A raíz de la derrota electoral en Chile y del ascenso de la extrema derecha, el análisis predominante, de los principales analistas de la izquierda, es que las elecciones se pierden porque la izquierda se ha movido al centro político, porque no ha llevado adelante reformas económico y sociales que cambien la estructura de las sociedades, porque sus gobiernos no salen de los límites que le imponen el mismo sistema organizado por la derecha, entre algunos argumentos. Es decir, que la izquierda es demasiado reformista, demasiado poco radical y que se aleja de las necesidades de los pueblos, lo que la hace perder las elecciones.
El debate es interesante y probablemente la verdad es más compleja, porque la realidad global, el mundo capitalistas actual es muy diferente al de años anteriores.
Es cierto que la izquierda se ha preocupado por aspectos o elementos que han surgido en las últimas décadas como la lucha de las mujeres por sus derechos, los de la diversidad sexual, gays y lesbianas o trans, o el cambio climático, descuidando, según algunos, la esencia de su existencia como es la lucha por los pobres, contra la desigualdad y la formación de una nueva estructura socioeconómica. Pero el asunto es si la izquierda debía desentenderse de esos problemas o debía asumirlos como propios e incorporarlos a sus luchas por una nueva sociedad. Creo que la respuesta es absolutamente no. Y en términos generales, la izquierda latinoamericana no ha dejado de lado esos planteamientos que la caracterizan.
El otro asunto interesante es saber si los cambios iniciados por los gobiernos de izquierda en América Latina han sido cosméticos o fueron reformas populares dirigidas a conformar una nueva sociedad, entendido que esa nueva sociedad no puede ser igual para todos los países e incluso parecida o no al modelo soviético, cubano, venezolano o nicaragüense.
La izquierda perdió las elecciones en Ecuador: Rafael Correa no fue tibio. En Perú donde derrocaron a Pedro Castillo por querer llevar adelante reformas y por discriminación de clase ya que fue el primer presidente peruano proveniente de las clases pobres o “bajas” de la sociedad. En Bolivia se perdió por la división estúpida de la izquierda y no por tibieza de Luis Arce. La derrota electoral de Alberto Fernández en Argentina se debe a las particularidades propias del peronismo, pero había perdido en el 2015, ganado la ultraderecha de Macri, después del gobierno de Cristina Fernández, que tampoco fue muy tibia.
El caso de Nicaragua es emblemático. Un gobierno revolucionario que había realizado reformas muy profundas, estructurales, tales como la reforma agraria, la alfabetización, la nacionalización, etc., perdió las elecciones en 1990 con Violeta Chamorro. Esa derrota no se debió a la tibieza o reformismo del FSLN. El Frente Sandinistas perdió como 2 o 3 elecciones más hasta que Daniel Ortega y Arnoldo Alemán firmaron un pacto político donde establecieron cuotas de poder y aseguraron el triunfo de Ortega en 2005. Después de eso el FSLN ganó todas las elecciones hasta el día de hoy y las seguirá ganando no se sabe hasta cuándo ya que liquidó a toda la oposición.
El caso de Chile deberían analizarlo los que mejor conocen el fenómeno. Sé que Gabriel Boric fue acusado de flojo y entregado a la derecha. Además, que su gobierno inició con las consignas que los llevaron a la Presidencia, muchas de ellas bastante radicales y que apostó por una nueva Constitución surgida de las grandes movilizaciones populares, que era un gran avance y que tocaba aspectos importantes de la estructura de la sociedad chilena; sin embargo, ese proyecto fue rechazado por el 62% de los chilenos. Esa fue una gran derrota que condujo a que perdiera la iniciativa política, lo cual es pecado en política y empezó a ganarla la derecha. Sin embargo, logró una reivindicación fundamental para los trabajadores, reformar el sistema de pensiones que había privatizado Pinochet, aprobó la jornada laboral de 40 horas a la semana e impulsó programas sociales de impacto en los sectores más pobres. ¿Qué no fue suficiente? La extrema derecha neonazi gana las elecciones sin programa social alguno solo prometiendo dos cosas: eliminar la migración y eliminar la delincuencia. ¿Y quién fue derrotada en estas elecciones? Nada menos que una comunista. Por primera vez en América Latina una miembro de un Partido Comunista es candidata de una coalición con reales opciones de poder. Hubiera significado para la derecha “el comunismo en el poder”. Esa comunista obtuvo el 42% de los votos de los chilenos. Es una cifra enorme que obtuvo la izquierda, mayor incluso que el porcentaje con el que ganó Allende en 1970 y es un caudal que augura grandes movilizaciones.
Creo que los gobiernos de izquierda de Latinoamérica, en general, se han caracterizado por ser antiimperialistas, promotores de reformas en bien de los sectores de trabajadores y más pobres, defensores de los recursos naturales y de la soberanía nacional. Algunos más radicales que otros, pero todos con los mismos objetivos.
¿Podemos ser más radicales? El radicalismo va siendo marcado por las condiciones nacionales, pero especialmente, las internacionales. Y lo que es más importante es que se será cada vez más radical conforme el pueblo lo vaya indicando.
Petro, Lula y Claudia Sheinbaum representan a los países y economías más fuertes de América Latina y están formando un valladar contra Trump y la política imperial. En México hay en curso una transformación muy profunda y es hoy un faro que debería iluminar a la izquierda y los pueblos latinoamericanos.
En América Latina hay una izquierda combativa que gana gobiernos para trasformar la sociedad. Por lo menos en este momento es la mejor vía revolucionaria.
Uno de los dogmas más influyentes del liberalismo contemporáneo es el de la neutralidad axiológica del Estado. Presentada como condición de posibilidad del pluralismo, la neutralidad promete garantizar la convivencia pacífica entre concepciones diversas del bien, evitando toda imposición moral o cultural. Sin embargo, lejos de constituir un terreno imparcial, esta neutralidad se ha transformado progresivamente, y con mayor fuerza después de la caída del socialismo, en un principio normativo excluyente, capaz de imponer una cosmovisión específica mientras niega su propio carácter ideológico.
El resultado no es la superación del autoritarismo, sino su reconfiguración bajo formas más sutiles, administrativas, culturales, incluso permisivas. En este marco, tanto la izquierda posmoderna como la derecha neoliberal progresista han quedado atrapadas en el mismo juego, operando como expresiones complementarias de un orden liberal tardío que neutraliza toda alternativa sustantiva.
La neutralidad liberal parte de una premisa aparentemente modesta: el Estado no debe privilegiar ninguna concepción particular del bien. No obstante, esta premisa encierra una decisión filosófica decisiva: la expulsión de toda referencia a bienes comunes sustantivos, verdades morales objetivas, tradiciones históricas o jerarquías cualitativas del espacio público.
En lugar de suspender los valores, el liberalismo impone uno en particular: el del individuo abstracto, autónomo, desvinculado de toda pertenencia previa y permanentemente redefinible. Esta antropología implícita se convierte en el criterio desde el cual se juzga qué discursos son legítimos y cuáles deben ser excluidos por “no neutrales”.
Así, la neutralidad deja de ser un procedimiento y se transforma en un dogma político. No tolera aquello que la cuestiona, y utiliza el aparato jurídico, educativo y mediático para disciplinar culturalmente a la sociedad. La paradoja es evidente: en nombre de la neutralidad se establece una ortodoxia obligatoria.
La izquierda posmoderna ha quedado atrapada en la neutralidad liberal al abandonar la crítica estructural del capitalismo y desplazar el conflicto político hacia el terreno cultural-identitario. Las agendas que hoy prioriza; género, diversidad sexual y reivindicaciones simbólicas, no emergen de las mayorías obreras o campesinas, sino de élites académicas, institucionales y económicas articuladas con el financiamiento del capital global. En lugar de cuestionar el orden liberal, lo radicaliza desde dentro, adoptando su lenguaje y sirviendo como legitimación cultural de un statu quo que continúa beneficiando a las élites financieras.
Su rechazo de toda verdad objetiva, naturaleza humana u horizonte común conduce a una política centrada en la subjetividad fragmentaria, donde la emancipación se reduce a la proliferación de identidades autorreferenciales sin fines colectivos. Así, esta izquierda opera como el brazo cultural del liberalismo tardío: legitima la neutralidad axiológica, disuelve los vínculos orgánicos y convierte la transgresión simbólica en sustituto de la acción política real, contribuyendo a una profunda despolitización social. La socialdemocracia, al asumir este marco, perdió su capacidad reformadora.
La derecha neoliberal progresista, por su parte, abandonó toda pretensión conservadora sustantiva. Acepta la neutralidad liberal y la orienta a la gestión tecnocrática del mercado global, reduciendo los valores a tolerancia procedimental y eficiencia económica. Para mantener legitimidad, adopta el lenguaje moral del progresismo cultural y renuncia a la tradición, la soberanía y la identidad colectiva, limitándose a administrar el sistema.
El resultado es una convergencia estructural: la izquierda gestiona la mal llamada revolución cultural permanente y la derecha administra la economía y las instituciones, ambas dentro del mismo dogma neutralizador. El conflicto político se vuelve simulado y toda disidencia que afirme bienes comunes, jerarquías de valor o identidades históricas es estigmatizada como antidemocrática. La diversidad proclamada deviene uniformidad forzada.
En este marco, la neutralidad liberal funciona como una tiranía blanda: no reprime abiertamente, pero regula el lenguaje, delimita lo pensable y vacía la democracia de contenido. Frente a este vacío, la derecha iliberal gana terreno al reintroducir cuestiones proscritas: tradición, soberanía, pertenencia, sentido, canalizando un malestar profundo. No obstante, sin una elaboración superior del bien común y del orden político, esta reacción corre el riesgo de reproducir, bajo otras formas, la lógica del sistema que critica.
La crisis contemporánea no es una polarización entre izquierda y derecha, conservadores y progresistas como nos quieren hacer creer de manera simplista. Nos enfrentamos no solo al agotamiento del liberalismo, sino también a su mutación en una ideología totalitaria como las del siglo pasado. Al perder capacidad para generar sentido, cohesión y legitimidad, el liberalismo deja de presentarse como una opción política y se impone como horizonte obligatorio, clausurando el debate sobre todo tipo de fundamento.
La neutralidad deviene dogma, la falsa diversidad se transforma en uniformidad y la democracia se reduce a procedimiento. Incapaz de integrar, excluye; incapaz de convencer, deslegitima. De esta tensión emergen tanto la despolitización generalizada como las respuestas iliberales que buscan romper el cerco. Superar este impasse exige reabrir la discusión sobre aquello que el liberalismo ha proscrito: el bien común, la autoridad, la espiritualidad y el sentido profunda sobre la necesidad de un orden político.
La reciente derrota de la izquierda en Chile pone un eslabón más en la larga cadena de retrocesos que los procesos progresistas han venido cosechando en los últimos tiempos en el continente. No es un fenómeno aislado. Es la reafirmación de una tendencia continental, que incluye a Ecuador, Bolivia, Argentina y, más recientemente, Honduras. Ese “retorno” comenzó, por cierto, con la dramática derrota del FMLN en El Salvador, que es quizá el revés más ignominioso de todos. Algunos dicen que aquí se acaba un proceso que duró un cuarto de siglo y que ahora se abre un nuevo capítulo en nuestra historia.
La ley del péndulo, se suele llamar: todo lo que sube baja y el giro sostenido hacia la izquierda ahora se ve compensado por el movimiento hacia el lado contrario. Pero esa es una apreciación muy superficial, que no arroja claridad sobre el fondo del fenómeno. Sin embargo, sí nos permite recordar que ya hubo una “ola azul”, un giro a la derecha en la mayoría de los países latinoamericanos, llamado así en oposición a la “ola rosa” de comienzos del siglo y como se llamó a esa primera época de supremacía progresista, la era de Chávez, Kirchner y Evo Morales. Hoy estamos siendo testigos, pues, de una segunda “ola azul”.
Los resultados políticos de este cuarto de siglo no pueden ser calificados como simples fracasos. La revolución bolivariana lleva ya un cuarto de siglo. Evo Morales fue electo y reelecto para tres mandatos consecutivos, y aunque fue derrocado y sustituido por la derechista Jeanine Áñez, su partido ganó las elecciones para el cuarto mandato. Su descomposición parece deberse, igual que en Ecuador, de una toma de la fortaleza desde dentro, es decir, por traiciones de sus dirigentes del momento.
También en Ecuador, Correa ganó dos elecciones seguidas y su partido fue ganador para un tercer mandato; en ese país en la derrota del correísmo jugó un papel esencial la traición interna, como queda dicho; a ello hay que agregar que los correístas afirman que el triunfo de Noboa fue producto de un fraude electoral. Parece que la derrota del régimen ultraderechista en el reciente plebiscito es prueba de ello.
Con altos y bajos, el movimiento de Lula se ha mantenido en el poder por varios lustros, a lo largo de cuatro periodos (Lula es el único brasileño en la historia en haber sido electo tres veces como presidente del país). El kirchnerismo gobernó Argentina, también con altos y bajos, durante dos décadas.
El Frente Amplio del Uruguay gobernó en tres periodos y ahora está por cuarta vez al frente del gobierno; en este proceso ha perdido y vuelto a ganar en dos ocasiones.
Hay que agregar a Nicaragua. Con todo y lo controversial que pueda resultar, lo cierto es que el FSLN ha sido la fuerza política principal durante muchas décadas.
En el caso mismo de Honduras hay que recordar que el proceso se vio truncado por un golpe de estado contra el presidente Zelaya; esa fuerza logró después recuperar el control del gobierno.
No se pueden dejar de mencionar las experiencias de México y Guatemala. En el primero, fuerzas nuevas, algunas surgidas de los partidos tradicionales, se han puesto al frente de millones de luchadores y están emprendiendo una de las transformaciones sociales y políticas más exitosas de la historia. En la segunda, si bien Arévalo muy rápidamente de alinea con Estados Unidos y cede ante la oligarquía, resultó electo por un proceso popular profundo cuyas raíces están insertas en una larga lucha, inclusive armada, y que seguirá presente en el alma del pueblo.
En resumen, no hay motivos para estar satisfechos con la situación de las fuerzas progresistas en el continente, pero los resultados, vistos en perspectiva, no resultan tan catastróficos como a simple vista parecen.
Pero con valentía hay autocríticas que se deben salvar de la vorágine.
No existe un proceso revolucionario latinoamericano, sino un conjunto de procesos más o menos simultáneos pero cada uno con rasgos muy particulares, propios e irrepetibles. Por eso resulta muy irresponsable hacer generalizaciones, la primera de las cuales es hablar de un “proceso continental” en vez de una “suma de procesos nacionales” más o menos simultáneos, que es como debe decirse. Pero al mismo tiempo vale la pena constatar que esos “procesos nacionales” contienen elementos característicos que comparten con los de los otros países.
¿Cuáles son esos elementos comunes? Sin pretender ser exhaustivo, podemos señalar que esos procesos surgen de periodos de enorme violencia, algunos casos de dictadoras horrorosas, y que se propusieron en un primer momento crear sistemas políticos donde reinara el diálogo pacífico y el respeto a los derechos humanos. Así fue en Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. Surgen también como alternativa a sociedades groseramente discriminatorias y desiguales, como fueron los casos de Perú, Ecuador y sobre todo Bolivia. En ambos casos, el tema de la recuperación democrática fue un propósito central.
Lo segundo es que esos procesos fueron productos de alianzas políticas muy amplias, que incluyeron movimientos nuevos, como el MAS en Bolivia y el movimiento de la Revolución Ciudadana en Ecuador, y partidos viejos, tradicionales, de diverso signo, entre ellos quizá el más importante es el peronismo. En todas estas alianzas siempre tuvo algún papel la izquierda tradicional, un papel más pequeño y desteñido de lo que hubiéramos deseado (Colombia y, sobre todo, Chile, podrían ser excepciones; en ambos casos sus partidos comunistas han estado presentes, en el caso de Chile de una manera muy destacada).
Esos movimientos y procesos nacieron y se desarrollaron en claro enfrentamiento con el neoliberalismo y las políticas económicas del imperialismo, impuestas principalmente por el FMI y el Banco Mundial o la injerencia y el chantaje abierto de los organismos de poder de las potencias occidentales. Parte esencial de sus programas económicos fue la recuperación de la soberanía sobre los recursos naturales de sus países.
La primera es que después de un cuarto de siglo de una presencia intermitente o permanente en el gobierno, la izquierda no ha podido consolidar una mayoría contundente, tanto electoral como social. Después de un cuarto de siglo y luego de reiteradas victorias electorales, la izquierda sigue sin convencer, sin consolidarse como mayoría, aunque las bases sociales empobrecidas son en todo el continente ampliamente mayoritarias.
¿Por qué los procesos renovadores, progresistas, no han lograron esa consolidación contundente? Los factores parecen ser varios, pero hay uno fundamental: esos gobiernos no produjeron las reformas necesarias para resolver de raíz los problemas económicos, sociales y de desigualdad que siguen sufriendo las masas. Han sido, como dicen algunos analistas, administradores del capitalismo caduco. En muchos casos, malos administradores. Los índices económicos de los países en estos procesos dejan mucho que desear, en gran parte por factores de la economía externa, pero los índices sociales siguen siendo muy desventajosos para los pobres y, en especial, para las capas medias. Como decía el expresidente boliviano García Linera, estos gobiernos hicieron importantes avances en la solución de los problemas sociales, pero ese proceso tuvo un techo, y las masas que habían visto aliviada su pobreza pedían más, exigían más beneficios y mayor participación en la economía nacional.
Problemas muy profundos y viejos y programas muy timoratos (más o menos es el sentido del análisis de García Linera) dan como resultado que las masas pierdan confianza en sus dirigencias y, como resultado, la izquierda termina no convenciendo.
En esencia, los programas transformadores, muy fuertes al principio, resultaron insuficientes. En lo fundamental fueron programas reformistas, que no se propusieron o no pudieron dar cuenta de la estructura económica y que se conformaron con modernizar sus economías capitalistas, de las que usufructuaron, en porciones muy altas, las oligarquías locales que, a su vez, eran enemigas de esos regímenes y utilizaban sus grandes utilidades para luchar contra sus gobiernos progresistas.
La segunda cuestión estructural es que no se realizaron cambios políticos esenciales. Dos cosas son en esto fundamentales: primero, los gobiernos progresistas siguieron trabajando con las viejas estructuras políticas, especialmente con la democracia representativa, no solo sin realizar cambios sino además sin proponérselos, sin educar a las masas nacionales y al mundo en la necesidad de un cambio de fondo de la superestructura política de las naciones. Segundo: las organizaciones sociales siguieron jugando un papel secundario, de apoyo al régimen, a sus líderes y a sus partidos sí, pero sin convertirse en verdaderos actores del cambio.
No se pueden dar recetas para tantos países tan diversos, pero sí se puede afirmar que la izquierda debe ofrecer programas más claros, de verdadera revolución social y con clara orientación al socialismo. Cuba fue un caso contrario. La primera victoria de la revolución cubana fue haberle quebrado la columna vertebral a la oligarquía, dejándola sin posibilidades de actuar. Claro que era otra realidad nacional e internacional, eran otros tiempos, pero los problemas a resolver y, sobre todo, los enemigos a vencer, siguen siendo los mismos.
Los partidos progresistas en el gobierno han logrado sacar mucho provecho de la lucha contra el neoliberalismo y sus excesos, pero nos equivocamos si pensamos que puede haber capitalismo después del neoliberalismo. El neoliberalismo y todos los demás males del continente (pobreza estructural, desigualdad, atraso) solo pueden ser superados superando el capitalismo del que son hijos.
Una cuestión fundamental en estos 25 años y que se agrava cada día más es la intromisión brutal del imperialismo. Ahora el ataque es más abiertamente agresivo y está acompañado por el lenguaje de extrema derecha del imperio y por el fortalecimiento del movimiento político y la ideología de extrema derecha en el mundo. ¿Cómo es posible que la extrema derecha gane elecciones con el apoyo popular? Es algo inconcebible, pero, de nuevo, muestra la debilidad ideológica no de las masas, sino de las vanguardias. El factor internacional, léase imperialista y proimperialista, ha sido y seguirá siendo el factor determinante, y los grupos dirigentes de la izquierda han caído en su trampa, pretendiendo ser muy hábiles en la negociación con Washington y sirviendo muchas veces como agentes divisionistas en el continente, haciendo uso de un descolorido lenguaje centrista por el que pretenden colarse por debajo de la cerca. Crear una auténtica conciencia y, sobre todo, una práctica antiimperialista, revitalizar una política de unidad continental antiimperialista, será fundamental para los avances futuros.
Atravesamos un momento muy difícil y se acercan otros todavía peores, pero debemos renovar nuestra confianza en el pueblo, levantar la cara con optimismo y, sobre todo, fortalecer la resistencia. Como sucedió ya en el pasado, los pueblos sabrán sobreponerse y una vez más esta segunda “ola azul” saldrá derrotada. Ni la derecha ni el imperialismo tienen una respuesta a los problemas y sufrimientos de las masas trabajadoras. Nunca los han tenido. Y el abismo que nos abren a nuestros pies será el principal motivo de su derrota. América Latina vencerá. Los pueblos vencerán.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el pasado 10 de diciembre, por 312 votos a 112, una autorización de gastos militares por 900 mil millones de dólares para el año fiscal 2026. Con cien mil millones suplementarios aprobados en la pasada primavera, el presupuesto suma más de un billón de dólares (trillion en inglés, billón –millón de millones– en español). Incluye 400 millones de dólares anuales para el suministro de armas a Ucrania en los próximos dos años.
Esto representa cerca de 40% del gasto militar mundial. Una suma récord, asombrosa, difícil de dimensionar. Es más, de lo que gastan juntos los nueve países que le siguen, incluyendo China y Rusia. Para un país cuya deuda hoy se acerca a los 37 billones de dólares (trillion en inglés), es un gasto extraordinario. En el año fiscal 2004 el presupuesto de defensa de los Estados Unidos fue de 850 mil millones de dólares, ligeramente inferior a los 880 mil millones en pago de intereses.
El nuevo presupuesto, que debe ser aprobado por el Senado, se alinea con las preocupaciones de Peter Hegseth, secretario de Guerra de la administración Trump, expuestas el pasado 30 de septiembre a más de 800 generales y almirantes, reunidos en la base de marines de Quantico, en Virginia.
Hegseth hizo un largo discurso. A partir de ahora –afirmó– “la única misión del recién restablecido Departamento de Guerra es librar la guerra”. En su opinión, el pacifismo ignora la naturaleza humana, es ingenuo y peligroso. Nacionalista cristiano de derecha, como el vicepresidente J.D. Vance, Hegseth ha escrito varios libros: contra la ideología woke, contra los islamistas, defendiendo la idea de que quienes aspiran a la paz deben prepararse para la guerra.
“Ustedes matan gente y destruyen cosas para ganarse la vida. No son políticamente correctos y no pertenecen necesariamente a la alta sociedad”. “¡Adelante, disparen, porque somos el Departamento de Guerra!”, arengó a los militares.
Para el presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara, el republicano Mike Rogers, Estados Unidos necesita una fuerza de combate lista, capaz y letal”. “Las amenazas a nuestra nación, especialmente las que provienen de China, son más complejas y desafiantes que en cualquier otro momento de los últimos 40 años”, dijo
Para Hegseth el escenario internacional se asemeja al de 1939. Pasaron muchas cosas en 1939, entre ellas el inicio de la II Guerra Mundial, con la invasión alemana de Polonia, el 1 de septiembre de ese año. ¿En eso estaría pensando Hegseth? ¿Estará pensando en otra guerra mundial?
Cinco semanas después del encuentro en Virginia, Hegseth se reunió, el viernes 7 de noviembre, en el National War College de Washington, con responsables del ejército y representantes de la industria de defensa, para explicitar nuevas normas con las que trabajarían: –No construimos para tiempos de paz. El sistema de contratación pública de defensa, tal como lo conocen, ha dejado de existir. Ahora es un sistema para la guerra.
En una mesa redonda celebrada en esas mismas fechas en el Foro Nacional de Defensa Reagan, el multimillonarioJamie Dimon, presidente de JP Morgan, el principal banco norteamericano, discutió la nueva propuesta con Christopher Calio, director ejecutivo de Raytheon (RTX), una de las principales contratistas del Pentágono.
Somos una empresa bastante patriótica, dijo Dimon. Hemos decidido hacer al menos un 50% más en los próximos diez años en materia de seguridad. “Esto representa 1,5 billones, y luego diez mil millones de inversiones, una cantidad que podría aumentar fácilmente, para financiar las cadenas de suministro de los proveedores con los que Chris podría hacer negocios: si quiere duplicar o triplicar la producción de sus misiles, debe pedir a algunos de esos proveedores que dupliquen o tripliquen su producción”, afirmó.
El mundo ha experimentado grandes cambios, aseguró, destacando el crecimiento de China. Para Dimon, “tener el ejército más poderoso es la mejor manera de disuadir las malas acciones”.
Otra guerra
¿En qué guerra estarán pensando Hegseth, Dimon o los líderes europeos?
Para el secretario general de la OTAN, el holandés Mark Rutte, “somos el próximo objetivo de Rusia y ya estamos en peligro”.
Rutte habló en Berlín el 11 de diciembre, acompañado del canciller alemán, el demócrata cristiano Friedrich Merz. Estima que Rusia podría estar lista para emplear el uso de la fuerza militar contra la OTAN dentro de cinco años. Una guerra que, en su opinión, tendría “la misma magnitud que la guerra que sufrieron nuestros abuelos y bisabuelos”.
“El señor Rutte, al hacer declaraciones tan irresponsables, simplemente no entiende de qué está hablando«, respondió el portavoz presidencial ruso, Dimitri Peskov, añadiendo que en Rusia se conserva cuidadosamente la memoria de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y de lo que hizo para salvar a Europa del fascismo.
Una guerra contra Rusia dentro de cinco años es una afirmación que los servicios de inteligencia alemanes, franceses o ingleses, sus líderes políticos y militares han repetido, sin que se conozcan públicamente los argumentos en que basan esas estimaciones.
Merz, para quien vivimos “un punto de inflexión” en la política mundial, anunció que Alemania debe prepararse para la guerra y adelantó en seis años para 2029, el objetivo dedicar 3,5% del PIB a gastos militares, pese a la difícil situación económica por la que atraviesa su país.
En su opinión Putin aspiraría a reconstruir la Unión Soviética, para lo que se estaría preparando. Afirmaciones que las autoridades rusas han calificado de “una estupidez”.
Para la jefe de la inteligencia británica, Blaise Metreweli, una Rusia «agresiva, expansionista y revisionista» es una grave amenaza. En un discurso pronunciado el pasado lunes 15, amenazó: «Putin no debe tener ninguna duda; la presión que ejercemos en nombre de Ucrania se mantendrá».
Hegseth podría tener razón cuando compara la situación actual con la de 1939. Fue cuando Alemania inició su avance militar hacia el este, ocupando Polonia y preparándose para la mayor operación de la II Guerra Mundial: la invasión de la Unión Soviética.
El 22 de junio de 1941, 3,5 millones de sodados alemanes cruzaron la frontera de la URSS. En diciembre, algunas tropas estaban a solo 25 km de Moscú y Alemania ya planeaba la ocupación del inmenso territorio del país. Pero no ocurrió así. A partir de entonces, las cosas cambiaron. La resistencia rusa se fue transformando en una ofensiva que terminaría tres años después en Berlín.
¿De qué guerra hablamos?
Merz parece dispuesto a intentarlo de nuevo. Estima que no hay urgencia en un acuerdo de paz en Ucrania. Apuesta por sostener el régimen de Kiev con armas y dinero y aumentar la presión sobre Moscú. Por lo menos públicamente no descartan la idea de que Ucrania puede seguir resistiendo. O de que lo rusos no deben ganar la guerra.
“Todos sabemos que el destino de tu país es el destino de Europa”, dijo el canciller alemán a Zelenski el pasado 8 de diciembre, luego de una reunión en Londres con el presidente francés y el primer ministro británico.
idea similar es la del presidente francés, Emmanuel Macron, para quien Rusia está llevando a cabo una confrontación estratégica con los europeos. “Hemos financiado equipamiento para Ucrania, que está resistiendo, mientras la economía rusa está comenzando a sufrir por nuestras sanciones”, dijo Macron el pasado 8 de diciembre, aunque los resultados en el frente sugieren otra cosa, lo mismo que los indicadores de la economía rusa.
El 18 de noviembreel general Fabien Mandon, jefe del Estado Mayor de la Defensa de Francia se dirigió a un Congreso de alcaldes franceses. Los fue a convocar para la guerra. Según la información de que dispongo –afirmó el general– Rusia se está preparando para una confrontación con nuestros países en el horizonte de 2030.
Para el general francés, el peligro no es que los rusos desembarquen en Alsacia, sino que los franceses se vean obligados a actuar en defensa del flanco este de la OTAN. Por lo tanto –agregó– le he indicado a las fuerzas armadas que debemos “estar preparadas en tres o cuatro años”.
¿De qué información dispondrá el general? El presidente ruso he reiterado lo absurdo de esa afirmación. Ha ofrecido garantías por escrito de que no tiene ningún plan de atacar la OTAN. ¿Cuál sería el objetivo de un ataque de esa naturaleza? ¿Qué podría lograr el Kremlin con esa guerra que, naturalmente, sería nuclear?
Es difícil encontrar respuestas razonables para esas preguntas, alguna justificación para un ataque de esa naturaleza. No ha sido Rusia quien ha acercado sus tropas a las fronteras europeas. Ha sido Europa la que ha acercado las fuerzas de la OTAN a las fronteras rusas desde los años 90’s del siglo pasado, contrariando los arreglos negociados con las autoridades soviéticas al final de la Guerra Fría.
Alemania, que ya llevó el mundo a dos grandes guerras, parece dispuesta a intentar nuevamente lo que no pudo lograr en sus intentos anteriores. Cada vez que adopta nuevas medidas para su rearme y se prepara para la guerra contra Rusia ganan relieve las palabras del general indio-británico Lord Hastings Ismay, primer secretario general de la OTAN, cuando definió los objetivos de la organización: mantener los norteamericanos adentro, los rusos afuera y los alemanes abajo. Salvo mantener los rusos afuera, los otros objetivos parecen cada vez más difíciles de lograr.
Pero comparar esa guerra con la que sufrieron nuestros abuelos y bisabuelos –cuando no existían las armas atómicas–, como afirma el sucesor actual de Lord Ismay, es más que una ingenuidad. Una guerra como esa sería algo nunca visto y seguramente la última que viviría la humanidad.
Las advertencia de Moscú: los riesgos de un mundo unipolar
El febrero del 2007, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el presidente ruso advirtió sobre los riesgos que un mundo unipolar significaba para la seguridad de todos. Destacó que la expansión de la OTAN, que su presencia en las fronteras rusas, lejos de ofrecer una mayor seguridad para Europa, “representaba una seria provocación que reducía el nivel de confianza mutua”.
En febrero de 2014 se produjo el golpe en Ucrania que, con apoyo norteamericano y europeo, depuso al presidente Viktor Yanukovich y la acercó a la OTAN. A partir de entonces las relaciones entre el gobierno de Kiev y sus provincias orientales, de mayoría étnica rusas, se deterioraron hasta transformarse en un conflicto armado, mientras la posibilidad de la incorporación de Ucrania a la OTAN aumentaba la tensión con Rusia que, en marzo de ese año, luego del golpe de Estado, se había anexado la península de Crimea.
En 2014 y 2015 las partes involucradas negociaron los acuerdos de Minsk, para resolver ese conflicto, con la participación de la canciller alemana, Angela Merkel, y del presidente francés, François Hollande. Negociaciones que luego los garantes europeos reconocieron nunca pretender cumplir. Se trataba apenas de ganar tiempo, mientras armaban a Ucrania para una guerra futura.
En octubre de ese mismo año 2014, Putin hizo otro importante discurso en el foro de Valdai. Habló de los riesgos de un mundo unipolar. Tener un solo centro de poder no hace más manejable el proceso global. Por el contrario –diría– la historia ha mostrado su incapacidad para enfrentar las amenazas reales.
Rusia ya estaba enfrentando las primeras sanciones, por la anexión de Crimea. “Algunos dicen que estamos dando la espalda a Europa, buscando nuevos socios, principalmente en Asia. Déjeme decirles que este no es, de ningún modo, el caso”.
Luego se refirió al desarrollo de conflictos violentos, con la participación directa o indirecta de las grandes potencias. Ucrania “es un ejemplo de esos conflictos, que afectan el balance internacional de poderes”, afirmó Putin. Hemos advertido de las graves consecuencias económicas que podría tener para Rusia la adhesión a la UE de Ucrania –de la que era el mayor socio comercial– y pidió una amplia discusión sobre el tema. “Nadie quiso oírnos, nadie quiso hablar. Simplemente nos dijeron: eso no es asunto suyo. Punto final”.
En septiembre del 2015 Putin viajó a Nueva York, para hablar en la Asamblea General de Naciones Unidas. Al defender la posición de su país ante los diversos escenarios de conflicto en el mundo, insistió en que no se trataba de ambición propia, “sino de reconocer que no era posible seguir tolerando el estado actual de las cosas en el mundo”.
Como en 1939
Desde su punto de vista el espíritu de la Guerra Fría seguía presente en el escenario internacional. Pese a la disolución del Pacto de Varsovia, que unía a los países de Europa del este bajo la conducción de la Unión Soviética, pese al colapso de la misma Unión Soviética, la OTAN seguía expandiendo su infraestructura militar. ¿Para qué?, se preguntó. “Tarde o temprano, esta lógica de confrontación terminará desencadenando una grave crisis geopolítica. Esto es exactamente lo que ocurrió en Ucrania, donde se aprovechó el descontento de la población con las autoridades para orquestar un golpe militar desde el exterior, lo que desató una guerra civil”.
Rusia todavía confiaba que los acuerdos de Minsk podrían lograr el fin del conflicto en las provincias ucranianas fronterizas, donde la confrontación armada costaba ya miles de vidas. Pero, como sabemos, no fue así. La tensión en esos territorios siguió aumentando, sin que prosperara ningún intento de negociación.
El diciembre del 2021, cuando Rusia ya concentraba tropas en la frontera, Putin y Biden hablaron por teléfono. Putin exigió el cumplimiento de los acuerdos de Minsk y que Ucrania no se incorporara a la OTAN. No hubo acuerdo. Quedaban pocas semanas para el inicio de la guerra.
Hace ya varios años que Europa cortó prácticamente todo tipo de contactos diplomáticos con Rusia. Con la OTAN transformada en el brazo armado de la UE, ninguna negociación logra prosperar, mientras Alemania (y sus socios europeos) apuestan por la derrota de Rusia. Pero las presiones para un acuerdo negociado aumentan. Parece difícil que ese conflicto pueda extender más allá del año que comenzará en pocas semanas.
Mientras tanto en Asia escalan peligrosas tensiones. El nuevo gobierno de Japón, al igual que Alemania, revisa las disposiciones de seguridad acordadas al final de la II Guerra Mundial.
No se puede descartar que Hegseth tenga razón. Como en 1939, las costuras de una camisa de fuerza impuesta a los derrotados de la I GM comenzaron a romperse, en la medida en que creían haber llegado su hora de rehacer la historia. E intentaron de nuevo invadir Rusia. El resultado fue una tragedia.
No se puede descartar que el resultado de un nuevo intento sea parecido. Pero podría ser mucho peor… Si queremos sobrevivir, el mundo civilizado tiene la obligación de hacer lo que pueda parar a estos salvajes.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
Como bien es sabido, cada 10 de diciembre se celebra en todo el mundo el día de los derechos humanos, en conmemoración del texto fundador del derecho internacional de los derechos humanos: la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
De cara a esta importante celebración, el tema posee una relevancia particular en esta recta final del 2025 en la que se puede observar, en Centroamérica así como en diversas otras latitudes del planeta, a líderes políticos dispuestos a hacer a un lado los derechos humanos y los valores fundacionales que los sustentan so pretexto que «frenan» sus pretensiones o «complican» sus proyectos políticos.
Llama la atención que quiénes oponían ayer la protección del ambiente al desarrollo económico, de manera errónea, se unieron hoy a quienes hoy oponen los derechos humanos a lo que denominan la «gobernabilidad«: desde el pasado 21 de enero, estos sectores han encontrado en la Casa Blanca a un líder que comulga con esta lectura y que emula a otros líderes populistas en muchas otras partes del mundo.
La lectura de la intervención titulada «Los derechos humanos bajo ataque» del mismo Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas este 10 de diciembre (cuyo texto ha sido escasamente divulgado en grande medios de prensa, pese a estar contenido en un comunicado de prensa oficial de Naciones Unidas – véase enlace), resulta muy recomendada: en particular el llamado que hace a sostener y a defender a organizaciones sociales y a pequeñas comunidades y líderes que, desde diversas latitudes, alzan la voz en defensa de los derechos humanos y del ambiente.
En materia de cambio climático, desde julio del 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gracias a una solicitud de Chile y de Colombia, emitió una opinión consultiva sobre cambio climático y derechos humanos, que ofrece una útil guía a los Estados en esta compleja y delicada materia (Nota 1).
El 10 de diciembre del 2024
Precisamente, el año anterior, el 10 de diciembre en Costa Rica fue precedido por un día como el 7 de diciembre, que cobró un significado muy especial en el año 2024.
En efecto, se conmemoraron exactamente 30 años desde el asesinato de cuatro ecologistas costarricenses, cuyas muertes no han sido debidamente investigadas, manteniéndose un indignante manto de impunidad que se expande a otros casos similares más recientes. Cabe precisar que en el 2024, la única entidad costarricense que sí consideró importante realizar un acto formal en memoria de estos ecologistas asesinados en 1994, fue la Universidad de Costa Rica (UCR) (véase nota).
El dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR) de 1997 afirmando que se trata de muertes “accidentales” y la cuarta de una muerte «natural«, constituye posiblemente una de las maniobras oficiales más persistentes – e indignantes – del Estado costarricense para ocultar las verdaderas razones que motivaron el fallecimiento de estas cuatro personas a finales de 1994 e inicios de 1995 en el caso de una de ellas.
Un 10 de diciembre del 2025 … inédito e insólito
Este 10 de diciembre del 2025 fue precedido por el anuncio desde Israel que firmó con Costa Rica un tratado bilateral en materia comercial (TLC), y que además, se planea abrir una oficina con estatuto diplomático en Jerusalén por parte de Costa Rica (véasenotade prensa Swiss Info del 8 de diciembre del 2025).
El anunciar la firma de un TLC por parte de Costa Rica con Israel plantea algunas interrogantes muy válidas, al estar Costa Rica dispuesta a fomentar el intercambio comercial con un Estado:
– acusado de cometer un genocidio en Gaza desde la misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023, con bombardeos aéreos indiscriminados y desproporcionados sobre Gaza que no han cesado;
– cuya primera autoridad (en este caso su Primer Ministro) es objeto de una orden de captura por parte de la justicia penal internacional de La Haya desde noviembre del 2024 por crímenes de guerra; y
– que continúa prohibiendo la entrada de alimentación, agua, medicamentos y de material médico de urgente necesidad, en cantidades suficientes para las numerosas familias palestinas en Gaza que ahora deben enfrentar la llegada de las lluvias, del frío y del viento. A ese respecto, las imágenes desgarradoras de este reportage de la televisión española y este otro reportage de la televisión belga difundidos el pasado 12 de diciembre así lo hacen ver, así como las tomas contenidas en este reportage de la cadena catarí AlJazeera difundido este 15 de diciembre.
¿Cómo se podrá calificar a un Estado que, a sabiendas que la lluvia y el frío se instalan en Gaza, no permite la entrada masiva de la ayuda humanitaria que requieren urgentemente familias palestinas con numerosos niños desnutridos y descalzos, mal abrigados, viviendo en carpas plásticas desde meses?
Este 15 de diciembre del 2025, la Sala de Apelación de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó un enésimo intento por parte de Israel de intentar restarle validez a las demandas que enfrenta ante la CPI por sus acciones militares insensatas en Gaza (véase texto de la decisión). El 17 de octubre del 2025, la Sala de lo Preliminar había rechazado otro enésimo intento de Israel en aras de restarle validez jurídica a las órdenes de capturas emitidas contra dos de sus dirigentes, siendo uno de ellos su actual Primer Ministro (véase texto de su decisión). Nuestros estimables lectores podrán revisar por sí mismos la casi nula difusión de ambas decisiones de la CPI en los grandes medios de prensa internacionales.
Con relación a la idea de establecer una oficina de Costa Rica en Jerusalén con estatuto diplomático, se trata de una verdadera provocación: tanto para el mundo árabe y más generalmente para el mundo musulmán, como para una gran parte de la opinión pública internacional indignada por el genocidio en curso en Gaza desde hace más de dos años. De materializarse esta iniciativa, estaríamos observando a una irreconocible Costa Rica, actuando en abierta violación al consenso internacional existente sobre el hecho que Jerusalén no puede ser considerada como la capital de Israel.
Desde la perspectiva de los derechos humanos y de la imagen internacional que proyecta desde muchos años Costa Rica, la reacción de la Relatora Especial sobre los Derechos del Pueblo Palestino, la jurista italiana Francesca Albanese, no se hizo esperar: véase nota con su tweet, publicada en el medio digital Delfino.cr. En el mes de julio del 2025, tuvimos la ocasión de analizar las insólitas sanciones tomadas en su contra por la actual administración norteamericana, muy molesta con el contenido de su tercer informe sobre el genocidio en curso en Gaza (Nota 2).
Tuvimos la ocasión de explicar con anterioridad el riesgo que significaría para Costa Rica este TLC con Israel (véase enlace a conferencia auspiciada por la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras / ANDE en septiembre pasado y conferencia organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas / IIJ de la Facultad de Derecho de la UCR, así como un muy completo foro específico sobre este TLC con Israel auspiciado esta vez por Alianza por una Vida Digna y el medio SurcosDigital).
No está de más referir a la demanda interpuesta ante la justicia internacional de La Haya por Palestina contra Estados Unidos en septiembre del 2018, aún pendiente de resolución, en razón del traslado de su embajada de Tel-Aviv a Jerusalén (véase texto de la demanda). Tratándose de Estados Unidos, tampoco está de más indicar la felicitación a Costa Rica recibida inmediatamente por parte de Estados Unidos tras el anuncio hecho en los primeros días de diciembre del 2025 de un TLC con Israel (véase mensaje posteado en redes sociales)
Más allá de los aplausos oficiales que recibe cualquier Estado por parte de la actual administración norteamericana cuando pacta con Israel algún tipo de acuerdo, remitimos a nuestros estimables lectores a esta muy completa infografía realizada desde la radio universitaria de la UCR y a una entrevista que tuvimos al respecto en el programa radial de Interferencia la semana anterior (audio).
Esta complacencia súbita con Israel ha tenido repercusiones casi simultáneas, al observarse al aparato diplomático de Costa Rica cambiar repentinamente su voto en resoluciones sobre Oriente Medio adoptadas en esta primera semana de diciembre por la Asamblea General de Naciones Unidas: véase al respecto esta muy detallada nota elaborada por el medio digital Delfino.cr. Este 12 de diciembre, una resolución de la misma Asamblea General acogiendo la opinión consultiva de la justicia internacional del 2024 condenando la ocupación y la colonización israelí del territorio palestino, reunió 139 votos a favor, 12 en contra y 19 abstenciones, que incluyen la abstención de la delegación costarricense (véase video y nota del medio Delfino.cr): además de insólita, la nota de Delfino.cr refiere a la ausencia de explicaciones dadas por parte del aparato diplomático costarricense.
Resulta oportuno referir a la mofa presidencial a la que remite este artículo de julio del 2025 publicado en el Semanario Universidad : pareciera ser la única de un Jefe de Estado en ejercicio relativizando el drama indecible que se vive en Gaza. En el penúltimo informe disponible sobre la situación en Gaza elaborado por Naciones Unidas (al 4 de diciembre del 2025) se lee que se ha superado la cifra de 70.000 personas fallecidas en Gaza y de casi 171.000 personas heridas, muchas de ellas graves y desprovistas de atención hospitalaria debido a la destrucción de la red de hospitales en Gaza por parte de Israel:
«According to the MoH in Gaza, between 26 November and 3 December, 11 Palestinians were killed, 16 were injured and 20 bodies were recovered from under the rubble. This brings the casualty toll among Palestinians since 7 October 2023, as reported by the MoH, to 70,117 fatalities and 170,999 injuries. According to the MoH, the total number includes 299 fatalities who were retroactively added between 21 and 28 November after their identification details were approved by a ministerial committee. MoH reported that since the ceasefire, 360 Palestinians were killed, 922 were injured and 617 bodies were retrieved from under the rubble«.
Se considera que con la llegada de las lluvias y la baja sustancial de las temperaturas en Gaza, muchos familias palestinas en Gaza que viven en un campo de ruinas, bajo carpas de plástico, con una alimentación deficiente desde más de dos años, verán a muchos de sus seres queridos más vulnerables fallecer en las próximas semanas debido al frío y a la humedad que azotan a Gaza. Las imágenes impactantes de este reportage publicado por la televisión belga el 12 de diciembre así lo hace ver. El precitado informe de Naciones Unidas pues ser completado con el último informe al 11 de diciembre del 2025 (véase enlace), que detalla el nivel de violencia y las muertes ocasionadas por Israel entre un informe y otro.
Este 10 de diciembre, una ONG de renombre como Amnistía internacional circuló un comunicado de prensa (véase texto completo) sobre la justicia sin la cual toda iniciativa de paz en Gaza es ilusoria: una seria limitante que ya habíamos señalado al adoptarse por parte del Consejo de Seguridad la insólita resolución 2803, el pasado 17 de noviembre del 2025 (Nota 3).
Con relación a las ocurrentes iniciativas de Costa Rica relativas a Israel, cabe recordar que en noviembre del 2024, en plena cumbre mundial sobre ambiente realizada en Bakú (Azeirbadján), Costa Rica anunció la firma de un sorprendente Memorandum de Entendimiento (MoU) con Israel en materia ambiental: véase comunicadooficial de las autoridades ambientales de Costa Rica del 13 de noviembre y comunicado oficial de sus homólogas en Israel. Pocos día después, Costa Rica obtuvo el poco decoroso galardón de «Fósil del Día» otorgado por organizaciones ecologistas internacionales indignadas: véase al respecto este artículo publicado en el semanario costarricense de Ojoalclima, cuya parte final exhibe a las autoridades costarricenses en su súbita negativa a dar algún tipo de explicaciones.
¿Será que, a raíz de la firma de este TLC con Israel anunciado el pasado 8 de diciembre, Costa Rica será objeto de alguna campaña de discrédito y de boycott en su contra, así como de sus productos de exportación?
Un pequeño detalle en una votación reciente sobre prohibición de la tortura muy pocamente divulgado
La pregunta anterior cobra particular relevancia si consideramos que en materia de derecho internacional de los derechos humanos, un episodio muy poco referenciado por las grandes agencias de noticias que cubren a Naciones Unidas, tuvo lugar el pasado 20 de noviembre del 2025: en efecto, como ocurre cada tres años, se votó la resolución trienal en el seno de la IIIa Comisión de de la Asamblea General, que reafirma la prohibición de la tortura y de los malos tratos (véase texto de la resolución).
Por primera vez en los últimos decenios, se contabilizaron en este mes de noviembre del 2025 un total de 169 Estados votando a favor y … votaron en contra Argentina, Estados Unidos e Israel. De estos tres Estados, únicamente Estados Unidos procedió a explicar su voto en contra con argumentos algo risibles si no se tratara de un tema tan grave en materia de derechos humanos (véase texto). Se registraron además 4 abstenciones que deberían de interpelar a muchos: Burundi, Papua Nueva Guinea, Nicaragua y Rusia.
Este detalle (véase recuadro) de la votación merecía, en nuestra modesta opinión, una mención en medios informativos: resulta llamativo que haya pasado totalmente desapercibido en la prensa internacional y que muchas salas de redacción omitieran toda referencia a este intento por erosionar una regla internacional fundamental en materia de protección de los derechos humanos. ¿No interesará realmente ya a nadie que hayan Estados objetando la prohibición absoluta de la tortura y de los tratos inhumanos, crueles o degradantes?
Usualmente, este resolución trienal de la Asamblea General de Naciones se adopta por consenso entre los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, tal y como ocurrió en ejercicios similares en el 2022 (véase texto), en el 2017 (véase texto) y en el 2014 (véase texto).
En febrero del 2025, en un informe publicado por una ONG en Israel (véase informe completo), se leía:
«By disregarding the extended evidence from human rights organizations submitted to Israel courts and authorities, and allowing abuses and torture to persist, the State creates an environment of impunity where these acts are normalized, further exacerbating human rights violations. The lack of accountability for perpretators further underscores the systemic nature of the issue, with victims facing ongoing violations and no legal recourse» (p. 20).
Nótese que en el 2002, con relación a la prevención de la tortura, Estados Unidos fracasó, y lo hizo estrepitosamente, en Naciones Unidas en su intento por frenar a como diera lugar la adopción de un Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de 1984 (véase nota de prensa del New York Times y texto del Protocolo): un instrumento internacional finalmente adoptado en diciembre del 2002 (véase resolución) con una abrumadora mayoría de 127 votos a favor y tan solamente 4 votos en contra: Estados Unidos, Islas Marshall, Nigeria y Palau. Sobre el detalle de las negociaciones en Naciones Unidas, lideradas exitosamente por Costa Rica desde 1991 y ello de manera ininterrumpida, remitimos a nuestros estimables lectores a esta publicación del 2004. en particular el Capítulo II a páginas 41-73. En la página 265 se puede apreciar el cambio de posición de Israel durante la tramitación de este valioso instrumento universal entre noviembre y diciembre del 2002.
Un poco de historia: el 10 de diciembre de 1948, inicio de un largo recorrido
La emblemática fecha del 10 de diciembre responde a la fecha en la que se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos: se trató inicialmente de una simple resolución, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y que, sin proponérselo sus redactores, iniciaría una dinámica muy propia dentro del ordenamiento jurídico internacional:
– tanto a nivel universal, con la elaboración de una multitud de tratados y de sus protocolos facultativos, auspiciados por Naciones Unidas para proteger ciertos derechos, o proteger ciertas categorías de seres humanos o luchar contra ciertas violaciones específicas de derechos humanos (véase listado);
– como a nivel regional con, además de tratados muy diversos con los mismos propósitos descritos anteriormente (como por ejemplo los instrumentos de derechos humanos adoptados en el marco interamericano), la creación de tribunales regionales especializados en derechos humanos en Europa (1950), en el hemisferio americano (1969) y en el continente africano (1998): un logro que no se ha podido materializar en Asia, como tampoco en el plano nivel universal.
Todos estos instrumentos vinculantes obligan a los Estados Partes a tomar ciertas disposiciones, a adaptar sus regulaciones internas, en aras de volver efectivo el ejercicio de los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción reconocidos en estos tratados y respetarlos. En algunas de estas convenciones internacionales, se abre la posibilidad para que las víctimas o sus familiares acudan a una instancia internacional cuando la justicia nacional les niega el ejercicio de estos derechos.
La persistencia del crimen de genocidio y de crímenes de guerra – objetos de una convención de 1948 y de los convenios de Ginebra de 1949 – y de crímenes de lesa humanidad, llevó a la comunidad internacional a la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) en 1998 para enjuiciar desde el punto de vista penal a título individual a personas sospechosas de cometerlos o instigarlos. Al respecto, en el año 2024, fue el 4 de diciembre que el genocidio en curso en Gaza iniciado desde la tarde noche del 7 de octubre del 2023 fue reconfirmado en un contundente informe de la reconocida ONG Amnistía Internacional, antecedido en octubre por el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas titulado “El genocidio como supresión colonial «, precedido de su informe de julio titulado “Anatomía de un genocidio”: al respecto, la casi nula difusión en medios de prensa internacionales de estos informes en diciembre del 2024 plantea interrogantes muy válidas. El informe de Human Rights Watch dado a conocer de igual manera el 19 de diciembre del 2024 conoció la misma suerte en cuanto a su difusión.
Costa Rica y los derechos humanos desde la perspectiva de sus obligaciones internacionales
Como Estado, Costa Rica históricamente ha basado su política exterior en los derechos humanos y en la defensa del Estado de derecho y la democracia, y ha suscrito una gran cantidad de convenciones en materia de derechos humanos, tanto de carácter universal, como de carácter regional.
El hecho de albergar en su capital a la Corte Interamericana de Derechos Humanos instalada formalmente en septiembre de1979 y de haber recibido a una gran cantidad de latinoamericanos huyendo regímenes militares autoritarios en los años 70 y 80 proviniendo de Suramérica, así como de Centroamérica, confirman este compromiso: y de alguna manera, este historial aunado al hecho que abolió el ejército en 1948, le ha permitido a Costa Rica alzarse en el concierto internacional como una voz autorizada, siempre atenta a posiciones de vanguardia en los diversos foros y recintos internacionales.
El último instrumento universal de Naciones Unidas ratificado por Costa Rica en materia de derechos humanos fue en septiembre del 2014 el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional sobre Derechos Ecnoómicos, Sociales y Culturales – véase estado oficial de firmas y ratificaciones – (Nota 4).
Esta imagen que proyecta Costa Rica a nivel internacional se ha visto reforzada por las declaraciones oficiales que elaboran sus diplomáticos en una multitud de foros internacionales sobre derechos humanos: no obstante, la distancia entre por una parte este discurso y esta imagen, y por otra, el cumplimiento de las obligaciones que derivan de los instrumentos internacionales a los que es Estado Parte en materia de derechos humanos, es cada vez mayor. Un fenómeno muy similar se observa también en materia ambiental, un ámbito a partir del cual también Costa Rica proyecta su imagen internacional.
Algunos tratados de derechos humanos contemplan la creación de órganos para supervisar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los Estados Partes: en el ámbito universal, a la fecha son 10 los “órganos de tratados” o mecanismos convencionales en derechos humanos. Tuvimos la oportunidad de analizar las observaciones hechas por algunos de ellos con relación a Costa Rica en materia de discriminación contra las mujeres en el 2017, y en materia de obligaciones derivadas de uno de los dos Pactos internacionales de 1966, en el 2016. En este último texto, ya concluíamos nuestras reflexiones en el 2016 señalando que:
“No cabe duda que estas observaciones del 2016, así como las advertencias anteriores del 2007 y las demás brevemente mencionadas, constituyen en sí un desafío, en aras de rectificar paulatinamente la peligrosa deriva a la que se asiste en materia de derechos humanos en Costa Rica desde varios años”.
Paralelamente, desde el 10 de diciembre de 1948, la dinámica muy propia de los derechos humanos debió afrontar los límites de la técnica convencional internacional (al tratarse de instrumentos negociados por Estados y solamente por Estados), llevando de esta manera a Naciones Unidas a dotarse de los denominados «mecanismos no convencionales«: ello a través de mandatos ejercidos por Relatores Especiales o Expertos Independientes que cubren ya sea una problemática específica en materia de derechos humanos, ya sea examinan la situación particular que se da en un determinado Estado.
En este enlace de Naciones Unidas se detallan los 46 mecanismos temáticos y los 40 mecanismos/país que se han creado, trabajando en un caso como en otro, desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. En el caso de la Organización de Estados Americanos (OEA), la lista oficial de relatorías también evidencia la necesidad de superar los límites de la técnica convencional con este tipo de mecanismos no convencionales y su principal interés: reunir información de primera mano, recabar eventualmente denuncias y exigir aclaraciones a un Estado, así como llamar la atención sobre una problemática determinada que amerita una respuesta de carácter urgente.
Tanto los mecanismos convencionales como no convencionales proceden a hacerle periódicamente recomendaciones generales a los Estados de cara al cumplimiento de las obligaciones internacionales que han contraído:
– en el caso de los primeros, sus recomendaciones se encuentran en las observaciones finales a los informes periódicos de cumplimiento que los Estados deben de presentar. Usualmente la presentación de un informe oficial por parte de un Estado viene acompañado de informes alternativos (o «informes sombra«) que proceden de la sociedad civil tendientes a poner en evidencia la falsedad o el carácter sumamente cuestionable de los datos oficiales proporcionados por el Estado en su informe oficial, o a dar a conocer situaciones convenientemente omitidas por el Estado a la hora de preparar su informe. Podemos citar como ejemplos recientes, este informe alternativo presentado por organizaciones civiles colombianas en el 2024 y este otro por organizaciones peruanas en el 2023 así como este informe presentado desde El Salvador en el 2022, y menos recientes, este voluminoso informe de 250 páginas producido por varias ONG en México en el 2017, este informe de un colectivo de ONG guatemaltecas del 2010 y este informe del 2009 producido por una reconocida ONG en Argentina cuya presentación explicita el objetivo que debería perseguir todo informe alternativo (Nota 5).
– en el caso de los mecanismos no convencionales, sus recomendaciones provienen de los resultados de sus visitas in situ al Estado concerñido, durante las cuales se reúnen tanto con las autoridades como con la sociedad civil.
Costa Rica no escapa a este escrutinio internacional permanente desde Naciones Unidas, o desde la OEA, dando muestras de ciertas inconsistencias que a continuación señalaremos, de muchas más que evidencia el errático actuar del Estado costarricense cuando se trata de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Tuvimos hace unos meses (septiembre) la ocasión de explicar que el deterioro de las condiciones laborales en Costa Rica responde en gran parte al no acatamiento por parte de Costa Rica de recomendaciones internacionales en una nota titulada precisamente:
«El grave deterioro de las condiciones laborales en Costa Rica, síntoma de un «modelo de desarollo» que hace caso omiso de varios instrumentos internacionales. ¿Hasta cuando?»
En el mes de noviembre del 2025, se denunció la colocación de vallas en la ciudad de Puntarenas contra un renombrado científico costarricense y un abogado especializado en el litigio ambiental, sin que a la fecha las autoridades logren dar con los responsables de esta clara incitación al odio en contra de ambas personas (véase nota del Semanario Universidad). En agosto del 2025, el sorprendente embargo de la cuenta bancaria de un ecologista de renombre costarricense evidenció el nivel de creatividad de algunos bufetes corporativos (véase nota de Delfino.cr y nota del Semanario Universidad). Ambos casos ponen en evidencia la situación de extrema vulnerabilidad de quienes en Costa Rica, tienen el valor de alzar la voz en defensa del ambiente, y su total desprotección por parte del Estado costarricense.
Más recientemente (diciembre del 2025), nos referimos a la dramática situación que deben enfrentar personas indígenas oriundas de Nicaragua en Costa Rica, en una nota titulada:
«Mujeres indígenas miskitas en Costa Rica: breve análisis a raíz de una emisión radial».
De algunos otros lunares persistentes en Costa Rica en materia de derechos humanos
El último informe del Relator Espacial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, a raíz de su visita en Costa Rica y que tuvimos la ocasión de comentar (Nota 6) luego de su publicación en el 2022, espera pacientemente que las recomendaciones ahí reunidas sean objeto de seguimiento. Dos asesinatos en menos de un año (Sergio Rojas, marzo del 2019, Jehry Rivera, febrero del 2020) en un misma región (Salitre), siendo ambos líderes objetos de medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde abril del 2015 al Estado costarricense ¿ deberían de interpelar o no a la sociedad costarricense?
Foto de Sergio Rojas y de Jehry Rivera, líderes indígenas asesinados en el 2019 y 2020 en la región de Salitre, extraída de artículo de prensa del Semanario Universidad titulado «Asesinato de Jehry Rivera evidencia desprotección a personas defensoras de derechos humanos», edición del 3 de marzo del 2020
El informe de la Relatora Especial sobre Agua, Saneamiento y Derechos Humanos del 2009, a raíz de su primer visita como Relatora a Costa Rica, espera igualmente pacientemente que las autoridades actúen: entre sus diversas recomendaciones, está la discriminación con respecto al acceso al agua potable que siguen sufriendo varios sectores de la sociedad costarricense, en particular las comunidades indígenas (punto 70 de su informe). Entre otras recomendaciones de la experta del 2009 sobre el uso de plaguicidas (punto 71), es de señalar que Costa Rica adoptó tan solo en el 2107 un Decreto Ejecutivo para limitar el uso del bromacil en las plantaciones de piña y de banano, pero esperan similar atención el diurón y varios otros plaguicidas altamente peligrosos para la salud humana que terminan vertidos en aguas y suelos en las cercanías de estas plantaciones donde habitan comunidades humanas, mencionados en su informe. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que recomendaciones internacionales no seguidas de efecto sigan sumiendo a comunidades costarricenses con problemas de salud y pobreza, problemas de aprendizaje de niños costarricenses, debido a la contaminación circundante de empresas exportadoras de frutas tropicales? Su recomendación sobre la insensatez del desarrollo inmobiliario y turístico lanzada desde el 2009 (punto 72) debería también interesar a algunas provincias como Guanacaste, el Pacífico Central y la extrema presión que se manifiesta en algunas partes de la costa del Caribe costarricense como por ejemplo en Gandoca Manzanillo (cuyo humedal es un humedal inscrito en la lista Ramsar que Costa Rica tiene la obligación internacional de resguardar y proteger).
La incitación al odio en contra de ciertas categorías de personas en Costa Rica llámese migrantes, población sexualmente diversa, comunidades indígenas, población afro descendiente, mujeres, personas privadas de libertad, personas afectadas por el VIH SIDA, y otros grupos, espera una regulación con el fin de dotar a Costa Rica de una legislación que frene los ardores discursivos de algunos y ponga término a expresiones profundamente hirientes y discriminatorias que persisten en redes sociales, programas de radio y televisión y en un sinnúmero de espacios públicos. En el 2018, la sociedad costarricense se demostró a si misma los resortes de los que dispone cuando un pequeño grupo convocó una marcha en pleno centro de San José en contra de los migrantes oriundos de Nicaragua. En su momento saludamos esta reacción de la sociedad costarricense, no sin alertar con un “Estado, ¿estás?” las advertencias desoídas hechas por varios mecanismos de derechos humanos a Costa Rica antes del 2018 en materia de racismo y xenofobia. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que otros Estados hayan legislado para evitar la incitación al odio en contra de ciertos sectores en declaraciones públicas mediante la adopción de una legislación penal que tipifica la incitación al odio? ¿Acaso la simplificación extrema y la polarización que fomentan en una sociedad las redes sociales no deberían de llevarla a resguardarse ella misma de éstas? Con ocasión de amenazas y un tono particularmente agresivo en contra de la población sexualmente diversa, habíamos tenido la oportunidad de señalar, con ocasión de la campaña electoral del 2018 que:
“En materia de odio y de incitación al odio, las disculpas públicas son posiblemente el mejor remedio, en particular si tomamos en consideración el hecho que una laguna legal persiste en el derecho penal costarricense: la ausencia de una tipificación más acorde con nuestros tiempos del delito de incitación al odio”
Con relación a un instrumento internacional que permitiría interesarse por las condiciones laborales de la población migrante y forzar al Estado a mayores controles, un instrumento de Naciones Unidas desde 1990 existe, sin que Costa Rica lo haya tan siquiera firmado: un verdadero lunar al observar que se trata del único instrumento de importancia universal al que Costa Rica le da la espalda, impidiendo que se pueda iniciar una campaña en pro de su ratificación. Muy, pero en realidad muy recientemente una tesis de Licenciatura de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) exhibió ante la sociedad costarricense el nivel de abuso laboral a los que se someten a humildes personas trabajando en bananeras. ¿Interpelará o no a la sociedad costarricense la situación de abuso laboral al que se prestan numerosas empresas, garantizadas de una impunidad total al saber que ningún migrante en situación irregular irá a denunciarlas por ello ante el departamento de Salud ocupacional del Ministerio de Trabajo o de la CCSS? Un informe previo de la prestigiosa ONG británica Oxfam sobre las condiciones laborales en las piñeras en Costa Rica del 2018 ya advertía de la situación de total indefensión de sus trabajadores. Desde el punto de vista social y ambiental ¿acaso no debería llamar la atención el hecho que los principales cantones en los que se ha expandido la piña desde mediados de los años 2000 se mantienen con los peores índices de desarrollo humano a nivel cantonal en toda Costa Rica, sin que las comunidades circundantes vean en lo más mínimo mejorar paulatinamente sus condiciones de vida y el acceso a servicios básicos?
En el ámbito digital, de la protección de datos personales, de la respuesta a discursos de odio en redes, en particular contra las mujeres, la violencia se sigue generando y las brechas con relación al acceso y la cobertura se siguen abriendo como bien se detalla en este informe de una ONG, excluyendo año tras año a diversos sectores de la sociedad costarricense (véase informe de la ONGs APC y Sulá Batsú del 2024). Es probable que muy pronto recomendaciones provengan de Naciones Unidas en este mismo sentido al Estado costarricense. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que el mundo digital esté agudizando aún más las ya graves brechas que persisten en su seno?
En otro tema relacionado a la independencia del Poder Judicial en Costa Rica, una comunicación del Relator Especial de Naciones Unidas sobre independencia de los magistrados y abogados espera también pacientemente que el Estado costarricense tenga la gentileza de responderle. La misiva es del mes de julio del 2019 (véase texto) y en el sitio de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos aparece la mención «En espera de respuesta del Estado«. A ese respecto, en el 2021, la máxima instancia del Poder Judicial optó por ofrecer un espectáculo raramente observado (véase nota del Semanario Universidad del 24 de mayo del 2021).
Finalmente, el informe oficial de Costa Rica con relación a sus obligaciones en materia de derechos de las personas con discapacidad presentado en el 2023 (véase informe) detalla una serie de regulaciones y planes oficiales… cuya efectividad suele constituirse en un verdadero desafío para personas costarricenses con algún grado de discapacidad. Salvo error de nuestra parte, no se tiene registro en el caso de Costa Rica, de un informe alternativo similar al que fue presentado por un colectivo de ONG de México en el 2019 (véase informe).
Imagen internacional vs. agenda muy descuidada en materia de derechos humanos
Podríamos incluir más advertencias desoídas provenientes de mecanismos de derechos humanos en otros ámbitos de los derechos humanos (libertad de expresión, discriminación contra la mujer, personas con discapacidad, niños en situación de vulnerabilidad, defensa de los derechos laborales, personas migrantes, personas privadas de libertad, trata de personas, prostitución forzada, …) pero quisiéramos creer que con ocasión de este 10 de diciembre del 2025, diversos sectores y organizaciones sociales en Costa Rica alzaron la voz para denunciar la situación que se observa desde hace ya varios años: una vergonzosa inacción estatal aunada a un desinterés de la clase política y de algunos sectores de la sociedad costarricense que, irremediablemente, conducen a un despojo de los derechos de amplios sectores de esta misma sociedad.
En mayo del 2025 una ONG especializada en el litigio interamericano hizo ver las graves violaciones de la normativa internacional a las que Costa Rica se prestó, al aceptar vuelos en proveniencia de Estados Unidos con personas en situación migratoria irregular (véase enlace).
El desinterés por los derechos humanos por parte de algunos sectores en Costa Rica se ve agravada por una narrativa de algunos decisores políticos, tendiente a desacreditar y a estigmatizar a algunos sectores sociales y a pequeños colectivos dedicados precisamente a la defensa de los derechos humanos y del ambiente.
Sí quisiéramos hacer ver la muy (pero muy…) poca difusión que se hace en Costa Rica del contenido de estos informes, que cada cierto tiempo son dados a conocer desde Naciones Unidas o bien desde la OEA. En materia de cobertura de prensa, resulta de interés observar la facilidad con la cual los medios de prensa costarricenses replican en modo «automático» los comunicados oficiales del Estado costarricense sobre estos informes (que insisten en algunas cosas y omiten convenientemente otras…) sin nunca dar a conocer a sus lectores el contenido integral de estos informes como tal.
Si en materia de desempeño ambiental, las autoridades ambientales no dudan un momento poner a disposición del público el informe – texto integral – sobre desempeño ambiental de Costa Rica en el 2023 elaborado por la OCDE (véaseenlace), ¿ qué será lo que inhibe a poner en línea un informe sobre desempeño en materia de derechos humanos de Costa Rica elaborado desde algún órgano de Naciones Unidas?
Con relación a mecanismos no convencionales, es muy probable que nuestros estimables lectores descubran tan solo al leernos las recomendaciones (punto 140) contenidas al final del informe de abril del 2024 del Relator Especial sobre el derecho al disfrute de la salud mental y física, elaborado a raíz de su visita realizada a Costa Rica. Es también altamente probable que las recomendaciones (puntos 64-111) del Relator de Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de la esclavitud a raíz de su visita a Costa Rica del 2023 (véase informe) causen similar sorpresa. Y con relación a mecanismos convencionales, es igualmente muy posible que la misma sensación de extrañeza (o casi) aflore, con las observaciones hechas al octavo informe oficial de Costa Rica con relación a los derechos de las mujeres, realizadas por los integrantes del Comité de la CEDAW en el 2023 (véanse puntos 9 a 53 de sus observaciones); o bien con relación a las observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) al informe de Costa Rica (véase observaciones) hechas en el 2023; así como las observaciones del Comité contra la Tortura (CAT) al tercer informe de Costa Rica, enviadas en diciembre del 2023 (véase observaciones). Es de notar que en el punto 42 de este último informe, al parecer molestos por la reiteración de recomendaciones hechas a Costa Rica en el pasado y no seguidas de efecto, se señala por parte de los integrantes del CAT que:
«El Comité solicita al Estado parte que proporcione, a más tardar el 24 de noviembre de 2024, información sobre el seguimiento dado a las recomendaciones del Comité relativas a la detención preventiva, las condiciones de reclusión, la investigación de los actos de tortura y malos tratos y la no devolución (véanse los párrafos 13, 15 a), 25 a) y 31 a) respectivamente).«
Cabe precisar que el punto de contacto dentro del aparato estatal costarricense con los mecanismos convencionales (y no convencionales) a través del cual se tramita toda la correspondencia con éstos, recae en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica.
A modo de conclusión
La distancia cada vez mayor entre discursos oficiales en recintos internacionales de Costa Rica y la realidad de los derechos humanos en la misma Costa Rica, y el desinterés creciente de varios sectores ante la creciente problemática de los derechos humanos, han quedado en evidencia con lo que ha ocurrido con el último instrumento jurídico adoptado desde aquel 10 de diciembre de 1948, que iniciaría esta inacabada senda del derecho internacional de los derechos humanos: se trata de un instrumento regional, el Acuerdo de Escazú, adoptado en Costa Rica en marzo del 2018.
Los mitos y supuestos “argumentos” (que han resultado ser, como bien lo indica el programa Doble Check de la radio universitaria argumentos falsos creados a su alrededor), la frontal oposición que una magistrada constitucional y sus colegas consideraron oportuno desarrollar desde la misma Sala Constitucional para complicar la tramitación de este valioso instrumento regional, así como la indiferencia de varios sectores que muy bien pone en evidencia este documental elaborado desde la UCR en el 2021, colocan ahora a Costa Rica ante sus contradicciones y ante una comunidad internacional algo perpleja: en particular al haber ya sido el Acuerdo de Escazú ratificado por 18 Estados (el último en haberlo hecho siendo Bahamas en junio del 2025, antecedido por Colombia en septiembre del 2024, después de Chile (2022), Argentina y México en el 2021), sin que en ninguno de los 18 Estados Partes se haya observado en lo más mínimo los supuestos efectos negativos para Costa Rica, que tanto se esmeran en difundir los opositores al Acuerdo de Escazú y sus muy hacendosas e inventivas fichas (Nota 7).
La protección de los que alzan la voz en materia ambiental en Costa Rica ante las constantes amenazas, intimidaciones, que a veces terminan con asesinatos, pero también vejaciones, y estigmatizaciones de todo tipo, así como juicios penales por presunta difamación que archivan los tribunales, constituye una vieja deuda en materia de derechos humanos en Costa Rica: al respecto, cabe mencionar este otro documental de la UCR titulado “El Acuerdo de Escazú y los defensores del ambiente”. En el 2014 tuvimos la ocasión de analizar el contenido del informe del Relator de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos a raíz de su visita a Costa Rica: 11 años después, las recomendaciones reunidas en su informe (punto 61 en adelante) persisten como tareas y en el caso de algunas de ellas, como verdaderos desafíos para una Costa Rica cada vez más irreconocible en algunos ámbitos.
La desprotección de quienes defienden el ambiente cobra particular relevancia en este inicio del mes de diciembre, en particular en estos días en los que se conmemoraron 31 años desde la muerte de tres activistas cuyos cuerpos incinerados fueron encontrados en un casa el 7 de diciembre de 1994 en Moravia, y la muerte de un cuarto integrante cuyo cuerpo fue encontrado en febrero de 1995 en La Uruca (caso AECO): sobre este doloroso caso en el que campea la impunidad (como en muchos otros casos de intimidaciones y amenazas en los que las víctimas resultan ser ecologistas, líderes indígenas, lideresas campesinas), el dictamen de la Procuraduría General de la República de 1997 afirmando que se trata de muertes “accidentales” y la cuarta de una muerte «natural» constituye posiblemente una de las maniobras oficiales más persistentes del Estado costarricense para ocultar las verdaderas razones que motivaron estas cuatro muertes, conjuntamente con unas cuantas más. De manera a no reiterar la pregunta hecha con anterioridad, se recomienda una lectura pausada de dicho informe de la PGR, que, a la fecha, no ha dado lugar a ninguna rectificación por parte del Estado o expresión oficial de pesar (disculpa pública) (Nota 8) por lo ocurrido hace 31 años en la capital costarricense.
Finalmente, el hecho de anunciar la firma de un TLC por parte de Costa Rica con Israel plantea la siguiente interrogante en este mes de diciembre del 2025: el fomento del intercambio comercial con un Estado acusado de cometer un genocidio en Gaza, cuya primera autoridad (su Primer Ministro) es objeto de una orden de captura por parte de la CPI desde noviembre del 2024 por crímenes de guerra…¿acaso no coloca a Costa Rica en abierta violación a la obligación que tiene de prevenir el crimen de genocidio que deriva de la convención de 1948 sobre la prevención y sanción de genocidio a la que es Estado Parte? ¿Acaso no contraviene con otra obligación que es la de respetar pero también de «hacer respetar» el derecho internacional humanitario, derivada de los convenios de Ginebra de 1949 y del mismo Estatuto de Roma de 1998 que crea la CPI? ¿Acaso no hace a un lado la imagen tradicional que se ha tenido de un Estado que fomenta el diálogo, el derecho internacional humanitario, la justicia internacional y la limitación del comercio de armas? Para la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos del pueblo palestino, la decisión de Costa Rica es equivocada (véase su mensaje en redes sociales).
En este día internacional de los derechos humanos, y tomando en consideración la pérdida de la imagen internacional sufrida por Costa Rica observada en los últimos meses, así como la crisis aguda que vive el sector turismo (el cual depende mucho de la percepción que se tenga en el exterior de Costa Rica), nos permitimos reiterar a nuestros estimables lectores una pregunta un poco más general, que titulaba este artículo nuestro publicado en ElMundo.cr en su edición del 11 de agosto del 2025:
«¿Resultará realmente oportuno y conveniente para Costa Rica… firmar un TLC con Israel?«
– – Notas – –
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N.,»Derechos humanos y cambio climático: breves reflexiones con relación a la Opinión Consultiva OC/32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de este 3 de julio«, edición del 3 de julio del 2025. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase al respecto BOEGLIN N.,»Gaza / Israel: reflexiones desde una Costa Rica omisa sobre reciente informe de Naciones Unidas detallando la responsabilidad directa de empresas privadas en el genocidio en curso en Gaza«, 3 de julio del 2025. Texto disponible aquí.
Nota 3: Véase al respecto BOEGLIN N.,»Gaza / Israel: una insólita resolución 2803 adoptada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, analizada desde una Costa Rica totalmente omisa», 17 de noviembre del 2025. Texto disponible aquí.
Nota 4: Véase al respecto BOEGLIN N., » Costa Rica ratifica Protocolo Facultativo al Pacto DESC de Naciones Unidas«, DerechoaldDia, edición del 1 de octubre del 2014. Texto disponible aquí.
Nota 5: Se lee en la primera página que: «En tal sentido, este documento resulta complementario del que fuera enviado al Comité de Derechos Humanos (en adelante Comité) en su 96º período de sesiones, en ocasión de llevarse a cabo la pre-sesión para la evaluación del Estado argentino. En efecto, este informe alternativo tiene como finalidad ampliar y actualizar la información contenida en aquél documento, de manera de proporcionar al Comité nuevos elementos para que pueda realizar un análisis más completo sobre los factores que inciden en el goce de los derechos contenidos en el PIDCP en la Argentina. Por otro lado, se aporta información relevante sobre algunas de las cuestiones consideradas prioritarias por el Comité en su documento de fecha 25 de agosto de 2009 (CCPR/C/ARG/Q/4)«.
Nota 6: Véase al respecto BOEGLIN N., «Informe del Relator especial de Naciones Unidas exhibe graves y persistentes lagunas del país«, Sección Voz experta, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 6 de octubre del 2022. Texto disponible aquí.
Nota 7: Sobre el principio de inversión de la carga en materia ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú que una magistrada costarricense de la Sala Constitucional interpretó de manera completamente errónea en un voto en el mes de marzo del 2020, véase una acérrima crítica dada a conocer, y cuya lectura completa se recomienda: CHINCHILLA-CALDERÓN R., “Principio de inocencia, ‘carga de la prueba’ penal, delitos ambientales y Acuerdo de Escazú“, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, 2024. Texto completo disponible aquí.
Nota 8: En el caso de Jannette Kawas Fernández, una ecologista asesinada en Honduras en la misma época (febrero de 1995) en la que fueron asesinados lo integrantes de AECO en Costa Rica, sus familiares sí activaron el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En una histórica decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de abril del 2009 (véase texto completo), los jueces estimaron (véase el punto 202) que:
«… el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del presente caso, en desagravio a la memoria de Blanca Jannette Kawas Fernández. En dicho acto se deberá hacer referencia a las violaciones de derechos humanos declaradas en la presente Sentencia. Asimismo, este acto deberá llevarse a cabo mediante una ceremonia pública, con la presencia de autoridades estatales. El Estado deberá asegurar la participación de los familiares de la señora Blanca Jeannette Kawas Fernández, declaradas también víctimas por este Tribunal, y que así lo deseen. La realización y particularidades de dicha ceremonia pública deben consultarse previa y debidamente con los familiares de la señora Kawas Fernández. El Estado cuenta con un plazo de un año para cumplir con esta obligación«.
La creación del sistema UNIT por los BRICS representa un punto de inflexión geopolítico significativo. Su importancia radica en que, desafiando la base artificial del dólar, al respaldar el 40% de su sistema en oro físico, los BRICS exponen y cuestionan directamente la estructura fiduciaria del dólar, cuya emisión masiva sin respaldo tangible ha permitido a EE.UU. exportar inflación y ejercer dominio financiero global.
UNIT, por sus siglas en inglés significa Unified New Internacional Transaction (System), lo que en español se traducirían como Sistema Unificado de Transacciones Internacionales, SUTI, y que simboliza un regreso parcial a activos reales, contrariando décadas de hegemonía basada en «confianza» y coerción de los EE.UU.
UNIT no es solo una declaración, sino una plataforma operativa para transacciones críticas (energía, metales, materias primas) fuera de los canales controlados por Occidente (SWIFT, sistemas de compensación dólar-céntricos).
Esto erosiona gradualmente el poder de sanciones unilaterales de EE.UU. y la capacidad de vigilar transacciones globales, acelerando la multipolaridad financiera, al integrar una canasta de monedas de los BRICS+ (ya más de 30 países), se institucionaliza un modelo de comercio multicurrency que reduce la dependencia bilateral del dólar.
Es un gran paso concreto, directo, hacia un mundo multipolar donde bloques regionales puedan intercambiar valor sin intermediación obligatoria del dólar y sin manipulaciones y criminales bloqueos comerciales, financieros.
Pero, además, es una señal geopolítica contundente de que el anuncio demuestra coordinación y voluntad política entre potencias emergentes para reescribir las reglas del sistema financiero, no solo criticarlas. Esto debe incentivar a más países a diversificar reservas y buscar alternativas, debilitando el exorbitante privilegio de una moneda sin valor real, el dólar.
UNIT, o SUTI, es un instrumento estratégico en la larga batalla por la soberanía financiera de la humanidad, y su éxito dependerá de la adopción real y la capacidad de evitar divisiones internas, pero marca claramente el inicio de una arquitectura financiera paralela que cuestiona el orden unipolar liderado por EE.UU.
Desde hace casi dos décadas, China viene construyendo un marco conceptual y político para su relación con América Latina y el Caribe (ALC) que ha ido madurando con una claridad notable. El Segundo Documento sobre la Política de China hacia ALC, publicado en 2016, ocho años después del primero, marcó un punto de inflexión: presentó por primera vez una arquitectura integral conocida como la estrategia de “Cinco en Uno”, que abarcaba política, economía, cultura, seguridad y acción multilateral. En aquel momento, Pekín buscaba ordenar la cooperación, establecer bases comunes y proyectar una relación más estable, aunque aún anclada en dinámicas sectoriales como el comercio y la infraestructura.
En este 2025, el nuevo Documento sobre la Política de China hacia ALC va mucho más allá. Los “Cinco Programas” no solo actualizan el marco previo: lo transforman. Lo elevan de un esquema técnico de cooperación a una propuesta política de carácter estratégico, que sitúa a la región como un actor clave en el proceso de reorganización del orden internacional. Esta evolución doctrinaria revela hasta qué punto China considera a ALC no como un espacio periférico, sino como un socio indispensable en la construcción de un mundo multipolar.
La primera gran evolución se observa en el plano político. Mientras en 2016 la prioridad era fortalecer el diálogo diplomático y consolidar mecanismos como el Foro China–CELAC, el Programa de la Solidaridad de 2025 convierte esa cooperación en un proyecto explícito de articulación del Sur Global. El foco ya no es solo conversar, sino coordinar posiciones en defensa de la soberanía, el multilateralismo y la reforma del sistema internacional. La relación pasa de ser bilateral o birregional a ser parte de un frente político global en favor de un orden más representativo.
En lo económico, el salto es igualmente profundo. El marco de 2016 impulsaba la cooperación en comercio, inversión y grandes obras; era una etapa fundamental para expandir la presencia china en sectores clave. Sin embargo, en 2025 el énfasis se desplaza hacia la integración productiva, la innovación, la infraestructura verde, la economía digital y la construcción conjunta de capacidades tecnológicas. China ya no se limita a operar como financista o constructor: propone asociarse con ALC para impulsar un modelo propio de modernización, más equitativo, más autónomo y menos dependiente de paradigmas externos. La lógica no es exportar e invertir, sino transformar y desarrollar.
La dimensión cultural también experimenta una evolución notable. Los intercambios académicos y culturales promovidos en 2016 eran valiosos, pero seguían funcionando como herramientas tradicionales de diplomacia pública. El Programa de las Civilizaciones de 2025, en cambio, introduce una visión mucho más ambiciosa: plantea un diálogo civilizatorio que reconoce a ALC como una civilización plena, con identidad propia y valor intrínseco dentro del mundo multipolar. Ya no se trata solo de aprender mutuamente, sino de desafiar la idea de universalismo cultural que durante siglos colocó a Occidente como medida única de lo humano.
En el terreno de la seguridad, el contraste es evidente. En 2016, China ofrecía apoyo en temas de seguridad no tradicional y cooperación técnica, con cautela y sin protagonismo. El Programa de la Paz de 2025, sin embargo, concibe la seguridad como un componente político de la soberanía y del orden multipolar. Propone la construcción de un ciberespacio soberano, la defensa del derecho internacional y el refuerzo del carácter de ALC como Zona de Paz. Es una visión que, sin alianzas militares ni intervencionismo, redefine el concepto de seguridad desde una perspectiva cooperativa y civil, no geoestratégica ni coercitiva.
Finalmente, la evolución multilateral es uno de los cambios más relevantes. En 2016, China buscaba coordinarse con ALC en la ONU o el G20; era un enfoque pragmático para influir en debates globales. En 2025, la propuesta es mucho más profunda: reformar de manera conjunta la gobernanza internacional, fortalecer la voz del Sur Global y proyectar una comunidad de futuro compartido. En otras palabras, pasar de participar en el sistema a transformarlo.
La suma de estas transformaciones revela un cambio cualitativo: la relación China-ALC ya no se concibe como cooperación entre un gran inversionista y una región en desarrollo, sino como una asociación estratégica integral del Sur Global, con identidad política propia y proyección a largo plazo. El paso del “Cinco en Uno” a los “Cinco Programas” marca el tránsito de una cooperación estructurada a un proyecto geopolítico compartido, más maduro, más ambicioso y con un horizonte claramente multipolar.
Para América Latina, este cambio abre oportunidades, pero también exige responsabilidad. China ha puesto sobre la mesa una visión que reconoce la autonomía, la soberanía y la proyección global de la región. Depende ahora de los gobiernos latinoamericanos decidir si quieren aprovechar esta evolución para construir un lugar propio en el mundo que nace, o si permitirán que la inercia de viejas dependencias siga dictando su destino.
La fábrica social del miedo y sus usos políticos en tiempos de incertidumbre
Los discursos incendiarios, cargados de odio y promesas rotas, generan una fuerte conmoción política. Sin embargo, debajo del odio suele operar una emoción aún más poderosa: el miedo social, una sensación de amenaza que se produce colectivamente y que moldea nuestra forma de ver el mundo. El odio mezcla ira y rechazo, pero nace del miedo: de la percepción —real o construida— de que algo pone en riesgo nuestra seguridad o identidad.
El miedo no surge solo de narrativas catastrofistas; estas funcionan porque se apoyan en un sustrato social ya existente. El miedo se vive antes de contarse: nace de la desigualdad, de la exclusión, de la violencia cotidiana, de la pérdida de confianza en las instituciones y de la sensación de que el futuro se estrecha. Por eso, quienes buscan manipularlo no necesitan inventarlo: basta con leerlo, amplificarlo y dirigirlo políticamente.
Hoy las emociones ocupan un lugar central en la política, y el miedo es particularmente eficaz para moldear percepciones, orientar conductas y movilizar adhesiones. Como plantea Eva Illouz, vivimos en un “capitalismo emocional”, donde los afectos circulan como bienes. En este mercado, el miedo se convierte en un recurso político clave para generar obediencia, resentimiento o identificación con discursos autoritarios.
En Costa Rica, las últimas décadas han configurado un terreno fértil para este fenómeno: menos políticas redistributivas, más desigualdad, concentración del poder económico, debilitamiento institucional, encarecimiento de la vida, criminalidad creciente y precarización del empleo. Todo ello alimenta la ansiedad y el sentimiento de un país que pierde rumbo.
La teoría social muestra que estas emociones colectivas pueden ser fácilmente capturadas por narrativas políticas que ofrecen explicaciones simples a problemas complejos. Quienes las difunden identifican enemigos, señalan culpables y prometen orden y protección. No crean el miedo: lo organizan y manipulan, transformando malestares reales en herramientas de control político.
El mercado emocional y la economía del miedo
Illouz también explica que, en las sociedades neoliberales, las emociones se han vuelto tecnologías de gestión y en bienes de consumo. Las plataformas digitales intensifican esta dinámica al privilegiar contenidos que generan emociones intensas: miedo, indignación, resentimiento. El miedo produce atención; la atención genera tráfico; el tráfico, valor económico y político. Las campañas que recurren a mensajes disruptivos o alarmistas obtienen mayor visibilidad que las que apelan a la reflexión. Es más fácil manipular que educar.
Así, la manipulación del miedo no es un fenómeno aislado, sino parte de una estructura emocional que favorece la ansiedad y dificulta tomar decisiones responsables. El espacio público se satura de afectos primarios, los hechos se subordinan a percepciones de amenaza y la política se reduce a una disputa por el control emocional de la ciudadanía.
El miedo adquiere fuerza política cuando es alimentado por fracturas y abismos sociales profundos, por una crisis institucional y la pérdida de horizontes. Costa Rica enfrenta actualmente la erosión de un pacto social que garantizaba la movilidad ascendente, servicios públicos sólidos y una cultura institucional robusta.
1. Deterioro de la vida cotidiana: El costo de vida asfixiante, el endeudamiento masivo, la informalidad laboral y la pérdida de ingresos han golpeado fuertemente a amplios sectores. La inseguridad económica convierte a la población -en general- en presa fácil de discursos que prometen protección y control. Aún así, la manufactura del miedo ha logrado que la gente esté más angustiada por el aumento de la criminalidad que por las congojas económicas. Se le teme más a otro pobre que al rico que explota.
2. Fragmentación de las clases medias: Las clases medias ya no constituyen un bloque cohesionado. Se diluyen entre grupos que prosperan en la economía digital y globalizada, otros que permanecen estancados y otros que descienden hacia la vulnerabilidad. La competencia interna y la falta de horizontes compartidos generan tensiones identitarias y un malestar que se traduce fácilmente en miedo y resentimiento, tanto mutuos como hacia otros.
3. Abismos crecientes y concentración de la riqueza: Las brechas entre las clases medias, los trabajadores empobrecidos y los grupos más vulnerables se profundizan cada vez más. Mientras estos últimos viven exclusión y pérdida de derechos, las élites concentran una proporción creciente de la riqueza gracias a sistemas fiscales regresivos. Así se difunde una percepción social desigual: para unos pocos el futuro se expande, pero para la mayoría se estrecha y oscurece. Este escenario vuelve a la población más susceptible a discursos que explotan el miedo y la incertidumbre. Quienes quedan fuera de los beneficios del modelo —los “arruinados”— se sienten especialmente expuestos. En este clima, la persona indigente, el habitante de calle o el extranjero pobre son fácilmente estigmatizados. Con frecuencia, incluso se les asimila injustamente a la figura del delincuente.
4. Estancamiento y pérdida de legitimidad institucional: La conflictividad entre poderes, los escándalos de corrupción, la lentitud burocrática y la desconexión entre autoridades y ciudadanía erosionan la confianza pública. Cuando las instituciones parecen fallar, el miedo encuentra terreno fértil. En ese vacío, surgen discursos salvacionistas y autoritarios que prometen soluciones rápidas, casi siempre punitivas y basadas en la fuerza. El mercado de las emociones ofrece un menú de salvadores mesiánicos.
La manufactura política del miedo
Cuando las condiciones sociales, el mercado emocional y la crisis institucional se mezclan, se crea el escenario para la manufactura política del miedo. Sus predicadores exacerban amenazas difusas —desconfianza institucional, crimen, migración, corrupción— y proponen identidades maniqueas: “honestos vs. corruptos”, “costarricenses de a pie vs. privilegiados”. El miedo social permite movilizar los odios hacia enemigos internos también fabricados. Estas narrativas simplifican la complejidad, prometen orden y desplazan la deliberación democrática hacia la reacción visceral: prometen la revancha.
El miedo reorganiza entonces el campo político, justifica la erosión de contrapesos institucionales y normaliza el conflicto como modo de gobernanza. En el contexto costarricense, estas dinámicas han sido instrumentalizadas para consolidar proyectos políticos basados en resentimientos, polarización y el adoctrinamiento emocional.
¿Hay salidas? Reconstruir confianza y acción colectiva
Si el miedo tiene raíces sociales reales, desmontar narrativas no basta. Es imprescindible transformar las condiciones que producen la inseguridad y la ansiedad. Para ello, se requieren reconstruir el país, en este caso con instituciones confiables, transparentes y eficientes; con organización comunitaria, vínculos de solidaridad, cultura asociativa y espacios de encuentro entre habitantes responsables. Son necesarias también nuevas y robustas políticas redistributivas para reducir la desigualdad y la precariedad mediante, entre otros, empleos dignos y servicios públicos fortalecidos.
También pueden resultar indispensables cambios educativos y culturales que contemplen como gestionar el mercado emocional digital, promover la alfabetización mediática y poner límites a la difusión de contenidos que alimentan el miedo. Como parte de ello, se requiere la elaboración de narrativas alternativas basadas en la cooperación, la corresponsabilidad y la imaginación democrática.
En conclusión, el miedo circula, se organiza y se manipula porque encuentra un terreno social fértil. Comprenderlo exige mirar más allá de los discursos siniestros y examinar las estructuras que lo producen. En Costa Rica, la convergencia entre deterioro social, abismos económicos, fragmentación de las clases medias y crisis institucional ha generado un clima emocional propicio para la manipulación política. Sin embargo, esta dinámica no es irreversible. Restaurar la confianza, reconstruir la solidaridad y recuperar la deliberación democrática son tareas urgentes para impedir que el miedo siga empujando al país hacia el abismo.
(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.
Esa debería ser la meta de todas las fuerzas y personas democráticas para detener el populismo autoritario y recuperar la ruta de la democracia y el desarrollo con justicia social.
La Fracción Frente Amplio ha demostrado ser la única oposición consistente al chavismo y por ello debe seguir teniendo un lugar aún más fuerte en la próxima Asamblea Legislativa, junto a otras fuerzas democráticas.
Sólo Ariel Robles Barrantes ha demostrado una posición capaz de enfrentar tanto al #autoritarismo chavista generador de odio y división, como al #neoliberalismo que empobrece, genera desigualdad, debilita los servicios públicos (agua, educación, salud, seguridad, etc.), destruye derechos y deteriora cada vez más la calidad de vida.
Cerremos filas con él y construyamos en conjunto una #AsambleaLegislativa pluralista, de fuerzas que renueven nuestra vida democrática y comprometidas con nuestro Estado Social de Derechos.
Es posible, porque somos la inmensa mayoría de electoras y electores los que no estamos apoyando al chavismo: si consideramos la encuesta del CIEP de octubre, la candidata oficialista solo tendría el apoyo del 16,75 % del Padrón y solo el 25% de las personas decididas a votar (1 de cada 4).
Pero la fragmentación favorece al oficialismo, posicionándolo como una aparente mayoría cuando solo es la minoría más grande.
Únicamente la articulación de fuerzas democráticas puede hacerle frente. Y esa articulación debe venir de la ciudadanía, de las y los electores indecisos o que han pensado en no votar.
El poder estratégico del voto de cada uno y cada una crece en estas circunstancias, por encima de los partidos, pues las simpatías partidarias se han reducido a un +-15% de las y los electores.
Si el populismo autoritario chavista es personalista, la articulación de fuerzas democráticas debe darse alrededor de la candidatura más idónea para hacerle frente y sobrepasarlo.
Desde mi punto de vista Ariel Robles Barrantes es la candidatura idónea por muchas razones:
-porque ha demostrado que la juventud puede hacer política de la buena y debemos romper el marco adultocentrista si queremos que algo cambie;
– por su capacidad de diálogo, escucha y negociación comprobadas en su carrera política;
-porque como «pezeteño» viene de una zona y sensibilidad distinta al Valle Central, que le permite una lectura más integral de las necesidades de la gente y de los retos del país, tanto en las zonas rurales como en las ciudades;
– porque ha estado participando activamente en las grandes luchas, acciones colectivas y movimientos sociales de este país en lo que va de este siglo XXI: combo ICE, no al TLC, Combo fiscal, luchas regionales en defensa de los ríos y el ambiente en general, luchas por los derechos humanos, gentrificación, luchas del sector agropecuario, etc.
-porque no tiene el lastre de corrupción, ni de improvisación que cargan candidaturas de otras fuerzas políticas;
– porque le ha presentado al país un programa de gobierno serio y consistente, que constituye una muy buena base para construcción de acuerdos multisectoriales y multipartidistas de política pública y cambios institucionales que nos vuelvan a encausar por la ruta del desarrollo con justicia social y convivencia democrática, que todas y todos merecemos;
-porque ha tenido la fuerza y contundencia para denunciar y evidenciar la corrupción, la ineficiencia, las mentiras y discursos de odio del actual gobierno.
Y muchas más razones.
El reto está frente a nosotros y nosotras como ciudadanía, como electoras y electores en nuestras familias, grupos y comunidades. Nos toca a nosotr@s dar el paso porque difícilmente lo darán los partidos como tales.
Reinventar el país: la tarea política de todos que no podemos seguir posponiendo
Los graves problemas de la Costa Rica del siglo XXI, acumulados por casi cuatro décadas, no se resolverán ni en estas elecciones ni en los próximos cuatro años. El raquitismo político es evidente. En el cuatrienio reciente, lejos de enfrentarse estos desafíos, se ampliaron y agravaron, provocando un retroceso social y el estrangulamiento de posibles caminos hacia el desarrollo. A pocos actores políticos parece importarles realmente esto, pero la necesidad de actuar es urgente.
Hace cinco años publiqué un artículo sobre las fracturas sociales y los claroscuros ideológicos que atravesaban a Costa Rica en el segundo gobierno del PAC. Aquella publicación pasó casi desapercibida, como otros diagnósticos que quizás no encontraron su momento. No busco ahora reconocimiento, sino entender mejor nuestras penas colectivas. Los problemas no comenzaron entonces, pero sus manifestaciones ya eran inocultables.
Luego vinieron nuevas crisis: la pandemia del COVID-19 y su impacto sanitario, las tensiones fiscales, protestas sociales, el sacudón electoral de 2022 y un profundo desalineamiento político que resquebraja la hegemonía de los actores tradicionales. A esto se sumó el giro conservador del segundo gobierno del PAC y la represión de protestas sociales. Muchas de las fracturas previas persisten, pero han cambiado de forma e intensidad. Algunas se han profundizado; otras se expresan de modo distinto; y en ciertos ámbitos es necesario afinar el lente analítico.
Lo que presento ahora es una actualización crítica de aquel diagnóstico, basada en evidencia reciente de las universidades públicas, organismos internacionales y los procesos políticos que han marcado al país desde 2018.
Una economía que crece, pero para pocos
Costa Rica sigue moviéndose al ritmo de la inversión extranjera, las exportaciones y los servicios. No obstante, la desigualdad se mantiene entre las más altas de la región, incluso después de las reformas fiscales dirigidas a contener el déficit. Esta contradicción —crecimiento sin reparto— es hoy una característica estructural. La concentración de la riqueza se naturaliza, especialmente en manos de capitales transnacionales.
El mercado laboral confirma esta tendencia regresiva. Aumentan la informalidad, el subempleo y la dificultad para que las personas jóvenes —incluso con estudios universitarios— encuentren trabajo estable. La pandemia aceleró procesos previos: automatización, teletrabajo, reconfiguración del comercio y debilitamiento del empleo formal. El resultado es un país donde tener trabajo ya no garantiza bienestar ni movilidad social. La Costa Rica de la paz social y la equidad reformista se diluye rápidamente.
De la política sin brújula al embrujo del desencanto
En 2018 señalé el vacío ideológico y el avance del conservadurismo. Esos procesos continúan, pero la escena política se ha vuelto aún más volátil. Las elecciones de 2022 lo evidenciaron: el PAC se desfondó, Liberación Nacional profundizó su desgaste, la izquierda no logró consolidarse y surgieron candidaturas “antisistema” con apoyo considerable.
El país vive una mezcla de antipolítica, personalización del poder y discursos cargados de enojo. La radicalización derechista es solo una pieza del rompecabezas: también influyen la frustración por el deterioro de la calidad de vida, la pérdida de servicios públicos robustos y la sensación creciente de que “nadie nos representa”. La crisis de confianza afecta por igual a instituciones, partidos y liderazgos. En este contexto, resulta más fácil fabricar encantamientos mesiánicos que construir soluciones estructurales. La fragmentación ideológica se ha convertido en un rasgo permanente de nuestra convivencia.
Clases medias: del pilar histórico al mosaico fragmentado
Uno de mis planteamientos centrales era la erosión del papel estabilizador de las clases medias. Esto sigue siendo cierto, pero la evidencia reciente muestra un panorama más complejo. Las clases medias no son un bloque homogéneo; hoy constituyen un conjunto de segmentos desconectados y, muchas veces, en competencia entre sí.
Conviven al menos cinco grupos: funcionarios públicos con empleos relativamente estables, pero bajo presión fiscal y estigmatización; profesionales jóvenes endeudados, con trabajos temporales o mal remunerados; pequeños comerciantes y emprendedores golpeados por la competencia global y la disminución de ingresos; hogares de ingresos medio-bajos, altamente bancarizados y vulnerables a caer en la pobreza; agricultores y productores rurales afectados por la apertura comercial y el abandono estatal.
Cada grupo experimenta el malestar de manera distinta. Algunos se distancian de la política; otros se inclinan por opciones conservadoras; otros buscan salidas tecnocráticas, antiélite o directamente mesiánicas. El bloque de clase media que ayudó a sostener la estabilidad política del siglo XX es hoy un territorio fragmentado, sin proyecto común ni expectativas claras. Su “embotellamiento” físico y social se ha vuelto más literal: viven endeudadas, frustradas y escépticas respecto a cualquier promesa de futuro.
Una sociedad civil debilitada, pero en movimiento
En mi diagnóstico original subrayé el debilitamiento de la sociedad civil. Esa tendencia se mantiene, aunque con matices. Desde 2018 ha habido momentos de movilización: protestas contra la reforma fiscal, contra medidas regresivas, huelgas sectoriales, luchas ambientales, territoriales y feministas.
Sin embargo, estas expresiones no han logrado articularse en un proyecto político alternativo. Funcionan como válvulas de escape de la frustración social, pero no como plataformas de cohesión. La fragmentación general del país también se reproduce en la protesta. Existe activismo, pero escasa capacidad para convertirlo en transformación institucional.
Un país que necesita repensar su pacto social
La evidencia muestra que Costa Rica ha entrado en una fase en la que ya no basta con diagnosticar fracturas. Los pilares históricos del pacto social están en crisis: la desigualdad no es una falla, sino parte del sistema; el empleo dejó de garantizar bienestar; las clases medias se desfondan; la confianza en las instituciones se erosiona; el sistema de partidos se pulveriza; las narrativas ideológicas tradicionales ya no movilizan ni sostienen un sentido de comunidad.
El desafío central no es “restituir” lo perdido, sino imaginar un proyecto de país capaz de garantizar movilidad social, estabilidad democrática y sentido colectivo en un contexto global adverso, marcado por la precariedad, el individualismo y la polarización.
Costa Rica vive un momento decisivo. Las desigualdades crecientes, la precarización del empleo, la crisis educativa y el desgaste político han debilitado los fundamentos que sostuvieron al país durante décadas. Administrar la crisis no alcanza: necesitamos reconstruir el pacto social desde sus bases.
Esa reconstrucción exige nuevos consensos, capaces de reconocer nuestras realidades sin nostalgias ni simplificaciones. Implica que sectores tradicionalmente distanciados —clases medias vulnerables, sectores productivos, territorios rurales, personas jóvenes, funcionariado público y movimientos sociales— se reconozcan como parte de un mismo proyecto nacional.
Para que esos consensos emerjan es indispensable renovar el ejercicio del poder. Requiere abandonar el personalismo, la confrontación y la opacidad. La política debe recuperar su sentido de servicio, su capacidad de diálogo y su vocación de acuerdos duraderos. Costa Rica no necesita salvadores, sino instituciones fuertes y liderazgos responsables.
En ese proceso, rescatar la educación pública es una prioridad absoluta. Sin un sistema educativo robusto —financiado, inclusivo y conectado con el mundo del trabajo— cualquier pacto social será frágil y cualquier promesa de movilidad quedará vacía. La educación es el principal mecanismo para evitar que las desigualdades actuales se vuelvan permanentes.
El país aún posee capacidades para reinventarse, pero la ventana de oportunidad se estrecha. Podemos seguir administrando el deterioro o asumir la responsabilidad histórica de reconstruir un horizonte común. El futuro no está escrito: se construye con acuerdos, con instituciones sólidas y con una ciudadanía consciente de su poder transformador.
Tal vez se requiera algo más que unas elecciones y el acartonado ritual de los comicios. Tal vez lo que necesitamos, con urgencia, es recuperar la convicción de que un país se sostiene —o se derrumba— en la calidad de sus consensos y en la fuerza de sus instituciones.
(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.
