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Sobre los límites morales de la mercantilización de la vida como cuestión política

Alejandro Guevara Arroyo

Los mercados son un conjunto de prácticas humanas colectivas e interrelacionadas. Mediante estas prácticas producimos y distribuimos bienes de mercado: cosas sociales que apreciamos adquirir y poseer. Los mercados son, más específicamente, instituciones sociales (como también lo son las familias, los jueces o los sistemas de tránsito). En un sentido que aquí no interesa profundizar demasiado, puedo agregar que las decisiones que se dan en dichos espacios parecen estar regidas por lo que solemos llamar “negociación” (no es, por cierto, la única forma de tomar decisiones colectivas).

Michael Sandel sugiere una hipótesis socio-histórica plausible. Según él, durante las últimas décadas las sociedades occidentales han ampliado considerablemente los ámbitos de la vida en los cuales las decisiones se toman siguiendo las reglas y valores característicos de los mercados. Hoy todo parece estar a la venta o a punto de estarlo: nuestro espacio público, nuestros servicios básicos, nuestros cuerpos, etc. Da la impresión de que estamos a un paso de ese “pound of flesh” que escribe Shakespeare en El mercader de Venecia. Incluso en aquellos casos en donde no aceptamos exactamente que un ámbito de la vida se rija como un mercado, nos descubrimos pensando y actuando en términos característicamente mercantiles (por ejemplo, de costo-beneficio). Así, hemos ido mercantilizando cada vez más espacios de nuestra vida.

Ahora, ¿por qué deberíamos preocuparnos por ello? Desde cierta forma de visión economicista, no hay nada malo en ello. En tanto se amplía la producción de bienes y se alcanzan equilibrios económicos estables, no deberíamos, como sociedad, preocuparnos mucho por esta transformación.

Existe, sin embargo, otra manera de ver el asunto. Pensadores contemporáneos como Debra Satz y el ya citado Sandel piensan que este proceso tiene relevancia ético-moral y, también, que la cuestión de los límites morales del mercado es de índole política. Sandel señala dos razones fundamentales por las que deberíamos reconsiderar la mercantilización de nuestra vida.

La primera razón es que la mercantilización agrava el peso moral de la desigualdad económica y marca la injusticia de las condiciones sociales que la causan.

A primera vista, si el abolengo económico sólo determina el acceso a bienes de lujo, como yates o autos de oro, no hay en juego asuntos morales demasiado importantes. Eso es asunto de cada quien. Como mucho, podríamos decir con Adolfo Bioy Casares que “en todo lujo palpita un íntimo soplo de vulgaridad”. Empero, si el abolengo económico determina el acceso a los bienes que configuran las condiciones indispensables para construir una vida digna, la desigualdad en la distribución de las oportunidades de acceso a ellos se transforma en un asunto de prioritaria importancia en términos de justicia social (y de interés ético-político).

Aquí podemos pensar, ante todo, en aquellos bienes que conforman las precondiciones para que una persona contemporánea pueda florecer, es decir, llevar una vida con plenitud (me viene a la mente la palabra griega eudaimonía, que a veces se traduce como felicidad).

El disfrute de estos bienes conforma, además, un umbral mínimo de ciudadanía: un piso básico de derechos imprescindibles para que la persona pueda integrarse y actuar, en tanto ciudadana, como miembro pleno de una comunidad política democrática. Acá la premisa normativa de fondo es clara: si un bien es condición para el ejercicio efectivo de la ciudadanía democrática, entonces su acceso no debería depender exclusivamente de la capacidad de pago en el mercado. Debería estar constitucionalmente garantizado.

En el listado necesario de dicha clase de bienes, incluyo:

(a) El acceso oportuno a servicios de salud de calidad, que permitan a la persona llevar su vida sin sufrimientos internos graves;

(b) El acceso a una educación que no sólo construya capacidades profesionales idóneas para el ‘ascenso material’ sino, también, las disposiciones necesarias para elegir las maneras en que cada quien concibe y busca construir una vida buena y para posicionarse en las cuestiones sociales de interés político;

(c) Un espacio saludable en el cual descansar y gozar de la privacidad suficiente para llevar adelante esas dimensiones de la vida buena que la requieren, incluyendo el diálogo y la reflexión cívica.

Por supuesto, este listado es una cuestión ético-política debatible. Pero el punto central es que su acceso a todas las personas no puede quedar librado a las prácticas de mercado, sino que la asignación de estos bienes debe apelar a criterios no mercantiles de distribución y contar con garantías institucionales y jurídicas de cumplimiento.

El segundo motivo es que, al mercantilizar una dimensión de la vida, se corre el peligro de corromperla. Para comprender este punto, basta notar que las prácticas y concepciones que dan forma a nuestras vidas tienen ciertas características y tienden hacia ciertas finalidades. En otras palabras, podemos ver nuestras prácticas como aspirando a realizar ciertos valores. Prácticas y valores se integran así en un todo bastante compacto.

Pues bien, al mercantilizar una práctica no mercantil, se rompe esa fina unidad y se corre el peligro de que se transforme en otra cosa. “Los mercados dejan su marca”, dice Sandel, sobre los bienes y prácticas. Las formas de vida mercantilizadas podrían conservar una apariencia semejante a la de las prácticas no mercantiles, pero debajo de ella habrá cambiado mucho y, a veces, todo. En particular, ciertas prácticas (como la amistad, la actividad cívica, el buen trato a otras personas) poseen un valor intrínseco o cívico cuyo significado se deforma cuando es reinterpretado sólo en clave mercantil.

También por esta razón vale la pena, entonces, reconsiderar la mercantilización de nuestra vida. Por supuesto, qué prácticas en particular merecen ser preservadas de dicha corrupción mercantil no es algo obvio. Hay razonables desacuerdos sobre cuáles valores merecen ser protegidos y qué es característico de cada práctica. En una comunidad política democrática, decidir sobre estos asuntos es propio del debate político ciudadano.

Discutir los límites ético-morales del mercado probablemente nos lleve a la conclusión de que resultaría deseable revertir, en muchos ámbitos, ese proceso. O sea: deberíamos desmercantilizar nuestra vida (la noción de “desmercantilización”, hasta donde sé, fue originalmente formulada por Esping-Andersen). Lo que debe quedar claro es que la mercantilización no es una fuerza de la naturaleza, algo inevitable. Decidir razonablemente sobre estos asuntos es, por ello, materia de reflexión política y rediseño institucional.

Nota: Este documento recibió una corrección ortográfica y de coherencia gramatical mediante el instrumento chatgpt. El autor revisó el producto de manera íntegra.

Entre cenizas y algoritmos: el eclipse democrático y el renacer autoritario

Frank Ulloa Royo

Resumen:

Este artículo reflexiona sobre el colapso del socialismo democrático y el ascenso de nuevas formas de fascismo en Europa y América Latina. El primer capítulo analiza cómo los países nórdicos, otrora bastiones del pacto social, han sido seducidos por discursos autoritarios, mientras en América Latina las maquinarias electorales y los algoritmos reemplazan a los ejércitos como instrumentos de control. El segundo capítulo se centra en Costa Rica, donde la multiplicación de partidos sin ideología, el descrédito del sistema electoral y el ataque a la institucionalidad desde el propio poder estatal configuran un escenario de grave deterioro democrático. El texto propone una lectura ética y literaria del presente, y plantea la necesidad de repensar el mito del ave fénix como tarea colectiva ante la crisis de humanidad.

Palabras clave:
Socialismo democrático, fascismo digital, crisis institucional, Costa Rica, autoritarismo, sindicatos, democracia, ética política

Capítulo I: El fin del socialismo democrático y el renacer del fascismo

Hubo un tiempo en que el socialismo democrático fue más que una etiqueta. Fue una promesa. En los países nórdicos, esa promesa se tradujo en hospitales públicos, educación gratuita, sindicatos fuertes y partidos que aún cantaban. Se creyó que el capitalismo podía ser domesticado, que el mercado podía servir sin devorar, que el trabajo podía tener dignidad sin pedir permiso al capital (Gomariz, s.f.).

Pero ese tiempo se ha ido. Hoy, incluso las sociedades que fueron modelo de equidad escuchan los cantos de sirenas autoritarias. En Suecia, Finlandia y Dinamarca, crecen partidos que hablan de orden, de fronteras, de pureza. La guerra fría, que parecía enterrada, resucita como espectro, no solo en lo militar, sino en lo cultural y simbólico (Urrego Ardila, 2022). Se rearma, se vigila, se teme. El pacto social se deshilacha, y en su lugar se instala la sospecha.

En América Latina, el paisaje es semejante, aunque con sus propios matices. Aquí no son los tanques los que avanzan, sino los algoritmos. Las maquinarias electorales se perfeccionan, los ejércitos quedan a la retaguardia, y los sindicatos se refugian en discursos que ya no conmueven. Los partidos políticos han perdido sus ritos, sus cantos, su capacidad de convocar desde la emoción colectiva. Con excepciones luminosas —Uruguay, Brasil, Colombia— el continente parece rendirse a una nueva forma de fascismo: más digital, más emocional, más eficaz (Trindade, 2003; Borón, 2003).

Este nuevo fascismo no necesita uniformes ni marchas. Se disfraza de eficiencia, de modernidad, de sentido común. Promete seguridad, orden, progreso. Pero lo que ofrece es miedo, exclusión, silencio. No busca convencer: busca saturar. No construye comunidad: la reemplaza por tribus digitales. No propone futuro: administra el presente como si fuera eterno.

Y mientras tanto, los que aún creemos en lo humano, en lo colectivo, en lo justo, nos preguntamos: ¿a qué oponernos? ¿A quién apoyar? Los liderazgos se construyen en redes, se consumen como productos, se olvidan como memes. La juventud, despojada de esperanza, ya no quiere reproducirse. Adopta mascotas, se sumerge en pantallas, se repliega. Lo social se desplaza, lo político se diluye, lo humano se desvanece.

Tal vez, como decía Gomariz (s.f.), solo las comunidades más “atrasadas” puedan salvarse. Las que aún cultivan la tierra con las manos, las que aún cuentan historias en la plaza, las que aún entierran a sus muertos con canto. Tal vez allí se guarde la semilla de un nuevo comienzo.

Pero no basta con esperar. Es hora de repensar el mito del ave fénix. No como consuelo automático, sino como tarea ética. Reconstruir lo humano desde las cenizas, con memoria, con coraje, con palabra. Porque si algo nos queda, es la capacidad de resistir, de narrar, de cuidar.

Capítulo II: Costa Rica: el deterioro democrático y el riesgo de colapso institucional

Costa Rica, país que alguna vez fue símbolo de estabilidad democrática en América Latina, atraviesa hoy una crisis profunda, no solo institucional, sino ética. La multiplicación de partidos sin ideología, la banalización del liderazgo político y el uso del poder estatal para desacreditar el sistema electoral configuran un escenario alarmante (Cortés Ramos & Fernández Alvarado, 2021).

Los partidos políticos han dejado de ser espacios de deliberación y proyecto. Se han convertido en plataformas de ocasión, sin raíces ni propuestas. Los líderes que emergen son fatuos, construidos por redes sociales, sin trayectoria ni compromiso. La política se ha vuelto espectáculo, y la institucionalidad, blanco de ataques desde el propio poder ejecutivo.

El Tribunal Supremo de Elecciones, pilar de la democracia costarricense, ha sido objeto de sospechas infundadas, sembradas desde el discurso oficial. Esta estrategia, que recuerda el modelo argentino de deslegitimación institucional (Trindade, 2003), se despliega ahora desde el centro mismo del Estado, con una eficacia inquietante.

Los sindicatos, otrora actores de resistencia, sobreviven en discursos, pero enfrentan descrédito, fragmentación y persecución. La ciudadanía, desorientada, se repliega en la individualidad, mientras crece el riesgo de una ruptura mayor. No es exagerado hablar de una posible segunda guerra civil, no en términos bélicos tradicionales, sino como colapso del pacto social, del respeto mutuo, de la convivencia democrática.

Este tema no es para jugar. La democracia no está escrita en piedra. Requiere cuidado, memoria, coraje. Y hoy, más que nunca, exige una palabra clara, una resistencia ética, una reconstrucción desde las ruinas. Esperamos que se trate de un eclipse y no el inicio de una nueva historia de terror para la humanidad.

Referencias

Boron, A. (2003). El fascismo como categoría histórica: en torno al problema de las dictaduras en América Latina. CLACSO. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/se/20100529014903/3capituloI.pdf

Cortés Ramos, A., & Fernández Alvarado, D. (2021). Órdenes sociales, regímenes políticos y geopolítica en Centroamérica: una lectura de larga duración en el contexto del bicentenario. Anuario de Estudios Centroamericanos, 47(2), 1–30. https://doi.org/10.15517/aeca.v47i2.48291

Gomariz, E. (s.f.). Reflexiones sobre el socialismo democrático y la socialdemocracia. Manuscrito inédito.

Trindade, H. (2003). El tema del fascismo en América Latina. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. https://www.cepc.gob.es/sites/default/files/2021-12/16048repne030111.pdf

Urrego Ardila, M. A. (2022). Totalitarismo, fascismo y su importancia para América Latina: continuidad de la Guerra Fría en el campo cultural y las ciencias sociales. Revista de Estudios Latinoamericanos, 34(1), 45–67. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9016543.pdf

Cuando el pueblo se convierte en consigna

*M. EL Ernesto Herra Castro
Sociólogo

Las imágenes recientes de la marcha encabezada por figuras del Partido Liberación Nacional (PLN) bajo la consigna Defendamos Costa Rica” confirman lo que advertí en un artículo anterior publicado en otro medio (Las consignas de la oligarquía): los sectores que históricamente se beneficiaron del modelo de dominación económica y simbólica de la oligarquía criolla vuelven a ocupar el primer plano del escenario público, esta vez disfrazados de defensores del pueblo. Pero lo verdaderamente alarmante no es su teatralidad, sino la participación utilitaria de las universidades públicas y los sindicatos, que terminan sirviendo de andamiaje legitimador a quienes entregaron la soberanía nacional en el altar del neoliberalismo.

No hay que olvidar que el PLN fue el artífice de la apertura comercial que devastó la agricultura, desmanteló el Estado social y erosionó la paz social construida a pulso durante décadas. Fueron sus gobiernos los que convirtieron la educación en una mercancía, la salud en un negocio y el trabajo en una precariedad institucionalizada. Que hoy aparezcan marchando por la defensa del agro” o la unidad nacional” no es más que un gesto de cinismo histórico: quienes destruyeron la casa ahora posan como sus guardianes. Y lo hacen de la mano de un aparato universitario que, en lugar de producir pensamiento crítico, se presta al juego mediático de la democracia liberal, confundiendo presencia cívica” con neutralidad académica.

El problema no es que la universidad participe en el debate público de hecho, debe hacerlo, sino desde qué lugar y con qué conciencia lo hace. Cuando lo hace sin distanciamiento crítico, cuando se alinea con las fuerzas políticas que vaciaron de contenido al Estado y al bien común, cuando pone sus símbolos y su legitimidad al servicio de intereses partidarios, renuncia a su función emancipadora. No es el pueblo quien marcha, sino la razón crítica convertida en procesión institucional, donde las universidades, en vez de interpelar el poder, se suman a su liturgia. Lo que se presenta como civismo no es sino una escena de restauración simbólica del orden político que las alimenta.

Lejos de haberse vestido de pueblo, como alguna vez soñaron la conquista de la institución educativa quienes le sembraron al lado del pensamiento crítico latinoamericano, la universidad corre el riesgo de culminar por disfrazarse de pueblo para servir al poder. Es el pueblo el que trabaja, produce, resiste y sostiene lo comúnquien encarna hoy las múltiples fracturas de una “democracia” forjada al calor de la evasión, la impunidad y la decadencia moral que sin ningún pudor llaman institucionalidad”. Es junto al pueblo que también la vieja política negó que el futuro de la universidad debe surgir sin temor a afirmarse como actor social y popular. Allí radica su legitimidad: en el vínculo con la vida concreta, material, espiritual del pueblo que le sostiene, no en la obediencia cómplice de una aristocracia nobiliaria cuyos apellidos se extienden desde la Colonia hasta la actualidad sobre la base de la explotación sistemática de aquellos a quienes ahora se atreve a llamar “compatriotas”.

Si es verdad que la historia habría de repetirse dos veces, primero como tragedia y luego como farsa, como pensaba Marx tras el golpe que disolvió la república francesa y devolvió el poder a los herederos del viejo imperio, la tragedia que como país hemos experimentado los últimos 20 años han estado promovidos por la voracidad egoísta, individualista y egocéntrica con que el PLN anunciaba durante la negociación del TLC (2007) que sin duda, “como en toda negociación” decían, habrían “ganadores” y “perdedores”. La tragedia se ha hecho carne en nuestra nación con la entrega del país y de sus instituciones a los intereses de las dinastías mediáticas y financieras: la familia Jiménez, que desde La Nación y su participación en FIFCO ha moldeado candidaturas y opinión pública a su antojo; los Picado Cozza, dueños de Teletica, cuyo Canal 7 se erige como altavoz de una élite política y financiera que siempre está a salvo; los hermanos Arias, capaces de armar un bloque de 41 diputados para controlar la Asamblea y la agenda legislativa; las cámaras empresariales agrupadas en UCCAEP, junto a empresarios como los Quirós, los Raventós o Simaan, que compran favores electorales y dictan la política económica a cambio de aportes millonarios en las campañas políticas de quienes les protegen. Mientras eso ocurría la Farsa se hacía carne esta mañana bajo esa misma bandera que sin ningún pudor han mancillado los mismos partidos que privatizaron la tierra, la educación, la salud y nuestra paz.

Del siglo XXI al XIX: el capitalismo vuelve a su punto de partida

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

Mauricio Ramírez

Un estudio reciente de Jutta Bolt y Jan Luiten van Zanden (Estimaciones al estilo de Maddison de la evolución de la economía mundial: Una nueva actualización de 2023, Journal of Economic Surveys, abril 2024) ofrece la panorámica más completa de la economía global desde 1820 hasta hoy. Sus hallazgos son contundentes: el crecimiento económico mundial se está desacelerando y las brechas entre regiones vuelven a ensancharse.

En los últimos dos siglos, la humanidad ha experimentado un ascenso económico sin precedentes. Desde 1820 hasta 2020, el ingreso promedio mundial se multiplicó casi por trece, y el planeta entero fue arrastrado, con ritmos distintos, hacia una misma dinámica de modernización y expansión capitalista. Sin embargo, los datos más recientes sobre el crecimiento del PIB global muestran un fenómeno particular: la economía mundial se está ralentizando.

El ritmo de crecimiento que en el siglo XX parecía ilimitado hoy se desacelera y se concentra en pocas regiones, mientras amplias zonas del planeta, incluida América Latina, enfrentan un estancamiento crónico, como lo ha admitido la misma CEPAL. A primera vista, podría parecer un ciclo económico más. Pero desde una mirada histórico-científica, lo que está ocurriendo es la expresión de un agotamiento estructural de un modo de producción concreto.

Karl Marx anticipó que el desarrollo del capitalismo llevaría, con el tiempo, a una caída tendencial de la tasa de ganancia, a medida que la inversión en maquinaria y tecnología sustituyera el trabajo humano, única fuente real de valor. Cuando esa relación se agota, la rentabilidad cae, y el sistema necesita recurrir a nuevas formas de expansión: colonización, endeudamiento, guerras, innovación o financiarización. Por eso no resulta casual el clima de tensiones y reacomodos que hoy domina la geopolítica mundial: el sistema busca nuevos espacios donde reproducirse para sobrevivir.

Durante el siglo XIX, Europa impulsó su crecimiento sobre la base del colonialismo y la revolución industrial. Entre 1950 y 1970, el capitalismo vivió su “edad dorada” gracias a la reconstrucción posbélica, el keynesianismo y un alto dinamismo productivo de carácter “fordista”. Desde los años ochenta, la globalización y la liberalización financiera sostuvieron la expansión mundial, pero a costa de un endeudamiento masivo y una creciente desconexión entre la economía real y la especulativa.

Hoy, tras más de cuatro décadas de financiarización, esa frontera expansiva parece haberse cerrado. El planeta ya no ofrece nuevos espacios de acumulación fáciles ni recursos infinitos. Las desigualdades internas alcanzan niveles históricos, la productividad estancada no genera bienestar, y el crecimiento se mantiene solo mediante deuda y consumo artificial. En términos marxistas, el capital ha entrado en su fase de madurez: produce más mercancías, pero menos valor; genera más riqueza financiera, pero menos progreso humano.

Lo paradójico es que, en su búsqueda incesante de expansión, el capitalismo está regresando a una forma que recuerda al siglo XIX: crecimiento lento, desigual, rentista y concentrado. Y es de esperarse que, con ello, el Estado de bienestar construido durante la época más fértil del capitalismo, entre ahora en recesión o pausa. Las clases medias se ven cada vez más golpeadas, los derechos adquiridos se desfinancian, y los retrocesos sociales se manifiestan en una creciente polarización política y un descontento generalizado hacia la democracia.

Como bien advirtió Slavoj Žižek, “es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo”. Hoy podríamos añadir: es más fácil pensar en el fin de la democracia que en el fin del capitalismo. David Harvey ha descrito esta fase como la del “capitalismo tardío”, donde las innovaciones ya no abren horizontes de desarrollo, sino que se vuelven mecanismos de control social y concentración.

El mundo contemporáneo, en apariencia hiperconectado y próspero, se asemeja más al siglo XIX de lo que queremos admitir: crece poco, distribuye mal y concentra mucho. Las mismas fuerzas que alguna vez impulsaron el progreso hoy lo frenan. Si algo enseña la historia económica, es que ningún sistema puede expandirse indefinidamente sobre bases injustas o ecológicamente insostenibles.

El desafío, entonces, no es solo técnico o financiero. Es civilizatorio. La pregunta que se abre para el siglo XXI no es cómo reactivar el crecimiento, sino qué forma de desarrollo humano puede suceder al capitalismo cuando este ya no puede crecer sin destruirse a sí mismo.

Óscar Aguilar Bulgarelli: “La Constitución del 49 y el Tribunal Supremo de Elecciones son pilares de nuestra democracia”

El historiador y analista Óscar Aguilar Bulgarelli recordó este 7 de noviembre, fecha en que Costa Rica conmemora dos hechos históricos fundamentales: la defensa del derecho al voto en 1889 y la promulgación de la Constitución Política de 1949, que desde entonces ha garantizado la estabilidad democrática y la paz del país.

Aguilar señaló que el 7 de noviembre de 1889 marcó la primera gran defensa popular del sufragio:

“El pueblo se levantó en armas y rodeó la ciudad de San José para defender algo muy importante: el derecho a la elección libre de un presidente. La imposición que quiso hacer Bernardo Soto no prosperó, porque comprendió que la sangre de los costarricenses valía más que el poder”.

El analista recordó también que el 7 de noviembre de 1949, hace 77 años, fue aprobada la Constitución Política que dio origen al marco institucional actual:

“Todo el marco que nos ha permitido vivir en paz y tranquilidad durante 77 años se aprobó hoy, exactamente un día como este. Esa Constitución creó el Tribunal Supremo de Elecciones, institución que nos permite ir a elecciones libres, le guste o no al presidente de la República”.

Defensa del TSE y respeto a la legalidad

Aguilar enfatizó que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha sido una de las instituciones que mejor ha garantizado la democracia costarricense, aunque reconoció que puede haber cometido errores en el pasado.
Sin embargo, advirtió que estos no justifican los intentos de deslegitimar o atacar al órgano electoral.

“La intervención contra este Tribunal el pasado miércoles fue inaudita, por sus términos y su forma. El presidente dice que no ha hecho beligerancia política, pero por supuesto que sí la ha hecho. Lo que ha habido es un irrespeto a la ley de su parte, y eso debe quedar muy claro”.

El historiador recordó que fue el propio TSE quien garantizó la validez de los votos que permitieron la elección del actual mandatario:

“Ese Tribunal envió en las elecciones pasadas a sus delegados a todas las mesas del país para cuidar el voto que lo hizo presidente. Usted se llenó la boca celebrando aquella elección, pero ahora, porque le piden respetar las normas del juego electoral, reacciona con improperios”.

Llamado al respeto institucional y la paz

Aguilar concluyó su exposición con un llamado al respeto de la institucionalidad y de las normas democráticas:

“No es amenazando al pueblo como vamos a tener elecciones libres y democráticas, sino respetando la Constitución. Los costarricenses queremos vivir en paz y superar este proceso para volver a tener una persona en la presidencia que se gane merecidamente el honor de ser llamada presidenta o presidente de la República”.

Cuando el poder se confunde con la verdad: una defensa cívica del Tribunal Supremo de Elecciones

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

En los últimos días, el debate público costarricense ha girado en torno a las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Elecciones. Las declaraciones del presidente de la República, al acusar a los magistrados del TSE de “amenazar la democracia” y “violar la Constitución”, no solo reavivan un conflicto político, sino que ponen a prueba la madurez institucional del país.

Más allá del intercambio retórico, lo que está en juego es el principio republicano de separación de poderes y la confianza ciudadana en el árbitro electoral que ha garantizado, por más de siete décadas, la estabilidad democrática costarricense.

El propósito de este texto no es alimentar la confrontación, sino invitar a una reflexión cívica y pedagógica sobre el significado profundo del respeto institucional, los límites del poder y la responsabilidad ciudadana de resguardar el equilibrio constitucional. Para ello, propongo un análisis desde tres lecturas complementarias: una jurídico-institucional, otra política discursiva y finalmente cívico-pedagógica. Quienes puedan leer esta reflexión pueden intervenir en el debate.

Lectura jurídico-institucional: el TSE como pilar de la democracia constitucional

La Constitución Política de Costa Rica, en su artículo 99, confiere al Tribunal Supremo de Elecciones la potestad exclusiva y vinculante de organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio. Este diseño no es accidental: responde al propósito histórico de proteger la pureza del proceso electoral frente a las presiones políticas.

Cuando el presidente de la República acusa a los magistrados electorales de “violar la Constitución”, incurre en una inversión del orden constitucional. No es el Ejecutivo quien interpreta ni juzga la legalidad de las actuaciones de un órgano autónomo, sino el Derecho —a través de los mecanismos institucionales previstos— quien determina los límites de cada poder.

Como advertía Norberto Bobbio, “la democracia se mide no por la fuerza de la mayoría, sino por los límites que la Constitución impone al poder” (El futuro de la democracia, 1984). El TSE encarna precisamente esa frontera: el lugar donde la soberanía popular se traduce en legalidad y donde ningún presidente puede situarse por encima de la norma.

Lectura política y discursiva: la erosión simbólica de la institucionalidad

Más allá de las declaraciones, el peligro radica en la estrategia discursiva que busca debilitar la confianza ciudadana en las instituciones arbitrales. Cuando un presidente acusa al árbitro de “amenazar la democracia”, introduce en la esfera pública una lógica de sospecha que reemplaza el debate racional por la deslegitimación emocional.

Este tipo de narrativa, propia del populismo contemporáneo, pretende sustituir la pluralidad institucional por la voz personal del líder. Habermas advertía que la legitimidad democrática depende de “la circulación de razones en el espacio público” y no de “la imposición de verdades desde el poder” (Facticidad y validez, 1992).

El discurso presidencial, al presentarse como intérprete moral del orden constitucional, desplaza la deliberación jurídica hacia el terreno de la fe política. Y en ese desplazamiento, la democracia se empobrece.

Lectura cívico-pedagógica: recuperar el sentido de la crítica democrática

La defensa del TSE no debe entenderse como un acto de complacencia institucional, sino como una tarea cívica de protección del equilibrio democrático. Las instituciones no son infalibles, pero su crítica debe provenir del respeto, el conocimiento y los cauces legales, no de la descalificación pública desde el poder.

En una democracia madura, los límites al poder no son obstáculos, sino garantías. Luigi Ferrajoli recuerda que “sin límites, el poder deja de ser democrático y se convierte en mera dominación” (Derecho y razón, 1995).

Por eso, frente a los ataques verbales y las descalificaciones, lo que corresponde no es replicar con fanatismo, sino educar políticamente: recordar que los árbitros electorales no gobiernan, pero hacen posible que gobernemos en libertad.

La independencia del Tribunal Supremo de Elecciones es, en última instancia, una expresión de la soberanía ciudadana, no de un privilegio burocrático. Defenderla es defender la posibilidad misma de elegir, disentir y decidir sin miedo.

Costa Rica ha preservado por más de siete décadas una cultura democrática basada en la confianza en sus instituciones. Esa confianza no puede ser patrimonio de un gobierno ni rehén de un discurso.

El respeto al TSE no es reverencia: es conciencia cívica. Cuando el poder se confunde con la verdad, el deber ciudadano es recordar que la verdad constitucional no tiene dueño.

El liberalismo y la disolución de la naturaleza humana

Mauricio Ramírez

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

Tras el fin de la Guerra Fría, el liberalismo logró consolidar su hegemonía política y económica en Occidente. Con su victoria sobre las ideologías colectivistas del siglo XX, creyó haber alcanzado la culminación de la historia: la instauración definitiva del individuo soberano y absoluto, libre de todo condicionamiento. Pero una vez conquistada la esfera pública —el Estado, el mercado y las instituciones—, el liberalismo emprendió su última cruzada: liberar al ser humano de sí mismo, de su identidad biológica, sexual y espiritual.

En su empeño por emancipar al individuo de toda atadura identitaria, histórica, colectiva y existencial, el liberalismo ha extendido su lógica disolvente hasta la biología misma. El cuerpo ha dejado de ser una realidad esencial e irreductible o una síntesis entre materia y espíritu para convertirse en un límite, en una condicionante más que debe ser superada. En esta perspectiva, el cuerpo mismo, la identidad sexual y la diferencia corporal se interpretan como imposiciones que restringen la autodeterminación absoluta del yo.

Conviene aclarar, que la reivindicación del valor ontológico y natural de la biología no implica en modo alguno una defensa de los viejos determinismos biológicos o de los mitos pseudocientíficos del siglo XX que pretendieron justificar jerarquías raciales, supremacismos étnicos o teorías totalitarias. Precisamente lo contrario: reconocer la dimensión biológica del ser humano significa afirmar su pertenencia a una naturaleza viva, cósmica y espiritual trascendente, no reducirlo a un mecanismo genético, a simple materia, ni a un instrumento de dominación. Los sectores progresistas suelen descalificar toda apelación a la biología bajo la acusación de “biologicismo reaccionario”, cuando en realidad cometen un error simétrico: niegan la naturaleza humana por un sesgo ideológico que los lleva a confundir toda referencia a lo natural con autoritarismo. Esa negación es, en el fondo, un acto de ignorancia revestido de moral.

Negar la biología que es, en sí misma, una expresión de la naturaleza cósmica y de la energía vital del universo, constituye una de las más profundas contradicciones del pensamiento contemporáneo. En nombre de que “todo es una construcción social” y, por tanto, debe ser deconstruido y cuestionado porque sí, se erige el escepticismo racional y reduccionista como nuevo dogma incuestionable. Pero ese mismo pensamiento, tras disolver toda referencia a lo natural, lo espiritual y lo trascendente, pretende luego reconciliarse con el cosmos mediante un discurso new age sobre la “energía universal” y la Pachamama. Se trata, en realidad, de una contradicción irreparable: negar la biología, que es precisamente la manifestación viva de esa energía cósmica, equivale a negar el fundamento natural del ser humano. Esta regresión disfrazada de progreso racional reproduce, bajo nuevas formas, el viejo mito moderno del progreso ilimitado, que promete emancipación mientras conduce al hombre a una desconexión cada vez más radical de sí mismo y del mundo.

A esta lógica se ha sumado, paradójicamente, buena parte de la izquierda occidental y del pensamiento posmoderno y deconstructivista. Tras la caída del bloque socialista, sin un horizonte revolucionario claro ni una resistencia geopolítica o ideológica real frente al capitalismo global, muchos movimientos de izquierda adoptaron estos principios liberales en su dimensión cultural. Asumieron la agenda identitaria y la defensa de minorías como nuevo terreno de lucha, creyendo que en ello residía la continuidad de la revolución y la vía para subvertir el sistema.

Pero en esa confluencia entre liberalismo y progresismo, ambos coinciden en una visión materialista y racionalista de la realidad que niega el componente espiritual del ser humano. Al final, la llamada “agenda de las minorías” se transformó en una poderosa industria cultural y económica, capaz de generar millones, pero incapaz de modificar las condiciones estructurales que perpetúan la desigualdad. Las grandes mayorías —los pobres, los trabajadores, los marginados del sistema— permanecen al margen de este discurso emancipador que ya no los representa.

Mientras tanto, la revolución tecnológica y la expansión de la inteligencia artificial amenazan con desplazar a esos mismos sectores, y el progresismo, lejos de ofrecer una resistencia crítica o una alternativa humanista, aplaude entusiasta cada avance técnico como si el desarrollo tecnológico fuera sinónimo de justicia o libertad.

De este modo, tanto el liberalismo como su heredero posmoderno convergen en un mismo destino: la disolución del ser humano en un universo material sin sentido. La emancipación, entendida como negación de toda naturaleza y de todo límite, termina revelándose como una forma de servidumbre al vacío. El transhumanismo, presentado como la próxima etapa del progreso, es quizá el ejemplo más claro de ese final compartido: la pretensión de trascender el cuerpo, la biología y la propia condición humana.

Paradójicamente, no es hoy la izquierda, absorbida por el mito tecnocrático y la utopía de la deconstrucción total, la que ofrece resistencia, sino solo algunos sectores arraigados en tradiciones espirituales que aún defienden la dignidad del límite y el sentido trascendente de la existencia.
En nombre de la libertad, el hombre se ha negado a sí mismo; en nombre del progreso, ha olvidado la vida.

Siete de noviembre Día de la Democracia Costarricense

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas

Desde 1942 con gran sapiencia nuestros gobernantes han designado el 7 de noviembre como el Dia de la Democracia Costarricense. Y es precisamente para honrar al gran y noble pueblo costarricense por su hidalguía y dignidad al salir en defensa de la voluntad soberana y popular, ante el temor y las malignas intenciones del gobernante de la época, de confabular en favor de la candidatura de sus preferencias y perpetuarse en el poder en una forma indigna, ilegal y antidemocrática. Se equivocaba en ese actuar el presidente de la época, don Bernardo Soto Alfaro, quien deseaba que el verdadero ganador de las elecciones don José Joaquín Rodríguez Zeledón, no llegara al poder. Don José Joaquín, tenía la mayor cantidad de apoyo en San José y fuera de la ciudad capital. Don Bernardo Soto deseaba transferir el poder a Ascensión Esquivel, a pesar de que había perdido las elecciones en 1889. Ante el temor de que el gobernante arrebatara el poder al soberano, el pueblo actuó, se movilizó y exigió el respeto a los resultados lectorales. Es decir, el pueblo había hablado y decidido a través de las urnas. Costa Rica daba una extraordinaria lección cívica y de espíritu republicano ante las pretensiones innobles y espurias del gobernante. Dichos eventos históricos, también nos permiten traer a colación la vil muerte en San Ramón del ilustre ciudadano Rufino Mora Rodriguez, durante ese periodo de arrebato y pasiones desbordadas. Don Rufino fue asesinado en octubre de 1889 en las calles de San Ramón. Ante el riesgo inminente de violencia ante el enojo de los costarricenses, bien hizo don Bernardo Soto al reconocer su error y pronunciar la célebre frase “por mí no habrá de morir un costarricense”. Permitiendo de esa manera la transición pacífica del poder a fines de 1889 y que posteriormente don José Joaquín Rodriguez fuese designado como presidente la República como consecuencia de la expresión de la voluntad del soberano- es decir el pueblo costarricense. Hermosísima lección cívica y patriótica, escrita por los costarricenses, que debe quedar en los anales de la historia y muestra del civismo que siempre debe predominar y que el currículo escolar costarricense ha de exaltar.

Las próximas elecciones presidenciales y legislativas están a menos de cien días; éstas, tras doscientos años de historia, parecieran ofrecer panorama que pudiese ser desolador o darnos una nueva venturosa oportunidad de reencontrarnos con nuestras raíces. Habrá que escoger entre una ruta que permita que sobreviva nuestro régimen democrático, como lo soñaron y lo construyeron nuestros abuelos; u otra, sinuosa, tortuosa, llena de sombras siniestras y riesgos desmedidos e insospechados. Podríamos pagar caro nuestra indiferencia y pereza; no es opción dejar que sea la mediocridad, la corrupción -que asoma rampante durante los últimos meses, la vulgaridad y el fascismo, los elementos que nos gobiernen y se perpetúen. No pueden sustituir a las buenas formas del ejercicio del poder, en forma democrática, cívica, de entendimiento y de acometer la búsqueda de soluciones a los graves problemas que nos agobian ante la incapacidad de nuestros gobernantes por intentar resolverlos. El chavismo-cisnerismo amenaza, acecha y confabula para quedarse en el poder. Echan mano literalmente al librillo discursivo que ya hemos visto ponerse en práctica en países vecinos, de desprestigiar y atacar a aquellos que valientemente se les oponen o que de alguna manera constituyan una amenaza moral. El chavismo-cisnerismo se comporta como una dictadura para señalar, perseguir y espiar a quienes piensen distinto; osan desprestigiarlos para minar su credibilidad. Recuerdo perfectamente una entrevista de 2018 donde se le preguntó a Donald Trump por qué insistía en denigrar a la prensa. El respondió “lo hago para desacreditarlos y menospreciarlos; así, cuando escriban cosas negativas sobre mí, nadie les va a creer”. Así lo escribí en artículo denominado De aprendices y absolutistas, que publiqué el 26 de enero de este año. Para Cisneros, Chaves y su comparsa, cualquier estrategia de distracción es justificada con tal de evadir los graves problemas que enfrenta el país y la necesidad imperiosa de abocarnos a la búsqueda de soluciones; ante las muertes violentas, ante la crisis educativa, los deseos de seguir debilitando la CCSS, minar al IC E desde dentro. El ejercicio del poder político no puede ser reducido a esa repugnante y patológica forma de estar en una eterna y estéril campaña política, permanentemente. Durante más de 40 meses hemos sido testigos de muecas y una explosiva pirotecnia discursiva, donde desde Zapote primero se atacó a la prensa, luego a la Asamblea Legislativa, después a la CGR, posteriormente a gobernantes anteriores, a la fiscalía y magistrados, presidentes de los supremos poderes y finalmente en medio de lluvias, tormentas e inundaciones, le ha llegado el turno al TSE. Tal y como penosamente profetizábamos en ese artículo propio, de finales de enero de este año.

Llamo la atención costarricenses, que estamos en presencia de una ruta fascista que nos pone al borde de pérdida de libertades y de constreñir el espíritu civilista y democrático que hemos cultivado por décadas; para que ahora, como nos advertía Juan Rafael Mora P. en noviembre, en otro noviembre, el de 1855, “…una gavilla de advenedizos”, liderados por una sombría figura, cuya estatura moral y dotes de estadista son discutibles, pretende borrar de un plumazo todo resabio de civismo y democracia, añorando una Carta Magna hecha a su medida, como ya lo han logrado Ortega en Nicaragua y Bukele en El Salvador….preguntémonos por qué sospechosamente han debilitado la educación pública? ¿Por qué debilitar la seguridad social al no proveer de recursos y propiciar una adecuada y sana gestión de la CCSS? ¿Por qué destinar menos recursos para el combate a la pobreza, reduciendo becas para estudiantes y bonos de vivienda?

El desinterés que siente esta generación por lo político debe conducir a una sacudida nacional que nos saque del conformismo, la indiferencia y de cierta modorra tropical; que nos permita reaccionar patrióticamente antes de que el riesgo de que seamos despojados de los derechos más elementales sea consumado. Como ciudadanos no debemos pasar por alto el afán de esta administración de instrumentalizar las instituciones para la consecución de sus pérfidas intenciones y perversos fines para ser capaces de perseguir a costarricenses y ocultar sus verdaderos objetivos. Poner a Hacienda a perseguir a Baruch y hablar de un megacaso de fraude fiscal. Utilizar al Ministerio de Salud para cerrar un centro recreativo como Parque Viva porque es de La Nación. Lograr en México que, desde el servicio exterior a través de la embajada, una diputada del PUSC crítica de la administración, perdiera su trabajo en una empresa de telecomunicaciones. Utilizar el BCIE para destinar fondos de allí y canalizarlos presumiblemente para espurias contrataciones y movilizaciones de partidarios del chavismo. Intentar destruir la reputación y honra de personas como doña Patricia Navarro; el señor Bulgarelli, cuya familia fue amenazada y todo el país fue testigo. O al mismo jefe de la policía judicial a través del INAMU.

Debemos de ser capaces de denunciar y repudiar el alineamiento de cierto sector de la prensa, alejado de la objetividad y búsqueda de la verdad en el ejercicio del periodismo serio; carentes de objetividad y estigmatizados por su énfasis en la manipulación y la criminal desinformación. Debemos de entender que las mentiras que propelen constituyen una amenaza cancerosa a la democracia. Están alineados a una morbosa y podrida forma de hacer política y ejercer el poder.

Este grupo que nos gobierna hoy, sueñan con quedarse en el poder, y ya cosechan sus propios casos de presumible corrupción como caso Barrenador, caso Comején, caso Richter y podría estar incubando otros como “cariñitos” “TRADECO”, el chorizo con MECO en el supuesto arreglo de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Liberia, y la desfachatez con el favorecimiento hacia CISCO con millonarios contratos en el ICE.

O tendremos en Zapote a una persona sentada, lacaya y porrista de Cisneros y Chaves, absolutamente inoperante e incapaz de reaccionar ante los desafíos que la patria demanda; o a alguien capaz de reencontrar y renovar la ruta costarricense dentro de un marco democrático y que con sagacidad sabrá liderar, construir acuerdos, discutir y proponer salidas a los múltiples atolladeros que hoy nos abruman. No vaya a ser que despertemos viviendo en un país que ya no es el nuestro.

Hoy en este aniversario de nuestra Constitución Política y de la democracia costarricense, concluyo con esta reflexión donde se ve reflejado todo el pueblo costarricense. Pregúntese usted, ¿en qué estrato se ubica?

un sabio levantó su mano
Y señaló al cielo con el dedo.
Muchos miraron hacia la luna, maravillados
… otros se enfocaron tan sólo en el dedo!”

Dia de la Democracia Costarricense

La reorientación moral del chavismo en Costa Rica: ¿estrategia electoral o giro ideológico genuino?

Lic. Andrey Pineda Sancho*

En un artículo publicado por este mismo medio de CICDE* en octubre de 2023, hace exactamente dos años, señalé que el liderazgo de Rodrigo Chaves representaba la faceta más visible del giro populista que ha dado la política costarricense durante los últimos años. De acuerdo con aquella evaluación, este había consolidado, por aquel entonces, un estilo político centrado en la figura de un líder fuerte, decidido y resolutivo que no temía enfrentarse a las élites que han manejado al país en los últimos decenios, y una apelación sistemática al “pueblo común” como fuente central de legitimidad y autoridad. Señalé, asimismo, que dentro de tal liderazgo la invocación de elementos de orientación religiosa, que suele estar presente en los populismos contemporáneos, parecía haberse agotado en el terreno de lo simbólico, apenas como una referencia difusa capaz de conectar al líder con los códigos culturales de su base de apoyo. Las alusiones a Dios o a imaginarios comunes de la tradición cristiana, recurrentes, casi a modo de muletillas, en sus alocuciones públicas, funcionaban como gestos para empatizar con la mayoría creyente del país, pero no se traducían, para disgusto de los sectores religiosos conservadores más politizados, en políticas públicas concretas o en acciones de mayor calado.

Hoy, sin embargo, ese difuso uso de referentes cristianos se ha densificado y ha adquirido renovadas connotaciones. Lo que en el 2023 parecía limitarse a una suerte de performatividad religiosa de tipo piadoso, en este 2025 se ha convertido en un discurso moral conservador claramente delimitado y con capacidad de orientar tanto el accionar gubernamental en estos últimos meses de la administración Chaves Robles, como la estrategia para garantizar la continuidad estatal del movimiento en el próximo cuatrienio. Se trata de una reorientación que convierte a la defensa e impulso de la llamada “moral tradicional” en un nuevo intento de establecer una frontera entre el “pueblo auténtico” de Costa Rica y los sectores sociopolíticos que lo “amenazan”.

Esta evolución se empezó a manifestar con claridad a inicios del año en curso a través de dos acciones concretas: la presentación de un proyecto de ley para endurecer las penas relacionadas con el aborto, anunciado con gran pompa por la entonces ministra de la Presidencia, Laura Fernández (hoy candidata presidencial oficialista), y la eliminación de los programas de sexualidad vigentes en el sistema educativo costarricense. Ambas medidas fueron justificadas en nombre de la “vida” y la “protección de la niñez” y fueron cuidadosamente diseñadas, tanto en el plano discursivo como en el performático, para fortalecer la imagen del gobierno como garante del orden moral.

La tendencia, sin embargo, adquirió especial fuerza el pasado 15 de octubre, cuando el presidente Chaves derogó, vía decreto ejecutivo, la Norma técnica para regular el aborto terapéutico vigente desde el 2019 y la sustituyó por una versión mucho más restrictiva e incapaz de salvaguardar integralmente la vida y la salud de las mujeres. Con esta acción el gobierno no solamente les hizo un nuevo guiño a las sensibilidades de su potencial base electoral, sino que de hecho se acercó de forma tangible a algunos de los sectores que con mayor decisión y beligerancia han procurado reforzar o reconstruir el “orden moral tradicional” en las últimas décadas. Conviene recordar que ya desde marzo de 2022, antes de la segunda ronda electoral, Chaves se había comprometido ante un grupo de pastores evangélicos, reunidos bajo la figura del Foro Cristiano de Asuntos Políticos, a revisar, entre otros temas, la norma técnica aquí comentada, y que esa promesa se mantuvo en suspenso desde entonces hasta el inicio del proceso electoral de 2026. Es justamente en ese contexto electoral que Chaves decide actualizar su compromiso y reactivar explícitamente su cercanía con los sectores evangélicos más activos en la esfera pública.

Este acercamiento explícito, de gran e intencionada resonancia mediática, empero, también tuvo su expresión en el nuevo vehículo partidario mediante el cual el chavismo busca competir en las elecciones de 2026. En la asamblea general para elegir sus candidaturas a diputaciones, realizada el 24 de agosto, el Partido Pueblo Soberano (PPSO), designó a varias personas provenientes del ámbito evangélico (Kattya Mora Montoya; Gonzalo Ramírez Zamora; Gerardo Bogantes Rivera; Robert Barrantes Jr.), la mayor parte de ellas con cargos ministeriales dentro de sus respectivas congregaciones. La inclusión de estos liderazgos religiosos en la estructura partidaria no solamente resulta reveladora del rumbo que ha tomado el gobierno en los temas discutidos, sino que al mismo tiempo pone en evidencia una intención de disputarle a otras fuerzas políticas, en particular a Nueva República y a Fabricio Alvarado, el monopolio de la representación del electorado moral y decididamente conservador.

Esta marcada (re)incorporación del conservadurismo moral dentro del movimiento que gira en torno a la figura del presidente Rodrigo Chaves representa, por un lado, la extensión del perfil populista que el mandatario ya había consolidado desde su ascenso al poder, y por el otro, un intento deliberado de acaparar el espacio de representación de la derecha costarricense en cada una de sus posibles dimensiones y manifestaciones. En sentido estricto, no se trata de una mutación que rompa con el estilo ya consolidado del gobierno ni con sus ejes temáticos más reconocibles (antipolítica, liderazgo personalista, retórica anticorrupción y antiprivilegios; neoliberalismo pragmático; populismo punitivo, etc.), sino de una ampliación estratégica que incorpora la moral sexual y familiar como nuevo eje de movilización política. En un contexto político-electoral fragmentado y altamente polarizable, en el que es posible acceder a segundas rondas con fuerzas electorales relativamente débiles, esta apuesta deviene especialmente funcional, pues desvía la atención de los problemas estructurales que arrastra el país, y que han sido postergados por la actual administración, y reorienta el debate público hacia un potencial clivaje en torno a valores en el cual el componente pasional inherente a todo proceso político puede tomar un protagonismo desmedido.

Está por verse si tal apuesta tiene el efecto buscado o si, por el contrario, se convertirá más bien en un lastre para la continuidad del proyecto.

*Fuente: Texto publicado en https://cicde.uned.ac.cr/blog/207-la-reorientacion-moral-del-chavismo-en-costa-rica-estrategia-electoral-o-giro-ideologico-genuino y compartido con SURCOS por el autor.

La geopolítica del lenguaje neocolonialista y neoimperialista

Vladimir de la Cruz

¿De qué hablamos cuando hablamos de “América”?

Con más frecuencia hoy se divulga el concepto de geopolítica para tratar de entender el enmarañado mundo de las relaciones internacionales, y el papel que en ellas juegan los grandes países, las grandes potencias como también se les reconoce, los países que desempeñan un papel hegemónico en grandes regiones y con proyección mundial, los países que subordinan a otros países o someten regiones a su influencia y a sus decisiones políticas, económicas, militares y culturales, entre otras.

La geopolítica tiene que ver con la geografía en cuanto a espacio y en cuanto a ordenamiento político. La geografía como ciencia define territorios más allá de lo que en esos territorios existe como regiones políticas delimitadas. Así, por ejemplo, América Central como región geográfica es la extensión que se concentra entre la cuenca del Río Atrato, en Colombia, y el Istmo de Tehuantepec, en México, mientras que si se dice Centroamérica, responde este concepto a los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Hoy se ha extendido, la región de Centroamérica, por razones políticas y económicas a Belice, a Panamá, y para algunos efectos a República Dominicana.

Geopolítica también se refiere a la constitución de bloques de países que actúan conjuntamente para atender situaciones políticas, económicas o militares. Geopolítica, igualmente atiende las regiones en conflictos bélicos particulares, donde se encuentran países o regiones en disputas militares políticas y territoriales, y detrás de ellos otros países apoyándolos en sus disputas procurando el triunfo de ellos y el control que puedan generar de los territorios, con sus riquezas naturales, que se encuentran sometidos a esos enfrentamientos.

La geopolítica atiende no solo el espacio geográfico territorial, sino también el espacio de aguas territoriales que les pertenecen a los países o regiones así definidas, a sus espacios aéreos, que también se someten a control, con todo el impacto diplomático que ello contiene, como su repercusión a organismos multilaterales.

Desde hace algunos años se distingue la geografía política y geopolítica, entendiendo la geografía política como parte de la geografía humana mientras la geopolítica como la proyección o expansión internacional de un país en sus áreas periféricas, que impone a la vez el control o el proteccionismo de carácter comercial, la competencia sobre recursos naturales

Detrás de estos conceptos también está la geoestrategia, el control monopólico que se trata de tener sobre rutas comerciales, de transporte y de mercados de materias primas, especialmente estratégicas, minerales o alimentarias como control de mercados de mano de obra barata, para las inversiones extranjeras que se colocan en esos países sometidos a las áreas de influencia geopolíticas.

De manera muy simple se podría decir que la geopolítica es todo aquello que altera el desenvolvimiento pacífico de las relaciones internacionales.

Desde el ascenso a la Presidencia de los Estados Unidos, de Donald Trump, como presidente de ese gran país, se ha impuesto un modelo geopolítico internacional, donde Washington trata de liderar a la fuerza las relaciones internacionales, que como país, Estados Unidos contribuyó a construir.

Así, Trump ha violentado los Tratados Internacionales especialmente comerciales, violándolos unilateralmente, imponiendo en ellos tratamientos que chocan con los intereses regulados en esos tratados, de los países a los cuales trata de imponérseles, de manera ventajosa para los Estadios Unidos, afectando los intereses comerciales y económicos de sus socios comerciales.

Las reglas de carácter arancelario que ha impuesto, de elevar sustantivamente los aranceles a los productos de esos tratados, considerando que Estados Unidos tienen una balanza de pagos desfavorable en esos Tratados ha alterado las relaciones políticas, comerciales y diplomáticas con países como México y Canadá, que forman parte de un Tratado regional, países que ha reaccionado fuertemente contra Trump y sus políticas. Igualmente ha sido con la República Popular China, solo que China ha actuado con la fuerza que también tiene comercialmente para neutralizar bastante las agresivas políticas que Trump quiso imponerles. China ha ido más allá. Ha declarado, desafiando a los Estados Unidos, que a partir del 2026, las actividades comerciales con China, y los inversionistas que quieran allí establecerse, no serán sometidos a aranceles que perjudiquen sus actividades.

Con países como los de Centroamérica, sencillamente Trump se ha impuesto sin fuerte reacción de sus aliados, por la debilidad de las economías como por la debilidad política de sus gobiernos, haciendo excepción en el caso latinoamericano de Brasil y México.

En el lenguaje político del presidente Trump ha ido más lejos comprometiendo su política exterior: ha considerado que Canadá debe integrarse como parte de la Unión Americana, situación que enfrentó al primer ministro canadiense defendiendo su Soberanía e integridad territorial.

El actual presidente de los Estados Unidos ha amenazado con la necesidad de que Groenlandia pase a ser un Estado de la Unión Americana, enfrentando con ello al Reino de Dinamarca, habida cuenta que Groenlandia es un territorio autónomo de ese Reino, desde 1979 y parte de Dinamarca desde 1953.

Estados Unidos en 1946 habían intentado comprar Groenlandia. En 1951 se autorizó que la OTAN pusiera bases militares en ese territorio, en el contexto de la Guerra Fría que acaba de surgir. Igualmente, el ejército estadounidense podía usar y moverse libremente entre estas áreas de defensa, sin infringir la soberanía danesa en Groenlandia. Estados Unidos expandió considerablemente la Base militar Aérea de Thule entre 1951 y 1953 como parte de una estrategia de defensa unificada de la OTAN.

El gobierno de Estados Unidos intentó construir una red subterránea de sitios secretos para el lanzamiento de misiles nucleares en la capa de hielo de Groenlandia, lo que se conoció como “Proyecto Iceworm”. Esto es parte de lo que hoy Trump quiere desarrollar para ejercer n mayor control no solo del territorio groenlandés, sino también de las rutas comerciales navieras que bordean la parte norte de Groenlandia y del Círculo Polar Ártico, en esa parte del mundo, con influencia de China.

El interés de Trump, desde el 2019, es la gran región territorial que constituye Groenlandia, sus llamadas tierras raras, y riquezas naturales que son muy ricas, entre otras de aluminio, plomo, zinc, hierro, uranio níquel, platino, tungsteno, titanio, cobre, rubíes y otras piedras preciosas, y su poca o escasa población, de tradición Inuit. La Unión Europea no ha reaccionado en defensa o solidaridad con el Reino de Dinamarca frente a esta amenaza de apropiación que valora hacerla incluso militarmente.

Con México Trump impuso un conflicto al llamar al histórico Golfo de México como Golfo de América. El Golfo de México hoy lo comparten Cuba, México y los Estados Unidos, en sus regiones de Cuba, la Artemisa Pinar del Río, de los Estados Unidos, Alabama Florida Luisiana Misisipi Texas, y de México, Campeche Tabasco Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, siendo el litoral de México en el Golfo de México de 3.294 kilómetros y el de Estados Unidos es de 2.626 kilómetros.

Desde el 20 de enero del 2025 Trump impuso con la Orden Ejecutiva 14172 que todas las agencias federales de los Estados Unidos llamen al golfo de México como Golfo de América.

Igualmente, Trump siguiendo la tradición que han mantenido de definir a América con su propio territorio y constitución de los Estados Unidos, considerando incluso, como se enseña la geografía en ese país, que Estados Unidos es Norte América y el resto, a partir del o Río Grande Bravo, frontera colindante, de poco más de 3000 kilómetros, con México, es Sur América, se empeña hoy en enfatizar en ese sentimiento de América y Americanos solo para identificar al territorio de Estados Unidos y sus habitantes, como una nueva modalidad de ubicarse en el mundo actual, en su papel hegemónico y geopolítico dominante que trata de implantar a la fuerza.

La América, considerada como un continente, así se llama desde la dominación conquistadora y colonizadora principalmente española y portuguesa. Su nombre se debe a Américo Vespucio, comerciante, cosmógrafo, explorador y gran navegante que en sus dos viajes a la región “descubierta” por Cristóbal Colón, que dio inicio a esa conquista y colonización, tuvo la visión de entender y divulgar que estaban frente a nuevas tierras, que empezaron a conocerse como las Tierras de Americus.

Colón, por su parte, en su intento de llegar a la India por la ruta occidental, y no por el mediterráneo y rutas terrestres tradicionales en aquella época, pensó que había llegado a las Indias Occidentales, como se llamó originalmente toda la región. Colón falleció en 1506 sin tener idea del nuevo continente. Incluso tuvo el título de Gobernador General del Virreinato de Indias, desde el 17 de abril de 1492 hasta el 10 de marzo de 1496, extendido luego desde el 30 de agosto de 1498 hasta el 23 de agosto de 1500.

El concepto “americano” que hoy Trump quiere impulsar, en su objetivo geopolítico de dominación hegemónica, no tiene asidero histórico. Veamos.

Geográficamente el continente americano se divide en varias regiones, América del Norte, América Central y América del Sur.

La América del Norte comprende a Canadá, Estados Unidos y México, a Groenlandia y el Archipiélago Ártico Canadiense, hasta el Istmo de Tehuantepec en México.

La América Central Ístmica: comprende la región entre el Istmo de Tehuantepec en México, y la cuenca del río Atrato en Colombia, con los países Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

La América del Sur se extiende desde la cuenca del Río Atrato en Colombia hasta el extremo sur del continente, con los restantes países, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Brasil Uruguay y las tres Guayanas británica, francesa y holandesa: Guyana, Surinam y la Guayana Francesa.

A la parte continental del territorio americano se considera también la parte insular o de las Antillas, que comprende a los siguientes países Cuba, República Dominicana, Haití, Jamaica, Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tobago, Bahamas, Barbados, el Estado de Puerto Rico, y una serie de pequeñas islas, consideradas las Antillas Menores, dependencia ellas de otros países, tres territorios de ultramar de Inglaterra, cuatro departamentos y colectividades ultramarinos de Francia, tres territorios autónomos de la Países Bajos.

Así, la América tiene sus especificidades para sus respectivas denominaciones. Si decimos “americanos” hablamos de toda la América, si decimos “norteamericanos” nos referimos a los de la América del Norte, los “centroamericanos” referidos a la parte política de la actual Centro América y “sur americanos” a los que habitan la América del Sur. Los referidos a la América Insular se les denomina “caribeños” ya que estas islas se ubican en el Mar Caribe, que comprende la parte tropical del Océano Atlántico hasta las costas de la América Central.

Si se trata la América por la presencia europea que la conquistó, colonizó y dominó por 300 años tenemos también regiones: Hispanoamérica, la que dominó España; Luso América, la que dominó Portugal; Anglo América, la que dominó Inglaterra o Gran Bretaña, la Franco América, dominada por Francia, denominaciones que también se traducen al idioma de los conquistadores y colonizadores dominantes; Ibero América cuando se unen España y Portugal como países dominantes; Latino América cuando se agrega Francia junto a España y Portugal; Anglo América a las regiones bajo la influencia Inglesa, así como también se usa la América Neerlandesa, por la influencia Holandesa.

Estas diferencias se han llevado a polémicas internacionales que tienen que ver con las Academias de los Idiomas o Lenguas, para precisar la definición den los gentilicios y formas de llamar a los habitantes de las distintas regiones, incluso considerando un nombre como sustantivo o como adjetivo.

Así la Real Academia de la Lengua Española recomienda no usar el término “americano” o “América” para referirse exclusivamente a los habitantes de los Estados Unidos. En este sentido se debe usar “estadounidense”, que frente a la arremetida lingüística geopolítica de Trump es como deberíamos enfatizar quienes nos oponemos a esa agresión geopolítica.

Fue usual que en las guerras de independencia de la América Española se usara el concepto “americano” para distinguirse de los “españoles”.

No se debe usar el concepto suramericano para distinguir a los habitantes de toda la América de habla hispana, incluyendo a los mexicanos, y por extensión a los de habla francesa, portuguesa, u holandesa.

El uso de América para referirse a los Estados Unidos, y de americanos para sus habitantes, es lo que se impuso en la tradición inglesa y en la tradición anglosajona, así avalado por el Oxford Dictionary.

Políticamente nos corresponde llamar la atención, en este momento de la Historia que vivimos, llamar en nuestros escritos y habla, a los habitantes de los Estados Unidos, “estadounidenses”. Es la forma más precisa de combatir el trumpismo galopante como nueva forma ideológica de dominación, que afecta usos, tradiciones y conceptos históricos de nuestras comunidades identitarias.

El continente América seguirá siendo la Casa Común de todos los que lo habitamos. Las particularidades identitarias serán válidas para las regiones. Pero, la particularidad de los estadounidenses no debe extenderse de manera equivocada como americanos solo para ellos.

La Organización de los Estados Americanos, OEA, que nos reúne a todos los del continente, se define a sí misma como la organización de todos los Estados americanos, en inglés “The Organization of American States”, y en español, “la Organización de los Estados Americanos”.

Cuando Colón llegó a América desconocía su existencia como continente, y como tierras pobladas y organizadas social y políticamente. Como las tierras americanas no eran dependientes de los reinos europeos, con la orden de apropiarse de las tierras que no pertenecieran a otros reinos europeos, se las apropio en nombre de los Reyes Católicos de España, dando origen a esa idea del descubrimiento de nuevas tierras, y de lo que llegó a constituirse como el imperio colonial español.

El territorio estaba ampliamente poblado. Todo el continente se dice entre 90 y 110 millones de habitantes, Centroamérica de entre 5 y 7 millones, Costa Rica, entre 500.000 y un millón de habitantes. No se podía descubrir lo que estaba ampliamente poblado, y que en su interior había grandes imperios y sociedades muy desarrolladas.

Todos estos habitantes americanos con sus organizaciones sociales y políticas debidamente funcionando, con sus sistemas políticos reconocidos y legitimados en su existencia, que fueron violentados en todo su ordenamiento para imponerles el modelo de organización política, económica, religiosa, social, jurídica e ideológica de España, Portugal, Francia e Inglaterra, según se fueron estableciendo como modelos de organización política y de vida social.

La llegada de los españoles durante 400 años dominó el recuerdo y la celebración de aquel encuentro de culturas. El primer centenario, el segundo centenario y el tercer centenario de esa llegada o presencia no se celebró. El cuarto centenario, 1892, cuando la América, casi toda, ya era independiente se celebró mundialmente con la Exposición Mundial de Barcelona desde 1888, de donde surgió también el concepto de España como la Madre Patria de todo el continente, y se inauguró el Monumento a Colón, época en que se aumentaron los estudios sobre América.

En Washington se había producido la I Conferencia Panamericana, enrre1889 y 1890, y en Madrid la Exposición Histórico-Americana y la Exposición Histórico-Europea, que se celebraron entre el 12 de septiembre y el 31 de diciembre de 1892.

Con la celebración del V Centenario de la llegada de los españoles, en 1992, se replanteó la forma de su celebración y se produjo la idea del Encuentro de Culturas frente a la idea del Descubrimiento. El 12 de octubre asociado a la llegada de Colón al continente se cambió en ese sentido en su celebración.

Parte de ese cambio fue declarar en algunos países el Día de los Pueblos Indígenas, como así se le ha llamado en Estados Unidos, desde 1968, hasta el jueves 9 de octubre del 2025 cuando el Presidente Trump, en esa arremetida que tiene contra los valores que no comparte y que quiere destruir ideológica y geopolíticamente, proclamó que este día en los Estados Unidos debía llamarse el Día de Cristóbal Colón, agregando que amaba a los italianos, y proclamando el día feriado en honor al Gran Almirante y navegante, borrando de esa manera la proclamación que había hecho el Presidente Biden, en 2021, de declarar ese día como el Día de los Pueblos Indígenas, que honraba la historia de los nativos y pueblos autóctonos americanos, evocando también las matanzas y extinción que significó la conquista de América desde la llegada de Colón.

Trump así se ha puesto a exaltar ese genocidio conquistador colonialista, que lo identifica con el apoyo que hoy le da, con su gobierno, a las guerras colonialistas, expansivas y genocidas que se siguen dando en el mundo actual.

Estamos frente a constantes neologismos políticos, hegemónicos e ideológicos que procuran justificar la nueva dominación geopolítica que se impulsa bajo el gobierno de Donald Trump, en los Estados Unidos.

Compartido con SURCOS por el autor.