Por Rodrigo H. Campos Hernández

Setiembre comenzó bajo la sombra del miedo. Termina con una pregunta sobre quién pretende gobernar nuestras conciencias.

Setiembre comenzó bajo la sombra del miedo. Escribí entonces sobre la excepcionalidad, las amenazas y el riesgo de que el temor se instalara en nuestras conciencias antes incluso de que ciertos hechos ocurrieran. El mes termina y el miedo sigue. Ahora se alimenta también de decisiones que desordenan la política exterior, recortan servicios sociales y acercan cada vez más el discurso religioso al ejercicio del poder.

El viernes 25, en la Asamblea Legislativa, la presidenta Laura Fernández Delgado participó en la celebración del Día de la Biblia. Allí afirmó que ese libro podía servir como manual para ser una buena presidenta. La frase merece atención. Quien gobierna puede tener sus creencias y expresarlas; otra cosa es presentar un texto religioso como guía para tomar decisiones en nombre de una sociedad plural. Cuando la fe entra al despacho presidencial, cabe preguntar quién decide qué significa esa guía y qué lugar les queda a quienes no la comparten.

No se trata de negar la libertad religiosa ni de expulsar a las personas creyentes de la política. Se trata de impedir que una interpretación religiosa particular se convierta en medida de ciudadanía, en fundamento de una ley o en criterio para reconocer derechos. Una democracia puede albergar muchas fes; no debería exigir ninguna para garantizar la igualdad.

En Costa Rica esa discusión tiene una dificultad adicional. El artículo 75 constitucional establece que la religión católica es la religión del Estado, aunque protege el libre ejercicio de otros cultos. Por eso hablar de una política laica no es describir una realidad ya alcanzada: es plantear una tarea democrática pendiente. La laicidad significa que las decisiones públicas deben justificarse ante toda la ciudadanía mediante razones, derechos y responsabilidades comunes, no mediante la autoridad de una iglesia o de una doctrina.

Lo ocurrido en la campaña electoral muestra que la preocupación no es abstracta. Laura Fernández firmó una alianza política estratégica con el Foro Mi País, que presentó compromisos como eliminar la llamada “ideología de género” de las aulas. El Tribunal Supremo de Elecciones ordenó cautelarmente detener mensajes que llamaran a votar utilizando razones o símbolos religiosos y la difusión de un folleto que pedía a los cristianos evangélicos votar por Pueblo Soberano. La intervención del Tribunal deja una señal institucional clara: la frontera entre convicción religiosa y movilización electoral no puede borrarse a conveniencia.

La influencia de estos movimientos tampoco se limita a Costa Rica. Un análisis regional de El País describe cómo grupos evangélicos han ganado espacio en gobiernos y movimientos políticos de Centroamérica y los vincula con dinámicas presentes también en Estados Unidos y Brasil. Pew Research Center, a partir de encuestas realizadas en seis países latinoamericanos, encontró que alrededor de dos tercios de las personas consultadas en Brasil, Colombia y Perú consideran importante que su presidente defienda a quienes comparten sus creencias religiosas. En esos tres países, mayorías similares también creen que la Biblia debería influir en las leyes. Son datos de esos países, no una descripción uniforme de todo el continente; sí muestran que la relación entre identidad religiosa y poder político es un fenómeno regional que merece atención.

El fundamentalismo político aparece cuando un sector pretende que sus convicciones sean la norma moral obligatoria para toda la sociedad. No hace falta que se prohíban las elecciones ni que se cierre el Congreso para que el pluralismo se estreche. Basta con clasificar unas posiciones como virtuosas y otras como una amenaza; basta con afirmar que ciertos derechos son una imposición ideológica, mientras la propia doctrina se presenta como verdad natural, familiar o divina.

En esa lógica también encaja la cruzada presidencial contra la llamada “ideología de género”. La presidenta ha dicho que el tema era “agua pasada” y luego reafirmó la oposición de su Gobierno a su presencia en las escuelas. Al mismo tiempo, personas homosexuales ocupan puestos dentro del aparato gubernamental. La contradicción no está en sus identidades: está en un poder que incorpora a algunas personas mientras desacredita las demandas colectivas de igualdad, reconocimiento y educación inclusiva. La diversidad parece aceptable como presencia individual, pero se vuelve sospechosa cuando reclama derechos.

El discurso religioso también debe confrontarse con la política social. La mayoría oficialista aprobó recortar ₡40.000 millones a CEN-CINAI y ₡30.000 millones al BANHVI, trasladando principalmente esos recursos al Régimen No Contributivo de Pensiones. Las personas adultas mayores que reciben esas pensiones también necesitan protección. Precisamente por eso no deberíamos aceptar que el Estado enfrente unas urgencias contra otras: niñez, vivienda popular y vejez no tendrían que disputarse una bolsa insuficiente. Después del recorte se reportaron órdenes de transporte suspendidas y cambios temporales de horario en algunos CEN-CINAI. Las autoridades discutieron el alcance de las afectaciones, pero el problema dejó de ser hipotético cuando el acceso a servicios concretos quedó comprometido.

En la misma modificación presupuestaria se habilitó un traslado de ₡70 millones para comunicación de Casa Presidencial. No es que esos recursos salieran directamente de CEN-CINAI o del BANHVI. Pero, en medio de una discusión sobre austeridad y necesidades sociales, la pregunta sobre las prioridades del Gobierno resulta inevitable: ¿qué encuentra financiamiento y qué se deja expuesto al recorte?

La política exterior completó el cuadro. La presidenta viajó a Colombia y no asistió a la Asamblea General de la ONU. Días después destituyó al canciller Manuel Tovar, quien estaba en Nueva York y tenía prevista la intervención de Costa Rica. La Presidencia alegó que no le había comunicado una invitación a una reunión del “Escudo de las Américas”. La crisis terminó trastocando la representación costarricense en una semana diplomática importante. No es una simple diferencia de agenda: es una señal de improvisación y de concentración de las decisiones en la voluntad presidencial.

También merece escrutinio el nombramiento de Boris Marchegiani como representante ante la ONU. La prensa reportó que él mismo reconoció no tener experiencia diplomática y recordó su participación en el financiamiento de vallas que exigían la renuncia de jerarcas públicos y sus vínculos políticos con el oficialismo. El Gobierno defendió su idoneidad. La pregunta sigue en pie: si existen diplomáticos de carrera, ¿qué criterio explica que un aliado político sin trayectoria diplomática ocupe una representación de tanta importancia? Los puestos públicos no deberían funcionar como recompensa por la cercanía con quienes gobiernan.

Así termina setiembre: la Biblia en el atril, la austeridad sobre servicios sociales, los nombramientos bajo sospecha y una disputa política que presenta la diversidad como amenaza mientras admite selectivamente a algunas personas diversas dentro del poder. El miedo no surge de una sola noticia. Crece cuando se vuelve difícil reconocer un principio común que explique las decisiones del Gobierno y cuando una doctrina religiosa parece ganar autoridad sobre los derechos de quienes no la comparten.

Defender una política laica no significa exigir que las personas creyentes callen. Significa que ninguna iglesia, ningún pastor y ninguna interpretación religiosa gobiernen por encima de la ciudadanía plural. Las leyes deben proteger a creyentes y no creyentes por igual; deben responder a necesidades comprobables y garantizar derechos, no imponer una fe.

Setiembre se acaba. El miedo permanece, pero no tenemos que resignarnos a que el púlpito dicte la ley ni a que la incertidumbre sustituya al debate democrático. También podemos tomar distancia del ruido para cuidar el juicio crítico y recuperar fuerzas.