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La democracia inconclusa

Frank Ulloa Royo

Una democracia que no nació completa

La democracia costarricense se parece más a un largo camino de conquistas, retrocesos y disputas que a la imagen estática y perfecta que suele presentarse cada 7 de noviembre. La conmemoración oficial del Día de la Democracia coincide con la fecha de promulgación de la Constitución Política de 1949 y suele estar acompañada de discursos que exaltan la estabilidad institucional del país. Sin embargo, una mirada crítica a nuestra historia obliga a reconocer que la democracia costarricense no nació plenamente democrática. Fue una construcción gradual, conflictiva y profundamente marcada por las exclusiones de su tiempo (Aguilar Bulgarelli, 1977; Salazar Mora, 2003).

La Asamblea Nacional Constituyente de 1949 surgió de una sociedad fracturada tras la guerra civil. Aunque produjo un texto constitucional que con el tiempo se convertiría en el principal marco de convivencia democrática del país, aquella constituyente no reflejaba la diversidad de la sociedad costarricense. Los sectores vencedores del conflicto tuvieron una clara preeminencia en su integración. No hubo representación de la población afrodescendiente, ni de los pueblos originarios, ni de los sectores más vulnerables de la sociedad. Tampoco participó una sola mujer y apenas estuvo presente un representante vinculado al movimiento sindical. La Costa Rica real, diversa, popular y trabajadora, estuvo escasamente representada en aquel momento fundacional (Lehoucq, 1998).

La Constitución preservó importantes conquistas sociales heredadas de la década reformista de los años cuarenta. Sin embargo, en el terreno político mantuvo limitaciones que hoy resultan incompatibles con una concepción robusta de la democracia. Durante más de dos décadas, el artículo 98 constitucional sirvió de fundamento para excluir de la vida política legal a quienes profesaban determinadas ideas. La democracia coexistió con la proscripción. Mientras se organizaban elecciones periódicas y se fortalecían algunas instituciones republicanas, dirigentes políticos eran encarcelados, perseguidos o empujados al exilio. Los líderes del Partido Vanguardia Popular sufrieron el extrañamiento, la cárcel y la estigmatización. Muchas familias conocieron la represión, el silencio y el miedo como parte de su experiencia cotidiana (Molina y Palmer, 2014).

La democratización de la democracia

Por ello, resulta difícil sostener que la democracia costarricense nació completa en 1949. Más bien comenzó entonces una nueva etapa de la lucha por democratizar la propia democracia. Las reformas políticas impulsadas durante las décadas siguientes permitieron desmontar gradualmente mecanismos de exclusión y ampliar derechos. El reconocimiento pleno de la diversidad ideológica, la recuperación de libertades políticas para los sectores proscritos, las garantías para la organización sindical y el fortalecimiento de la negociación colectiva fueron pasos fundamentales para construir una ciudadanía más amplia e inclusiva (Rovira Mas, 2001).

La consolidación democrática alcanzó una dimensión social durante los años sesenta y setenta. La expansión de la seguridad social, que avanzó decididamente durante la administración de Daniel Oduber, contribuyó a extender derechos fundamentales a sectores históricamente excluidos. La educación pública, la salud universal, las instituciones autónomas y una política exterior capaz de mantener márgenes de independencia frente a los organismos financieros internacionales, particularmente durante el gobierno de Rodrigo Carazo, fortalecieron una visión de democracia que trascendía el simple acto de votar. Se trataba de una democracia que aspiraba a garantizar condiciones materiales para la dignidad humana (Sojo, 1984).

La ciudadanía social bajo presión

A menudo se olvida que la democracia no consiste únicamente en depositar una papeleta cada cuatro años. La democracia también significa acceso a la salud, al trabajo digno, a la educación, a la organización social y sindical, a la cultura y a la posibilidad real de influir en las decisiones que afectan la vida colectiva. Una sociedad profundamente desigual puede conservar elecciones periódicas y, sin embargo, debilitar progresivamente el ejercicio efectivo de la ciudadanía.

Precisamente eso comenzó a ocurrir con el avance del modelo neoliberal a partir de los años ochenta. Sin necesidad de interrumpir la institucionalidad política, se inició un proceso de erosión gradual de múltiples conquistas sociales. El debilitamiento del Estado social, la creciente concentración de la riqueza, la precarización laboral y el deterioro de espacios de negociación colectiva afectaron pilares que habían contribuido a la ampliación democrática de las décadas anteriores. La democracia mantuvo sus formas, pero comenzó a perder parte de su contenido social (Cerdas Cruz, 1993; Vega Carballo, 2004).

Durante ese proceso se fue consolidando una paradoja inquietante: mientras la democracia electoral parecía fortalecerse, la democracia social mostraba señales de desgaste. Los ciudadanos conservaron el derecho al voto, pero vieron disminuir gradualmente su capacidad efectiva para incidir en las grandes decisiones económicas que definían sus condiciones de vida.

La política del miedo

Hoy Costa Rica parece encontrarse ante una nueva encrucijada histórica. La crisis de seguridad ciudadana, el crecimiento del narcotráfico y el incremento de la violencia han generado preocupaciones legítimas entre amplios sectores de la población. Nadie puede negar la gravedad de estos fenómenos. Sin embargo, la historia demuestra que los momentos de miedo colectivo suelen abrir espacios para soluciones que terminan debilitando las libertades democráticas que se pretende proteger.

La democracia siempre enfrenta una tentación recurrente: sacrificar derechos en nombre del orden. Cuando el miedo domina el debate público, las garantías constitucionales empiezan a verse como obstáculos, los derechos humanos como privilegios indebidos y el pluralismo como una amenaza. Poco a poco, el lenguaje de la seguridad desplaza al lenguaje de la ciudadanía.

La experiencia latinoamericana demuestra que las democracias pocas veces retroceden mediante rupturas abruptas. Con más frecuencia se erosionan desde dentro, cuando la excepcionalidad se convierte en norma, la crítica es presentada como deslealtad y los derechos son percibidos como una molestia para la acción gubernamental (O’Donnell, 1997).

¿Qué democracia queremos defender?

Es en este contexto donde el gobierno de Laura Fernández Delgado deberá ser analizado críticamente. La cuestión fundamental no es si debe combatirse la criminalidad. Ninguna sociedad democrática puede renunciar a esa responsabilidad. La verdadera pregunta es qué tipo de democracia se construye mientras se combate. Existen diferencias profundas entre una seguridad ciudadana concebida como protección integral de las personas y una seguridad entendida exclusivamente desde la lógica del castigo, la exclusión y la restricción de derechos.

Cuando una sociedad comienza a aceptar que ciertas personas dejan de ser titulares de derechos por encontrarse privadas de libertad, cruza una frontera peligrosa. Los derechos humanos fueron concebidos precisamente para proteger la dignidad humana allí donde resulta más vulnerable. Defender los derechos de las personas encarceladas no implica justificar sus actos. Implica reconocer que la democracia no puede renunciar a los valores que le dan sentido.

La pregunta central de nuestro tiempo no es únicamente cómo enfrentar la inseguridad. La pregunta más profunda es qué democracia queremos preservar y ampliar para las próximas generaciones. Si la respuesta se construye desde el miedo, es probable que terminemos erosionando conquistas que costaron décadas de luchas sociales, políticas y sindicales. Si la respuesta se construye desde la ampliación de la ciudadanía, la justicia social y el respeto irrestricto a la dignidad humana, la democracia costarricense podrá seguir avanzando en ese largo camino que nunca ha sido lineal.

Una tarea siempre inconclusa

Quizá el mejor homenaje que puede hacerse cada 7 de noviembre no sea repetir consignas sobre una democracia perfecta que nunca existió. Tal vez el verdadero homenaje consista en reconocer las exclusiones, las luchas y los sacrificios que hicieron posible ampliar derechos a lo largo del tiempo. Porque la democracia costarricense no fue una obra terminada en 1949. Ha sido, y sigue siendo, una construcción colectiva e inconclusa. Y como toda construcción humana, puede fortalecerse con más participación, más igualdad y más derechos, o puede deteriorarse bajo el peso del miedo, la intolerancia y la violencia.

Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Generalmente se desgastan lentamente. Pierden sensibilidad frente al sufrimiento humano, reducen espacios de participación, normalizan la exclusión y terminan confundiendo la fuerza con la legitimidad. Cuando eso ocurre, las instituciones permanecen en pie, las elecciones siguen realizándose y los discursos oficiales continúan celebrando la democracia. Pero el espíritu democrático ya ha comenzado a abandonarlas. Y entonces lo que queda no es una democracia viva, sino apenas la memoria de lo que alguna vez aspiró a ser.

 

Referencias

Aguilar Bulgarelli, O. (1977). Costa Rica y sus hechos políticos de 1948. San José: Editorial Costa Rica.

Cerdas Cruz, R. (1993). La otra cara del neoliberalismo. San José: EUNED.

Lehoucq, F. (1998). Institutions, Political Competition and Electoral Fraud in Costa Rica. Stanford University Press.

Molina, I., & Palmer, S. (2014). Historia de Costa Rica. San José: Editorial Universidad de Costa Rica.

O’Donnell, G. (1997). Contrapuntos: Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización. Buenos Aires: Paidós.

Rovira Mas, J. (2001). Estado y política económica en Costa Rica. San José: Editorial Universidad de Costa Rica.

Salazar Mora, J. M. (2003). Crisis liberal y Estado reformista. San José: Editorial Universidad de Costa Rica.

Sojo, C. (1984). Estado empresario y lucha política en Costa Rica. San José: EDUCA.

Vega Carballo, J. L. (2004). Costa Rica: Economía y sociedad en el siglo XX. San José: Editorial Porvenir.

El eclipse del poder: gobernar mediante el miedo y la mentira

Martín Rodríguez Espinoza

Hace unos días, buscaba información sobre Cristóbal Colón, para otra cosa que escribo, y doy con una anécdota de un Colón en su declive que me hizo, inevitablemente, traerlo a nuestro tiempo. Parecería una historia urbana, pero fue real, este suceso está rigurosamente documentado y respaldado por dos frentes: los registros históricos de la época y la astronomía moderna, la cual ha confirmado científicamente la fecha y hora exactas del fenómeno.

Pues bueno, en 1504, Cristóbal Colón utilizó un eclipse lunar para engañar a los indígenas de Jamaica. Conociendo de antemano el fenómeno astronómico, les hizo creer que su Dios castigaría su negativa a seguir alimentando a sus hombres. El miedo hizo el resto. Lo que era un fenómeno natural se convirtió en un instrumento de manipulación y sometimiento.

Han transcurrido más de cinco siglos, pero, como señalé anteriormente, la lección sigue vigente, quien controla el miedo y manipula la información puede conseguir que los pueblos acepten incluso aquello que perjudica sus propios intereses.

Son otros tiempos, es cierto, hoy los “eclipses” no necesitan ocultar la Luna. Se fabrican con discursos, amenazas, mentiras, enemigos imaginarios y campañas de propaganda.

En América Latina, Estados Unidos pretende presentarse nuevamente como el salvador de nuestros pueblos, utilizando el supuesto combate al narcotráfico y su llamado “Escudo de las Américas” para justificar una creciente intervención militar y política que amenaza nuestra soberanía y justifica el saqueo. Nos venden protección mientras buscan imponer sus intereses geopolíticos y económicos.

En Costa Rica, el régimen Chaves-Fernández reproduce, a su manera, esa vieja estrategia. Detrás de Rodrigo Chaves Robles y Laura Fernández Delgado operan intereses políticos y económicos que pretenden concentrar el poder, debilitar las instituciones públicas y presentar cualquier oposición como enemiga del país, ya se denuncian seguimientos, infiltraciones en el ICE, las telecomunicaciones, redes sociales, etc.

Nos quieren hacer creer que para combatir la corrupción debemos renunciar a la democracia, que para tener “seguridad” debemos aceptar el autoritarismo y que para alcanzar el progreso debemos entregar nuestros derechos.

El truco es exactamente el mismo, crear miedo para imponer obediencia.

Pero hay una diferencia fundamental entre aquella Jamaica de 1504 y nuestro tiempo en 2026, hoy tenemos los conocimientos, la información y la experiencia histórica suficientes para reconocer estos engaños.

El problema no es que falte luz, es que algunos pretenden mantener al pueblo en la oscuridad. Y aunque tenemos la información, está disponible para todos, y más que eso, los vemos haciendo sus fechorías, vemos el robo y saqueo descarado, el avance del autoritarismo se profundiza, tomando instituciones que antes eran supuestamente para el control contra la corrupción y el autoritarismo de un Poder Ejecutivo, se convierte, rápidamente, en instrumento de sometimiento, persecución y castigo, no contra delincuentes, al contrario, construido especialmente contra quienes se opongan.

La mejor defensa contra los nuevos manipuladores del poder es un pueblo informado, consciente, organizado y dispuesto a defender sus derechos y su Patria.

Finalmente, expresado de otra forma, más acorde con esta nota, “No hay eclipse que dure cien años, ni cuerpo que lo aguante”.

Ningún pueblo está condenado a vivir de rodillas, a no ser que lo desee.

30 de octubre de 2026

Óscar Aguilar Bulgarelli: “No hubo transparencia los cuatro años” en el proceso del Tratado Transpacífico

El historiador y analista político Óscar Aguilar Bulgarelli envió a SURCOS un video en el que cuestiona las explicaciones del Gobierno sobre el archivo del proceso de adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y la destitución de la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos.

Para que “no comamos cuentos”, el historiador repasó la cronología del tratado. Recordó que los gobiernos de Laura Chinchilla y de Luis Guillermo Solís ya se habían manifestado a favor de incorporarse a esa plataforma, y que Costa Rica tenía tratados de libre comercio con varios de sus países miembros, como México, Perú y Singapur. Sin embargo, señaló que los pasos decisivos se dieron durante la administración de Rodrigo Chaves:

  • Agosto de 2022: el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), dirigido entonces por Manuel Tovar, presentó la solicitud oficial de ingreso, apenas unos meses después de iniciado ese gobierno.
  • 28 de noviembre de 2024: los países del bloque invitaron formalmente a Costa Rica a iniciar el proceso de incorporación.
  • Enero de 2025: comenzó la revisión de la legislación costarricense frente a las disposiciones del tratado.
  • Marzo y junio de 2025: se realizaron las dos primeras sesiones del Grupo de Trabajo para la Adhesión de Costa Rica.
  • 5 de mayo de 2026: se anunció oficialmente la conclusión sustancial de las negociaciones, mediante una declaración ministerial conjunta liderada por Perú.

Según Aguilar Bulgarelli, al día siguiente, en una de las conferencias de prensa de los miércoles, el entonces presidente Chaves y el ministro Tovar anunciaron “con bombos y platillos” que todo estaba listo y lo compararon con meter un gol en la final de una Copa Mundial.

“Ahora resulta que el presidente Chaves, en aquel momento, hoy ministro de Hacienda, y hombre todopoderoso, sale diciendo que le parece muy bien que la presidenta Fernández haya mandado a archivar este convenio y que no se vaya a firmar, que ha faltado transparencia. Y eso es lo que a mí me mortifica”, afirmó. “No hubo transparencia los últimos tres meses. No, no hubo transparencia los cuatro años que Rodrigo Chaves fue presidente”, agregó.

El historiador señaló que se presenta a Tovar como “chivo expiatorio”, mientras la ministra Trejos, “expulsada del gobierno” y acusada de no mostrar la documentación a los sectores, sostiene que los sectores y el Gobierno fueron informados. “Ese embrollo, esa falta de transparencia, es lo que a mí me mortifica”, dijo.

Aguilar Bulgarelli advirtió además que no existe un documento que respalde el archivo del tratado, sino solo una declaración de la presidenta, y se preguntó si se trata de “una pantomima”. Planteó que podría servir para ocultar situaciones graves en el país, como la de la CCSS, el intento de privatizar el ICE y los ₡1,9 billones que, según la Contraloría General de la República, Hacienda dejó de recaudar por controles deficientes.

Finalmente, llamó a participar masivamente en la manifestación del 3 de noviembre “para que entiendan que a la gente no se le engaña”. “La credibilidad en este gobierno, por las hartas mentiras que han venido metiéndole al país durante más de cuatro años, ya hizo que perdiera toda credibilidad, toda confianza. Esto hay que pararlo o nos van a destruir el país”, concluyó.

Más allá de las palabras. Segunda parte: dos mujeres y un camino

Rafael A. Ugalde
Periodista
Miembro del Círculo Bolivariano de Solidaridad Yamileth López.

En esta II parte, dada la ruta “globalista” trazada con prisa en los últimos 46 años, veremos con pruebas irrefutables cómo las posiciones soberanistas, independentistas y solidarias van desapareciendo de la agenda de los trabajadores y sus organizaciones de base.

En la primera parte de “Más allá de las palabras” se revela cómo, llámense “oficialismo” y “oposición”, tienen décadas de presentarse como “protectores” del pueblo, paradójicamente, para prescindir de él en proyectos claves que en octubre elevarán la temperatura en materia comercial, laboral, producción de electricidad y Crucitas.

Verán entonces cómo dichos proyectos de leyes se “ajustan” en las alturas para que más familias participen en los jugosos negocios de producir y vender electricidad usando el ICE o sean los “especialistas” quienes resuelvan los problemas creados en la Caja. Crean el problema, luego viene la “modernización” y el mercado hace el resto.

La supuesta “negligencia” y el águila.

«Yo despedí a don Manuel Tovar con mucho dolor, porque es una persona a quien conozco bien», anunciaba así la presidenta, Laura Fernández, la destitución de su canciller, el pasado 24 de septiembre. Agregó: «Fue mi compañero todo el gobierno pasado, es un profesional muy competente, pero lo que él hizo donde recibió la invitación y él se autodesignó como el representante de Costa Rica en ese encuentro. Eso es algo demasiado serio que yo no puedo pasar por alto».

Las fricciones entre los grupos encargados de posicionar los Tratados de Libre Comercio y con qué naciones comerciamos no son nuevas. Ni serán las últimas. En ocasión del TLC con Estados Unidos vimos cómo estos impusieron su agenda contra viento y marea.

Dos águilas del comercio. Un solo nido. En el nido, un huevo. Ninguna quería fallar al aguilucho mayor. Los demás pensaban que una de ellas era negligente. No importa. Los titanes del comercio son así, creen a pie juntillas que ningún Estado-nación existe sin ellos.

La gente consume. Olvida rápido. Nadie recuerda que ha habido intentos por eliminar la figura de quien ocupe la presidencia de la República y el ministro correspondiente -Poder Ejecutivo- en ciertos actos oficiales, desde aquella idea expresada por un expresidente, en torno a instaurar en Costa Rica la “democracia parlamentaria” como señal de agilidad administrativa.

Cada vez que se ha intentado ‘interpretar’ las llamadas ‘leyes secundarias’ en materia de comercio exterior o tratados internacionales, la jurisprudencia de la PGR ha mantenido que, sea la cancillería, el COMEX o cualquier otra cartera, no puede prescindirse del presidente en ejercicio ni del ministro correspondiente.

Al menos, el modelo presidencialista está garantizado por el abogado del Estado, hasta tanto la idea de la democracia parlamentaria siga dando vueltas – desde la década del setenta y reiterada en 2001. En el 2009 fue reelaborada como forma de resolver problemas de gobernanza.

Según el artículo 146 de la Constitución Política, la validez de las políticas y normativas requiere la firma conjunta del presidente de la República y el ministro del ramo. Según su ley de creación (n.º 7638), el COMEX constituye una cartera funcional del Gobierno, por lo que es constitucionalmente un órgano del Poder Ejecutivo centralizado, precisa la PGR.

De esta manera, cualquier acto oficial en que se prescinda del presidente por parte de cualquier ministro, no existió. Fue absolutamente incompleto. Diplomáticamente equivale a ausencia protocolaria.

El defenestrado canciller Manuel Tovar Rivera reapareció en redes sociales para dejar clara su valía como jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior. Siempre actué con la verdad y me siento libre, dijo parafraseando al evangelista Juan 8, 31-32.

Tanto Tovar Rivera como la gobernante disimularon estos chispazos reconociéndose los aportes de cada uno en cumplimiento de sus cargos. Pero ella no perdonó que la ausentaran de la presencia de Donald Trump, en ocasión de la 81.ª Asamblea General de la ONU.

Su periplo por tierras colombianas tampoco estuvo mal. Según diversos medios colombianos, a nuestra gobernante su colega, Abelardo de la Espriella, mandó a traerla desde Bogotá en un avión acondicionado especialmente para ella.

El jefe de Estado colombiano dio la bienvenida personalmente a su distinguida visitante. En un ambiente hospitalario, característico de Barranquilla, el mandatario recibió a la invitada con entusiasmo, coincidiendo con los días en que la ciudad registra temperaturas entre 25 y 34 grados centígrados.

Tampoco, significa que la presidenta Fernández vaya a perder la visa americana por su ausencia frente al inquilino de la Casa Blanca. Ella ha explicado que no le avisaron sobre tan importante cita. En todo caso, se reunió con De la Espriella, ciertamente no es Trump, pero es ciudadano estadounidense y habla perfectamente inglés.

Ambos dignatarios explicaron a la prensa que habían abordado “importantes” temas relacionados con migración, el combate al narcotráfico, el terrorismo, la democracia y la seguridad regional.

Temática profundizada en San José días después del encuentro entre Fernández y De la Espriella por la embajadora estadounidense en San José, Melinda ‘Mindy’ Hildebrand, en reuniones sostenidas con organizaciones o con altos representantes del Estado costarricense, sean opositores u oficialistas.

Hildebrand es enfática y concisa en cuanto el peligro que significa China, el terrorismo, los carteles de las drogas, la ciberseguridad y el comercio ilegal.

“Reafirmar nuestro compromiso de llevar ante la justicia narcotraficantes y otros criminales que amenazan la seguridad de nuestros pueblos”, dijo la diplomática durante una visita al Poder Judicial, tras delinear las tareas a cumplir, consignó el diario digital El Observador, el pasado 30 de septiembre.

Por su parte, el diario CrHoy, reseñó que el Poder Judicial reafirmó durante la cita con la diplomática estadounidense su compromiso de llevar ante la justicia a narcotraficantes y otros criminales que amenazan la seguridad de ambos países. Las instituciones continuarán colaborando en extradiciones, decomisos de drogas e investigaciones criminales, agrega.

La embajadora estadounidense, Melinda «Mindy» Hildebrand, se hizo cargo de la sede diplomática a partir del 8 de enero de 2026. El 20 de marzo fue testigo de un hito judicial e histórico: la entrega del exmagistrado y exministro de Seguridad Pública, Celso Gamboa, quien se convirtió en el primer costarricense extraditado, tras la reforma de la Constitución Política por unanimidad en la Asamblea Legislativa.

Está vigente además hasta el 31 de diciembre de este año, el permiso de ingreso, desembarco y permanencia de tropas de la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG), que indudablemente facilitará el “trabajo conjunto” defendido por la embajadora Hildebrand y el Ejecutivo, encabezado por la mandataria Fernández.

En el período legislativo 2022- 2026, el Plenario dio luz verde para el desembarco de efectivos de la USCG por votación de 38 votos a favor y 5 en contra. Un total de 18 legisladores del Partido Liberación Nacional, 9 del Progreso Social Democrático, 8 de la Unidad Social Cristiana, 6 de Nueva República, 2 del Liberal Progresista y 8 declarados “Independientes”.

Los 5 sufragios “disidentes” estuvieron a cargo del Frente Amplio que entonces contaba con 6 legisladores: uno de ellos estuvo ausente ese día. Representantes de esta fracción alegaron que

la Ley 7929 y los convenios bilaterales con Estados Unidos no autorizaban el estacionamiento de militares y tropas extranjeras en territorio nacional.

El convenio llamado de “Patrullaje Conjunto” inició en 1999 durante la administración de Miguel Ángel Rodríguez, evolucionando hasta consolidarse hoy como parte de una estrategia regional bajo el nombre de el “Escudo de las Américas», eje aglutinador de todas las naciones de la zona, con excepción de Cuba y Nicaragua.

En este sentido, las coincidencias de la presidenta Fernández y la embajadora Melinda ‘Mindy’ Hildebrand, en cuanto a que el “Escudo de las Américas” es no solo garantía de defensa de la “institucionalidad” costarricense, son un ejemplo de cómo ese consenso trasciende las diferencias que puedan existir en una “democracia viva” – como suele explicárnoslo la moderna ciencia política – entre gobiernos de turno y “opositores”.

¿Dudas?

Un orden mundial turbulento

Gilberto Lopes
San José, 29 de octubre de 2026

Europa está enojada

Europa está enojada. Los alquileres se disparan. Los precios de la energía suben, el crecimiento se estanca, los intereses de la deuda ahogan a Francia, Italia, España, Grecia; los fondos destinados a escuelas, viviendas, a compensar a los agricultores afectados por la sequía se utilizan para pagar a los acreedores. Así comienza un artículo sobre “El peligroso invierno del descontento en Europa”, publicado por la página “Politico” el pasado 22 de octubre.

Anton Jäger, autor de Hyperpolitics, dice en el New York Times que “Europa está en llamas”. Y advierte que esto va a seguir. Es la crisis postergada del capitalismo democrático, había advertido el sociólogo alemán Wolfgang Streeck.

Es la misma Europa de las protestas estudiantiles, de una Europa que se debate, incierta, sobre su futuro; la misma que dice prepararse para una guerra contra Rusia que podría declararse antes del 2030. Como sabemos, una guerra como esa arrastraría a todo el mundo. Y duraría “muy poco”, como lo advirtió el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguei Lavrov.

Europa se retuerce, incómoda, en la camisa de fuerza en que parece haberse convertido un mundo en el que ya no se acomoda como antes. Quizás precisamente por haberse amputado una parte esencial, la de la Rusia europea, por donde circulaba la energía que la alimentaba.

Hoy, lejos de cualquier integración, predomina, de nuevo, la idea de imponer una derrota estratégica a una Rusia ajena y enemiga, algo que ya no era posible en el siglo pasado. ¿Tampoco lo es hoy algún nuevo tipo de acercamiento? Trato de acercarme a esa reflexión, pieza clave de un ajedrez cuyo tablero político se extiende al norte, sur, al este y al oeste.

Europa destina ahora miles de millones de euros a la industria de esa guerra. Esa es –desde mi punto de vista– la extrema derecha europea: la de la guerra. Como lo era la del siglo pasado.

Un orden mundial turbulento

La configuración de un nuevo orden mundial se desarrolla de manera sumamente turbulenta y espontánea. Mientras la potencia hegemónica busca preservar su hegemonía, nuevos países reivindican espacios en el escenario internacional, dijo el presidente ruso, Vladimir Putin, en el Foro de Valdai, el pasado 1 de octubre.

Como ya es tradición, Putin pasó revista al escenario internacional en el Foro, que se celebra anualmente entre septiembre y octubre. Este año no fue la excepción. Entre su intervención y el debate posterior –una vasta sesión de preguntas y respuestas entre Putin y los participantes de cerca de 40 naciones– la sesión duró más de cuatro horas.

Evitar consecuencias irreparables

El debate se enfocó en los cambios políticos de nuestra época. La configuración de un nuevo orden mundial que calificó de “inevitable”. Nada está predeterminado, dijo Putin. El desarrollo puede orientarse en diferentes direcciones. Las principales potencias del mundo poseen armas en sus arsenales capaces de destruir toda forma de vida, de reducir la Tierra a un estado catastrófico. ¿Podemos garantizar que estas armas nunca se utilizarán? “Por supuesto que no”.

Pese a que los conflictos internacionales serán una característica de los próximos años, a medida que el mundo se aleje de la hegemonía occidental la situación mejorará gradualmente, dando lugar –en su opinión– “a un orden internacional multipolar más estable, democrático y libre”.

Es una visión optimista que el mismo Putin sabe no estar garantizada. Lograrlo implica adoptar una serie de medidas prácticas para “impedir que la humanidad sea empujada al límite de su supervivencia y a evitar consecuencias irreparables”.

La guerra de Ucrania

Es imposible detenerse aquí en los detalles de la larga exposición del presidente ruso, que está publicada íntegramente, en inglés, en la página del Kremlin.

Nos referiremos, aunque brevemente también, a otros dos temas: la guerra de Ucrania y el fin de la Unión Soviética.

Putin se refiere a las razones de Rusia para ir a la guerra. Soy consciente –afirma– “de que algunos miembros de la comunidad de expertos podrían preguntarse por qué Rusia inició la guerra mientras hablaba de paz”.

Su punto de vista –difícilmente tomado en cuenta por la prensa occidental–, es que Rusia ni quería la guerra, ni fue quien la inició. Ucrania debería “haberse abstenido de fomentar un nacionalismo agresivo y la rusofobia para convertirla en una herramienta de lucha contra Rusia”. “No se debería haber elaborado planes para crear campos de concentración destinados a la población de Donbás y Crimea. No se debería haber pasado por encima de personas desarmadas con tanques, ni haberlas atacado con misiles y bombardeos aéreos, ni haberlas quemado vivas simplemente por ser rusas. Nos empujaron a este límite de manera consciente e intencionada”.

Un punto de vista que se podrá discutir, pero que debe tomarse en cuenta si se pretende entender el conflicto y buscar soluciones.

Putin toca también otro tema, relacionado con el anterior, muy relevante y polémico: el avance de la OTAN hacia las fronteras rusas.

La OTAN no debería haber integrado nuestros territorios históricos en su espacio militar, ni haber planeado el establecimiento de bases allí. Recordó las palabras de Egon Bahr, dirigente socialdemócrata alemán, que ya en 1990 expresaba preocupación ante la posibilidad de que los sectores más agresivos de la OTAN no estuvieran interesados en buscar la cooperación paneuropea, una vez concluida la Guerra Fría. Disuelta la URSS, “las fuerzas predominantes en Occidente, tal como Bahr temía, mostraron poco o ningún interés en promover la cooperación paneuropea”.

Putin no menciona al diplomático norteamericano, George Kennan, embajador en la URSS durante unos meses en 1952, al final del período de Stalin –que lo declaró non grato–, cuya visión era muy similar a la de Bahr en esta materia. Es un diplomático a cuya obra me he referido ya en otras oportunidades. Estrechamente vinculado a la política de la Guerra Fría, Kennan advirtió que la ampliación de la OTAN durante el gobierno de Clinton, en 1999, con la incorporación de Polonia, Hungría y la República Checa, no iba a ser recibida por los rusos de una manera “sabia, ni moderada”. “El decidido compromiso de nuestro gobierno para empujar la expansión de la OTAN hasta las fronteras rusas es el mayor error de todo el período posterior a la Guerra Fría”, aseguró Kennan.

Los líderes occidentales buscaron remodelar el mundo a su conveniencia y apropiarse de una parte —preferiblemente de una gran parte— del legado soviético. Ahora podemos ver el resultado, afirmó Putin. Desde su punto de vista, resulta evidente el papel tan destructivo que significó el colapso del sistema estatal soviético hace 35 años. No solo para el destino de la Unión Soviética, sino también para la estabilidad mundial a largo plazo.

En 2020 Putin acusó a Occidente de no hacer nada por cumplir las promesas de no ampliar la OTAN. Afirmó que el apoyo al golpe de 2014 en Ucrania y la pretensión de incorporarla a la OTAN era el mayor foco de tensión con Rusia.

“Acciones unilaterales, frecuentemente ilegítimas no han resuelto problema alguno”, había advertido Putin. Ya en 2007, en un discurso ante la Conferencia de Seguridad de Múnich, Putin advirtió contra la idea de un mundo unipolar. Respondiendo una pregunta sobre la expansión de la OTAN, recordó que esa era una alianza militar y política. “¿Para qué necesita poner infraestructura militar en nuestras fronteras durante su expansión?”, se preguntó.

Una mentalidad militar

En los últimos años, la amenaza rusa se ha transformado en argumento para justificar crecientes gastos en materia de defensa de los países europeos.

En la visión del presidente francés, Emmanuel Macron, Rusia ha tomado una decisión estratégica: la de volver a ser una potencia imperial, de avanzar allí donde percibe debilidad. No deja de ser una afirmación contradictoria, cuando vemos los hechos. La frase sugiere la disposición rusa de seguir hacia el oeste si no encuentra resistencia. Pero no fue Rusia la que avanzó hacia el oeste. Reaccionó muchos años después de que Occidente avanzara sus tropas hasta la frontera rusa, desatando una ofensiva a lo largo de su frontera con Ucrania, después de diversas advertencias sobre lo inaceptable que resultaba eso para la seguridad de Rusia.

Siempre me ha parecido importante, para analizar estos hechos, considerar que Rusia está peleando en su frontera. El ancho del territorio de Donetsk, que Rusia ha reivindicado como parte de su territorio, es de unos 190 km. No parece tener fundamento el temor de Macron, ni el de otros líderes de Occidente, sobre una ambiciosa restauración imperial, ni un plan de avance de Moscú hacia el oeste. Ni siquiera hay capacidad militar para eso.

Macron, en todo caso, no está solo. El secretario de Defensa del Reino Unido, Wesley Streeting, advirtió que su país debe estar preparado para un escenario de guerra en mil días, argumentando que los enemigos de Londres podrían estar en posición de atacar el país para 2030. Naturalmente, se refería a Rusia.

En enero de 2025 el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, llamó a los países del bloque a adoptar una «mentalidad militar». Cuando asumí el cargo, el año pasado, “advertí de que lo que está ocurriendo en Ucrania también podría ocurrir en los países aliados». Para Rutte, el peligro ruso no terminará cuando acabe la guerra de Ucrania.

Una maligna zona gris

A principios de octubre Rutte se refirió a una “maligna zona gris”, donde Rusia libra una llamada “guerra híbrida” contra los países de la OTAN. Se trata de una serie de actos de naturaleza muy diversa, desde incidentes militares hasta informaciones de prensa, con los que Rusia los amenazaría. Actos que, sin embargo, no justificarían la convocatoria del artículo 5 del tratado, mediante el cual todos los países miembros de la OTAN deben acudir en apoyo de cualquier otro, atacado por una potencia extranjera.

El lunes, 12 de octubre, el comandante aliado supremo de la OTAN, el general norteamericano Alexus Grynkewich, presentó el plan “Theory of Victory” para hacer frente a la guerra con Rusia, basado en tres principios: bloquear, desgastar y destruir. Lo presentó en el Foro de Seguridad de Varsovia, que convoca anualmente a algunas de las voces más dispuestas a preparar Europa para la guerra. Un foro que, según Moscú, coquetea abiertamente con el autoengaño de desmembrar a Rusia.

Aunque la OTAN no ve una confrontación militar con Rusia como “inminente o inevitable”, Grynkewich estimó prudente anunciar su plan, considerando “los sabotajes, los incendios provocados, los ciberataques y la desinformación rusas”.

Este año, en un documento de 87 páginas el Foro propuso términos equivalentes a una rendición rusa para poner fin a la guerra de Ucrania: sanciones permanentes, pago de reparaciones, incorporación de Ucrania a la OTAN…

Los riesgos de una guerra preventiva

El 17 de octubre la página rusa RT publicó un largo artículo firmado por el “experto militar” Dmitry Kornev. Kornev decía que la estrategia definida en la “Theory of Victory”, era una “receta para el desastre”.

Si bien no se trata de ninguna estrategia muy nueva, el documento agrega algo importante: una fecha. En 2030 Rusia estará lista para atacar Europa. En realidad, dice Kornev, Rusia no tiene ni los hombres ni los recursos para atacar la OTAN, “a menos que esté dispuesta a un ataque suicida”.

Pero al estimar una fecha para esa preparación se corre el riesgo de desatar una guerra preventiva. Si esperamos, el adversario estará mejor preparado; si atacamos podemos evitar un riesgo mayor.

Se trata, naturalmente, de una lógica peligrosa y quienes se están preparando para esa fecha no son los rusos, sino la OTAN y sus miembros. Se trata de una “situación complicada”, dijo el ministro de Defensa ruso. «La OTAN, la UE y el régimen de Kiev han venido escalando» su preparación militar. Si en 2030 están preparados, ¿podrán sentirse tentados a atacar?, se pregunta Kornev.

Como ya señalé, me parece que esas fuerzas son hoy las más peligrosas para el mundo, las que representan la extrema derecha europea. Las mismas que ya intentaron dos veces, en el siglo pasado, desmembrar Rusia (o la Unión Soviética). No se puede descartar, viendo el escenario europeo, que lo intenten de nuevo. La diferencia es que, en el siglo pasado, no existían todavía las armas nucleares. Las “no armas”, las “armas inútiles”, como las calificó el diplomático norteamericano George Kennan, hombre clave en la época de la Guerra Fría.

La guerra y la extrema derecha europea

Con Europa preparándose para una guerra (que, de ocurrir, no podrá ser más que nuclear) me parece que la extrema derecha europea es la comprometida con esa política. Tanto con financiar y armar Ucrania como con la política de rearme europeo, vinculada a los anuncios de una próxima guerra con Rusia. Hoy eso se expresa en la Comisión Europea, en el Parlamento europeo, en la OTAN y en todos sus países miembros.

Desde ese punto de vista, no hay nada a la derecha de Ursula von der Leyen, ni de la vicepresidenta Kaja Kallas, exprimera ministra de Estonia, hoy a cargo de la política exterior de la Comisión; ni del Comisario de Defensa, Andrius Kubilius, exprimer ministro de Lituania, representantes de la posición más virulenta antirrusa en Europa, junto con los polacos del liberal Tusk. Tampoco hay nada a la derecha de la fracción conservadora mayoritaria en el Parlamento Europeo, que preside la maltesa Roberta Metsola.

Es su compromiso con la guerra; la ausencia de iniciativas diplomáticas para resolver el conflicto; la apuesta por infligir una derrota estratégica a los rusos; el creciente gasto militar, indispensable (pero inútil) para ese intento; los reiterados llamados a prepararse para la guerra lo que caracteriza una extrema derecha europea. Una política que amenaza con llevar el mundo a una tercera (¿y última?) guerra.

Los dirigentes de los países bálticos, la Polonia de Donald Tusk, los gobernantes de Inglaterra o Alemania son algunas de las voces que se oyen con frecuencia advirtiendo de la posibilidad de un ataque ruso. Reiteran su disposición de apoyar a Ucrania, de hacer “todo lo necesario” para la derrota rusa.

Esos tambores de guerra no dejan oír voz alguna a favor de un acuerdo de paz que tome en cuenta las demandas de seguridad de las diversas partes, incluyendo las rusas.

¿El momento de la paz?

El pasado 16 de octubre, en reunión del Consejo Europeo, el presidente António Costa, socialista portugués, dio una breve declaración, acompañado de Zelensky y de von der Leyen. ¿Qué dijo? “Nuestro mensaje para el presidente Zelenski es muy sencillo. El apoyo de la Unión Europea a Ucrania sigue siendo tan fuerte como siempre”. “Es el momento de incrementar nuestro apoyo. De incrementar la presión”. “Es el momento de la paz”.

¿Cuál paz? Una paz entendida como el resultado de mayores presiones sobre Rusia. ¿Funcionará? ¿Ha funcionado en estos casi cinco años de guerra?

Europa sigue apostando a la posibilidad de infligir una derrota estratégica a Rusia, un objetivo difícil de imaginar. O, quizás de forma más realista, tratan de impedir un triunfo total de Moscú, incluyendo el control de Crimea, de Donetsk y Lugansk, en el Donbás, y los territorios de Jersón y Zaporiyia, anexados en septiembre del 2022. Según fuentes rusas, Lugansk estaría controlada totalmente, mientras que, en Donetsk, cerca de 17% permanece bajo control ucraniano. Fuentes cercanas a Kiev reducen el área bajo control ruso en Donetsk a 70%. En Jersón y Zaporiyia el control sería de 75% del territorio, y no incluye la capital de ninguna de las dos regiones.

Martin Schulz, socialdemócrata alemán, presidente del parlamento europeo entre 2012 y 2017 y hoy presidente de la Fundación Friedrich Ebert, defendió el apoyo a Ucrania, en entrevista publicada en la página española Agenda Pública. “Tenemos que impedir que Rusia termine ganando porque nosotros dejemos de apoyar a Ucrania”, afirmó.

Schulz estima que Rusia no va a ganar y Ucrania no va a perder. Lo que no queda claro es lo que considera “ganar”. Parece ser que se refiere a la imposibilidad de que Rusia ocupe toda Ucrania. Algo que Moscú ciertamente no está en condiciones de lograr, ni se ha propuesto. Pero Schulz reconoce que Ucrania ya está dividida, y que no “existe ahora la posibilidad militar de recuperar Donetsk y Lugansk”.

Le preocupa que la CDU termine por pactar con lo que los alemanes llaman la “extrema derecha”, la AfD. Estima que, si sigue ese camino, se derrumbará. Prefiere que pacte con el SPD, como el gobierno actual, encabezado por el canciller Merz, empeñado en transformar el ejército alemán en “el más poderoso de Europa” y de prepararse para la guerra contra Rusia.

El jefe de la agencia de inteligencia exterior alemana (BND), Martin Jäger, estima que su país corre el riesgo de verse envuelto en un conflicto violento con Rusia. Schulz, por lo menos, habla de la necesidad del diálogo con Rusia.

El canciller alemán ha sido una de las voces decididas en la apuesta por la derrota de Rusia. El 4 de octubre, de visita a Kiev, reiteró que si no la paraban, la maquinaria de guerra de Moscú, tarde o temprano, se volvería contra ellos. Dicho por el jefe de gobierno de un país que ya se lanzó dos veces contra Rusia y que se alista para una eventual tercera guerra.

Putin ha reiterado que Rusia no tiene planes de atacar ningún país de Europa. Pero más importante que esas declaraciones –a las que se puede o no dar credibilidad– me parece el hecho de que es difícil encontrar razones para un ataque de ese tipo, que Rusia tampoco está en condiciones militares de realizar. Dirigentes como el primer ministro lituano, Mindaugas Sinkevičius, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, o el mismo secretario general de la OTAN reconocen no haber evidencias de que Rusia se esté preparando para atacar el territorio de la OTAN.

La voz del fascismo europeo

Ucrania busca con urgencia recursos para la guerra. A mediados de octubre, la Comisión Europea apuraba los trámites para encontrar los 70 mil millones de euros extras que Kiev solicitó para financiar su presupuesto del 2027.

Andrii Sybiha, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, propone usar los más de 300 mil millones de euros rusos congelados en la banca europea para eso. Elabora una sofisticada argumentación para justificar el uso de los recursos rusos, que hasta ahora la UE no ha aceptado, pese a que en agosto pasado Suecia, Holanda, Polonia y España presentaron una propuesta para discutir nuevamente el caso. No es algo sencillo. Ni siquiera los nazis lo hicieron en su guerra del siglo pasado.

Sybiha estima que el uso de los dineros rusos “podría traer resultados tangibles e inmediatos, fortaleciendo Ucrania en el frente de batalla y acercando la paz”. ¿Otra vez la paz? ¿Como decía Costa? ¿Como estiman los alemanes? ¿Como proponen Suecia, Holanda, Polonia y España, tres países particularmente agresivos en este escenario, al que se suma la España de Sánchez?

En todo caso, no nos explican cómo se dará ese fortalecimiento de Ucrania en el campo de batalla, donde, aunque lentamente, las fuerzas rusas siguen avanzando. Ni como ese eventual fortalecimiento llevará a la paz. Me parece que eso difícilmente conducirá a la paz. Por el contrario, es la voz del fascismo europeo, de la extrema derecha, la voz de una guerra que se va adueñando del escenario político europeo. Es la idea de Tusk, expresada en el Foro de Seguridad de Varsovia: es la hora de que todo Occidente muestre a Rusia y a Putin que estamos listos para una política de disuasión aplicando medidas aún más duras.

¿Más duras? ¿Hasta la guerra? ¿Medidas como las que anunció el primer ministro de Lituania, Mindaugas Sinkevičius, cuyo parlamento removió de la constitución la prohibición de que, en su territorio, existan armas de destrucción masiva? Para Sinkevičius “no se trata de una escalada, sino de disuasión”.

Eso no tiene sentido. Como ya dije alguna vez, si el mundo civilizado no los detiene, esa Europa nos llevará de nuevo a la guerra. Solo que esta será otra guerra….

La guerra de desinformación

En conferencia de prensa celebrada con Sinkevičius, Rutte sugirió hacer caso a Grynkewich, que había sugerido culpar a Rusia de cualquier incidente, ya sea que estuvieran seguros, o “casi seguros”, de que era culpable de los ataques híbridos. Las denuncias podían servir –en su opinión– como instrumento de disuasión ante cualquier eventual amenaza rusa.

Al día siguiente, la presidenta de Moldavia –un país con poco más de 1.200 km de fronteras terrestre y fluvial con Ucrania– Maia Sandu, afirmó que armas rusas utilizadas en un ataque a Ucrania habían violado el espacio aéreo de su país y explotado en su territorio.

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb –al que hoy consideran un posible representante europeo para negociaciones con Moscú– advirtió a España que Moscú podría intervenir en su campaña electoral de noviembre, con algún acto de sabotaje o guerra de desinformación.

Europa acusa a Rusia de una guerra de desinformación, mientras Moscú acusa a Europa de promover una histeria antirrusa, una campaña de la que se encargarían sus dirigentes políticos y sus medios de prensa. Se trata de una campaña antirrusa de la que participan prácticamente todos los medios de prensa importantes de Europa (y de Estados Unidos).

El lunes 28 de septiembre la corresponsal en Berlín del diario La Vanguardia, de Barcelona, María Paz López, publicó una nota sobre la creciente amenaza rusa contra Europa.

La nota asegura que “emerge la convicción de que los ataques híbridos rusos a países europeos … no solo aumentarán en su forma ya habitual de sabotajes, incursiones de drones, incendios intencionados, ciberataques y campañas de desinformación, sino que ampliarán su alcance y su naturaleza”.

“El incidente clave que ha consolidado esta nueva percepción es el fallido atentado con drones explosivos del 4 de agosto contra un avión de carga ucraniano en el aeropuerto de Leipzig, que el gobierno alemán ha atribuido oficialmente a Rusia”, afirmó.

El 2 de octubre (cuatro días después del artículo de María Paz) Politico, medio alemán del grupo conservador Axel Springer, publicaba una nota sobre ese incidente que merece ser leída con detenimiento.

La nota dice lo siguiente: “El 4 de agosto, un dron impactó contra el ala de una aeronave ucraniana en el aeropuerto de Leipzig, en Alemania, y cayó sobre la plataforma. Sujeto a la parte inferior llevaba un recipiente metálico cargado de explosivos. El artefacto permaneció intacto”. “Esto proporcionó a los investigadores algo inusualmente valioso: la bomba en sí”. El que los explosivos no hayan detonado fue particularmente importante, pues permitió a los investigadores alemanes tener una visión más clara de lo que estimaban “una campaña rusa de ataques más amplia”.

Ese es un incidente ampliamente reproducido por la prensa europea, sin que el gobierno alemán haya presentado pruebas que lo vinculen claramente a Moscú. Cualquier periodista con un mínimo de experiencia entendería que los detalles de esa historia, relatados por Politico, hacen indispensable una investigación cuidadosa antes de dar por buena la versión oficial.

Un arma de guerra

La prensa europea hace mucho no hace periodismo en lo que se refiere a la guerra de Ucrania. En realidad, se ha transformado en un arma de guerra.

La nota de María Paz, en La Vanguardia, hace un recorrido por diversos puntos de vista europeos sobre esa “guerra híbrida”, comenzando por el primer ministro polaco Donald Tusk quien, el 17 de septiembre, presentó al parlamento polaco informes de inteligencia advirtiendo de “posibles ataques, en las próximas semanas, contra países de la OTAN, empezando por Polonia”.

En esos días el servicio de inteligencia de Dinamarca publicó un informe que advertía contra el “riesgo bajo, pero creciente” de que el Kremlin lance “un ataque militar limitado contra uno o varios países de la OTAN fronterizos con Rusia”, también recogido por la periodista de La Vanguardia. Ninguno de esos ataques ha ocurrido, ni la periodista se sintió obligada a pedir aclaraciones que dieran sustento a esas afirmaciones.

Ese mismo 1 de octubre el periodista Javier Cuesta, corresponsal de El País en Moscú, derivaba del discurso de Putin en Valdai una amenaza a Europa con una guerra nuclear. Putin había dicho que, en caso de un ataque europeo, Rusia respondería. “El punto de no retorno puede llegar muy rápidamente y de forma inesperada para todos”, dijo el presidente ruso. Además, agregó: “Independientemente del panorama general del próximo año, lamentablemente es muy probable que los conflictos internacionales continúen”. Lo que Cuesta interpretó como que Putin daba por hecho que “la invasión de Ucrania se extenderá a lo largo de 2027”.

Derecha, ultraderecha, fascismo

Claudi Pérez, exdirector adjunto de El País y hoy corresponsal político y económico del diario español, se sumó a la reflexión de la llamada “guerra híbrida”, en un artículo titulado “Escalada de amenazas en las fronteras de Europa”, publicado el pasado 5 de septiembre.

“Un ciclo electoral que medirá la marea ultra en el Este de Alemania y en Escandinavia, en Polonia y en Italia, en España y en Francia. Sobre todo en Francia”, afirma.

Quizás el más llamativo es el ciclo alemán, donde la AfD –un partido que la Oficina Federal para la Protección de la Constitución de Alemania (BfV) clasifica como “una organización de extrema derecha confirmada”– acaba de hacerse del gobierno del estado federal de Sajonia-Anhalt. Europa se asusta con el surgimiento de esa extrema derecha.

El artículo está construido con declaraciones de diversos intelectuales europeos y norteamericanos, comenzando por el búlgaro Ivan Krastev, a quien Pérez describe como “uno de los intelectuales más brillantes en estos tiempos de venganza y fundamentalismo”. La “urgencia apocalíptica” de los fascistas hace un siglo se ha sustituido con la actual “urgencia revolucionaria” de los posfascistas.

Me cuesta entender las urgencias señaladas por Pérez, tanto la “apocalíptica” como la “revolucionaria”. Del mismo modo, me resulta extraña la calificación de los tiempos actuales como de “venganza y fundamentalismo”. En el mundo de Pérez, “Rusia está aquejada de una nostalgia posimperial extremadamente virulenta” (ya lo había dicho Macron). A China la ve con “profundos problemas económicos y demográficos” y especula que empieza a “coquetear con el expansionismo en el mar de China y tal vez en Taiwán”. Tal vez…

Pero su verdadero quebradero de cabeza es Putin. Fracasado en la guerra, en la política y en la economía, al presidente ruso le quedan “cuatro vías de escalada”: la guerra convencional; el uso (improbable, asegura) de armas nucleares tácticas; un ataque a territorio de la OTAN (también improbable); y una guerra híbrida, a la que se refiere con más detalles en el artículo Luis Simón, director e investigador principal de la Oficina del Real Instituto Elcano, de Bruselas.

El episodio mayor es, nuevamente, el “ataque fallido con drones cargados de explosivos en el aeropuerto de Leipzig”. El incidente del dron de Leipzig es “palabras mayores”, en opinión de Pérez, a quien le parece que fue “tranquilizadora” la respuesta de Bruselas a este incidente; y la reacción alemana, “impecable”. Se refiere, naturalmente, a la forma como presentaron el caso, atribuyéndolo a Rusia y escalando las sanciones.

Opinan, además, en el artículo de Pérez, la historiadora Margaret MacMillan; Javier Solana, el español exjefe de la OTAN; el académico canadiense Michael Ignatieff, y otros más. Muchos más. Entre ellos Dan Hamilton, exalto cargo del Departamento de Estado, quien nos asegura que “Rusia es una potencia revanchista y lo va a seguir siendo».

Un país que, en opinión de Benjamin Schmitt, analista de seguridad de la Universidad de Pennsylvania, “libra una guerra contra Europa, contra una Unión Europea que “no es consciente de que está en guerra”.

Eso dicho pese al “Plan para el rearme de Europa”, por unos 800 mil millones de euros, anunciado por von der Leyen, al que ya nos referimos, anunciado en marzo 2025. Los países de la OTAN ya estaban desplazando activamente sus tropas hacia las fronteras rusas en el marco de ejercicios y programas específicos. En agosto, el Financial Times informó que las fábricas de armamento en Europa se estaban expandiendo a un ritmo tres veces superior al de tiempos de paz, ocupando más de siete millones de metros cuadrados de nuevos desarrollos industriales. Un «rearme a una escala histórica».

Así en la paz como en la guerra

Si los tambores de guerra no dejan oír las voces de otros proyectos, tengo la impresión de que tampoco hay ninguna tratando de hacerse oír. Esa peligrosa posición de una extrema derecha guerrerista ha arrastrado a prácticamente todas las fuerzas políticas europeas, incluyendo a socialdemócratas, en Dinamarca, a los países nórdicos y a los bálticos, a Macron y a otros políticos franceses, como Raphaël Glucksmann, candidato del socialismo francés a la presidencia de la República y, de diferentes maneras, a los antiguos países del mundo socialista.

Incluso el socialista español Pedro Sánchez se ha sumado a las voces de apoyo a Ucrania, aunque se haya negado a atender la exigencia de Trump de aumentar su presupuesto militar al 5% del PIB. En plena campaña electoral española, no se oye ninguna voz sugerir alguna iniciativa de paz en Europa. ¡Una tragedia! Pero, naturalmente, no es lo mismo un Pedro Sánchez, que un Friedrich Merz. O un Donald Tusk. O un Andy Burnham.

Pedro Sánchez –que sí tiene a su derecha fuerzas bien identificadas– tampoco ha sabido proponer una visión que incorpore Rusia a Europa. Es ya una vieja y olvidada propuesta la de restaurar un mundo político desde Portugal hasta los Urales. Una Europa que incluya la Rusia europea, que es, además, la puerta de entrada más natural al Asia central. Sugerida algún día por de Gaulle, esta propuesta terminó siendo sustituida por un proyecto distinto: el avance de la OTAN hacia el este, que tanto Bahr como Kennan temían.

Falta equilibrio en el análisis

Me parece que falta equilibrio en el análisis. Hace ya unos 30 años que la OTAN inició su avance hacia el este, hasta llegar a las fronteras rusas. El mayor error de la política exterior de Washington del período posterior a la Guerra Fría, en opinión del diplomático norteamericano George Kennan.

No se oye a los políticos europeos poner atención a los reclamos rusos de seguridad ante esos avances. En medio de los preparativos de guerra, el 27 de octubre el presidente finlandés y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, conversaron con Putin por teléfono. La conversación fue recibida con desconfianza por otros países europeos, con aprobación por Zelensky y con cautela por la portavoz de la Comisión Europea. Para el politólogo ruso, Pável Selezniov, el principal objetivo de Bruselas no es facilitar una solución negociada al conflicto, sino frenar cualquier acuerdo que lo haga posible. Rusia aseguró que la conversación no había aportado nada distinto a la conocida posición europea.

Pero Stubb defendió, en una ocasión anterior, la necesidad de mantener la cabeza fría y advirtió contra una mentalidad de guerra, que haría casi imposible imaginar la paz. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, en el Foro de Seguridad de Varsovia, evitó la dicotomía entre la victoria total o rendición de Ucrania. Europa quiere sentarse en la mesa de negociaciones de paz. A la que, el portavoz del gobierno ruso recuerda, no han sido invitados.

Ahora que Rusia decidió responder con una operación militar a las amenazas en sus fronteras, las voces en Occidente apuntan a los riesgos contra la seguridad de Europa, sin que asuman ninguna responsabilidad por el origen de esa amenaza. Sobre esas bases no será posible un acuerdo para poner fin a la guerra, menos imaginar la paz. Me parece esperanzador pensar que, a su debido tiempo, aparecerá algún político europeo capaz de proponer una negociación que tome en cuenta los intereses legítimos de seguridad de todas las partes.

Sería útil también que alguna prensa europea asumiera una posición parecida. Por ahora, esa gran prensa está más comprometida con una guerra, cuyas responsabilidades contribuyen a atribuir solamente a la contraparte.

La izquierda y la derecha en la política global

Juan Huaylupo

Catedrático. Docente e investigador. Jubilado. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica

Los gobiernos contemporáneos han adoptado un estilo particular cuando los gobernados critican, protestan y hacen manifestaciones contra la actuación estatal que atenta contra el interés social. Por ello, los etiquetan de izquierdistas, por cierto, un apelativo poco original, pero descriptivo y contradictorio, pues precisamente reafirman su cotidianidad contra las mayorías trabajadoras de la sociedad.

La calificación de izquierdistas rememora cómo se ubicaban físicamente las posiciones políticas con respecto del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente en la Francia revolucionaria de 1789, pues a su derecha estaban los nobles, el clero y los conservadores que defendían la monarquía y el veto absoluto de Luis XVI, mientras que a su izquierda se ubicaban los burgueses de ese entonces, los comerciantes, los sectores populares y los revolucionarios (jacobinos), que pretendían limitar el poder del rey y la eliminación del veto absoluto. En el siglo XIX, la división persistía, los conservadores monárquicos y la Iglesia católica eran de la derecha política, mientras que la izquierda eran los que proclamaban el establecimiento de la república, el crecimiento del liberalismo económico y la defensa de los trabajadores y su organicidad.

Las derechas desde su denominación original hasta el presente se han identificado con las ideas más retrógradas y las prácticas contra los excluidos. Así, en el siglo XX la derecha conservando su trayectoria regresiva, ha estado asociada con el crecimiento de la clase explotadora propietaria del capital, con los efectos de la Segunda Guerra Mundial promovió la violencia política (Guerra Fría) contra la diversidad política y organicidad de los trabajadores e impulsó la industria de la guerra.

La izquierda en el XX apoyaba la consolidación de la clase obrera y la formación de sindicatos y de partidos progresistas que gestaron el derecho laboral, que aún supervive, como la jornada de ocho horas de trabajo, ocho de descanso y ocho de vida personal. Asimismo, lograron establecer sistemas de jubilación, seguros de desempleo, invalidez y de accidentes laborales, igualdad entre las personas, así como la formalización del derecho a huelga, de sindicalización y de negociación laboral, como también el derecho a vacaciones pagadas, los aguinaldos, salud y sufragio universal, así como en las movilizaciones y protestas conquistaron reivindicaciones –como la vivienda popular, educación pública gratuita y universal– que contribuyeron al mejoramiento de la calidad de vida de las familias pobres y necesitadas.

Asimismo, fueron los izquierdistas quienes con sus luchas conquistaron el derecho al voto, la igualdad social y laboral que revolucionaron las relaciones laborales y la institucionalidad global, que aún los trabajadores e izquierdistas defienden con denuedo.

En este siglo XXI, la derecha violenta la independencia de los poderes del Estado para centralizar, concentrar e intentar privatizar el poder político, a la vez que pretenden desde dentro desaparecer el Estado Social e imponer el totalitarismo fascista. Un proyecto que está destruyendo la democracia electoral con fraudes, la manipulación de leyes y engaños con troles y granjas de bots, así como apoya o es indiferente ante los genocidios contra pueblos en el mundo, que concesiona o privatiza los recursos nacionales para los consorcios empresariales mundiales y empeña la soberanía nacional y su futuro a un imperio, que se cree dueño absoluto de nuestra Latinoamérica.

La defensa y la restauración democrática, así como el respeto por los derechos ciudadanos, la soberanía nacional y la conservación del medio ambiente, son tareas necesarias y urgentes de la ciudadana y de la izquierda, como también lo son el enfrentamiento ante la privatización financiera de la jubilación de los trabajadores, contra el cierre y liquidación de las instituciones públicas y la revaloración ciudadana de los principios constitucionales violentados.

El calificativo de izquierdistas y derechistas, en este breve y simple recuento histórico, es evidencia de que las derechas políticas están conformadas por los poseedores de las riquezas y poderes de un sistema económico, social y jurídico que los amparan, a la vez empobrecen a los empobrecidos que desprecian y liquidan.

En la perspectiva del poder y los privilegios que brinda la explotación del trabajo y la apropiación de recursos de los subalternos por los propietarios del capital, en alianza con el imperio, las derechas pretenden eternizar el dominio contra las sociedades, proceso que solo garantiza el enfrentamiento clasista y la polarización social. El odio clasista de la derecha nunca podrá eliminar a los subalternos, porque de ellos depende su bienestar y riqueza privada. Es absurda, estúpida y distópica la ilusión imperialista de ser el amo y esclavizar a los trabajadores del mundo, como también es la pretensión de superar las capacidades de subsistencia, resistencia y de defensa de los subalternos.

La conformación histórica del Estado costarricense fue un proceso de unidad política de izquierda y derecha, que posibilitó la eliminación del ejército, la construcción de una sociedad democrática y pionera en derechos sociales, donde el capital no antagonizaba contra la subsistencia, la vida ni la sociedad. La expansión del poder imperial en la segunda mitad del siglo pasado paralizó dicho proceso con la agresiva intromisión política norteamericana, las ambiciones de los conglomerados empresariales y los entes financieros del sistema iniciaron la degradación política, económica y social de lo construido social e históricamente por los costarricenses.

La derecha es quien liquida los resquicios del Estado de Bienestar en Costa Rica, la gorgona Medusa, es la servidora en el poder regresivo, la que amenaza a quienes la observan y critican para petrificarlos en su nueva cárcel. La derecha es torpe y ciega que abusa con su séquito e imagina representar a un salvaje jaguar contra la historia y futuro costarricense. Pretender degradar a quienes luchan por el bien común, el bienestar y el progreso para todos, es una muestra fehaciente de la caótica incapacidad y torpeza de la derecha y sus servidores.

Variaciones de medianoche sobre la reelección que se pretende presentar

Vladimir de la Cruz

El polifacético diputado del gobierno, del Partido Pueblo Soberano, José Miguel Villalobos, que ha jurado lealtad absoluta al copresidente Rodrigo Chaves Robles, ha manifestado que propondrá la reforma constitucional para que Chaves pueda reelegirse en las elecciones del 2030.

No hay que sorprenderse de esta iniciativa. El diputado puede proponer la reforma constitucional. Es su derecho y es válida la tramitación legislativa que se le puede dar. No hay que sorprenderse porque han sido claras, desde el gobierno que ejerció el actual copresidente, las manifestaciones de Chaves y el interés de la reelección que él siempre declaró.

Y fue parte de esa intención que escogió a su entonces ministra de la Presidencia, a Laura Fernández, para que fuera su candidata presidencial, con el claro propósito de que ella ejerciera transitoriamente la dirección nacional del Poder Ejecutivo.

Por manifestaciones públicas del propio copresidente Chaves, como las que dio en Nicoya, y por claras declaraciones también de Laura Fernández, el que da las órdenes y dicta el camino a seguir en Zapote es Chaves.

Como lo expresó la copresidenta en Radio Columbia, en palabras más o palabras menos: Todos tienen que obedecer y acatar lo que dice Rodrigo Chaves porque él es el ministro de la Presidencia. ¡Más claro no canta un gallo ni cacarea una gallina! La verdad es que es lamentable el comportamiento público, que no controla en sus expresiones, la copresidenta Fernández.

Pero, volvamos al asunto de la reelección. La discusión del posible proyecto de ley que presente el susodicho diputado, por exigir una reforma constitucional, tiene un proceso de trámite calificado, que por su naturaleza dura dos años en la práctica para su aprobación. O sea, que para que Chaves tenga la posibilidad de reelegirse en el 2030 ese proyecto debe presentarse en lo que resta de este año al trámite parlamentario.

El proyecto puede presentarse señalando que el presidente, cualquiera que sea, tendrá un derecho a reelegirse. Esta posibilidad de reelección puede ser inmediata o alternativa, no de ocho años, como es ahora, sino de cuatro años, para poderle dar la posibilidad de reelección a Chaves en el 2030, entendiendo a la vez, que se hará de esa manera, de reelección posible a los cuatro años de haber dejado la presidencia.

Ahí encaja Chaves. Pero, veamos otra arista de esta posible reforma y de la discusión que provocará. Si se va a aprobar la reelección, ¿por qué no hacerla de manera inmediata, lo que parece más sensato, correcto y armónico con el ejercicio presidencial? Si así se planteara esa reforma, debería ir sin ningún artículo transitorio que diga que la reforma de una elección consecutiva será a partir del ejercicio presidencial del 2030.

En mi modesta opinión, si se va a discutir la reelección que se haga para que la reelección sea consecutiva a partir de este gobierno de Laura Fernández Delgado. ¿Por qué tenerle miedo a esa reelección y a esa posible candidatura de Laura en el 2030, la que podría ir nuevamente acompañada de su actual copresidente Rodrigo Chaves, que es quien aparenta ser el que por detrás de la presidenta le marca el paso de su gobierno?

Es claro que, si se permitiera la reelección consecutiva, Laura Fernández tendría su público, sus fanáticos que la acompañan a todas las recepciones en los buses que llevan, y los simpatizantes que pudiera llegar a tener, por cuenta propia, de su ejercicio presidencial. Y, si no es tonta ni tontita, porque sería la mujer más lista en ese sentido, ella misma podría pensar que ella podría ser la mejor candidata, mejor que Chaves al terminar su gobierno, en el 2029-2030. ¿Si no, para qué está gobernando? Queda claro con la propuesta del diputado alajuelense que él como parte de la bancada oficial del gobierno rema solo, con Chaves y no con ella, salvo en aquellos proyectos que considere que debe apoyar del gobierno Chaves-Fernández.

También en la práctica histórica política de este diputado así ha actuado siempre…remando solo, o respondiendo a sus particulares y personalísimos intereses. Para mí será interesante observar cómo se moverá toda la bancada de diputados del gobierno, como la recua política que aparentan ser, llevando juntos la misma carga, haciendo el mismo trabajo, o manifestando diferentes posiciones en este proyecto de la reelección. Si van a proponer la reelección, deberían atreverse, de una vez, a proponer alargar el período presidencial a seis años, con una reelección consecutiva permitida, condicionando este período a una consulta popular a mediados del período presidencial, a los tres años, preguntando a los ciudadanos sobre si continúa el presidente o no sus otros tres años. También podría pensarse que cada elección, a los cuatro, cinco o seis años en sí misma es esa consulta ciudadana que hoy se hace, cada cuatro años, para ver si un mismo partido gobernante puede continuar o no. En este caso, con esta reforma, se discute si el gobernante y su partido pueden continuar. Veremos qué leche da el diputado José Miguel Villalobos. Me parece, por ahora, que puede estar pensando en la posibilidad de llegar a ser él, en las elecciones del 2030, el que mejor pueda representar los intereses de Chaves si no se aprueba la reelección, porque Laura tampoco podría ser candidata, y esa candidatura ya se las están disputando la presidenta de la Asamblea Legislativa y el jefe de la fracción del Partido Pueblo Soberano.

En esta ceremonia sagrada, para modificar la Constitución Política a favor del copresidente actual, Rodrigo Chaves, el diputado Villalobos ya hizo sonar las trompetas eclesiásticas que anuncian esa solemnidad, de convocar a la Asamblea Legislativa, para que le acompañen en esta ceremonia sagrada para reformar la Constitución Política, para que el pueblo pueda recibir en elecciones, como le llaman sus fanáticos seguidores y seguidoras El Mesías Chaves o el Moisés Chaves…

En esa mezcla parlamentaria político-religiosa, de la fracción de gobierno, este proyecto de ley anunciado ya ha despertado a toda la jerarquía más cercana a su Dios Chaves, a sus serafines, sus querubines, a los ángeles que gobiernan el universo político de ese movimiento, y a los ángeles más cercanos a los seres humanos, como son los príncipes, arcángeles y ángeles que en esta batalla harán su labor de troleros…

Brasil y una remontada histórica que vuelve a poner la política en movimiento

Nancy Piedra Guillén

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva fue una remontada extraordinaria y una señal de que el avance de las derechas no es inevitable. En la segunda vuelta del 25 de octubre, Lula obtuvo 64.256.232 votos, el 51,79 % de los válidos; Flávio Bolsonaro recibió 59.826.041, el 48,21 %. La diferencia fue de 4.430.191 votos. Tres semanas antes, en la primera vuelta, Flávio había quedado adelante por 2.227.651 votos. Entre ambas votaciones, la ventaja relativa cambió 5,45 puntos porcentuales (Tribunal Superior Electoral de Brasil [TSE], 2026a, 2026b).

El resultado no se explica por un solo factor ni permite atribuir la victoria a un grupo específico. Sí muestra cómo una campaña puede recuperar iniciativa cuando transforma el malestar y la preocupación en organización. En las semanas previas a la segunda vuelta, las personas jóvenes ganaron presencia en las calles y en las redes. La actividad digital se conectó con el trabajo cara a cara: conversar con quienes dudaban, movilizar a quienes pensaban abstenerse y animar a más personas a acudir a votar. André Janones desempeñó un papel clave en la conducción de la campaña de Lula al encabezar la estrategia de movilización digital conocida como «Ejército de Lula». Desde ese espacio se difundieron mensajes, se animó a compartir contenidos y se llamó a más personas a participar y acudir a votar. Su trabajo conectó la organización en redes —en particular por WhatsApp— con la movilización callejera y el contacto directo con el electorado (La Base, 2026a; The Guardian, 2026; The Washington Post, 2026).

La remontada se produjo en menos de un mes. Lula partió de una desventaja de casi dos puntos porcentuales y logró superar a Flávio Bolsonaro. El aumento de su votación entre la primera y la segunda vuelta fue de alrededor de 10,4 millones de votos; esa cifra corresponde al crecimiento de los votos obtenidos por Lula, no al aumento de la participación total. La rapidez y la magnitud del cambio hablan de una campaña que volvió a movilizar a sus bases y consiguió ampliar su apoyo.

La vitalidad política de Lula se expresó en su capacidad de adaptarse a una contienda reñida y comunicarse directamente con públicos que no necesariamente se identificaban con los formatos tradicionales de la política. La experiencia acumulada importó, pero también la claridad del proyecto y el énfasis en lo que haría desde el gobierno. La campaña no se limitó a pedir un voto contra el bolsonarismo: presentó propuestas y prioridades reconocibles.

Entre ellas estuvieron los derechos laborales, la reducción de la jornada sin rebaja salarial y el fin de la escala de seis días trabajados por uno de descanso. El programa presentado ante el TSE incluyó también una agenda de cuidados y corresponsabilidad. Ese énfasis vincula la discusión sobre el empleo con una pregunta que las políticas económicas suelen relegar: quién sostiene, en los hogares y en las comunidades, el cuidado cotidiano de otras personas (TSE, 2026c).

Las mujeres y las personas jóvenes ocuparon un lugar visible en la movilización. Esa presencia no basta para afirmar que un grupo, por sí solo, determinó el resultado. Sí permite reconocer que la campaña hizo más visibles asuntos que afectan directamente a trabajadoras, trabajadores y personas cuidadoras. El cuidado, el tiempo de trabajo y la protección de derechos dieron contenido social a la disputa y ayudaron a presentar un horizonte de gobierno, además de una defensa de la democracia.

Brasil y su papel económico en América Latina

La importancia de Brasil para América Latina no es solo demográfica o diplomática; también es productiva y comercial. La región constituye un mercado significativo para su industria. Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), cerca del 39 % de las exportaciones brasileñas de manufacturas tenía como destino América Latina y el Caribe. La cifra corresponde a un informe publicado en 2018, no a una proporción actualizada a 2026, pero permite dimensionar el lugar que ocupan los mercados regionales para la producción brasileña. En 2024, Brasil exportó al Mercosur US$20.200 millones (CEPAL, 2018; Ministério das Relações Exteriores, 2025).

Brasil abastece a la región con algo más que productos agrícolas y materias primas. Sus exportaciones incluyen automóviles y autopartes, maquinaria, productos químicos y otros bienes intermedios que participan en cadenas productivas regionales. El comercio automotor muestra con claridad esa relación: Brasil y Argentina intercambian vehículos terminados y componentes. En 2024, Brasil exportó a Argentina autopartes por aproximadamente US$1.319 millones. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destaca que la canasta brasileña de exportación está más diversificada que la de otros países sudamericanos e incluye manufacturas con distintos niveles de contenido tecnológico (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos et al., 2021; Banco Mundial, 2024).

Pedro Silva Barros advierte que el comercio brasileño con sus países vecinos cayó un 13 % durante el actual gobierno y que, en términos reales, acumula una reducción del 34 % desde el máximo de 2011. Son cifras atribuidas a su intervención y conviene verificar la serie estadística original antes de presentarlas como datos consolidados. Su planteamiento permite señalar una contradicción: Brasil tiene escala económica para impulsar vínculos regionales, pero la fragmentación política, la falta de financiamiento compartido y la debilidad de las instituciones de integración limitan esa posibilidad (Silva Barros, 2026).

Esta preocupación atraviesa el análisis geopolítico presentado en el XXXV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS). Una América Latina con menos comercio intrarregional, menor coordinación política y negociaciones principalmente bilaterales queda en una posición más vulnerable frente a Estados Unidos, China y otras potencias. Negociar por separado puede ofrecer ventajas inmediatas a cada gobierno, pero reduce la capacidad de los países para fijar condiciones comunes en asuntos como infraestructura, financiamiento, energía, tecnología y explotación de recursos naturales. La integración regional, por tanto, no es solo un gesto diplomático: puede fortalecer la capacidad colectiva para decidir qué se produce, cómo se financia y en beneficio de quién (Silva Barros, 2026).

La defensa de la soberanía adquiere aquí un sentido concreto. Significa que los países latinoamericanos puedan definir sus políticas exteriores, sus alianzas y sus estrategias de desarrollo sin coerciones ni subordinación a Estados Unidos. También implica proteger la capacidad de decidir sobre recursos estratégicos —agua, biodiversidad, alimentos, energía y minerales críticos— y evitar que la competencia entre potencias convierta los territorios de la región en espacios de disputa ajena. La soberanía no exige romper vínculos con Washington ni reemplazar una dependencia por otra; requiere diversificar relaciones y negociar desde prioridades propias, con acuerdos transparentes y capacidad regional, haciendo respetar la soberanía de cada país.

La Constitución brasileña incluye entre sus principios la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de controversias y la integración latinoamericana. También plantea que la seguridad brasileña y sudamericana está ligada a mantener la región como zona de paz, proteger la Amazonía y reducir dependencias estratégicas, incluso en suministros militares. La discusión sobre los BRICS añade otra dimensión: la soberanía tecnológica e industrial, la cooperación científica y la transferencia de tecnología pueden ampliar los márgenes de acción de los países del Sur Global. Sin embargo, la cooperación con China —o con cualquier otra potencia— requiere marcos regionales para que la competencia por infraestructura y recursos no profundice la fragmentación (Silva Barros, 2026; El bloque BRICS, 2026).

La victoria de Lula abre una oportunidad para que Brasil recupere iniciativa en ese terreno y contribuya a reconstruir mecanismos de integración política, productiva y financiera. Cabe esperar que su cuarto mandato defienda con mayor firmeza la soberanía latinoamericana frente a las presiones de Estados Unidos y la lógica de subordinación hemisférica. Esa expectativa deberá valorarse por sus resultados: si Brasil impulsa acuerdos regionales duraderos, financia infraestructura compartida, fortalece el comercio intrarregional y promueve posiciones comunes en política exterior y defensa.

La disputa continúa

La reacción de Flávio Bolsonaro debe describirse con precisión. Tras conocerse el resultado, anunció que no lo reconocería y que pediría anular la elección, con críticas a la ampliación del horario de votación, que ya había sido solicitada por ambas campañas. En las horas siguientes, su equipo abandonó la idea de pedir la anulación y orientó su estrategia hacia una acción electoral contra la candidatura ganadora. La impugnación inicial es significativa como disputa política sobre la legitimidad del proceso; por sí sola, no constituye evidencia de fraude (Agência Brasil, 2026; Folha de S.Paulo, 2026).

La reelección tiene implicaciones para la región, pero no significa que América Latina haya cambiado automáticamente de rumbo. Brasil puede actuar como contrapeso a las corrientes que promueven alineamientos conservadores y una mayor subordinación a Washington. Sin embargo, la victoria no fue un plebiscito continental sobre Donald Trump ni prueba que las derechas hayan perdido su base social e institucional. Casi la mitad de quienes emitieron un voto válido eligió a Flávio Bolsonaro. La disputa política continúa dentro de Brasil y en el conjunto de América Latina, pero indudablemente, el guion hoy día es otro.

La lección de estas semanas no es que exista una fórmula electoral trasladable sin más a otros países. Es que la participación puede crecer cuando las organizaciones salen al encuentro de la gente, combinan presencia territorial y comunicación digital, y explican con claridad qué derechos y condiciones de vida están en juego. En Brasil, la movilización juvenil, el trabajo cotidiano para acercar personas a las urnas y una agenda que habló de empleo, cuidados y derechos contribuyeron a devolverle energía a la campaña.

El desafío ahora es convertir esa energía electoral en organización sostenida y en mejoras concretas para la vida de las mayorías. En Costa Rica, donde hoy enfrentamos un gobierno de corte neoliberal, conservador y de derecha, esta tarea exige seguir defendiendo una mejor calidad de vida y colocar en el centro la salud, los cuidados, la educación, la recuperación de políticas sociales universalistas y una respuesta firme frente a la pobreza. No se trata de administrar la desigualdad, sino de disputar las decisiones que determinan quién accede a derechos, quién sostiene la vida y quién paga los costos de las crisis.

Brasil y México tendrán una responsabilidad particular en la reconstrucción de opciones regionales de cooperación, pero esa agenda solo será legítima si mejora las oportunidades laborales y las condiciones de trabajo de las personas jóvenes y de las mujeres. La integración latinoamericana debe traducirse en empleos dignos, protección social, servicios públicos de calidad y soberanía para decidir nuestro propio rumbo. Como ha señalado la CEPAL, el desarrollo no puede reducirse al crecimiento económico: debe orientarse a cerrar brechas y garantizar derechos (Gambina, 2025., CEPAL, 2022).

La victoria de Lula abre una posibilidad, pero no sustituye la organización ni la lucha social. En Brasil, en Costa Rica y en toda América Latina, defender la democracia significa defender también la salud, la educación, los cuidados, el trabajo digno y las políticas sociales que protegen a las mayorías. Frente al avance neoliberal y de derecha, no basta con resistir: debemos organizarnos, recuperar la política como herramienta de transformación y construir gobiernos capaces de poner la vida, la igualdad y la dignidad en el centro. Ese es el desafío y, también, la tarea urgente de nuestro tiempo.

Referencias

Agência Brasil. (2026, 25 de octubre). Flávio no reconoce la victoria de Lula e intentará anular los comicios. https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2026-10/flavio-nao-reconhece-vitoria-de-lula-e-tentara-anulacao-do-pleito

Associated Press. (2026, 25 de octubre). Lula is declared winner of Brazil’s election as Bolsonaro rejects results [Lula es declarado ganador de las elecciones de Brasil mientras Bolsonaro rechaza los resultados]. https://apnews.com/article/e2c9fe8fc4aa3e3675b9a8ec15405d93

Banco Mundial. (2024). Exportaciones de Brasil por país de vehículos automotores, partes y accesorios de las partidas 8701 a 8705. World Integrated Trade Solution. https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/BRA/year/2024/tradeflow/Exports/partner/ALL/product/8708

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2018, 18 de diciembre). Quase 40% das exportações manufaturadas do Brasil vão para América Latina e Caribe, diz CEPAL [Casi el 40 % de las exportaciones manufactureras de Brasil se dirige a América Latina y el Caribe, señala la CEPAL]. Naciones Unidas Brasil. https://brasil.un.org/pt-br/81918-quase-40-das-exporta%C3%A7%C3%B5es-manufaturadas-do-brasil-v%C3%A3o-para-am%C3%A9rica-latina-e-caribe-diz-cepal

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2022). Hacia la transformación del modelo de desarrollo en América Latina y el Caribe: producción, inclusión y sostenibilidad. Naciones Unidas.

CLACSO. 2025, 30 de julio. BRICS – Desafíos del Sur Global pensados desde América Latina y el Caribe.

CLACSO, 2026, 11 de septiembre. Clase magistral. El bloque BRICS: Desafíos y oportunidades en un mundo multipolar.

Folha de S.Paulo. (2026, 26 de octubre). Flávio desiste de pedir anulação da eleição e entrará com ação por abuso de poder contra Lula [Flávio desiste de solicitar la anulación de la elección y presentará una acción por abuso de poder contra Lula]. https://la Base www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2026/10/flavio-deve-desistir-de-pedir-anulacao-da-eleicao-e-entrar-com-acao-por-abuso-de-poder-contra-lula.shtml

Julio Gambina. 2025, 2 de diciembre. Reflexiones sobre la Lucha Popular y los Retos Políticos en América Latina. Transcripción de conferencia dada al Programa de Posgrado Centroamericano en Sociología

La Base. (2026a, 26 de octubre). La crisis de Milei tras el triunfo de Lula [Transcripción del programa La Base América Latina proporcionada por la autora].

La Base América Latina (2026, 26 de octubre). Lula logra el milagro. ¿Cómo remontó 10 millones de votos en tres semanas?

La Base. (2026b, 26 de octubre). Lula y Milei en discursos políticos [Transcripción del programa La Base proporcionada por la autora].

Le Monde. (2026, 27 de octubre). In Brazil, “the spontaneous mobilization of Gen Z surprised even the leaders of Lula’s Workers’ Party” [En Brasil, «la movilización espontánea de la generación Z sorprendió incluso a los dirigentes del Partido de los Trabajadores de Lula»]. https://www.lemonde.fr/en/international/article/2026/10/27/in-brazil-the-spontaneous-mobilization-of-gen-z-surprised-even-the-leaders-of-lula-s-workers-party_6765046_4.html

Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. (2025, 28 de mayo). Dados de comércio do Mercosul [Datos comerciales del Mercosur]. Gobierno Federal de Brasil. https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/mecanismos-internacionais/mecanismos-de-integracao-regional/mercosul-1/dados-de-comercio-do-mercosul

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Banco de Desarrollo de América Latina y Comisión Europea. (2021). Perspectivas económicas de América Latina 2021: Avanzando juntos hacia una mejor recuperación. Publicaciones de la OCDE. https://doi.org/10.1787/2958a75d-es

Silva Barros, P. (2026, 28 de julio). Geopolítica: Desafíos y oportunidades para la integración regional en América Latina: Reflexiones desde Brasil y Colombia [Transcripción de intervención en el XXXV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología proporcionada por la autora].

La victoria de Lula y la elección brasileña. (2026, 26 de octubre). [Transcripción del análisis de Jalife proporcionada por la autora].

The Guardian. (2026, 26 de octubre). How the streets and social media drove Lula to a historic comeback in Brazil [Cómo las calles y las redes sociales impulsaron la histórica remontada de Lula en Brasil]. https://www.theguardian.com/world/2026/oct/26/lula-victory-brazil-bolsonaro-analysis

The Washington Post. (2026, 26 de octubre). 21 days: Inside Lula’s race to resurrect his campaign—and go viral [21 días: la carrera de Lula para resucitar su campaña y volverse viral]. https://www.washingtonpost.com/world/2026/10/26/inside-lulas-21-day-race-to-resurrect-his-campaign-go-viral/

Tribunal Superior Electoral de Brasil. (2026a, 5 de octubre). Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) vão disputar o 2º turno para a Presidência da República [Flávio Bolsonaro (PL) y Lula (PT) disputarán la segunda vuelta para la Presidencia de la República]. https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2026/Outubro/flavio-bolsonaro-e-lula-vao-disputar-o-2o-turno-para-a-presidencia-da-republica

Tribunal Superior Electoral de Brasil. (2026b, 26 de octubre). Presidente do TSE anuncia reeleição de Lula e faz balanço do 2º turno das Eleições 2026 [El presidente del TSE anuncia la reelección de Lula y presenta un balance de la segunda vuelta de las elecciones de 2026]. https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2026/Outubro/presidente-do-tse-anuncia-reeleicao-de-lula-e-faz–do-2o-turno-das-eleicoes-2026

Tribunal Superior Electoral de Brasil. (2026c). Lula: propuesta de gobierno. https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2026-content/propostas-de-governo-dos-candidatos-ao-cargo-de-presidente-da-republica-eleicoes-2026/lula-propostas-de-governo

Más allá de quién forme gobierno en Israel: un sistema que vota mucho y decide poco sobre Palestina

Las elecciones israelíes dejaron un Parlamento bloqueado, una participación récord y a los partidos palestinos con ciudadanía como árbitros que nadie quiere admitir como socios. La pregunta de fondo no es si Netanyahu sigue o cae, sino si alguno de los que aspiran a sucederlo está dispuesto a desmontar el régimen de ocupación y desigualdad que todos administran.

Juan Carlos Cruz Barrientos para SURCOS

Las elecciones del 27 de octubre debilitaron a Benjamin Netanyahu, pero no pusieron en discusión lo esencial. Su coalición actual no logra reproducirse sin cambios, y aun así ninguna de las alternativas que compitieron en las urnas propuso cuestionar de fondo la ocupación ni reconocer la autodeterminación del pueblo palestino. El debate público israelí, y el internacional que lo replica, se concentra en una sola pregunta: ¿seguirá Netanyahu en el poder? Para los palestinos hay otra, mucho más incómoda: ¿qué cambiaría realmente si dejara de gobernar?

Daniel Lobato, en un artículo publicado en Diario Red antes de la votación, preguntaba quién quería manejar el «timón israelí». Más allá de sus conclusiones, la metáfora sirve: una cosa es cambiar al conductor y otra, muy distinta, cambiar el rumbo. Los resultados, y la manera en que fueron contados y comentados, confirman que lo que estuvo en disputa fue lo primero.

Un empate que no sacude al sistema

Con el escrutinio aún abierto, el recuento más reciente de medios israelíes ubica al bloque de Netanyahu entre 53 y 54 escaños y al de Eisenkot entre 48 y 49, con las listas árabes entre 17 y 19. Nadie llega a los 61. El Likud sigue siendo la primera fuerza, aunque cae respecto de los 32 escaños de 2022, y Netanyahu conserva la ventaja de su posición: sigue gobernando en funciones mientras se negocia. Como señaló el programa La Base (Canal Red), le basta con que nadie lo derrote. El bloqueo, que ya le sirvió entre 2019 y 2022, es su mejor aliado.

A ello se suma un dato que mantiene abierto el cuadro: faltan los llamados «dobles sobres», los votos de soldados en servicio, diplomáticos y personas hospitalizadas o desplazadas. Según La Base, son entre 600.000 y 650.000 sufragios, equivalentes a unos 15 escaños, que históricamente favorecen a los partidos sionistas. La foto de hoy puede moverse, y el resultado oficial no llegará hasta el viernes.

El otro dato central es la participación. Según la Comisión Central de Elecciones, citada por La Base, alcanzó el 77,7 %, la más alta desde 1999. Entre los ciudadanos palestinos de Israel habría rondado el 80 %, casi treinta puntos más que en 2022. No es un fenómeno espontáneo. Durante la jornada, Netanyahu acusó a los ciudadanos árabes de «robar las elecciones» por ir a votar, un discurso que movilizó a su base, pero todavía más a quienes señalaba. Es una movilización defensiva, frente a un sistema que los trata como una amenaza demográfica cuando votan.

La llave que el sistema fue diseñado para no usar

Con una oposición sionista que no llega a 61, los diputados palestinos de Israel quedan como la llave de cualquier alternativa. Lo revelador es que casi nadie en el sistema político quiere girarla. Netanyahu ya advirtió que un gobierno que dependa de partidos árabes sería inadmisible, y tampoco Eisenkot ni sus socios han dado señales de aceptarlos como parte de una coalición.

No es una improvisación de campaña, sino la consecuencia de un diseño institucional. Hasta 2014 el umbral para entrar a la Knéset era del 2 %. Una ley impulsada por Avigdor Liberman lo elevó al 3,25 %, con el propósito explícito de dejar fuera a los pequeños partidos árabes. La medida salió a medias, porque esos partidos se unieron en la Lista Conjunta y en 2015 fueron la tercera fuerza. En 2018 llegó la Ley del Estado-nación, que reserva el derecho a la autodeterminación al pueblo judío, rebaja el árabe de idioma oficial a lengua con «estatus especial» y declara el asentamiento judío un valor nacional. En setenta y ocho años, un partido árabe formó parte de un gobierno una sola vez: Ra’am, con la coalición de Bennett y Lapid en 2021, que duró apenas un año. Itzhak Rabin aprobó Oslo con apoyo árabe desde fuera, pero nunca dentro del gobierno.

La aritmética de la investidura lo vuelve explícito. Según el análisis de La Base, ni Netanyahu con 56 diputados ni Eisenkot con 48 pueden asegurarse el voto de confianza, porque la investidura exige más votos a favor que en contra, y los bloques sionistas rivales se cancelan entre sí. Eisenkot necesitaría no solo la abstención, sino el voto favorable de la Lista Conjunta, lo cual choca con sus promesas de no depender de ella. Cuando los políticos israelíes hablan de una «mayoría sionista», no están describiendo un deseo. Están describiendo cómo funciona el sistema.

La pregunta se impone: ¿qué clase de democracia es aquella en que una quinta parte de la ciudadanía puede votar, puede incluso decidir la mayoría, y a la vez su participación en el gobierno se considera ilegítima de antemano? Como se señaló en el debate del programa, pedirle el voto a un palestino es un «escándalo nacional» en Israel, mientras que bombardear Gaza se ha convertido en un consenso. Esa asimetría es el verdadero termómetro de la democracia israelí.

El «moderado» y el espejismo de la alternancia

Buena parte de la prensa occidental presentó estas elecciones como un ejercicio de normalidad democrática y a Gadi Eisenkot como la esperanza de devolver a Israel a la cordura. El perfil insiste en su discreción, su honestidad y la tragedia personal de haber perdido un hijo en la guerra. Lo que suele quedar al final, como dato circunstancial, es que él también rechaza un Estado palestino y respalda las campañas militares en Gaza, el Líbano e Irán.

La Base repasó el historial del exjefe del Estado Mayor. En 2008, al frente del mando norte, formuló la llamada doctrina Dahiya, que justifica la destrucción deliberada de barrios civiles como método de disuasión, aplicada primero en un distrito de Beirut. Entre octubre de 2023 y junio de 2024 formó parte del gabinete de guerra de Netanyahu, es decir, durante los primeros ocho meses de la ofensiva sobre Gaza. Su crítica a Netanyahu es de gestión: los rehenes, la comisión de investigación sobre el 7 de octubre, el servicio militar de los ultraortodoxos. No cuestiona la lógica de la ocupación.

No es una excepción dentro de su bloque. Naftali Bennett presidió el Consejo Yesha, la organización de los colonos, y sigue rechazando un Estado palestino. Liberman rompió con Netanyahu para exigir más mano dura en Gaza, no menos. El periodista Mehdi Hasan, en una columna citada por el programa, recordó además declaraciones de otros supuestos moderados: Benny Gantz, que presumió de haber devuelto partes de Gaza a «la edad de piedra», y Yair Golán, el «izquierdista» de la prensa occidental, que habría justificado impedir la entrada de ayuda humanitaria. Solo los Demócratas, con ocho escaños, defienden dos Estados y la derogación de la Ley del Estado-nación, y son la cuarta fuerza dentro del propio bloque opositor.

La advertencia de Hasan es la más inquietante: el peligro de Eisenkot es que sea un villano que proyecta moderación y por ello neutralice buena parte de las críticas liberales a Israel, mientras el ejército y los colonos continúan las mismas políticas de expansión y destrucción. En ese sentido, la alternancia puede cumplir una función de legitimación. Un genocida con rostro amable, o dicho con menos retórica, el mismo proyecto con mejor prensa, es funcional a un orden que necesita seguir pareciendo democrático ante el mundo. Es lo que el pensamiento gramsciano llamaría el trabajo de consenso de un bloque dominante que se renueva sin cambiar su naturaleza.

Esto no significa que las diferencias sean irrelevantes. Importan para el Poder Judicial, para el peso de los ultraortodoxos y de la extrema derecha, para la política militar y para las condiciones concretas de vida de los palestinos. Pero son diferencias dentro de un mismo marco. La oposición a un Estado palestino independiente y soberano ya no es patrimonio de Netanyahu, Smotrich o Ben-Gvir: está extendida en casi todo el espectro político judío israelí. Durante la campaña, fueron las fuerzas palestinas las que defendieron de manera explícita el fin de la ocupación y la autodeterminación.

Gaza: alivio inmediato, continuidad política

La salida de Netanyahu podría facilitar decisiones enormes para la población gazatí: más ayuda humanitaria, reconstrucción, apertura de pasos, reducción de las operaciones militares, retirada parcial de tropas o nuevos mecanismos de administración. Nada de eso debe minimizarse. Para una población devastada por la guerra, el desplazamiento y el hambre, una reducción efectiva de la violencia significa vidas salvadas. Debe decirse también, sin embargo, que la violencia no se ha detenido bajo el actual alto el fuego: La Base informó de un ataque en Jan Yunis, con varios muertos, horas antes de la votación, y de ataques de artillería continuos en el sur del Líbano, donde el número de víctimas en 2026 superaría las 4.400 personas, según la corresponsal Irene Zugasti. Son afirmaciones del programa que conviene contrastar, pero describen el escenario en que se vota.

Hay que distinguir entre cambio humanitario y cambio político. Puede mejorar sustancialmente la vida inmediata en Gaza sin que Israel reconozca el derecho palestino a decidir su futuro. Puede bajar la intensidad militar sin que termine la ocupación, y puede comenzar la reconstrucción sin reconocerse la soberanía. Un gobierno israelí menos extremo puede hacer una diferencia real en la vida cotidiana y dejar intacta la estructura que produce la subordinación. Tampoco debe olvidarse que las elecciones se celebraron un día después de que una comisión de la ONU concluyera, según recordó La Base, que Israel sigue cometiendo genocidio en Gaza. Ninguna de las fuerzas con opción real de gobernar convirtió ese hecho en eje de la campaña.

Cisjordania: el termómetro verdadero

Si hay un lugar donde medir un cambio de rumbo es Cisjordania. La expansión de los asentamientos, la confiscación de tierras, la violencia de los colonos, la fragmentación territorial y los avances hacia distintas formas de anexión son tan profundos que ya no pueden leerse como excesos de unos pocos ministros. Según el programa, la base de Sionismo Religioso son los colonos mesiánicos de Cisjordania, y su plataforma incluye anexar los asentamientos. Smotrich ha reivindicado, incluso tras las elecciones, la «revolución» de los asentamientos.

Una eventual salida de Smotrich y Ben-Gvir del gobierno sería significativa. Podría reducir la velocidad de ciertos proyectos de anexión, limitar el respaldo institucional a los colonos más radicales y aliviar algunos mecanismos de presión sobre la población palestina. Pero la prueba será otra: ¿se detendrá la colonización?, ¿se devolverán las tierras confiscadas?, ¿se reconocerá la continuidad territorial palestina?, ¿se aceptará, por fin, un Estado soberano? Si las respuestas siguen siendo negativas, habrá cambiado el gobierno, pero no el rumbo.

Jerusalén Este: democracia para unos, decisiones para otros

Jerusalén Este muestra la contradicción con crudeza. Cientos de miles de palestinos residentes allí no participaron en estas elecciones, aunque las decisiones del próximo gobierno afectarán sus viviendas, sus permisos de residencia, la planificación urbana, las demoliciones y su futuro político. Israel elige, mediante elecciones, un gobierno que ejerce un poder enorme sobre una población que no participa, en igualdad de condiciones, en esa elección.

Se puede discutir sobre la independencia judicial, la corrupción de Netanyahu, el servicio militar de los ultraortodoxos o el carácter secular del Estado. Son conflictos reales, y fueron los que ocuparon la campaña. Pero hay un problema democrático anterior que quedó fuera de la discusión: millones de personas viven bajo decisiones fundamentales del Estado israelí sin disponer de los mismos derechos políticos que quienes toman esas decisiones. La lectura colonial que propone Lobato adquiere aquí todo su sentido. Las elecciones pueden expresar conflictos profundos dentro de la sociedad dominante sin que se someta a votación la relación de dominación.

Lo que dicen quienes viven bajo ese régimen

Desde el sur del Líbano, Irene Zugasti recogió el pulso de las organizaciones palestinas, entre ellas el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Su lectura es que el resultado despierta poco interés: votar entre «un genocida en general y un general genocida» no cambia sustancialmente el panorama. Valoran la movilización masiva del electorado palestino dentro de Israel, un electorado deshumanizado y señalado, que hoy debe oír en la televisión pública que se discute su eliminación política, pero consideran que ello no modifica la estructura de opresión. Para ellos, el fin de la ocupación no vendrá de una fractura interna del régimen, sino de la pérdida de legitimidad internacional, la solidaridad y el trabajo de la resistencia.

Es una advertencia que debería escucharse con atención, en especial en el momento en que la política europea celebra una eventual caída de Netanyahu. En campos de refugiados donde unas 100.000 personas viven en dos kilómetros cuadrados, con un solo hospital y sin derecho a poseer propiedad, la discusión sobre quién será primer ministro se vuelve secundaria frente a una pregunta mucho más antigua: cuándo, cómo y quién articulará el derecho al retorno.

Tres escenarios, un mismo dilema

Un nuevo gobierno de Netanyahu, otra vez aliado con la extrema derecha, significaría probablemente la continuidad, e incluso la profundización, de la colonización de Cisjordania, de la anexión de facto y de la presión sobre Gaza.

Un gobierno opositor sostenido directa o indirectamente por los partidos palestinos podría traer cambios concretos: reducir el poder de Smotrich y Ben-Gvir, frenar ciertos proyectos de anexión y adoptar otra política hacia Gaza. Serían cambios importantes, pero distan de ser el reconocimiento de un Estado soberano. Y habría que ver cuánto está dispuesta a ceder una Lista Conjunta que, según La Base, condiciona su apoyo al fin del genocidio en Gaza, o un Ra’am que ya aceptó reconocer a Israel como Estado judío y democrático.

Si ninguno de los bloques acepta depender de los representantes palestinos, Israel entraría en un nuevo período de bloqueo y, eventualmente, de elecciones repetidas, como ya ocurrió entre 2019 y 2022. Sería la señal más clara de que, para amplios sectores del sistema político, es preferible la parálisis a compartir el poder con los palestinos.

Cambiar el conductor o cambiar el rumbo

Sería erróneo afirmar que Netanyahu, Eisenkot, Bennett, Smotrich y Ben-Gvir representan exactamente lo mismo. Sus diferencias pueden traducirse en menos violencia, más ayuda humanitaria o menor expansión de ciertos asentamientos, y para quien vive bajo las bombas, pierde su tierra o teme la demolición de su casa, esas diferencias no son insignificantes. Pero tampoco debe confundirse el alivio con la justicia.

La cuestión de fondo permanece intacta: ocupación, colonización, desigualdad de derechos y negación de la autodeterminación palestina. Estas elecciones decidirán quién maneja el timón israelí en los próximos años; lo que no se votó, y que ninguna de las alternativas con posibilidades reales de gobierno parece dispuesta a someter a votación, es el rumbo. Hasta que esa pregunta tenga respuesta, cualquier cambio de gobierno israelí debe juzgarse menos por el nombre de quien ocupe la oficina del primer ministro que por hechos concretos: el fin de la ofensiva contra Gaza, la reconstrucción y el retorno de su población, la paralización y reversión de los asentamientos, el fin de la ocupación, la igualdad de derechos y el reconocimiento efectivo del derecho del pueblo palestino a decidir su propio futuro.

Claros y oscuros de la economía costarricense

Valeria Jiménez

Costa Rica es un país pequeño reconocido internacionalmente por la solidez de sus instituciones democráticas, su tradición pacifista —la cual se remonta a la abolición del ejército en 1948—, sus políticas de conservación ambiental y por albergar cerca del 6,5% de la biodiversidad mundial (PNUD, 2019). Históricamente, ha destacado en la región centroamericana por un desempeño socioeconómico favorable en indicadores clave —tales como el PIB, la mortalidad infantil, la esperanza de vida, los niveles de alfabetización y de pobreza extrema—, así como en el acceso a seguridad social universal, a educación pública gratuita y a servicios básicos como electricidad, agua potable y saneamiento, reflejado en un Índice de Desarrollo Humano consistentemente alto. Desde 2025, fue catalogado por el Banco Mundial como una economía de ingresos altos (Metreu et al, 2025), además de haber alcanzado una de las tasas de crecimiento del PIB más altas entre los miembros de la OCDE desde 2023 (OCDE, 2026).

Sin embargo, detrás de esta prometedora imagen y este desempeño económico, se esconden enormes grietas en la sociedad y la economía costarricense que hoy amenazan con todo aquello que la ha distinguido. Estas grietas se han gestado durante décadas de crecimiento desigual, alimentado por un modelo de crecimiento impuesto por el Norte global con el nombre de diversificación de las exportaciones. Este estilo de desarrollo, basado en el ajuste estructural, se sustenta en una racionalidad opuesta tanto al Estado de bienestar como al del modelo económico basado en la sustitución de importaciones, el cual se sostuvo en el país por décadas y que, a pesar de su evidente desgaste, heredó instituciones que fueron y han sido clave para el desarrollo del país. Por el contrario, los ajustes estructurales, basados principalmente en apertura comercial, apertura de cuenta de capitales, atracción de inversión extranjera directa (IED) y privatización, buscan estabilidad macroeconómica siguiendo una lógica llena de contradicciones. Dichos ajustes, en su intento de cumplir objetivos muchas veces incompatibles, han culminado en la creación de una economía dual, o lo que podríamos llamar, las dos Costa Ricas.

La primera Costa Rica es la gran, mas no invulnerable, ganadora del ajuste estructural. Altamente dependiente de la IED, ha logrado transformar la estructura productiva del país, aumentando el porcentaje de exportación de productos de mediana y alta tecnología, de servicios empresariales y de tecnologías de la información (PROCOMER, 2025a). A través de esta diversificación, los productos tradicionales, que alcanzaban cerca del 60% de las exportaciones a finales de los años ochenta, ahora representan el 8%, mientras que los no tradicionales pasan de cerca del 40% al 91,2% (PROCOMER, 2025b). A través de estos sectores de alta productividad y altos ingresos, se logra una integración virtuosa a las cadenas globales de valor, demostrando el rol fundamental de la IED como motor de crecimiento económico (Govaere, 2019). Dicha inversión se ha impulsado a través del régimen especial de incentivos fiscales, y el alto grado técnico de un porcentaje importante de la fuerza laboral urbana del país.

Es difícil ignorar, sin embargo, que el régimen especial crece a tasas hasta tres veces mayores al régimen definitivo y tiene conexiones débiles con el resto de la economía (PEN, 2025). Además, resulta evidente la dualidad en el dinamismo de los regímenes de producción, pues al eliminar esta de zonas francas, los principales productos de exportación continúan siendo la piña, el café y el banano (Govaere, 2019).

No debería causar sorpresa que, si el sector más dinámico y de mayor crecimiento se encuentra exento de impuestos, en un país que demuestra su alto compromiso con la apertura comercial mediante sus crecientes acuerdos comerciales —lo cual se traduce en una caída significativa de los ingresos tributarios aduaneros— exista y persista un problema de endeudamiento público. Ante este comportamiento, el desequilibrio fiscal no es una anomalía, sino una consecuencia previsible de objetivos incompatibles. Al estar el modelo de desarrollo acompañado de una caída significativa de los ingresos tributarios —los cuales pasaron de un promedio del 20,8% de los ingresos del Estado entre 2000 y 2007, al 8% entre 2010 y 20181— se hace muy difícil mantener la estabilidad fiscal. En efecto, se dio un rápido incremento del endeudamiento público, que pasó de un 26% del PIB en 2008, a un 69.7% en 2020 (Jiménez, 2021).

Dicha insostenibilidad fiscal resultó en la reforma fiscal de 2018, que reformó ingresos tributarios y aplicó medidas de contención del gasto (PEN, 2025). Como resultado, el país retornó a un sendero más sostenible de las finanzas públicas, alcanzando recientemente un superávit primario cercano al 1% del PIB (Ministerio de Hacienda, 2025). Sin embargo, dicha estabilidad fiscal tiene un costo muy alto, ya que se logra a costa de un desfinanciamiento público de programas sociales en áreas socioeconómicas y ambientales (Jiménez, 2025).

Lo anterior deja en desamparo principalmente a la segunda Costa Rica; aquella para la cual no hubo ni hay un plan económico y, debido a las crecientes disparidades y a su desfinanciamiento, se ve reflejada en estadísticas alarmantes; desigualdad (Gini cercano al 0,5), desempleo (en promedio 11,1% entre 2014-2024), informalidad (38%), y pobreza estancada (cercana al 20% de la población)2. Es una Costa Rica carente de oportunidades y prospectos económicos, reflejados en bajos niveles de escolaridad en la población rural, limitada integración a cadenas de valor, dependencia de monocultivos, y sobre todo, en el incremento inédito de la violencia, que alcanza los 17 homicidios por 100.000 habitantes (PEN, 2025), vinculado principalmente al crimen organizado y narcotráfico.

Así, el lado oscuro del ajuste estructural se ha visto reflejado en el lento pero seguro desgaste del tejido social, visible para quien lo ha querido ver, y que, políticamente, se manifiesta de manera contundente en los resultados de los dos últimos procesos electorales, marcando el inicio de un periodo político disruptivo sin precedentes en el país. La gestación del movimiento político liderado por Rodrigo Chaves (2022-2026), clásico outsider populista, está concatenado al creciente desencanto del electorado. Es innegable que dicho desencanto estuvo ligado a la imposición del ajuste estructural, la cual, junto al aseguramiento de una clase de privilegios separada de la realidad económica del país, generó una pérdida de adhesión ciudadana, una creciente apatía y una pérdida de credibilidad en la clase política.

Así, se abrió camino al chavismo, caracterizado por sus constantes ataques contra distintas instituciones, medios de comunicación y la división de poderes, amenazando directamente las bases de la estabilidad democrática. Este modelo de liderazgo político busca el conflicto permanente, desviando la atención de preocupantes vínculos con el narcotráfico y de otras problemáticas, como el récord de homicidios de los últimos años. Este estilo confrontativo no se agotó con el fin del gobierno de Chaves en mayo de 2026: su sucesora y aliada política, Laura Fernández Delgado, le entregó dos carteras clave —Presidencia y Hacienda—, asegurando así la continuidad de su influencia y del mismo patrón de tensión con los contrapesos institucionales.

La ausencia de una visión país de largo plazo y el desconocimiento de cómo abordar los crecientes retos en el país evidencian, además, la mediocridad de la clase política (Granados, 2026). Dichos retos incluyen la reciente desaceleración de zonas francas, ligado a la agresiva política comercial de EEUU, y a la persistente apreciación del colón, que responde al voluminoso flujo de dólares ingresados por el propio régimen especial, sin ser ajena a los flujos asociados al narcotráfico. Esto genera una apreciación con rasgos característicos de la enfermedad holandesa, erosionando la competitividad de los sectores exportadores tradicionales y del turismo.

A lo anterior, se suman retos en el ámbito ambiental evidenciados en la creciente dependencia de combustibles fósiles y el debilitamiento de las capacidades institucionales para la conservación a través de fuertes recortes y desregulaciones. La pérdida de cobertura forestal, el aumento de desastres climáticos, la vulnerabilidad hídrica, la dependencia de la hidroelectricidad y el aumento en emisiones ligado al deterioro en el transporte público y la alta dependencia de vehículos particulares reflejan una insostenibilidad creciente que amenaza el desarrollo sostenible.

Desde una perspectiva económica, vemos cómo la priorización de la estabilidad macroeconómica sin una visión estratégica ha puesto en riesgo fortalezas históricas, al tiempo que continúa erosionando las posibilidades de un modelo económico que busque aprovecharlas mientras reduce vulnerabilidades y dependencias. Un país reconocido por su sostenibilidad ambiental y por su posición como acreedor climático (Lazaro et al, 2025), no puede desaprovechar las oportunidades que trae el siglo XXI en términos de transición socio-ecológica. Su reconocimiento internacional podría otorgarle el poder estratégico y moral para negociar mejores términos en acuerdos internacionales tales como acceso a financiamiento climático internacional y tecnologías limpias a bajo costo, junto con cooperación técnica, para atraer inversiones interesadas en cadenas de suministro bajas en carbono, o en la producción de hidrógeno verde. Indudablemente esto no será posible bajo el liderazgo político actual, que insiste en debatir sobre la privatización del mercado eléctrico, la venta del Banco de Costa Rica, la minería del oro y mayor reducción en protecciones y regulaciones laborales y ambientales.

A pesar de este panorama poco alentador, en el cual escasean los debates progresistas constructivos, existen en la sociedad costarricense bloques de resistencia debilitados, mas todavía latentes. Entre ellos, el que por décadas ha mostrado resistencia ante el ajuste estructural oponiéndose, en el 2000, a la apertura del mercado eléctrico; a la firma del CAFTA en 2008, y a la reforma fiscal en 2018, así como los que se han levantado en defensa del ambiente y, recientemente, en defensa de la democracia. Recae en estos grupos, las instituciones que los respaldan, el bloque de oposición en el parlamento y en distintos medios de comunicación, lidiar con la actual amenaza a la democracia, así como en repensar el futuro del país, ante un panorama de debilitamiento de las conquistas económicas y sociales que, con sus fortalezas y debilidades, se enfrentan a un mundo en restructuración donde nuestro país continúa navegando en desventaja y bajo la misma subordinación que afecta al resto de América Latina.

1 Cálculos propios con datos del INEC.

2 Datos tomados del INEC y PEN (2025)

Referencias

Granados Chacón, M. (2026). Costa Rica y la Mediocridad de su Clase Política. Revisa Visión CR: Plataforma Informativa de la Actualidad. Disponible en: https://revistavisioncr.com/costa-rica-y-la-mediocridad-de-su-clase-politica/

Govaere Vicarioli, V. (2019). La paradoja de Costa Rica (1984-2018): Éxito exportador y heterogeneidad estructural. Revista Nacional de Administración, 10(1), 87-104. Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica.

Jiménez Fontana, P. (2021). Mejoras en la Gestión de la Deuda son Necesarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas. Programa Estado de la Nación. Disponible en: https://estadonacion.or.cr/mejoras-en-la-gestion-de-la-deuda-son-necesarias-para-la-sostenibilidad-de-las-finanzas-publicas/

Metreu, E., Young, K.E., Eapen, S.G. (2025). Understanding country income: World Bank Group income classifications for FY26 (July 1, 2025–June, 2026). World Bank Blogs. Disponible en: https://blogs.worldbank.org/en/opendata/understanding-country-income–world-bank-group-income-classifica

Ministerio de Hacienda (2015). Resultados Fiscales Al Segundo Trimestre de 2026. Disponible en: https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2026/08/InformeTrimestral_II_Trimestre2026.pdf

OECD Data Explorer (2026). Quarterly real GDP growth – OECD countries. Available at: https://data-explorer.oecd.org

Lazaro, L. L. B., Usuriaga-Najera, O. C., Neto, A. H., Grimoni, J. A. B., & Jacobi, P. R. (2025). Climate commitments and energy transition pledges in Latin America: Where is the region headed? Energy for Sustainable Development, 88, 101779. https://doi.org/10.1016/j.esd.2025.101779

PNUD (2019). Costa Rica presenta avances, desafíos y oportunidades sobre su estado de la biodiversidad. Disponible en: https://www.undp.org/es/costa-rica/comunicados-de-prensa/costa-rica-presenta-avances-desafios-y-oportunidades-sobre-su-estado-de-la-biodiversidad

PROCOMER (2025a). Costa Rica cierra el 2024 con un crecimiento de 9% en las exportaciones de bienes. https://procomer.com/costa-rica-cierra-el-2024-con-un-crecimiento-de-9-en-las-exportaciones-de-bienes/

PROCOMER (2025b). Exportaciones costarricenses: evolución, retos y oportunidades. Disponible en: https://servicios.procomer.go.cr/EstudiosInteligenciaComercial

Programa Estado de la Nación (2025). Informe Estado de la Nación 2025. Disponible en: https://estadonacion.or.cr/?informes=estado-de-la-nacion-2025