En cualquier actividad humana no hay peor error que confundir las oportunidades que tengan las personas o las organizaciones con la capacidad de aprovechar esas oportunidades. Pueden aparecer múltiples oportunidades, pero otra cosa es que se tenga la capacidad de aprovecharlas. Por ejemplo, la Federación Costarricense de Fútbol puede tener la ilusión de inscribir a la selección para el próximo campeonato mundial, pensando en que se va a ganar dicho torneo. Indudablemente, se abre la oportunidad de ser campeones mundiales de futbol; sin embargo, ¿tiene la selección la capacidad de ganar el campeonato? Con el nivel actual del futbol tico, probablemente ninguno se atrevería a afirmar que se logrará ese objetivo. Así que, una cosa es una oportunidad y otra muy distinta es aprovecharla.
El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) incurre en ese error. En un documento publicado hace poco (Posibles resultados de la incorporación de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico, sin fecha), nos dice que, si aprobamos el Tratado de Comercio con el área del Transpacífico, aumentaremos las exportaciones a los países de esa alianza comercial. Según COMEX se abre una gran oportunidad de incrementar la colocación de nuestros productos en esos países. Sólo necesitamos que la Asamblea Legislativa apruebe el Tratado, y la oportunidad se traducirá en un aumento de las exportaciones. Es decir, hay una continuidad mecánica entre oportunidad y capacidad de exportación. Sería muy torpe de nuestra parte, dice COMEX, no aprovechar esa oportunidad.
Sin embargo, en realidad, el documento está vendiendo humo. No se han realizado los estudios para comprobar que los productores nacionales tendrán la capacidad de elaborar productos a un precio competitivo, con la calidad que requiere el mercado mundial y en los volúmenes apropiados para que los negocios sean efectivos. Por el contrario, principalmente en el sector agrícola y ganadero, se observan múltiples dudas sobre la capacidad para competir aquí, en el mercado nacional, contra los productos que vendrán del área del Transpacífico. Es decir, se piensa que, no sólo no podremos exportar lo que promete COMEX, sino que tampoco podremos competir con los productos importados. En consecuencia, no se podrá aprovechar la oportunidad que ofrece el citado Tratado, porque no hay capacidad de competir con los productos del Transpacífico. Desde luego, la realidad no es estática. Si se desarrollara una verdadera estrategia productiva que mejore la capacidad competitiva del productor nacional y que mejore el contexto del proceso exportador (carreteras, puertos, aeropuertos, etc.), a mediano y largo plazo podríamos competir con el área del Transpacífico y con muchos países. Pero, llevamos cuatro décadas evadiendo esa estrategia productiva, impulsando, por el contrario, una apertura comercial que favorece a los grandes importadores y a los grandes operadores del sector financiero, además de generar zonas francas que se convierten en enclaves de exportación para grupos específicos del capital extranjero. Estos enclaves son plataformas de ensamblaje que generan pocos encadenamientos por lo que aportan poco al crecimiento de la economía.
Para vender el humo, el documento en mención usa un modelo de simulación econométrico, basado en las estadísticas de exportación de los países y en algunos aspectos adicionales. La validez de todo modelo de simulación reside en los supuestos con los que se realizan los cálculos. En este caso, el supuesto principal es que habrá continuidad mecánica entre oportunidad y capacidad de competir, una vez que los aranceles (los impuestos de importación) se reduzcan a cero. El modelo se realiza con fórmulas de cálculo que incluso muchos economistas y estadísticos tendrían dificultad de entender. El ciudadano común, que no tiene preparación en el tema, no entendería qué significan esas fórmulas. Sin embargo, se utilizan para que el humo tenga colores atractivos. “Si lo dicen los economistas, cómo vamos a dudar de los resultados”. El objetivo de esto es confundir a los productores, a los dirigentes de las organizaciones productivas, a los diputados, y en general, al ciudadano común. Con un modelo de cálculo que parece muy científico, “¿quién va a dudar de lo acertado de los resultados?”.
Matemáticamente, más allá del espejismo de las fórmulas, el modelo es muy sencillo. Lo que dice es que, si hoy exportamos, por ejemplo, US$20.000 millones a un grupo de países, si ampliamos el comercio bajando los aranceles a cero a nuevos países, necesariamente vamos a exportar más, a la vez que importamos más. ¡Mecanicismo absoluto! En particular, nada garantiza que la exportación se va a producir, mientras el análisis se mantenga a un nivel macro. Abrir el comercio abre oportunidades, pero no garantiza la capacidad del productor nacional de exportar a los nuevos países.
El modelo le da forma numérica a la confusión entre oportunidades y capacidad para exportar. Si hoy exportamos US$20.000 millones a los actuales socios comerciales, no hay nada que fundamente que vamos a exportar US$4.000 millones, US$5.000 millones, o algo similar, a los nuevos países, sólo porque estos tienen capacidad de compra. Lo que presenta el documento es un cálculo macro, global, de carácter mecánico sin apego a la realidad. No tiene absolutamente nada relacionado con una evaluación micro sobre la realidad competitiva de los diversos sectores productivos nacionales. Lo único que nos permitiría afirmar que podemos exportar más al área del Transpacífico, serían evaluaciones producto por producto que nos muestren su eficiencia, sus costos de producción, la calidad de los productos y otros aspectos de competitividad. Además, habría que estudiar si nuestro país ofrece las condiciones de contexto apropiadas para que la nueva exportación pueda salir oportunamente y al costo adecuado. Es decir, evaluar, por ejemplo, el estado de nuestras carreteras, puertos, aeropuertos, además del ambiente institucional (como trámites y factores relacionados).
Observando el documento en detalle notamos que COMEX se pega un tiro en el pie, porque acepta que en el proceso de apertura pueden existir ganadores y perdedores. En la figura 10 del documento, que reproducimos a continuación, se muestran los porcentajes de disminución o crecimiento que tendrían los sectores productivos, según su cálculo. Resulta que la figura admite que las oportunidades para el sector agrícola y la ganadería no existen, porque estima que, en lugar de crecer, su nivel de producción bajaría (es decir, tendría porcentajes negativos de variación con el Tratado). Esto se destaca con un recuadro rojo. Por el contrario, los sectores de producción ubicados en zona franca, destacados en la figura con un recuadro azul, aumentarían su producción. En consecuencia, según el modelo de simulación, el Tratado sería una herramienta para reproducir la estrategia actual de apertura que ha favorecido la producción de ensamblaje ubicada en zonas francas, mientras destruye a la agricultura y la ganadería, que son los sectores que le ofrecen más potencial de crecimiento al país. Remata la figura con una declaración de derrota: indica que el crecimiento adicional del PIB que produciría el Tratado sería de un 0,34%. Se interpreta que esa expansión se lograría luego de aplicados los instrumentos del Tratado, por lo que el cálculo se refiere a lo que se lograría en varios años. Obtener un crecimiento de la economía del 0,34% después de 3, 4 o 5 años sería absolutamente insignificante. Hoy el PIB crece al 3,5% anual, lo cual es un porcentaje malo. Agregarle a eso 0,34%, luego de varios años, es prácticamente nada. El país necesita, basado en una nueva estrategia productiva, liderado por el sector agropecuario, porcentajes de crecimiento anual en el rango del 6% al 8%, durante dos o tres décadas, de manera constante. Sólo así superaríamos el bajo nivel de ingreso por habitante que tenemos, y lograríamos acercarnos a economías que hoy tienen un nivel de ingreso promedio relevante, como Noruega, Suecia, Corea, Países Bajos, etc. Con ese crecimiento que ofrece COMEX con el Tratado del área del Transpacífico no nos movemos, ni un milímetro, del atraso en que estamos.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su indignación ante el estado de la política mundial, al inaugurar la 81ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El privilegio de la insensatez
“Desde que ocupé por la primera vez esta tribuna, en 2003, este es el momento más crítico de las Naciones Unidas”, dijo el presidente brasileño, al ocupar la tribuna de la Asamblea General de Naciones Unidas que, por tradición e historia, Brasil inaugura desde 1946.
Lula dedicó la primera parte de su discurso al escenario internacional y al papel de las Naciones Unidas. “La ONU está fallando en una de sus misiones más elevadas: la de librar la humanidad del flagelo de la guerra”. “Todos somos rehenes del inmovilismo de un Consejo de Seguridad que no cumple su papel. En 1946, ya en la primera sesión de esta Asamblea, Brasil llamaba la atención para el alto precio que la comunidad internacional pagaría por el derecho de veto. Este vicio de origen de la Carta de la ONU le otorgó a las grandes potencias el privilegio de la insensatez”.
Brasil, junto con otros países del Sur Global, especialmente la India, ha venido exigiendo una reforma del Consejo de Seguridad donde las cinco potencias nucleares de posguerra –Estados Unidos, Unión Soviética, Inglaterra, Francia y China– asumieron el cargo de miembros permanentes con derecho a veto.
Ya en la Declaración de Nueva Delhi, del pasado 12 de septiembre, los BRICS, del cual Brasil es miembro fundador, reiteraron su compromiso con la reforma de la “gobernanza global”, de modo que reflejara mejor las realidades contemporáneas.
Pese a los cambios en el escenario internacional donde, entre otras cosas, las potencias nucleares se han casi que duplicado, el privilegio de los cinco miembros permanentes, nombrados hace 80 años, sigue vigente.
Los líderes de los países que lo integran necesitan reunirse, dijo Lula, en vísperas de la reunión entre los presidentes de Estados Unidos y China. Xi Jinping realizará una visita de tres días a Washington, del 23 al 25 de septiembre, que ha despertado enorme expectativa ante los acuerdos (o los desacuerdos) a que puedan llegar los líderes de las dos principales potencias mundiales.
“Miles de millones de dólares financian una nueva carrera armamentista”, dijo Lula, mientras “tensiones geopolíticas amenazan transformar confrontaciones regionales en una conflagración de proporciones globales”.
Redefiniendo una formulación clásica, el presidente brasileño señaló que “la guerra no es la continuación de la política por otros medios. Es la falencia total de la política”.
El genocidio israelí y otras guerras
Lula reiteró la posición de su gobierno sobre el genocidio provocado por Israel en Palestina. Generaciones cargarán el dolor y el trauma del genocidio provocado por el gobierno de Netanyahu contra mujeres y niños en Gaza, del mismo modo que civiles israelíes “pagarán el precio del radicalismo y la intolerancia de los actos terroristas de Hamas”.
Lula agregó que los asentamientos judíos ilegales en Cisjordania hacen cada vez más inviable la solución de dos Estados y reivindicó la voz de la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos, Francesca Albanese, que “no puede ser silenciada por decir la verdad”. La Universidad de Costa Rica le otorgó a Albanese el doctorado honoris causa, que le deberá ser entregado en un acto a celebrarse en San José antes de fin de año.
Lula criticó también las consecuencias de la guerra desatada por Estados Unidos contra Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, “un pasaje vital para el comercio internacional”.
Y reivindicó la iniciativa de Brasil y China para promover una paz negociada en Ucrania. “Todos sabemos que no habrá vencedores en el campo de batalla”, afirmó. “La diplomacia es la única opción”.
“Brasil no cabe en el patio trasero de nadie”
Antes de hacer un breve repaso por otros diversos temas de la agenda internacional, como la importancia del multilateralismo, el desarrollo sustentable, o la lucha contra el hambre y la pobreza, Lula se refirió al escenario hemisférico.
La proximidad geográfica de América Latina y el Caribe con la mayor potencia militar del mundo es una realidad de la que la región no puede escapar, “sobre todo en un escenario de recrudecimiento de tentaciones hegemónicas”.
Lula rechazó la intervención extranjera en las elecciones de Brasil, el próximo 4 de octubre, y la pretensión de Estados Unidos de controlar las riquezas naturales brasileñas, que serán explotadas en beneficio del pueblo brasileño, aseguró. “El acceso a nuestros minerales tendrá como contrapartida obligatoria la generación de valor en nuestro territorio, la transferencia de tecnología y el abastecimiento de sectores estratégicos nacionales”, dijo Lula, que concluyó destacando que “Brasil no cabe en el patio trasero de nadie”.
Una referencia a la reivindicación de Trump de que la región es el patio trasero de Estados Unidos, una vieja demanda sustentada por la Doctrina Monroe desde el siglo XIX, que el presidente norteamericano pretende modernizar con el nombre de Donroe.
El pueblo venezolano “merece definir su propio destino”, “Nicaragua no va a resolver sus problemas impidiendo que la oposición participe en elecciones” y “Haití sigue poniendo a prueba los límites de la indiferencia de la comunidad internacional”, agregó. Lula también se refirió a la situación cubana, señalando que “el mundo asiste asombrado al castigo colectivo impuesto a diez millones de personas por un embargo económico y un cerco energético ilegales”.
Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) alerta sobre amenazas al proceso electoral
La Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) advirtió a las autoridades electorales y al gobierno, en agosto pasado, sobre “una escalada de presiones sobre Brasil” ejercida por Estados Unidos y que amenaza al proceso electoral.
Brasil celebrará el próximo domingo, 4 de octubre, el primer turno de las elecciones presidenciales y elecciones estaduales en todo el país, en medio de reiteradas denuncias sobre la intervención del gobierno norteamericano a favor del candidato opositor, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, condenado por los tribunales por su intento de golpe en las elecciones de hace cuatro años, cuando fue elegido Lula.
Las presiones se dan en el marco de una “reafirmación de la hegemonía de los Estados Unidos en América Latina, una prioridad del segundo gobierno de Trump”, dice la ABIN.
En entrevista a CNN, en Nueva York, el pasado lunes, Lula afirmó haber pedido personalmente a Trump no intervenir en las elecciones brasileñas. Según Lula, Trump le dijo que no lo va a hacer.
La semana anterior, segunda de setiembre, el INEC presentó los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria del 2026, que recoge los datos para el 2025 y que en sus conclusiones generales señala que la papa y la cebolla concentran el 80,4% del área sembrada de las hortalizas investigadas, el grupo de granos básicos concentra más de la mitad del área sembrada de los cultivos anuales investigados, la yuca destaca por registrar la mayor área sembrada y el mayor volumen de producción dentro del grupo de raíces y tubérculos y los cultivos agroindustriales, que se caracterizan por destinar su producción principalmente a procesos de transformación industrial, concentran el 67,8% de la producción de los cultivos permanentes, entre ellos el café, la caña de azúcar y la palma aceitera.(INEC,Noticias,17-9-2026)
Más allá de esos aspectos generales, la ENA 2026 reafirma la tendencia observada en las dos encuestas anteriores 2023 y 2021 hacia la reducción de las áreas cultivadas y de los volúmenes de producción, en cultivos como arroz, cebolla, frijol, yuca, naranja, palmito y plátano, pero con algunas noticias esperanzadoras en otros cultivos como las recuperaciones de las áreas en aguacate, papa, banano, café, caña de azúcar y palma aceitera.
Habría que recordar que la ENA anterior del 2025, con datos para el 2024, reveló una caída considerable de la producción agrícola, con descensos de las áreas cultivadas y de la producción de cultivos importantes para el consumo interno como el arroz, los frijoles, la papa, la cebolla y el plátano y de cultivos de exportación como el banano, el café, la caña de azúcar, la naranja, el mango y la palma aceitera.
Las diferencias fueron considerables entre el 2024 y el 2023, sobre todo en el cultivo de arroz, papa y cebolla y el cultivo de banano y café entre esos años, dando lugar a la determinación que ésta situación de la producción agrícola nacional podía ser calificada como una crisis ya no sólo de la producción de los cultivos para el mercado interno, sino también de los cultivos para exportación.(SURCOSdigital.com, La Encuesta Nacional Agropecuaria 2025, confirma el peligroso descenso de la producción nacional, set 2025).
En esta nueva versión de la ENA 2026, las reducciones mayores fueron en las áreas sembradas de frijol con 3,166 hectáreas menos, la yuca con 2,271 hectáreas menos, el arroz con 1,328 hectáreas menos, el plátano con 1,120 hectáreas menos, la cebolla con 384 hectáreas menos, la naranja y el palmito con cerca de 440 hectáreas menos.
En esos mismos cultivos el descenso de la producción es muy significativa, siendo la naranja la mayor reducción con más de 31,000 toneladas métricas menos, la yuca con más de 9,400 TM menos, la cebolla con más de 2,300 TM menos, el plátano con más de 1.000 TM menos, el frijol con más de 800 TM menos y el palmito con más de 300 TM menos. Por el contrario, en el caso del arroz, pese a la reducción del área, se dio un aumento de la producción en más de 3,000 TM.
Por su parte los cultivos permanentes, experimentaron en su mayoría un aumento tanto en las áreas sembradas como en la producción, siendo la palma aceitera, la que tuvo un aumento más significativo en ambas variables, con más de 7,200 hectáreas sembradas y más de 91,900 TM de producción en el 2025, luego el banano fue el segundo cultivo con mayores aumentos en el área sembrada de más de 3,100 hectáreas y más de 11,000 TM de producción, el café con un aumento de más de 1,200 hectáreas y de más de 50,700 TM de producción, la caña de azúcar con un aumento de más de 480 hectáreas y de más 99,700 TM, evidenciando, estos últimos con una importante recuperación de la producción.
En los cultivos anuales, la papa y el maíz tuvieron un pequeña recuperación, tanto en el área sembrada con más de 560 hectáreas el primero y más de 540 hectáreas el segundo, así como en los volúmenes de producción, con más de 460 TM más el primero y más de 4,400 TM el segundo entre los años 2025 y el anterior de 2024.
De acuerdo con la información anterior, se podría afirmar que en la ENA 2026 los cultivos para el mercado interno mantienen descensos muy importantes en las áreas y en la producción, que profundizan la tendencia hacia la reducción de las áreas agrícolas que ya se había reflejado en las anteriores ediciones de la encuesta agropecuaria 2021 y 2023.
En el análisis de los cambios en la Encuesta Nacional Agropecuaria 2023, se mencionaba la tendencia al deterioro de la actividad agrícola y la aproximación a la producción mínima en las principales actividades agroalimentarias.
Se decía que esta reducción en el área cultivada y también en la producción de las actividades agrícolas, podría estar llegando al límite mínimo(piso) de producción nacional de ciertos alimentos y que un descenso mayor en ellos, podría llevar al desabastecimiento y al aumento de la importación como ha ocurrido con el arroz, el maíz, el frijol, la cebolla y la papa, situación que tiene implicaciones en la salida de productores de la actividad, sobre el empleo agrícola, sobre la disponibilidad de alimentos, la seguridad y soberanía alimentaria del país y sobre el uso de las tierras agrícolas en otras actividades en algunas regiones periféricas del país.( SURCOSDigital.com 1-10-2024)
Mientras las actividades agrícolas para la exportación han superado en niveles variables las áreas sembradas y los volúmenes producidos en el 2024, marcando una recuperación importante, que sin embargo no alcanza los niveles anteriores al año 2020 y es probable que no compense la reducción de ingresos por exportaciones, que se estima se han visto reducidos en los dos últimos años en más del 30% por la caída del tipo de cambio y el aumento de los costos internos.
Ante esta disociación entre la realidad de la producción agroalimentaria y la acción institucional del sector agropecuario, vuelve a cobrar validez la investigación realizada el año anterior por la Defensoría de los Habitantes sobre el acceso a la Seguridad Alimentaria y Nutricional, que entre sus conclusiones afirmaba que el país disminuyó su capacidad de autoabastecimiento de productos básicos para la alimentación y el principal factor es la falta de políticas públicas que apoyen a los sectores productivos.
Así mismo son reiterativas, pero oportunas las consideraciones incluidas en el artículo denominado El SOS de la producción agroalimentaria interna y de la seguridad alimentaria (SURCOSDigital.com 18-3-2024), acerca de la necesidad de la formulación de una ley nacional de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, que proteja la producción agroalimentaria de los cambios en los mercados internacionales, en las políticas internas de desestimulo a la producción nacional y en el estímulo creciente a las importaciones.
«Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz». — Benito Juárez (1806-1872)
Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr. Profesor catedrático jubilado UCR y UNED Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Compromas con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL) biodiversidadcr@gmail.com
Mientras la confrontación y el agravio contaminan el debate público, dos escolares costarricenses recordaron, desde las aulas y los actos patrios, que la democracia se construye con respeto, diálogo y responsabilidad.
Hay algo profundamente desconcertante en contemplar, durante este Mes de la Patria, la palabra PAZ adornando los escenarios oficiales mientras Costa Rica atraviesa un período de intensa crispación política. Las puestas en escena institucionales pueden ser hermosas, pero las palabras que se pronuncian desde el poder también funcionan como espejos que reflejan contradicciones difíciles de ignorar.
¿Cómo explicar que, mientras se invoca la concordia en los actos patrios, la confrontación y la descalificación sigan ocupando un lugar tan visible en el discurso político? La pregunta no es menor; la paz no se construye con lemas, banderas ni declaraciones solemnes, sino mediante el respeto cotidiano a quienes piensan diferente.
Frente a esta realidad, la verdadera sensatez cívica ha surgido, una vez más, desde las aulas escolares. El pasado 1.º de septiembre, en San Isidro de Coronado, la niña Keyla Chavarría Jiménez, de apenas ocho años, participó en los actos patrios con un mensaje que merece ser recordado. Su presencia nos invita a reconocer que la infancia también tiene mucho que enseñar a una sociedad adulta que, con frecuencia, parece olvidar el valor de la convivencia democrática.
Pero fue durante la celebración oficial del 15 de septiembre de 2026, en San José, cuando el estudiante de quinto grado de la Escuela España, Roberto Segura Murillo, pronunció un discurso que merece especial atención. Ante la presidenta de la República, ministros, autoridades municipales, docentes, de familia y estudiantes, el niño ofreció una lección de civismo que trasciende los actos protocolarios.
Roberto comenzó recordando que la independencia no es únicamente un acontecimiento ocurrido hace muchos años; es, también, una tarea que debemos seguir construyendo y cuidando cada día. La libertad, explicó, se expresa cuando respetamos a los demás, cuidamos nuestro país, estudiamos con esfuerzo y hacemos lo correcto, aunque nadie nos esté viendo.
En esas palabras hay una comprensión de la ciudadanía que no siempre encontramos en quienes ejercen el poder. La independencia implica la responsabilidad de preservar las libertades, las instituciones y los derechos que permiten a cada persona vivir con dignidad.
El escolar recordó, además, que Costa Rica se caracteriza por ser un pueblo trabajador, amable, solidario y respetuoso, evocando ese «pura vida» que identifica nuestra manera de relacionarnos y que debería expresar esperanza, optimismo y agradecimiento. No se trató de una exaltación vacía de la nacionalidad, sino de una invitación a reconocer los valores que han contribuido a nuestra convivencia.
Uno de los pasajes más significativos de su discurso fue su referencia al sistema educativo. Roberto afirmó que este nos cobija a todos, sin importar nuestras divergencias, y lo comparó con una madre amorosa que sueña con un futuro mejor para todos sus hijos. También recordó que nuestra democracia permite participar, expresar opiniones y trabajar juntos por el bienestar común.
¡Qué contraste con las voces que pretenden convertir las diferencias en amenazas! En una democracia, pensar distinto no constituye una falta; la diversidad de opiniones no es un obstáculo que deba eliminarse, sino una condición necesaria para que la sociedad pueda deliberar y tomar decisiones colectivas.
Roberto también se refirió a la tea y al fuego de la libertad que recorren nuestras calles, recordando que cada generación tiene la responsabilidad de mantenerla viva porque no basta con recibir una herencia histórica: hay que cuidarla para que no se apague.
Su interpretación del lema oficial de estas fiestas, «Costa Rica: 205 años, libres, en paz y sembrando futuro», resultó particularmente elocuente. Así como un agricultor siembra una semilla con la esperanza de cosechar buenos frutos, nosotros podemos sembrar respeto, honestidad, solidaridad, responsabilidad y amor por la patria.
La metáfora agrícola adquiere una fuerza especial en boca de un niño: el futuro no se improvisa ni aparece por decreto, se cultiva mediante las acciones del presente, y una sociedad que aspira a cosechar paz no puede abonar la convivencia con el insulto, la exclusión o la descalificación de quienes ejercen funciones críticas.
El estudiante fue todavía más claro al recordar que todos los habitantes de nuestra patria tienen derecho a participar plenamente en los procesos democráticos. Habló de inclusión, igualdad de oportunidades y respeto por la diversidad, porque, como afirmó de forma categórica, «una patria es más fuerte cuando nadie queda atrás». Esta afirmación debería resonar en todos los despachos públicos.
La democracia no se fortalece cuando se clasifica a la población entre quienes merecen ser escuchados y quienes deben ser señalados o excluidos; se fortalece cuando las diferencias pueden expresarse sin temor y cuando las instituciones protegen por igual la dignidad de todas las personas.
Sin embargo, el momento más contundente de su intervención llegó con un llamado que debería ser escuchado con particular atención por quienes gobiernan: «Sigamos construyendo un país donde siempre gane el respeto y nunca la violencia. Aprendamos a resolver nuestras diferencias hablando, escuchando y comprendiendo a los demás. Cuidemos la paz porque es uno de los regalos más valiosos que hemos recibido como nación».
No hay en estas palabras ingenuidad alguna; hay, por el contrario, una comprensión elemental y profunda de la vida democrática. Resolver las diferencias hablando, escuchando y comprendiendo exige reconocer al otro como interlocutor legítimo, incluso cuando sus ideas nos incomodan, una disposición que es totalmente incompatible con la lógica del agravio permanente.
El mensaje de Roberto adquiere una dimensión mayor cuando se pronuncia frente a las autoridades del Estado. Mientras desde distintos sectores del poder se multiplican las descalificaciones hacia quienes ejercen funciones de control, crítica o fiscalización, un estudiante de quinto grado nos recuerda que la democracia se sostiene en el respeto, la participación y la responsabilidad compartida.
No corresponde exigir a la niñez que repare aquello que los adultos deterioramos, pero sí corresponde escucharla cuando nos recuerda principios que deberían orientar la vida pública. La escuela no solo transmite conocimientos, también puede formar ciudadanos capaces de convivir, deliberar y reconocer que ninguna diferencia justifica la violencia o la humillación.
El triunfo electoral concede el derecho a gobernar durante un período determinado; no otorga poder absoluto para descalificar a los adversarios, debilitar los contrapesos institucionales ni convertir la crítica en una amenaza. La autoridad democrática se ejerce con límites, responsabilidad y respeto por quienes no comparten las decisiones del Gobierno.
Por eso, el mensaje de este niño no debería quedar reducido a una intervención más dentro de los actos patrios; sus palabras constituyen una invitación a revisar la forma en que estamos construyendo nuestro presente y, sobre todo, el futuro que dejaremos a las nuevas generaciones.
La paz va mucho más allá de la ausencia de violencia física: significa aprender a convivir con las diferencias, escuchar antes de condenar y reconocer que nadie posee el monopolio de la verdad. La democracia, por su parte, no se limita a depositar un voto, sino que exige participación, respeto a las instituciones y disposición permanente al diálogo.
En este Mes de la Patria, mientras miles de costarricenses recorren las calles con la tea y las banderas blancas, las palabras de Roberto nos recuerdan que el futuro también está en nuestras manos, y que sembrar futuro no consiste únicamente en proclamar grandes objetivos, sino en cultivar desde ahora las condiciones que permitan alcanzarlos.
Tal vez la mayor lección de este Mes de la Patria no surgió de los adultos, sino de nuestros escolares. Keyla, desde Coronado, y Roberto, desde San José, enviaron un mensaje contundente. Nos recordaron que la dignidad, el respeto y la convivencia no son asuntos secundarios. Son, en realidad, el terreno donde se cultiva la patria.
Hay decisiones jurídicas cuya extrañeza solamente se revela cuando se las conduce hasta sus últimas consecuencias. No es necesario caricaturizarlas: basta aplicar rigurosamente su propia lógica. Es el antiguo procedimiento de la reductio ad absurdum, que desde la matemática griega hasta la filosofía analítica ha servido para descubrir cuándo una premisa aparentemente razonable desemboca en un resultado difícilmente conciliable con aquello que pretendía preservar.
Algo semejante ocurre con la reciente controversia sobre la elección de magistrados suplentes en la Asamblea Legislativa.
El artículo 227 del Reglamento legislativo contiene una disposición singular: en los procesos de elección, el voto del diputado que «dejare de elegir» se suma a quien haya obtenido el mayor número de votos. El mismo artículo reconoce, sin embargo, que cuando la Constitución exige una mayoría calificada debe respetarse esa mayoría.
La regla puede tener una finalidad comprensible: impedir que la abstención se convierta en instrumento para paralizar indefinidamente una decisión parlamentaria. El problema aparece cuando una ficción destinada a resolver una dificultad procedimental termina sustituyendo la voluntad que la mayoría calificada pretende garantizar.
Imaginemos el caso límite.
Dos personas, A y B, aspiran a una magistratura. De los 57 diputados, uno vota por A, ninguno por B y los otros 56 dejan de elegir.
La voluntad parlamentaria efectivamente manifestada es inequívoca: A recibió un voto.
Pero si los 56 votos de quienes dejaron de elegir se atribuyen a A por ser el candidato más votado, la aritmética reglamentaria produce un prodigio digno de Zenón: A termina con 57 votos. La unanimidad formal nace de la casi absoluta ausencia de consentimiento.
El problema deja entonces de ser aritmético y se vuelve filosófico.
Una mayoría calificada no es simplemente un número. Es una institución destinada a expresar una determinada densidad de consentimiento. Cuando el constituyente exige una mayoría especialmente elevada, pretende dificultar deliberadamente la decisión: quiere obligar a construir acuerdos que trasciendan una mayoría circunstancial. De hecho, al explicar la reforma constitucional de 2003, la Procuraduría ha señalado que la exigencia de los dos tercios busca que la elección de cada magistrado sea producto de un «amplio consenso legislativo».
Aquí aparece una distinción elemental que habría complacido a Aristóteles: una cosa es no elegir a A y otra muy distinta es elegir a A.
Una norma jurídica puede establecer consecuencias para una abstención. Lo que resulta conceptualmente mucho más problemático es que transforme la ausencia de una voluntad afirmativa en la voluntad afirmativa que precisamente se exige para alcanzar una mayoría reforzada.
La paradoja se hace todavía más visible cuando se considera la papeleta. Si deben escogerse nueve candidatos entre dieciocho, quien no escoge a ninguno puede quedar comprendido en la regla de quien «dejare de elegir». Pero quien marca más candidatos de los permitidos puede producir una papeleta inválida. Surge entonces una extravagante posibilidad: quien pretende abstenerse cuidadosamente podría contribuir involuntariamente a elegir al candidato que menos desea, mientras quien vota incorrectamente podría producir consecuencias distintas.
El Derecho necesita ficciones. La personalidad jurídica, la representación, las presunciones y muchas otras construcciones son ficciones indispensables para hacer posible la vida institucional. Pero una ficción jurídica encuentra su límite cuando comienza a destruir la realidad normativa que debía servir.
Hans Kelsen enseñó que el orden jurídico es también una estructura jerárquica. Una norma inferior obtiene su validez dentro del marco trazado por la superior. Por ello, la pregunta decisiva no consiste solamente en determinar qué dispone el Reglamento de la Asamblea Legislativa, sino hasta dónde puede llegar ese Reglamento cuando entra en juego una exigencia establecida por la Constitución.
El artículo 158 dispone que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sean elegidos por los votos de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea; el artículo 164 regula específicamente el nombramiento de los magistrados suplentes. La cuestión jurídica consiste, por tanto, en determinar cómo interactúan esas disposiciones constitucionales con la regla reglamentaria de imputación de votos.
Pero detrás de la discusión técnica permanece una pregunta mucho más sencilla y quizá mucho más profunda:
¿qué significa votar?
Si votar significa manifestar una voluntad, parece difícil sostener, desde una concepción sustantiva de la democracia representativa, que la voluntad de no elegir pueda ser indistinguible de la voluntad de elegir. Porque entonces la mayoría deja de representar consentimiento y se convierte en un artificio contable.
Y cuando eso sucede, la aritmética ya no mide la voluntad democrática.
Gilberto Lopes San José, 21 de septiembre del 2026
Los BRICS encarnan el llamado Sur Global. Es ahí, en ese espacio, donde se encuentran con el que había creado el Movimiento de los Países No Alineados, hace ya más de 60 años. Pero ese Sur Global posee hoy un poder económico que los No Alineados nunca tuvieron, como dice el periodista esloveno, Uroš Lipušcek.
No es extraño que un periodista esloveno recuerde a los No Alineados, un movimiento cuyas raíces hay que buscar en la ciudad de Bandung, en Indonesia, en 1955, y en Belgrado, capital de Yugoslavia, seis años después, dirigida entonces por el mariscal Tito, y de la que Eslovenia era parte.
En abril de 1955 se reunieron en Bandung representantes de 29 países de África y Asia, y de territorios aún estaban sometidos a un poder colonial. Era, naturalmente, otro mundo.
Del impulso de Bandung derivó la reunión de Belgrado, inaugurada el 6 de septiembre de 1961, en plena Guera Fría. Solo dos semanas antes había comenzado la construcción del muro de Berlín y un día después de la inauguración de la cumbre la Unión Soviética realizó un ensayo nuclear.
Anuradha Chenoy, exdecana de la Escuela de Estudios Internacionales de la Jawaharlal Nehru University de New Delhi, también encuentra en las conferencias de Bandung y de Belgrado un hilo que las vincula al movimiento de los BRICS.
No es difícil encontrar un hilo conductor entre un movimiento que tuvo su mayor influencia en los años 60 y 70 del siglo pasado, y este otro, el de los BRICS, surgido hace 20 años, y que ha tomado un nuevo impulso en la reunión de Nueva Delhi, celebrada el 12 de septiembre pasado, asegura.
No es extraño tampoco que una intelectual hindú se sienta vinculada a ambos procesos. El entonces primer ministro Jawaharlal Nehru desempeñó un papel fundamental, junto a Tito y al egipcio Gamal Abdel Nasser, en el surgimiento del Movimiento de los No Alineados. Había que evitar, a mediados del siglo pasado, que la Guerra Fría se transformara en otra, caliente. Eso se logró, como lo sabemos hoy. Por lo menos hasta ahora.
Los BRICS y las guerras de nuestro tiempo
Los BRICS toman el relevo de esas reivindicaciones, en un escenario muy distinto. Entonces parecía que los ensayos de las potencias nucleares apenas dejaban oír la voz de los 29 países africanos y asiáticos y la de los territorios coloniales. Aunque los resultados logrados podrían sugerir que aquella voz, aparentemente apenas audible, de algún modo se sumó a los esfuerzos de quienes advertían contra los riesgos de la Guerra Fría.
Quizás debamos aprender algo de esa experiencia. Al igual que los No Alineados, los BRICS enfrentan el desafío de un orden internacional en el que no se sienten debidamente representados. Y tampoco se sienten cómodos en un mundo en el que Estados Unidos ha vivido librando alguna guerra prácticamente todos los años desde el fin de la Guerra Fría.
Tres de los miembros de los BRICS –Rusia, Irán y Arabia Saudita– están involucrados en dos de los conflictos internacionales más importantes en la actualidad, lo que enfrentaba el movimiento a una compleja negociación en la cumbre de Nueva Delhi para llegar a una declaración final que pudieran firmar todos.
Irán y Arabia Saudita ocupan lados distintos en el Medio Oriente, tanto por sus relaciones con Estados Unidos como con Israel.
La agresión de Estados Unidos ha provocado un caos en el mercado de hidrocarburos, con el bloqueo del estrecho de Ormuz por Irán y la renovada ofensiva de los hutíes, en Yemen, que les ha permitido controlar la estratégica ciudad portuaria de Moka, amenazar la navegación en el estrecho de Bab el Mandeb, y atacar instalaciones militares en Arabia Saudita, lo que obligó a cerrar el oleoducto que transporta el crudo saudí desde el golfo Pérsico hacia el mar Rojo.
Por otro lado, la presencia rusa, una de las partes de la guerra en Ucrania, también obligaba a una difícil negociación para lograr una declaración final común. El mismo primer ministro hindú, Narendra Modi, pidió a Putin poner fin a esa guerra cuando se reunieron en Delhi.
La declaración, un largo documento de 45 páginas y 140 puntos, no hace referencia explícita a ese conflicto, sino que subraya la importancia de los esfuerzos para prevenirlos, abordando sus causas más profundas. Una formulación que responde a las demandas rusas, sin dejar de satisfacer a quienes piden a Rusia poner fin al conflicto.
Un arreglo imposible
En todo caso, parece imposible un arreglo negociado de esa guerra en estos momentos. El politólogo norteamericano John Mearsheimer no cree siquiera que sea posible en algún momento una solución negociada, dada la naturaleza de las demandas de cada parte. Sobre todo por la decisión rusa de incorporar al país territorios ucranianos fronterizos, una medida que Kiev no está dispuesta, por ahora, a negociar.
Pero me parece que hay más razones por las que no surgen iniciativas para resolver el conflicto mediante negociaciones diplomáticas. Europa (y Canadá) apuestan todavía por algún tipo de “derrota” de Rusia. Una que la debilite, que no deje dudas de que no alcanzó sus objetivos. Mientras esa esperanza exista, mientras Europa (y Canadá) estén dispuestos a seguir apostando (armando y financiando) la guerra, las perspectivas de paz no son posibles. El congreso de los Estados Unidos también aprobó, el pasado miércoles, 16 de septiembre, “sanciones infernales” contra el sector energético ruso, que Moscú calificó de “medidas hostiles”. Pretenden con eso no solo impedir la venta del petróleo y gas rusos o iraníes a terceros países, sino también sancionar a quienes comercien con ellos, especialmente China e India.
No se debe, en todo caso, perder de vista lo que ocurre en el escenario político interno de los diversos países europeos o de América del Norte, desde Londres a Rumania, pasando por las elecciones suecas del pasado domingo 12 de septiembre (que conformaron un difícil escenario político), o las elecciones locales en Alemania, o la general en Francia, el año próximo y las estadounidenses de noviembre próximo. Cada una puede tener repercusiones en el escenario internacional difíciles de prever.
No son solo las presiones políticas. La guerra en Ucrania somete la economía europea a renovadas tensiones, que afectan también a Ucrania y a Rusia, con un enorme costo, que se suman a las inevitables tensiones políticas internas, mayores en Kiev que en Moscú, donde las elecciones de la semana pasada le dieron un apoyo renovado a Putin.
¿Los delicados equilibrios debilitan los BRICS?
Las potencias nucleares se multiplicaron desde el final de la II Gurra Mundial, dejando atrás el reconocimiento de las cinco aceptadas entonces, las únicas autorizados a tener armas, atómicas y que conforman el grupo de miembros permanentes del Consejo de Seguridad.
Hoy tres potencias nucleares integran los BRICS: China, Rusia e India. Pakistán aspira también a incorporarse. Las relaciones entre los dos primeros están consolidadas hoy al más alto nivel. Del mismo modo, después de grandes tensiones y confrontaciones armadas en una vasta frontera aun no definitivamente delimitada, China e India han logrado un notable acercamiento, que la primera visita de Xi a la India en siete años consolidó.
No falta quienes prefieren enfatizar la debilidad de los equilibrios que sustentan los BRICS. Para Sarang Shidore, director del Programa Sur Global del Quincy Institute –una organización norteamericana que reivindica la diplomacia para lograr la paz internacional– lo que parecía una exitoso resurgimiento del Sur global “comienza a parecerse un poco como una familia disfuncional reunida para Navidad”.
Shidore habla de una “indigestión provocada por su rápido crecimiento” y un “modesto impacto en el terreno”. ¿Será? En todo caso, aún él reconoce que “sería un error decir que los BRICS son un fracaso”. En un artículo publicado en Foreign Policy, destaca que en menos de dos décadas logró conformar el primer grupo verdaderamente transcontinental no Occidental, con historias de éxitos financieros y la conformación del Nuevo Banco de Desarrollo. No parece poca cosa.
Un mismo énfasis hace la periodista Imma Bonet, en un artículo para el diario español El País, firmado en Beijing: “cuanto más crecen, más complicado resulta que hablen con una sola voz”, afirmó. Aunque (como Sarang Shidore) reconoce que el crecimiento de los BRICS les ha dado “una relevancia difícil de ignorar”, estima que “ese peso agregado sigue siendo, en buena medida, más estadístico que político”.
Al final, las apuestas están sobre la mesa: resulta imposible desconocer la importancia de un grupo de reúne hoy a las dos mayores poblaciones del mundo –India y China–, el país más extenso territorialmente –Rusia– y las mayores economías de América Latina y África –Brasil y África del Sur–. Pero no dejan de enfatizar las dificultades para conciliar posiciones, en un escenario conformado por intereses tan diversos.
Desde luego, hay otros puntos de vista: para el brasileñoEvandro Menezes de Carvalho, profesor de Derecho Internacional en la Universidade Federal Fluminense, de Rio de Janeiro, la Cumbre de Nueva Delhi confirmó que los BRICS “ni han perdido dirección ni han agotado sus objetivos”.
O, como dice Dmitri Trenin, presidente del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales e investigador principal del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales: “no hay necesidad de hacer que los BRICS parezcan algo que no son: no son una alianza ni una coalición antioccidental y, en todo caso, su trayectoria ofrece una pincelada de un tipo diferente de orden mundial”.
Al final, la Declaración de Nueva Delhi ha dado, por ahora, una respuesta que, en opinión de Bonet, “recoge sus posiciones sobre los principales asuntos globales y regionales y una hoja de ruta para reforzar la cooperación”.
La clave para una cumbre exitosa
«Creo que la cumbre de los BRICS fue bastante exitosa, en parte gracias a la visita de Xi», declaró al diario chino Global Times Mohammed Saqib, secretario general del Consejo Económico y Cultural India-China. «El discurso del presidente chino fue inspirador», añadió.
Tanto la prensa china como la hindú hicieron particular hincapié en la importancia de las relaciones entre ambos países. Una relación que trasciende el ámbito bilateral, en un mundo donde el hegemonismo y el unilateralismo van en aumento, estimó Qian Feng, director del Departamento de Investigación del Instituto Estratégico de la Tsinghua University. En la declaración final de la cumbre se había destacado la importancia del Sur Global como motor de cambios positivos, en un mundo de crecientes tensiones geopolíticas.
Concluida la cumbre, las miradas se han vuelto hacia Beijing, donde Xi se prepara para su visita a Washington a fin de mes, donde se reunirá con el presidente Trump del 23 al 25 de septiembre.
Xi ha preparado el viaje cuidadosamente, consolidando su presencia en diversos escenarios internacionales. Primero, en la reunión de la Organización de Cooperación de Shangai (SCO), celebrada en Biskek, capital de Kirguistán. Ahí estaban también Putin y Modi, los presidentes de países del Asia Central, Irán y Pakistán, además de diversos países que asisten en un formato SCO Plus.
Aunque la prensa occidental no dio gran cobertura a la reunión, el resultado fue considerado como la consolidación de un eje de países asiáticos que conforman otro bloque en el escenario multilateral promovido por el Sur Global. Además de la Declaración de Biskek fueron aprobados otros 27 documentos, incluyendo acuerdos sobre uso de monedas nacionales en el comercio regional, cooperación energética y de seguridad y el anuncio de nuevos corredores de transporte, como el ferrocarril, en un formato bastante parecido al de los BRICS.
En la medida en que se acerca su reunión con Trump, Xi refuerza sus contactos internacionales, con la asistencia a las cumbre de los BRICS y de la SCO, seguida de la visita al Cairo. Bishkek, Cairo y Nueva Delhi son una clara demostración de que China tiene un estratégico margen de maniobra, destacó en una nota el SCMP, un importante diario de Hong Kong.
Este es el escenario del notable mundo nuevo que los BRICS tratan de interpretar. Una renovada presencia en los organismos políticos y financieros internacionales; el desarrollo de renovadas relaciones comerciales, con el uso creciente de monedas locales; un banco de desarrollo aun modesto, pero que ya da sus primeros pasos; y la oposición a la jurisdicción extraterritorial de ilegales sanciones unilaterales son parte de esa agenda con la que se teje un delicado nuevo orden internacional.
Escuela de Planificación y Promoción Social de la UNA le otorga una nota preliminar de 69, con una calificación de “solidez media”.
Aunque el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) 2027-2030, presentado por el Gobierno el 25 de agosto, cuenta con una robustez a nivel de planificación y con estimaciones presupuestarias, carece de evidencia de cómo se cumplirán las ocho metas nacionales planteadas; tampoco reflejan un salto del país hacia un desarrollo humano sostenible.
Así lo reveló la auditoría técnica del PNDIP 2027-2030 de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional (UNA). En suma, al aplicar una serie de variables a través del “índice EPPS de calidad”, el plan alcanza una nota preliminar de 69 puntos sobre 100 posibles; es decir, se le otorga una calificación de “solidez media”.
Para llegar a tal conclusión, esta unidad académica, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA, analizó aspectos como la arquitectura formal de planificación aplicada, la participación, la congruencia del plan con su presupuesto, la posibilidad de logro de las metas, la evaluación, la consideración territorial y la gobernanza y capacidad de ejecución.
“Desde esta Escuela concluimos que el PNDIP 2027-2030 ha avanzado de manera importante en ordenar qué hará el estado, quién lo hará, con qué indicador y con qué estimación de recursos. Su desafío principal consiste ahora en demostrar por qué la suma de esas acciones debería producir las transformaciones nacionales esperadas”, concluye la auditoría.
Más allá de las fortalezas identificadas, “las 169 intervenciones públicas no constituyen una estrategia causal integrada, capaz de producir las ocho transformaciones nacionales planteadas que tengan como resultado un salto al desarrollo humano sostenible”, ampliaron los investigadores en el informe.
Análisis según metas
En general, la Escuela de Planificación sugiere que el Gobierno no establezca metas bajo una lógica binaria de “cumplida” o “incumplida”, en vista de que no puede controlar en toda su dimensión cada una de ellas. En cambio, propone establecer metas de influencia o contribución.
Ese es el caso de la meta de crecimiento económico, cuyo cumplimiento depende de condiciones externas e internas que exceden el control directo del gobierno.
En otras metas como pobreza (pasar de 15.2% a 14.4%), desigualdad (de 0,495 0,491 en el coeficiente de Gini) y de seguridad ciudadana (bajar la tasas de homicidios de 16,8 a 15,3 por cada 100 mil habitantes) se planten objetivos que son relativamente alcanzables, insuficientes o que mantienen una tasa aún elevada al 2030.
En el caso del desempleo (bajar de 6.7% a 6.2%), la auditoría advierte que deberán proponerse otros escenarios como una mayor participación laboral, personas ocupadas o disminución de la informalidad, que reflejen una mejora en el mercado laboral.
Esa necesidad de detallar las metas aplica para otras dos: competitividad (subir el Índice de Competitividad Nacional de 56,2 a 61,2) y la de descarbonización (reducir la razón de emisiones CO2/PIB de 0,293 a 0,180). En la primera de ellas, los investigadores consideran pertinente desagregar cuáles son los aportes según se trate de infraestructura, innovación, regulación, capital humano, financiamiento o desempeño institucional. En la segunda, estiman validar las emisiones netas absolutas y su coherencia con la Contribución Nacionalmente Determinada (CND) que aplica para Costa Rica.
Finalmente, la meta más ambiciosa identificada tiene que ver con la educación (aumentar la tasa de escolaridad de 60% a 76%), y donde se deben tomar en cuenta factores como permanencia, exclusión, reinserción y promoción.
En suma, cuatro de las ocho metas tienen niveles entre “medio-bajo” de riesgo preliminar de cumplimento. Dos tienen un riesgo “medio-alto” y dos (la de educación y la de seguridad) están en riesgo “alto”.
Para llegar a estas metas, la UNA identifica la aplicación de una metodología clara y rigurosa, con la rectoría del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). El diagnóstico también es un punto alto porque considera las dimensiones económicas, sociales, ambientales regionales, geopolíticas, tecnológicas y demográficas.
También, destaca que el PNDIP integre el Sistema Nacional de Inversión Pública y el Banco de Proyectos de Inversión Pública donde se registran 53 proyectos formalmente incorporados. Otros puntos favorables del plan están en la estrategia de seguimiento que incluye informes semestrales y evaluaciones de diseño y de evaluación.
En el ámbito presupuestario, el plan incluye estimaciones, que están vinculadas con la planificación institucional y con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Sin embargo, desde la Escuela de Planificación consideran conveniente identificar seis categorías: gasto existente, recursos nuevos, gasto recurrente, transferencias, inversión de capital y financiamiento condicionado o no asegurado.
Donde existen brechas es en el campo de la territorialización. Solo tres de 49 metas sectoriales tienen desagregación territorial y 72 de 246 metas de intervención regionalizadas. “El PNDIP no está suficientemente territorializado en su sistema de resultados. Esto es evidente al no constatarse en el plan una relación directa con los planes de desarrollo humano local y, en general, con el sistema de planificación local.
Otro oportunidad de mejora está en el análisis de aspectos sobre equidad e inclusión. La auditoría registró 57 de 246 metas de intervención con criterio de género, equivalentes al 23.2% del total.
Recomendaciones
A nivel de recomendaciones, el informe propone la publicación de 49 metas sectoriales y las 169 intervenciones. Además, mapear las ocho metas nacionales hacia sectores, productos y efectos.
Por otra parte, se plantea desagregar por regiones y territorios las acciones, establecer un índice de ejecutabilidad de inversiones, revalidar metas macroeconómicas, incorporar pruebas de calidad y verificación desde el primer año y complementar el cumplimiento físico y presupuestario con resultados, calidad de servicio, brechas territoriales, sostenibilidad y valor agregado para la población.
La Escuela de Planificación de la UNA aclaró que no formó parte de ninguna etapa del plan de construcción del PNDIP 2027-2030, “por lo que la valoración que hacemos es independiente y tiene como objetivo ofrecer argumentos, comentarios y sugerencias desde el interés de mejorar la formulación, ejecución y resultados que se esperan entregar al país”.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Contradicciones en el seno de la institucionalidad
Hay una paradoja en la Costa Rica política de estos días que merece algo más que una reacción coyuntural.
El gobierno de Laura Fernández llega a sus primeros cien días con una opinión pública considerable. Según la encuesta de setiembre de 2026 del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), el 64% de las personas consultadas valora positivamente la gestión presidencial y el 69% manifiesta respaldar al gobierno. (CIEP UCR)
No se trata de una anomalía aislada. Rodrigo Chaves terminó su mandato con una valoración positiva también del 64%, y la actual administración conserva buena parte del apoyo que acompañó al gobierno anterior. Incluso la simpatía por el Partido Pueblo Soberano pasó, según el CIEP, de 3,9% a 20,7% entre setiembre de 2025 y setiembre de 2026. (CIEP UCR)
Sin embargo, cuando se observan algunos indicadores estructurales de la situación política, del Estado social, de las finanzas públicas, de la educación, de la seguridad y de la protección ambiental, aparece un panorama bastante más complejo, plagado de contradicciones.
Estas contradicciones constituyen el punto de partida de estas reflexiones.
No se trata de afirmar que todos los indicadores económicos y sociales hayan empeorado durante los últimos cuatro años. No es así. Tampoco se trata de negar que Costa Rica haya obtenido avances importantes en materia de estabilidad macroeconómica. La cuestión es otra: ¿qué ocurre cuando una parte importante de las personas encuestadas, reflejo del estado de la opinión pública, evalúa favorablemente a un gobierno mientras algunos de los indicadores que determinan las condiciones materiales de vida y la capacidad futura del Estado muestran tensiones importantes?
La respuesta puede encontrarse, al menos parcialmente, en la transformación de la relación entre ciudadanía, liderazgo y resultados de gobierno.
Debo advertir, que una cosa es una encuesta de opinión y otra distinta es un apoyo ciudadano. Inclusive el apoyo de la ciudadanía a un gobierno se refleja solo parcialmente en la elección presidencial. Suficiente, eso sí para que las nuevas autoridades cuenten con legitimidad de origen, Empero, el apoyo de la ciudadanía a un gobierno, lo que hemos denominado gobernabilidad, requiere algo mucho más sólido: requiere adhesión o apoyo mediante organización de la ciudadanía, capacidad de esta en la toma de decisiones. En las manifestaciones recientes, el gobierno hace alarde de movilización de ciudadanos, cuando lo que en realidad hubo fue acarreo de personas, mediante buses desde lugares distantes a la ciudad de Cartago. Además, estas personas recibieron estímulo bajo la oferta de almuerzos e inclusive dinero. Por otro lado, la policía restringió la movilización de ciudadanos de la misma provincia o de la ciudad de Cartago; en otros casos, a los que fueron identificados como fuerzas opositoras al gobierno, se les exigió la presentación de la cédula de identidad (solo en estos casos), o fueron retiradas algunas personas del parque donde se celebraban los actos oficiales.
I. La salud fiscal: entre la consolidación y sus límites
Conviene comenzar por las finanzas públicas porque constituyen uno de los principales argumentos con los que el gobierno de Rodrigo Chaves defendió su gestión.
Aquí es necesario introducir una distinción.
Costa Rica sí experimentó una mejoría importante en algunos indicadores fiscales. El Gobierno Central consiguió superávits primarios durante varios años. En 2024, por ejemplo, registró un superávit primario equivalente al 1,1% del PIB. Pero al mismo tiempo el déficit financiero alcanzó 3,8% del PIB, debido principalmente al peso de los intereses y a la desaceleración de los ingresos tributarios. (Hacienda)
La deuda tampoco permite sostener, sin matices, la tesis de que simplemente aumentó durante todo el período. Según Hacienda, la deuda del Gobierno Central equivalía al 63% del PIB en 2022, bajó a 61,1% en 2023 y 59,8% en 2024. En 2025 volvió preliminarmente a 60,4%. (Hacienda)
Pero existe otra cara del problema que resulta políticamente decisiva: el costo de servir esa deuda.
A junio de 2025 se habían pagado ₡1,116 billones en intereses. Ese monto equivalía al 29,5% de los ingresos recaudados hasta entonces. Los intereses representaban además 2,2% del PIB. (Hacienda)
Es decir, la discusión fiscal no puede reducirse a si la deuda como porcentaje del PIB subió o bajó. La pregunta relevante es también cuánto espacio presupuestario queda disponible para atender educación, salud, vivienda, seguridad, infraestructura, protección ambiental y políticas sociales después de pagar la deuda.
El proyecto de presupuesto para 2027 resulta revelador: aproximadamente 40% del presupuesto corresponde al servicio de la deuda y cerca de 37,7% de los gastos tendría que financiarse mediante nueva deuda. (El Financiero)
Por otra parte, es notoria la intencionalidad, tanto del presente gobierno como del anterior, en eso sí hay continuidad, de estrechar seriamente los recursos del Poder Judicial, de las Universidades públicas, y como hemos dicho, el presupuesto destinado a políticas sociales.
Es decir, si el presupuesto presentado por el gobierno es un reflejo de la decisión de un gobierno, es fácil deducir su intención de controlar al Poder Judicial en una clara intención de ejercer sobre este un estricto control y perjudicar su ejercicio presupuestario.
De modo que sería más preciso hablar de consolidación fiscal con un margen social y presupuestario estrecho, no de una salud fiscal.
II. Educación: la distancia entre el mandato constitucional y la realidad presupuestaria
La educación constituye probablemente uno de los indicadores más claros de la tensión entre el discurso de desarrollo y las prioridades presupuestarias.
El proyecto de presupuesto para 2027 asigna al Ministerio de Educación Pública ¢2,752 billones, equivalentes al 4,9% del PIB. La cifra está muy lejos del 8% establecido constitucionalmente como referencia para la educación. Además, representa una reducción de 0,7% respecto del presupuesto vigente de 2026. (La Nación)
Aparte de que es evidente que Costa Rica no llega al 8%, en clara violación de la Constitución, el punto de fondo es qué significa esta distancia para la capacidad del país de enfrentar sus problemas de desigualdad, movilidad social, productividad y ciudadanía democrática.
La educación no es solamente una partida presupuestaria.
Es uno de los mecanismos mediante los cuales una sociedad reproduce —o rompe— las desigualdades existentes.
Por eso, una política de contención fiscal que reduzca el espacio de la educación puede producir un efecto devastador para la institucionalidad democrática: mejorar determinados indicadores financieros en el corto plazo mientras deteriora capacidades sociales cuyo costo aparece muchos años después.
III. La política social y el problema de las prioridades
Algo semejante ocurre con el conjunto de las políticas sociales.
El presupuesto es, en último término, una expresión material de las prioridades de un gobierno. Allí donde se asignan recursos existe una decisión política; donde se restringen, también.
El proyecto presupuestario de 2027 plantea una reducción global del gasto, y de manera muy significativa del gasto social respecto del presupuesto vigente, mientras el servicio de la deuda absorbe aproximadamente dos quintas partes de los recursos. El gobierno alega que, el margen de maniobra es extremadamente reducido: Hacienda estima que alrededor del 93% del presupuesto está comprometido por obligaciones legales o constitucionales. (El Financiero). Pero, lo que sí resalta es que el presupuesto presentado privilegia la inversión tanto para el Ministerio de Hacienda, cuanto para el de la Presidencia, ambos bajo el mando de Rodrigo Chaves.
Aquí aparece la pregunta política importante: ¿qué Estado se está construyendo con los recursos que sí pueden ser priorizados?
Y esa pregunta conduce directamente a resaltar nuevamente las restricciones presupuestarias a la vivienda, la seguridad, la salud, la niñez, las personas mayores, la atención de poblaciones vulnerables, las mujeres y por supuesto, las oportunidades educativas.
El deterioro de un Estado social no necesariamente comienza con su eliminación formal. Puede comenzar con su pérdida gradual de capacidad. Y esto es justo lo que viene ocurriendo desde el gobierno anterior.
IV. El costo de vida: la experiencia cotidiana frente a las cifras macroeconómicas
Aquí aparece otra posible explicación de las graves contradicciones entre el autoritarismo gubernamental y la institucionalidad democrática.
El INEC registró para 2025 una variación interanual del IPC de -1,23%. Esto significa que, en términos agregados, el nivel general de precios disminuyó respecto de diciembre de 2024. (INEC)
Pero esa cifra no significa que todos los bienes hayan bajado de precio ni que las familias hayan recuperado automáticamente su capacidad adquisitiva.
En diciembre de 2025, el propio INEC registraba que 47% de los bienes y servicios considerados en el índice habían aumentado de precio, mientras 35% habían disminuido. (INEC)
La experiencia de inflación, por tanto, no es homogénea.
Y aquí resulta particularmente interesante la encuesta del CIEP. La ciudadanía puede valorar positivamente una gestión porque percibe estabilidad económica, aun cuando enfrente dificultades concretas en determinados productos y servicios.
La política se construye también con percepciones.
V. Seguridad: una demanda que reorganiza las prioridades ciudadanas
La seguridad constituye quizá el ejemplo más importante.
Costa Rica ha experimentado durante estos años una crisis de homicidios y violencia criminal que modificó la agenda pública. El propio CIEP señaló en 2025 que la inseguridad y la delincuencia se mantenían como la principal preocupación de la población. (Gestión Web UCR)
Pero la encuesta de setiembre de 2026 permite observar algo aún más preocupante.
Entre las personas que identificaron alguna acción del nuevo gobierno que les había gustado, las categorías relacionadas con seguridad y lucha contra el crimen y con el sistema penitenciario concentraron conjuntamente 47,4% de las menciones. (CIEP UCR)
Una ciudadanía que percibe que su problema más urgente es la inseguridad puede valorar especialmente un gobierno que coloca ese asunto en el centro de su discurso incluso cuando existen controversias o dificultades en este y otros campos.
La evaluación ciudadana, entonces, no necesariamente constituye una auditoría integral del Estado. Puede ser una respuesta a aquello que cada persona considera más urgente.
VI. Ambiente: una contradicción particularmente delicada
En materia ambiental aparecen asimismo señales que requieren una discusión más profunda.
El caso Gandoca-Manzanillo continúa siendo objeto de una investigación penal. En abril de 2026, la Fiscalía Ambiental consiguió medidas cautelares destinadas a suspender determinados aprovechamientos forestales, trámites administrativos y permisos relacionados con las propiedades investigadas. El Ministerio Público indicó que la causa involucra a un particular, tres funcionarios del SINAC y un regente forestal, y que se investiga cómo determinadas gestiones habrían permitido autorizar aprovechamientos en terrenos cuya condición ambiental impedía legalmente determinadas actuaciones. El propio ministro del ambiente se vio involucrado en las investigaciones sobre abusos y negligencia gubernamental. (Ministerio Público)
El episodio revela un problema institucional de fondo: la protección ambiental depende no solamente de buenas leyes, sino de la capacidad efectiva del Estado para hacerlas cumplir.
Algo parecido ocurre con la discusión sobre Crucitas. Más que reducir el debate a una dicotomía entre minería y ambiente, Costa Rica debería preguntarse si se está rompiendo el consenso que existía alrededor de un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad y en la preservación del medio ambiente.
El país obtuvo reconocimiento internacional precisamente por haber convertido la protección de los ecosistemas en un componente de su política pública. Si esa orientación pierde fuerza, el costo puede no aparecer inmediatamente en el PIB, pero sí en agua, biodiversidad, territorio, turismo, agricultura y calidad de vida.
VII. ¿Por qué entonces persiste el respaldo?
Llegamos así a uno de los problemas centrales. Una primera explicación sería el personalismo político.
El CIEP ofrece un dato extraordinariamente significativo: 64,4% de las personas entrevistadas considera que Rodrigo Chaves tiene mucha influencia en las principales decisiones del gobierno de Laura Fernández. El mismo estudio encuentra un fuerte componente personalista en la transferencia de popularidad hacia la nueva administración. (CIEP UCR)
Esto significa que una parte del respaldo no puede analizarse exclusivamente como una evaluación técnica de las políticas públicas. Existe una relación emocional y política entre liderazgo y ciudadanía.
Chaves construyó una identidad política que tiene un componente de autoritarismo, pero también se presentó como ruptura con las élites tradicionales, con los partidos históricos y con determinados actores institucionales. Esa identidad parece haber sobrevivido al cambio de gobierno.
Laura Fernández aparece así, en buena medida, como continuidad política de una identidad previamente constituida.
El dato del CIEP es particularmente ilustrativo: aunque 69% respalda al gobierno actual, aun cuando, la mayoría de la población no se identifica exclusivamente ni con el chavismo ni con el antichavismo. (CIEP UCR)
Esto sugiere que el fenómeno no puede explicarse simplemente como una sociedad dividida en dos bloques ideológicos. Hay una zona mucho mayor y más compleja: ciudadanos que adhieren a gobiernos de acuerdo con experiencias personales y confianza en determinados liderazgos.
VIII. La política de la percepción
Hay aquí una cuestión que conecta directamente con los análisis que he venido desarrollando en artículos anteriores sobre poder, legitimidad, gobernanza, ciudadanía y lenguaje político. Una democracia no funciona solamente mediante resultados objetivos. Funciona también mediante la interpretación sesgada o no, de determinados sectores de la sociedad esos resultados.
La ciudadanía no recibe una tabla de indicadores fiscales cada noche antes de decidir si confía o no en un gobierno. Recibe relatos, recibe discursos. recibe imágenes, recibe la influencia de un gobierno sobre quién tiene la culpa de sus problemas.
De ahí que una política pueda ser evaluada favorablemente, aunque determinados indicadores objetivos presenten problemas. No necesariamente porque la ciudadanía sea indiferente a esos problemas, sino porque puede interpretar que estos son heredados, inevitables, o porque carece de la perspectiva política necesaria para percatarse de la magnitud de algunos problemas que nacen apenas, como la contradicción entre el ejecutivo y el poder judicial.
El CIEP aporta otro dato significativo: 75% de las personas entrevistadas considera que existen actores que obstaculizan la labor de Laura Fernández; entre quienes así opinan, las principales menciones recaen en la Asamblea Legislativa y los partidos de oposición. (CIEP UCR) Esta percepción es políticamente importante.
Cuando el gobierno consigue presentar los problemas no como resultado de sus propias decisiones sino como consecuencia de obstáculos externos, puede preservar parte de su legitimidad aun cuando los resultados sean discutibles. No afirmo que esa explicación sea siempre verdadera; afirmo que constituye un mecanismo político relevante para comprender la formación de las percepciones de un sector de la opinión pública.
IX. La paradoja democrática
Llegamos entonces a una conclusión que, a mi juicio, es más fecunda que afirmar simplemente que existe una contradicción entre los datos y las encuestas.
No existe necesariamente una contradicción entre una ciudadanía satisfecha y un Estado que presenta problemas.
Una persona puede considerar que un gobierno está haciendo un buen trabajo porque percibe que escucha sus preocupaciones, confronta a quienes considera responsables de los problemas nacionales o representa una ruptura con una clase política en la que dejó de confiar. Mientras tanto, otro observador puede examinar deuda, intereses, educación, salud, vivienda, protección ambiental o capacidad institucional y llegar a conclusiones diferentes. Ambos fenómenos pueden coexistir.
El verdadero desafío democrático aparece cuando la percepción comienza a sustituir por completo la discusión sobre resultados.
Porque entonces la legitimidad electoral y la legitimidad de ejercicio pueden empezar a separarse. La primera proviene de las urnas. La segunda se construye todos los días mediante la calidad de las decisiones, el respeto institucional, la capacidad de resolver problemas y la protección de los derechos ciudadanos.
X. No es solamente un problema de Chaves o de Fernández
Hay finalmente una cuestión más profunda.
No sería suficiente atribuir todo lo anterior a las personalidades de Rodrigo Chaves o Laura Fernández.
El fenómeno expresa también una transformación de la sociedad costarricense.
El debilitamiento de la identificación partidaria tradicional, la desconfianza hacia instituciones, la percepción de inseguridad, las desigualdades persistentes y la frustración con la capacidad del Estado para resolver problemas han creado un terreno favorable para liderazgos que prometen eficacia, ruptura y acción directa. El problema no es que la ciudadanía reclame resultados. Eso es perfectamente legítimo.
El problema aparece cuando la búsqueda de resultados conduce a considerar que los controles, los contrapesos, la deliberación y las instituciones son obstáculos prescindibles.
Una democracia saludable necesita ambas cosas: eficacia y límites al poder; decisión y deliberación; liderazgo y contrapesos; resultados y derechos.
De lo contrario, puede producirse una contradicción peligrosa: que un gobierno conserve una cierta legitimidad social mientras se debilitan progresivamente las capacidades institucionales que permiten que esa misma sociedad ejerza sus derechos.
Epílogo: la pregunta que queda abierta
La encuesta del CIEP no debe ser leída como una refutación de los problemas señalados por los indicadores fiscales, sociales, educativos, ambientales o de seguridad.
Tampoco estos indicadores deberían utilizarse para negar la valoración positiva expresada por una parte considerable de la opinión pública. Ambas realidades existen.
La pregunta política verdaderamente interesante es otra:
¿Cuánto tiempo puede mantenerse una alta legitimidad política cuando las percepciones favorables dejan de corresponderse con mejoras materiales y con el fortalecimiento de las instituciones? Y, a la inversa:
¿Qué ocurre cuando una oposición democrática se limita a señalar los problemas objetivos sin comprender las razones subjetivas, sociales y políticas por las cuales una parte importante de la opinión pública, sigue confiando en el gobierno?
Tal vez ahí se encuentre una de las claves para comprender la Costa Rica actual.
La disputa democrática ya no consiste únicamente en quién administra mejor.
Consiste también en quién consigue construir la interpretación de la realidad que termina siendo aceptada por una mayoría de ciudadanos.
Y esa es, en última instancia, una disputa por el poder.
«Lo que está ocurriendo en Gaza no es una operación militar, es una agresión a gran escala contra nuestro pueblo. Son masacres contra civiles inocentes. Nada en el derecho natural ni en el derecho internacional permite atacar a civiles y perpetrar contra ellos ataques tan indiscriminados y bárbaros / What is happening in Gaza is not a military operation, it is a full-scale assault against our people. It is massacres against innocent civilians. Nothing in natural law or international law allows for the targeting of civilians and such indiscriminate, barbaric attacks against them«
(Intervención realizada por el representante de Palestina ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su sesión del 16 de octubre del 2023 (véase acta S/PV/9439, en página 9 / Statement made by the representative of Palestine to the United Nations Security Council, at its meeting on 16 October 2023 (see verbatim S/PV/9439, at page 9)
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UCR nboeglin@gmail.com
El 7 de septiembre del 2026 iniciaron en La Haya las audiencias relativas a la demanda interpuesta en marzo del 2024 por Nicaragua en contra de Alemania por complicidad por genocidio en Gaza: el texto de la demanda inicial de Nicaragua contra Alemania interpuesta formalmente en el mes de marzo del 2024, está disponible en este enlace oficial en su versión en inglésy en francés.
Al ser Alemania el segundo suplidor en armas a Israel (después de Estados Unidos) y al haber (a diferencia de Estados Unidos) asumido una serie de obligaciones internacionales derivadas de tratados multilaterales a los que es Estado Parte, esta demanda plantea una serie de desafíos para Alemania. Desde esta perspectiva, era previsible que Alemania interpusiera varias excepciones preliminares, en aras de intentar esquivar el examen sobre el fondo por parte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ): una estrategia legal que no es exenta de riesgos, tal y como lo veremos más adelante. Ante una situación apremiante como la que se observa en Gaza, posponer el examen sobre el fondo de un asunto resulta casi siempre sancionado por la justicia internacional.
En las líneas que siguen nos abocaremos a analizar estas audiencias en el contexto del procedimiento contencioso interpuesto por Nicaragua contra Alemania. Al escribir estas líneas desde una muy omisa Costa Rica con respecto al drama indecible al que Israel somete a la población civil en Gaza, dedicaremos también unas líneas al entusiasmo por el libre comercio con Israel de las actuales autoridades costarricenses y a lo observado recientemente en la comisión de la Asamblea Legislativa a cargo de la aprobación de un tratado de libre comercio (TLC) con Israel.
Observaciones previas sobre el contexto procesal
Las audiencias orales que iniciaron el 7 de septiembre se concentraron únicamente en las numerosas excepciones preliminares presentadas por Alemania, tendientes a obtener que la misma CIJ se declare incompetente: se escucharon los alegatos que Alemania y Nicaragua presentaron oralmente al respecto, antes de que la CIJ entre a deliberar.
Con respecto a las audiencias orales, no está de más recordar que su conclusión oficial es la que inicia el denominado «délibéré» de la CIJ: al respecto, tuvimos recientemente la ocasión de analizar las audiencias orales entre Guyana y Venezuela realizadas en mayo del 2026, habiendo Guyana presentado su demanda contra Venezuela en el mes de marzo del 2018 (Nota 1).
El examen sobre el fondo de la demanda se reanudará entre Nicaragua y Alemania, dependiendo de esta decisión preliminar de la CIJ sobre su competencia.
Foto de civiles después de un bombardeo en Gaza, octubre del 2023, extraída de este artículo de prensa publicado en Israel (Magazine +972) titulado «´Lavender»: the AI machine directing Israel bombing spree in Gaza» (edición del 3 de abril del 2024)
Cabe señalar que este 16 de septiembre, se anunció desde Estados Unidos una aprobación para enviar a Israel una importante cantidad de bombas de gran potencia, cuyo uso reiterado por parte de Israel desde octubre del 2023 es en gran parte responsable de la devastación total observada en ciertas partes de Gaza (así como en el Líbano): véase nota de The Guardian.
Una extrema urgencia que Alemania busca frenar: breve recuento de lo observado en el 2024
Ante la extrema urgencia de la situación en Gaza, ante la inoperancia reiterada del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para sancionar a Israel observada desde el mismo mes de octubre del 2023 (debido a vetos reiterados de Estados Unidos) y ante la negativa de Israel de cumplir con una primera ordenanza de la CIJ del 26 de enero del 2024 (dictaminada en el marco de la demanda contenciosa interpuesta por Sudáfrica contra Israel – véase texto de esta ordenanza, y en particular el párrafo operativo 86), Nicaragua optó por acompañar su demanda contra Alemania del mes marzo del 2024 con una solicitud de medidas provisionales de carácter urgente, tendiente a que Alemania suspendiera sus exportaciones de armas hacia Israel.
Es de notar que, desde el mes de marzo del 2024, una pregunta hecha por el Senado en Francia esperó una respuesta que … nunca llegó por parte de las autoridades galas sobre exportaciones de material militar hacia Israel (véase pregunta formulada y la mención «La question est caduque» al final del enlace).
El 5 de abril, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas votó una resolución (véase texto) pidiendo un embargo sobre armas a destinación de Israel (véase nota oficial de Naciones Unidas y nota del medio digital Delfino.cr haciendo ver que Costa Rica se abstuvo sin dar ningún tipo de explicaciones): la votación registro 28 votos a favor, 13 abstenciones, y 6 votos en contra: Alemania, Argentina, Bulgaria, Estados Unidos, Malawi, y Paraguay.
La solicitud urgente de Nicaragua dio lugar a una ordenanza de la CIJ del 30 de abril del 2024 (véase texto), cuyos alcances tuvimos la ocasión de analizar en su momento, y en particular la expresión «at present ../ .. a l´heure actuelle» del párrafo 20 que distinguidos colegas alemanes omitieron convenientemente, al momento de comentarla (Nota 2). En esta primera etapa, Alemania asumió una serie de compromisos ante la CIJ con respecto a la conducta de sus autoridades, de manera a convencer a los jueces del carácter innecesario de ordenar medidas provisionales en su contra. En su declaración individual (véase texto completo), el juez oriundo de Sudáfrica no dudó en señalar que:
» The takeaway from all of this is that Germany, being aware of its obligations under international law, will exercise due diligence consistent with that obligation, as well as under its domestic legislative framework, to ensure that no transfer of military equipment contributes to breaches of either the Geneva Conventions or the Genocide Convention .. /.. Ce qu’il faut retenir de tout cela, c’est que l’Allemagne, consciente des obligations qui sont les siennes en droit international, fera preuve de la diligence requise conformément à l’obligation correspondante et à son cadre législatif interne, de sorte qu’aucun transfert de matériel militaire ne contribue à des violations des conventions de Genève ou de la convention sur le génocide».
Las conclusiones del jurista sudafricano merecen ser leídas, al considerar que esta ordenanza y la expresión «at present / a l´heure actuelle» usada por la CIJ mandan un mensaje que rebasa de muy lejos el reducido marco de la demanda de Nicaragua contra Alemania (Nota 3).
No obstante, los diversos compromisos adquiridos por Alemania ante la CIJ en abril del 2024, sus estrategas legales optaron por cuestionar, meses después, la competencia de la CIJ, presentando varias excepciones preliminares.
El 23 de febrero del 2026, Nicaragua envió un extenso documento a la CIJ refutando todos y cada uno de los argumentos esgrimidos sobre la supuesta incompetencia de la CIJ avanzados por Alemania: véase documento en inglés y en francés, cuya lectura integral se recomienda.
Volante de una conferencia de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 de Naciones Unidas, Francesca Albanese, realizada el 7 de mayo del 2024, sobre su informe titulado «Anatomía de un genocidio» (disponible en este enlace)
Las audiencias de septiembre del 2026 en La Haya en breve
Durante el primer día de audiencias en este mes de septiembre del 2026, Alemania sostuvo ante los integrantes de la CIJ que no existe jurídicamente ninguna disputa entre Nicaragua y Alemania que amerite un examen sobre el fondo, reiterando que la CIJ no tiene ninguna competencia en este asunto (véase verbatim). El segundo día de audiencias, Nicaragua refutó unos tras uno los argumentos de Alemania sobre la pretendida incompetencia de la CIJ (véase verbatimasí como el video oficial de la CIJ de las audiencias del día 8 de septiembre).
El tercer día de audiencias (9 de septiembre), en la segunda ronda de alegatos, Alemania presentó sus argumentos finales (véase verbatim) con sus conclusiones y petitoria (leerlas a páginas 34-37) solicitando a la CIJ desestimar el caso por carecer de competencia. El cuarto día fue Nicaragua la que presentó sus argumentos finales (véase verbatim) con una petitoria final muy concreta y precisa (página 37).
La lectura pormenorizada de los cuatro verbatim puede resultar un tanto laboriosa: no obstante la densidad de algunos alegatos, y el esmero de unos y otros, deja entrever que ambos contrincantes intentaron hacer ver a los jueces de la CIJ la supuesta mala fe de la parte contraria. El equipo de Nicaragua se abocó a rechazar uno tras otro todos los argumentos planteados por Alemania y no dejar ninguna duda con respecto a la competencia de la CIJ.
Es de notar que mientras Nicaragua, conforme a la tradición observada en el arte del litigio La Haya, logró establecer un equilibrio lingüístico (inglés y francés) durante la presentación de sus alegatos, Alemania optó por una presentación en un solo idioma (inglés). Las primeras hojas de los verbatim señalan que Nicaragua se presentó a la barra con un sólido equipo de asesores internacionales que cuentan con una vasta experiencia en el arte del litigio internacional en La Haya, al tiempo que Alemania se presentó con un equipo compuesto casi exclusivamente por funcionarios y asesores alemanes, y con asesores internacionales con menor experiencia en La Haya. Nótese que el agente de Nicaragua, Carlos José Argüello Gómez, y el asesor galo Alain Pellet de Nicaragua, iniciaron ambos sus comparecencias ante la CIJ en 1984, con ocasión de la batalla legal contra Estados Unidos: esta contienda culminó con una histórica sentencia de la CIJ condenando a Estados Unidos del 27 de junio de 1986 (véase texto), la cual fue precedida de una sentencia de la CIJ declarándose perfectamente competente de noviembre de 1984 (véase texto). Luego de ridiculizar ante el mundo a Estados Unidos en 1986, fue este mismo equipo que litigó exitosamente contra Honduras (sentencia de la CIJ de diciembre 2007) y Colombia (noviembre del 2012) con respecto a las zonas marítimas de Nicaragua en el Mar Caribe, y que logró que Costa Rica fuese impedida por la CIJ de navegar con su policías en el Río San Juan, sea en actividades de vigilancia o de simple abastecimiento de puestos fronterizos desde el río (julio del 2009): un derecho que poseía jurídicamente Costa Rica desde 1858 (tratado Cañas-Jerez). Sobre la experiencia, la trayectoria y el innegable talento oratorio del equipo de asesores internacionales de Nicaragua (muchas veces subestimados por algunos círculos políticos y diplomáticos), remitimos a nuestros estimables lectores a unas reflexiones del 2022 escritas con ocasión de la renuncia pública hecha por uno de sus integrantes, el jurista norteamericano Paul Reichler (Nota 4).
Según este reportaje de Der Spiegel (véase enlace) publicado hace una semana, las exportaciones de armas de Alemania hacia Israel siguieron aumentando desde el 2024, lo cual plantea algunas interrogantes muy válidas que Nicaragua no desaprovechará en sus comparecencias futuras ante los jueces de la CIJ. En este reportaje de AlJazeera, la máxima representante de la delegación alemana en La Haya optó por no contestar algunas preguntas externadas por la periodista.
Es de notar que el panorama jurídico para Alemania se ve significativamente dificultado por el hecho que tanto en el mes de julio del 2024 (Nota 5) como en el mes de octubre del 2025 (Nota 6), la CIJ emitió dos opiniones consultivas relacionadas a la situación en el territorio ocupado de Palestina, a las obligaciones que tiene Israel como Estado miembro de Naciones Unidas, pero también a las obligaciones «erga omnes» que impone el derecho internacional a los Estados terceros con respecto a las reiteradas ilegalidades cometidas por Israel en el territorio palestino. En esta entrevista publicada en Alemania, el profesor William Schabas, integrante del equipo de Nicaragua en La Haya, hace ver el doble rasero de algunos en materia de prevención del genocidio, indicar que:
«Providing arms an political diplomatic support are quintessential examples of aid and assistance. The core of the requirement is that the accomplice State must have knowledge of what the perpetrator State is doing. No State can claim that it is unaware of the serious risk that genocide is being perpetrated in Gaza. Furthermore, the assistance must be significant, not trivial. In their intervention in the genocide case filed by Myanmar at the ICJ, several Western states including Germany stressed the importance of the reports of UN commissions of inquiry in the determination of genocidal intent. They said that such reports have ‘particular probative value’ and ‘special importance’. Well, in September 2025 the UN commission of inquiry produced a detailed, comprehensive and damning report that concluded Israel was perpetrating genocide».
A modo de ejemplo de las obligaciones jurídicas que pesan sobre un Estado tercero con relación a las exacciones de Israel en Gaza, entre muchos otros, podemos referir a esta petición en línea en el Reino Unido (véase enlace) que mantiene una fuerte presión sobre los decisores políticos con respecto a la ayuda y al comercio con Israel proporcionados desde el Reino Unido. Dicho sea de paso (al escribir estas líneas desde Costa Rica), resulta de interés destacar que Reino Unido suspendió en mayo del 2025 todas las negociaciones con Israel en materia comercial (Nota 7). De igual manera este llamado hecho desde la sociedad civil en Australia luego de dictaminarse la opinión consultiva de la CIJ en julio del 2024. Esta muy reciente publicación del Parlamento de Luxemburgo hace ver la gran cantidad de obligaciones jurídicas que estas decisiones de la CIJ le imponen a todos los Estados miembros de Naciones Unidas, Luxemburgo incluido (véase conclusiones y recomendaciones a páginas 89-91). En Bélgica, una reciente decisión de un tribunal nacional (véase texto integral) que debería de inspirar a colectivos de juristas en otras latitudes, condenó al Estado belga por no prevenir el genocidio en curso en Gaza. En uno de los pocos artículos al respecto, publicado en EJIL-Talk (Nota 8), se lee que:
«By finding that the Belgian State had failed, at the relevant time, to take all measures reasonably within its power to prevent the alleged violations, the Court demonstrates how obligations of prevention – long discussed in international caselaw and doctrine – can be concretely interpreted and judicially enforced at the domestic level«.
En septiembre del 2025, la inacción del Consejo Europeo y de la Comisión Europea fueron objetos de una demanda presentada en Francia por el colectivo de juristas JURDI (véase comunicado oficial).
Costa Rica: un cuestionable entusiasmo por el libre comercio con Israel
A diferencia del repudio generalizado contra Israel que se ha escuchado en Europa, y en Canadá, así como en muchas otras latitudes (véase reciente entrevista al jefe de la diplomacia de Noruega), en Costa Rica el mutismo de su aparato diplomático es total cuando se trata de condenar a Israel.
El pasado 24 de agosto, la cancillería de Costa Rica celebró el «PremioJerusalém» otorgado al actual titular costarricense de la cartera de relaciones internacionales (véanse el comunicado oficial y algunas reacciones disponible en las redes sociales).
Más allá de las celebraciones por un premio que ningún canciller en el ejercicio de sus funciones ha recibido antes (de tener acceso algún /a lector/a a la lista de los «Premios Jerusalén» otorgados con anterioridad, se le agradecería remitírnosla por si alguno de estos premios sí fue otorgado a un canciller en el ejercicio de sus funciones) (Nota 9), hay que destacar el siguiente hecho: con ocasión de la discusión sobre el TLC con Israel, los funcionarios de PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior) demostraron ante una comisión de la Asamblea Legislativa no conocer de las discusiones que tanto en Naciones Unidas como en el seno de la Unión Europea (UE) se tiene desde muchos años sobre el comercio con Israel. Resulta de interés leer al respecto esta nota del medio Delfino.cr del 3 de septiembre del 2026 con un título que resume bien lo observado. Al parecer, la intensificación de la política del «fait accompli» de Israel en Cisjordania denunciada (véase por ejemplo este artículo publicado en Bélgica recientemente) no es del conocimiento de PROCOMER. ¿Como así? Como se lee.
En esta otra nota del mismo medio digital con fecha del 10 de septiembre del 2026 (véase enlace), se indica que no llegaron a la comparecencia prevista el 10 de septiembre ante dicha comisión ni el jerarca de la diplomacia costarricense, como tampoco la jerarca de la cartera de comercio exterior costarricense, en razón de compromisos repentinos. Al parecer ambos jerarcas tampoco encontraron manera de delegar su intervención a un funcionario subalterno, como si ganar tiempo posponiendo al mes de octubre su comparecencia fuera la estrategia acordada (por razones que sería de interés conocer): remitimos al video de la sesión del 10 de septiembre del 2026 de la Comisión de Relaciones Internacionales, en la que se da lectura a las notas remitidas por las autoridades ausentes.
Sobre el TLC entre Costa Rica e Israel, remitimos adicionalmente a una nota nuestra publicada en el Semanario Universidad (edición del 9 de septiembre del 2026) con respecto a tres criterios que fueron remitidos a la Asamblea Legislativa sobre la inconveniencia para Costa Rica de aprobar este TLC, así como a una emisión del programa universitario radial «Consulta Legal» del 10 de septiembre dedicada a este TLC con Israel (véase video), y a esta emisión del programa universitario «Interferencia» del día siguiente en Radio UCR.
Nótese que, en una sentencia de la Sala Constitucional de julio del 2025 (véase texto completo del voto 23967-2025), la cual se destaca por su extrema brevedad, el juez constitucional señaló que: «Ahora bien, con vista en lo expuesto anteriormente, la Sala estima que el reclamo del accionante resulta improcedente, pues el determinar con quién el Estado de Costa Rica debe suscribir o no convenios, o si la vigencia de estos debe suspenderse o no, no constituye un tema de constitucionalidad que pueda ser conocido en esta jurisdicción«. Una sentencia mucho más extensa de la misma Sala da una idea del tipo de respuestas recibidas por parte del recurrente sobre las acciones tomadas por la diplomacia costarricense con respecto a Gaza y a Israel (véase texto del voto 42187-2025 del 19 de diciembre del 2025).
Al entusiasmo de algunos por el libre comercio con Israel y a las respuestas del juez constitucional a ciudadanos costarricenses indignados, cabe añadir que este 17 de septiembre, fue publicado un comunicado conjunto suscrito por un numeroso grupo de intelectuales y de artistas en contra de una decisión de una entidad educativa, que prohibió a la Consul Honoraria de Palestina ingresar a su reciento para participar en un foro sobre Gaza (véase texto publicado en el Semanario Universidad). Las «razones administrativas» invocadas por el centro educativo dieron pie para este artículo de opinión publicado en Delfino.cr, cuya lectura completa se recomienda.
Armar a Israel ¿sin percatarse del drama indecible que vive Gaza desde hace casi tres años? Datos recientes en proveniencia de Israel y de Gaza.
El apoyar a Israel militarmente puede generar consecuencias muy graves para un Estado, tratándose de las acusaciones de las que es objeto su insensato accionar militar en Gaza, tanto ante la CIJ como ante la Corte Penal Internacional (CPI): se trata de acusaciones ampliamente respaldadas y actualizadas por diversos informes de órganos de Naciones Unidas.
Es así como, desde septiembre del 2024, se pudo escuchar por parte del jefe de la diplomacia del Reino Unido, otro Estado exportador de armas hacia Israel, que (véase declaración oficial):
«It is with regret that I inform the House today, the assessment I have received leaves me unable to conclude anything other than that for certain UK arms exports to Israel there does exist a clear risk that they might be used to commit or facilitate a serious violation of international humanitarian law«.
El último informe situacional (al 2 de septiembre del 2026) realizado por Naciones Unidas sobre lo que ocurre en Gaza está disponible en este enlace y desde ya se sugiere su lectura, completándola con este informe más general sobre lo que ocurre en todo el territorio palestino además de Gaza (al 4 de septiembre del 2026), y que inicia señalando que:
«Children continue to be killed by airstrikes and other attacks affecting populated areas in the Gaza Strip.
Most of Gaza’s 2.1 million are approaching the rainy season in overcrowded displacement sites, at risk of flooding and disease, while efforts to help them prepare are constrained by funding shortfalls and access restrictions«.
Asfixiar a 2,1 millones de habitantes al no permitir entrar en Gaza ayuda humanitaria urgente que requieren estas personas, siendo sometidas desde la tarde/noche del mismo 7 de octubre del 2023, a bombardeos indiscriminados y desproporcionales, con una red hospitalaria prácticamente destruida, y con muchas de ellas viviendo a la intemperie en un desolador campo de ruinas, con poca agua y alimentación, constituye una faceta dramática del insensato accionar de Israel en Gaza, que Nicaragua espera poder explicar a la CIJ y relacionar a la generosa ayuda militar recibida por parte de Alemania.
El pasado 10 de septiembre, valientes comunicadores israelíes dieron a conocer un documental en la Bienal de cine de Venecia, titulado «Naza«, sobre la maquinaria destructiva militar israelí en Gaza dirigida desde programas informáticos que combinan rastreo y ubicación de llamadas, reconocimiento facial e inteligencia artificial (véase nota del medio israelí Magazine+972, así como este reportaje de Al Jazeera, esta nota de CNN y esta otra de France24). La conferencia de prensa completa de los directores de este documental en Venecia está disponible en este enlace y es sumamente recomendada escucharla. Este 14 de septiembre, Democracy Now dedicó un espacio al alcance y a los directores de este documental (véase enlace): este documental, como previsible, ha provocado las reacciones iracundas y los habituales exabruptos de las máximas autoridades israelíes (tanto en la esfera gubernamental como militar) que ya no impresionan mayormente a nadie (salvo algunas salas de redacción en Estados Unidos y algunos círculos que gravitan usualmente alrededor de las embajadas de Israel, con sus relevos en la prensa nacional): véase sobre estas reacciones furibundas israelíes esta nota de RadioFrance del 15 de septiembre.
Otra reacción iracunda contra la prensa israelí de investigación que revela algunos de los secretos mejores guardados del Primer Ministro israelí se puede leer en esta nota de la BBC (también del 10 de septiembre), en la que se precisa que:
«Según informó Haaretz, durante esa llamada, el jeque Bin Zayed advirtió explícitamente a Netanyahu que Sinwar le dijo a un exfuncionario palestino que Hamás estaba preparando una operación importante que describió como un «terremoto».Bin Zayed expresó su preocupación de que el suceso en cuestión no solo provocara un derramamiento de sangre, sino que también desestabilizara toda la región».
Este 15 de septiembre del 2026, en un comunicado oficial del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en persona, pasado totalmente desapercibido en la prensa internacional (véase texto completo), se puede leer que:
«I worry the remains recovered so far may only be the tip of the iceberg. Much of Gaza has been flattened by Israeli bombing or demolition and clearing by heavy machinery and explosives. Today, many areas in Gaza where the Israeli military is deployed continue to be levelled by bulldozers with no respect for the dead under the rubble«.
A modo de conclusión
Finalizadas las audiencias en La Haya en esta segunda semana de septiembre del 2026, la CIJ inició su «délibéré» para decidir (en un plazo que puede variar entre 3 meses y 9 meses) si son o no de recibo los argumentos presentados por Alemania.
Con relación a la estrategia jurídica de Alemania, no está de más recordar que no es exenta de riesgos: en efecto, cual sea el caso contencioso entre dos Estados, el invocar por parte del Estado demandado excepciones preliminares sobre la supuesta incompetencia de la CIJ puede ser interpretado por algunos de los integrantes de la CIJ como una renuencia de un Estado (que no quiere que la justicia internacional examine el fondo del asunto).
Desde este punto de visto, se puede considerar desde ya cuestionable la estrategia de Alemania: dado el dramático contexto que se vive Gaza, Alemania hubiera perfectamente podido evitar recurrir a este incidente procesal y aceptar la competencia de la CIJ sin mayor dilación. Al recurrir a este incidente procesal, se podría también interpretar que Alemania, por alguna razón muy propia (y que sería se sumo interés conocer), está buscando ganar tiempo.
Dentro de unos meses, será la CIJ la que indicará en qué medida Nicaragua puede continuar con este procedimiento contencioso interpuesto contra Alemania con respecto al fondo de su demanda.
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Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Audiencias orales de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el marco de la controversia Guyana vs. Venezuela: algunas reflexiones«, 11 de mayo del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: algunos apuntes sobre la ordenanza de la CIJ del 30 de abril relativa a la solicitud de medidas provisionales de Nicaragua contra Alemania«, 30 de abril del 2024. Texto integral disponible en este enlace. Véase también un análisis de dos colegas alemanes, STENDEL R., WENTKER A., “Taking the Road Less Travelled: The ICJ’s Pragmatic Approach to Provisional Measures in Nicaragua v Germany”, EJIL-Talk, edición del 3 de marzo del 2024. Texto integral disponible en este enlace, incluyendo dos comentarios nuestros a los autores de este análisis. De igual manera desde Alemania, véase también (más completo que el anterior análisis), TALMON S., «Why the provisional measures order in Nicaragua v. Germany severely limits Germany´s ability to transfer arms to Israel«, Verfassungsblog, edición del 2 de mayo del 2024. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 3: Leemos que para el integrante nativo de Sudáfrica en el seno de la CIJ, esta ordenanza de la CIJ envía una señal muy clara a otros Estados que suplen de armas y municiones a Israel. En el último párrafo de su declaración individual, señala que: «13.While the Court has not issued any provisional measures at this stage, the current Order makes plain that it expects Germany, and other States supplying weapons to Israel, to exercise due diligence and ensure that weapons transferred to Israel are not used in the commission of acts of genocide or breaches of international humanitarian law. For me this is not a hollow statement but a statement with real legal significance. In particular, in the consideration of the responsibility of Germany, or any other State, for breaches of either the Genocide Convention or international humanitarian law, including responsibility for not taking appropriate measures in the face of a risk of such breaches, the effect of this Order would be to remove any plausible deniability of knowledge of the risk. ../ .. 13. Si elle n’a pas indiqué de mesures conservatoires à ce stade, la Cour fait néanmoins clairement savoir, dans l’ordonnance rendue ce jour, qu’elle attend de l’Allemagne, ainsi que des autres États qui fournissent des armes à Israël, qu’ils fassent preuve de la diligence requise et veillent à ce que les armes transférées à Israël ne soient pas utilisées pour commettre des actes de génocide ni pour enfreindre le droit international humanitaire. À mes yeux, c’est non pas une formule creuse, mais une déclaration ayant une véritable portée juridique. En particulier, si la Cour devait examiner la responsabilité de l’Allemagne, ou de tout autre État, à raison de manquements à la convention sur le génocide ou au droit international humanitaire, y compris la responsabilité qu’engagerait le fait de ne pas avoir pris de mesures adéquates alors que de tels manquements risquent d’être commis, l’ordonnance rendue ce jour aurait pour effet de priver les intéressés de toute possibilité de nier, de manière plausible, avoir eu connaissance de ce risque».
Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Nicaragua, a propósito de la renuncia de uno de los principales artífices de logros obtenidos ante la justicia internacional, LaRevista.cr, edición del 9 de abril del 2022. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 5: Véase BOEGLIN N., «Ocupación prolongada y colonización ilegal israelí del territorio palestino: apuntes con relación a la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)», 19 de julio del 2024. Texto integral disponible en este enlace. Véase también un análisis de dos colegas galos, MAIA C., POISSONNIER G., “Avis de la CIJ de 2024 relatif à l’occupation du territoire palestinien: une analyse au prisme du droit international des droits humains”, La Revue des Droits de l’Homme, Actualités Droits-Libertés.Texto integral disponible en este enlace.
Nota 6: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: algunos apuntes sobre el alcance de la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, 22 de octubre del 2025. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 7: Véase esta nota de The Guardian del 20 de mayo del 2025 titulada «UK suspends trade talks with Israel and attacks ‘repellent’ extremism«. Cabe precisar que en su intervención, el jefe de la diplomacia británica externó ante el Parlamento británico (véase texto completo) que: «As the Prime Minister and fellow leaders said yesterday, we cannot stand by in the face of this new deterioration. It is incompatible with the principles that underpin our bilateral relationship. Rejected by Members across this House and frankly it’s an affront to the values of the British people«.
Nota 8: Véase MINGET C., «Domestic Courts and the States’ Obligation to Prevent Genocide and Serious Violations of IHL: The Brussels Court of Appeal’s Interlocutory Judgment of 16 March 2026«, EJIL–Talk, edición del 26 de mayo del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 9: En el caso de Uruguay, el denominado «Premio Jerusalém» fue otorgado en el 2026 a un periodista (véase emisión de la televisión uruguaya). En el caso de Colombia, en el 2025, este mismo premio también fue otorgado a un periodista y columnista (véase enlace). En el caso de Costa Rica, en el 2023, este premio fue otorgado a una ex jueza costarricense de la Corte Penal Internacional (CPI) que fungió luego como jueza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el período 2016-2021: véase nota de La Nación de agosto del 2023. Siempre con respecto a Costa Rica, este premio fue otorgado a un ex diplomático en el 2022 (véase nota de prensa). No se tiene conocimiento de un premio de este tipo otorgado a un canciller meses después de debutar sus funciones, como es el caso del actual canciller de Costa Rica, que inició sus funciones en mayo del 2026. En el 2025, el actual Presidente de Argentina recibió otro premio en Israel, conocido, según se lee como el «Premio Nobel del mundo judío» (véase nota oficial de prensa).
En los años setenta, el dramaturgo chileno Oscar Castro escribió la pieza teatral La Guerra, referida con un poco de humor y sorna a los eventos que predominaron en buena parte de países latinoamericanos en aquel tiempo. Escrita en tiempos de dictadura chilena, en reclusión y bajo acoso, el dramaturgo haría de la puesta en escena un acto de resistencia contra la barbarie y la represión.
Tiempo después, en mi querido Conservatorio de Castella, semillero de artistas a escala mundial, montaríamos esa obra bajo otro nombre: ¿Y dónde está el enemigo? El espectáculo incluía música, coreografía, interacción con el público, en una verdadera maniobra desde el arte para desnudar el sinsentido de los conflictos y la guerra como su máxima expresión.
He pensado todos estos días, a propósito del escenario de crispación social construido por el actual gobierno en Costa Rica, sobre las formas en las que se produce el enemigo, se le nombra y se le ataca.
Particularmente, me ha llamado la atención dos ejes discursivos que con fuerza producen ese enemigo, en especial en redes sociales: la denominación de “zurdo”, idea que fue colocada justamente por algunos representantes del Poder Ejecutivo en alocuciones públicas, para hacer referencia a adversarios o personas distantes de las ideas del gobierno y la utilización del insulto con tintes homofóbicos, proferidos también desde las más altas vocerías gubernamentales. Sobre esto último, no se me ocurre pensar en otra denominación que no sea la de las masculinidades tóxicas que predominan hoy el entorno político que lidera hoy los destinos (¿destinos?) del país.
Ahí está el enemigo. En esas ideas vanas y superficiales a través de las cuales se ha construido esa otredad política, en un peligroso juego narrativo que podría desencadenar en acciones de violencia que lesionen la integridad de las personas, solo por definirse contrarias al pensamiento hegemónico instalado desde hace más de cuatro años.
Lo vimos este 14 de setiembre en Cartago, lugar donde año con año se realizan las celebraciones oficiales vinculadas con la llegada de la antorcha de la independencia al país. La movilización extrema de fuerzas de seguridad, el anillado perimetral para separar al público asistente de las autoridades, la revisión de “material peligroso” como faroles y pancartas, la solicitud de identificación y otros desvaríos, complementaron lo que denominaría como “La Reinvención de Cartago” ahora convertida en esa espacialidad simbólica en la que el gobierno de la república (ahora con minúscula) hizo una demostración de fuerza, prepotencia y autoritarismo.
Las peligrosas acciones en contra de manifestantes, producidas por simpatizantes del oficialismo, no deben ser leídas como parte del calor del momento. La escalada de violencia podría llevarnos a otro nivel en esto que pareciera ser, sin lugar a dudas, el momento del fin de la excepcionalidad en Costa Rica. Así parece y así fuimos leídos por la prensa internacional que cubrió los bochornosos actos del gobierno costarricense esa noche.
¿Dónde está el enemigo? ¿Contra quién es la guerra? Pareciera que ya fueron dadas las condiciones discursivas y ahora podrían empezar a presentarse, esperemos que no, acciones de otra naturaleza. Ya varias personas que han sido abiertamente perseguidas por su desafección política con el oficialismo han tenido que salir del país en busca de refugio. Esto no es ni más ni menos que un escenario de excepcionales rasgos que debemos mirar con atención. Que la reinvención de Cartago no termine siendo un modelo para implementar en el resto del país. Quienes creemos en la libertad, la democracia y el diálogo, aún podemos impedirlo.
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