Del anuncio a la experiencia del diálogo

Escrito en 26/04/2026. Publicado en Análisis.

Glenm Gómez Álvarez
Sacerdote y periodista

A escasos días del inicio de un nuevo ciclo político, en un contexto nacional atravesado por una polarización que desborda lo estrictamente político para instalarse también en el tejido social y cultural, por la crispación del lenguaje público y una creciente desconfianza institucional, la reciente Carta Pastoral de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, titulada “La Paz esté con ustedes”, se presenta como un documento urgente, hondamente enraizado en la realidad del país, que introduce un acento particularmente significativo: la recuperación de la cultura del diálogo como horizonte operativo para la construcción de la paz.

En un tiempo en que la palabra ha sido degradada con frecuencia a instrumento de confrontación —más arma que puente—, la insistencia en el encuentro no puede leerse como un gesto retórico, sino como una toma de posición de los obispos que, en su justa comprensión, abre posibilidades no menores para la vida social.

Precisamente por ello, el texto admite —y quizá reclama— una lectura que lo desborde de su inmediatez coyuntural. Puede ser entendido como un signo de inflexión, es decir, como la insinuación de un desplazamiento en el modo en que el episcopado se sitúa frente al país: no tanto la clausura de una etapa, cuanto la apertura de una nueva forma de presencia, menos condicionada por la tendencia a eludir aquellas realidades que no encajan en sus categorías tradicionales y más disponible a la interlocución.

En esa clave, el documento no solo enuncia un contenido, sino que perfila un estilo que, para ser creíble, deberá sostenerse en un equilibrio exigente: sin la pretensión de reclamar prerrogativas —como sucede en otros sectores religiosos—, pero tampoco cediendo a la tentación de omitir pronunciamientos ante situaciones que reclaman claridad (piénsese, por ejemplo, en la diócesis de Cartago y la problemática de la violencia). Se trata, más bien, de una presencia eclesial despojada de privilegios, pero no de responsabilidad; abierta al diálogo, pero no al silencio cómplice. Es en esa tensión —si logra sostenerse con coherencia— donde podría radicar la verdadera novedad del texto.

Lo más logrado del documento es que no trivializa el diálogo. No lo presenta como simple técnica de negociación, sino como una exigencia que brota de la verdad del ser humano creado para la comunión. En esta línea, la invitación a desarmar las palabras toca una fibra particularmente sensible de nuestra realidad: la violencia simbólica que precede y alimenta otras formas de violencia más visibles. Apostar por un lenguaje que no destruya al adversario, sino que lo reconozca como interlocutor, es ya una forma concreta de construir paz.

Ahora bien, precisamente porque el planteamiento es teológicamente sólido y pastoralmente oportuno, la expectativa que suscita no es menor: que no quede reducido a formulaciones bien intencionadas. Su credibilidad dependerá, en gran medida, de su capacidad de encarnarse en prácticas verificables. El desafío deja de ser retórico para volverse ineludible: implica revisar, primeramente, estilos de gobierno eclesial, someter a discernimiento las formas de ejercicio de la autoridad y replantear, con mayor hondura, la relación con el laicado. Porque, de no hacerlo, el riesgo no es solo la incoherencia, sino la reiteración de un discurso que, por falta de concreción, termina por vaciarse de fuerza transformadora.

Si la Conferencia Episcopal invita al diálogo social, ese mismo dinamismo ha de respirarse —con igual o mayor intensidad— en la vida interna de nuestras diócesis. De lo contrario, el riesgo es evidente: proponer hacia fuera lo que no siempre se vive hacia dentro.

En este punto, el momento histórico que vive el país añade urgencia. Ante un horizonte político incierto, la Iglesia —y de manera particular sus pastores— está llamada a ofrecer no solo palabras orientadoras, sino espacios reales donde el tejido social pueda recomponerse, en la cercanía y en la capacidad de generar confianza.

La Carta Pastoral, leída en esta clave, no es tanto un punto de llegada como una puerta que se abre. Su mayor valor reside, quizás, en haber puesto sobre la mesa una intuición necesaria: sin diálogo no hay paz, y sin una Iglesia que encarne ese diálogo, difícilmente podrá proponerse de manera creíble a la sociedad.

Queda ahora lo más exigente y, al mismo tiempo, lo más fecundo: hacer de esa intuición un estilo, de ese llamado una práctica y de esa propuesta una experiencia concreta en la vida de nuestro pueblo.

“Ya tomamos el Ejecutivo y el Legislativo, ahora vamos por el Poder Judicial”

Escrito en 26/04/2026. Publicado en Análisis.

Oscar Madrigal

Por si alguien tenía dudas, el presidente Chaves lo dijo con claridad: “ya tenemos el poder ejecutivo y el legislativo nos falta el Poder Judicial”.

Lo dijo ante uno de los sectores más reaccionarios del país, el grupo de pastores evangélicos. Chaves quiere controlar todos los poderes del Estado para impulsar sus políticas autoritarias.

El autoritarismo de extrema derecha se llama en Costa Rica Rodriguismo, que es el calificativo que le han puesto sus propios seguidores.

El autoritarismo rodriguista quiere controlar y dominar los tres poderes de manera absoluta, es decir, sin minorías que estorben sus políticas.

Tampoco esconden sus propósitos políticos de crear un régimen que imponga limitaciones e incluso suspensión de las libertades públicas en los lugares que consideren necesario, limitar al máximo las garantías judiciales, restringir la libertad condicional, así como las medidas cautelares o provisionales, perseguir a los disidentes; realizar contrataciones sin licitaciones, imponer las jornadas de 12 horas y brincarse cualquier prohibición o respeto por los derechos ambientales, restringir cada vez más los derechos humanos de las mujeres y de las personas de la diversidad sexual, para citar solo algunas restricciones.

Lo que parecía un imposible hace 10 años es una realidad actualmente. Estamos en presencia real de que en Costa Rica se imponga un régimen parecido al de Bukele en El Salvador, con características nacionales, aunque esencialmente igual.

Pero como se refleja del resultado de las pasadas elecciones, la mayoría de costarricenses rechaza este proyecto. El rodriguismo solo obtuvo cerca de un tercio de los votos del padrón electoral.

Sin embargo, la iniciativa política la tiene el llamado rodriguismo.

Muchos ciudadanos tienen miedo de opinar y de actuar por temor a represalias laborales o de ataques personales. El reciente caso de la jueza de ejecución de la pena lo evidencia.

Muchos ciudadanos que ocupan puestos de dirección en el país están temerosos, paralizados, ya sea por el miedo o por cálculo, sin comprender que el autoritarismo rodriguista no se detiene ni tiene consideración por nadie. Chaves solo acepta la incondicionalidad absoluta, en el instante en que haya algún signo de criticidad, será convertido en mafioso, rata, chicharronero, estúpido y sometido al escarnio incluyendo a su familia. Este es el único sistema que acepta Chaves, el silencio, la abyección, la ignominia, la humillación, el vasallaje. Hemos tenido 4 años de ello por lo que no es invento.

Desgraciadamente muchos de sus seguidores han confundido mentira, ofensa o calumnia, malacrianza, con verdad y valentía. Piensan que eso es lo correcto, aunque no reparan en que el autoritarismo no es bienestar popular sino beneficios para unos pocos.

Ante esta guerra que está claramente anunciada para someter a todas las instituciones al capricho o órdenes de un señor, los sectores más conscientes política y socialmente tendrían que forjar un frente común contra el autoritarismo rodriguista.

Ese frente común deberá iniciar en la Asamblea Legislativa donde desde ahora se avizoran actuaciones contrarias al reglamento y las leyes. El PLN, el FA, la Unidad y el CAC, deberían firmar un compromiso claro contra el autoritarismo, un escudo contra los cantos de sirena de la unidad nacional que es el camuflaje para engañar a muchos. En los primeros meses la presión del Ejecutivo, de los diputados oficialistas y de grupos civiles, será descomunal.

Por ello solo un compromiso claro podrá asegurar la unidad, el rechazo a las tesis autoritarias y la aprobación de proyectos para el bienestar de la gente.

Ese frente debería tener como complemento, a las organizaciones sociales, los sindicatos, estudiantes, campesinos, comunales, ya que serán los que sufrirán el golpe a sus condiciones de vida. Frente al autoritarismo, la lucha y la defensa de los interese del pueblo, la Caja, los seguros, los aumentos de salario, la educación pública, las garantías para el productor agrícola, la defensa del medio y los derechos humanos de las mujeres y la diversidad sexual.

Un frente común que incluya a todos los ciudadanos que están en contra del autoritarismo rodriguista.

Parece ser esta es la tarea política más importante en este momento histórico.

No basta con resistir al chavismo, hay que pasar a la ofensiva.

Del pueblo a Dios: la peligrosa reconfiguración de la legitimidad política

Escrito en 25/04/2026. Publicado en Análisis.

Por MSc. Rodrigo Humberto Campos Hernández

En los últimos días, declaraciones de actores políticos costarricenses han encendido una señal de alerta que no debería ser ignorada. No se trata simplemente de referencias religiosas en el discurso público —algo que, en sí mismo, no es nuevo— sino de un giro más profundo: la utilización sistemática de lo religioso como fundamento de legitimidad política.

Cuando una presidenta electa se define como un “vaso vacío” para que Dios la llene, cuando un gobierno es presentado como “un milagro”, y cuando se afirma que un líder político “se dejó usar por Dios”, no estamos ante expresiones personales de fe. Estamos ante la construcción de un relato donde el poder político deja de justificarse en la deliberación democrática para anclarse en una autoridad trascendente.

Este desplazamiento no es menor. En una democracia constitucional, el poder se legitima en la voluntad popular expresada a través de procedimientos, en el respeto al derecho y en la posibilidad permanente de crítica. Como ha señalado Jürgen Habermas, en sociedades pluralistas las decisiones públicas deben poder justificarse en términos accesibles a todos los ciudadanos, independientemente de sus convicciones religiosas (Habermas, 2006). Cuando el fundamento del poder se traslada a la voluntad divina, ese criterio de justificación común se rompe.

Pero el problema no se agota ahí.

Estas declaraciones se insertan en un patrón discursivo más amplio, observable en distintos contextos internacionales, donde sectores de la derecha política han articulado una narrativa que combina religión, moralidad absoluta y proyecto de poder. Desde Estados Unidos hasta Brasil, pasando por Europa y América Latina, se repite una misma lógica: el líder no solo gobierna, sino que encarna una misión; la política no es un espacio de desacuerdo legítimo, sino una lucha entre el bien y el mal; y el adversario deja de ser un contendiente democrático para convertirse en un enemigo moral.

En este contexto, cobra especial relevancia la reiterada apelación al “pueblo”. La idea de que el “pueblo” debe recuperar los poderes del Estado —incluido el Poder Judicial— parece, en apariencia, una reivindicación democrática. Sin embargo, esta apelación encubre una operación más compleja: la redefinición de quién es el pueblo legítimo.

Como ha planteado Ernesto Laclau, el “pueblo” no es una realidad dada, sino una construcción política que articula demandas diversas bajo una identidad común (Laclau, 2005). En los últimos años, esta construcción ha sido capturada por discursos que buscan identificar al pueblo con una identidad moral y religiosa específica. En palabras de Joanildo Burity, asistimos en América Latina a intentos de redefinir el pueblo nacional como “pueblo evangélico”, en el marco de proyectos con aspiraciones hegemónicas.

El problema es evidente: cuando el pueblo deja de ser el conjunto diverso de ciudadanos y se convierte en una comunidad moral homogénea, la democracia deja de ser un espacio de pluralismo para transformarse en un proyecto de exclusión. Como advierte Chantal Mouffe, la democracia requiere reconocer el carácter legítimo del conflicto y la pluralidad de identidades; cuando ese conflicto se moraliza en términos absolutos, se erosiona la lógica democrática (Mouffe, 2018).

¿Quién queda entonces fuera de ese “pueblo”? ¿Qué lugar ocupan quienes no comparten esa identidad religiosa? La respuesta implícita en estos discursos es inquietante: quedan simbólicamente excluidos.

Este riesgo se vuelve aún más grave cuando se articula con propuestas orientadas a “recuperar” el Poder Judicial. En una democracia, el Poder Judicial no es un botín político ni un espacio a ser conquistado por mayorías circunstanciales. Es, precisamente, el contrapeso que garantiza derechos, limita el poder y protege a las minorías frente a posibles abusos.

Cuando la intención de intervenir o controlar ese poder se enmarca, además, en un discurso que invoca la voluntad divina, el problema deja de ser retórico para convertirse en institucional. Como advierte la literatura contemporánea sobre populismo y religión, la articulación entre moral religiosa, liderazgo carismático y proyecto de poder puede derivar en formas de desdemocratización o incluso en escenarios “posdemocráticos”, donde las instituciones formales subsisten, pero su contenido se vacía progresivamente.

Ahora bien, es importante decirlo con claridad: el problema no es la religión en la esfera pública. América Latina cuenta con una rica tradición de pensamiento religioso comprometido con la justicia social, la dignidad humana y la crítica al poder. La teología de la liberación y las experiencias ecuménicas son prueba de ello.

Precisamente por eso resulta llamativo —y preocupante— el relativo silencio o la baja visibilidad de estos sectores frente a la creciente instrumentalización de lo religioso por parte de proyectos políticos conservadores. La ausencia de voces religiosas que reivindiquen una ética del poder centrada en la justicia, la inclusión y el respeto al pluralismo deja el campo simbólico de lo religioso en manos de discursos que lo utilizan como herramienta de legitimación y exclusión.

Ese silencio no es neutro.

Permite que se consolide una narrativa donde la fe se convierte en criterio de pertenencia política, donde la moral se absolutiza y donde el poder se blinda frente a la crítica. En ese escenario, la democracia no se destruye de un golpe; se erosiona progresivamente, desplazando sus fundamentos desde el derecho hacia la creencia.

Costa Rica no está, por ahora, ante una ruptura institucional. Su tradición democrática, sus controles constitucionales y su inserción en el sistema interamericano de derechos humanos siguen operando como límites reales. Pero eso no debería llevarnos a la complacencia.

Las democracias no suelen caer de un día para otro. Se transforman gradualmente, muchas veces a través de cambios en el lenguaje, en los símbolos y en las formas de justificar el poder.

Cuando la política comienza a hablar en nombre de Dios, cuando el pueblo se redefine en términos religiosos y cuando los contrapesos institucionales se presentan como obstáculos a ser superados, no estamos ante anécdotas discursivas. Estamos ante señales de advertencia.

Ignorarlas sería un error.

Referencias:

Habermas, J. (2006). Entre naturalismo y religión.

Laclau, E. (2005). La razón populista.

Mouffe, C. (2018). Por un populismo de izquierda.

Burity, J. (2019). “El pueblo evangélico: construcción hegemónica…”

Costa Rica urge de medidas para enfrentar crisis energética global

Escrito en 24/04/2026. Publicado en Análisis.

Observatorio Económico y Social
Escuela de Economía, UNA

El eventual diseño de medidas debe considerar, además, el impacto del encarecimiento de los fertilizantes sobre la producción agrícola.

Tras vencerse el plazo inicialmente acordado para un cese de hostilidades en el Medio Oriente, este fue prorrogado de forma indefinida con el objetivo de avanzar hacia una solución permanente. No obstante, persisten los bloqueos marítimos y el tránsito de buques mercantes por el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz continúa lejos de normalizarse. En este contexto, la incertidumbre global se mantiene elevada y los precios del petróleo y sus derivados —incluidos los fertilizantes nitrogenados— permanecen muy por encima de los niveles previos al conflicto.

A pesar de este escenario, y de los anuncios de posibles ajustes en los precios de los combustibles previstos para mayo, en Costa Rica aún no se observa una discusión amplia ni un planteamiento claro de medidas para mitigar los efectos de esta coyuntura.

De aprobarse el aumento anunciado en el precio del diésel, este combustible acumularía entre abril y mayo un alza cercana al 32% (+169 colones). Aunque su impacto directo sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sería relativamente limitado, sus efectos indirectos serían significativos, al trasladarse a los precios de otros bienes y servicios mediante mayores costos de producción. En particular, el encarecimiento del diésel presionaría los costos del transporte de carga y del transporte público, este último ya afectado por una crisis estructural que ha derivado en el abandono de más de 100 rutas de autobús en los últimos años.

En el caso de las gasolinas, la regular acumularía a mayo un incremento de 23,6% por litro (+143 colones), mientras que la súper registraría un aumento de 12,8% (+81 colones). Por su parte, el gas licuado —de uso intensivo en hogares de menores ingresos y pequeños negocios de alimentos— habría aumentado un 5,8%, pasando de ¢6.867 a ¢7.263 por cilindro de 25 libras (+¢396), lo que introduce presiones adicionales sobre el costo de vida, especialmente en los hogares más vulnerables[1].

Otro foco de preocupación es el encarecimiento de los fertilizantes nitrogenados, cuyos precios han aumentado con rapidez desde el inicio del conflicto. Esto responde, en parte, a que entre el 30% y el 40% del comercio global de estos insumos transita por el Estrecho de Ormuz, así como al incremento cercano al 20% en el gas natural —insumo que representa hasta el 80% de los costos de producción de estos fertilizantes— (Xpert, 2026). Como resultado, los precios internacionales se han ajustado de forma inmediata: en el caso de la urea, uno de los fertilizantes más utilizados, su precio ha pasado de aproximadamente $415 a inicios de año (Forbes, 2026) a niveles cercanos a $850 por tonelada en Medio Oriente y $694 en el Golfo de México (Investing, 2026).

El encarecimiento de este insumo clave tendrá efectos importantes sobre los precios de los alimentos, replicando —e incluso potencialmente amplificando— lo observado tras la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, cuando la inflación de alimentos superó ampliamente a la inflación general y se mantuvo elevada por un periodo prolongado. En esta ocasión, el impacto podría ser mayor, dadas las debilidades estructurales del sector agrícola nacional y la creciente dependencia de importaciones alimentarias.

A estos factores se suman riesgos adicionales provenientes del entorno internacional. Un menor dinamismo de los principales socios comerciales podría traducirse en una caída de la demanda por exportaciones costarricenses; al mismo tiempo, podrían registrarse mayores precios internacionales de los alimentos, reducciones en la producción agrícola global, incrementos en los costos del transporte aéreo y marítimo, encarecimiento de los boletos aéreos e incluso riesgos de escasez de combustible para aviación —aunque este último aún no se ha materializado—. Todo ello podría venir acompañado de tasas de interés más altas y mayores costos de financiamiento externo.

En conjunto, se configura un escenario de elevada incertidumbre y múltiples canales de transmisión hacia la economía costarricense, cuyos efectos aún no se manifiestan plenamente, pero que previsiblemente se intensificarán en los próximos meses.

Ante este escenario de crecientes riesgos para la economía costarricense, el Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, hace un llamado firme y respetuoso a las fuerzas políticas del país para alcanzar, con la mayor celeridad posible, un acuerdo que permita definir e implementar medidas urgentes de preparación y mitigación. En esa línea, y con el propósito de contribuir al debate, se plantean las siguientes propuestas:

Evitar un mayor deterioro del transporte público. Resulta prioritario prevenir el abandono de rutas y la profundización de la caída en la demanda del servicio. Para ello, es urgente implementar un mecanismo de compensación ante el fuerte incremento en el precio del diésel; entre las alternativas, destaca la posibilidad de retomar la exoneración del impuesto a este combustible para el transporte público, propuesta ya considerada en 2008, cuyas limitaciones técnicas podrían hoy superarse mediante esquemas más precisos de control y focalización.
Mejorar la calidad y atractivo del transporte público. Es necesario avanzar en la construcción de terminales de autobuses, mejorar la infraestructura de paradas —con un rol activo de los gobiernos locales— y fortalecer la seguridad y accesibilidad en estos espacios, con el fin de incentivar su uso y revertir la caída en la demanda del servicio.
Acelerar la transición hacia buses eléctricos. El principal obstáculo sigue siendo el alto costo inicial de inversión; en este sentido, el país podría crear un fondo de avales —similar al implementado durante la pandemia por COVID-19— que facilite el acceso al financiamiento para las empresas autobuseras, reduciendo riesgos y acelerando la renovación de la flota hacia tecnologías más limpias y eficientes.
Ampliar el uso del teletrabajo a nivel nacional. Se propone establecer su aplicación obligatoria en el sector público y promover activamente su adopción en el sector privado, evaluando además ajustes normativos que faciliten su implementación en todas aquellas actividades donde sea técnica y operativamente viable, con el fin de reducir costos de movilidad y consumo de combustibles.
Fomentar la virtualización en la educación superior. En los casos donde existan condiciones institucionales y tecnológicas adecuadas, promover la modalidad virtual como complemento a la presencialidad, con el fin de reducir los costos de movilidad, el consumo de combustibles y el congestionamiento vehicular, sin detrimento de la calidad académica.
Apoyar al sector agrícola frente al encarecimiento de insumos. Se propone implementar mecanismos de apoyo para la adquisición de fertilizantes, ya sea mediante compras públicas para su distribución subsidiada —priorizando a pequeños productores— o a través de transferencias directas que compensen parcialmente estos costos, con el fin de mitigar su impacto sobre la producción y los precios de los alimentos.
Establecer un subsidio focalizado al combustible para productores agrícolas. Este podría estructurarse mediante un mecanismo similar al utilizado en otros sectores para el reconocimiento de gastos de combustible, incorporando criterios de focalización, eficiencia y uso racional del recurso, con el fin de reducir costos de producción sin generar distorsiones significativas.
Promover la coherencia en el uso de los fondos públicos. Se propone revisar y reducir a 200 litros mensuales la asignación de combustible otorgada a cada persona diputada, con el fin de alinear este beneficio con criterios de austeridad, eficiencia y uso racional del recurso.
Reformular el apoyo al sector pesquero. Se propone sustituir la actual exoneración del diésel por un subsidio directo, con criterios claros de focalización y mecanismos de verificación, a fin de mejorar el control, la transparencia y la eficiencia en el uso de este beneficio, evitando filtraciones y distorsiones.
Plantear ajustes tributarios a fin de garantizar los ingresos necesarios para financiar estos apoyos. Se propone fortalecer los mecanismos de control sobre los pagos mediante SINPE Móvil, con el fin de reducir su uso como vía de evasión del IVA; asimismo, valorar el incremento del impuesto a la propiedad de vehículos de mayor valor o cilindrada, así como de embarcaciones y aeronaves. De forma complementaria, considerar otros ajustes como el aumento de peajes y la implementación de impuestos ambientales, con el objetivo de generar ingresos adicionales en el corto plazo de manera progresiva y consistente con criterios de sostenibilidad.

En conjunto, estas medidas buscan no solo mitigar los efectos inmediatos del shock externo, sino también fortalecer la resiliencia de sectores clave de la economía nacional frente a un entorno internacional altamente incierto.

Observatorio Económico y Social
Escuela de Economía, UNA
24 de abril de 2026

Referencias

Forbes México. (2026, abril 6). La guerra de Irán dispara 74.67% el precio de la urea, el fertilizante más popular del mundo. https://forbes.com.mx/la-guerra-de-iran-dispara-74-67-el-precio-de-la-urea-el-fertilizante-mas-popular-del-mundo/

Investing (2026). Urea (Granular) FOB Middle East Futures. Recuperado el 23 de abril de 2026. https://es.investing.com/commodities/urea-granular-fob-middle-east-futures

Investing (2026). Urea (Granular) FOB U.S. Gulf Futures. Recuperado el 23 de abril de 2026. https://www.investing.com/indices/urea-granular-fob-us-gulf-futures

Xpert (2026, abril 23). Urea | Miles de millones con urea: Nanofertilizantes y amoníaco verde: ¿Está el mercado mundial de la urea al borde del colapso? https://xpert.digital/es/urea/

[1] Para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador que mide la inflación promedio de la economía, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) da seguimiento a los precios de 289 bienes y servicios; dentro de esta canasta, destaca la gasolina como el tercer rubro de mayor ponderación (3,6%), mientras que el transporte en autobús (2,2%), el diésel (0,40%) y el gas licuado (0,35%) también presentan participaciones significativas, lo que refleja la importancia de estos bienes y servicios en el gasto de los hogares y, por ende, su incidencia en el comportamiento del IPC.

Chile y el negocio de la guerra: Una tentación riesgosa e incoherente

Escrito en 24/04/2026. Publicado en Análisis.

Félix Madariaga

En medio de un escenario internacional marcado por conflictos armados y reconfiguraciones geopolíticas, Chile enfrenta una disyuntiva que no es menor: abrir o no la puerta a vínculos estratégicos, tecnológicos y comerciales con un país que hoy se encuentra en el medio de una guerra activa.

La visita en marzo pasado del canciller ucraniano Andrii Sybiha no pasó desapercibida. Más allá del protocolo diplomático, lo preocupante es el contenido y la orientación de las reuniones sostenidas en el país. Particularmente relevante resulta el encuentro con el presidente de ultraderecha José Antonio Kast durante el cambio de mando, en el cual le transmitió un mensaje directo del presidente Volodímir Zelenski y se exploraron áreas de cooperación que incluyen agricultura, tecnologías no tripuladas y digitalización.

A primera vista, estos temas pueden parecer inocuos o incluso beneficiosos. Sin embargo, al observar el contexto en el que se desarrollan, surgen interrogantes profundas. ¿Qué significa realmente establecer cooperación en tecnologías no tripuladas con un país que ha desarrollado gran parte de estas capacidades en el marco de un conflicto bélico? ¿Qué tipo de transferencia tecnológica se está promoviendo? ¿Y bajo qué condiciones?

Estas dudas no son abstractas. En la reciente Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE), realizada en Chile, se exhibieron sistemas desarrollados en un contexto de guerra, entre ellos, el dron ucraniano “Vampire”. Su presencia no solo da cuenta del interés por posicionar este tipo de tecnologías en el mercado chileno, sino también de la intención de abrir espacio a eventuales adquisiciones por parte del Estado. No se trata, por tanto, de una discusión hipotética, sino de una posibilidad concreta que ya comienza a tomar forma.

La presencia del dron ucraniano “Vampire”, también conocido como “Baba Yaga” en la FIDAE no solo llamó la atención por su origen y sus usos, sino también por la forma en que fue presentado. Lejos de una exhibición abierta y transparente, el stand carecía de interlocutores adecuados para el público local: no había personal que hablara español, se restringía la posibilidad de fotografiar el equipo y sólo se entregaba un folleto o información técnica. En la práctica, quienes se interesaban por conocer más sobre esta tecnología debían recurrir a fuentes externas, lo que resulta, al menos, contradictorio para una instancia que busca promover productos y generar vínculos comerciales.

El interés del Ministerio de Defensa chileno en este tipo de plataformas refuerza estas preocupaciones. Aunque se presentan como soluciones innovadoras, muchas de estas tecnologías provienen de un ecosistema industrial tensionado por la guerra, con empresas emergentes, cadenas de suministro inestables y estándares que responden más a la urgencia del combate que a procesos consolidados de desarrollo y certificación.

Es importante tener claridad en que al final del día, no todo lo que se ofrece como progreso lo es; y no todo socio comercial es, necesariamente, un buen socio.

Nos hemos enterado a través de fuentes bien informadas de que existe un interés real del gobierno de José Antonio Kast y de militares chilenos de altos rangos, por comprar drones civiles y militares a través de compañías chilenas que están negociando con Ucrania una posible cooperación: los productos de interés son dos modelos de la empresa Sky Fall – P1 y Vampire, recientemente exhibidos en Fidae.

No es una buena idea firmar contratos con Ucrania o sus intermediarios. La experiencia internacional ofrece advertencias claras. El caso del avión Antonov adquirido por Perú – envuelto en cuestionamientos por intermediación irregular, sobreprecio y falta de respaldo real del fabricante – evidencia los riesgos de establecer acuerdos con proveedores cuya estructura comercial no es transparente o cuya situación productiva es incierta. No se trata simplemente de desconfianza ideológica, sino de antecedentes concretos que deberían encender alarmas en cualquier proceso de compra estatal. Recordemos que Ucrania pretendió vender el avión Antonov de la misma empresa estatal a Perú por 65 millones de dólares americanos, que finalmente sería destinado al Ministerio del Interior del país sudamericano en el año 2020, desató un escándalo de proporciones y de corrupción, que en Ucrania le costó el cargo a diversos personeros de gobierno.

Otro hecho muy similar se destapó en 2024 cuando Ucrania intentó vender otro avión a Perú – de la misma marca – para la policía nacional. Polémica debida a que el avión Antonov an-74 tenía más de 20 años. Pero lo más increíble de esta historia es que la empresa ucraniana Antonov informó oficialmente al Ministerio del Interior, que la compañía Aero Express FZE, con sede en Emiratos Árabes Unidos, presentó documentación falsa y nunca recibió autorización para fabricar aeronaves modelo An-74, pese a haber sido contratada por US$63,9 millones. Después de saberse esto, nadie debería involucrarse en negocios con Ucrania y las menos con las empresas externas con las que trabaja.

Nuestras autoridades deberían tener presente que los chilenos no queremos negociar con un país en conflicto ni con sus empresas. En la agenda de nuestro país no deberían existir negociaciones o acuerdos de cooperación con empresas como Sky fall o directamente con Ucrania, y menos hacerlo a través de empresas chilenas para producción local o transferencia de tecnología, como es el caso de C3D, empresa chilena que ofrece una variedad de vehículos no tripulados de combate, actualmente en uso en Ucrania, asociados con la empresa De Viro.

Otras compañías que están tratando de vender productos o asociarse y que han llamado la atención de nuestros militares, son Indamax, que vende drones antiaéreos ucranianos y la compañía checa STV Group, que también vende drones ucranianos.

La disposición de sectores de la ultraderecha chilena a estrechar vínculos con actores involucrados directamente en conflictos armados internacionales abre un flanco político y ético complejo. La alineación con agendas externas, especialmente en materias sensibles como defensa y tecnología militar, puede comprometer la autonomía estratégica del país y desdibujar su histórica vocación por la paz y los principios de no injerencia.

Chile no necesita importar incertidumbre ni riesgos encubiertos bajo el discurso de la modernización tecnológica. Tampoco requiere involucrarse indirectamente en dinámicas de guerra a través de la adquisición de equipamiento o la firma de convenios con actores cuya prioridad actual no es el desarrollo civil, sino la supervivencia en un conflicto.

La política exterior y de defensa debe estar guiada por criterios de largo plazo, transparencia y resguardo del interés nacional. Esto implica evaluar no solo el precio o la innovación aparente de una tecnología, sino también el contexto en que se produce, la estabilidad de sus proveedores y las implicancias políticas de su adquisición.

En tiempos donde la guerra se ha convertido también en un negocio, Chile debe decidir con claridad si quiere ser parte de ese circuito o mantenerse fiel a una tradición que privilegia la paz, la soberanía y la prudencia.

Fuentes:

https://www.pucara.org/post/fidae-2026-la-ucraniana-skyfall-desembarca-con-sus-drones-y-su-enorme-experiencia-en-combate

https://www.youtube.com/watch?v=fjBHamMxvnk#:~:text=empresa%20chilena%20C3D%2C%20que%20ofrece%20una%20variedad,de%20combate%2C%20actualmente%20en%20uso%20en%20Ucrania.

https://ru.interfax.com.ua/news/general/1150626.html

https://www.infobae.com/peru/2026/01/13/revelan-que-mininter-fue-estafado-en-compra-de-avion-para-la-pnp-empresa-presento-documentos-fraguados-por-us639-millones

https://www.defensa.com/peru/vueltas/-controvertida-compra-antonov-an-178-peru

https://fpp.org.pe/rusia-dispone-de-alternativas-al-avion-fantasma-que-ucrania-intenta-vender-al-peru/

El pulso continental y nuestra última trinchera: el progresismo democrático

Escrito en 24/04/2026. Publicado en Análisis.

Entre Verdades y Opiniones

Por: JoseSo (José Solano-Saborío)

Hay verdades incómodas que, si no se dicen a tiempo, terminan costando libertades. Hoy, al mirar el mapa de nuestra América Latina, la historia nos vuelve a contar esa película de tensiones y encrucijadas que tan bien conocemos. De un lado, el progresismo democrático que intenta sostener la dignidad de las mayorías; del otro, un populismo de derecha radical que no propone reparar la casa, sino prenderle fuego.

La coincidencia en el poder de líderes como Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Claudia Sheinbaum en México, Gustavo Petro en Colombia y el reciente triunfo de Yamandú Orsi con el Frente Amplio en Uruguay, no es un mero accidente electoral. Representa la urgencia de rescatar la soberanía frente a un norte que, con el retorno de Donald Trump, viene desempolvando su vieja Doctrina Monroe e inyectándola de esteroides.

La batalla de los relatos y el avance neofascista

El proyecto progresista coexiste con un avance innegable del neoconservadurismo y el “plutopopulismo”. Vemos con estupor el retroceso en Argentina, donde Milei, bajo la falsa bandera de la “libertad”, desmantela el Estado para entregárselo a los mercados y precarizar la vida de la base social que paradójicamente lo apoya. En Chile, el fantasma de Pinochet renace con el triunfo de Kast y sigue amenazando con regresarnos a las horas más oscuras del autoritarismo corporativo. Y en Ecuador, la crisis de seguridad es rehén de una pugna entre un correísmo polarizante y el fenómeno de Noboa, que insiste en la vieja receta del hiper-liberalismo de élites.

México y Colombia: los faros y sus deudas

En medio de este torbellino, México y Colombia son nuestros campos de prueba más esperanzadores y desafiantes. El fenómeno de Morena —hoy liderado por Sheinbaum— demostró que es posible desplazar a la élite corrupta del PRI, el PAN y sus partidos satélites, partidos tradicionales que cavaron su propia tumba al desconectarse por completo del pueblo mexicano. Los emporios televisivos y corporativos, rabiosos por perder sus privilegios históricos, se apresuran a colgarles la etiqueta de “populistas”, que se cae solo con ver la seriedad, simpleza, diplomacia y uso de la técnica y ciencias sociales, contra los discursos violentos y efectistas de sus críticos.

Sin embargo, Morena tiene una deuda de sangre pendiente: el narcotráfico. El control territorial y la pacificación del país son el monstruo que deben someter si quieren que el proyecto social sobreviva, reconociendo un buen inicio con la operación de alto impacto en Tapalpa, Jalisco, que resultó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En la misma línea, desde el sur miramos a Colombia cruzando los dedos para que las reformas estructurales de Petro —salud, pensiones y el anhelo de la Paz Total— no mueran asfixiadas por el boicot sistemático de una oligarquía que se resiste a ceder un centímetro de poder.

Entre la incógnita, la traición y la dignidad diplomática

Para que la socialdemocracia tenga autoridad moral, debe hablar con honestidad de sus propias heridas. El caso de Cuba sigue siendo la gran incógnita. Sí, existen deudas innegables en derechos humanos y apertura, pero ¿cómo juzgar de manera justa a una isla que lleva más de seis décadas siendo asfixiada por un bloqueo estadounidense salvaje e inhumano? El imperio le extirpó a Cuba la posibilidad de ser lo que pudo haber sido sin esa asfixia constante, para bien o para mal.

Muy distinto y doloroso es el caso de Nicaragua y Venezuela. Allí no hay bloqueo que justifique que sátrapas corruptos como Daniel Ortega y Nicolás Maduro hayan traicionado a sus pueblos. Se atrincheraron en regímenes autocráticos, convirtiendo el poder en un fin en sí mismo y manchando de sangre cualquier ideal legítimo de justicia social que alguna vez prometieron defender.

Sin embargo, aquí hay que trazar una línea roja inflexible: ni la tragedia del autoritarismo en Nicaragua o Venezuela, ni el complejo panorama cubano, excusan o legitiman bajo ninguna circunstancia las amenazas de Donald Trump de emprender acciones ilegales, militares claramente colonialistas ante el Derecho Internacional. Cualquier maniobra que pretenda saltarse las vías estrictamente políticas y diplomáticas es inaceptable.

Es precisamente en este punto donde brilla el progresismo democrático. Frente a los arrebatos imperialistas de Trump, son Lula, Sheinbaum y Petro quienes nos ofrecen un verdadero manual de dignidad republicana. Han sabido negociar y plantársele a Washington con diplomacia de Estado, exigiendo respeto sin subordinarse, y recordándole al norte que América Latina, parte de un Sur Global ya revelado, no es su patio trasero, sino una región soberana.

El llamado a nuestra propia trinchera: Costa Rica

Todo este ajedrez continental nos devuelve a nuestra propia casa, a la Costa Rica donde también nos intentan vender la idea de que nuestro Estado Social de Derecho fue una farsa y que nuestra democracia es desechable frente a la promesa de la “mano dura”.

Hoy, la responsabilidad de detener este desmantelamiento institucional recae en la oposición progresista y socialdemócrata, concentrada principalmente en el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA). Como última esperanza y línea de defensa de nuestra democracia centenaria, tienen un mandato ciudadano claro: es el momento de la madurez.

El FA debe superar el purismo ideológico y ese sectarismo que le impide construir mayorías, y el PLN debe reconectar urgentemente con sus raíces sociales, alejándose de una vez por todas de las cúpulas neoliberales. Si no logran encontrar puntos de convergencia para defender nuestro Estado Social de Derecho y lo que nos hizo una rareza luminosa en el mundo —nuestra Caja Costarricense de Seguro Social, nuestra educación pública y la equidad social—, le estarán abriendo la puerta de par en par a los pregoneros del caos.

Costa Rica no necesita mesías autoritarios que, encima, usen la soberanía y dignidad como nación para venderse al Washington trumpista. Necesita ciudadanos despiertos y líderes que entiendan que la democracia no se entrega por despecho. Que no nos vuelvan a engañar.

Prohibido olvidar

Escrito en 22/04/2026. Publicado en Análisis.

Lenin Chacón Vargas
Bagaces Guanacaste
22 de abril de 2026

EL Pacto de Ochomogo, fue un pacto por la paz, respeto a las garantías sociales, respeto a la vida, al derecho ajeno, lo negociaron y lo acordaron hace 78 años entre Manuel Mora Valverde -acompañado con Carlos Luis Fallas- José Figueres Ferrer, y el presbítero Benjamín Núñez en el Alto de Ochomogo. De un lado estaban las tropas figueristas preparando el asalto a San José y del otro unos 3.000 milicianos, obreras y campesinas comandados por Carlos Luis Fallas Sibaja.

El acuerdo para poner fin a la Guerra Civil de 1948 ha sido una verdad histórica deformada, tergiversada por la historia oficial y algunas voces desde la izquierda ex vanguardista.

Del Pacto de Ochomogo, abjuran y falsifican José Figueres y Benjamín Núñez en el libo “El Espíritu del 48”: que contiene la historia oficial, por demás está decir que los que ahí escribieron se lucieron a presentarnos leyendas, verdades a medias y soslayando hechos históricos.

Los hechos de la historia real demuestran cómo la paz en 1948 se logró con la palabra y la firma de los comunistas representados por Manuel Mora Valverde y se rompió con la traición, la mentira y el desprecio de los vencedores, representados por José Figueres y Benjamín Núñez

Se pactó la noche del 17 de abril de 1948, ante la amenaza de una batalla sangrienta en San José, Manuel Mora Valverde fue claro: “Yo voy donde esté Figueres a buscar una solución” y así lo hizo una noche llena de incertidumbres y peligros. En el Alto de Ochomogo, se detuvo la guerra. Manuel no llegó solo; contaba con el respaldo de 3,000 milicianos, obreros y campesinos bajo el mando de «Calufa», listos para defender San José y las garantías sociales y el Código de Trabajo o inmolarse.

Es lamentable leer cómo viejos camaradas de lucha y de armas han hecho de los testimonios falsos de Benjamín Núñez su verdad para lanzar diatribas contra la integridad de Manuel. Basta leer el epílogo del libro de Arnoldo Ferreto Segura “Gestación, consecuencias y desarrollo de los sucesos de 1948” con otros que se han hecho eco de las falacias de Arnoldo contra Manuel que lo considera traidor, oportunista y mentiroso, recogiendo así, las palabras de Benjamín en su testimonio y avaladas por Figueres en El Espíritu del 48.

Por esas razones me obligo a recordar cómo terminó la guerra civil y los acuerdos para que eso fuera posible:

Las Garantías: Lo que Figueres firmó y luego traicionó
El Ejército de Liberación Nacional, representado por Figueres, se comprometió por escrito a:

Respeto absoluto a la vida: Garantizar la integridad de calderonistas y comunistas.
Continuidad social: Mantener intactas las leyes sociales conquistadas por el pueblo.
Libertad de organización: El reconocimiento y plenas garantías para el Partido Vanguardia Popular y sus organizaciones.

La gran estafa histórica
Apenas un mes después de tomar el poder, Figueres tiró estos acuerdos a la basura. La respuesta fue sangre: crimen: El crimen del Codo del Diablo; persecución: cárcel, centenares de presos políticos; exilio: Manuel y Carmen Lyra obligados al exilio y centenares más. No sólo traicionaron el pacto, sino que han intentado borrar la verdad.

Incluso hoy, la Editorial UNED sigue vendiendo la «Cartilla Histórica» de Ricardo Fernández Guardia con 12 páginas mutiladas. ¿Qué ocultan? Ocultan la verdad sobre la renuncia de Teodoro Picado ante la amenaza de los marines yanquis y el incumplimiento de las promesas hechas al pueblo. El primer historiador narra la explicación de Teodoro Picado en la carta que dirige a Manuel y a Calderón Guardia cuando denuncia que “fuerzas incontrastables” le obligan a dimitir. La EUNED debería reparar el daño publicando una nueva edición de la Cartilla Histórica con todas las páginas mutiladas en tiempos en que Alberto Cañas era director de la EUNED.

¡Basta de medias verdades! Exigimos que se publique la historia completa, la de los vencidos y la de los vencedores. Las nuevas generaciones tienen derecho a saber que la «historia oficial» se construyó sobre la exclusión y el engaño.

Resumiendo:

El pacto entre el Ejército de Liberación Nacional y Vanguardia Popular se resumió en:

Inviolabilidad de la vida y bienes: Protección para todos los combatientes y dirigentes del bando vencido.

Vigencia de las Reformas Sociales: Compromiso de no derogar el Código de Trabajo ni las Garantías Sociales de 1943.

Reconocimiento Político: Garantía de que el Partido Vanguardia Popular seguiría operando legalmente (compromiso que fue roto poco después con la ilegalización del partido).

Y garantía de la vigencia de todas las Libertades Republicanas, libertades que fueron mutiladas como la libertad de sufragio, de prensa, de libre expresión, además de las libertades de libre sindicalización.

De Hitler a Rodrigo Chaves… así se desató el fascismo… con actos como el realizado contra la Jueza de la República

Escrito en 22/04/2026. Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, en la Alemania nazi y en Austria, el día 11, las tropas de asalto nazi, las SA, instigadas por el gobernante, el Führer Hitler, y por las autoridades alemanas, actuaron contra ciudadanos judíos violentamente, en lo que se consideró el mayor linchamiento multitudinario, o masacre como también llamaron a esos actos, contra los judíos, violencia que se manifestó en el ataque físico, la agresión física personal, contra mujeres, hombres, ancianos, niños, en el asesinato, en la destrucción de los bienes de los judíos, y contra todo lo significara semitismo.

Las autoridades del gobierno no actuaron tratando de evitar esos ataques. Se complacieron con esos actos, los justificaron con sus criterios de superioridad racial, étnica, nacional. Instigaron, promovieron con sus discursos de odio, de racismo, de persecución, de exclusión, de intolerancia.

El más importante instigador de esos crímenes fue el mismo Hitler, primero Canciller, en 1933, luego presidente, en 1934, y después unificó ambos cargos, para convertirse en el caudillo, en el líder del movimiento nazi, en el Führer, como se le conocía desde 1933.

Las actuaciones, como las de esas noches, independientemente de si algunas fueron espontáneas o premeditadas por grupos de alemanes, de grupos de personas, o por actos individuales de fanatizados por el Führer, fueron el salto que dio impulso a la represión y a la eliminación de los contrarios, de los judíos, y de todo aquello que objetara o se opusiera al gobierno fascista, al asesinato y al intento de asesinato de judíos. El resto lo conocemos.

En Costa Rica, lamentablemente, actuamos como testigos, la mayor parte de la población de manera pasiva, y una buena parte, incluidos intelectuales, con terror y temor reverencial, del deterioro que ha venido provocando y causando, intencionada, alevosa y criminalmente contra el sistema democrático, el presidente Rodrigo Chaves.

Igual que en la Alemania nazi, Chaves ha instigado, y sigue alentando cada vez que puede actos contra las instituciones del Estado, contra la Asamblea Legislativa, contra la Contraloría General de la República, contra la Sala IV, donde, incluso, un profesor universitario de la dirigencia de ese piquete, instó a quemar el edificio y a sus magistrados; contra personajes públicos, magistrados, diputados, gestores de opinión, que incluso los han exhibido en vallas públicas como si fueran delincuentes, tratando de generar contra ellos reacciones negativas y hasta eliminatorias. En sus diatribas ya ha incorporado, siguiendo a Trump, un discurso político trasnochado contra los comunistas y socialistas de todo el continente.

Sus ataques a la institucionalidad pública, a las instituciones republicanas y democráticas del Estado de Derecho; a la independencia de los Poderes Públicos, a los organismos e instituciones públicas del control democrático político del quehacer de los gobernantes y las autoridades públicas; de ataque a los partidos políticos, a los políticos, a la Política como un escenario de expresión de la Democracia; a los comunicadores y gestores de opinión pública, y los medios de comunicación, que no se someten al gobierno y al actual gobernante de turno.

La feroz crítica de Hitler contra el gobierno y el Estado, aprovechándose de las malas condiciones socio económicas del pueblo, le permitió crear las condiciones para destacar en las elecciones de 1928 y aumentar su auge en 1930, y ganar las de 1932.

Hitler debilitó la República de Weimar, que surgió en 1919, como resultado de la I Guerra Mundial. Hitler no tenía programa político, tenía carisma que atraía a diversos grupos sociales, unificándolos en su diversidad política, en sus intereses laborales y cristiano religiosos, atrayendo incluso a abstencionistas electorales de esos años. Los partidos conservadores tradicionales perdieron el apoyo de la población, quienes terminaron votando y apoyando a Hitler.

En enero de 1933 empezaron los nazis a realizar celebraciones con antorchas, celebrando su “revolución nacional”, así intentaron quemar el edifico del Parlamento Reichstag. En Costa Rica, solo eso le falta al gobierno y a sus fanáticas huestes irracionales.

La situación de Alemania en ese despertar, desarrollo y auge del nazismo me recuerda constantemente, cómo en Costa Rica estamos en paralelo a 1933, incubando al Hitler de Costa Rica, que embrionariamente, empezó a gestarse en el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, 2018-2022. Desde entonces, se ha ido desarrollando, en términos generales, de la siguiente forma:

Primero, tuvimos un candidato que se lució en las elecciones de 2022 con un desplante que atrajo a esos sectores sociales, marginales, desclasados, pobres, que levantó banderas de decencia nacional contra la corrupción galopante e histórica conocida, que aglutinó provocando un abstencionismo y una baja confianza a quienes le adversaban política y electoralmente.

Luego, el resultado de la elección primaria lo pudo revertir a un primer lugar, en la segunda ronda electoral, imponiéndose como candidato ganador, y presidente de la República, 2022-2026.

Segundo, mediante una acción de publicidad, de gobierno, ha sabido mantener, una imagen poderosa, personal, matona, peleadora de calle, de gritón a todo galillo, contra quienes adversa o exhibe pintándolos como sinvergüenzas, pillos y maleantes públicos o privados, desnaturalizando o mintiendo sobre sus atestados personales, ofendiendo en su dignidad personal y hasta burlándose de sus condiciones físicas, que ha permitido que hasta en la Asamblea Legislativa diputados lo imiten y traten de igualarse con él, criticando ciudadanos y hasta a los mismos diputados, que son agredidos de esa forma.

Pero ya han empezado a actuar, en el escenario público, con violencia, sin respeto alguno. El lenguaje del Presidente Chaves, soez, vulgar, pachuco, de borracho necio que no controla sus palabras, de personaje inculto, de escasos valores de comportamiento social y protocolario, de exhibidor machista desenfrenado, de irrespetuoso de la cordura nacional, imponiendo el miedo, el terror reverencial por la fortaleza institucional que dirige y maneja, por las acciones vengativas que desde la institucionalidad pública realiza y puede influir, que aplica contra sus adversarios de cualquier género que sean, se ha ido imponiendo.

Su tribuna pública de todos los miércoles, sin respuesta opositora, le permitió desarrollarse como una fuerza electoral, como un movimiento político que le dio forma con la figura del jaguar, pero todavía no ha logrado plasmarse en partido político, realmente organizado. Pero, le permitió empujar su candidata presidencial con éxito electoral, como no sucedía desde hace varias décadas, con su apoyo a la candidata y una mayoría legislativa que le da cierta fuerza política, si la sabe usar.

Tercero, impulsando una mentalidad de gobierno autoritarista, de actuaciones despóticas y arbitrarias, con el deseo de gobernar sin controles institucionales, lo que ha asumido a su recién electa presidenta, interesada en mantener en alto al Jaguar mayor, con posibilidades de que vuelva a la Presidencia lo más pronto que institucionalmente se pueda.

En ese afán, ambos, presidente saliente y presidenta entrante, han levantado estandartes planteando las posibilidades de gobernar bajo los efectos de un Estado de excepción, sin controles legislativos, constitucionales ni administrativos, y sin garantías individuales, o suspendiéndolas regionalmente, para de esa forma acostumbrar a la población, poco a poco, por regiones.

Este estado de violencia ha desbordado en estos últimos días, con el ataque criminal que sufrió una alta Jueza de la Republica.

Ambos, Rodrigo Chaves y Laura Fernández, se han complacido con el ataque criminal, con el intento de asesinato, con la agresión física, con el ataque de un perro bravo que le lanzaron a la Magistrada, Jueza de la Ejecución de la Pena, en Heredia el viernes pasado.

El agresor, de un comportamiento reiterado de ataques y amenazas a esa funcionaria de la Corte Suprema de Justicia, siguiendo los mandatos de los discursos y peroratas de los miércoles, y de ocasión presidencial, actuó, contra esta funcionaria, de pleno derecho, sintiéndose amparado por el presidente, por la presidenta electa, y por Instituto Nacional de la Mujer, que no se ha pronunciado en nada sobre esos hechos. Casi nadie, política, institucional y socialmente, de manera pública se ha manifestado críticamente y en contra de ese acto criminal.

Lo sucedido no fue un pleito de barrio, de vecinos, de residencial o de condominio, como lo han querido presentar los defensores del atacante, de quien intentó matar, asesinar, a la funcionaria judicial.

Fue un acto criminal resultado de la instigación oficial que ha venido haciendo el presidente Rodrigo Chaves desde hace tiempo contra funcionarios y funcionarias como ella, enervando los sentimientos de las gentes contra funcionarios de la institucionalidad pública, judicial, legislativa y electoral. En este caso, todo originado en un fallo, en julio del año pasado, de esta jueza que el presidente y su ministro Gerald Campos, cuestionaron, con nombre y apellidos, en uno de esos programas de los miércoles, exhibida también en fotos públicas. También la volvieron a cuestionar y criticar en setiembre pasado, de igual manera.

El agresor ha mantenido constantes manifestaciones, que están grabadas, contra la persona, contra la integridad física y las condiciones morales de la funcionaria judicial, contra la Jueza, contra una Mujer. Además, pasa insultándola, agrediéndola, como acostumbra oralmente el presidente cuando se refiere a algunas personalidades políticas que no son de su agrado.

El agresor realizó una tentativa de homicidio, con alevosía y ensañamiento que había venido preparando, hasta con el perro que le lanzó a la jueza, que tirada en el suelo, además la agarró a patadas, la arrastró provocándole heridas graves en su rostro, que le pueden quedar grabadas de por vida, con el daño moral que eso le puede causar.

También, se le puede añadir en su intención la tentativa de femicidio, que no deviene, en este caso, por una relación de familia, ni matrimonial, sino por la regulación que nacionalmente se ha venido haciendo de manera especial contra los crímenes que se realizan con alevosía, ensañamiento y saña contra mujeres.

No se puede descartar en el tratamiento de esta acción delictiva al instigador principal de esta intención homicida contra la Jueza de la República. Debe tenerse a Rodrigo Chaves Robles como un coimputado.

Al detenido por estos actos debe caerle el mayor peso posible del castigo legal, o de los castigos penales que le puedan corresponder, de manera que sean ejemplarizantes, para quienes pretendan actuar, como impulsa el presidente Chaves con sus diatribas, a la actuación de los ciudadanos.

Los actos realizados contra la jueza no son para sancionarlos con medidas administrativas, municipales, o medidas no penales.

La prisión preventiva que se le ha fijado al agresor y presunto homicida está acorde con los hechos públicamente conocidos y relatados por la prensa.

Tengamos clara una cosa de este ataque a la Jueza. El atacante envió finamente, subliminalmente, un mensaje a todos los funcionarios públicos de lo que les puede pasar, por el ejercicio de los cargos, si no satisfacen al mandatario, al jaguar depredador de la institucionalidad pública.

El mensaje, si se quiere fue más directo para los Jueces, para los Altos Jueces de la República, y especialmente contra los Magistrados, muchos de ellos sujetos de reelección en sus cargos, en el próximo gobierno del Jaguar, que se continúa con el gobierno de Laura Fernández, que tiene suficientes diputados para dificultar sus reelecciones.

Ante estos actos, y estas amenazas subliminales, hay que defender a la Corte Suprema de Justicia, al Poder Judicial y a sus integrantes.

Hay que pedirle a los Magistrados que no se dejen intimidar ni amenazar por ataques como el que ha sufrido la Ciudadana, la Mujer y Jueza de la República, por uno de esos jaguares.

Si esto no se detiene, nos igualamos a aquellos días del 9 al 10 de noviembre de 1938, en la Alemania nazi y en Austria, el día 11, cuando las tropas de asalto nazi ascendían de manera definitiva.

Hay que impedir que en Costa Rica esto sea posible. Recordemos al pastor Martin Niemöller y al poeta Bertold Brecht, con el poema “Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde”, en sus dos versiones, que dice:

«Primero se llevaron a los judíos,
pero como yo no era judío, no me importó.
Después se llevaron a los comunistas,
pero como yo no era comunista, tampoco me importó.
Luego se llevaron a los obreros,
pero como yo no era obrero, tampoco me importó.
Mas tarde se llevaron a los intelectuales,
pero como yo no era intelectual, tampoco me importó.
Después siguieron con los curas,
pero como yo no era cura, tampoco me importó.
Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde.»

“Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista,
Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista,
Cuando vinieron a buscar a los judíos, no pronuncié palabra, porque yo no era judío,
Cuando finalmente vinieron a buscarme a mí, no había nadie más que pudiera protestar.”

El panóptico como branding político: Régimen carcelario, poder y dominación

Escrito en 21/04/2026. Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa (*)

No se trata solo de cambiar las cárceles, sino de transformar la sociedad que las necesita.

Las prisiones están experimentando una transformación. La función moderna de castigo y rehabilitación abre cada vez más sus portones a dispositivos de control social masivo y, en ciertos contextos marcados por la inseguridad y el miedo, a instrumentos más amplios de dominación política.

Este desplazamiento no es completamente nuevo —recuerda los ergastula romanos o los sistemas de encierro en economías esclavistas—, pero adquiere hoy una escala y legitimidad social inéditas. El delito es una mercancía. Por eso, la obscenidad del poder convive cada vez más con la criminalidad, especialmente con la rentabilidad del delito y de su castigo.

Como planteó Michel Foucault, la modernidad sustituyó el suplicio por la disciplina: la prisión no solo castiga, sino que produce sujetos disciplinados. Sin embargo, en contextos contemporáneos marcados por crisis de legitimidad institucional, inseguridad y fragmentación social, ese modelo disciplinario parece estar mutando hacia formas más directas y masivas de encierro. El encierro es cada vez más societal y no solo carcelario; no se trata ya únicamente del sujeto moderno encerrado en su individualismo, sino de un dispositivo expandido de control. Entre más se expande el miedo social, más aumenta esa deriva de coerción y negocio.

El caso de Nayib Bukele constituye uno de los ejemplos más visibles de este giro. Su modelo es admirado y comienza a ser imitado por no pocos de sus seguidores. ¿En qué se basa su aceptación? Bajo el régimen de excepción iniciado en 2022, El Salvador ha encarcelado a más de 75.000 personas. Este proceso ha sido acompañado por la construcción de megacárceles como el CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), símbolo material de una política, no solo de seguridad sino de Estado, basada en el encierro masivo.

El modelo ha mostrado resultados claros en términos de reducción de homicidios: El Salvador pasó de tasas superiores a 50 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2018 a cifras por debajo de 5 en 2023–2024. Este descenso constituye la base de la legitimidad social del régimen punitivo y ha sido documentado por organismos internacionales. Ese es el principal bastión del índice de aprobación del gobierno entre los salvadoreños.

Pero, desde otra perspectiva, con una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo (superior a 1.000 personas por cada 100.000 habitantes), ese mismo régimen es analizado por organismos internacionales y defensores de derechos humanos como una expresión de fallas estructurales del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones fundamentales. Algo no funciona cuando, para que el país funcione, se requiera de ese alto índice de confinamiento.

Es decir, su “eficacia” presenta tensiones significativas. Diversos informes de organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado detenciones arbitrarias, ausencia de debido proceso y condiciones de reclusión que vulneran derechos fundamentales. A ello se suman cuestionamientos sobre la persecución y detención de abogados independientes, defensores de derechos humanos y periodistas críticos. Además, el debilitamiento del sistema judicial y la concentración de poder en el Ejecutivo sugieren que el modelo no solo responde a una política de seguridad, sino también a una reconfiguración del equilibrio institucional. El modelo carcelario se volvió el espejo de lo que antes se resolvía manu militari.

Pero el CECOT no es solo un dispositivo carcelario orientado a reducir la criminalidad; se ha convertido también en un artefacto de branding político. Para el gobierno salvadoreño, funciona simultáneamente como plataforma de negocios, marca personal y recurso de posicionamiento internacional.

Este patrón no es exclusivo de El Salvador. En Estados Unidos, el encarcelamiento masivo —particularmente desde la “guerra contra las drogas”— ha producido el sistema penitenciario más grande del mundo, con más de 1,8 millones de personas privadas de libertad. En este caso, el encierro se articula con un complejo industrial-carcelario en el que participan empresas privadas, generando incentivos económicos para la expansión del sistema.

En los últimos años, además, en ese país el encierro ha sido utilizado como herramienta de gestión migratoria. Políticas de detención de migrantes en Estados Unidos y en países aliados —incluyendo centros de detención en la frontera o acuerdos de externalización migratoria con gobiernos aliados— han convertido la privación de libertad en un mecanismo rutinario para administrar flujos humanos. En estos casos, el encierro no responde a delitos penales, sino a condiciones administrativas, lo que amplía la frontera entre control migratorio y control penal. En esa lógica, el CECOT y las cárceles que éste inspira entre sus vecinos comienzan a perfilarse también como una ampliación funcional de estas estrategias de externalización de la coerción.

En este contexto, la cárcel deja de ser únicamente una institución del sistema penal para convertirse en un dispositivo transversal de gobernanza y mercado. Se articula con discursos de seguridad, miedo e “indeseabilidad social” que legitiman el encierro de poblaciones específicas: jóvenes pobres, migrantes, minorías raciales o sujetos considerados disruptivos. Más que un desplazamiento fuera de sus límites tradicionales, lo que observamos es una intensificación y rearticulación de tecnologías de poder que ya operaban socialmente, ahora reforzadas por lógicas de excepción, securitización y negocios.

Así, más que afirmar que el panóptico ha salido de la cárcel, conviene reconocer —siguiendo a Michel Foucault— que nunca estuvo confinado a ella. La vigilancia, la normalización y la producción de sujetos dóciles han operado históricamente en instituciones como la escuela, el trabajo, la familia o la religión. Lo que caracteriza el momento actual no es su expansión, sino su reconfiguración bajo condiciones de crisis, donde el control ya no se sostiene solo en la internalización disciplinaria, sino que se combina con formas más visibles de coerción, encierro masivo y administración de las emociones. El resultado es que el panóptico ya no se limita al espacio carcelario o la autovigilancia. Opera extramuros, en sociedades atravesadas por el miedo, la inseguridad y la incertidumbre, donde el control no solo se impone desde arriba, sino que es también internalizado como demanda social. En ese terreno, el régimen carcelario no solo encierra cuerpos: organiza consensos y realineamientos políticos.

Entonces, si es la propia sociedad la que produce aquello que luego encierra, no basta con reformar las cárceles. Entre el fracaso del modelo rehabilitador y el avance del encierro como dominación, la pregunta ya no es qué hacer con las prisiones, sino qué sociedad estamos dispuestos a construir para comenzar a dejar de necesitarlas. Cambios sociales impostergables, son la solución a la desigualdad y la crisis de las instituciones. Eso no lo podrá reemplazar ningún modelo carcelario por más sofisticado que este sea.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

Ordenando el desorden del mundo

Escrito en 20/04/2026. Publicado en Análisis.

Gilberto Lopes
San José, 19 de abril de 2026

Durmiendo en la acera

Salgo de casa por la mañana y lo encuentro a la vuelta de la esquina. El niño duerme en la orilla de la acera. Una frazada roja lo separa del piso de cemento. La madre, envuelta en la bandera de Venezuela, pide ayuda a los carros detenidos en el semáforo.

¿Cómo verá el mundo ese niño cuando se despierte en el piso de la acera? ¿Qué pensará? No sería raro que haya soñado con tener algo para comer. Quizás algo rico.

El 1 de mayo del año pasado, Valentina Oropeza publicó, en BBC Mundo, una entrevista con el economista Omar Zambrano sobre los hallazgos del estudio titulado «Crisis económica y el colapso del acervo de capital humano venezolano».

Zambrano dice que lo peor de la crisis fue la hiperinflación. Entre 2015 y 2017 nadie quería trabajar porque el salario no valía nada.

Los datos son abrumadores; el desorden, enorme: “Venezuela perdió 75% del tamaño de su economía entre 2013 y 2021. Una de las contracciones económicas más severas registradas en la historia moderna. Al menos 7,7 millones de personas emigraron durante la última década”, afirma.

“La depreciación de los salarios y la ola migratoria llevaron a más de cuatro millones de personas en edad de trabajar a salir del mercado laboral, incluidos los trabajadores más jóvenes, más calificados y con mayor experiencia”.

Venezuela: el desorden del mundo

¿Será parte de ese grupo la familia que ahora pide ayuda en las calles de San José?

En la entrevista no hay una sola palabra sobre las causas de este desorden. La periodista tampoco pregunta. Hay que buscar la información en otras fuentes. Por suerte, abundan. Cualquiera que quiera saber tiene a su disposición todo tipo de información, de las más diversas fuentes.

“Desde sus propios inicios, el gobierno de Hugo Chávez confrontó acciones imperiales destinadas a deponerlo. El gobierno de los Estados Unidos en todo momento ha apoyado política y financieramente los intentos de la derecha venezolana por derrocarlo, comenzando por el golpe de Estado de abril 2002 y el paro petrolero-lockout empresarial que prácticamente paralizó al país durante dos meses entre los años 2002 y 2003”, dijo el sociólogo venezolano Edgardo Lander. Chavista al inicio del proceso, hoy está más cerca de la oposición que encabeza María Corina Machado.

¿De qué modo puede un país tener un desarrollo político “normal”, donde cada sector tenga la representación que le corresponda, si un sector es avasallado por las presiones de Washington, mientras el otro cuenta con todo su respaldo? Es imposible.

El desequilibro que eso genera falsea el escenario político, generando, como en el caso de Venezuela, todo tipo de desorden. Primero, el económico, con sus dramáticas repercusiones, incluyendo la migración, de la que tanto reclama Trump. Pero también el político. ¿Cómo se puede pretender tener “elecciones libres” con un sector sometido a las mayores presiones económicas y políticas, que le hacen imposible gobernar? Y si gana la oposición, ese triunfo no representa un balance político interno, sino resultado del desequilibrio provocado por la intervención extranjera.

La intervención de Estados Unidos en Venezuela ha sido permanente. Desde fines del siglo pasado, como ya vimos. En 2017, poco antes de dejar el poder, el presidente Barack Obama renovó la abusiva declaración de que Venezuela es una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”. Luego Trump, en su primer mandato, amplió el bloqueo financiero a Venezuela, extendiéndolo más allá de los Estados Unidos.

En febrero del 2021 la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los efectos de las sanciones a Venezuela, Alena Douhan, presentó un detallado informe sobre los efectos de esas medidas.

“Las sanciones unilaterales impuestas cada vez con mayor frecuencia por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, han exacerbado los problemas”, afirma. Los ingresos del gobierno “se redujeron en un 99%, y actualmente el país vive con solo el 1% de los ingresos previos a las sanciones”.

Este no es un trabajo sobre la economía venezolana y no pretende, por lo tanto, discutir sobre las diversas interpretaciones sobre las causas y los orígenes de sus problemas. Nuestro interés es otro: mostrar el desorden que la intervención extranjera –norteamericana y europea principalmente– provocan en la vida de los venezolanos, en el funcionamiento de las instituciones del país.

En abril del 2019, Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs expusieron en un trabajo sobre “Economic Sanctions as Collective Punishment: The Case of Venezuela”, las consecuencias de esas políticas.

“Constatamos que las sanciones han infligido, y siguen infligiendo cada vez más, daños muy graves a la vida y la salud humanas, incluyendo un estimado de más de 40 mil muertes entre 2017 y 2018”, afirmaron.

Es imposible imaginar desorden mayor. No hace falta extendernos aquí sobre los desastrosos efectos de las sanciones sobre la vida política y económica del país, ni sobre la población venezolana.

Cuba: el desorden del mundo

El desorden más escandaloso en América Latina es el provocado por el embargo a que está sometida Cuba hace más de 60 años.

De nuevo, ¿cómo se puede pretender un desarrollo político “normal” –donde cada fuerza política interna tenga la representación que le corresponda– si el gobierno está sometido a sanciones que, en cualquier otro caso, no habría permitido a ningún gobierno de la región sobrevivir más que algunos meses?

No ha sido así en el caso de Cuba. Aquí tampoco voy a entrar a discutir si el gobierno ha acertado siempre. Pero es evidente que ha acertado en lo fundamental, de modo que ni las sanciones norteamericanas, ni el fin del mundo soviético, en el que estaba profundamente inserto, ha significado la caída del gobierno.

Inútil atribuir eso a la “represión”. Sabemos de sobra (y los casos latinoamericanos son prueba de eso) que ninguna represión, por sí misma, explica esa resistencia. Sugiero que las transformaciones realizadas son el fundamento de la explicación, pese el desorden monumental que las sanciones producen en la vida de los cubanos.

En 2024 el gobierno de Cuba presentó a la Asamblea General de Naciones Unidas un informe sobre los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero a que está sometida, condenado ese año por 187 países, con solo dos votos a favor: el de Estados Unidos y el de Israel.

Solo entre marzo de 2023 y febrero de 2024 el bloqueo representó pérdidas a la isla por poco más de cinco mil millones de dólares. El informe cubano cifra, en dólares corrientes, en más de 164 mil millones los daños de las más de seis décadas de sanciones. Actualizada, la cifra es de 1,5 billones de dólares. Es fácil imaginar el desorden que sanciones como esas causan a cualquier economía.

El resultado es que el país siquiera es capaz hoy de mantener en funcionamiento un sistema eléctrico indispensable para que funcione su economía, sus hospitales, sus escuelas, para que los cubanos puedan mantener refrigeradoras funcionando en sus casas.

La intervención extranjera genera un desorden extraordinario que hace imposible un desarrollo político interno “normal”, que refleje el peso real de cada sector en la vida política del país.

Si la oposición cuenta con el apoyo tan formidable de Washington, ¿cómo pedir al gobierno cubano que juegue como si la cancha estuviera pareja? ¿Cómo pedirle elecciones “libres”, si durante 60 años el gobierno jamás ha podido desarrollar un proyecto sin el sabotaje externo?

El desorden en América Central

La historia de América Central –quizás con excepción de Costa Rica– es un buen ejemplo de los resultados de esas intervenciones.

Un caso especial es el de Guatemala, donde un golpe de Estado promovido por Washington, en 1954, empoderó a los militares, desarticuló la vida política del país, marginó la mayoritaria población indígena, cortó un desarrollo normal de reformas que los dueños de las bananeras norteamericanas en el país no estaban dispuestos a aceptar.

El desorden provocado por ese golpe repercute hasta hoy. El canciller del gobierno del derrocado gobierno de Jacobo Arbenz, Guillermo Toriello, cuenta esa historia en un libro notable, “La batalla de Guatemala”, texto indispensable, pero difícil hoy de conseguir. En todo caso, un texto más reciente, del periodista norteamericano Stephen Kinzer, excorresponsal del New York Times en Centroamérica (y en muchos otros países), cuenta esa historia en “Bitter Fruit: The Story of the American Coup in Guatemala”, publicado en 2005.

Kinzer también escribió sobre la guerra en Nicaragua –Blood of Brothers, publicado en 1991– donde la intervención norteamericana alimentó la guerra contra a revolución sandinista que, además de los miles de muertos y del desorden provocado en los programas de desarrollo del país, terminó resolviéndose en unas elecciones en las que los nicaragüenses estaban advertidos: si no gana la oposición Estados Unidos mantendrá la guerra contra un país ya exhausto y desangrado.

Ganó la oposición, pero el desorden político creado por esa victoria se mantiene hasta hoy, sin que el país haya podido volver a encontrar un equilibrio político, ni un adecuado modelo desarrollo. Por el contrario; como sabemos hoy imperan las duras reglas con las que el régimen de Ortega ha devorado hasta a sus más viejos y cercanos aliados. ¿Qué orden es ese, qué régimen puede sobrevivir en esas condiciones?

El desorden causado por genocidio de Gaza y la guerra contra Irán

El desorden en el mundo tiene otras expresiones más recientes, abrumadoras, de repercusiones universales.

Una es el genocidio de Gaza, dramática herencia que recuerda el genocidio producido por los alemanes en la II Guerra Mundial. Es abrumadora la evidencia de la devastación provocada por Israel, principalmente en Gaza, pero también en Cisjordania.

En un artículo sobre la pobreza endémica en Gaza y Cisjordania, publicado el 30 de diciembre del 2004, la BBC decía: «Las estadísticas de muerte, destrucción y pobreza no llegan a transmitir el verdadero sufrimiento de la población en los territorios ocupados. Barrios enteros (…) han sido arrasados. En nuestras escuelas una generación completa crece en un ambiente de violencia aterradora. La maldición de la pobreza endémica alcanza ahora a dos tercios de la población».

¡Dicho en 2004! ¿Qué ha pasado desde entonces?

El informe de Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas sobre la “Situación de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos”, publicado en octubre pasado, muestra la dimensión del desorden causado.

La tortura se ha extendido mucho más allá de las prisiones y salas de interrogatorio. “El territorio palestino ocupado se ha convertido en un espacio de castigo colectivo”, dice. O sea, en un campo de concentración.

La complicidad internacional, en particular de Estados Unidos, ha contribuido al genocidio en Gaza, señala el informe. Solo la cifra de muertos en la franja de Gaza superaba ya los 75 mil, consecuencia de la ofensiva militar lanzada por Israel desde hace más de dos años.

A la destrucción de Gaza se sumó al cerco de Cisjordania, donde los colonos israelitas han ido ocupando territorio, destruyendo propiedades y asesinado a los antiguos habitantes.

El diciembre pasado la prensa informaba que niños palestinos se congelaban hasta la muerte en los campos de refugiados, mientras Israel bloqueaba la ayuda humanitaria, sin la que no pueden sobrevivir. Limitando el ingreso de alimentos, un cuidadoso plan del gobierno israelí implantó la hambruna en los territorios ocupados desde 1967.

El desorden impuesto en Medio Oriente por Israel y sus aliados es inimaginable. ¿Qué se pretende construir sobre esas ruinas? ¿Podrá el mundo seguir mirando para otro lado mucho tiempo más? Es imposible imaginar la solución de algún problema con el genocidio impuesto por Israel en Palestina.

Pero las bombas siguen estallando. Israel vuelve a atacar el Líbano. El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel atacaron Irán. Hasta hoy siguen las discusiones sobre los objetivos de esa guerra, sin que haya claridad sobre cuáles son.

Escuelas y hospitales en ruinas, estrecho de Ormuz cerrado

A mediados de abril se anunció un precario cese al fuego en la guerra que Estados Unidos libra contra Irán.

El New York Times decidió hacer también una pausa en la cobertura de la guerra y echar una mirada a la destrucción provocada por los bombardeos en Irán: “Iran’s Schools and Hospitals in Ruins, Times Analysis Shows”, se titula el artículo, publicado el 9 de abril.

Es probable que la escala de devastación sea mucho mayor que la estimada por el Times, dice la nota. La Sociedad de la Media Luna Roja declaró, el 2 de abril, que al menos 763 escuelas y 316 centros de salud habían resultado dañados o destruidos durante la guerra.

El primer día del ataque, el 28 de febrero, la escuela primaria Shajarah Tayyebeh, en la ciudad de Minab, al sur de Irán, fue bombardeada. El ataque dejó al menos a 175 personas muertas, la mayoría de ellas niños. Los militares habían catalogado la escuela como un objetivo militar, utilizando información desactualizada, de por lo menos diez años antes, dice el periódico.

El derecho internacional humanitario obliga a los comandantes militares a tener en cuenta los posibles daños colaterales a civiles e infraestructuras civiles cuando planifican un ataque, recuerda el Times.

El periódico utilizó imágenes aéreas de alta definición para analizar el resultado de los ataques. Las imágenes fueron mostrando el caos provocado: centenares de escuelas, hospitales, centros de salud, destruidos o dañados. Centenares de niños muertos.

Cerca de la mitad de las escuelas y centros de salud dañados se encontraban en Teherán, una ciudad densamente poblada, donde los bombardeos han sido intensos.

Trump prometió, en algún momento, enviar Irán a la “edad de la piedra”. Hoy, domingo 19 de abril, con las negociaciones entrampadas, amenaza de nuevo con destruir puentes y centrales eléctricas de Irán.

Sus fuerzas acaban de capturar un carguero de bandera iraní en el golfo de Omán. Difícil imaginar caos mayor que el provocado por el cierre del estrecho de Ormuz. China, particularmente afectada por el cierre de la vía, ha pedido a Irán que la abra, pero ha indicado que la causa del cierre es la guerra provocada por Estados Unidos e Israel.

El 1 de abril, el diario español El País recordaba el caos provocado por la guerra de Irak en 2003, con el apoyo del español José María Aznar y del británico Tony Blair. “El declive de Bagdad dos décadas después de la guerra, espejo para Teherán”, dice el artículo. Caos similar provocó el asesinato del líder libio, Muamar el Kadafi, en octubre del 2011.

Aunque no han logrado el derrocamiento del gobierno iraní, intentado aun antes de la guerra por medio de protestas populares estimuladas por las dificultades económicas creadas en el país por las sanciones norteamericanas, los antecedentes citados muestran las caóticas consecuencias de esas guerras y sanciones.

La necesidad de un nuevo orden

Me parece que no deberíamos cerrar el recorrido por este caos sin mencionar el más reciente esfuerzo por crear un nuevo orden internacional, que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, convocó bajo la consigna del “No a la guerra”.

El 17 y 18 de abril, Sánchez celebró, en Barcelona, junto con los presidentes de Brasil, México, Colombia, Uruguay, Africa del Sur y una lista de representantes de diversos países y organizaciones políticas, una Cumbre Global Progresista.

Tiene particular relevancia para América Latina, donde Trump ha proclamado la pretensión de un renovado control sobre su “patio trasero”. Nunca ha dejado América Latina de serlo, sometida a la permanente presión de Washington y la sumisión de la “quinta columna” en la que se basa esa dominación.

Pero si nunca ha dejado de serlo, tampoco nunca ha dejado de haber resistencias. La cumbre de Barcelona revela lo persistente y renovadas que son. El mundo ha cambiado mucho para que las pretensiones anunciadas en 1823 de someter a América Latina puedan ser renovadas sin problemas hoy.

Nadie debe tener vergüenza de ser de izquierda, dijo Lula en Barcelona. Trump está jugando un juego muy peligroso, pensando que puede dictar sus reglas.

O, como dijo la presidente mexicana, Claudia Sheinbaum: México tiene como principios constitucionales “el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, el rechazo al uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los estados, la necesidad de la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto a los derechos humanos, la lucha permanente por la paz”.

Estados Unidos está utilizando armas creadas para combatir el narcotráfico como instrumento de presión contra los que no comparten sus políticas en América Latina dijo, por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro.

¿Cuál es nuestra respuesta?, se preguntó: Rebelión. Esto es lo que ocurrirá si el gobierno norteamericano no revisa el caos provocado por sus políticas hacia América Latina, aseguró.

Podrá así ese niño, dormido en la acera en San José, despertar y descubrir otro mundo, donde tenga una cama donde dormir.

FIN

Entre Verdades y Opiniones

Por: JoseSo (José Solano-Saborío)

Lenin Chacón VargasBagaces Guanacaste22 de abril de 2026

Vladimir de la Cruz

Abelardo Morales Gamboa (*)

No se trata solo de cambiar las cárceles, sino de transformar la sociedad que las necesita.

Gilberto LopesSan José, 19 de abril de 2026

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22 de abril de 2026

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San José, 19 de abril de 2026