Durante décadas, el mercado de pagos con tarjeta en Costa Rica operó como una caja negra. Los comercios, especialmente las pequeñas y medianas empresas, pagaban comisiones excesivas, sin transparencia ni capacidad real de negociación. El argumento era siempre el mismo: no se debe regular, el mercado se autorregula. Cinco años después de la entrada en vigencia de la Ley 9831, los datos oficiales del Banco Central de Costa Rica (BCCR) demuestran exactamente lo contrario. Regular fue necesario. Y regular dio resultados.
Antes de la Ley 9831, las comisiones que los bancos cobraban a los comercios permanecieron prácticamente intactas por más de 30 años. Esto ocurrió a pesar de una transformación tecnológica profunda: pagos electrónicos masivos, automatización, reducción de costos operativos y un crecimiento exponencial del número de transacciones.
El Estudio Técnico del BCCR 2025 es claro: en 2019 muchas pymes en Costa Rica pagaban comisiones hasta del 12%, una de las cifras más altas del mundo. No había justificación técnica ni económica. Era, simplemente, el reflejo de un mercado altamente concentrado y con prácticas oligopólicas. Cuando no hay competencia real, hay abuso.
Uno de los hallazgos más contundentes del estudio del BCCR es el impacto económico agregado de la regulación. Entre 2020 y 2025, la reducción de comisiones significó un ahorro acumulado equivalente a cerca de 2,5 puntos del Producto Interno Bruto, distribuido entre comercios y consumidores.
Ese dinero no desapareció:
– se tradujo en precios más bajos,
– mayor liquidez para pymes,
– más inversión,
– y mayor inclusión financiera.
Regular no destruyó valor: lo devolvió a la economía real.
El estudio también confirma que, si bien aún existe dispersión en las comisiones, el rango se ha reducido de manera significativa. Hoy, los comercios pagan comisiones que van aproximadamente del 0,1% al 1,95%. En 2019, ese rango iba del 0,1% hasta el 12%.
Esto importa —y mucho— porque esa dispersión extrema generaba competencia desleal: pequeños comercios pagando varias veces más que grandes cadenas por exactamente el mismo servicio. Aún queda mucho por hacer en este aspecto. La cancha todavía no está completamente nivelada, pero ya no está inclinada de forma escandalosa.
La regulación no eliminó la competencia: eliminó el abuso.
Contrario a los augurios catastrofistas, el estudio del BCCR muestra que hoy hay más competencia de los oferentes de datáfonos y mayor dinamismo en el mercado.
Además, los datos reflejan que:
– el volumen de transacciones electrónicas crece a tasas anuales cercanas al 10%, reflejando un uso cada vez más intensivo de tarjetas en la vida cotidiana;
– el monto total transado aumenta año a año a ritmos del 8% al 12%, incluso en un contexto de desaceleración económica, lo que evidencia mayor confianza y penetración del sistema;
– y los pagos electrónicos continúan ganando terreno frente al efectivo, cuyo uso relativo se reduce de forma sostenida, especialmente en comercios formales y servicios masivos.
La disputa por nuevos nichos —como el transporte público, plataformas digitales y pagos masivos— evidencia una mayor penetración de los medios electrónicos de pago en la vida cotidiana de la población.
Cuando bajar precios abre mercado, todos ganan.
El mensaje de fondo del estudio es contundente: los mercados oligopólicos y altamente concentrados no se autorregulan en favor del bienestar general. El mercado de tarjetas —dominado por pocos entes financieros y grandes marcas internacionales— requiere límites claros para evitar abusos y proteger la sanidad del sistema. Los oligopolios no se autorregulan
La fijación anual de tarifas máximas, lejos de ser contraproducente, ha sido —en palabras del propio estudio del BCCR— una medida técnica, efectiva y positiva, que no frenó la innovación ni la inversión. Poner topes no destruyó el mercado: lo hizo funcionar mejor.
Costa Rica no está sola en la regulación del oligopolio.
El estudio recuerda que muchos países de la OCDE regulan las comisiones de tarjetas, precisamente porque reconocen las fallas estructurales de estos mercados. Europa, Australia y otras 20 economías avanzadas aplican límites para proteger comercios, consumidores y la competencia. Regular no es una rareza. Es una buena práctica internacional.
Lo que falta por hacer
El propio BCCR señala que Costa Rica aún tiene espacio para mejorar. Las tarifas promedio siguen siendo más altas que las que enfrentan los grandes comercios en mercados más competitivos. El desafío ahora es seguir reduciendo brechas, fortalecer la transparencia y garantizar que las pymes accedan a condiciones similares.
Cinco estudios, una conclusión
Durante la discusión de la Ley 9831, bancos, marcas internacionales de tarjetas y algunos economistas sostuvieron que la regulación de comisiones sería ineficiente y contraproducente. No obstante, la teoría económica reconoce desde hace décadas que en mercados con estructuras oligopólicas o monopólicas, donde existen fallas persistentes de competencia, altos costos de cambio y poder de mercado, la intervención regulatoria es necesaria para corregir precios, evitar rentas excesivas y proteger el bienestar social.
Cinco estudios técnicos elaborados por el Banco Central de Costa Rica confirman empíricamente este principio: la regulación de comisiones no debilitó el sistema, sino que contribuyó a mejorar la eficiencia, fortalecer la competencia y reducir distorsiones regresivas que recaían desproporcionadamente sobre comercios y consumidores. Defender esta ley implicó ir contra intereses consolidados, pero la evidencia es concluyente. Cuando el análisis empírico es consistente, los argumentos ideológicos pierden sustento técnico.
Bach. Martha Elena Rodríguez González Exdirectora Caja Costarricense de Seguro Social
A la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social se debe llegar con vocación de servicio, humanidad y un compromiso profundo con la seguridad social. No es un espacio para el cálculo político ni para la subordinación, sino un órgano colegiado llamado a resguardar uno de los pilares más importantes del pacto social costarricense.
En la entrevista reciente concedida por la candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández Delgado, se afirma:
“¿Cómo va a ser posible que siendo la Caja la institución presupuestariamente más grande de toda Centroamérica la dieta que se le paga a cada directivo es de 47.000 colones?
“… la raíz del problema es la conformación y la integración de esa Junta Directiva… hay personas ahí que ni siquiera levantan la mano, que no les he oído la voz porque les da miedo participar… una Junta Directiva donde están los sindicatos, el solidarismo, las cooperativas y el que pone el presidente es solamente un voto dentro de toda esa Junta… entonces en la Caja hay que hacer grandes transformaciones…”
Estas afirmaciones, lejos de constituir un diagnóstico serio, evidencian un desconocimiento profundo del diseño jurídico e institucional de la CCSS y del rol que la Constitución y su Ley Constitutiva asignan a la Junta Directiva. El monto de la dieta no es un incentivo económico, sino un reconocimiento simbólico a una función pública de alta responsabilidad, cuyo fundamento no es la retribución material, sino la vocación de servicio.
Reducir la discusión a la dieta no solo trivializa el compromiso ético que implica ser directivo o directiva de la Caja, sino que desconoce que la institución cuenta con una robusta estructura técnica y asesora -jurídica, financiera, actuarial, logística, médica y administrativa- que respalda la toma de decisiones. Nadie está llamado a ser experto en todas las materias; lo indispensable es la probidad, la independencia de criterio, el conocimiento de la seguridad social y la solidaridad con quienes dependen del sistema de salud y pensiones.
La candidata también afirma que hay directivos que “no levantan la mano” por miedo. Sin embargo, atribuir ese silencio a la composición tripartita resulta falaz. El verdadero problema no es la presencia de sindicatos, cooperativas o solidarismo -expresamente prevista por la ley-, sino la práctica política que ha impuesto, en esta administración, un control absoluto del órgano colegiado mediante presiones, amenazas veladas y destituciones arbitrarias. No es miedo a participar: es el costo real que enfrentan quienes se atreven a disentir del Poder Ejecutivo.
La Ley Constitutiva de la CCSS es clara: la Junta Directiva se integra de manera tripartita, con tres representantes del Gobierno, tres del sector patronal y tres del sector laboral. Una vez nombrados, deben actuar con absoluta independencia del Poder Ejecutivo, para garantizar un equilibrio de intereses donde prevalezca el bien común y no la agenda política de turno.
Plantear “grandes transformaciones” sin reconocer este marco legal ni el valor democrático de la representación social implica abrir la puerta a una recentralización del poder, incompatible con la autonomía y el modelo solidario que ha sostenido a la CCSS durante décadas. La Caja no necesita una Junta obediente ni homogénea; necesita personas íntegras, con criterio propio, capaces de deliberar, cuestionar y defender la institución incluso frente al Gobierno.
Los hechos recientes -el maquillaje de estudios actuariales, compras a sobreprecio como el caso Barrenador, la crisis operativa asociada al sistema ERP-SAP de la CCSS, los nombramientos ilegales en la Junta Directiva, el crecimiento exponencial de las listas de espera y la escandalosa deuda del gobierno con la CCSS- no evidencian un exceso de representación social, sino un abandono del deber constitucional de proteger la seguridad social.
La Caja no es el problema. El problema es su captura política, que debilita su democracia interna y silencia a quienes piensan distinto.
La CCSS se fortalece recuperando la ética pública, la transparencia y el compromiso humano de quienes la dirigen; defendiendo su autonomía, su independencia y su carácter tripartito como garantías reales del derecho a la salud, a las pensiones y a la dignidad de millones de personas.
Chaves y Nogui dijeron hace meses que el «decretazo» a favor de los importadores de lujosos autos, había sido «sin querer queriendo». Que Hacienda revisaría caso por caso, para recuperar los montos evadidos a la hora de importarlos. Tarea que obviamente no hicieron, y que ahora se hace más grande, al sumar la evasión que se evidencia con el pago de los marchamos, para los mismos autos que ingresaron bajo la corrupta sombrilla de Zapote. ¡La fiesta es todo un carnaval pornográfico!
Para no afectar a los amigotes de Chaves amantes de los lujosos autos, Nogui no movió un dedo mientras era ministro. Se limitó a decir, que los importadores eran unos mentirosos, al meter facturas de compra falsas. Que como era un delito, Hacienda se encargaría ¡Ya!, de empezar a cobrarle a esos «mentirosos» el impuesto que evadieron, y que se harían los ajustes legales para cerrar el portón. Mientras, por otro lado, Chaves seguramente le advertía «dejar las cosas como están». Los hechos lo demuestran.
Entre los impuestos por importación de autos y a la propiedad (dinero de todos los costarricenses que recaudaría Hacienda), nos robaron ¢32.000 millones, hasta agosto pasado, pese a que ingresaron más carros. Ello, gracias a la «contribución» que generosamente les hicieron Chaves y Nogui Acosta, al establecer que, a partir de octubre del año pasado, ya esos impuestos no se determinarían a partir de los «precios mínimos de mercado», y sí a partir de lo supuestamente pagado por el vehículo en algún país extranjero.
Algunos importadores de lujosos vehículos, están librándose de pagar entre ¢7 Y ¢15 millones (quizá más), por concepto de marchamo, por cada uno. O sea, por unos 500 carros estarían dejando de pagar ~¢5.000 millones. Mientras, por otro lado, los otros, los que no podemos ni entrar al condominio de mansiones en que vive el presidente, pagamos por nuestros carros, cifras injustas, muy superiores a las que se le cobran a los amigotes premiados por Zapote.
Porque es dinero que es vital para la atención de obligaciones del Estado, incluyendo la disminuida asistencia social, esperamos que los recursos de amparo que se están preparando contra el decretazo de Chaves y Nogui, en defensa de los intereses difusos, se presenten cuanto antes… aunque ello le complique la vida a los que esperan por los autos que estarían por llegar al país.
Mariana Ramos Castro, niña de ocho años, que acaba de terminar exitosamente su tercer grado, avanzando en el 2026 al cuarto grado, que se está formando en una escuela bilingüe, quien es muy destacada en deportes y gimnasia, asustó al presidente Rodrigo Chaves.
No asustó a cualquier persona, hizo temer al presidente que se identifica anímicamente con el animal depredador JAGUAR, que se comporta públicamente como un animal, imitando los rugidos del felino, tratando de asustar al público que le observa, que atentamente le sigue, y que también trata de imitarlo en sus zarpazos, agresiones y exabruptos verbales contra quienes le critican y se le enfrentan.
Se supone que con ese comportamiento animal el presidente es el hombre más valiente, y fuerte de Costa Rica, que con su rugido quiere imponerse.
Su imitación del animal Jaguar, con sus rugidos, me hace recordar, al héroe de mis años infantiles, Johnny Weissmüller, quien impulsó y representó en el cine a Tarzán de los Monos, quien también se comunicaba, “hablaba” con los animales, y emitía un alarido poderoso, un grito ululante, distintivo, el Grito de la Selva, cuando se lanzaba por los árboles o quería imponer su presencia. Johnny Weissmüller, era un nadador rumano, gran nadador, cuya figura le convirtió en un sex symbol de la pantalla grande en su época.
El Tarzán de los Monos, fue una figura de hombre blanco, que vivía en una región africana de pobladores negros, pigmeos, más pequeños que él. Era el símbolo de la civilización en aquellas comunidades “atrasadas”. Pero, a la vez el símbolo del colonialismo, del racismo, del imperialismo en las comunidades indígenas africanas.
El animal de Zapote, el Jaguar, con los “rugidos de jaguar” que hace el presidente Chaves, trata de imitar seguramente a Tarzán, y lo hace sentirse en una comunidad de seres atrasados, más animales que él, donde él con su ferocidad trata de imponerse, de meter miedo, de acobardar a quienes se le enfrenten. Lo hace sentirse como el Rey de esta selva, el Rey de los Monos o, mejor dicho, el Rey de los Jaguares, de este zoológico humano costarricense. Porque si él es un animal a todos nos ha de ver como animales. El Jaguar de Zapote quiere probablemente procura convertirse en un sex symbol de la pantalla grande costarricense.
El libro de Edgar Rice Burroughs seguramente es el libro de cabecera del Jaguar costarricense, que siendo Tarzán de origen rumano, el presidente Chaves lo imitó autodenominándose Jaguar en Zapote de Costa Rica. Quienes lo conocen de cerca me han dicho que en la intimidad, con cariño, lo tratan como el Dragón de Komodo de Monterán, un animal propio de Indonesia… donde él actuaba con la Ley de la Selva del Banco Mundial…
¿Qué asustó al Jaguar de Zapote y al Dragón de Komodo de Monterán? Palabras, expresiones, ideas, un pequeño relato de una niña de ocho años. ¿Qué dijo esa niña que tanto incomodó al Jaguar de Zapote y al Dragón de Monterán?
Las expresiones que dio la niña en una actividad enteramente privada, porque el Jaguar quiere dominar e interferir en toda la vida pública, la política y la vida privada de los costarricenses.
La niña, es a la vez la hija del candidato presidencial Álvaro Ramos y de su esposa Cristie Castro, ambos dedicados a sus hijos extraordinariamente y a tiempo completo, para formarlos de la mejor forma posible para la vida, con sentimientos humanistas, con vivencias democráticas, con valores de inclusividad, de respeto, de tolerancia, de libertad.
La niña No dijo mentiras. NO ha sido educada para eso. NO está marginada de la vida de sus padres, ni de la proyección política de su padre, el candidato Álvaro Ramos. Tampoco se le oculta que su padre es candidato del Partido Liberación Nacional, con el cual la niña, como todos los hijos e hijas de candidatos se identifican con los partidos políticos de los que sus padres participan. Sucede igual con los equipos de fútbol. La niña NO vive un entorno familiar de opresión para seguir políticamente a sus padres. Pareciera que por la reacción del Jaguar este ambiente no lo conocen en su casa, en su guarida en Monterán o en Zapote, donde ha de predominar la Ley del Más Fuerte, del más gritón, como se comporta el Jaguar en sus Guarida, con gritos…
Por todo lado lo decimos, y se dice, que el presidente Chaves es un ser autoritario, con características despóticas, tiránicas, dictatoriales. Decimos y advertimos a los costarricenses y ciudadanos que, de continuar su gobierno, ese es el camino proyectado de su candidata, quien ha dicho con claridad que necesitan gobernar sin controles administrativos y legales, que el Estado de Derecho en ese sentido no les permite gobernar, por lo que tienen que acabar con el Estado de Derecho, y con el Estado Social de Derecho, que es acabar con la Democracia.
La niña Mariana Ramos Castro, de ocho años, en la reunión en la que estaba su padre, el candidato, con quien se identifica, dijo lo siguiente: “Quiero decir que Costa Rica está en peligro, que Costa Rica está en el pico de la montaña al borde de caer. Costa Rica es un país, que ahora está entre el bien y el mal, con un presidente que es un dictador. Depende de nosotros, los liberacionistas, hoy estar diciendo: ¡Somos liberacionistas, vamos a derrotar al mal y vamos a ganar para tener el país que queremos!”.
Palabras similares dice el presidente Chaves constantemente contra todo el ordenamiento político, institucional, jurídico, contra los poderes públicos. También ataca y amedrenta personas y funcionarios públicos, a algunos colocándolos en vallas publicitarias como si fueran los delincuentes más perseguidos del país. ¿Acaso no dijo el Jaguar que todos los presidentes del pasado, desde 1949 hasta que llegó él, habían sido dictadores y tiranos que solo gobernaron para grupos económicos y financieros, y no para el pueblo?
Tamaño alboroto ha creado el felino de Zapote, aparte de los rugidos que pasa haciendo en su guarida de Monterán, por esa simple opinión expresada por una niña de ocho años, que le llama “dictador”.
No satisfecho con la libertad de opinión de la niña, que es una persona menor, ha obligado a que el Patronato Nacional de la Infancia, intervenga investigando a la niña, llevando a su familia y entorno familiar, a investigaciones administrativas, casi policiacas, al estilo nazi fascista, para determinar el daño en la formación y cuido de esa niña que se le ha causado, para determinar si el ambiente familiar que tiene Mariana es tóxico y lesivo a su condición de menor de edad y de mujer menor.
Por el comportamiento público del Jaguar es más probable que el ambiente tóxico y peligroso del Jaguar se viva en su guarida de Monteran, para sus familiares inmediatos, para su esposa, su hija y sus empleados, como la tensión que se vive entre los trabajadores de la guarida de Zapote.
Le ha faltado al Jaguar hacer o pedir públicamente que intervenga Procuraduría General de la República, que también tiene que hacerse presente en situaciones especiales de niños, que para él son como objetos, casi sexuales en algunos casos, que se altera, se excita, cuando una niña de ocho años le dice “dictador”, y que ante ese “exabrupto” le echa encima el Patronato Nacional de la Infancia a la niña y a su Familia, para valorar si vive en un entorno familiar hostil o peligroso, para la chiquita, casi amenazando con quitar esa niña de su familia, para entregarla a alguna institución “guardadora” de niños, o hasta para hacer negocios, si pudiera hacerlos, por la vía de gestionar adopción con esa institución, en una especie de trata de niños desarraigados de su hogar por razones políticas impuestas por el presidente, que se identifica emocional, sicológica, siquiátrica y cotidianamente con un animal, el jaguar, que por su naturaleza, es un animal depredador, lo que explica en mucho la condición que tiene el presidente de animal político depredador del Estado, de sus instituciones sociales, y de los valores democráticos nacionales.
Lo que ha quedado en evidencia pública es que el Jaguar presidente le tiene miedo a la opinión de una niña, lo que constituye un máximo acto de cobardía pedofílica del Jaguar, que fue excitado por las manifestaciones que le hicieron saber de esa niña, que seguro le hizo recordar su infancia, (¿y juventud tal vez?) reprimida, y quizá hasta abusada, que lo hizo reaccionar contra esa niña, que por la forma es actuar contra todos los niños de Costa Rica.
Si el acto del animal Jaguar no es cobardía Pedofílica, entonces debe ser de cobardía Pedofóbica, que es cuando se les tiene miedo a los niños, lo que hace al pedofóbico rechazar a los niños, por actos traumáticos sufridos en su niñez. Es un miedo anormal y persistente de la ansiedad que se le puede producir de criar niños, o de tenerlos a su alrededor, en su hogar o en el hogar presidencial, según se quiera ver, en todo Costa Rica.
El ataque a la niña por el presidente ha sido contra todos los niños, contra todas las personas pequeñas y menores del país. Ha sido un irrespeto total a ellos, a su integridad, a su formación democrática, a su libertad de crecimiento en sus hogares y en escuelas.
En las escuelas y colegios hay elecciones estudiantiles, de infantes, de menores de edad. Incluso hay regulaciones electorales, de estos procesos estudiantiles, al amparo del Tribunal Supremo de Elecciones.
Obviamente, los hijos de los candidatos a cualquier puesto de elección popular están más identificados con sus parientes candidatos, y con los partidos de ellos.
¿Qué se puede esperar de hijos de candidatos a la Presidencia, como la hija del candidato Álvaro Ramos? Lo mínimo, identificación con su padre candidato, con lo que él piensa y con lo que se dice de sus principales contrincantes y de lo que se critica del gobierno, y del presidente de turno, sobre todo si se tienen todas las características de un déspota, un tirano, un dictador, un ser absolutamente autoritario.
El Tribunal Supremo de Elecciones debería salir en defensa de los derechos de los niños, del derecho al sufragio que se les enseña y se los posibilita, en la práctica, el mismo día de las elecciones, donde esos niños están claramente identificados con partidos y candidatos, incluso en contra de los que tienen sus padres, que les respetan esas opiniones.
¿Qué se puede pensar del presidente que actúa violentamente contra lo que dice una niña de él? ¿Y qué se puede pensar de un presidente que ante manifestaciones políticas de una niña le echa encima a ella y su familia toda la institucionalidad del Estado, pidiendo represión contra ellos y atemorizando a toda la población y ciudadanía?
Lo mínimo que se puede pensar es qué a su familia, la del presidente, la trata violentamente, sin ningún respeto, imponiéndoles a la fuerza sus opiniones, sin permitirles ningún tipo de libertad de pensamiento. Podemos entender por ello el descalabro que la educación nacional ha tenido en este gobierno.
Si alguien se debiera investigar en sus relaciones familiares y parentales es al presidente de la República, si él quiere ser el prototipo de los costarricenses.
¿Cuál es la imagen que el presidente proyecta con este escándalo en estas materias? La del machista, la del abusador, la del negacionista de derechos, la del dictador esposo, la del tirano padre, la del presidente macho cabrío despidiendo el olor hircino para marcar constantemente su territorio…en su casa, en la Casa Presidencial, que es la de todos los costarricense, y en todo el territorio nacional…por donde vaya en sus giras…
La reacción que ha tenido el presidente no es solo contra esa niña. Es contra todos los niños de Costa Rica, sin entender cuál es la situación real y actual de la niñez costarricense. Sin entender que los niños son personas, que se les educa para ser ciudadanos en el futuro no muy lejano para ellos.
No entiende el presidente que hoy los niños se educan, en sociedades democráticas como la costarricense, con criterios más amplios, respetándolos como personas pequeñas, con sus propios derechos y libertades.
El presidente parece que cree que está mandando en Costa Rica, como seguramente operaba laboralmente en Indonesia y en los países donde trabajó imponiendo programas…
A la niña del candidato Ramos hay que destacarla. Es un ejemplo para la niñez y los jóvenes, pero también para padres de familia y educadores.
La presidenta del Patronato Nacional de la Infancia fue clara: cuando le informaron de lo que había dicho la niña de ocho años, que llamó “dictador” al presidente, inmediatamente ella llamó al presidente, porque como bien dijo el Jaguar, eso le hubiera molestado, que no le hubieran informado.
Los problemas públicos, notorios y escandalosos que vive diariamente la niñez del país, especialmente la de zonas marginales, de pobreza y extrema pobreza, pero también la de zonas urbanas, pareciera que no son vistos, ni atendidos de ninguna manera por el Patronato Nacional de la Infancia. Los niños de la calle, los niños en la calle, los niños y niñas en abandono, los llamados ninis, los niños de la deserción escolar, los niños del trabajo infantil que se ha ampliado de forma esclavista en el país, en regiones campesinas y de trabajos agrícolas y urbanos, lo niños de ventas callejeras, los niños que abandonaron la escuela o el colegio, lo brutalmente hecho por el gobierno de quitar el subsidio de los comedores escolares, del transporte estudiantil, las niñas y menores de edad embarazadas, ¿Acaso el Patronato Nacional de la Infancia no tiene que interesarse en ellas? ¿Qué ha hecho el Patronato Nacional de la Infancia ante el gobierno que eliminó los programas educativos que tenían que ver con la educación sexual y afectiva de los niños? Lo que se había regulado y disminuido de embarazo adolescente en zonas costeras, como Guanacaste y Puntarenas se ha vuelto crítico nuevamente, a la vista y paciencia del silencioso y cómplice, en este sentido, Patronato Nacional de la Infancia.
Para el presidente esas palabras de la niña Mariana Ramos no fueron espontáneas, propias, no fueron improvisadas o naturales. Así las ve, porque cada ladrón juzga por su opinión. Las actividades de las mesas de prensa del presidente, de los miércoles, son exactamente montadas, con guiones hechos, con preguntas y respuestas preparadas, con las preguntas y las respuestas para sus invitados ya todas cocinadas… Por eso no puede entender que una niña tenga opinión propia.
La niña Mariana no ha cometido delito alguno ni infracción de ningún tipo para que se le investigue a ella, y a su familia, por medio de trámites judiciales o administrativos.
La legislación nacional de Familia la protege en sus derechos de costarricense, de persona menor costarricense, con los derechos y libertades que tiene, como todo ciudadano. La legislación internacional de niños, ratificada por Costa Rica también la protege. Los Tratados de Derechos Humanos que hemos ratificado también la cubren.
La participación política y electoral de un menor no está prohibida. El único impedimento que tienen los menores de 18 años, entre ellos Mariana, es el del sufragio para decidir la representación popular. Pero en imitación de ese proceso se les organizan elecciones “infantiles” para que así se expresen el mismo día de las elecciones.
La censura a las ideas y opiniones de Mariana no caben. No hay censura previa. Y lo que dijo no puede someterse más que a la libertad de pensamiento y de opinión que ella misma ha elaborado por la información que ha recibido diariamente en su casa, en la escuela, en la calle, en los medios de comunicación y en las redes sociales infantiles a las que puede tener acceso.
Los derechos de reunión, de examinar la conducta de los gobernantes, que implica la crítica y la adjetivación de su persona o función, son válidos para Mariana.
Y cuando, en una gira presidencial en una imagen totalmente lasciva, que fue publicada, el presidente pidió que le dieran o entregaran una niña, que la devolvería después… ¿qué hizo el Patronato Nacional de la Infancia, sobre todo por la mala fama, o sombra, que acompaña y trajo del Banco Mundial el presidente? ¿La foto lasciva que se publicó del presidente, con la niña que solicito, acaso no mostraba una poderosa pederastia política, una inclinación “erótica” hacia la niña?
¿En qué quedamos con la niña Mariana y el presidente? El Jaguar se manifestó como un cobarde ante la niña de ocho años. La cobardía política pedofílica del presidente ante la niña se expresó en su falta de valor, su alta incapacidad ante el miedo, el peligro o la adversidad, que le produjeron las palabras de la niña, de que le dijera “dictador”, lo que llevó al presidente a huir, a ocultarse en las enaguas de la institucionalidad que representa la presidenta del Patronato Nacional de la Infancia, para evitar la situación difícil de su condición de “dictador”, de cobarde político amparado a la fuerza institucional del Estado, porque ese calificativo de “dictador” le llegó a su intimidad, y para desde esa tribuna institucional, el Patronato Nacional de la Infancia, disfrazar su Cobardía Pedofílica, el placer, probablemente erótico, que también le produjo el que la niña lo llamara “dictador”, considerando que la pedofilia produce esa atracción en el rango de las edades de 6 a 14 años de los niños.
Bien pudo ser también, que el presidente mostrara su cobardía pedofóbica política de miedo o rechazo a los niños que tienen opinión política propia, que le haya recordado un episodio traumático cuando era niño.
El partido Liberación Nacional y sus padres no tienen por qué ocultarla del escenario que el Jaguar la quería sacar, del ambiente democrático electoral del país, que estamos viviendo… Hasta febrero, abril y mayo próximo, donde se define si avanzamos hacia mayor o menor democracia, hacia una democracia o seguimos el camino de la dictadura y del autoritarismo.
Si todavía pesara alguna duda sobre la capacidad de la niña para tener opinión propia, bien podría someterse ella con el presidente a una comparación científica de la Inteligencia Emocional, y de la Inteligencia Emocional Política, que la niña evidentemente si la tiene, con la que el presidente no la muestra.
Si se quiere ir más allá, podría hacerse una comparación de los Coeficientes Intelectuales del presidente y de la niña. Por la forma con que hemos visto actuar al presidente pienso que en ambos temas es débil.
El aprendizaje, la memoria, la comprensión verbal, la capacidad espacial, la rapidez de procesamiento, la motivación interesada, el alto rendimiento escolar y expresión oral destacada de Mariana, que desde los tres años lee, como su padre que empezó a los dos años y medio la ruta de su éxito intelectual, probablemente supere en mucho al presidente, comparando las edades mentales con las cronológicas como se hace en estas pruebas.
Comparativamente, el presidente no calza en esta posible comparación por su baja expectativa para lograr objetivos mínimos, como lo ha demostrado en su gestión gubernativa.
La niña Mariana se ganó un sitio de honor en esta Campaña Electoral. En ella se defiende a la niñez costarricense en todas sus libertades y derechos. En ella está, toda la niñez nacional, el futuro del país, así como en una semilla hay un árbol.
Mariana, me recuerda a Marianne, la figura que personifica, además de símbolo nacional de Francia, a la República Francesa, a la Revolución Francesa, a la mujer patriótica, fogosa, guerrera, pacífica, representante del pueblo, los que simbolizan el cambio de régimen, de gobierno autoritario, en aquella época monárquico, por el democrático republicano. Marianne es el símbolo de la Madre Patria, de la Madre que protege a todos los hijos de la República.
¡Bravo Mariana Ramos Castro! ¡Defendamos a Mariana y a los niños costarricenses de cobardes políticos, de pedófilos o pedófobos políticos, como el Jaguar de Zapote!
A raíz de la derrota electoral en Chile y del ascenso de la extrema derecha, el análisis predominante, de los principales analistas de la izquierda, es que las elecciones se pierden porque la izquierda se ha movido al centro político, porque no ha llevado adelante reformas económico y sociales que cambien la estructura de las sociedades, porque sus gobiernos no salen de los límites que le imponen el mismo sistema organizado por la derecha, entre algunos argumentos. Es decir, que la izquierda es demasiado reformista, demasiado poco radical y que se aleja de las necesidades de los pueblos, lo que la hace perder las elecciones.
El debate es interesante y probablemente la verdad es más compleja, porque la realidad global, el mundo capitalistas actual es muy diferente al de años anteriores.
Es cierto que la izquierda se ha preocupado por aspectos o elementos que han surgido en las últimas décadas como la lucha de las mujeres por sus derechos, los de la diversidad sexual, gays y lesbianas o trans, o el cambio climático, descuidando, según algunos, la esencia de su existencia como es la lucha por los pobres, contra la desigualdad y la formación de una nueva estructura socioeconómica. Pero el asunto es si la izquierda debía desentenderse de esos problemas o debía asumirlos como propios e incorporarlos a sus luchas por una nueva sociedad. Creo que la respuesta es absolutamente no. Y en términos generales, la izquierda latinoamericana no ha dejado de lado esos planteamientos que la caracterizan.
El otro asunto interesante es saber si los cambios iniciados por los gobiernos de izquierda en América Latina han sido cosméticos o fueron reformas populares dirigidas a conformar una nueva sociedad, entendido que esa nueva sociedad no puede ser igual para todos los países e incluso parecida o no al modelo soviético, cubano, venezolano o nicaragüense.
La izquierda perdió las elecciones en Ecuador: Rafael Correa no fue tibio. En Perú donde derrocaron a Pedro Castillo por querer llevar adelante reformas y por discriminación de clase ya que fue el primer presidente peruano proveniente de las clases pobres o “bajas” de la sociedad. En Bolivia se perdió por la división estúpida de la izquierda y no por tibieza de Luis Arce. La derrota electoral de Alberto Fernández en Argentina se debe a las particularidades propias del peronismo, pero había perdido en el 2015, ganado la ultraderecha de Macri, después del gobierno de Cristina Fernández, que tampoco fue muy tibia.
El caso de Nicaragua es emblemático. Un gobierno revolucionario que había realizado reformas muy profundas, estructurales, tales como la reforma agraria, la alfabetización, la nacionalización, etc., perdió las elecciones en 1990 con Violeta Chamorro. Esa derrota no se debió a la tibieza o reformismo del FSLN. El Frente Sandinistas perdió como 2 o 3 elecciones más hasta que Daniel Ortega y Arnoldo Alemán firmaron un pacto político donde establecieron cuotas de poder y aseguraron el triunfo de Ortega en 2005. Después de eso el FSLN ganó todas las elecciones hasta el día de hoy y las seguirá ganando no se sabe hasta cuándo ya que liquidó a toda la oposición.
El caso de Chile deberían analizarlo los que mejor conocen el fenómeno. Sé que Gabriel Boric fue acusado de flojo y entregado a la derecha. Además, que su gobierno inició con las consignas que los llevaron a la Presidencia, muchas de ellas bastante radicales y que apostó por una nueva Constitución surgida de las grandes movilizaciones populares, que era un gran avance y que tocaba aspectos importantes de la estructura de la sociedad chilena; sin embargo, ese proyecto fue rechazado por el 62% de los chilenos. Esa fue una gran derrota que condujo a que perdiera la iniciativa política, lo cual es pecado en política y empezó a ganarla la derecha. Sin embargo, logró una reivindicación fundamental para los trabajadores, reformar el sistema de pensiones que había privatizado Pinochet, aprobó la jornada laboral de 40 horas a la semana e impulsó programas sociales de impacto en los sectores más pobres. ¿Qué no fue suficiente? La extrema derecha neonazi gana las elecciones sin programa social alguno solo prometiendo dos cosas: eliminar la migración y eliminar la delincuencia. ¿Y quién fue derrotada en estas elecciones? Nada menos que una comunista. Por primera vez en América Latina una miembro de un Partido Comunista es candidata de una coalición con reales opciones de poder. Hubiera significado para la derecha “el comunismo en el poder”. Esa comunista obtuvo el 42% de los votos de los chilenos. Es una cifra enorme que obtuvo la izquierda, mayor incluso que el porcentaje con el que ganó Allende en 1970 y es un caudal que augura grandes movilizaciones.
Creo que los gobiernos de izquierda de Latinoamérica, en general, se han caracterizado por ser antiimperialistas, promotores de reformas en bien de los sectores de trabajadores y más pobres, defensores de los recursos naturales y de la soberanía nacional. Algunos más radicales que otros, pero todos con los mismos objetivos.
¿Podemos ser más radicales? El radicalismo va siendo marcado por las condiciones nacionales, pero especialmente, las internacionales. Y lo que es más importante es que se será cada vez más radical conforme el pueblo lo vaya indicando.
Petro, Lula y Claudia Sheinbaum representan a los países y economías más fuertes de América Latina y están formando un valladar contra Trump y la política imperial. En México hay en curso una transformación muy profunda y es hoy un faro que debería iluminar a la izquierda y los pueblos latinoamericanos.
En América Latina hay una izquierda combativa que gana gobiernos para trasformar la sociedad. Por lo menos en este momento es la mejor vía revolucionaria.
Uno de los dogmas más influyentes del liberalismo contemporáneo es el de la neutralidad axiológica del Estado. Presentada como condición de posibilidad del pluralismo, la neutralidad promete garantizar la convivencia pacífica entre concepciones diversas del bien, evitando toda imposición moral o cultural. Sin embargo, lejos de constituir un terreno imparcial, esta neutralidad se ha transformado progresivamente, y con mayor fuerza después de la caída del socialismo, en un principio normativo excluyente, capaz de imponer una cosmovisión específica mientras niega su propio carácter ideológico.
El resultado no es la superación del autoritarismo, sino su reconfiguración bajo formas más sutiles, administrativas, culturales, incluso permisivas. En este marco, tanto la izquierda posmoderna como la derecha neoliberal progresista han quedado atrapadas en el mismo juego, operando como expresiones complementarias de un orden liberal tardío que neutraliza toda alternativa sustantiva.
La neutralidad liberal parte de una premisa aparentemente modesta: el Estado no debe privilegiar ninguna concepción particular del bien. No obstante, esta premisa encierra una decisión filosófica decisiva: la expulsión de toda referencia a bienes comunes sustantivos, verdades morales objetivas, tradiciones históricas o jerarquías cualitativas del espacio público.
En lugar de suspender los valores, el liberalismo impone uno en particular: el del individuo abstracto, autónomo, desvinculado de toda pertenencia previa y permanentemente redefinible. Esta antropología implícita se convierte en el criterio desde el cual se juzga qué discursos son legítimos y cuáles deben ser excluidos por “no neutrales”.
Así, la neutralidad deja de ser un procedimiento y se transforma en un dogma político. No tolera aquello que la cuestiona, y utiliza el aparato jurídico, educativo y mediático para disciplinar culturalmente a la sociedad. La paradoja es evidente: en nombre de la neutralidad se establece una ortodoxia obligatoria.
La izquierda posmoderna ha quedado atrapada en la neutralidad liberal al abandonar la crítica estructural del capitalismo y desplazar el conflicto político hacia el terreno cultural-identitario. Las agendas que hoy prioriza; género, diversidad sexual y reivindicaciones simbólicas, no emergen de las mayorías obreras o campesinas, sino de élites académicas, institucionales y económicas articuladas con el financiamiento del capital global. En lugar de cuestionar el orden liberal, lo radicaliza desde dentro, adoptando su lenguaje y sirviendo como legitimación cultural de un statu quo que continúa beneficiando a las élites financieras.
Su rechazo de toda verdad objetiva, naturaleza humana u horizonte común conduce a una política centrada en la subjetividad fragmentaria, donde la emancipación se reduce a la proliferación de identidades autorreferenciales sin fines colectivos. Así, esta izquierda opera como el brazo cultural del liberalismo tardío: legitima la neutralidad axiológica, disuelve los vínculos orgánicos y convierte la transgresión simbólica en sustituto de la acción política real, contribuyendo a una profunda despolitización social. La socialdemocracia, al asumir este marco, perdió su capacidad reformadora.
La derecha neoliberal progresista, por su parte, abandonó toda pretensión conservadora sustantiva. Acepta la neutralidad liberal y la orienta a la gestión tecnocrática del mercado global, reduciendo los valores a tolerancia procedimental y eficiencia económica. Para mantener legitimidad, adopta el lenguaje moral del progresismo cultural y renuncia a la tradición, la soberanía y la identidad colectiva, limitándose a administrar el sistema.
El resultado es una convergencia estructural: la izquierda gestiona la mal llamada revolución cultural permanente y la derecha administra la economía y las instituciones, ambas dentro del mismo dogma neutralizador. El conflicto político se vuelve simulado y toda disidencia que afirme bienes comunes, jerarquías de valor o identidades históricas es estigmatizada como antidemocrática. La diversidad proclamada deviene uniformidad forzada.
En este marco, la neutralidad liberal funciona como una tiranía blanda: no reprime abiertamente, pero regula el lenguaje, delimita lo pensable y vacía la democracia de contenido. Frente a este vacío, la derecha iliberal gana terreno al reintroducir cuestiones proscritas: tradición, soberanía, pertenencia, sentido, canalizando un malestar profundo. No obstante, sin una elaboración superior del bien común y del orden político, esta reacción corre el riesgo de reproducir, bajo otras formas, la lógica del sistema que critica.
La crisis contemporánea no es una polarización entre izquierda y derecha, conservadores y progresistas como nos quieren hacer creer de manera simplista. Nos enfrentamos no solo al agotamiento del liberalismo, sino también a su mutación en una ideología totalitaria como las del siglo pasado. Al perder capacidad para generar sentido, cohesión y legitimidad, el liberalismo deja de presentarse como una opción política y se impone como horizonte obligatorio, clausurando el debate sobre todo tipo de fundamento.
La neutralidad deviene dogma, la falsa diversidad se transforma en uniformidad y la democracia se reduce a procedimiento. Incapaz de integrar, excluye; incapaz de convencer, deslegitima. De esta tensión emergen tanto la despolitización generalizada como las respuestas iliberales que buscan romper el cerco. Superar este impasse exige reabrir la discusión sobre aquello que el liberalismo ha proscrito: el bien común, la autoridad, la espiritualidad y el sentido profunda sobre la necesidad de un orden político.
La reciente derrota de la izquierda en Chile pone un eslabón más en la larga cadena de retrocesos que los procesos progresistas han venido cosechando en los últimos tiempos en el continente. No es un fenómeno aislado. Es la reafirmación de una tendencia continental, que incluye a Ecuador, Bolivia, Argentina y, más recientemente, Honduras. Ese “retorno” comenzó, por cierto, con la dramática derrota del FMLN en El Salvador, que es quizá el revés más ignominioso de todos. Algunos dicen que aquí se acaba un proceso que duró un cuarto de siglo y que ahora se abre un nuevo capítulo en nuestra historia.
La ley del péndulo, se suele llamar: todo lo que sube baja y el giro sostenido hacia la izquierda ahora se ve compensado por el movimiento hacia el lado contrario. Pero esa es una apreciación muy superficial, que no arroja claridad sobre el fondo del fenómeno. Sin embargo, sí nos permite recordar que ya hubo una “ola azul”, un giro a la derecha en la mayoría de los países latinoamericanos, llamado así en oposición a la “ola rosa” de comienzos del siglo y como se llamó a esa primera época de supremacía progresista, la era de Chávez, Kirchner y Evo Morales. Hoy estamos siendo testigos, pues, de una segunda “ola azul”.
Los resultados políticos de este cuarto de siglo no pueden ser calificados como simples fracasos. La revolución bolivariana lleva ya un cuarto de siglo. Evo Morales fue electo y reelecto para tres mandatos consecutivos, y aunque fue derrocado y sustituido por la derechista Jeanine Áñez, su partido ganó las elecciones para el cuarto mandato. Su descomposición parece deberse, igual que en Ecuador, de una toma de la fortaleza desde dentro, es decir, por traiciones de sus dirigentes del momento.
También en Ecuador, Correa ganó dos elecciones seguidas y su partido fue ganador para un tercer mandato; en ese país en la derrota del correísmo jugó un papel esencial la traición interna, como queda dicho; a ello hay que agregar que los correístas afirman que el triunfo de Noboa fue producto de un fraude electoral. Parece que la derrota del régimen ultraderechista en el reciente plebiscito es prueba de ello.
Con altos y bajos, el movimiento de Lula se ha mantenido en el poder por varios lustros, a lo largo de cuatro periodos (Lula es el único brasileño en la historia en haber sido electo tres veces como presidente del país). El kirchnerismo gobernó Argentina, también con altos y bajos, durante dos décadas.
El Frente Amplio del Uruguay gobernó en tres periodos y ahora está por cuarta vez al frente del gobierno; en este proceso ha perdido y vuelto a ganar en dos ocasiones.
Hay que agregar a Nicaragua. Con todo y lo controversial que pueda resultar, lo cierto es que el FSLN ha sido la fuerza política principal durante muchas décadas.
En el caso mismo de Honduras hay que recordar que el proceso se vio truncado por un golpe de estado contra el presidente Zelaya; esa fuerza logró después recuperar el control del gobierno.
No se pueden dejar de mencionar las experiencias de México y Guatemala. En el primero, fuerzas nuevas, algunas surgidas de los partidos tradicionales, se han puesto al frente de millones de luchadores y están emprendiendo una de las transformaciones sociales y políticas más exitosas de la historia. En la segunda, si bien Arévalo muy rápidamente de alinea con Estados Unidos y cede ante la oligarquía, resultó electo por un proceso popular profundo cuyas raíces están insertas en una larga lucha, inclusive armada, y que seguirá presente en el alma del pueblo.
En resumen, no hay motivos para estar satisfechos con la situación de las fuerzas progresistas en el continente, pero los resultados, vistos en perspectiva, no resultan tan catastróficos como a simple vista parecen.
Pero con valentía hay autocríticas que se deben salvar de la vorágine.
No existe un proceso revolucionario latinoamericano, sino un conjunto de procesos más o menos simultáneos pero cada uno con rasgos muy particulares, propios e irrepetibles. Por eso resulta muy irresponsable hacer generalizaciones, la primera de las cuales es hablar de un “proceso continental” en vez de una “suma de procesos nacionales” más o menos simultáneos, que es como debe decirse. Pero al mismo tiempo vale la pena constatar que esos “procesos nacionales” contienen elementos característicos que comparten con los de los otros países.
¿Cuáles son esos elementos comunes? Sin pretender ser exhaustivo, podemos señalar que esos procesos surgen de periodos de enorme violencia, algunos casos de dictadoras horrorosas, y que se propusieron en un primer momento crear sistemas políticos donde reinara el diálogo pacífico y el respeto a los derechos humanos. Así fue en Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. Surgen también como alternativa a sociedades groseramente discriminatorias y desiguales, como fueron los casos de Perú, Ecuador y sobre todo Bolivia. En ambos casos, el tema de la recuperación democrática fue un propósito central.
Lo segundo es que esos procesos fueron productos de alianzas políticas muy amplias, que incluyeron movimientos nuevos, como el MAS en Bolivia y el movimiento de la Revolución Ciudadana en Ecuador, y partidos viejos, tradicionales, de diverso signo, entre ellos quizá el más importante es el peronismo. En todas estas alianzas siempre tuvo algún papel la izquierda tradicional, un papel más pequeño y desteñido de lo que hubiéramos deseado (Colombia y, sobre todo, Chile, podrían ser excepciones; en ambos casos sus partidos comunistas han estado presentes, en el caso de Chile de una manera muy destacada).
Esos movimientos y procesos nacieron y se desarrollaron en claro enfrentamiento con el neoliberalismo y las políticas económicas del imperialismo, impuestas principalmente por el FMI y el Banco Mundial o la injerencia y el chantaje abierto de los organismos de poder de las potencias occidentales. Parte esencial de sus programas económicos fue la recuperación de la soberanía sobre los recursos naturales de sus países.
La primera es que después de un cuarto de siglo de una presencia intermitente o permanente en el gobierno, la izquierda no ha podido consolidar una mayoría contundente, tanto electoral como social. Después de un cuarto de siglo y luego de reiteradas victorias electorales, la izquierda sigue sin convencer, sin consolidarse como mayoría, aunque las bases sociales empobrecidas son en todo el continente ampliamente mayoritarias.
¿Por qué los procesos renovadores, progresistas, no han lograron esa consolidación contundente? Los factores parecen ser varios, pero hay uno fundamental: esos gobiernos no produjeron las reformas necesarias para resolver de raíz los problemas económicos, sociales y de desigualdad que siguen sufriendo las masas. Han sido, como dicen algunos analistas, administradores del capitalismo caduco. En muchos casos, malos administradores. Los índices económicos de los países en estos procesos dejan mucho que desear, en gran parte por factores de la economía externa, pero los índices sociales siguen siendo muy desventajosos para los pobres y, en especial, para las capas medias. Como decía el expresidente boliviano García Linera, estos gobiernos hicieron importantes avances en la solución de los problemas sociales, pero ese proceso tuvo un techo, y las masas que habían visto aliviada su pobreza pedían más, exigían más beneficios y mayor participación en la economía nacional.
Problemas muy profundos y viejos y programas muy timoratos (más o menos es el sentido del análisis de García Linera) dan como resultado que las masas pierdan confianza en sus dirigencias y, como resultado, la izquierda termina no convenciendo.
En esencia, los programas transformadores, muy fuertes al principio, resultaron insuficientes. En lo fundamental fueron programas reformistas, que no se propusieron o no pudieron dar cuenta de la estructura económica y que se conformaron con modernizar sus economías capitalistas, de las que usufructuaron, en porciones muy altas, las oligarquías locales que, a su vez, eran enemigas de esos regímenes y utilizaban sus grandes utilidades para luchar contra sus gobiernos progresistas.
La segunda cuestión estructural es que no se realizaron cambios políticos esenciales. Dos cosas son en esto fundamentales: primero, los gobiernos progresistas siguieron trabajando con las viejas estructuras políticas, especialmente con la democracia representativa, no solo sin realizar cambios sino además sin proponérselos, sin educar a las masas nacionales y al mundo en la necesidad de un cambio de fondo de la superestructura política de las naciones. Segundo: las organizaciones sociales siguieron jugando un papel secundario, de apoyo al régimen, a sus líderes y a sus partidos sí, pero sin convertirse en verdaderos actores del cambio.
No se pueden dar recetas para tantos países tan diversos, pero sí se puede afirmar que la izquierda debe ofrecer programas más claros, de verdadera revolución social y con clara orientación al socialismo. Cuba fue un caso contrario. La primera victoria de la revolución cubana fue haberle quebrado la columna vertebral a la oligarquía, dejándola sin posibilidades de actuar. Claro que era otra realidad nacional e internacional, eran otros tiempos, pero los problemas a resolver y, sobre todo, los enemigos a vencer, siguen siendo los mismos.
Los partidos progresistas en el gobierno han logrado sacar mucho provecho de la lucha contra el neoliberalismo y sus excesos, pero nos equivocamos si pensamos que puede haber capitalismo después del neoliberalismo. El neoliberalismo y todos los demás males del continente (pobreza estructural, desigualdad, atraso) solo pueden ser superados superando el capitalismo del que son hijos.
Una cuestión fundamental en estos 25 años y que se agrava cada día más es la intromisión brutal del imperialismo. Ahora el ataque es más abiertamente agresivo y está acompañado por el lenguaje de extrema derecha del imperio y por el fortalecimiento del movimiento político y la ideología de extrema derecha en el mundo. ¿Cómo es posible que la extrema derecha gane elecciones con el apoyo popular? Es algo inconcebible, pero, de nuevo, muestra la debilidad ideológica no de las masas, sino de las vanguardias. El factor internacional, léase imperialista y proimperialista, ha sido y seguirá siendo el factor determinante, y los grupos dirigentes de la izquierda han caído en su trampa, pretendiendo ser muy hábiles en la negociación con Washington y sirviendo muchas veces como agentes divisionistas en el continente, haciendo uso de un descolorido lenguaje centrista por el que pretenden colarse por debajo de la cerca. Crear una auténtica conciencia y, sobre todo, una práctica antiimperialista, revitalizar una política de unidad continental antiimperialista, será fundamental para los avances futuros.
Atravesamos un momento muy difícil y se acercan otros todavía peores, pero debemos renovar nuestra confianza en el pueblo, levantar la cara con optimismo y, sobre todo, fortalecer la resistencia. Como sucedió ya en el pasado, los pueblos sabrán sobreponerse y una vez más esta segunda “ola azul” saldrá derrotada. Ni la derecha ni el imperialismo tienen una respuesta a los problemas y sufrimientos de las masas trabajadoras. Nunca los han tenido. Y el abismo que nos abren a nuestros pies será el principal motivo de su derrota. América Latina vencerá. Los pueblos vencerán.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el pasado 10 de diciembre, por 312 votos a 112, una autorización de gastos militares por 900 mil millones de dólares para el año fiscal 2026. Con cien mil millones suplementarios aprobados en la pasada primavera, el presupuesto suma más de un billón de dólares (trillion en inglés, billón –millón de millones– en español). Incluye 400 millones de dólares anuales para el suministro de armas a Ucrania en los próximos dos años.
Esto representa cerca de 40% del gasto militar mundial. Una suma récord, asombrosa, difícil de dimensionar. Es más, de lo que gastan juntos los nueve países que le siguen, incluyendo China y Rusia. Para un país cuya deuda hoy se acerca a los 37 billones de dólares (trillion en inglés), es un gasto extraordinario. En el año fiscal 2004 el presupuesto de defensa de los Estados Unidos fue de 850 mil millones de dólares, ligeramente inferior a los 880 mil millones en pago de intereses.
El nuevo presupuesto, que debe ser aprobado por el Senado, se alinea con las preocupaciones de Peter Hegseth, secretario de Guerra de la administración Trump, expuestas el pasado 30 de septiembre a más de 800 generales y almirantes, reunidos en la base de marines de Quantico, en Virginia.
Hegseth hizo un largo discurso. A partir de ahora –afirmó– “la única misión del recién restablecido Departamento de Guerra es librar la guerra”. En su opinión, el pacifismo ignora la naturaleza humana, es ingenuo y peligroso. Nacionalista cristiano de derecha, como el vicepresidente J.D. Vance, Hegseth ha escrito varios libros: contra la ideología woke, contra los islamistas, defendiendo la idea de que quienes aspiran a la paz deben prepararse para la guerra.
“Ustedes matan gente y destruyen cosas para ganarse la vida. No son políticamente correctos y no pertenecen necesariamente a la alta sociedad”. “¡Adelante, disparen, porque somos el Departamento de Guerra!”, arengó a los militares.
Para el presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara, el republicano Mike Rogers, Estados Unidos necesita una fuerza de combate lista, capaz y letal”. “Las amenazas a nuestra nación, especialmente las que provienen de China, son más complejas y desafiantes que en cualquier otro momento de los últimos 40 años”, dijo
Para Hegseth el escenario internacional se asemeja al de 1939. Pasaron muchas cosas en 1939, entre ellas el inicio de la II Guerra Mundial, con la invasión alemana de Polonia, el 1 de septiembre de ese año. ¿En eso estaría pensando Hegseth? ¿Estará pensando en otra guerra mundial?
Cinco semanas después del encuentro en Virginia, Hegseth se reunió, el viernes 7 de noviembre, en el National War College de Washington, con responsables del ejército y representantes de la industria de defensa, para explicitar nuevas normas con las que trabajarían: –No construimos para tiempos de paz. El sistema de contratación pública de defensa, tal como lo conocen, ha dejado de existir. Ahora es un sistema para la guerra.
En una mesa redonda celebrada en esas mismas fechas en el Foro Nacional de Defensa Reagan, el multimillonarioJamie Dimon, presidente de JP Morgan, el principal banco norteamericano, discutió la nueva propuesta con Christopher Calio, director ejecutivo de Raytheon (RTX), una de las principales contratistas del Pentágono.
Somos una empresa bastante patriótica, dijo Dimon. Hemos decidido hacer al menos un 50% más en los próximos diez años en materia de seguridad. “Esto representa 1,5 billones, y luego diez mil millones de inversiones, una cantidad que podría aumentar fácilmente, para financiar las cadenas de suministro de los proveedores con los que Chris podría hacer negocios: si quiere duplicar o triplicar la producción de sus misiles, debe pedir a algunos de esos proveedores que dupliquen o tripliquen su producción”, afirmó.
El mundo ha experimentado grandes cambios, aseguró, destacando el crecimiento de China. Para Dimon, “tener el ejército más poderoso es la mejor manera de disuadir las malas acciones”.
Otra guerra
¿En qué guerra estarán pensando Hegseth, Dimon o los líderes europeos?
Para el secretario general de la OTAN, el holandés Mark Rutte, “somos el próximo objetivo de Rusia y ya estamos en peligro”.
Rutte habló en Berlín el 11 de diciembre, acompañado del canciller alemán, el demócrata cristiano Friedrich Merz. Estima que Rusia podría estar lista para emplear el uso de la fuerza militar contra la OTAN dentro de cinco años. Una guerra que, en su opinión, tendría “la misma magnitud que la guerra que sufrieron nuestros abuelos y bisabuelos”.
“El señor Rutte, al hacer declaraciones tan irresponsables, simplemente no entiende de qué está hablando«, respondió el portavoz presidencial ruso, Dimitri Peskov, añadiendo que en Rusia se conserva cuidadosamente la memoria de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y de lo que hizo para salvar a Europa del fascismo.
Una guerra contra Rusia dentro de cinco años es una afirmación que los servicios de inteligencia alemanes, franceses o ingleses, sus líderes políticos y militares han repetido, sin que se conozcan públicamente los argumentos en que basan esas estimaciones.
Merz, para quien vivimos “un punto de inflexión” en la política mundial, anunció que Alemania debe prepararse para la guerra y adelantó en seis años para 2029, el objetivo dedicar 3,5% del PIB a gastos militares, pese a la difícil situación económica por la que atraviesa su país.
En su opinión Putin aspiraría a reconstruir la Unión Soviética, para lo que se estaría preparando. Afirmaciones que las autoridades rusas han calificado de “una estupidez”.
Para la jefe de la inteligencia británica, Blaise Metreweli, una Rusia «agresiva, expansionista y revisionista» es una grave amenaza. En un discurso pronunciado el pasado lunes 15, amenazó: «Putin no debe tener ninguna duda; la presión que ejercemos en nombre de Ucrania se mantendrá».
Hegseth podría tener razón cuando compara la situación actual con la de 1939. Fue cuando Alemania inició su avance militar hacia el este, ocupando Polonia y preparándose para la mayor operación de la II Guerra Mundial: la invasión de la Unión Soviética.
El 22 de junio de 1941, 3,5 millones de sodados alemanes cruzaron la frontera de la URSS. En diciembre, algunas tropas estaban a solo 25 km de Moscú y Alemania ya planeaba la ocupación del inmenso territorio del país. Pero no ocurrió así. A partir de entonces, las cosas cambiaron. La resistencia rusa se fue transformando en una ofensiva que terminaría tres años después en Berlín.
¿De qué guerra hablamos?
Merz parece dispuesto a intentarlo de nuevo. Estima que no hay urgencia en un acuerdo de paz en Ucrania. Apuesta por sostener el régimen de Kiev con armas y dinero y aumentar la presión sobre Moscú. Por lo menos públicamente no descartan la idea de que Ucrania puede seguir resistiendo. O de que lo rusos no deben ganar la guerra.
“Todos sabemos que el destino de tu país es el destino de Europa”, dijo el canciller alemán a Zelenski el pasado 8 de diciembre, luego de una reunión en Londres con el presidente francés y el primer ministro británico.
idea similar es la del presidente francés, Emmanuel Macron, para quien Rusia está llevando a cabo una confrontación estratégica con los europeos. “Hemos financiado equipamiento para Ucrania, que está resistiendo, mientras la economía rusa está comenzando a sufrir por nuestras sanciones”, dijo Macron el pasado 8 de diciembre, aunque los resultados en el frente sugieren otra cosa, lo mismo que los indicadores de la economía rusa.
El 18 de noviembreel general Fabien Mandon, jefe del Estado Mayor de la Defensa de Francia se dirigió a un Congreso de alcaldes franceses. Los fue a convocar para la guerra. Según la información de que dispongo –afirmó el general– Rusia se está preparando para una confrontación con nuestros países en el horizonte de 2030.
Para el general francés, el peligro no es que los rusos desembarquen en Alsacia, sino que los franceses se vean obligados a actuar en defensa del flanco este de la OTAN. Por lo tanto –agregó– le he indicado a las fuerzas armadas que debemos “estar preparadas en tres o cuatro años”.
¿De qué información dispondrá el general? El presidente ruso he reiterado lo absurdo de esa afirmación. Ha ofrecido garantías por escrito de que no tiene ningún plan de atacar la OTAN. ¿Cuál sería el objetivo de un ataque de esa naturaleza? ¿Qué podría lograr el Kremlin con esa guerra que, naturalmente, sería nuclear?
Es difícil encontrar respuestas razonables para esas preguntas, alguna justificación para un ataque de esa naturaleza. No ha sido Rusia quien ha acercado sus tropas a las fronteras europeas. Ha sido Europa la que ha acercado las fuerzas de la OTAN a las fronteras rusas desde los años 90’s del siglo pasado, contrariando los arreglos negociados con las autoridades soviéticas al final de la Guerra Fría.
Alemania, que ya llevó el mundo a dos grandes guerras, parece dispuesta a intentar nuevamente lo que no pudo lograr en sus intentos anteriores. Cada vez que adopta nuevas medidas para su rearme y se prepara para la guerra contra Rusia ganan relieve las palabras del general indio-británico Lord Hastings Ismay, primer secretario general de la OTAN, cuando definió los objetivos de la organización: mantener los norteamericanos adentro, los rusos afuera y los alemanes abajo. Salvo mantener los rusos afuera, los otros objetivos parecen cada vez más difíciles de lograr.
Pero comparar esa guerra con la que sufrieron nuestros abuelos y bisabuelos –cuando no existían las armas atómicas–, como afirma el sucesor actual de Lord Ismay, es más que una ingenuidad. Una guerra como esa sería algo nunca visto y seguramente la última que viviría la humanidad.
Las advertencia de Moscú: los riesgos de un mundo unipolar
El febrero del 2007, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el presidente ruso advirtió sobre los riesgos que un mundo unipolar significaba para la seguridad de todos. Destacó que la expansión de la OTAN, que su presencia en las fronteras rusas, lejos de ofrecer una mayor seguridad para Europa, “representaba una seria provocación que reducía el nivel de confianza mutua”.
En febrero de 2014 se produjo el golpe en Ucrania que, con apoyo norteamericano y europeo, depuso al presidente Viktor Yanukovich y la acercó a la OTAN. A partir de entonces las relaciones entre el gobierno de Kiev y sus provincias orientales, de mayoría étnica rusas, se deterioraron hasta transformarse en un conflicto armado, mientras la posibilidad de la incorporación de Ucrania a la OTAN aumentaba la tensión con Rusia que, en marzo de ese año, luego del golpe de Estado, se había anexado la península de Crimea.
En 2014 y 2015 las partes involucradas negociaron los acuerdos de Minsk, para resolver ese conflicto, con la participación de la canciller alemana, Angela Merkel, y del presidente francés, François Hollande. Negociaciones que luego los garantes europeos reconocieron nunca pretender cumplir. Se trataba apenas de ganar tiempo, mientras armaban a Ucrania para una guerra futura.
En octubre de ese mismo año 2014, Putin hizo otro importante discurso en el foro de Valdai. Habló de los riesgos de un mundo unipolar. Tener un solo centro de poder no hace más manejable el proceso global. Por el contrario –diría– la historia ha mostrado su incapacidad para enfrentar las amenazas reales.
Rusia ya estaba enfrentando las primeras sanciones, por la anexión de Crimea. “Algunos dicen que estamos dando la espalda a Europa, buscando nuevos socios, principalmente en Asia. Déjeme decirles que este no es, de ningún modo, el caso”.
Luego se refirió al desarrollo de conflictos violentos, con la participación directa o indirecta de las grandes potencias. Ucrania “es un ejemplo de esos conflictos, que afectan el balance internacional de poderes”, afirmó Putin. Hemos advertido de las graves consecuencias económicas que podría tener para Rusia la adhesión a la UE de Ucrania –de la que era el mayor socio comercial– y pidió una amplia discusión sobre el tema. “Nadie quiso oírnos, nadie quiso hablar. Simplemente nos dijeron: eso no es asunto suyo. Punto final”.
En septiembre del 2015 Putin viajó a Nueva York, para hablar en la Asamblea General de Naciones Unidas. Al defender la posición de su país ante los diversos escenarios de conflicto en el mundo, insistió en que no se trataba de ambición propia, “sino de reconocer que no era posible seguir tolerando el estado actual de las cosas en el mundo”.
Como en 1939
Desde su punto de vista el espíritu de la Guerra Fría seguía presente en el escenario internacional. Pese a la disolución del Pacto de Varsovia, que unía a los países de Europa del este bajo la conducción de la Unión Soviética, pese al colapso de la misma Unión Soviética, la OTAN seguía expandiendo su infraestructura militar. ¿Para qué?, se preguntó. “Tarde o temprano, esta lógica de confrontación terminará desencadenando una grave crisis geopolítica. Esto es exactamente lo que ocurrió en Ucrania, donde se aprovechó el descontento de la población con las autoridades para orquestar un golpe militar desde el exterior, lo que desató una guerra civil”.
Rusia todavía confiaba que los acuerdos de Minsk podrían lograr el fin del conflicto en las provincias ucranianas fronterizas, donde la confrontación armada costaba ya miles de vidas. Pero, como sabemos, no fue así. La tensión en esos territorios siguió aumentando, sin que prosperara ningún intento de negociación.
El diciembre del 2021, cuando Rusia ya concentraba tropas en la frontera, Putin y Biden hablaron por teléfono. Putin exigió el cumplimiento de los acuerdos de Minsk y que Ucrania no se incorporara a la OTAN. No hubo acuerdo. Quedaban pocas semanas para el inicio de la guerra.
Hace ya varios años que Europa cortó prácticamente todo tipo de contactos diplomáticos con Rusia. Con la OTAN transformada en el brazo armado de la UE, ninguna negociación logra prosperar, mientras Alemania (y sus socios europeos) apuestan por la derrota de Rusia. Pero las presiones para un acuerdo negociado aumentan. Parece difícil que ese conflicto pueda extender más allá del año que comenzará en pocas semanas.
Mientras tanto en Asia escalan peligrosas tensiones. El nuevo gobierno de Japón, al igual que Alemania, revisa las disposiciones de seguridad acordadas al final de la II Guerra Mundial.
No se puede descartar que Hegseth tenga razón. Como en 1939, las costuras de una camisa de fuerza impuesta a los derrotados de la I GM comenzaron a romperse, en la medida en que creían haber llegado su hora de rehacer la historia. E intentaron de nuevo invadir Rusia. El resultado fue una tragedia.
No se puede descartar que el resultado de un nuevo intento sea parecido. Pero podría ser mucho peor… Si queremos sobrevivir, el mundo civilizado tiene la obligación de hacer lo que pueda parar a estos salvajes.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
Como bien es sabido, cada 10 de diciembre se celebra en todo el mundo el día de los derechos humanos, en conmemoración del texto fundador del derecho internacional de los derechos humanos: la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
De cara a esta importante celebración, el tema posee una relevancia particular en esta recta final del 2025 en la que se puede observar, en Centroamérica así como en diversas otras latitudes del planeta, a líderes políticos dispuestos a hacer a un lado los derechos humanos y los valores fundacionales que los sustentan so pretexto que «frenan» sus pretensiones o «complican» sus proyectos políticos.
Llama la atención que quiénes oponían ayer la protección del ambiente al desarrollo económico, de manera errónea, se unieron hoy a quienes hoy oponen los derechos humanos a lo que denominan la «gobernabilidad«: desde el pasado 21 de enero, estos sectores han encontrado en la Casa Blanca a un líder que comulga con esta lectura y que emula a otros líderes populistas en muchas otras partes del mundo.
La lectura de la intervención titulada «Los derechos humanos bajo ataque» del mismo Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas este 10 de diciembre (cuyo texto ha sido escasamente divulgado en grande medios de prensa, pese a estar contenido en un comunicado de prensa oficial de Naciones Unidas – véase enlace), resulta muy recomendada: en particular el llamado que hace a sostener y a defender a organizaciones sociales y a pequeñas comunidades y líderes que, desde diversas latitudes, alzan la voz en defensa de los derechos humanos y del ambiente.
En materia de cambio climático, desde julio del 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gracias a una solicitud de Chile y de Colombia, emitió una opinión consultiva sobre cambio climático y derechos humanos, que ofrece una útil guía a los Estados en esta compleja y delicada materia (Nota 1).
El 10 de diciembre del 2024
Precisamente, el año anterior, el 10 de diciembre en Costa Rica fue precedido por un día como el 7 de diciembre, que cobró un significado muy especial en el año 2024.
En efecto, se conmemoraron exactamente 30 años desde el asesinato de cuatro ecologistas costarricenses, cuyas muertes no han sido debidamente investigadas, manteniéndose un indignante manto de impunidad que se expande a otros casos similares más recientes. Cabe precisar que en el 2024, la única entidad costarricense que sí consideró importante realizar un acto formal en memoria de estos ecologistas asesinados en 1994, fue la Universidad de Costa Rica (UCR) (véase nota).
El dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR) de 1997 afirmando que se trata de muertes “accidentales” y la cuarta de una muerte «natural«, constituye posiblemente una de las maniobras oficiales más persistentes – e indignantes – del Estado costarricense para ocultar las verdaderas razones que motivaron el fallecimiento de estas cuatro personas a finales de 1994 e inicios de 1995 en el caso de una de ellas.
Un 10 de diciembre del 2025 … inédito e insólito
Este 10 de diciembre del 2025 fue precedido por el anuncio desde Israel que firmó con Costa Rica un tratado bilateral en materia comercial (TLC), y que además, se planea abrir una oficina con estatuto diplomático en Jerusalén por parte de Costa Rica (véasenotade prensa Swiss Info del 8 de diciembre del 2025).
El anunciar la firma de un TLC por parte de Costa Rica con Israel plantea algunas interrogantes muy válidas, al estar Costa Rica dispuesta a fomentar el intercambio comercial con un Estado:
– acusado de cometer un genocidio en Gaza desde la misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023, con bombardeos aéreos indiscriminados y desproporcionados sobre Gaza que no han cesado;
– cuya primera autoridad (en este caso su Primer Ministro) es objeto de una orden de captura por parte de la justicia penal internacional de La Haya desde noviembre del 2024 por crímenes de guerra; y
– que continúa prohibiendo la entrada de alimentación, agua, medicamentos y de material médico de urgente necesidad, en cantidades suficientes para las numerosas familias palestinas en Gaza que ahora deben enfrentar la llegada de las lluvias, del frío y del viento. A ese respecto, las imágenes desgarradoras de este reportage de la televisión española y este otro reportage de la televisión belga difundidos el pasado 12 de diciembre así lo hacen ver, así como las tomas contenidas en este reportage de la cadena catarí AlJazeera difundido este 15 de diciembre.
¿Cómo se podrá calificar a un Estado que, a sabiendas que la lluvia y el frío se instalan en Gaza, no permite la entrada masiva de la ayuda humanitaria que requieren urgentemente familias palestinas con numerosos niños desnutridos y descalzos, mal abrigados, viviendo en carpas plásticas desde meses?
Este 15 de diciembre del 2025, la Sala de Apelación de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó un enésimo intento por parte de Israel de intentar restarle validez a las demandas que enfrenta ante la CPI por sus acciones militares insensatas en Gaza (véase texto de la decisión). El 17 de octubre del 2025, la Sala de lo Preliminar había rechazado otro enésimo intento de Israel en aras de restarle validez jurídica a las órdenes de capturas emitidas contra dos de sus dirigentes, siendo uno de ellos su actual Primer Ministro (véase texto de su decisión). Nuestros estimables lectores podrán revisar por sí mismos la casi nula difusión de ambas decisiones de la CPI en los grandes medios de prensa internacionales.
Con relación a la idea de establecer una oficina de Costa Rica en Jerusalén con estatuto diplomático, se trata de una verdadera provocación: tanto para el mundo árabe y más generalmente para el mundo musulmán, como para una gran parte de la opinión pública internacional indignada por el genocidio en curso en Gaza desde hace más de dos años. De materializarse esta iniciativa, estaríamos observando a una irreconocible Costa Rica, actuando en abierta violación al consenso internacional existente sobre el hecho que Jerusalén no puede ser considerada como la capital de Israel.
Desde la perspectiva de los derechos humanos y de la imagen internacional que proyecta desde muchos años Costa Rica, la reacción de la Relatora Especial sobre los Derechos del Pueblo Palestino, la jurista italiana Francesca Albanese, no se hizo esperar: véase nota con su tweet, publicada en el medio digital Delfino.cr. En el mes de julio del 2025, tuvimos la ocasión de analizar las insólitas sanciones tomadas en su contra por la actual administración norteamericana, muy molesta con el contenido de su tercer informe sobre el genocidio en curso en Gaza (Nota 2).
Tuvimos la ocasión de explicar con anterioridad el riesgo que significaría para Costa Rica este TLC con Israel (véase enlace a conferencia auspiciada por la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras / ANDE en septiembre pasado y conferencia organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas / IIJ de la Facultad de Derecho de la UCR, así como un muy completo foro específico sobre este TLC con Israel auspiciado esta vez por Alianza por una Vida Digna y el medio SurcosDigital).
No está de más referir a la demanda interpuesta ante la justicia internacional de La Haya por Palestina contra Estados Unidos en septiembre del 2018, aún pendiente de resolución, en razón del traslado de su embajada de Tel-Aviv a Jerusalén (véase texto de la demanda). Tratándose de Estados Unidos, tampoco está de más indicar la felicitación a Costa Rica recibida inmediatamente por parte de Estados Unidos tras el anuncio hecho en los primeros días de diciembre del 2025 de un TLC con Israel (véase mensaje posteado en redes sociales)
Más allá de los aplausos oficiales que recibe cualquier Estado por parte de la actual administración norteamericana cuando pacta con Israel algún tipo de acuerdo, remitimos a nuestros estimables lectores a esta muy completa infografía realizada desde la radio universitaria de la UCR y a una entrevista que tuvimos al respecto en el programa radial de Interferencia la semana anterior (audio).
Esta complacencia súbita con Israel ha tenido repercusiones casi simultáneas, al observarse al aparato diplomático de Costa Rica cambiar repentinamente su voto en resoluciones sobre Oriente Medio adoptadas en esta primera semana de diciembre por la Asamblea General de Naciones Unidas: véase al respecto esta muy detallada nota elaborada por el medio digital Delfino.cr. Este 12 de diciembre, una resolución de la misma Asamblea General acogiendo la opinión consultiva de la justicia internacional del 2024 condenando la ocupación y la colonización israelí del territorio palestino, reunió 139 votos a favor, 12 en contra y 19 abstenciones, que incluyen la abstención de la delegación costarricense (véase video y nota del medio Delfino.cr): además de insólita, la nota de Delfino.cr refiere a la ausencia de explicaciones dadas por parte del aparato diplomático costarricense.
Resulta oportuno referir a la mofa presidencial a la que remite este artículo de julio del 2025 publicado en el Semanario Universidad : pareciera ser la única de un Jefe de Estado en ejercicio relativizando el drama indecible que se vive en Gaza. En el penúltimo informe disponible sobre la situación en Gaza elaborado por Naciones Unidas (al 4 de diciembre del 2025) se lee que se ha superado la cifra de 70.000 personas fallecidas en Gaza y de casi 171.000 personas heridas, muchas de ellas graves y desprovistas de atención hospitalaria debido a la destrucción de la red de hospitales en Gaza por parte de Israel:
«According to the MoH in Gaza, between 26 November and 3 December, 11 Palestinians were killed, 16 were injured and 20 bodies were recovered from under the rubble. This brings the casualty toll among Palestinians since 7 October 2023, as reported by the MoH, to 70,117 fatalities and 170,999 injuries. According to the MoH, the total number includes 299 fatalities who were retroactively added between 21 and 28 November after their identification details were approved by a ministerial committee. MoH reported that since the ceasefire, 360 Palestinians were killed, 922 were injured and 617 bodies were retrieved from under the rubble«.
Se considera que con la llegada de las lluvias y la baja sustancial de las temperaturas en Gaza, muchos familias palestinas en Gaza que viven en un campo de ruinas, bajo carpas de plástico, con una alimentación deficiente desde más de dos años, verán a muchos de sus seres queridos más vulnerables fallecer en las próximas semanas debido al frío y a la humedad que azotan a Gaza. Las imágenes impactantes de este reportage publicado por la televisión belga el 12 de diciembre así lo hace ver. El precitado informe de Naciones Unidas pues ser completado con el último informe al 11 de diciembre del 2025 (véase enlace), que detalla el nivel de violencia y las muertes ocasionadas por Israel entre un informe y otro.
Este 10 de diciembre, una ONG de renombre como Amnistía internacional circuló un comunicado de prensa (véase texto completo) sobre la justicia sin la cual toda iniciativa de paz en Gaza es ilusoria: una seria limitante que ya habíamos señalado al adoptarse por parte del Consejo de Seguridad la insólita resolución 2803, el pasado 17 de noviembre del 2025 (Nota 3).
Con relación a las ocurrentes iniciativas de Costa Rica relativas a Israel, cabe recordar que en noviembre del 2024, en plena cumbre mundial sobre ambiente realizada en Bakú (Azeirbadján), Costa Rica anunció la firma de un sorprendente Memorandum de Entendimiento (MoU) con Israel en materia ambiental: véase comunicadooficial de las autoridades ambientales de Costa Rica del 13 de noviembre y comunicado oficial de sus homólogas en Israel. Pocos día después, Costa Rica obtuvo el poco decoroso galardón de «Fósil del Día» otorgado por organizaciones ecologistas internacionales indignadas: véase al respecto este artículo publicado en el semanario costarricense de Ojoalclima, cuya parte final exhibe a las autoridades costarricenses en su súbita negativa a dar algún tipo de explicaciones.
¿Será que, a raíz de la firma de este TLC con Israel anunciado el pasado 8 de diciembre, Costa Rica será objeto de alguna campaña de discrédito y de boycott en su contra, así como de sus productos de exportación?
Un pequeño detalle en una votación reciente sobre prohibición de la tortura muy pocamente divulgado
La pregunta anterior cobra particular relevancia si consideramos que en materia de derecho internacional de los derechos humanos, un episodio muy poco referenciado por las grandes agencias de noticias que cubren a Naciones Unidas, tuvo lugar el pasado 20 de noviembre del 2025: en efecto, como ocurre cada tres años, se votó la resolución trienal en el seno de la IIIa Comisión de de la Asamblea General, que reafirma la prohibición de la tortura y de los malos tratos (véase texto de la resolución).
Por primera vez en los últimos decenios, se contabilizaron en este mes de noviembre del 2025 un total de 169 Estados votando a favor y … votaron en contra Argentina, Estados Unidos e Israel. De estos tres Estados, únicamente Estados Unidos procedió a explicar su voto en contra con argumentos algo risibles si no se tratara de un tema tan grave en materia de derechos humanos (véase texto). Se registraron además 4 abstenciones que deberían de interpelar a muchos: Burundi, Papua Nueva Guinea, Nicaragua y Rusia.
Este detalle (véase recuadro) de la votación merecía, en nuestra modesta opinión, una mención en medios informativos: resulta llamativo que haya pasado totalmente desapercibido en la prensa internacional y que muchas salas de redacción omitieran toda referencia a este intento por erosionar una regla internacional fundamental en materia de protección de los derechos humanos. ¿No interesará realmente ya a nadie que hayan Estados objetando la prohibición absoluta de la tortura y de los tratos inhumanos, crueles o degradantes?
Usualmente, este resolución trienal de la Asamblea General de Naciones se adopta por consenso entre los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, tal y como ocurrió en ejercicios similares en el 2022 (véase texto), en el 2017 (véase texto) y en el 2014 (véase texto).
En febrero del 2025, en un informe publicado por una ONG en Israel (véase informe completo), se leía:
«By disregarding the extended evidence from human rights organizations submitted to Israel courts and authorities, and allowing abuses and torture to persist, the State creates an environment of impunity where these acts are normalized, further exacerbating human rights violations. The lack of accountability for perpretators further underscores the systemic nature of the issue, with victims facing ongoing violations and no legal recourse» (p. 20).
Nótese que en el 2002, con relación a la prevención de la tortura, Estados Unidos fracasó, y lo hizo estrepitosamente, en Naciones Unidas en su intento por frenar a como diera lugar la adopción de un Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de 1984 (véase nota de prensa del New York Times y texto del Protocolo): un instrumento internacional finalmente adoptado en diciembre del 2002 (véase resolución) con una abrumadora mayoría de 127 votos a favor y tan solamente 4 votos en contra: Estados Unidos, Islas Marshall, Nigeria y Palau. Sobre el detalle de las negociaciones en Naciones Unidas, lideradas exitosamente por Costa Rica desde 1991 y ello de manera ininterrumpida, remitimos a nuestros estimables lectores a esta publicación del 2004. en particular el Capítulo II a páginas 41-73. En la página 265 se puede apreciar el cambio de posición de Israel durante la tramitación de este valioso instrumento universal entre noviembre y diciembre del 2002.
Un poco de historia: el 10 de diciembre de 1948, inicio de un largo recorrido
La emblemática fecha del 10 de diciembre responde a la fecha en la que se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos: se trató inicialmente de una simple resolución, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y que, sin proponérselo sus redactores, iniciaría una dinámica muy propia dentro del ordenamiento jurídico internacional:
– tanto a nivel universal, con la elaboración de una multitud de tratados y de sus protocolos facultativos, auspiciados por Naciones Unidas para proteger ciertos derechos, o proteger ciertas categorías de seres humanos o luchar contra ciertas violaciones específicas de derechos humanos (véase listado);
– como a nivel regional con, además de tratados muy diversos con los mismos propósitos descritos anteriormente (como por ejemplo los instrumentos de derechos humanos adoptados en el marco interamericano), la creación de tribunales regionales especializados en derechos humanos en Europa (1950), en el hemisferio americano (1969) y en el continente africano (1998): un logro que no se ha podido materializar en Asia, como tampoco en el plano nivel universal.
Todos estos instrumentos vinculantes obligan a los Estados Partes a tomar ciertas disposiciones, a adaptar sus regulaciones internas, en aras de volver efectivo el ejercicio de los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción reconocidos en estos tratados y respetarlos. En algunas de estas convenciones internacionales, se abre la posibilidad para que las víctimas o sus familiares acudan a una instancia internacional cuando la justicia nacional les niega el ejercicio de estos derechos.
La persistencia del crimen de genocidio y de crímenes de guerra – objetos de una convención de 1948 y de los convenios de Ginebra de 1949 – y de crímenes de lesa humanidad, llevó a la comunidad internacional a la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) en 1998 para enjuiciar desde el punto de vista penal a título individual a personas sospechosas de cometerlos o instigarlos. Al respecto, en el año 2024, fue el 4 de diciembre que el genocidio en curso en Gaza iniciado desde la tarde noche del 7 de octubre del 2023 fue reconfirmado en un contundente informe de la reconocida ONG Amnistía Internacional, antecedido en octubre por el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas titulado “El genocidio como supresión colonial «, precedido de su informe de julio titulado “Anatomía de un genocidio”: al respecto, la casi nula difusión en medios de prensa internacionales de estos informes en diciembre del 2024 plantea interrogantes muy válidas. El informe de Human Rights Watch dado a conocer de igual manera el 19 de diciembre del 2024 conoció la misma suerte en cuanto a su difusión.
Costa Rica y los derechos humanos desde la perspectiva de sus obligaciones internacionales
Como Estado, Costa Rica históricamente ha basado su política exterior en los derechos humanos y en la defensa del Estado de derecho y la democracia, y ha suscrito una gran cantidad de convenciones en materia de derechos humanos, tanto de carácter universal, como de carácter regional.
El hecho de albergar en su capital a la Corte Interamericana de Derechos Humanos instalada formalmente en septiembre de1979 y de haber recibido a una gran cantidad de latinoamericanos huyendo regímenes militares autoritarios en los años 70 y 80 proviniendo de Suramérica, así como de Centroamérica, confirman este compromiso: y de alguna manera, este historial aunado al hecho que abolió el ejército en 1948, le ha permitido a Costa Rica alzarse en el concierto internacional como una voz autorizada, siempre atenta a posiciones de vanguardia en los diversos foros y recintos internacionales.
El último instrumento universal de Naciones Unidas ratificado por Costa Rica en materia de derechos humanos fue en septiembre del 2014 el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional sobre Derechos Ecnoómicos, Sociales y Culturales – véase estado oficial de firmas y ratificaciones – (Nota 4).
Esta imagen que proyecta Costa Rica a nivel internacional se ha visto reforzada por las declaraciones oficiales que elaboran sus diplomáticos en una multitud de foros internacionales sobre derechos humanos: no obstante, la distancia entre por una parte este discurso y esta imagen, y por otra, el cumplimiento de las obligaciones que derivan de los instrumentos internacionales a los que es Estado Parte en materia de derechos humanos, es cada vez mayor. Un fenómeno muy similar se observa también en materia ambiental, un ámbito a partir del cual también Costa Rica proyecta su imagen internacional.
Algunos tratados de derechos humanos contemplan la creación de órganos para supervisar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los Estados Partes: en el ámbito universal, a la fecha son 10 los “órganos de tratados” o mecanismos convencionales en derechos humanos. Tuvimos la oportunidad de analizar las observaciones hechas por algunos de ellos con relación a Costa Rica en materia de discriminación contra las mujeres en el 2017, y en materia de obligaciones derivadas de uno de los dos Pactos internacionales de 1966, en el 2016. En este último texto, ya concluíamos nuestras reflexiones en el 2016 señalando que:
“No cabe duda que estas observaciones del 2016, así como las advertencias anteriores del 2007 y las demás brevemente mencionadas, constituyen en sí un desafío, en aras de rectificar paulatinamente la peligrosa deriva a la que se asiste en materia de derechos humanos en Costa Rica desde varios años”.
Paralelamente, desde el 10 de diciembre de 1948, la dinámica muy propia de los derechos humanos debió afrontar los límites de la técnica convencional internacional (al tratarse de instrumentos negociados por Estados y solamente por Estados), llevando de esta manera a Naciones Unidas a dotarse de los denominados «mecanismos no convencionales«: ello a través de mandatos ejercidos por Relatores Especiales o Expertos Independientes que cubren ya sea una problemática específica en materia de derechos humanos, ya sea examinan la situación particular que se da en un determinado Estado.
En este enlace de Naciones Unidas se detallan los 46 mecanismos temáticos y los 40 mecanismos/país que se han creado, trabajando en un caso como en otro, desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. En el caso de la Organización de Estados Americanos (OEA), la lista oficial de relatorías también evidencia la necesidad de superar los límites de la técnica convencional con este tipo de mecanismos no convencionales y su principal interés: reunir información de primera mano, recabar eventualmente denuncias y exigir aclaraciones a un Estado, así como llamar la atención sobre una problemática determinada que amerita una respuesta de carácter urgente.
Tanto los mecanismos convencionales como no convencionales proceden a hacerle periódicamente recomendaciones generales a los Estados de cara al cumplimiento de las obligaciones internacionales que han contraído:
– en el caso de los primeros, sus recomendaciones se encuentran en las observaciones finales a los informes periódicos de cumplimiento que los Estados deben de presentar. Usualmente la presentación de un informe oficial por parte de un Estado viene acompañado de informes alternativos (o «informes sombra«) que proceden de la sociedad civil tendientes a poner en evidencia la falsedad o el carácter sumamente cuestionable de los datos oficiales proporcionados por el Estado en su informe oficial, o a dar a conocer situaciones convenientemente omitidas por el Estado a la hora de preparar su informe. Podemos citar como ejemplos recientes, este informe alternativo presentado por organizaciones civiles colombianas en el 2024 y este otro por organizaciones peruanas en el 2023 así como este informe presentado desde El Salvador en el 2022, y menos recientes, este voluminoso informe de 250 páginas producido por varias ONG en México en el 2017, este informe de un colectivo de ONG guatemaltecas del 2010 y este informe del 2009 producido por una reconocida ONG en Argentina cuya presentación explicita el objetivo que debería perseguir todo informe alternativo (Nota 5).
– en el caso de los mecanismos no convencionales, sus recomendaciones provienen de los resultados de sus visitas in situ al Estado concerñido, durante las cuales se reúnen tanto con las autoridades como con la sociedad civil.
Costa Rica no escapa a este escrutinio internacional permanente desde Naciones Unidas, o desde la OEA, dando muestras de ciertas inconsistencias que a continuación señalaremos, de muchas más que evidencia el errático actuar del Estado costarricense cuando se trata de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Tuvimos hace unos meses (septiembre) la ocasión de explicar que el deterioro de las condiciones laborales en Costa Rica responde en gran parte al no acatamiento por parte de Costa Rica de recomendaciones internacionales en una nota titulada precisamente:
«El grave deterioro de las condiciones laborales en Costa Rica, síntoma de un «modelo de desarollo» que hace caso omiso de varios instrumentos internacionales. ¿Hasta cuando?»
En el mes de noviembre del 2025, se denunció la colocación de vallas en la ciudad de Puntarenas contra un renombrado científico costarricense y un abogado especializado en el litigio ambiental, sin que a la fecha las autoridades logren dar con los responsables de esta clara incitación al odio en contra de ambas personas (véase nota del Semanario Universidad). En agosto del 2025, el sorprendente embargo de la cuenta bancaria de un ecologista de renombre costarricense evidenció el nivel de creatividad de algunos bufetes corporativos (véase nota de Delfino.cr y nota del Semanario Universidad). Ambos casos ponen en evidencia la situación de extrema vulnerabilidad de quienes en Costa Rica, tienen el valor de alzar la voz en defensa del ambiente, y su total desprotección por parte del Estado costarricense.
Más recientemente (diciembre del 2025), nos referimos a la dramática situación que deben enfrentar personas indígenas oriundas de Nicaragua en Costa Rica, en una nota titulada:
«Mujeres indígenas miskitas en Costa Rica: breve análisis a raíz de una emisión radial».
De algunos otros lunares persistentes en Costa Rica en materia de derechos humanos
El último informe del Relator Espacial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, a raíz de su visita en Costa Rica y que tuvimos la ocasión de comentar (Nota 6) luego de su publicación en el 2022, espera pacientemente que las recomendaciones ahí reunidas sean objeto de seguimiento. Dos asesinatos en menos de un año (Sergio Rojas, marzo del 2019, Jehry Rivera, febrero del 2020) en un misma región (Salitre), siendo ambos líderes objetos de medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde abril del 2015 al Estado costarricense ¿ deberían de interpelar o no a la sociedad costarricense?
Foto de Sergio Rojas y de Jehry Rivera, líderes indígenas asesinados en el 2019 y 2020 en la región de Salitre, extraída de artículo de prensa del Semanario Universidad titulado «Asesinato de Jehry Rivera evidencia desprotección a personas defensoras de derechos humanos», edición del 3 de marzo del 2020
El informe de la Relatora Especial sobre Agua, Saneamiento y Derechos Humanos del 2009, a raíz de su primer visita como Relatora a Costa Rica, espera igualmente pacientemente que las autoridades actúen: entre sus diversas recomendaciones, está la discriminación con respecto al acceso al agua potable que siguen sufriendo varios sectores de la sociedad costarricense, en particular las comunidades indígenas (punto 70 de su informe). Entre otras recomendaciones de la experta del 2009 sobre el uso de plaguicidas (punto 71), es de señalar que Costa Rica adoptó tan solo en el 2107 un Decreto Ejecutivo para limitar el uso del bromacil en las plantaciones de piña y de banano, pero esperan similar atención el diurón y varios otros plaguicidas altamente peligrosos para la salud humana que terminan vertidos en aguas y suelos en las cercanías de estas plantaciones donde habitan comunidades humanas, mencionados en su informe. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que recomendaciones internacionales no seguidas de efecto sigan sumiendo a comunidades costarricenses con problemas de salud y pobreza, problemas de aprendizaje de niños costarricenses, debido a la contaminación circundante de empresas exportadoras de frutas tropicales? Su recomendación sobre la insensatez del desarrollo inmobiliario y turístico lanzada desde el 2009 (punto 72) debería también interesar a algunas provincias como Guanacaste, el Pacífico Central y la extrema presión que se manifiesta en algunas partes de la costa del Caribe costarricense como por ejemplo en Gandoca Manzanillo (cuyo humedal es un humedal inscrito en la lista Ramsar que Costa Rica tiene la obligación internacional de resguardar y proteger).
La incitación al odio en contra de ciertas categorías de personas en Costa Rica llámese migrantes, población sexualmente diversa, comunidades indígenas, población afro descendiente, mujeres, personas privadas de libertad, personas afectadas por el VIH SIDA, y otros grupos, espera una regulación con el fin de dotar a Costa Rica de una legislación que frene los ardores discursivos de algunos y ponga término a expresiones profundamente hirientes y discriminatorias que persisten en redes sociales, programas de radio y televisión y en un sinnúmero de espacios públicos. En el 2018, la sociedad costarricense se demostró a si misma los resortes de los que dispone cuando un pequeño grupo convocó una marcha en pleno centro de San José en contra de los migrantes oriundos de Nicaragua. En su momento saludamos esta reacción de la sociedad costarricense, no sin alertar con un “Estado, ¿estás?” las advertencias desoídas hechas por varios mecanismos de derechos humanos a Costa Rica antes del 2018 en materia de racismo y xenofobia. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que otros Estados hayan legislado para evitar la incitación al odio en contra de ciertos sectores en declaraciones públicas mediante la adopción de una legislación penal que tipifica la incitación al odio? ¿Acaso la simplificación extrema y la polarización que fomentan en una sociedad las redes sociales no deberían de llevarla a resguardarse ella misma de éstas? Con ocasión de amenazas y un tono particularmente agresivo en contra de la población sexualmente diversa, habíamos tenido la oportunidad de señalar, con ocasión de la campaña electoral del 2018 que:
“En materia de odio y de incitación al odio, las disculpas públicas son posiblemente el mejor remedio, en particular si tomamos en consideración el hecho que una laguna legal persiste en el derecho penal costarricense: la ausencia de una tipificación más acorde con nuestros tiempos del delito de incitación al odio”
Con relación a un instrumento internacional que permitiría interesarse por las condiciones laborales de la población migrante y forzar al Estado a mayores controles, un instrumento de Naciones Unidas desde 1990 existe, sin que Costa Rica lo haya tan siquiera firmado: un verdadero lunar al observar que se trata del único instrumento de importancia universal al que Costa Rica le da la espalda, impidiendo que se pueda iniciar una campaña en pro de su ratificación. Muy, pero en realidad muy recientemente una tesis de Licenciatura de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) exhibió ante la sociedad costarricense el nivel de abuso laboral a los que se someten a humildes personas trabajando en bananeras. ¿Interpelará o no a la sociedad costarricense la situación de abuso laboral al que se prestan numerosas empresas, garantizadas de una impunidad total al saber que ningún migrante en situación irregular irá a denunciarlas por ello ante el departamento de Salud ocupacional del Ministerio de Trabajo o de la CCSS? Un informe previo de la prestigiosa ONG británica Oxfam sobre las condiciones laborales en las piñeras en Costa Rica del 2018 ya advertía de la situación de total indefensión de sus trabajadores. Desde el punto de vista social y ambiental ¿acaso no debería llamar la atención el hecho que los principales cantones en los que se ha expandido la piña desde mediados de los años 2000 se mantienen con los peores índices de desarrollo humano a nivel cantonal en toda Costa Rica, sin que las comunidades circundantes vean en lo más mínimo mejorar paulatinamente sus condiciones de vida y el acceso a servicios básicos?
En el ámbito digital, de la protección de datos personales, de la respuesta a discursos de odio en redes, en particular contra las mujeres, la violencia se sigue generando y las brechas con relación al acceso y la cobertura se siguen abriendo como bien se detalla en este informe de una ONG, excluyendo año tras año a diversos sectores de la sociedad costarricense (véase informe de la ONGs APC y Sulá Batsú del 2024). Es probable que muy pronto recomendaciones provengan de Naciones Unidas en este mismo sentido al Estado costarricense. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que el mundo digital esté agudizando aún más las ya graves brechas que persisten en su seno?
En otro tema relacionado a la independencia del Poder Judicial en Costa Rica, una comunicación del Relator Especial de Naciones Unidas sobre independencia de los magistrados y abogados espera también pacientemente que el Estado costarricense tenga la gentileza de responderle. La misiva es del mes de julio del 2019 (véase texto) y en el sitio de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos aparece la mención «En espera de respuesta del Estado«. A ese respecto, en el 2021, la máxima instancia del Poder Judicial optó por ofrecer un espectáculo raramente observado (véase nota del Semanario Universidad del 24 de mayo del 2021).
Finalmente, el informe oficial de Costa Rica con relación a sus obligaciones en materia de derechos de las personas con discapacidad presentado en el 2023 (véase informe) detalla una serie de regulaciones y planes oficiales… cuya efectividad suele constituirse en un verdadero desafío para personas costarricenses con algún grado de discapacidad. Salvo error de nuestra parte, no se tiene registro en el caso de Costa Rica, de un informe alternativo similar al que fue presentado por un colectivo de ONG de México en el 2019 (véase informe).
Imagen internacional vs. agenda muy descuidada en materia de derechos humanos
Podríamos incluir más advertencias desoídas provenientes de mecanismos de derechos humanos en otros ámbitos de los derechos humanos (libertad de expresión, discriminación contra la mujer, personas con discapacidad, niños en situación de vulnerabilidad, defensa de los derechos laborales, personas migrantes, personas privadas de libertad, trata de personas, prostitución forzada, …) pero quisiéramos creer que con ocasión de este 10 de diciembre del 2025, diversos sectores y organizaciones sociales en Costa Rica alzaron la voz para denunciar la situación que se observa desde hace ya varios años: una vergonzosa inacción estatal aunada a un desinterés de la clase política y de algunos sectores de la sociedad costarricense que, irremediablemente, conducen a un despojo de los derechos de amplios sectores de esta misma sociedad.
En mayo del 2025 una ONG especializada en el litigio interamericano hizo ver las graves violaciones de la normativa internacional a las que Costa Rica se prestó, al aceptar vuelos en proveniencia de Estados Unidos con personas en situación migratoria irregular (véase enlace).
El desinterés por los derechos humanos por parte de algunos sectores en Costa Rica se ve agravada por una narrativa de algunos decisores políticos, tendiente a desacreditar y a estigmatizar a algunos sectores sociales y a pequeños colectivos dedicados precisamente a la defensa de los derechos humanos y del ambiente.
Sí quisiéramos hacer ver la muy (pero muy…) poca difusión que se hace en Costa Rica del contenido de estos informes, que cada cierto tiempo son dados a conocer desde Naciones Unidas o bien desde la OEA. En materia de cobertura de prensa, resulta de interés observar la facilidad con la cual los medios de prensa costarricenses replican en modo «automático» los comunicados oficiales del Estado costarricense sobre estos informes (que insisten en algunas cosas y omiten convenientemente otras…) sin nunca dar a conocer a sus lectores el contenido integral de estos informes como tal.
Si en materia de desempeño ambiental, las autoridades ambientales no dudan un momento poner a disposición del público el informe – texto integral – sobre desempeño ambiental de Costa Rica en el 2023 elaborado por la OCDE (véaseenlace), ¿ qué será lo que inhibe a poner en línea un informe sobre desempeño en materia de derechos humanos de Costa Rica elaborado desde algún órgano de Naciones Unidas?
Con relación a mecanismos no convencionales, es muy probable que nuestros estimables lectores descubran tan solo al leernos las recomendaciones (punto 140) contenidas al final del informe de abril del 2024 del Relator Especial sobre el derecho al disfrute de la salud mental y física, elaborado a raíz de su visita realizada a Costa Rica. Es también altamente probable que las recomendaciones (puntos 64-111) del Relator de Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de la esclavitud a raíz de su visita a Costa Rica del 2023 (véase informe) causen similar sorpresa. Y con relación a mecanismos convencionales, es igualmente muy posible que la misma sensación de extrañeza (o casi) aflore, con las observaciones hechas al octavo informe oficial de Costa Rica con relación a los derechos de las mujeres, realizadas por los integrantes del Comité de la CEDAW en el 2023 (véanse puntos 9 a 53 de sus observaciones); o bien con relación a las observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) al informe de Costa Rica (véase observaciones) hechas en el 2023; así como las observaciones del Comité contra la Tortura (CAT) al tercer informe de Costa Rica, enviadas en diciembre del 2023 (véase observaciones). Es de notar que en el punto 42 de este último informe, al parecer molestos por la reiteración de recomendaciones hechas a Costa Rica en el pasado y no seguidas de efecto, se señala por parte de los integrantes del CAT que:
«El Comité solicita al Estado parte que proporcione, a más tardar el 24 de noviembre de 2024, información sobre el seguimiento dado a las recomendaciones del Comité relativas a la detención preventiva, las condiciones de reclusión, la investigación de los actos de tortura y malos tratos y la no devolución (véanse los párrafos 13, 15 a), 25 a) y 31 a) respectivamente).«
Cabe precisar que el punto de contacto dentro del aparato estatal costarricense con los mecanismos convencionales (y no convencionales) a través del cual se tramita toda la correspondencia con éstos, recae en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica.
A modo de conclusión
La distancia cada vez mayor entre discursos oficiales en recintos internacionales de Costa Rica y la realidad de los derechos humanos en la misma Costa Rica, y el desinterés creciente de varios sectores ante la creciente problemática de los derechos humanos, han quedado en evidencia con lo que ha ocurrido con el último instrumento jurídico adoptado desde aquel 10 de diciembre de 1948, que iniciaría esta inacabada senda del derecho internacional de los derechos humanos: se trata de un instrumento regional, el Acuerdo de Escazú, adoptado en Costa Rica en marzo del 2018.
Los mitos y supuestos “argumentos” (que han resultado ser, como bien lo indica el programa Doble Check de la radio universitaria argumentos falsos creados a su alrededor), la frontal oposición que una magistrada constitucional y sus colegas consideraron oportuno desarrollar desde la misma Sala Constitucional para complicar la tramitación de este valioso instrumento regional, así como la indiferencia de varios sectores que muy bien pone en evidencia este documental elaborado desde la UCR en el 2021, colocan ahora a Costa Rica ante sus contradicciones y ante una comunidad internacional algo perpleja: en particular al haber ya sido el Acuerdo de Escazú ratificado por 18 Estados (el último en haberlo hecho siendo Bahamas en junio del 2025, antecedido por Colombia en septiembre del 2024, después de Chile (2022), Argentina y México en el 2021), sin que en ninguno de los 18 Estados Partes se haya observado en lo más mínimo los supuestos efectos negativos para Costa Rica, que tanto se esmeran en difundir los opositores al Acuerdo de Escazú y sus muy hacendosas e inventivas fichas (Nota 7).
La protección de los que alzan la voz en materia ambiental en Costa Rica ante las constantes amenazas, intimidaciones, que a veces terminan con asesinatos, pero también vejaciones, y estigmatizaciones de todo tipo, así como juicios penales por presunta difamación que archivan los tribunales, constituye una vieja deuda en materia de derechos humanos en Costa Rica: al respecto, cabe mencionar este otro documental de la UCR titulado “El Acuerdo de Escazú y los defensores del ambiente”. En el 2014 tuvimos la ocasión de analizar el contenido del informe del Relator de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos a raíz de su visita a Costa Rica: 11 años después, las recomendaciones reunidas en su informe (punto 61 en adelante) persisten como tareas y en el caso de algunas de ellas, como verdaderos desafíos para una Costa Rica cada vez más irreconocible en algunos ámbitos.
La desprotección de quienes defienden el ambiente cobra particular relevancia en este inicio del mes de diciembre, en particular en estos días en los que se conmemoraron 31 años desde la muerte de tres activistas cuyos cuerpos incinerados fueron encontrados en un casa el 7 de diciembre de 1994 en Moravia, y la muerte de un cuarto integrante cuyo cuerpo fue encontrado en febrero de 1995 en La Uruca (caso AECO): sobre este doloroso caso en el que campea la impunidad (como en muchos otros casos de intimidaciones y amenazas en los que las víctimas resultan ser ecologistas, líderes indígenas, lideresas campesinas), el dictamen de la Procuraduría General de la República de 1997 afirmando que se trata de muertes “accidentales” y la cuarta de una muerte «natural» constituye posiblemente una de las maniobras oficiales más persistentes del Estado costarricense para ocultar las verdaderas razones que motivaron estas cuatro muertes, conjuntamente con unas cuantas más. De manera a no reiterar la pregunta hecha con anterioridad, se recomienda una lectura pausada de dicho informe de la PGR, que, a la fecha, no ha dado lugar a ninguna rectificación por parte del Estado o expresión oficial de pesar (disculpa pública) (Nota 8) por lo ocurrido hace 31 años en la capital costarricense.
Finalmente, el hecho de anunciar la firma de un TLC por parte de Costa Rica con Israel plantea la siguiente interrogante en este mes de diciembre del 2025: el fomento del intercambio comercial con un Estado acusado de cometer un genocidio en Gaza, cuya primera autoridad (su Primer Ministro) es objeto de una orden de captura por parte de la CPI desde noviembre del 2024 por crímenes de guerra…¿acaso no coloca a Costa Rica en abierta violación a la obligación que tiene de prevenir el crimen de genocidio que deriva de la convención de 1948 sobre la prevención y sanción de genocidio a la que es Estado Parte? ¿Acaso no contraviene con otra obligación que es la de respetar pero también de «hacer respetar» el derecho internacional humanitario, derivada de los convenios de Ginebra de 1949 y del mismo Estatuto de Roma de 1998 que crea la CPI? ¿Acaso no hace a un lado la imagen tradicional que se ha tenido de un Estado que fomenta el diálogo, el derecho internacional humanitario, la justicia internacional y la limitación del comercio de armas? Para la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos del pueblo palestino, la decisión de Costa Rica es equivocada (véase su mensaje en redes sociales).
En este día internacional de los derechos humanos, y tomando en consideración la pérdida de la imagen internacional sufrida por Costa Rica observada en los últimos meses, así como la crisis aguda que vive el sector turismo (el cual depende mucho de la percepción que se tenga en el exterior de Costa Rica), nos permitimos reiterar a nuestros estimables lectores una pregunta un poco más general, que titulaba este artículo nuestro publicado en ElMundo.cr en su edición del 11 de agosto del 2025:
«¿Resultará realmente oportuno y conveniente para Costa Rica… firmar un TLC con Israel?«
– – Notas – –
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N.,»Derechos humanos y cambio climático: breves reflexiones con relación a la Opinión Consultiva OC/32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de este 3 de julio«, edición del 3 de julio del 2025. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase al respecto BOEGLIN N.,»Gaza / Israel: reflexiones desde una Costa Rica omisa sobre reciente informe de Naciones Unidas detallando la responsabilidad directa de empresas privadas en el genocidio en curso en Gaza«, 3 de julio del 2025. Texto disponible aquí.
Nota 3: Véase al respecto BOEGLIN N.,»Gaza / Israel: una insólita resolución 2803 adoptada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, analizada desde una Costa Rica totalmente omisa», 17 de noviembre del 2025. Texto disponible aquí.
Nota 4: Véase al respecto BOEGLIN N., » Costa Rica ratifica Protocolo Facultativo al Pacto DESC de Naciones Unidas«, DerechoaldDia, edición del 1 de octubre del 2014. Texto disponible aquí.
Nota 5: Se lee en la primera página que: «En tal sentido, este documento resulta complementario del que fuera enviado al Comité de Derechos Humanos (en adelante Comité) en su 96º período de sesiones, en ocasión de llevarse a cabo la pre-sesión para la evaluación del Estado argentino. En efecto, este informe alternativo tiene como finalidad ampliar y actualizar la información contenida en aquél documento, de manera de proporcionar al Comité nuevos elementos para que pueda realizar un análisis más completo sobre los factores que inciden en el goce de los derechos contenidos en el PIDCP en la Argentina. Por otro lado, se aporta información relevante sobre algunas de las cuestiones consideradas prioritarias por el Comité en su documento de fecha 25 de agosto de 2009 (CCPR/C/ARG/Q/4)«.
Nota 6: Véase al respecto BOEGLIN N., «Informe del Relator especial de Naciones Unidas exhibe graves y persistentes lagunas del país«, Sección Voz experta, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 6 de octubre del 2022. Texto disponible aquí.
Nota 7: Sobre el principio de inversión de la carga en materia ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú que una magistrada costarricense de la Sala Constitucional interpretó de manera completamente errónea en un voto en el mes de marzo del 2020, véase una acérrima crítica dada a conocer, y cuya lectura completa se recomienda: CHINCHILLA-CALDERÓN R., “Principio de inocencia, ‘carga de la prueba’ penal, delitos ambientales y Acuerdo de Escazú“, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, 2024. Texto completo disponible aquí.
Nota 8: En el caso de Jannette Kawas Fernández, una ecologista asesinada en Honduras en la misma época (febrero de 1995) en la que fueron asesinados lo integrantes de AECO en Costa Rica, sus familiares sí activaron el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En una histórica decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de abril del 2009 (véase texto completo), los jueces estimaron (véase el punto 202) que:
«… el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del presente caso, en desagravio a la memoria de Blanca Jannette Kawas Fernández. En dicho acto se deberá hacer referencia a las violaciones de derechos humanos declaradas en la presente Sentencia. Asimismo, este acto deberá llevarse a cabo mediante una ceremonia pública, con la presencia de autoridades estatales. El Estado deberá asegurar la participación de los familiares de la señora Blanca Jeannette Kawas Fernández, declaradas también víctimas por este Tribunal, y que así lo deseen. La realización y particularidades de dicha ceremonia pública deben consultarse previa y debidamente con los familiares de la señora Kawas Fernández. El Estado cuenta con un plazo de un año para cumplir con esta obligación«.
La creación del sistema UNIT por los BRICS representa un punto de inflexión geopolítico significativo. Su importancia radica en que, desafiando la base artificial del dólar, al respaldar el 40% de su sistema en oro físico, los BRICS exponen y cuestionan directamente la estructura fiduciaria del dólar, cuya emisión masiva sin respaldo tangible ha permitido a EE.UU. exportar inflación y ejercer dominio financiero global.
UNIT, por sus siglas en inglés significa Unified New Internacional Transaction (System), lo que en español se traducirían como Sistema Unificado de Transacciones Internacionales, SUTI, y que simboliza un regreso parcial a activos reales, contrariando décadas de hegemonía basada en «confianza» y coerción de los EE.UU.
UNIT no es solo una declaración, sino una plataforma operativa para transacciones críticas (energía, metales, materias primas) fuera de los canales controlados por Occidente (SWIFT, sistemas de compensación dólar-céntricos).
Esto erosiona gradualmente el poder de sanciones unilaterales de EE.UU. y la capacidad de vigilar transacciones globales, acelerando la multipolaridad financiera, al integrar una canasta de monedas de los BRICS+ (ya más de 30 países), se institucionaliza un modelo de comercio multicurrency que reduce la dependencia bilateral del dólar.
Es un gran paso concreto, directo, hacia un mundo multipolar donde bloques regionales puedan intercambiar valor sin intermediación obligatoria del dólar y sin manipulaciones y criminales bloqueos comerciales, financieros.
Pero, además, es una señal geopolítica contundente de que el anuncio demuestra coordinación y voluntad política entre potencias emergentes para reescribir las reglas del sistema financiero, no solo criticarlas. Esto debe incentivar a más países a diversificar reservas y buscar alternativas, debilitando el exorbitante privilegio de una moneda sin valor real, el dólar.
UNIT, o SUTI, es un instrumento estratégico en la larga batalla por la soberanía financiera de la humanidad, y su éxito dependerá de la adopción real y la capacidad de evitar divisiones internas, pero marca claramente el inicio de una arquitectura financiera paralela que cuestiona el orden unipolar liderado por EE.UU.
