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La agenda rotativa de confrontación: a propósito de la educación política en las aulas

Escrito en . Publicado en Análisis.

Maximiliano López López1

Esta reflexión no se centra en la labor del gobierno en tanto administrador de la cosa pública; lo que interesa es reflexionar sobre la estrategia de comunicación-confrontación que se ha puesto en ejecución desde 2022. La hipótesis que orienta esta reflexión es que los gobiernos de Rodrigo Chávez (2022-2026) y de Laura Fernández (2026-) han recurrido a la confrontación con el fin de orientar la agenda mediática (de críticos y de medios pro-gobierno) hacia temas o conflictos de alta polarización. Es una estrategia de comunicación política que alimenta un ciclo de controversias públicas en las que figuran distintos actores. La lógica consiste en sustituir un conflicto por otro como respuesta a los mismos ciclos de interacción en las redes sociales, o como simple respuesta ante cuestionamientos en la esfera pública. Está claro que en democracia la controversia es legítima (y deseable) pero aquí de lo que se trata es de evidenciar un patrón que, por sus recurrencia y sistematicidad, lleva a plantear la hipótesis de una agenda rotativa de confrontación.

El fin de dicha estrategia parece orientado a mantener el papel protagónico de esa agenda mediática, la cual influye en la percepción de sus seguidores y crea la sensación de cohesión, haciéndolos “partícipes de la lucha” que ese conflicto esboza. Es decir, parte del objetivo de la agenda es administrar la atención pública. El uso de esta agenda mantiene alta la popularidad de las figuras que la abanderan y se evita entrar en temas polémicos. Para citar solo un ejemplo, la discusión sobre la economía jaguar versus la necesidad de ajustes fiscales con incremento a los impuestos de la canasta básica, fue sustituida con nuevos ataques al Poder Judicial. Esta estrategia ha sido efectiva por su misma dinámica, pues al “agotarse” la vida útil de un conflicto, otro lo sustituye casi de inmediato. En esto juega un papel central la complicidad del momento que ofrecen las redes sociales donde todo es relativamente efímero.

Esta categoría de análisis (la agenda rotativa de confrontación) no surge del vacío. Existen múltiples estudios sobre temas políticos y de comunicación política que señalan con claridad los mecanismos que aplican quienes recurren a ella. Veamos ejemplos puntuales:

  • Agenda-setting (establecimiento de la agenda). Autores como Maxwell McCombs y Donald Shaw aseguran que los actores políticos no pueden influir en qué piensa una persona (por ejemplo, cómo razona), pero sí influir sobre qué piensa (es decir, sobre qué temas).

  • Framing (encuadre interpretativo). Para Robert Entman, quienes están interesados en marcar líneas interpretativas usan un marco predeterminado. En el caso de Costa Rica la narrativa recurrente es la idea de un “pueblo” perjudicado por una élite corrupta que debe erradicarse.

  • Diversionary politics (desviar la atención a otro punto). Jack Levy advierte que, cuando empieza a manifestarse el costo político de determinadas acciones, los actores con poder instalan otro conflicto que atraiga la atención mediática.

  • La política del espectáculo o la política como entretenimiento. Murray Edelman, y Jeffrey Alexander (entre otros) sostienen que la política actual recurre a la producción de eventos “comunicables”. La conferencia de prensa semanal del Poder Ejecutivo parece asumir este rol comunicativo que alimenta la agenda de controversias.

  • Populismo. El uso del populismo como estrategia mantiene la vigencia del movimiento político. Sin la confrontación permanente, y sin el culto al líder, el movimiento pierde peso, apoyo y legitimidad.

Esta agenda de confrontación se mueve en busca de antagonistas según la coyuntura y las necesidades de quienes requieren desviar la atención. Veamos ejemplos.

  • 2022. Gobierno versus “prensa canalla”. Este conflicto desvió la atención para no tener que hablar sobre la idoneidad y probidad de los nombramientos que se estaban realizando.

  • 2022. Gobierno versus la Contraloría General de la República. Con esta disputa se atacó a la Contraloría cuando el tema de fondo eran las limitaciones que ese órgano le recordó al Ejecutivo.

  • 2023. Gobierno contra los privilegios del poder judicial. Esta dinámica mediática se lanzó cuando la fiscalía reveló que se estaban realizando investigaciones penales que involucraban a figuras cercanas al gobierno.

  • 2024-2025. Retornaron los ataques contra la “prensa canalla” debido a investigaciones sobre aspectos como financiamiento de campaña.

  • 2025-2026. La campaña electoral. La polarización entre la continuidad y los “enemigos del cambio” ayudó a evitar las discusiones de fondo sobre las propuestas de gobierno.

  • 2026. Gobierno contra comunistas. La estrategia desvió la atención mediática del tema de armonización eléctrica.

  • 2026. “El golpe de Estado”. Este nuevo tema polarizante deja de lado que el Poder Legislativo no haya nombrado suplentes para la Corte, y lo traslada al Poder Judicial.

Como se aprecia de estos ejemplos, los enemigos van cambiando, pero la estrategia permanece. En muchos de estos casos, la personificación del “enemigo” resulta más fácil que exponer instituciones. De eso se obtienen las críticas a la contralora Marta Acosta, al poder Judicial en las figuras de Carlo Díaz en su calidad de fiscal general, Orlando Aguirre como jerarca de la Corte Suprema de Justicia y recientemente a la magistrada Patricia Solano de la sala tercera. Y es preciso decirlo, la estrategia de confrontación es exitosa porque logra que actores políticos de la oposición participen de ella. En este sentido, el funcionamiento y los espacios de control político en la pasada gestión del Congreso constituyó un verdadero escenario de difamaciones y acusaciones que no aportaron a los problemas de fondo que tiene el país. Recordemos que la lógica de esta agenda no es la negociación, sino mantener la confrontación vigente, siempre que se maneje en el terreno mediático y lejos de temas sensibles o de alto costo político.

El resultado más notorio de este proceso es un debilitamiento del debate público. Autores como Jürgen Habermas señalan que parte de la calidad democrática de una nación se valora a través de la calidad de su esfera pública deliberativa. Donde no existe el espacio ni las condiciones para esto, la democracia se estanca o involuciona. La falta de deliberación afecta igualmente la construcción de políticas públicas integrales y capaces de considerar puntos de vista y soluciones alternativas. Los grandes temas que deben administrarse como cosa pública no se resuelven en marcos deliberativos acotados y menos en contextos de polarización. El riesgo de esto es que temas prioritarios como salud, seguridad, educación e infraestructura (que deberían trascender gobiernos), no resulten atendidos. Además, la implementación y evaluación de las políticas queda bajo el aura de esa agenda de confrontación y con ello se debilita también la rendición de cuentas.

Esta dinámica conduce a lo que se denomina “fatiga democrática”. Este es un síntoma que puede presentarse por sobrecarga informativa (sin poder diferenciar entre información real y falsa), imposibilidad de llegar al desenlace de temas complejos, sensación de un conflicto permanente y, finalmente, la “certeza” de que los problemas de fondo no se resuelven. Esto se traduce en desinterés hacia la política, pérdida de confianza en la institucionalidad, mayor generalización del cinismo político (ideas como, todos son iguales), menor participación ciudadana en asuntos públicos y en procesos electorales, todo lo cual desemboca en una aceptación acrítica de “medidas fáciles”. Como resultado de esto, la sociedad empieza a cuestionar el funcionamiento de la democracia y (al menos una parte de ella) termina aceptando la posibilidad de que se ignore el marco jurídico e institucional del país con tal de que se resuelvan los problemas. La democracia costarricense lamentablemente entró en esta fase desde inicios del presente siglo, pero se intensificó en los últimos años. La pregunta es si ¿estamos a tiempo de corregir el rumbo y si existe voluntad para revertir ese fenómeno?

Desde el punto de vista educativo es claro que, si la agenda rotativa de confrontación lleva al debilitamiento sistemático de la deliberación democrática, entonces el problema deja de ser político y asume un carácter educativo fundamental. En otras palabras, el sistema educativo tiene ante sí un reto de proporciones inconmensurables y por ello es fundamental fortalecer el abordaje de temas socio políticos en las aulas. La educación política de los jóvenes es la piedra angular de ese sistema y las evidencias muestran la necesidad de fortalecerla de cara a un proceso de reafirmación democrática en medio de un contexto donde se le ataca desde diferentes ámbitos. La solución está en reconocer las debilidades del sistema democrático y en trabajar para fortalecerlo, teniendo siempre claro que este no es perfecto, pero sin duda es la esencia del “pura vida” que nos identifica en el mundo.

La educación política en las aulas es la herramienta para enseñar a los jóvenes a desarrollar criterio y a asumir una ciudadanía comprometida con el bienestar y la justicia en sentido amplio. Es preciso que los jóvenes puedan distinguir entre conflictos o controversias coyunturales de aquellos que pueden catalogarse como problemas estructurales del país. Y no menos importante, es mediante la educación que los jóvenes deben analizar los discursos públicos y posicionarse respecto a las mejores soluciones desde una perspectiva informada, democrática y respetuosa de la diversidad de pensamientos. Por último, es necesario recordar que la democracia no se debilita solo cuando se atacan las instituciones, sino cuando la ciudadanía deja de interesarse en ella.

1 Profesor e investigador de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional.

¿Por qué USA se alió a la URSS contra la Alemania nazi?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Félix Montero Aguilar*

¿Se han preguntado ustedes cuales fueron los motivos por los cuales Estados Unidos decidió aliarse con la Unión Soviética contra la Alemania nazi en el ll guerra mundial y no con Alemania contra la URSS?

No conozco opiniones al respecto, solo conozco de la brillante diplomacia y política de alianzas de Stalin que lo logró, pero yo tengo algunas opiniones de mi cosecha.

En Estados Unidos había muchas simpatías hacia el régimen nazi, entre otros el afamado piloto Lindenberg que fue el primero en cruzar el Atlántico en solitario y sin escalas con su avión.

Muchas grandes empresas de EEUU eran financistas de la Alemania hitleriana entre otras el mismitico Rockefeller.

No es casualidad que el político búlgaro Jorge Dimítrov definiera el fascismo como “la dictadura terrorista abierta de los elementos más reaccionarios, más chovinistas y más imperialistas del capital financiero”.

Los planes expansionistas de las “doctrina Monroe” y el “destino manifiesto” eran anteriores a la ideología nazi y al fascismo de Mussolini.

También el verdadero creador del “miente miente que algo queda” no fue Goebbels, el propagandista de Hitler, sino los gringos Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst con el amarillismo periodístico, muchos años antes.

Bajo ese proyecto de dominación mundial ya EEUU había logrado anexarse excolonias de España como Filipinas, Cuba y Puerto Rico, además de la mitad del territorio mejicano y el reino del archipiélago de Hawái.

USA veía en el proyecto de Hitler un competidor, un rival a sus propios planes expansionistas.

La Unión Soviética desde el punto de vista de clase era tan enemigo de la Alemania nazi como de Estados Unidos, pero USA no avizoraba en ellos en lo inmediato el mismo espíritu expansionista que el que si percibían en la Alemania nazi, que ya lo había hecho evidente con sus conquistas en gran parte de Europa.

Su razonamiento fue el siguiente, acabaremos con la Alemania nazi y después nos encargaremos de la URSS comunista.

A mí no me agrada reconocer esto, me da coraje, pero al final de los tiempos cumplirían su cometido, la destrucción de la Unión Soviética ha sido la mayor derrota política sufrida por la humanidad desde todo punto de vista y no la famosa implosión de que algunos hablan. Hasta el mismo Putin lo ha reconocido así.

Me pueden acusar de otorgarle demasiados méritos a USA, siendo EEUU ahora un imperio en decadencia, pero en esos tiempos era la potencia emergente.

Hoy día Estados Unidos, con el gobierno racista y supremacista de Donald Trump a la cabeza, lleva adelante la reedición de una historia terrible ya vivida por la humanidad, es el neofascismo, el fascismo del S XXl.

El nazi fascismo ha vuelto, regresa motivado por la revancha, nunca perdonó la derrota propinada por la Unión Soviética en la gran Guerra Patria; y está empeñado en apropiarse de cada vez más gobiernos en Europa y también en América Latina, a quien considera su patio trasero.

Utiliza para ello novedosos métodos que les ha dado tan buenos resultados hasta ahora más allá de los golpes de Estado militares y los conocidos como golpe técnico o lawfare: las revoluciones de colores, primaveras; manipulación de elecciones de diversas formas, entre ellas alterando los resultados, sobre todo los votos en el exterior, manipulación de algoritmos y la influencia mediática del presidente Trump.

(*) Profesor pensionado, articulista costarricense y referente de la izquierda en Costa Rica.

Entre la legitimidad electoral y la legitimidad constitucional: Reflexiones sobre la querella contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional

Escrito en . Publicado en Análisis.

Rodrigo Campos Hernández

Por MSc. Rodrigo H.Campos Hernández

Los acontecimientos políticos y jurídicos ocurridos en Costa Rica durante los últimos días constituyen uno de los episodios más significativos de tensión institucional desde la creación de la Sala Constitucional en 1989. La presentación de una querella por el supuesto delito de prevaricato contra cuatro magistrados constitucionales, encabezada por la presidenta de la Asamblea Legislativa y respaldada públicamente por la presidenta de la República, la totalidad de la fracción oficialista y un grupo de simpatizantes trasciende el ámbito estrictamente judicial. Lo que está en discusión no es únicamente una resolución de la Sala Constitucional, sino la manera en que comprendemos la distribución del poder dentro de un Estado constitucional de derecho.

La resolución cuestionada, mediante la cual la Sala acordó mantener en funciones a doce magistrados suplentes mientras la Asamblea Legislativa resolvía los respectivos nombramientos, ha sido presentada por el oficialismo como una usurpación de competencias, un quebrantamiento del principio de separación de poderes e incluso como un «golpe a la democracia». Tales afirmaciones, pronunciadas desde las más altas esferas del poder político, merecen una reflexión serena y rigurosa, precisamente porque involucran conceptos cuya utilización no puede reducirse al terreno de la retórica política.

En una democracia constitucional, el desacuerdo entre poderes públicos no constituye una anomalía. Por el contrario, forma parte del diseño institucional. La teoría clásica de los frenos y contrapesos parte de la premisa de que ningún órgano del Estado concentra la totalidad del poder ni posee la última palabra en todos los asuntos. El Poder Legislativo legisla y controla políticamente; el Poder Ejecutivo administra y ejecuta las políticas públicas; el Poder Judicial resuelve controversias y garantiza la supremacía del orden constitucional. Las tensiones entre estos poderes son inevitables e incluso saludables cuando se desarrollan dentro del marco previsto por la Constitución.

Precisamente por ello conviene distinguir dos formas de legitimidad que con frecuencia se confunden en el debate público.

La primera es la legitimidad electoral. Los diputados y el Poder Ejecutivo reciben su mandato mediante el sufragio popular. Esa legitimidad es indispensable en toda democracia representativa y constituye el fundamento de su autoridad política.

La segunda es la legitimidad constitucional. Los tribunales constitucionales no compiten en elecciones ni pretenden sustituir la voluntad popular. Su legitimidad proviene de la propia Constitución, que les encomienda la función de controlar la constitucionalidad de los actos de los demás poderes del Estado, incluso cuando ello implique limitar decisiones adoptadas por mayorías democráticamente electas.

Reducir toda legitimidad al resultado electoral supondría desconocer uno de los principios esenciales del constitucionalismo contemporáneo: que las mayorías también están sometidas a la Constitución. Si bastara la existencia de una mayoría parlamentaria para definir el alcance de las competencias constitucionales, la jurisdicción constitucional perdería buena parte de su razón de ser.

En este contexto, resulta particularmente significativa una de las principales narrativas impulsadas desde el oficialismo: que «cuatro magistrados pretenden imponerse sobre treinta y un diputados elegidos por el pueblo». La fuerza política de esa afirmación es evidente; sin embargo, desde la perspectiva constitucional plantea una falsa oposición. La Sala Constitucional no disputa representación política con la Asamblea Legislativa. Ambas instituciones cumplen funciones distintas y complementarias. La primera controla la constitucionalidad de los actos del poder público; la segunda ejerce la representación política de la ciudadanía mediante la función legislativa y otras competencias expresamente previstas por la Constitución.

Tampoco puede perderse de vista la naturaleza de la decisión cuestionada. No se trata de la actuación individual o arbitraria de cuatro personas. La resolución fue emitida por un tribunal colegiado mediante un procedimiento institucional caracterizado por la deliberación, el intercambio de argumentos, la votación y la posibilidad de emitir votos salvados. Estos últimos, lejos de debilitar la legitimidad del tribunal, evidencian precisamente la existencia de un auténtico debate jurídico interno y fortalecen la transparencia del proceso decisorio.

Por ello, aunque la querella se dirija formalmente contra cuatro magistrados identificables como personas físicas, materialmente el cuestionamiento alcanza a la función jurisdiccional ejercida por la Sala Constitucional. Personalizar el conflicto puede resultar eficaz desde el punto de vista comunicacional, pero corre el riesgo de desplazar el verdadero objeto del debate: la interpretación constitucional realizada por el órgano competente para efectuar ese control.

Otro aspecto merece especial atención. El conflicto actual no puede comprenderse sin considerar el contexto institucional en que surge. Durante once oportunidades consecutivas la Asamblea Legislativa no logró concretar el nombramiento de los magistrados suplentes propuestos conforme al procedimiento correspondiente. Las razones de esa falta de acuerdo pertenecen al ámbito político y parlamentario. Sin embargo, la consecuencia objetiva de esa omisión prolongada consistió en colocar en riesgo el funcionamiento regular de la jurisdicción constitucional.

Este elemento resulta indispensable para comprender el razonamiento de la mayoría de la Sala. La discusión jurídica no consiste únicamente en determinar si el nombramiento de magistrados suplentes corresponde a la Asamblea Legislativa —competencia que nadie discute—, sino en establecer si la omisión reiterada de ese órgano podía comprometer el funcionamiento continuo del máximo tribunal constitucional y si, frente a esa situación excepcional, la Sala estaba facultada para adoptar una medida destinada a preservar la continuidad del servicio público de administración de justicia.

Es precisamente esa controversia jurídica la que debería ocupar el centro del debate nacional.

Sin embargo, el eje de la discusión parece haberse desplazado hacia otro terreno: la descalificación de los magistrados como supuestos «usurpadores», «golpistas» o responsables de un «golpe de Estado judicial». Este cambio de enfoque no es menor. Cuando el debate abandona el análisis de los argumentos constitucionales para concentrarse en la deslegitimación personal de quienes ejercen la jurisdicción, el riesgo consiste en transformar una controversia jurídica en un enfrentamiento político entre «el pueblo» y «cuatro magistrados». Se construye así una narrativa en la que el desacuerdo constitucional deja de presentarse como una diferencia interpretativa legítima y pasa a representarse como una confrontación moral entre quienes dicen defender la democracia y quienes supuestamente pretenden destruirla.

La teoría contemporánea del discurso político ha mostrado con claridad que las democracias no solo se disputan mediante leyes o elecciones, sino también mediante narrativas capaces de definir quién representa al pueblo, quién amenaza el orden institucional y quién merece confianza o desconfianza pública. Por ello resulta indispensable examinar críticamente los marcos interpretativos desde los cuales se presentan los conflictos constitucionales, especialmente cuando provienen de las más altas autoridades del Estado.

Igualmente preocupante resulta el anuncio realizado por representantes del oficialismo en el sentido de que no acatarán la resolución de la Sala Constitucional. Si tal posición llegara a materializarse, el problema dejaría de ser exclusivamente interpretativo para convertirse en una cuestión relacionada con el deber de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el órgano competente dentro del orden constitucional costarricense. En un Estado de derecho, las discrepancias jurídicas encuentran canales institucionales para su discusión y eventual revisión; la desobediencia institucional no constituye, en principio, uno de ellos.

La crítica a las decisiones judiciales forma parte de la vida democrática. Ningún tribunal, incluida la Sala Constitucional, está exento de escrutinio público, académico o político. Las sentencias pueden y deben ser discutidas cuando existan razones jurídicas para ello. Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre criticar una resolución y criminalizar el ejercicio mismo de la función jurisdiccional. El Derecho Penal constituye la herramienta más intensa de que dispone el Estado y, por ello, su utilización frente a controversias de interpretación constitucional exige la mayor prudencia y una demostración particularmente rigurosa de los elementos que configuran el delito correspondiente.

Finalmente, conviene recordar una enseñanza fundamental del constitucionalismo: las instituciones no se diseñan pensando en los gobernantes del presente, sino en aquellos que ejercerán el poder en el futuro. Los precedentes que hoy se construyen sobrevivirán a las actuales mayorías parlamentarias, a los actuales magistrados y a las actuales autoridades del Poder Ejecutivo. La verdadera pregunta, por tanto, no es si una determinada actuación favorece o perjudica a un gobierno específico, sino si las reglas que hoy defendemos seguirían pareciéndonos aceptables cuando los protagonistas del conflicto fueran completamente distintos.

En tiempos de polarización política, el mayor desafío consiste en preservar la capacidad de distinguir entre la persona y el cargo, entre el órgano y quienes lo integran, entre la crítica jurídica y la deslegitimación institucional. Defender la Constitución no implica respaldar incondicionalmente a ninguno de los poderes del Estado. Significa, por el contrario, proteger el delicado equilibrio que ella establece entre legitimidad electoral y legitimidad constitucional, recordando que la fortaleza de una democracia no depende únicamente de la voluntad de las mayorías, sino también de la existencia de instituciones capaces de ejercer sus competencias con independencia, dentro de los límites que la propia Constitución les impone.

Solo desde esa comprensión será posible preservar un Estado constitucional en el que el conflicto entre poderes se resuelva mediante el Derecho y no mediante la sustitución de los argumentos jurídicos por narrativas que, lejos de fortalecer la democracia, terminen erosionando la confianza ciudadana en las instituciones llamadas precisamente a protegerla.

El día después

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Imagine despertar en Santiago de Chile el 12 de setiembre de 1973. Ahora imagine hacerlo en Buenos Aires o en cualquier lugar de Argentina el 25 de marzo de 1976. Haga el ejercicio de estar en Tegucigalpa el 29 de junio de 2009.

En los tres casos el elemento común es que el día anterior hubo una ruptura del orden institucional y constitucional y los mandatarios de los tres países fueron depuestos.

Hubo un golpe de estado. Real. Consumado.

Lo que siguió a continuación fue una escalada de violencia en la que la tortura, las desapariciones, las violaciones y los asesinatos estuvieron a la orden. Las persecuciones en contra de los adversarios a los nuevos regímenes instalados se multiplicaron.

En los tres países hubo ciertamente golpes de estado de facto, porque fueron consumados con graves resultados para la ciudadanía y el tejido social en dichas sociedades.

Ahora haga el ejercicio de pensarse en cualquier lugar de Costa Rica el día después que irresponsablemente la presidenta de la República denominara como “golpe de estado” la decisión de la Sala IV para nombrar en prórroga a 12 magistrados suplentes para el Poder Judicial.

No solo fueron irresponsables y temerarias estas aseveraciones, que además se realizaron en un acto teatral y simbólico de muy pobre escenario, con parte de la fracción oficialista detrás suyo sin ninguna participación activa más que asentir mecánicamente a su discurso.

Es que, de un plomazo, la mandataria igualó sin reparo y consideración los graves hechos ocurridos en otros contextos latinoamericanos, a una estrategia espuria y manifiesta del Ejecutivo por controlar el Poder Judicial costarricense.

Visto entonces el error técnico, político y ético cometido, habría que señalar algunas acciones que podrían definirse en el campo de los autoritarismos y que provienen justamente de ese mismo poder ejecutivo que denunció ese supuesto golpe de estado en contra de la Asamblea Legislativa.

Entre algunas de ellas, destaca la preocupante prohibición de estimular el pensamiento crítico en las aulas del sistema educativo costarricense, lo cual nos parece de sumo cuidado y debe alertarnos sobre los límites que este gobierno quiere imponer.

Ciertamente es una hora compleja para la democracia costarricense. Como modelo perfectible que es, debe ser protegida de acciones como las impulsadas por el propio gobierno de Costa Rica.

A cuidarla estamos llamados.

Caballo desbocado

Escrito en . Publicado en Análisis.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

El manejo imprudente y falso de un colón fuerte, pese a conocerse la cascada de dólares producto del ilícito lavado, y la ilusa estadística macroeconómica, que según los incompetentes Chaves y Nogui reflejaban una «economía milagrosa de nación próspera», cerró los oídos a las advertencias de experimentados economistas que sí vislumbraban lo que era obvio:

– Que el Ministerio de Hacienda y el Banco Central estaban, peligrosamente, «jugando de casita».

– Que las exportaciones pagadas con dólares artificialmente devaluados estaban golpeando los rubros de ingresos de múltiples empresas y personas «encadenadas» a procesos productivos otrora exitosos.

– Que el importante sector turismo, apenas recuperándose de las consecuencias de la pandemia del Covid-19, empezó a recibir dólares que se devaluaban todos los días, mientras el pago en colones de los empleados, así como de bienes y servicios, demandaban más dólares devaluados semana a semana, hasta obligarlos a hacer uso de sus reservas estratégicas.

Por otro lado, antes del ataque militar a Irán, el dólar barato solo se sentía en el pago de la importación de combustibles, pues Recope funciona sin fines de lucro, a diferencia de importadores de diversidad de artículos como automotores, medicamentos, productos alimenticios, maquinarias, etc., que, en aplicación de la normativa vigente, «no les da la gana» ajustar los precios hacia la baja.

En el caso de los empleados con salarios en dólares, como de servicios turísticos y «call centers», el golpe ha sido brutal, pues sus rebajas salariales ya alcanzan porcentajes casi criminales que rondan el 40 %.

La lista puede ser ampliada por muchos de los cientos de miles de afectados por esa «visión de estadistas» exhibida por «el mejor ministro de Hacienda del mundo», según los neoliberales salvajes de «The Banker», y exhibida también por el que dice tener «jugosas ofertas de trabajo en el exterior», gracias a sus muchos años en el Banco Mundial. ¡Así son de farsantes! Así se tiran aromáticas flores entre los dos, mientras los afectados por la incompetencia de ambos, solo quisieran despertar de esta pesadilla.

Y ahora el FMI, desde el trono supremo de la estadística macroeconómica, tira la toalla ante la evidente incapacidad de nuestros gobernantes de detener «el caballo desbocado» que ellos maltrataron para que así sucediera. Al FMI le disgusta que el Banco Central compre dólares para tratar de disminuir la velocidad de la carrera, pues quizá sus sabios estarán pensando en una dolarización forzada de nuestra maltrecha economía, aunque la inflación negativa (evidencia de un país improductivo) no puede ser manipulada como el usual argumento.

Cabe recordar que hace tan solo cuatro años el dólar costaba cerca de ¢700 (¡hoy cuesta ¢250 menos!). O sea, los asalariados en dólares están recibiendo casi un 40 % menos por su trabajo… ante la mirada complaciente de Nogui Acosta, Laura Fernández y la mirada «perdida» del ministro de Hacienda… que solo piensa en qué hará cuando se acabe el periodo presidencial que él está comandando, mientras el trote del caballo es cada vez más fuerte.

Candidaturas a la Secretaría General de Naciones Unidas: resultados del primer sondeo informal

Escrito en . Publicado en Análisis.

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR
nboeglin@gmail.com

Este 31 de julio, se dio a conocer el primer sondeo informal entre los 15 integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con relación a los candidatos/as en competencia para ocupar la Secretaría General de Naciones Unidas a partir de enero del 2027.

Cabe recordar que además de los cinco Estados Miembros Permanentes (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia), en la actualidad los demás Estados que integran el Consejo de Seguridad son: Bahrein, Colombia, Dinamarca, Grecia, Letonia, Liberia, Pakistán, Panamá, Somalia, y República Democrática del Congo.

Para la única silla a ocupar de Secretario General a partir de enero del 2027, son 8 las candidaturas oficialmente inscritas (véase enlace oficial de Naciones Unidas con el detalle cada una de ellas). A notar que únicamente las candidatas oriundas de Costa Rica y de Guyana así como los nativos de Argentina y de Uganda han sido postuladas/os por sus propios Estados. En el caso de la candidata nativa de Chile, fue en un primer momento postulada conjuntamente por Chile, Brasil y México (véase carta conjunta): el 24 de marzo del 2026, las nuevas autoridades electas en Chile anunciaron retirarle su apoyo (véase nota de Reuters). Otra candidata oriunda también de Argentina, postulada por Maldivas, al parecer se retiró de la contienda, al no aparecer su nombre en el primer sondeo realizado en el Consejo de Seguridad.

En el caso de las candidaturas provenientes de América Latina, el primer Estado en postular formalmente a su candidato fue Argentina en diciembre del 2025 (véase carta), seguido luego por Chile, Brasil y México en febrero del 2026 y finalmente Costa Rica en el mes de marzo del 2026 (véase carta).

Resulta oportuno añadir que desde su creación en 1945, la Secretaría General de Naciones Unidas siempre ha recaído en un hombre, y que son muchas las regiones en el mundo que consideran que ha llegado el momento de que sea una mujer la que ostente la máxima posición dentro del organigrama de Naciones Unidas: pese a la cacofonía de la región latinoamericana en otras temáticas, las recientes cumbres de América Latina realizadas en el 2025 en el marco de la cumbre China-CELAC y UE-CELAC así lo reflejaron (Nota 1).

Breve puesta en contexto

En este 2026, pese al estruendo de las bombas y a la destrucción total de localidades, al desplazamiento de grandes cantidades de civiles que huyen bombardeos indiscriminados, a las lágrimas de incomprensión y de desesperación de muchos de ellos al volver y descubrir lo que eran sus barrios convertidos en un campo de ruinas y al irrespeto reiterado de las reglas más elementales del derecho internacional público por parte de varios Estados en estos últimos años, Naciones Unidas aparece como el único foro global con el que cuentan los integrantes de la comunidad internacional.

Ignorar las normas del ordenamiento jurídico internacional, cuestionar su utilidad así como la de los mecanismos internacionales, atacar el multilateralismo de Naciones Unidas, votar en contra de una norma fundamental como la prohibición de la tortura, desacatar decisiones de la CIJ, son acciones que responden todas a un mismo objetivo, fomentado por Estados Unidos y otros Estados (en particular desde la llegada de su actual ocupante a la Casa Blanca): volver a la denominada “ley de la selva”, y a la trágica época imperial que experimentó el mundo, en particular en el siglo XIX. Sobre este último punto, no es para nada una coincidencia si algunas declaraciones escuchadas desde el 20 de enero del 2025 en la Casa Blanca sobre Canadá, Cuba, el Canal de Panamá, Groenlandia, Irán o Venezuela, recuerdan la narrativa y la lógica de los emperadores de antaño.

En ese sentido, recordar en este mes de julio del 2026 la importancia del derecho internacional y de la justicia internacional, únicas brújulas con las que cuenta nuestra convulsionada sociedad internacional, cobran una particular relevancia. En particular al observarse en Estados Unidos a un mandatario empecinado, como nunca visto antes, en ordenar sanciones contra el personal de una jurisdicción internacional como la Corte Penal Internacional (CPI) y ello desde su llegada a la Casa Blanca al iniciarse el año 2025, y al vivirse un período en el que varios dirigentes en América Latina (así como en otras partes del mundo) la emprenden a nivel nacional contra el Poder Judicial, y más generalmente contra las entidades nacionales e internacionales a cargo de fiscalizar el aparato estatal y de proteger las libertades fundamentales de sus ciudadanos.

Al respecto, resulta de cierto interés observar que Estados cuyos mandatarios despotrican contra el multilateralismo y contra la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y vituperan con gran frecuencia contra los mecanismos existentes en materia de derechos humanos, presenten candidaturas oficiales para ocupar la silla del funcionario que ostentará la máxima posición dentro de la estructura organizacional de Naciones Unidas.

Los resultados obtenidos en breve

En este enlace se pueden leer los resultados obtenidos por cada uno/a de los candidatos(as), encabezando con 10 votos favorables la candidata postulada por Costa Rica, seguida de 9 votos favorables por la candidata de Guyana, y de 7 el candidato propuesto por Argentina, al tiempo que la candidata chilena iguala el número de votos favorables (6) con el ex Presidente de Senegal, postulado por Burundi: este último reúne la mayor cantidad de votos desfavorables (7), por lo que deberá multiplicar gestiones de cara al segundo sondeo previsto dentro de algunas semanas o dar por concluida su participación y abandonar la contienda.

La candidata ecuatoriana (postulada por Antigua y Barbuda), quien fungió como Presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2018, por su lado registra la mayor cantidad de «sin opinión«, lo cual evidencia que no ha logrado dar a conocer su visión sobre la organización, como los demás contendientes. Finalmente, el candidato presentado tardíamente por Uganda (el pasado 25 de julio, véase carta de postulación) debería decidir si intensifica sus gestiones en los diversos espacios existentes para darse a conocer, o si debería dar por terminada su efímera participación desde ya.

Imagen de tablero extraída de las redes sociales sobre los resultados del primer sondeo informal en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

La candidata de Costa Rica reúne la mayor cantidad de votos a favor, sin que se conozca la identidad exacta de los Estados que la apoyan ni tampoco la del Estado que le recomienda no continuar.

Lo que sigue

Este primer sondeo abre un secuencia de sondeos informales que se van a realizar dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en las próximas semanas: la secuencia permitirá medir y confortar el apoyo (o bien, al revés, la reprobación) para que continúen (o al contrario, abandonen) esta contienda algunos/as candidatos. La progresión numérica que se lea entre el primer y segundo sondeo será decisiva para los finalistas de esta contienda, al tiempo que la regresión numérica deberá ser entendida por algunos/as candidatos/as para retirarse a tiempo de la misma.

Es una vez confortada una sola candidatura, que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la tramitará a la Asamblea General para su aprobación por aclamación.

Como siempre en una competencia, iniciar en posición favorable una contienda no necesariamente equivale a garantizar llegar en primera posición.

Con relación a los números de unos/as y otros/as, es de notar que no se conoce la identidad de los Estados que se manifestaron mediante una «opinión desfavorable«, y el hecho que puedan ser uno o varios Estados Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad se mantiene como una interrogante muy válida.

Tuvimos al respecto la ocasión de señalar que con el segundo sondeo, la candidata de Costa Rica en el mes de agosto del 2016 ya podía pensar en abandonar la contienda, al ver aumentando de un sondeo a otro el número de opiniones desfavorables (Nota 2). Los resultados del tercer sondeo (reuniendo 12 votos desfavorables) resultaron innecesariamente negativos para la candidata costarricense, cuyo perfil no se adecuó nunca al todo al perfil de todos los secretarios generales anteriormente electos en Naciones Unidas: a saber, personas que a lo largo de su trayectoria personal, ocuparon puestos ministeriales en su Estado de origen o han sido Jefe de Gobierno (como el actual Secretario General nativo de Portugal, y que ganó cómodamente esta contienda del 2016, su antecesor, ex canciller de Corea del Sur, así como el hasta ahora único Secretario General de Naciones Unidas oriundo de América Latina, ex canciller de Perú).

Toma extraída de esta nota de prensa de UNDispatch sobre resultados obtenidos en Nueva York a raíz del tercer sondeo confidencial realizado el 29 de agosto del 2016 de cara a la designación de un Secretario General de Naciones Unidas, en los que la candidata de Costa Rica registra un total de 12 opiniones desfavorables.

A modo de conclusión

Como bien se sabe, en Naciones Unidas, las normas que se mantienen incólumes desde 1945, permiten que uno de los cinco Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad (China, Francia, Estados Unidos, Reino Unido o Rusia) pueda recurrir a su derecho a veto para frenar las aspiraciones de los candidatos que no cuenten con su apoyo. Se trata de una prerrogativa con la que no cuentan estos cinco Estados para la designación de los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) (Nota 3).

Al respecto, cabe recordar que el mandato de un Secretario General es de cinco años, y puede ser reconducido por cinco años más. Con la notable excepción de Boutros Boutros Gali, de Egipto, con un único mandato (enero 1992 – diciembre 1996), todos los demás titulares fueron siempre reelectos para un segundo mandato consecutivo. La no reelección de Boutros Boutros Gali se debió al único voto en contra por parte de Estados Unidos en el seno del Consejo de Seguridad (véase al respecto esta nota de finales de 1996): la sesión de aquella fría noche de invierno del 13 de diciembre de 1996 fue descrita por quién fungió como su Jefe de Gabinete como sigue:

“13 Décembre 1996: Mme Madeleine Albright, Représentant permanent des Etats Unis à l´ONU, sort la première de la Séance officielle privée du Conseil de Sécurité (3725ème séance). Il est 20h 30. Elle passe, sans un mot, devant la presse diplomatique regroupée devant la longue tapisserie de Picasso représentant le massacre de Guernica. Quelques journalistes peuvent entendre un membre de sa délégation leur souffler « We did it » »(Nota 4).

Menos de una semana después, Kofi Annan, oriundo de Ghana, era electo Secretario General de Naciones Unidas, el 19 de diciembre de 1996.

Dada las fuertes tensiones que experimenta Naciones Unidas en su relación con Estados Unidos desde el mes de enero del 2025, y el carácter imprevisible del actual ocupante de la Casa Blanca, es probable que el actual mandatario norteamericano busque la manera de complicar la elección del (o de la) futura Secretario (a) General, con algún capricho personal o provocación en esta recta decisiva.

– -Notas – –

Nota 1: Durante la última cumbre China / CELAC, realizada en China en el mes de mayo del 2025 (véase texto completo colgado por la diplomacia de Colombia) el punto 13 se lee como sigue:

«13. China toma nota de la posición de los países de la parte de ALC de que ha llegado el momento para que una persona nacional de un Estado de América Latina y el Caribe asuma la Secretaría General de las Naciones Unidas, considerando que, de los nueve secretarios generales que ha tenido la ONU hasta la fecha, sólo uno ha sido originario de la región».

En la parte final de esta declaración final, se indica que el punto siguiente (el punto 14) no contó con la aprobación de Costa Rica (sin que se tenga explicación oficial alguna desde entonces) y que Argentina consideró oportuno no hacerse presente en la plenaria de esta cumbre: «La República Argentina estuvo ausente del Plenario Ministerial en la Cuarta Reunión del Foro CELAC-China y no participó en la adopción de estos documentos«. En noviembre del 2025, en otra cumbre, esta vez CELAC / UE (Unión Europea), se precisó en la declaración final adoptada (véase texto integral, y en particular el punto 21) que:«21.The European Union takes note of the position expressed by the countries of Latin America and the Caribbean to have a national of the region serve as the next Secretary-General of the United Nations». Nuevamente la diplomacia de Argentina consideró oportuno hacer ver, de manera estridente esta vez, ante los 27 Estados europeos y ante el resto del continente americano, su profundo descontento con algunos puntos. La total cacofonía de América Latina se dejó entrever de manera mucho más llamativa esta vez, al precisarse al final del texto de esta declaración final lo siguiente: «The Argentine Republic dissociates from paragraphs 10, 15, 18, 42, 44, the reference to “gender” in paragraph 9, the reference to “Pact for the Future” from paragraph 20 and the reference to “Agenda 20230 and its 17 Sustainable Development Goals SDGs” in paragraph 22; the Republic of Costa Rica dissociates from paragraphs 10 and 18; the Republic of Ecuador dissociates from paragraphs 10, 15 and 18; the Republic of El Salvador dissociates from paragraphs 10 and 18; the Republic of Panama dissociates from paragraphs 10 and 15; the Republic of Paraguay dissociates from paragraphs 10, 15, 18, 20, 22 and 44; the Republic of Trinidad and Tobago dissociates from paragraph 10 and from the reference to “We reiterate the importance of regional migration dialogue frameworks” in paragraph 47; the Bolivarian Republic of Venezuela withdraws from the declaration«. En el caso de Costa Rica, se desconoce si alguna explicación oficial fue aportada por parte de sus autoridades para explicar su objeción a los puntos 10 (América Latina como Zona de Paz y apoyo a la lucha contra el narco trafico en alta mar) y 18 (levantamiento del embargo a Cuba) de esta declaración final, puntos igualmente objetados por El Salvador. No se tiene conocimiento por parte de la diplomacia de Paraguay (objetando seis puntos), de Argentina (cinco puntos y referencias hechas en tres otros) y de Ecuador (tres puntos) de justificaciones aportadas oficialmente para explicar estas objeciones, ni tampoco de Venezuela (optando por rechazar todo el texto como tal).

Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Segundo sondeo en el seno del Consejo de Seguridad de cara a la elección del Secretario General de Naciones Unidas«, DIPúblico, edición del 13 de agosto del 2016. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 3: Con respecto al Consejo de Seguridad, el Artículo 10, inciso 2 del Estatuto de la CIJ (véase texto) establece claramente que no habrá distinción alguna entre los votos de los 15 integrantes del Consejo de Seguridad, al precisar que: «2. En las votaciones del Consejo de Seguridad, sean para elegir magistrados o para designar los miembros de la comisión prevista en el Artículo 12, no habrá distinción alguna entre miembros permanentes y miembros no permanentes del Consejo de Seguridad«. Se trata de una de las pocas disposiciones en Naciones Unidas en la que resulta irrelevante el tener dentro del Consejo de Seguridad un voto en contra (o varios…) provenientes sea de China, de Estados Unidos, de Francia, de Reino Unido o de Rusia. Dicho en otras palabras, si un jurista se ha manifestado o ha publicado textos sumamente críticos en contra de uno de estos cinco Estados durante su carrera profesional o como diplomático(a), ello no afecta su candidatura: siempre y cuando el Estado que lo proponga sí logre obtener el respaldo necesario mínimo de ocho votos dentro del Consejo de Seguridad, de quince posibles.

Nota 4: Véase CASSAN H., “La vie quotidienne à l´ONU au temps de Boutros Boutros-Ghali (extraits)», Mélanges offerts à Hubert Thierry. L´évolution du droit international, Paris, Pedone, 1998, pp.73-92, p.73.

La mano dura como excusa de la aplicación de una verdadera política criminal

Escrito en . Publicado en Análisis.

Francesco Giulietti Silva
francescomc8@gmail.com
Egresado en Derecho y estudiante de Filosofía de la Universidad de Costa Rica

Los privados de libertad y las cárceles pasan en el olvido la mayor parte del tiempo, salvo en épocas determinadas. Las campañas electorales y las crisis de inseguridad ponen en el centro a todas esas personas procesadas y sentenciadas (los discursos populistas no distinguen dicha condición jurídica) por nuestro sistema penal. El país posee 13 centros penitenciarios[1] bajo el modelo cerrado (CAI)- 11 correspondientes a cárceles para hombres, 1 para adulto mayor, así como 1 para mujeres-. Según el Informe Anual de Labores 2025[2] del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, para febrero del 2026 había aproximadamente 19.453 personas privadas de libertad, con una sobrepoblación del 46,4% a nivel general y de centros penitenciarios con hasta un 134% de sobrepoblación frente a su capacidad real. Por primera vez, el CAI Vilma Curling llega a niveles de hacinamiento tan altos como el 40,37%.

Lo anterior debe alzar alarmas respecto a la posible regresión en materia de derechos humanos, particularmente sobre la dignidad humana de las personas reclusas. Un punto que llama especialmente la atención es el siguiente: una de cada cuatro personas privadas de libertad no ha sido procesada. Es decir, que el 25% de las personas que se encuentran en las cárceles están bajo la modalidad de prisión preventiva, sin una sanción penal en firme. Ello es digno de destacar debido a que, a pesar de que según nuestro Código Procesal Penal[3] la prisión preventiva debe ser excepcional y debe cumplir con determinados requisitos, tales como la probabilidad del hecho, peligro de fuga y/o obstaculización, que el delito atribuido sea sancionado con pena de prisión y que exista peligro para la víctima, persona denunciante o testigo. Quisiera resaltar que nuestro Código Procesal Penal, así como la práctica de nuestros Juzgados y Tribunales Penales, no va acorde con lo dispuesto en reiteradas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se establece que la prisión preventiva no debe tener un fin punitivo, debe ser de carácter extraordinario y fundamentarse únicamente bajo las causales de peligro de fuga y riesgo de obstaculización. Lo anterior se puede apreciar en el Informe 35/07 de la CIDH (Caso Peirano Basso vs. Uruguay), Acápite 81, Caso López Álvarez vs. Honduras (Corte IDH, 2006), Acápite 69 y Caso Palamara Iribarne vs. Chile (Corte IDH, 2005), resoluciones que forman parte de la columna vertebral del Sistema Interamericano para prohibir y evitar el uso arbitrario y punitivo de la prisión preventiva. En Costa Rica, por otro lado, parece ser que la prisión preventiva es la regla, más que la excepción.

Asimismo, instrumentos internacionales como las Reglas de Tokio[4] y Reglas de Mallorca[5] sobre administración de justicia penal y penas no privativas de libertad, aportan una serie de pautas que tienen como objetivo un equilibrio adecuado entre los derechos de los delincuentes, de las víctimas, la seguridad pública y la prevención del delito, aunado al hecho de que la justicia penal afecta de manera esencial a los derechos del individuo. Una vez visto lo anterior, es válido cuestionarse la finalidad del sistema carcelario, la implementación de las medidas cautelares y cómo vemos como sociedad a las personas procesadas y sentenciadas por el Derecho Penal y Penitenciario.

En la campaña electoral de las elecciones de 2026 varias candidaturas utilizaron a la seguridad como su mayor consigna. No es de extrañar, según el último Informe de Resultados de la Encuesta de Opinión Pública del CIEP[6], con fecha del 6 de mayo de 2026, la inseguridad y la delincuencia son consideradas como la principal problemática para los costarricenses. Los discursos de “mano dura” no surgen por generación espontánea, son un cálculo político que apela a las emociones del pueblo cuando este se encuentra asustado por un alza en las tasas de criminalidad.

Sin embargo, aunque a nivel discursivo pueda ser viable y efectivo, a nivel práctico no lo es. El sistema penal es el último peldaño al que debería llegar cualquier ciudadano. El Poder Judicial interviene cuando el hecho ya se dio y toca juzgar al imputado; es al Ejecutivo a quien corresponde la labor más importante, la prevención. La educación, el deporte, los espacios de convivencia ciudadana que le corresponden al Estado son factores determinantes para evitar la criminalidad, focalizado en las personas jóvenes, que en su mayoría suelen ser los reclutados por el crimen organizado.

Si se ignora el hecho de que la mejor política criminal es la prevención, nuestros gobiernos seguirán dándonos estos espectáculos mediáticos y cucharadas propagandísticas que no generan una solución real. Es más, la “mano dura”, podría decirse, es contraproducente, porque aliena y estigmatiza todavía más a las personas que se encuentran sometidas a este sistema. Se les cataloga como “los otros”, que “eso jamás me pasará a mí” cuando en realidad cualquier persona puede estar el día de mañana sometida a un juicio penal y que, irónicamente serían los primeros en exigir dichas garantías.

Tal y como menciona Roberto Gargarella, las personas no son meras calculadoras de coste-beneficio, bajo esta lógica neoclásica del sistema penal, todos los problemas de seguridad se solucionarían subiendo las penas por los distintos delitos, cuando claramente esto nunca ha servido. También, el hecho de que los humanos nos movemos por pautas de reciprocidad, en la que, si una persona se siente maltratada sistemáticamente por el Estado (como lo pretenden varios de los proyectos presentados por el Ejecutivo) es probable que este responda con maltrato. Si el Estado responde “golpe con golpe” en lugar de ver a estas personas como parte de la comunidad lo que hace es crear un círculo de violencia, donde cada vez esta se alimenta más. Por último, el autor plantea una sociedad de dos niveles, conformada por los que definen los límites y marcos del Derecho Penal y quienes lo viven en carne propia. Esto es perjudicial para los grupos excluidos, que perciben al sistema como un soldado armado que les declara la guerra a ellos. Como ejemplo cabe citar el proyecto de ley que propone extender hasta por 15 años la vigencia de la hoja de delincuencia, dificultando todavía más el buscar trabajo para una persona que ya cumplió su deuda con la sociedad.

En conclusión, el sistema penal debe ser abordado integralmente, la política criminal debe ser vista también desde la prevención más allá de sanciones más duras. Nuestro Código Penal sostiene que la finalidad de la pena es la resocialización[7], entonces, si creemos en esto, debemos tratar y concebir a los sometidos al régimen penal y penitenciario como integrantes de la comunidad más que “los otros” y los “alienados”, porque, como mencioné anteriormente, el día de mañana cualquiera de nosotros puede estar sentado frente a un fiscal que nos acusa o ante un juez que dicta prisión preventiva y seguramente lo primero que harían sería exigir sus garantías procesales y constitucionales.

[1] https://www.mjp.go.cr/dependencias/dgasdetalles

[2] https://www.dhr.go.cr/mnpt/informes_mnpt/33_informe_anual_mnpt_2025.pdf

[3] https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=41297&param2=151404&param3=3&param4=180498&param5=

[4] https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/united-nations-standard-minimum-rules-non-custodial-measures

[5] https://cidh.oas.org/PRIVADAS/reglasdemallorca.htm

[6] https://ciep.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2026/05/INFORME-DE-RESULTADOS-DE-LA-ENCUESTA-CIEP-UCR-6-MAYO-2026.html

[7] https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=5027&param2=151473&param3=3&param4=23830&param5=

 

Cuando el lenguaje degrada la República – La palabra presidencial y el deterioro del debate público

Escrito en . Publicado en Análisis.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

“La política se basa en el hecho de la pluralidad de los hombres.”
— Hannah Arendt

“Si el pensamiento corrompe el lenguaje, el lenguaje también puede corromper el pensamiento.”
— George Orwell

Las democracias pueden comenzar a deteriorarse mucho antes de que se quebranten sus leyes o se debiliten sus instituciones. Su desgaste suele iniciarse de manera más sutil: mediante la erosión de las normas de convivencia, el menosprecio por el adversario y el abandono progresivo de un lenguaje respetuoso que haga posible la deliberación pública. La historia demuestra que las instituciones no se sostienen únicamente sobre constituciones, tribunales o parlamentos; descansan también sobre una cultura política que reconoce la legitimidad del otro y acepta que el conflicto de ideas debe resolverse mediante la argumentación y no por la humillación.

El lenguaje constituye uno de los pilares más sólidos de esa cultura democrática. Las palabras no son simples instrumentos de comunicación; crean realidades, modelan percepciones, establecen jerarquías morales y definen la manera en que una sociedad comprende sus desacuerdos. Cuando el lenguaje se degrada, también se degrada la calidad del debate público. Cuando el insulto sustituye al argumento, la democracia pierde una parte de su esencia.

Esta reflexión adquiere especial importancia cuando quien habla no es un ciudadano cualquiera, sino el presidente de la República, el ministro de la presidencia, u otra alta autoridad gubernamental. En un régimen democrático, el mandatario representa la unidad del Estado y ejerce una autoridad real y simbólica que trasciende el ejercicio cotidiano del poder. Cada una de sus palabras posee una resonancia política que ninguna otra voz pública alcanza. De ahí que el lenguaje presidencial no constituya un asunto privado ni un rasgo anecdótico de personalidad; es por el contrario un componente esencial del ejercicio responsable del poder.

Durante los últimos años, Costa Rica ha presenciado una transformación preocupante del discurso político. Expresiones despectivas, calificativos humillantes, burlas dirigidas contra autoridades del poder judicial, de la Contraloría General u opositores políticos, periodistas, instituciones y diversos actores sociales, se han convertido en un recurso frecuente de la comunicación presidencial. No se trata únicamente de episodios aislados de mal gusto ni de exabruptos ocasionales. Lo inquietante es la normalización de un estilo de comunicación que convierte la descalificación personal en un método de hacer política.

En este sentido, diversos registros periodísticos han documentado expresiones que ilustran la naturaleza de ese deterioro del lenguaje público. En una cobertura de La Nación, se consignó la utilización de calificativos como “corruptos de siempre” y “prensa canalla” para referirse de manera generalizada a actores institucionales y mediáticos, sin matices ni distinciones individuales. En otra nota de El Financiero, se recogieron expresiones dirigidas a opositores políticos en términos de “sinvergüenzas que no sirven para nada” y “gente que solo estorba el progreso del país”, formulaciones que sustituyen la crítica de ideas por la descalificación moral del interlocutor.

A estos ejemplos se suman otros episodios ampliamente difundidos en la esfera pública, donde el lenguaje ha alcanzado niveles de mayor crudeza simbólica. En una ocasión, se utilizó el término “ratas” para referirse a adversarios políticos, reduciendo al oponente a una condición infrahumana incompatible con el reconocimiento democrático. En otro momento, durante una interacción pública en el contexto electoral, se dirigió a un ciudadano usando la siguiente expresión “te amo, te amo, idiota”, combinación de afecto aparente e insulto directo que ilustra la confusión entre la confrontación política y la descalificación personal.

Más allá de la literalidad de cada frase, lo relevante desde el punto de vista democrático no es únicamente su contenido aislado, sino su función dentro del discurso público: la construcción de un marco en el que el adversario deja de ser un interlocutor legítimo para convertirse en un objeto de desprecio. Este tipo de lenguaje, repetido desde posiciones de poder, tiende a legitimar socialmente la idea de que la política es un espacio de confrontación moral absoluta, donde no caben la complejidad ni el reconocimiento del otro.

Conviene precisar que el problema no reside en la firmeza con que un gobernante defiende sus ideas. En democracia, la confrontación política resulta legítima e incluso necesaria. Los gobiernos tienen derecho a criticar a la oposición, a cuestionar decisiones judiciales mediante los mecanismos institucionales, a discrepar de los medios de comunicación y a polemizar con diversos sectores de la sociedad. Lo que resulta incompatible con la cultura republicana es sustituir el razonamiento por el insulto, la evidencia por el sarcasmo y el desacuerdo por la descalificación sistemática del adversario.

La política democrática presupone que quienes piensan distinto poseen la misma dignidad ciudadana. El adversario no es un enemigo al que deba destruirse moralmente, sino un interlocutor cuya existencia garantiza precisamente el pluralismo que hace posible la democracia. Cuando desde la cúspide del poder se presenta a quienes discrepan como individuos indignos de consideración, el espacio del diálogo comienza a estrecharse y la polarización deja de ser una consecuencia para convertirse en un objetivo político.

Hannah Arendt advirtió que la política solo puede existir allí donde los seres humanos reconocen la pluralidad como condición de la vida pública. Nadie posee el monopolio de la verdad; por ello la deliberación constituye el mecanismo mediante el cual sociedades diversas construyen acuerdos siempre provisionales. Cuando desaparece el reconocimiento del otro como interlocutor válido, también comienza a desaparecer el espacio propiamente político.

George Orwell, por su parte, comprendió que la degradación del lenguaje precede muchas veces a la degradación del pensamiento. Un lenguaje empobrecido limita la capacidad de comprender la complejidad de los problemas colectivos. Las consignas reemplazan a los argumentos; las etiquetas sustituyen al análisis; la simplificación emocional desplaza al razonamiento. El resultado es un clima político donde importa menos la búsqueda de soluciones que la identificación de culpables.

No es casual que numerosos movimientos de inspiración populista recurran a este tipo de lenguaje. La lógica populista necesita construir una división permanente entre “el pueblo” y “los enemigos del pueblo”. Para mantener viva esa confrontación requiere alimentar emociones intensas: indignación, resentimiento, desprecio o miedo. El lenguaje agresivo cumple entonces una función política específica: simplificar la realidad hasta convertir cualquier diferencia en una lucha moral entre buenos y malos.

Sin embargo, conviene evitar una interpretación simplista de este fenómeno. Sería profundamente injusto atribuir esta dinámica a determinados sectores sociales o insinuar que las personas de menores ingresos son particularmente proclives a aceptar un lenguaje agresivo. Una afirmación semejante no solo sería empíricamente insostenible, sino incompatible con una visión democrática de la ciudadanía.

La explicación debe buscarse en otra dirección. Cuando durante años amplios sectores de la población experimentan abandono estatal, deterioro de los servicios públicos, inseguridad económica, dificultades de acceso a oportunidades y una creciente sensación de exclusión, entonces sí, aumenta la disposición a escuchar discursos que prometen respuestas rápidas cargadas de efectos emocionales y procacidad en el lenguaje gubernamental. El problema no radica en la ciudadanía; radica en las insuficiencias de las políticas públicas y en la incapacidad de numerosos gobiernos para responder eficazmente a las necesidades de quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Es precisamente ese vacío el que permite prosperar a los discursos que privilegian la confrontación permanente sobre la construcción de consensos. Allí donde la política deja de ofrecer soluciones, la retórica de la indignación encuentra terreno fértil. El lenguaje agresivo no crea por sí solo el descontento social; lo capitaliza y lo orienta políticamente.

En este contexto, la responsabilidad del liderazgo democrático es aún mayor. Se trata de gobernar con eficacia y a la vez preservar las condiciones simbólicas que hacen posible la convivencia. El lenguaje presidencial no puede convertirse en un instrumento de polarización permanente sin consecuencias para la vida institucional del país. Cada palabra pronunciada desde la jefatura del Estado contribuye a fortalecer o debilitar la confianza pública en la democracia misma.

Por ello, la recuperación de una cultura política más respetuosa no es un asunto secundario ni meramente estético. Es una tarea central de reconstrucción democrática. Implica reconocer que la palabra pública tiene límites éticos, que el adversario no es un enemigo y que la autoridad del Estado se fortalece cuando se ejerce con sobriedad, no con agresión.

El desafío, en última instancia, no es solo político, sino civilizatorio: recuperar la idea de que en democracia se puede —y se debe— disentir sin destruir al otro. Solo cuando el lenguaje vuelve a ser un espacio de reconocimiento y no de humillación, la República recupera su dignidad más profunda.

La mentira política

Escrito en . Publicado en Análisis.

Álvaro Vega Sánchez
Sociólogo

Toda mentira es nociva, pero la mentira política es la más nociva de todas. Sus efectos los padece todo un pueblo. Si la verdadera política está al servicio del bien común y la construcción de una ciudadanía digna y participativa, la mentira política es el espíritu de la antipolítica. Es el medio por excelencia utilizado por el liderazgo populista para manipular a las masas, favorecer intereses particulares espurios y perpetuarse en el poder. Junto con el miedo, es el medio más efectivo para manipular, domesticar y someter a un pueblo. Por consiguiente, es el instrumento más utilizado por el poder dictatorial.

Cuando un pueblo aplaude las mentiras de los demagogos populistas está siendo conducido como oveja al matadero. Lamentable y dolorosamente, un porcentaje significativo de nuestro pueblo costarricense se ha convertido en víctima de la mentira política por parte de una nueva clase política en ascenso que ha sabido, con estridencia y maledicencia, convertir sus mentiras en aparentes verdades que se ofrecen como promesa de salvación.

La mentira política ha venido in crescendo. Entre las grandes mentiras de ayer tenemos: la oferta de modernizar el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) privatizándolo; la promesa de convertirnos en el primer país desarrollado de América Latina si firmábamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos; la solución definitiva del problema del déficit fiscal con el Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Y las de hoy, por solo mencionar algunas: la tan anunciada quiebra de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); los reiterados señalamientos que ponían en duda la imparcialidad del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en la campaña pasada; aducir que las universidades públicas y el Poder Judicial cuenta con recursos suficientes para operar eficientemente; manifestar que el país ha blindado sus fronteras marítimas y terrestres, vía scanner, para contener el tráfico de drogas; decir que los sicarios por narcotráfico se matan entre ellos mismos y que no hay víctimas colaterales; calificar como chiripa el operativo que logró capturar a uno de los narcotraficantes más buscados del país, alias “Diablo”; ofrecer, en la reciente campaña política, entregar los ahorros del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) a sus legítimos dueños.

Sí, la tan mencionada consigna del régimen nazi fascista de Adolfo Hitler, “miente, miente que algo queda”, está siendo retomada por una clase política cínica y sin escrúpulos, para dar un golpe de Estado, a la tica, rompiendo el pacto social que heredamos de nuestros más preclaros estadistas, quienes contribuyeron a forjar una patria digna, soberana, democrática y con justicia y paz social.

La defensa de nuestra dignidad nacional, nuestra soberanía republicana, nuestra democracia participativa, nuestra paz y justicia social, exige hoy más que nunca de una ciudadanía patriótica despierta y movilizada para hacer valer sus derechos. Debemos impulsar la lucha no violenta contra la mentira política, ¡ya!

El Hondurasgate y la transformación de la presencia israelí en Centroamérica

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Juan Carlos Cruz Barrientos
Comunicador social

En el programa La Base del 27 de julio último, el equipo de redacción analiza la nueva publicación exclusiva de audios del Hondurasgate, los cuales fueron sometidos a una auditoría forense independiente que revelan la penetración de Israel en América Latina con armas de espionaje, control y guerra sucia digital. En el programa interviene la periodista Valeria Duarte de Canal Red América Latina, quien participó en la investigación y que complementa investigaciones desarrolladas por organizaciones como Citizen Lab, Forbidden Stories, Artículo 19, Project Torogoz, Revista Raya y Señal Colombia.

Se trata de una nueva entrega de audios de la plataforma Honduras Gate que Diario Red América Latina y el medio de Estados Unidos Dropside que han vuelto a colocar sobre la mesa un tema que América Latina ha discutido de manera fragmentaria durante las últimas décadas: el papel desempeñado por Israel en la región y la transformación de los instrumentos mediante los cuales ejerce su influencia. El reciente programa La Base, titulado Espionaje israelí en América Latina, ofrece una oportunidad para abordar esa discusión desde una perspectiva histórica más amplia, evitando tanto las simplificaciones como las explicaciones conspirativas.

Para comprender el alcance de estas revelaciones es necesario retroceder varias décadas. La relación entre Israel y Centroamérica no comenzaron con Pegasus, la inteligencia artificial o las campañas digitales. Durante los años más intensos de la Guerra Fría, Israel desempeñó un papel relevante en la estrategia de seguridad de varios gobiernos centroamericanos, particularmente en Guatemala, El Salvador y Honduras. En un contexto marcado por la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el Estado israelí suministró armamento, entrenamiento militar, asesoría en inteligencia y tecnología de defensa a gobiernos que enfrentaban movimientos guerrilleros.

Diversos historiadores y especialistas en relaciones internacionales han documentado que esa cooperación adquirió especial importancia cuando la política exterior estadounidense encontró restricciones impuestas por el Congreso para continuar proporcionando asistencia militar directa a determinados gobiernos acusados de violaciones a los derechos humanos. En ese escenario, Israel se convirtió en un proveedor estratégico de armas, capacitación y asistencia técnica, actuando en numerosos casos dentro de una convergencia geopolítica con Washington, cuyo objetivo consistía en impedir el avance de organizaciones insurgentes en la región.

Aquella etapa dejó una huella profunda en la historia centroamericana. Sin embargo, el fin de los conflictos armados no significó el retiro de Israel. Lo que cambió fueron los instrumentos de su presencia.

Durante las décadas siguientes, la cooperación comenzó a orientarse hacia ámbitos como la agricultura de precisión, la gestión del agua, la salud pública, la innovación tecnológica, la investigación científica y la formación de recursos humanos. Paralelamente, crecieron las inversiones privadas, la participación de empresas israelíes en proyectos de infraestructura tecnológica, telecomunicaciones, ciberseguridad, software, energías renovables y transformación digital. La presencia israelí dejó de estar asociada casi exclusivamente al ámbito militar para convertirse en un fenómeno mucho más amplio, donde convergen diplomacia, cooperación técnica, inversión privada, innovación, redes académicas y relaciones empresariales.

Precisamente esa transformación constituye uno de los aspectos más interesantes del análisis presentado por La Base. El programa sostiene que el Hondurasgate no debería interpretarse únicamente como un posible caso de espionaje político, sino como una manifestación de un cambio más profundo en las formas del poder internacional.

Los ejemplos que presenta son reveladores. En México, investigaciones de Citizen Lab y Artículo 19 documentaron el uso del software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, para intervenir teléfonos de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En Colombia, investigaciones de Revista Raya y Señal Colombia revelaron la presunta compra clandestina de Pegasus mediante el traslado de once millones de dólares en efectivo hacia Israel durante la administración de Iván Duque. En El Salvador, el Project Torogoz, elaborado por Citizen Lab, identificó infecciones con Pegasus en teléfonos pertenecientes a periodistas de El Faro, La Prensa Gráfica, Diario El Mundo y otras organizaciones de la sociedad civil.

A estos antecedentes se suman las investigaciones internacionales sobre empresas privadas dedicadas a operaciones de influencia política. Facebook eliminó en 2019 cientos de cuentas vinculadas con Archimedes Group, una firma israelí acusada por la propia plataforma de desarrollar campañas coordinadas de manipulación política mediante perfiles falsos en distintos países. Poco después, la investigación internacional Story Killers, coordinada por Forbidden Stories, expuso las actividades del denominado «Equipo Jorge», encabezado por el exmilitar israelí Tal Hanan, quien aseguró ante periodistas infiltrados haber participado en operaciones de desinformación, hackeo y manipulación de procesos electorales mediante sofisticadas herramientas digitales. Hanan ha rechazado haber cometido actividades ilegales, pero el caso abrió un debate internacional sobre la existencia de un mercado privado dedicado a intervenir la conversación pública y los procesos democráticos.

La importancia del Hondurasgate radica precisamente en que invita a observar estos antecedentes como parte de un mismo proceso histórico. No solamente porque demuestra la existencia de una red regional de espionaje, sino porque plantea preguntas coherentes con fenómenos cuya existencia ya ha sido documentada en distintos países.

Lo verdaderamente novedoso no es la presencia israelí en América Latina, sino la transformación de sus herramientas. Si durante la Guerra Fría el eje de la cooperación estuvo constituido por armas, entrenamiento militar e inteligencia clásica, hoy el centro de gravedad parece desplazarse hacia la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la vigilancia electrónica, el análisis masivo de datos, las plataformas digitales y la comunicación estratégica.

Ese desplazamiento no significa que hayan desaparecido las formas tradicionales de cooperación en materia de seguridad. Significa, más bien, que el poder internacional incorpora nuevas dimensiones donde la información, los algoritmos y la infraestructura tecnológica adquieren una importancia comparable a la que anteriormente tuvieron los equipos militares o la asistencia logística.

Esta evolución también obliga a ampliar el objeto de análisis. Las relaciones entre Israel y Centroamérica ya no pueden estudiarse únicamente desde la diplomacia o la cooperación militar. Es necesario incorporar la dimensión económica, identificar las empresas israelíes que operan en la región, analizar los sectores donde concentran sus inversiones, estudiar el papel del capital israelí dentro de las economías centroamericanas y reconstruir las redes que articulan inversión privada, cooperación tecnológica, universidades, consultoras, cámaras empresariales y organismos estatales.

Desde esa perspectiva, el Hondurasgate deja de ser un episodio exclusivamente hondureño para convertirse en una oportunidad de investigación regional. Las preguntas relevantes ya no son únicamente quién espió a quién o qué tecnología se utilizó. También importa conocer cómo se adjudican los contratos de ciberseguridad, qué empresas participan en la transformación digital de los Estados, qué mecanismos supervisan el uso de tecnologías de vigilancia, qué consultoras intervienen en campañas de comunicación política y cómo interactúan estos actores con gobiernos, empresas y organismos internacionales.

La historia de la presencia israelí en Centroamérica puede leerse como la historia de la transformación de las formas del poder: de la cooperación militar propia de la Guerra Fría a la innovación tecnológica de la posguerra; de las armas a los datos; de la inteligencia convencional a los algoritmos; del fusil a la inteligencia artificial.

Comprender esa evolución constituye hoy uno de los grandes desafíos para el periodismo de investigación y para las ciencias sociales latinoamericanas. Solo mediante investigaciones rigurosas, sustentadas en documentos, registros públicos, datos verificables y contraste permanente de fuentes, será posible distinguir entre hechos, hipótesis y especulaciones, contribuyendo así a una comprensión más precisa de las nuevas formas de influencia que atraviesan la región.

Escuche el programa completo: