudación, vemos decenas de empresas que facturan más de cien millones de dólares al año y declaran pérdidas ante el fisco de manera consecutiva, vemos los Panamá Papers repletos de nombres conocidos. ¡Qué falta hace don Alberto Martén en Hacienda y don Pepe de presidente!

Electrificó el país con justicia. El 8 de abril de 1949, el Decreto-Ley N.º 449 le dio vida al ICE. Pero no a un ICE para las ciudades rentables. A un ICE solidario: las ganancias de las zonas urbanas financiarían la electrificación rural donde no había negocio. Para todos, al costo, en todo el país. Hoy ese modelo —que Puerto Rico envidia mientras espera meses a que una empresa privada le restaure la luz tras un huracán— está en la mira de quienes quisieran convertirlo en negocio. Don Pepe ya sabía que hay sectores donde los lobos no pueden entrar.

Abolió el ejército siendo el general victorioso. Ganó la guerra y disolvió su propio ejército. Convirtió los cuarteles en museos y la plata del ejército la destinó a escuelas. Le dio rango de cuarto poder del Estado al Tribunal Supremo de Elecciones para blindar la democracia. Aprobó el voto femenino y la ciudadanía plena para la población afrocostarricense. Hizo de Costa Rica un refugio para los perseguidos políticos de América.

Y lo hizo escuchando. No tenía miedo de rodearse de personas que pensaban diferente. Tomó las reformas buenas de sus propios enemigos y las elevó a rango constitucional, sí, las de Manuel Mora y Rafael Ángel Calderón Guardia. No llegó al poder para instaurar el odio, sino para poner a todos a trabajar juntos.

Eso es liderazgo. No la amalgama ideológica que hoy se disfraza de prudencia. No el silencio calculado frente a las ideas incómodas. No el miedo a parecer diferente, a que le critiquen, a que el debate los incomode.

Don Pepe no conoció ese miedo. Y por eso algunos costarricenses le agradecemos tanto.

Don Pepe no gobernó para la historia. Gobernó para la gente; y esa distinción, hoy casi extinta, es exactamente lo que más nos hace falta.

«Esa parte no la leí»

Por Juan Carlos Cruz, para SURCOS

Una hora de entrevista, dos periodistas a quienes el entrevistado considera amigos y un programa que se llama No Mientas El Show. Rodrigo Chaves la grabó el martes y salió el viernes, mientras la presidenta Laura Fernández andaba por el Vaticano. Según lo reportó Álvaro Murillo en el Semanario Universidad, el ministro de Hacienda y de la Presidencia estuvo cómodo, sonriente y bromista. También repartió calificativos: «terrorista» para la rectora del TEC, «idiotas» para los diputados de Liberación, «vividores» para quienes protestan.

Sería un error leerlo como un arranque de mal genio. Llevamos años viendo que el estilo de Chaves tiene método, y esta entrevista lo muestra casi completo. Ese método se puede resumir en cinco operaciones.

Personalizar. El poder se concentra en pocas figuras. Chaves habla una hora como si el país fuera suyo, con la presidenta de viaje, y adelanta incluso una decisión sobre el Transpacífico que ella anunciaría después. Las instituciones quedan en segundo plano.

Polarizar. El país se divide en dos bandos: de un lado, «tres cuartas partes» que dicen «go, Laura, go»; del otro, un 12% de «vividores». No presentó dato alguno que respalde esas cifras. Lo que importa es la frontera, no la medición.

Deslegitimar. A quien controla o cuestiona se le quita credibilidad. La rectora que advierte que la sede de Limón podría cerrar por los recortes es «extorsionadora». Un magistrado tiene «podredumbre intelectual». Y una sola palabra sirve para todo: Liberación, que lleva décadas en el centro del sistema, es «ficha del comunismo». Cuando una palabra sirve para todo, deja de describir algo y solo marca de qué lado está cada quien.

Emocionalizar. El chiste a pedido, la burla y el insulto crean complicidad con quien escucha. Gramsci hablaba de intelectuales orgánicos: gente que da forma y voz a la visión del mundo de un grupo, sin que nadie les dé órdenes. Un programa afín, con preguntas cómodas, cumple esa función mejor que cualquier conferencia de prensa.

Saturar. Cada declaración abre una pelea, y cada pelea desplaza a la anterior. Con tanto ruido, los datos difícilmente permanecen en la conversación el tiempo suficiente para discutirse.

El momento clave

Hacia el final le preguntaron por el dato oficial más reciente: el ingreso de los hogares bajó 3,8% en el último año, y bajó en todos los quintiles. Hizo un gesto de poco interés y dijo: «esa parte no la leí».

Antes, uno de los entrevistadores le había planteado el aumento de la deuda frente al PIB, el golpe del tipo de cambio a los exportadores y los 300.000 hogares que siguen en pobreza. Chaves respondió que el país ahora es de «ingreso alto». Un promedio nacional sirve para presumir afuera, pero no paga el recibo de nadie. Casi la mitad de los hogares reporta deudas, y las listas de espera de la CCSS crecieron más de 30% en poco más de un año.

Eso es lo que el método permite: cuando falta la respuesta, aparece el culpable. Una sociedad golpeada por la deuda y el estancamiento necesita explicaciones. Si la política no las da, alguien ofrece otras, y la rabia se dirige hacia una rectora, hacia diputados, hacia gente que marcha, nunca hacia las decisiones que explican por qué los hogares ganan menos. El que reclama pasa a ser el problema.

La billetera y el bloque

Hubo otra frase que casi pasó inadvertida. Chaves dijo que los empresarios que financiaron a Liberación fueron traicionados, y que dar plata a ese partido sería de gente «muy corrupta». Aceptó, además, que los aportes de campaña condicionados son normales en política.

Se lee como un mensaje a quienes sostuvieron durante décadas al bipartidismo: la ventanilla cambió de lugar. Gramsci llamaba bloque histórico a la alianza de fuerzas sociales y económicas que sostiene a un grupo en el poder. Detrás de los insultos hay un intento de armar uno nuevo y de desarmar el viejo a golpe de burla.

Qué hacer con esto

El chavismo no disputa solo la información, disputa la interpretación de la realidad. Por eso desmentir cada frase o responder cada provocación no basta: es entrar al juego de la saturación. Competir haciendo más ruido es perder de antemano.

Lo que corresponde es hacer más comprensible la realidad: explicar las causas de lo que le pasa a la gente, contrastar los discursos con hechos verificables y sostener mensajes claros, repetidos con inteligencia. Si el discurso oficial usa la comunicación para generar identificación con un líder, la tarea democrática es usarla para generar comprensión, organización y participación.

Nada de esto significa que la rectora o los diputados tengan siempre la razón. Pueden equivocarse y deben responder por lo que hacen. Pero a un argumento se le responde con otro. Mientras tanto, los datos siguen ahí, los lea o no el ministro. Los hogares que perdieron ingreso este año sí leyeron esa parte.

La democracia inconclusa

Frank Ulloa Royo

Una democracia que no nació completa

La democracia costarricense se parece más a un largo camino de conquistas, retrocesos y disputas que a la imagen estática y perfecta que suele presentarse cada 7 de noviembre. La conmemoración oficial del Día de la Democracia coincide con la fecha de promulgación de la Constitución Política de 1949 y suele estar acompañada de discursos que exaltan la estabilidad institucional del país. Sin embargo, una mirada crítica a nuestra historia obliga a reconocer que la democracia costarricense no nació plenamente democrática. Fue una construcción gradual, conflictiva y profundamente marcada por las exclusiones de su tiempo (Aguilar Bulgarelli, 1977; Salazar Mora, 2003).

La Asamblea Nacional Constituyente de 1949 surgió de una sociedad fracturada tras la guerra civil. Aunque produjo un texto constitucional que con el tiempo se convertiría en el principal marco de convivencia democrática del país, aquella constituyente no reflejaba la diversidad de la sociedad costarricense. Los sectores vencedores del conflicto tuvieron una clara preeminencia en su integración. No hubo representación de la población afrodescendiente, ni de los pueblos originarios, ni de los sectores más vulnerables de la sociedad. Tampoco participó una sola mujer y apenas estuvo presente un representante vinculado al movimiento sindical. La Costa Rica real, diversa, popular y trabajadora, estuvo escasamente representada en aquel momento fundacional (Lehoucq, 1998).

La Constitución preservó importantes conquistas sociales heredadas de la década reformista de los años cuarenta. Sin embargo, en el terreno político mantuvo limitaciones que hoy resultan incompatibles con una concepción robusta de la democracia. Durante más de dos décadas, el artículo 98 constitucional sirvió de fundamento para excluir de la vida política legal a quienes profesaban determinadas ideas. La democracia coexistió con la proscripción. Mientras se organizaban elecciones periódicas y se fortalecían algunas instituciones republicanas, dirigentes políticos eran encarcelados, perseguidos o empujados al exilio. Los líderes del Partido Vanguardia Popular sufrieron el extrañamiento, la cárcel y la estigmatización. Muchas familias conocieron la represión, el silencio y el miedo como parte de su experiencia cotidiana (Molina y Palmer, 2014).

La democratización de la democracia

Por ello, resulta difícil sostener que la democracia costarricense nació completa en 1949. Más bien comenzó entonces una nueva etapa de la lucha por democratizar la propia democracia. Las reformas políticas impulsadas durante las décadas siguientes permitieron desmontar gradualmente mecanismos de exclusión y ampliar derechos. El reconocimiento pleno de la diversidad ideológica, la recuperación de libertades políticas para los sectores proscritos, las garantías para la organización sindical y el fortalecimiento de la negociación colectiva fueron pasos fundamentales para construir una ciudadanía más amplia e inclusiva (Rovira Mas, 2001).

La consolidación democrática alcanzó una dimensión social durante los años sesenta y setenta. La expansión de la seguridad social, que avanzó decididamente durante la administración de Daniel Oduber, contribuyó a extender derechos fundamentales a sectores históricamente excluidos. La educación pública, la salud universal, las instituciones autónomas y una política exterior capaz de mantener márgenes de independencia frente a los organismos financieros internacionales, particularmente durante el gobierno de Rodrigo Carazo, fortalecieron una visión de democracia que trascendía el simple acto de votar. Se trataba de una democracia que aspiraba a garantizar condiciones materiales para la dignidad humana (Sojo, 1984).

La ciudadanía social bajo presión

A menudo se olvida que la democracia no consiste únicamente en depositar una papeleta cada cuatro años. La democracia también significa acceso a la salud, al trabajo digno, a la educación, a la organización social y sindical, a la cultura y a la posibilidad real de influir en las decisiones que afectan la vida colectiva. Una sociedad profundamente desigual puede conservar elecciones periódicas y, sin embargo, debilitar progresivamente el ejercicio efectivo de la ciudadanía.

Precisamente eso comenzó a ocurrir con el avance del modelo neoliberal a partir de los años ochenta. Sin necesidad de interrumpir la institucionalidad política, se inició un proceso de erosión gradual de múltiples conquistas sociales. El debilitamiento del Estado social, la creciente concentración de la riqueza, la precarización laboral y el deterioro de espacios de negociación colectiva afectaron pilares que habían contribuido a la ampliación democrática de las décadas anteriores. La democracia mantuvo sus formas, pero comenzó a perder parte de su contenido social (Cerdas Cruz, 1993; Vega Carballo, 2004).

Durante ese proceso se fue consolidando una paradoja inquietante: mientras la democracia electoral parecía fortalecerse, la democracia social mostraba señales de desgaste. Los ciudadanos conservaron el derecho al voto, pero vieron disminuir gradualmente su capacidad efectiva para incidir en las grandes decisiones económicas que definían sus condiciones de vida.

La política del miedo

Hoy Costa Rica parece encontrarse ante una nueva encrucijada histórica. La crisis de seguridad ciudadana, el crecimiento del narcotráfico y el incremento de la violencia han generado preocupaciones legítimas entre amplios sectores de la población. Nadie puede negar la gravedad de estos fenómenos. Sin embargo, la historia demuestra que los momentos de miedo colectivo suelen abrir espacios para soluciones que terminan debilitando las libertades democráticas que se pretende proteger.

La democracia siempre enfrenta una tentación recurrente: sacrificar derechos en nombre del orden. Cuando el miedo domina el debate público, las garantías constitucionales empiezan a verse como obstáculos, los derechos humanos como privilegios indebidos y el pluralismo como una amenaza. Poco a poco, el lenguaje de la seguridad desplaza al lenguaje de la ciudadanía.

La experiencia latinoamericana demuestra que las democracias pocas veces retroceden mediante rupturas abruptas. Con más frecuencia se erosionan desde dentro, cuando la excepcionalidad se convierte en norma, la crítica es presentada como deslealtad y los derechos son percibidos como una molestia para la acción gubernamental (O’Donnell, 1997).

¿Qué democracia queremos defender?

Es en este contexto donde el gobierno de Laura Fernández Delgado deberá ser analizado críticamente. La cuestión fundamental no es si debe combatirse la criminalidad. Ninguna sociedad democrática puede renunciar a esa responsabilidad. La verdadera pregunta es qué tipo de democracia se construye mientras se combate. Existen diferencias profundas entre una seguridad ciudadana concebida como protección integral de las personas y una seguridad entendida exclusivamente desde la lógica del castigo, la exclusión y la restricción de derechos.

Cuando una sociedad comienza a aceptar que ciertas personas dejan de ser titulares de derechos por encontrarse privadas de libertad, cruza una frontera peligrosa. Los derechos humanos fueron concebidos precisamente para proteger la dignidad humana allí donde resulta más vulnerable. Defender los derechos de las personas encarceladas no implica justificar sus actos. Implica reconocer que la democracia no puede renunciar a los valores que le dan sentido.

La pregunta central de nuestro tiempo no es únicamente cómo enfrentar la inseguridad. La pregunta más profunda es qué democracia queremos preservar y ampliar para las próximas generaciones. Si la respuesta se construye desde el miedo, es probable que terminemos erosionando conquistas que costaron décadas de luchas sociales, políticas y sindicales. Si la respuesta se construye desde la ampliación de la ciudadanía, la justicia social y el respeto irrestricto a la dignidad humana, la democracia costarricense podrá seguir avanzando en ese largo camino que nunca ha sido lineal.

Una tarea siempre inconclusa

Quizá el mejor homenaje que puede hacerse cada 7 de noviembre no sea repetir consignas sobre una democracia perfecta que nunca existió. Tal vez el verdadero homenaje consista en reconocer las exclusiones, las luchas y los sacrificios que hicieron posible ampliar derechos a lo largo del tiempo. Porque la democracia costarricense no fue una obra terminada en 1949. Ha sido, y sigue siendo, una construcción colectiva e inconclusa. Y como toda construcción humana, puede fortalecerse con más participación, más igualdad y más derechos, o puede deteriorarse bajo el peso del miedo, la intolerancia y la violencia.

Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Generalmente se desgastan lentamente. Pierden sensibilidad frente al sufrimiento humano, reducen espacios de participación, normalizan la exclusión y terminan confundiendo la fuerza con la legitimidad. Cuando eso ocurre, las instituciones permanecen en pie, las elecciones siguen realizándose y los discursos oficiales continúan celebrando la democracia. Pero el espíritu democrático ya ha comenzado a abandonarlas. Y entonces lo que queda no es una democracia viva, sino apenas la memoria de lo que alguna vez aspiró a ser.

 

Referencias

Aguilar Bulgarelli, O. (1977). Costa Rica y sus hechos políticos de 1948. San José: Editorial Costa Rica.

Cerdas Cruz, R. (1993). La otra cara del neoliberalismo. San José: EUNED.

Lehoucq, F. (1998). Institutions, Political Competition and Electoral Fraud in Costa Rica. Stanford University Press.

Molina, I., & Palmer, S. (2014). Historia de Costa Rica. San José: Editorial Universidad de Costa Rica.

O’Donnell, G. (1997). Contrapuntos: Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización. Buenos Aires: Paidós.

Rovira Mas, J. (2001). Estado y política económica en Costa Rica. San José: Editorial Universidad de Costa Rica.

Salazar Mora, J. M. (2003). Crisis liberal y Estado reformista. San José: Editorial Universidad de Costa Rica.

Sojo, C. (1984). Estado empresario y lucha política en Costa Rica. San José: EDUCA.

Vega Carballo, J. L. (2004). Costa Rica: Economía y sociedad en el siglo XX. San José: Editorial Porvenir.

Hacen falta muchos Walter Kissling Gam

Vladimir de la Cruz

Una de las personalidades que más me ha impactado al conocerla personalmente y establecer con él una ligera pero rica y sincera amistad, surgida de un trabajo común que se nos encargó, fue Walter Kissling Gam.

En 1998 fui candidato presidencial, por primera vez, del Partido Fuerza Democrática. Esa experiencia política fue muy rica para mi vida personal. Me obligó a incorporarme de manera muy activa en la vida política nacional y electoral, a conocer desde las entrañas cómo operaba la institucionalidad y el sistema electoral en esos años, y cómo funcionaba el sistema político en su conjunto, especialmente, en un período electoral.

Desde entonces hasta ahora, con dos procesos electorales adicionales como candidato presidencial del Partido Fuerza Democrática, en el 2002 y el 2006, revaloré mi experiencia, y fortalecí mi conocimiento sobre el funcionamiento democrático nacional, y aprecié la democracia como sistema de vida que hemos desarrollado desde la Independencia.

Desde esa época, febrero de 1998, después de salir de las elecciones fui invitado a escribir, semanalmente, un artículo en el periódico Al Día, del Grupo La Nación, el que se publicó hasta el 2008, cuando se cerró ese periódico y cuando fui nombrado embajador en Venezuela del 2008 al 2010.

Al terminar la elección del 2006 opté por mi retiro de la vida electoral activa, no así de mi vida activa en el escenario político nacional como comentarista, o analista, de la vida política cotidiana, y de temas históricos y sociales. A mi regreso de Venezuela el periódico La República me abrió las puertas para continuar escribiendo semanalmente, hasta hoy, una columna, primero en su periódico impreso, y ahora en su edición digital. Esto me mantiene presente y activo intelectualmente para amigos y lectores. Y, este oficio de leer y escribir me da más vida.

La campaña electoral de 1997-1998 fue muy intensa, dura, difícil para Fuerza Democrática como partido que era, surgido para la elección de 1994, donde eligió dos diputados. Nuestra consigna, por el color de la bandera que empleamos en las elecciones de 1998 fue “Dele un naranjazo al bipartidismo”, refiriéndonos a los partidos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana que postulaban respectivamente a José Miguel Corrales Bolaños y a Miguel Ángel Rodríguez, como los candidatos más importantes, partidos que habían venido alternando como ganadores y como gobiernos, y también como fuerzas ampliamente dominantes en la Asamblea Legislativa. Sinceramente creo que esa campaña, con nuestra participación y mensajes políticos, preparó el ambiente y las condiciones para el más profundo cuestionamiento que se le hizo a los partidos del bipartidismo, las fisuras y fracturas que se ocasionaron en ellos y para el surgimiento del Partido Acción Ciudadana a inicios de este siglo.

La prensa en esa campaña, como en las anteriores, solo daba importante atención a los partidos Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional, para todos los efectos, entrevistas y debates. Cuando organizaron el supuesto debate definitivo final en vísperas de las elecciones de febrero, interpuse un recurso de amparo ante la recién fundada Sala Constitucional, que el magistrado Rodolfo Piza Escalante resolvió dándome la razón de que en esos debates, con fondos públicos, se debía tomar en cuenta a todos los candidatos, lo que se impuso desde entonces. Se suspendió el debate y me hizo sobresalir. Eso me dio, en ese momento, más presencia pública de la que ya tenía como dirigente estudiantil universitario que fui en mis años de estudiante, y como profesor y autoridad académica que tenía en esos años también.

La elección muy ajustada de 1998 resultó favorable para Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. En mi opinión como candidato en esa elección, Miguel Ángel era mejor candidato que José Miguel, mucho más preparado profesionalmente y de más larga experiencia política.

Se desenvolvía más y mejor que el candidato liberacionista. En los pocos debates que participé con ellos era más sólido argumentalmente Miguel Ángel, más teórico, más doctrinario, más político, mientras, para mí, José Miguel era más politiquero, más flojo conceptualmente, más electorero. A Miguel Ángel lo percibía con más visión de país en el largo plazo, a José Miguel más inmediatista, hasta llegó a proponer la Tercera República, sin tener nada que la sustentara.

Políticamente Miguel Ángel respondía más a los intereses conservadores del país y José Miguel a los menos conservadores, considerado para algunos efectos más reformista o progresista. Al menos así los considerábamos, en ese momento, para la Dirección Política del Partido Fuerza Democrática, porque era también la imagen que había de ambos partidos en la tradición electoral de esos años. De esa forma se esperaba de mis participaciones en debate que yo me enfrentara más duramente a Miguel Ángel que a José Miguel. Pero en la práctica yo era el candidato y el que tenía que debatir. En el debate quien se ponía más al frente para confrontarlo y darle más duro era José Miguel, que era lo que producía aplausos y eventualmente votos.

Yo era el que “ganaba” votos en ese sentido, a pesar de algunos compañeros que me criticaban por no invertir la fuerza de mis argumentos contra Miguel Ángel, en vez de hacerlo contra José Miguel. Así tuvimos un resultado electoral satisfactorio. Salimos como tercera fuerza electoral, con tres diputados electos, José Manuel Núñez González, José Merino del Río y Célimo Guido Cruz, con alguna presencia en municipalidades.

Mi sorpresa, al día siguiente a la elección fue la llamada del presidente electo Miguel Ángel Rodríguez, que quería visitarme junto a la Dirección del Partido, como primera visita que hacía de presidente electo a los candidatos que habían participado. Así lo recibimos en mi casa en la mañana del martes, donde intercambiamos aspectos del proceso electoral y de su futuro gobierno, poniéndonos a la orden en lo que pudiéramos mutuamente colaborar.

En ejercicio del gobierno Miguel impulsó proyectos que apoyamos como partido en la Asamblea Legislativa, como el de la Ley de Protección al Trabajador, la reforma más importante que se hacía desde 1943 a la legislación laboral del país, aprobada el 16 de febrero del 2000. También emitió el Código de la Niñez y de la Adolescencia en 1998, que apoyamos entre otros proyectos de ley.

Entre sus preocupaciones, Miguel Ángel Rodríguez impulsó un proyecto muy ambicioso, como no se había realizado antes en el país. Convocó un Proceso de Concertación Nacional en 1998.

El Proceso de Concertación estaba dirigido a procurar una agenda común con el propósito de buscar acuerdos, que permitieran impulsar acciones de gobierno y leyes. En este sentido invitó a participar activamente a todo el movimiento cooperativo nacional, a las diferentes cámaras de empresarios, en las distintas actividades que estaban agrupados, a todo el movimiento solidarista, a los grupos que se reunían en Consejo Nacional de Asuntos Indígenas, a la Asociación Cristiana de Jóvenes, a todo el Bloque Magisterial costarricense con sus distintas asociaciones y sindicatos, a todas las centrales y confederaciones sindicales y a sindicatos individualmente considerados, a todos los partidos políticos que habían participado en las elecciones de 1998 y a las fracciones de diputados que fueron electas de los partidos Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional, Fuerza Democrática, Movimiento Libertario, Integración Nacional, Renovación Costarricense y Acción Laborista Agrícola.

De esa manera la convocatoria e invitación que hizo el presidente a la Concertación Nacional reunió en la práctica casi 300 organizaciones, que de distinta manera se integraron y con diferentes intensidades de participación.

Importante en todo ese proceso fue que las decisiones que se tomaran debían ser por unanimidad, con derecho a veto de cada participante, con la intención de lograr la mayor confianza en el proceso. Los temas fueron amplios y variados, entre ellos, de economía, política, gobierno, aspectos sociales, educación. En mi opinión todo el proceso fue exitoso, pero no logró su cometido principal, porque dos temas no lograron la unanimidad que se había establecido para aprobarlos, la apertura del ICE y del INS, lo que provocó que el resto de los acuerdos no tuviera un buen resultado.

La parte conductora del proceso de Concertación Nacional se puso en manos del Consejo Nacional de Rectores, CONARE, la Oficina de Planificación de la Educación Superior, OPES, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.

La Secretaría Ejecutiva y Técnica de la Concertación estuvo en manos de Helio Fallas Venegas, que representaba a la Conferencia Episcopal, Roberto Tobar Faja y Danilo Chaverri Soto del Ministerio de la Presidencia y representantes de las universidades estatales.

Igualmente, el Gobierno de Miguel Ángel integró un Consejo Directivo de la Concertación Nacional, donde me invitó a mí, personalmente, por mi participación en la campaña electoral y como representante de la tercera fuerza electoral de ese momento.

Así, la mesa directora de la Concertación Miguel Ángel la integró, entre otros, con Danilo Chaverri Soto, como presidente, con el empresario Walter Kissling Gam, con la profesora Rosemary Karpinski Dodero, primera presidenta de la Asamblea Legislativa en 1986 y candidata a la Vicepresidencia de la República en 1998, y con Vladimir de la Cruz de Lemos.

En ese momento, yo no tenía relación alguna con Miguel Ángel. Conocía su trayectoria política desde que había colaborado con el gobierno de José Joaquín Trejos Fernández. También conocía su trayectoria parlamentaria y su papel destacado en el movimiento socialcristiano internacional. Igualmente sabía de su paso como empresario. Antes de eso lo recordaba visitando a su entonces novia, doña Lorena Clare Facio, luego su señora y primera dama, cuando yo también iba a esa casa y coincidíamos en el espacio, algunas veces invitado por Luis Alberto, hermano de doña Lorena, en la época en que ambos nadábamos competitivamente y éramos muy amigos. En esos días nunca intercambiamos una sola palabra, hasta el momento de la campaña electoral donde empezamos a conocernos, y a establecer un fuerte lazo de amistad como lo cultivamos hasta hoy.

Allí tuve oportunidad de conocer y tratar, al calor de las sesiones y trabajos del Proceso de Concertación al ciudadano Walter Kissling Gam, que me impresionó desde el primer momento que establecí contacto personal con él.

Cuando el presidente Miguel Ángel me invitó a participar en esa mesa directora y me informó de sus integrantes me obligó a investigar un poco sus vidas, que de algunos conocía datos y trayectoria. Del que menos sabía era de Walter Kissling Gam.

De él supe de su vida desde niño, que había nacido en Limón, que era descendiente de europeos, su padre Walter Kissling Rickli, suizo y su madre Adela Gam Secen, austriaca, que eran ambos cinco años más joven que mis padres, nacido en 1931, familia de recursos económicos que los había perdido con la Primera Guerra Mundial, lo que lo hizo crecer con dificultades y estrecheces, que le formaron temperamento, carácter y manera austera me parece de ver la vida. Se dice que de joven vendió chocolates en bicicleta. Supe que era casado con Cecilia Jiménez Lara con quien tenía cinco hijos.

La influencia más importante en su infancia y adolescencia se la dio su madre, que le estimuló el estudio hasta el colegio. No llegó a hacer estudios universitarios. La guerra civil de Costa Rica lo atrapó graduándose de Bachiller del Colegio Seminario, en 1948.

A partir de ese momento se involucró en el trabajo, primero como recepcionista de hotel, lo que le permitió iniciarse como vendedor por siete años de productos farmacéuticos. Este trabajo lo vinculó a Kativo Chemical, por diez años, asumiendo un papel destacado en esta empresa que luego la logró desarrollar para toda Centroamérica.

En 1967, cuando la Kativo fue adquirida por HB Fuller le nombraron vicepresidente para Latinoamérica, a la vez que conservaba la gerencia de Kativo Chemical. Aquí empezó a destacar como líder empresarial llegando a ser vicepresidente sénior de operaciones internacionales y vicepresidente ejecutivo y director de operaciones. En HB Fuller su destacado trabajo lo llevó en 1995 a director ejecutivo hasta 1999 que se jubiló, reconociéndosele como un líder empresarial internacional, especialmente en el campo de los sistemas avanzados de tecnología de la información.

Su vida también se vinculó muy intensamente al INCAE, la institución que nació al calor de la visita del presidente Kennedy a Centroamérica, en 1963. La Cumbre de presidentes centroamericanos materializó en 1964, apoyados por Harvard Business School, que se abriera el INCAE como proyecto de graduación del Programa de Alta Gerencia-PAG, en Guatemala. Así, se abrió el camino desde entonces el INCAE formando profesionales que permitieran transformar la forma de hacer negocios en Latinoamérica y en Centroamérica, respondiendo a las necesidades del mercado, con sólidos valores éticos e impulsando liderazgos responsables.

La situación en Centroamérica creó las condiciones para que en Costa Rica se estableciera la sede del INCAE, bajo el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez, 1982-1986, sede que hoy lleva el nombre de Walter Kissling Gam, quien asumió la presidencia del Consejo Directivo del INCAE. Bajo su presidencia se fortalecieron los estudios de posgrados en Gerencia de Exportaciones No Tradicionales, Política y Gerencia de Recursos Energéticos y Pequeña y Mediana Empresa, en Administración Funcional, en Competitividad y Desarrollo Sostenible, en Innovación e impacto global y el Programa Ejecutivo de salud global, entre otros.

Así, fue incorporado a la Dirección de la Concertación, donde lo conocí, lo traté y respeté sus opiniones siempre certeras directas y concretas, de los asuntos que discutíamos. Vi en él como desde su visión de empresario le preocupaba cuál debía ser el papel del sector empresarial ante los retos y desafíos del país, y de cómo conducir los resultados del proceso de Concertación en esa dirección nacional y patriótica.

Esa visión la había impulsado antes de la Concertación cuando promovió en 1997 el foro nacional denominado “Encuentro de Líderes Empresariales: nuestro rol en la construcción del futuro”, que involucró casi 300 participantes. Su preocupación social lo llevó a constituir la Alianza Empresarial para el Desarrollo, procurando una mejor relación del sector empresarial con otros sectores de la sociedad como las ONGs.

Walter Kissling Gam presidió el INCAE por 16 años, fue director del Banco Central, socio fundador del Banco Banex, presidente de la Cámara de Industrias, director de la empresa Atlas y en 1997 era miembro de la Junta Directiva del Grupo Nación.

En mi trato con él lo percibí desde el primer momento como una persona con gran capacidad de relacionarse, de manera amable, empática, con facilidad para conversar y para compartir con personas de diferentes orígenes y pensamientos. Siempre era muy positivo lo que permitía una relación agradable con él. Su comportamiento le nacía naturalmente. No se veía en sus relaciones nada impostado, artificial o fingido. Era claro para expresar lo que quería. Prestaba mucha atención y escuchaba con respeto, valorando lo que se planteaba o discutía, sin prejuicios frente a sus interlocutores, con lo cual siempre generaba confianza. Su trato y presencia era también de gran humildad, de persona altamente educada en los valores del trato social. En el proceso de la Concertación actuaba con gran sentido de observación.

Personalmente era persona de fácil acceso, sonriente, de trato amable, de hablar bajo, de gran optimismo. Era, así lo recuerdo, una buena persona, genuino, auténtico en lo que él era y significaba social y empresarialmente, sin aspavientos, con capacidad de hacer y resolver sin drama lo que había que enfrentar, como cuando se impuso cumplir el acuerdo de la unanimidad para las votaciones en la Concertación.

Cuando falleció, lo confieso, su muerte me impactó mucho por lo que lo llegué a apreciar en la Concertación como persona, que me hace recordarlo siempre como ese buen empresario, preocupado por el desarrollo nacional de forma ética y responsable, aspectos que hoy faltan mucho en la visión pública de lo que se quiere hacer del país, sobre todo cuando desde esas políticas y acciones públicas se amenaza y reprime a sectores empresariales y productivos aprovechando la institucionalidad del Estado, para someterlos a los intereses de quienes ocupan puestos por ocasión o circunstancia de vivencia palaciega de corto plazo, sobre todo cuando hay graves amenazas de perder la democracia nacional, que la tienen amenazada como al Estado de Derecho vigente desde hace 200 años.

Hoy hacen falta muchos Walter Kissling Gam, si entendemos que el 90% de la vida nacional descansa en el sector privado de la producción y de las actividades económicas.

De Walter Kissling Gam, el que conocí y traté, guardo un gran recuerdo, admiración y respeto.

Ese otro lugar para entender las movilidades humanas

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Al finalizar mi trabajo doctoral, un proyecto académico cerraba su ciclo. Fueron 25 años de ejercicio en la investigación y el acompañamiento en distintos procesos vinculados con las movilidades humanas centroamericanas.

Entonces vinieron las preguntas que ya habían empezado a salir, incluso antes del trabajo doctoral, relacionadas con la construcción de sentido alrededor del tema.

Fue así como surgió, supongo, la iniciativa de entender las movilidades humanas con herramientas artísticas. Desde 2018 desarrollo un dispositivo experimental sobre fronteras, biografías y cuerpos, utilizando la poesía como principal herramienta detonadora.

Pero las preguntas no cesan.

En una crisis civilizatoria como la que estamos atravesando, las otredades han sido expuestas una y otra vez hasta convertirlas en el enemigo y la amenaza. Por eso, sigo pensando en la utilización del arte como recurso que complemente el conocimiento académico y contribuya a generar otras cercanías, más implicadas y empáticas.

Recientemente El Colegio de la Frontera Sur en México presentó la antología Travesías poéticas: rutas y sueños migratorios, compilada por las escritoras Angélica Pineda-Silva y Chary Gumeta.

Es este número un registro de voces latinoamericanas, europeas y caribeñas sobre las movilidades humanas y sus contextos, sus desafíos, sus devenires.

Más de 20 países y 42 voces poéticas están representados en este ejercicio que constituye una oportunidad de visualizar lenguajes, narrativas y sentires desde la más diversa de las posibilidades.

Una contribución como esta coloca en perspectiva aquello que la investigadora y activista Maya Kiché Gladys Tzul Tzul denominara la constitución de otros sistemas analíticos, desde los que acercarse a mirar las complejidades de la movilidad humana bajo otras estructuras afectivas y de pensamiento.

La antología puede ser descargada a través de acceso abierto en el sitio oficial de ECOSUR (www.ecosur.mx) y les invito para que se introduzcan en estos otros lugares, para mirar este tema de nuestros tiempos.

Hagamos juntos y juntas el ejercicio.

El eclipse del poder: gobernar mediante el miedo y la mentira

Martín Rodríguez Espinoza

Hace unos días, buscaba información sobre Cristóbal Colón, para otra cosa que escribo, y doy con una anécdota de un Colón en su declive que me hizo, inevitablemente, traerlo a nuestro tiempo. Parecería una historia urbana, pero fue real, este suceso está rigurosamente documentado y respaldado por dos frentes: los registros históricos de la época y la astronomía moderna, la cual ha confirmado científicamente la fecha y hora exactas del fenómeno.

Pues bueno, en 1504, Cristóbal Colón utilizó un eclipse lunar para engañar a los indígenas de Jamaica. Conociendo de antemano el fenómeno astronómico, les hizo creer que su Dios castigaría su negativa a seguir alimentando a sus hombres. El miedo hizo el resto. Lo que era un fenómeno natural se convirtió en un instrumento de manipulación y sometimiento.

Han transcurrido más de cinco siglos, pero, como señalé anteriormente, la lección sigue vigente, quien controla el miedo y manipula la información puede conseguir que los pueblos acepten incluso aquello que perjudica sus propios intereses.

Son otros tiempos, es cierto, hoy los “eclipses” no necesitan ocultar la Luna. Se fabrican con discursos, amenazas, mentiras, enemigos imaginarios y campañas de propaganda.

En América Latina, Estados Unidos pretende presentarse nuevamente como el salvador de nuestros pueblos, utilizando el supuesto combate al narcotráfico y su llamado “Escudo de las Américas” para justificar una creciente intervención militar y política que amenaza nuestra soberanía y justifica el saqueo. Nos venden protección mientras buscan imponer sus intereses geopolíticos y económicos.

En Costa Rica, el régimen Chaves-Fernández reproduce, a su manera, esa vieja estrategia. Detrás de Rodrigo Chaves Robles y Laura Fernández Delgado operan intereses políticos y económicos que pretenden concentrar el poder, debilitar las instituciones públicas y presentar cualquier oposición como enemiga del país, ya se denuncian seguimientos, infiltraciones en el ICE, las telecomunicaciones, redes sociales, etc.

Nos quieren hacer creer que para combatir la corrupción debemos renunciar a la democracia, que para tener “seguridad” debemos aceptar el autoritarismo y que para alcanzar el progreso debemos entregar nuestros derechos.

El truco es exactamente el mismo, crear miedo para imponer obediencia.

Pero hay una diferencia fundamental entre aquella Jamaica de 1504 y nuestro tiempo en 2026, hoy tenemos los conocimientos, la información y la experiencia histórica suficientes para reconocer estos engaños.

El problema no es que falte luz, es que algunos pretenden mantener al pueblo en la oscuridad. Y aunque tenemos la información, está disponible para todos, y más que eso, los vemos haciendo sus fechorías, vemos el robo y saqueo descarado, el avance del autoritarismo se profundiza, tomando instituciones que antes eran supuestamente para el control contra la corrupción y el autoritarismo de un Poder Ejecutivo, se convierte, rápidamente, en instrumento de sometimiento, persecución y castigo, no contra delincuentes, al contrario, construido especialmente contra quienes se opongan.

La mejor defensa contra los nuevos manipuladores del poder es un pueblo informado, consciente, organizado y dispuesto a defender sus derechos y su Patria.

Finalmente, expresado de otra forma, más acorde con esta nota, “No hay eclipse que dure cien años, ni cuerpo que lo aguante”.

Ningún pueblo está condenado a vivir de rodillas, a no ser que lo desee.

30 de octubre de 2026

Óscar Aguilar Bulgarelli: “No hubo transparencia los cuatro años” en el proceso del Tratado Transpacífico

El historiador y analista político Óscar Aguilar Bulgarelli envió a SURCOS un video en el que cuestiona las explicaciones del Gobierno sobre el archivo del proceso de adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y la destitución de la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos.

Para que “no comamos cuentos”, el historiador repasó la cronología del tratado. Recordó que los gobiernos de Laura Chinchilla y de Luis Guillermo Solís ya se habían manifestado a favor de incorporarse a esa plataforma, y que Costa Rica tenía tratados de libre comercio con varios de sus países miembros, como México, Perú y Singapur. Sin embargo, señaló que los pasos decisivos se dieron durante la administración de Rodrigo Chaves:

  • Agosto de 2022: el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), dirigido entonces por Manuel Tovar, presentó la solicitud oficial de ingreso, apenas unos meses después de iniciado ese gobierno.
  • 28 de noviembre de 2024: los países del bloque invitaron formalmente a Costa Rica a iniciar el proceso de incorporación.
  • Enero de 2025: comenzó la revisión de la legislación costarricense frente a las disposiciones del tratado.
  • Marzo y junio de 2025: se realizaron las dos primeras sesiones del Grupo de Trabajo para la Adhesión de Costa Rica.
  • 5 de mayo de 2026: se anunció oficialmente la conclusión sustancial de las negociaciones, mediante una declaración ministerial conjunta liderada por Perú.

Según Aguilar Bulgarelli, al día siguiente, en una de las conferencias de prensa de los miércoles, el entonces presidente Chaves y el ministro Tovar anunciaron “con bombos y platillos” que todo estaba listo y lo compararon con meter un gol en la final de una Copa Mundial.

“Ahora resulta que el presidente Chaves, en aquel momento, hoy ministro de Hacienda, y hombre todopoderoso, sale diciendo que le parece muy bien que la presidenta Fernández haya mandado a archivar este convenio y que no se vaya a firmar, que ha faltado transparencia. Y eso es lo que a mí me mortifica”, afirmó. “No hubo transparencia los últimos tres meses. No, no hubo transparencia los cuatro años que Rodrigo Chaves fue presidente”, agregó.

El historiador señaló que se presenta a Tovar como “chivo expiatorio”, mientras la ministra Trejos, “expulsada del gobierno” y acusada de no mostrar la documentación a los sectores, sostiene que los sectores y el Gobierno fueron informados. “Ese embrollo, esa falta de transparencia, es lo que a mí me mortifica”, dijo.

Aguilar Bulgarelli advirtió además que no existe un documento que respalde el archivo del tratado, sino solo una declaración de la presidenta, y se preguntó si se trata de “una pantomima”. Planteó que podría servir para ocultar situaciones graves en el país, como la de la CCSS, el intento de privatizar el ICE y los ₡1,9 billones que, según la Contraloría General de la República, Hacienda dejó de recaudar por controles deficientes.

Finalmente, llamó a participar masivamente en la manifestación del 3 de noviembre “para que entiendan que a la gente no se le engaña”. “La credibilidad en este gobierno, por las hartas mentiras que han venido metiéndole al país durante más de cuatro años, ya hizo que perdiera toda credibilidad, toda confianza. Esto hay que pararlo o nos van a destruir el país”, concluyó.