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De la gloria del Estado Social al espejismo del cambio (Parte I)

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por: JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones

George Santayana escribió que: “Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo.”

Bienvenidos a una nueva serie de columnas donde vamos a poner las cartas sobre la mesa. A lo largo de estas entregas, quiero que repasemos juntos nuestra historia política reciente: los grandes aciertos, los peores desaciertos, los casos de corrupción que nos sacudieron, los logros de aquel bipartidismo tradicional y, finalmente, cómo llegamos a comprar el engaño de un “cambio” que terminó siendo una ilusión.

Para entender dónde estamos, tenemos que recordar de dónde venimos. Y nuestro punto de partida tiene que ser esa Costa Rica que renació de las cenizas.

Los cimientos de nuestra democracia

Nuestra historia moderna nace de una herida profunda: la dolorosa guerra civil de 1948. Sin embargo, de ese conflicto tan trágico logramos algo excepcional. En 1949, la Asamblea Nacional Constituyente definió las bases de lo que hoy es una de las democracias plenas más sólidas del mundo entero.

Fue una época de gigantes, donde líderes de distintas trincheras entendieron que el país estaba por encima de las banderas. Es de justicia histórica reconocer a figuras como José María Figueres Ferrer, Rafael Ángel Calderón Guardia, Monseñor Víctor Manuel Sanabria y Manuel Mora Valverde, quienes, con sus acuerdos y diferencias, forjaron las Garantías Sociales. A ellos se suman mentes brillantes como Jorge Manuel Dengo y Rodrigo Facio, arquitectos de la institucionalidad que nos dio paz y progreso.

La época de oro: El Estado de Bienestar (1950 – 1970)

Entre los años 50 y los 70, Costa Rica construyó un verdadero Estado de Bienestar. No fue obra de la casualidad, fue un proyecto país.

Logros monumentales como la abolición del Ejército, la creación del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para garantizar el respeto a las urnas, la nacionalización bancaria y la fundación del ICE, transformaron a Costa Rica. Se fortaleció la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se consolidó el Código de Trabajo y se le dio un impulso vital a la Universidad de Costa Rica (UCR) y a la educación pública en general.

Pero el impulso no se detuvo ahí. En los años siguientes vimos nacer el Sistema de Parques Nacionales —que hoy es nuestra mayor carta de presentación mundial—, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), y conquistas laborales intocables como el aguinaldo. Era un Estado diseñado para que el hijo del campesino pudiera llegar a ser médico o ingeniero.

El quiebre de los 80s: La receta cambia

Pero todo modelo se desgasta, y a mediados de los años 80, el timón dio un giro brusco. El Estado de Bienestar comenzó a fracturarse.

Bajo la presión de la crisis económica y los mandatos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Costa Rica entró en la era de los Programas de Ajuste Estructural (PAEs). Este marco neoliberal no se impuso solo; contó con el contubernio de tanques de pensamiento como la ANFE y las cúpulas políticas tradicionales tanto del Partido Liberación Nacional (específicamente la corriente del “arismo”) como del Partido Unidad Social Cristiana.

De pronto, la narrativa cambió. El discurso oficial empezó a bombardearnos con una idea central: “el Estado es muy grande y el gasto público es el enemigo”. Bajo esta justificación, comenzaron los recortes a programas sociales vitales y la visión de aquel país solidario empezó a ser sustituida por una visión estrictamente contable y de mercado.

El germen de la decadencia

Ese quiebre institucional y económico abrió la puerta a una Costa Rica muy distinta. Sin embargo, el daño más profundo de este cambio de rumbo no fue solo económico. Al debilitarse la visión solidaria del Estado y priorizarse el cálculo mercantil y la privatización de las ganancias, se abrió la puerta a un mal mucho más oscuro.

Empezó a enraizarse una nefasta y generalizada cultura de corrupción que permeó todos los estratos. Una descomposición moral que se instaló no solo en las más altas esferas de los sucesivos gobiernos, sino que también hizo metástasis fuera del Estado: en el sector privado, en gremios y en diversas estructuras de poder. El dinero, las comisiones y el tráfico de influencias comenzaron a pesar más que el bienestar común.

Cómo esos escándalos de corrupción descarada erosionaron la confianza pública, y cómo esto nos llevó a la crisis de nuestra clase media, al abandono del sector agropecuario y a la dolorosa brecha social que hoy sufrimos, será el plato fuerte de nuestra segunda columna.

Nos leemos en la próxima entrega.

¿Tomar el Poder Judicial?

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

El Poder Judicial democrático es ejercido por cada una de las personas jueces y juezas de la República. De manera que, desde el juez contravencional del lugar más remoto del país, hasta quienes ejercen la magistratura en la Corte Suprema, son todos Poder Judicial.

También tiene que estar claro que, en el ámbito de sus competencias, cada juez tiene plena posibilidad para decidir según su ciencia y conciencia, no tiene “jefes” que lo obliguen o condicionen a resolver de determinada manera, y sus resoluciones solo pueden ser corregidas o declaradas ineficaces conforme los recursos que existan para ello.

Puede entenderse entonces que esta verdad sea de imposible comprensión para una mentalidad autocrática, convencida de que el poder sólo se puede ejercer ordenando, conminando y hasta gritando o insultando para imponer su criterio.

El principio de división de poderes no solo tiene que ver con la separación funcional entre Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sino que se trata de un principio que involucra a otros órganos con misiones especiales como el Tribunal Supremo de Elecciones para organizar, dirigir y determinar los procesos electorales, y la Contraloría General de la República en la vigilancia y control de la legalidad de la hacienda pública.

Pero además la división de poderes desciende, transversalmente, a lo interno de todo el sistema republicano y de cada poder en particular. Por eso hay decisiones que no puede tomar quien ejerce la Presidencia de la República sin que concurra la firma del ministro del ramo, o el criterio del Consejo de Gobierno. Por eso también en el proceso penal, dentro del Poder Judicial, por ejemplo, hay un órgano que investiga y acusa, otro que defiende y jueces imparciales que resuelven.

Nadie, absolutamente nadie, puede decirle a un fiscal, estando legalmente obligado a hacerlo, si investiga o si acusa, o a un defensor si cumple con sus deberes defensivos, o a un juez a que no actúe conforme sus obligaciones.

Decir que ya se han tomado el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y que sólo falta tomar el Poder Judicial, no es sólo un propósito dictatorial, sino una muestra de ignorancia de cuál es la naturaleza de la función judicial, cómo está distribuida en numerosos actores y cómo esa distribución asegura un funcionamiento democrático de la justicia.

La democracia es el sistema político en el que sus jerarcas tienen el menor poder arbitrario. A todo peso le acompaña un contrapeso. Por esta razón existen los vetos, los resellos con mayoría calificada. las consultas obligatorias, el control de legalidad, el control de constitucionalidad y el control irrestricto de cada facultad para evitar el abuso de poder y el atropello a los derechos fundamentales de las personas.

“Tomar” el poder judicial no es tan sencillo como controlar la Corte Suprema mediante magistraturas dóciles o adeptas, siempre existirán jueces y juezas que preserven su integridad y no se amedrenten, ni se vendan.

La pedagogía de la humillación política

Escrito en . Publicado en Análisis.

Rodrigo Campos Hernández

MSc. Rodrigo Campos Hernández

¿Qué significa que diputados de la República deban ingresar por puertas traseras a Casa Presidencial, entregar sus teléfonos celulares y someterse a revisiones mientras el círculo presidencial conserva sus propios dispositivos? ¿Qué comunica políticamente la humillación pública del presidente de la Corte Suprema de Justicia en una transmisión televisada? ¿Qué tipo de cultura democrática estamos construyendo cuando la agresividad, el desprecio institucional y la degradación del adversario empiezan a ser percibidos como signos de autenticidad política?

Estas preguntas no son menores ni pueden despacharse como simples anécdotas o “estilos fuertes de liderazgo”. Por el contrario, revelan algo mucho más profundo y preocupante: la posible consolidación de una nueva pedagogía del poder en Costa Rica, basada en la intimidación simbólica, el conflicto permanente, la sospecha hacia toda institucionalidad y la espectacularización de la política.

Durante los últimos días, el país ha observado una serie de encuentros entre la presidenta Laura Fernández y distintas fracciones legislativas para discutir proyectos estratégicos relacionados con Crucitas, el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), la marina de Limón y el tren eléctrico rápido para la Gran Área Metropolitana. En principio, nada de ello tendría que interpretarse negativamente. El diálogo entre poderes y la búsqueda de acuerdos forman parte natural de cualquier democracia funcional.

Sin embargo, el problema no reside únicamente en los proyectos discutidos, sino en las formas políticas y simbólicas que han acompañado dichos encuentros. Porque las democracias no descansan solamente sobre normas jurídicas o procesos electorales; también dependen de rituales mínimos de reconocimiento mutuo, respeto institucional y trato horizontal entre actores políticos.

Cuando diputados electos deben entregar sus dispositivos móviles, ingresar por accesos secundarios y someterse a protocolos que transmiten desconfianza y subordinación, el mensaje implícito deja de ser únicamente “seguridad”. Lo que emerge es una escenificación jerárquica del poder. Una puesta en escena donde el oficialismo no solo gobierna, sino que demuestra quién controla el espacio, las reglas y el ambiente de interacción.

Más preocupante aún resulta la contradicción observada entre la aparente disposición al diálogo de la presidenta y las acciones posteriores del oficialismo legislativo. Mientras en las reuniones se prometen espacios de análisis y discusión —como ocurrió con las propuestas alternativas sobre Crucitas impulsadas por sectores de oposición—, posteriormente la fracción oficialista acelera votaciones y desconoce en la práctica cualquier margen real de negociación.

La pregunta entonces se vuelve inevitable: ¿se trata de auténticos procesos de diálogo o de mecanismos performativos orientados a administrar tensiones mientras las decisiones ya han sido tomadas de antemano?

En este contexto, la presencia constante y protagónica del expresidente Rodrigo Chaves —actual ministro de la Presidencia— añade una dimensión aún más compleja. Las escenas televisadas posteriores a las reuniones han dejado ver algo más que diferencias políticas. Han mostrado gestos, interrupciones, descalificaciones y formas de interacción que parecen diseñadas no para construir acuerdos, sino para reafirmar relaciones de poder y dominación simbólica.

Especialmente grave fue la escena pública en la que la presidenta humilló al presidente de la Corte Suprema de Justicia, reduciendo décadas de trayectoria judicial a un recurso retórico simplista orientado a desacreditarlo frente a la opinión pública. El problema no es únicamente el tono empleado, sino lo que dicha escena representa para la cultura democrática: la transformación de las instituciones en enemigos morales permanentes del “pueblo”, encarnado supuestamente por un liderazgo político confrontativo y emocionalmente agresivo.

Como ha señalado Byung-Chul Han (2014), las sociedades contemporáneas tienden a transformar progresivamente la política en un espacio dominado por la exposición, el impacto emocional y la lógica del espectáculo permanente. En ese contexto, la deliberación racional pierde terreno frente a la provocación, la simplificación y la producción constante de antagonismos. La política deja entonces de ser un espacio orientado al encuentro conflictivo pero democrático, para convertirse en una dinámica de excitación permanente donde lo importante ya no es convencer, sino impactar.

Y es aquí donde emerge uno de los elementos más delicados del momento político costarricense: la normalización social de la degradación institucional como espectáculo legítimo de gobierno.

Buena parte de los comentarios en redes sociales celebraron la humillación pública del magistrado. No la interpretaron como un deterioro del debate democrático, sino como una muestra de valentía, autenticidad o “mano dura” contra las élites. Ese detalle es fundamental, porque revela una transformación cultural peligrosa: la agresividad empieza a percibirse como virtud política y el desprecio hacia el adversario como signo de honestidad.

No se trata de negar los enormes problemas que enfrentan las instituciones costarricenses. El Poder Judicial requiere reformas importantes. La Caja Costarricense del Seguro Social enfrenta desafíos estructurales serios. El sistema político arrastra privilegios, burocracias y profundas desconexiones con amplios sectores sociales. Todo eso es cierto y debe discutirse.

Pero una cosa es impulsar reformas democráticas y otra muy distinta destruir sistemáticamente la legitimidad de toda mediación institucional. Cuando toda autoridad técnica, judicial o administrativa es presentada como corrupta, inútil o enemiga del pueblo, el único actor que termina apareciendo como fuente legítima de verdad es el liderazgo político personalista.

Ahí reside el verdadero peligro.

Steven Levitsky y Daniel Ziblatt (2018) han mostrado que las democracias contemporáneas rara vez colapsan mediante rupturas espectaculares o golpes abruptos. Más frecuentemente se erosionan lentamente, a través de la degradación paulatina de normas no escritas de tolerancia mutua, contención institucional y reconocimiento recíproco entre adversarios políticos. Cuando dichas normas se debilitan, la democracia puede conservar formalmente sus procedimientos electorales mientras deteriora progresivamente su cultura política.

Las democracias modernas necesitan contrapesos, deliberación, pluralismo y legitimidades compartidas. Cuando esos elementos empiezan a ser reemplazados por la lógica del espectáculo, la humillación pública y la confrontación permanente, el deterioro democrático deja de ser una hipótesis abstracta para convertirse en una práctica cotidiana.

Hannah Arendt (1993) advertía que uno de los mayores peligros para la vida democrática surge cuando el espacio público deja de estar orientado por el juicio, la pluralidad y la discusión, para convertirse en un escenario dominado por emociones colectivas, enemistades permanentes y destrucción simbólica del adversario. Esa advertencia conserva hoy una vigencia inquietante.

Por eso el problema de fondo no son únicamente Laura Fernández, Rodrigo Chaves o el oficialismo. El problema es el tipo de sensibilidad política que como sociedad estamos aprendiendo a tolerar, justificar e incluso celebrar.

Las democracias no suelen desaparecer de un día para otro. Rara vez colapsan únicamente mediante golpes abruptos o rupturas espectaculares. Muchas veces comienzan a erosionarse lentamente cuando el respeto deja de tener valor público, cuando el adversario se convierte en enemigo moral y cuando humillar empieza a confundirse con gobernar.

Y quizá esa sea hoy la pregunta más importante para Costa Rica: ¿estamos todavía frente a excesos de estilo político o estamos aprendiendo, poco a poco, a convivir con una cultura democrática cada vez más degradada?

Referencias

Arendt, H. (1993). La condición humana. Barcelona: Paidós.

Han, B.-C. (2014). Psicopolítica: neoliberalismo y nuevas técnicas de poder. Barcelona: Herder.

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). Cómo mueren las democracias. Barcelona: Ariel.

Bloque Opositor Político o Alianza Política Opositora

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

En el lenguaje político de estos días de mayo han surgido las imágenes de un Bloque Opositor Político o una Alianza Política Opositora, para referirse a los 26 diputados de los partidos políticos que no representan al Gobierno, que literalmente son el alter ego político de los 31 diputados del Partido Pueblo Soberano.

Este grupo de diputados opositores, así reconocidos, representan 4 partidos, dos diputados de una manera unipersonal, el Frente Amplio con 7 y Liberación Nacional con 17. Estos hicieron un documento al que le dieron publicidad de unidad de propósitos parlamentarios, presentándose como un sector organizado, de oposición política contra el oficialismo, es decir contra los diputados que representan los intereses del gobierno de Laura Fernández.

El concepto de Bloque me gusta más para su identificación si lo consideramos como agrupación de partidos o de legisladores, que se unen temporal o permanentemente para actuar de manera conjunta, para defender intereses comunes y para tratar de alcanzar objetivos políticos en los cuales estén de acuerdo en lograrlos. Hasta ahora en los pocos días de trabajo parlamentario los diputados de este Bloque no han dado la sensación de Bloque, han intervenido con la individualidad de cada uno y con la individualidad política que cada uno tiene partidariamente. No se perciben todavía acciones que respondan a la práctica política unitaria que debería ser percibida. Todavía no se sienten como una unidad política para negociar leyes, para integrar las comisiones del Congreso, a las cuales tienen derecho de participar. En este caso, de las comisiones, les han impuesto las comisiones siguiendo el lineamiento que había señalado el entonces presidente Chaves, de ubicarlos en las comisiones menos importantes o trascendentes del trabajo legislativo. Esto, a pesar de que con la mayoría parlamentaria que el oficialismo tiene pueden aplastar numéricamente en cada comisión para aprobar lo que quieran.

En el caso del Frente Amplio y de Liberación Nacional por el número de diputados que tienen, de conformidad con el Reglamento Legislativo, deben tomarlos en cuenta y atender sus peticiones de integrar o de participar en las comisiones que ellos quieran trabajar.

En la práctica del llamado Bloque Opositor lo que hay son cuatro partidos, hasta ahora cada uno tratando de ir definiendo sus propios pasos y tratando de destacar su identidad. No se siente, repito, políticas o proyectos que sean del “Bloque”, que permitan ir amarrando más y de mejor manera la acción conjunta de estos 26 diputados. Es entendible que haya diversidad de opiniones, por partidos o por diputados, pero sobre esa diversidad de opiniones, lo que debe de haber es la unidad de acción parlamentaria.

Los Bloques políticos a veces tienen afinidad política, de ideas políticas, de doctrinas políticas. Cuando así actúan es mejor, por la mayor coincidencia que puedan tener. Si no es por afinidad política, tiene que ser por lo que definan apoyar como grupo, como Bloque, por la unidad de acción que requieren.

Hasta ahora no han presentado proyectos de ley que respondan al Bloque, al esfuerzo colectivo del trabajo unitario de estos cuatro partidos políticos.

La Alianza política es simplemente la unidad en la acción concreta ante un Proyecto de Ley determinado, lo cual tampoco en este momento se aprecia que pueda estar ocurriendo con estos cuatro partidos políticos que no son el partido Pueblo Soberano.

Electoralmente conocemos las Coaliciones y las Fusiones partidarias. Los cuatro partidos representados en la Asamblea Legislativa, frente a Pueblo Soberano, no son en sí mismos una Coalición ni una Fusión.

Uno de ellos, si es una coalición partidaria, resultante de la unión en las elecciones de dos partidos, que lograron elegir a una diputada. Esta diputada sí habla a nombre de la Coalición que la logró elegir. Eso me parece muy bueno, muy honesto de parte de ella, y corresponde a dar la imagen de que ella representa a esos dos partidos.

Las coaliciones son partidos integrados en uno solo. El Bloque Opositor, como llaman a veces a estos cuatro partidos, a Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, el Frente Amplio y la Coalición Agenda Ciudadana, por sí no es una coalición. Tiene más de alianza para la ocasión que de coalición de lucha política. Son la suma de fuerzas para actuar legislativamente y distinguirse de las acciones legislativas que el gobierno impulsa con Pueblo Soberano, si se trata de distinguirse de ese partido.

También, es importante señalarlo, iniciativas políticas, proyectos de ley propuestos por Pueblo Soberano, que sean dignos de apoyarlos hay que hacerlo.

Con la mayoría parlamentaria que hay, de mujeres diputadas, es inconcebible que no se haya articulado una agenda de proyectos de ley en beneficio de las mujeres costarricenses. Se deberían articular estos proyectos, con el apoyo de las organizaciones de mujeres existentes en el país, y con movilizaciones para aprobarlas. Tengo claro que en esa perspectiva de proyectos por la mujer pueden no estar todas de acuerdo, ni todos los partidos, pero hay que buscar en lo que están todos y todas de acuerdo para aprobar como Leyes de la República.

Por ahora, el Bloque Opositor o la Alianza Opositora suena bien, pero pareciera que les falta contenido a estos conceptos. Hay que darles contenido político a los conceptos en la práctica parlamentaria.

Hay que darle una agenda común a este Bloque Opositor de manera concreta. Esta es la tarea de los partidos que allí están representados, de sus dirigentes, y a falta de ellos, de los propios diputados, si realmente se quiere construir esa fuerza opositora, en capacidad de defender la democracia nacional frente al desafío de avanzar hacia el autoritarismo político, el despotismo institucional, la dictadura, la tiranía, el militarismo gobernante o el cause fascista en el desarrollo nacional.

El nuevo referendo de Chaves

Escrito en . Publicado en Análisis.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

¡A como haya lugar!, con cualquier pretexto, como su objetivo de «ministro de Propaganda«, Rodrigo Chaves convocará desde Zapote y su mayoría parlamentaria un referendo que no requerirá colectar firmas.

Sin embargo, se conoce que serán muy escasas las probabilidades de tramitar en dicho nuevo referendo, proyectos que requerirían 38 votos legislativos ya que no podrían aprobarse, independientemente de la votación, si menos de 1,4 millones de votantes conformaren el quórum mínimo de ley.

Así, sin nuestra ayuda (¡de los que nos quedaríamos en casita!), o sea el voto de los reunidos alrededor del bloque democrático, que inteligentemente no le ayudaríamos acudiendo a las urnas, el tal referendo sería un gasto inútil de tiempo, esfuerzo y recursos millonarios, si quizá, a diferencia del anterior intento, no fuere un proyecto tan mal redactado.

No nos podemos engañar que al ministro Chaves lo único que le interesa es hacer campaña con recursos públicos, con la intención de alterar con sus discursos vulgares, la gestión política de los tres poderes del Estado, pues es sabido que a él le importa un pito la estabilidad del Estado, ni le desvela descalabrar la gestión gubernamental de una presidenta incapaz de decirle no, a quien es evidente manda en Casa Presidencial.

En fin, aunque ni con el 100 % de los votos sumados a la elección de Laura Fernández, Chaves podría alcanzar un resultado válido, pues le faltarían unos 400.000 votos, si ha de saber, que muchos ciudadanos costarricenses, de alma democrática, le enfrentaríamos en su campaña por fuera del domo y en las poblaciones urbano-marginales, para que los miles de engañados, ahora desilusionados, lo vayan conociendo mejor.

Laura Fernández en el banquillo: El peligro del populismo efectista y las cortinas de humo

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones

La reciente escena protagonizada por la presidenta Laura Fernández frente al magistrado Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, está lejos de ser un simple exabrupto. Es, por el contrario, una pieza fríamente calculada dentro del engranaje de un estilo político heredado de su mentor, Rodrigo Chaves. Es un libreto grotesco que prioriza el espectáculo y la humillación pública por encima del debate de altura y el respeto institucional.

Interpelar públicamente a un magistrado por sus 37 años de carrera, reduciendo su trayectoria a la insinuación malintencionada de “cargos vitalicios” y supuestos “favores políticos”, para luego coronar el ataque comparando ese tiempo de servicio con sus propios 39 años de vida, es un acto de manipulación efectista. Es, además, una comparación peligrosamente descontextualizada, más de alguien que tiene la mitad de sus 39 años de vida viviendo del erario público como funcionaria de gobierno en puestos de confianza y ministeriales. Sin mencionar que su mentor —sin cotizar para ello— es hoy un ex presidente pensionado de lujo y con doble sueldo de ministro.

Es imperativo establecer la línea divisoria que el discurso oficialista intenta borrar: la abismal diferencia entre un cargo político-administrativo y la magistratura judicial. Los puestos políticos son, por naturaleza, transitorios; responden al vaivén de la voluntad popular, a la coyuntura electoral y a la necesidad de alternancia en el poder. Cualquiera con el respaldo de los votos puede ocuparlos.

Sin embargo, la labor de un juez supremo es de una naturaleza completamente distinta. Su responsabilidad central es la generación de jurisprudencia, la interpretación de la norma y la protección del orden constitucional. Para ejercer un cargo técnico-jurídico de esta magnitud no basta el carisma ni el verbo encendido; se requiere una vida entera de estudio, madurez académica y una experiencia que solo otorgan las décadas de análisis profundo. En las democracias más sólidas del mundo, la longevidad y la estabilidad de los jueces no son vistas como un “abuso”, sino como la mayor garantía de independencia frente a las presiones efímeras de los políticos de turno.

Al ignorar estas diferencias fundamentales, la señora presidenta peca de lanzar una ofensa injuriosa. Su objetivo no es promover una reforma institucional seria, sino ejecutar un acto populista diseñado a la medida de sus acólitos. Es un discurso estridente que alimenta a quienes disfrutan del insulto y la degradación de la autoridad, funcionando como el antídoto perfecto para aliviar la disonancia cognitiva de sus seguidores más ciegos.

Pero, como en todo truco de ilusionismo político, lo que importa no es la mano que se agita, sino lo que se esconde detrás. Este acto vil y desconsiderado hacia el jerarca de uno de los Poderes de la República es, en realidad, un distractor de manual.

Es la cortina de humo perfecta, lanzada estratégicamente en el rostro de la ciudadanía, para hacer olvidar a la masa enajenada el verdadero elefante en la habitación: su mentira sobre el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). Mientras el país se enfrasca en discutir la edad de la mandataria frente a los años de servicio del magistrado, el debate sobre el futuro de los ahorros y las pensiones de los costarricenses queda convenientemente relegado al olvido.

Gobernar a base de humillaciones y espectáculos para tapar las propias falsedades es un juego peligroso. Costa Rica no necesita líderes que incendien la institucionalidad para ganar el aplauso fácil de la galería, sino estadistas que asuman la verdad, por más incómoda que esta sea. A fin de cuentas, la historia es implacable y siempre tiende a darle su verdadero lugar a los políticos populistas, manipuladores y autocráticos. Que lo digan, si no, figuras nefastas como Benito Mussolini en Italia, Jorge Rafael Videla en Argentina o Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, entre tantos otros que dedicaron sus cuotas de poder a humillar y denigrar a quienes les plantaban oposición. El aplauso efímero del fanático nunca los salvará del juicio definitivo de la historia.

La ilusión constitucionalista

Escrito en . Publicado en Análisis.

Manuel Delgado

Costa Rica tiene dos patronas: la Virgen de los Ángeles y la Constitución Política. Sobre la fidelidad a la primera no tengo nada que decir. Sobre la segunda hay que resaltar que la Constitución desata toda una adhesión mística a su devocionario. Hablando de ella, se nos ponen los ojos en blanco, el corazón palpita con fuerza y el cerebro cesa sus impulsos cognoscitivos. He tenido la experiencia, incluso con gente inteligente y de izquierda, de que hablar mal de la constitución es peor que hablar de la Negrita de Cartago.

La pobre criatura esa, me refiero a la Constitución, es, sin embargo, un ser inanimado, un simple instrumento, bueno o malo según la mano que la esgrima.

Pero hay una cosa en la que no hemos pensado, y es que esta constitución es una norma espuria, nacida no de un consenso sino de una imposición por la fuerza.

Nuestra Carta Magna fue elaborada y declarada por una constituyente de la que fueron excluidos los dos principales partidos de la oposición, el Republicano de Calderón Guardia y el Comunista, que ya por entonces se llamaba Vanguardia Popular. Sus integrantes fueron electos en un periodo de terror político, cuando país era dirigido no por un gobierno legítimo sino por una junta de facto cuyo único sostén eran las armas y, por tanto, la represión.

La Asamblea Constituyente estuvo integrada principalmente por diputados ulatistas, 33 de 42, cuyo partido, dice la historiadora Clotilde Obregón Quesada, “era el único que tenía en sus manos el mecanismo para hacer propaganda”. Lástima que la historiadora no haya ahondado en esto. Había cinco diputados de un partido independiente, llamado Constitucional, tres del Social Demócrata, que luego pasaría a integrar el Partido Liberación Nacional, y uno del partido Confraternidad Nacional.

Los ulatistas, el Partido Unión Nacional, habían ganado las elecciones del 48, las cuales fueron declaradas fraudulentas y anuladas por el Congreso Nacional, la Asamblea Legislativa de entonces. Esa anulación sirvió de excusa para que Figueres iniciara la guerra civil.

Una vez terminada la guerra civil, Figueres y Ulate pactaron un procedimiento muy curioso: el primero gobernaría de facto y sin congreso por 18 meses, al cabo de los cuales le entregaría la presidencia a Ulate, reconociéndolo como ganador de las elecciones del 48, pero habría elecciones legislativas, desconociendo el resultado correspondiente de esas mismas elecciones. ¿Por qué un resultado era válido y el otro no? La cuestión tenía nombres y apellidos: la mayoría de los diputados electos en esas elecciones, repito, fraudulentas para una cosa pero válidas para otra, eran del partido calderonista y de los comunistas.

En momentos en que se realizaron las elecciones tanto para la constituyente como para la Asamblea Legislativa, los partidos Republicano y Vanguardia Popular estaban fuera de la ley, sus líderes en el exilio y sus dirigentes presos o escondidos. Ese mismo mes de diciembre de 1948 fueron asesinados los mártires del Codo del Diablo.

La otra parte del acuerdo era volver a llamar a elecciones generales en 1952-1953, pero la Constitución establecía que “no podrá ser elegido Presidente o Vicepresidente: 1.-el que hubiese servido la Presidencia en cualquier lapso dentro de los ocho años anteriores, etc…” Esto se aplicaba a los que hubieran servido la Vicepresidencia. Es decir, con nombres y apellidos, no podían postularse ni Calderón Guardia ni Teodoro Picado. Esa misma norma contemplaba una excepción: José Figueres Ferrer, presidente de la junta de gobierno, el cual sí siguió gozando de los derechos constituciones.

Calderón Guardia volvió a ser candidato en 1962. Teodoro Picado murió en el exilio en Nicaragua en 1960. A los comunistas de Vanguardia Popular se les niega su derecho a participar hasta 1970 (la norma constitucional que les prohibía participar se derogó hasta 1976). Así de democrática era la Carta Magna y quienes la aplicaban.

Hay una cosa muy extraña que nunca he encontrado debidamente explicada, y es que tanto en las elecciones de la constituyente de 1948 como las parlamentarias de 1949 las fuerzas afines al figuerismo (con esto me refiero al Partido Social Demócrata) tuvieron unas votaciones bajísimas. Electoralmente, el figuerismo se hace muy fuerte en las elecciones de 1953. ¿Cómo se explica ese vuelco?

Así que los mitos de la democracia y su constitución son solo eso: mitos de nuestra historia, plegarias de nuestro devocionario, que un político serio debe tomar con sentido crítico y espíritu de educador popular. En otras palabras, para hablar de la constitución y comer pescado, hay que tener mucho cuidado.

Cuando el misterio reemplaza a la evidencia

Escrito en . Publicado en Análisis.

Jaime E. García González
Dr. sc. agr., Prof. catedrático jubilado UCR y UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB)
biodiversidadcr@gmail.com

Las desapariciones de científicos alimentan teorías inquietantes, pero también revelan cómo el secretismo y la desinformación moldean la percepción pública.

La reciente desaparición de Ingrid Coleen Lane, neurocientífica y bioingeniera vinculada a investigaciones relacionadas con seguridad nuclear en Estados Unidos, volvió a encender en redes sociales y medios alternativos una vieja narrativa: la supuesta existencia de una cadena de científicos desaparecidos o asesinados en circunstancias misteriosas. Junto a su nombre reaparecieron casos como los de Anthony Chávez, Melissa Casias, Carl Grillmair, Michael David Hicks, Nuno Loureiro y William Neil McCasland, todos asociados de una u otra forma con proyectos científicos estratégicos.

Ingrid Coleen Lane

El tema ha sido ampliamente difundido por medios como Actualidad RT, que presentan estos hechos como una sucesión inquietante de episodios conectados. Sin embargo, análisis posteriores y recopilaciones periodísticas, como la publicada en Wikipedia sobre la teoría de los científicos desaparecidos, advierten que hasta ahora no existe evidencia sólida que demuestre una conspiración organizada detrás de estos acontecimientos.

Y precisamente allí aparece el aspecto más interesante del fenómeno: no solo importa lo que ocurrió, sino cómo las sociedades contemporáneas interpretan aquello que no logran explicar completamente.

Vivimos en una época marcada por la desconfianza institucional. Cuando un científico relacionado con programas nucleares desaparece sin dejar rastro, o cuando un investigador aeroespacial fallece en circunstancias poco claras, el vacío informativo rápidamente se llena de sospechas. La opacidad estatal, la cultura del secreto en áreas de defensa y la dificultad para acceder a información verificable crean el terreno ideal para que prosperen narrativas conspirativas.

No es un fenómeno nuevo. Durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética construyeron gigantescos aparatos científicos estrechamente ligados a intereses militares y geopolíticos. Desde el Proyecto Manhattan hasta la carrera espacial, el conocimiento científico pasó a convertirse en un recurso estratégico. Y donde existe poder estratégico, inevitablemente surgen secretismo, vigilancia y desinformación.

Sin embargo, convertir automáticamente toda desaparición en prueba de una conspiración puede ser tan problemático como negar cualquier interrogante legítima. Varias de las muertes y desapariciones mencionadas tienen explicaciones parciales, antecedentes personales complejos o investigaciones todavía abiertas. Otras simplemente fueron amplificadas en internet mediante asociaciones especulativas construidas sobre coincidencias profesionales.

Eso no significa que las preguntas deban descartarse. Las instituciones públicas tienen la responsabilidad de ofrecer información transparente y verificable, especialmente cuando los hechos involucran sectores sensibles vinculados a defensa, energía nuclear o investigación estratégica. El silencio prolongado y las respuestas ambiguas solo alimentan la incertidumbre social.

Pero el verdadero desafío contemporáneo parece ser otro: aprender a movernos entre dos extremos igualmente peligrosos. Por un lado, la ingenuidad que acepta sin cuestionar toda versión oficial. Por otro, la tendencia a interpretar cualquier vacío de información como prueba automática de conspiraciones globales.

Las redes sociales y ciertos medios digitales han convertido el misterio en un producto altamente rentable. La lógica algorítmica premia el impacto emocional, no necesariamente la evidencia. Así, historias complejas terminan reducidas a relatos simples de “científicos eliminados” o “secretos ocultos”, aunque la realidad sea mucho más ambigua.

Quizás la lección más importante de estos casos no sea demostrar la existencia de una conspiración internacional, sino evidenciar la profunda crisis de confianza que atraviesan las sociedades modernas. Cuando las instituciones pierden credibilidad, incluso las coincidencias comienzan a parecer sospechosas.

Y en tiempos donde la información circula más rápido que la verificación, el misterio suele expandirse mucho más velozmente que la verdad.

La presencia de China en América Latina

Escrito en . Publicado en Análisis.

José A. Amesty Rivera

La gente común de nuestros pueblos latinoamericanos ya no habla de China solamente como un país lejano que compra petróleo, hierro o soya, ahora se habla de una potencia que se está metiendo “hasta la cocina” en América Latina, y no solo en comercio, también en tecnología, puertos, carreteras, energía, telecomunicaciones, inteligencia artificial, vigilancia digital y hasta en el juego político de la región.

En 2026, China dejó de ser simplemente “un cliente grande”, hoy es uno de los actores más poderosos dentro de América Latina y está peleando cara a cara con EEUU y Europa por el control económico y estratégico del continente.

Y la verdad es que esto no pasa de la noche a la mañana; mientras América Latina se hunde entre deuda, crisis económicas, corrupción, industrias quebradas y gobiernos desesperados buscando financiamiento, Beijing llega ofreciendo plata rápida, obras gigantescas y tecnología sin sermones políticos ni condiciones incómodas.

Ahí fue donde China encuentra la puerta abierta, lo que hace veinte años parecía un simple negocio comercial, hoy es una transformación completa del mapa de poder latinoamericano.

China ya controla o participa en puertos, redes eléctricas, minas, telecomunicaciones, proyectos energéticos, satélites y sistemas tecnológicos sensibles; su influencia se mete desde las calles de Bogotá hasta las minas de litio en Bolivia, pasando por el petróleo venezolano y los puertos gigantes del Pacífico.

Y mientras muchos gobiernos celebran inversiones y acuerdos, otros advierten que la región podría estar entrando en una nueva forma de dependencia extranjera; porque sí, cambió el jugador, pero el riesgo de subordinación sigue allí.

El comercio es probablemente la cara más visible de esta expansión, china ya es el principal socio comercial de varios países sudamericanos, compra cantidades cuantiosas de soya, cobre, hierro, petróleo, carne y litio, mientras inunda la región con maquinaria, tecnología, paneles solares, productos industriales y vehículos eléctricos.

Hoy el comercio entre China y América Latina supera el medio billón de dólares al año, una cifra que hace dos décadas parecía pura ciencia ficción.

Pero detrás de estos números bonitos aparece una realidad incómoda; América Latina sigue exportando materia prima barata e importando productos industrializados, o sea, seguimos jugando el viejo papel de proveedores de recursos mientras otros se quedan con la tecnología, la industria y las ganancias grandes.

Brasil es uno de los mejores ejemplos. China se convirtió en el principal comprador de soya brasileña y también absorbe enormes cantidades de hierro, petróleo y carne; hay regiones enteras del agro brasileño que dependen directamente de lo que decida Beijing. Si China compra más, la economía rural respira, si China baja las compras, miles de productores tiemblan. Este nivel de dependencia ya preocupa dentro de sectores industriales brasileños, especialmente porque productos chinos mucho más baratos están golpeando fábricas locales y aumentando la vulnerabilidad económica.

Mientras tanto, empresas chinas avanzan sobre redes eléctricas, energía, puertos y telecomunicaciones. Huawei prácticamente se volvió protagonista del despliegue tecnológico brasileño y juega fuerte en las redes 5G.

Además, marcas chinas de vehículos eléctricos están entrando agresivamente al mercado latinoamericano, desplazando poco a poco a fabricantes occidentales. Y aquí es donde la pelea geopolítica se pone seria, porque el 5G no es solamente internet rápido, aquí también se juega inteligencia artificial, automatización industrial, vigilancia urbana y control de infraestructura crítica.

Washington lo sabe perfectamente, por esto Estados Unidos lleva años presionando a gobiernos latinoamericanos para frenar el avance tecnológico chino.

Argentina enfrenta otro escenario delicado. El país tiene una de las mayores reservas de litio del planeta, un recurso fundamental para baterías, autos eléctricos y toda la transición energética mundial. China ya se está posicionando fuerte dentro del llamado “triángulo del litio”, compartido con Bolivia y Chile. Pero además del litio, Beijing financió represas, ferrocarriles y proyectos energéticos argentinos. Y el punto más sensible sigue siendo la estación espacial china instalada en Neuquén, en plena Patagonia. Oficialmente es una base científica.

Extraoficialmente, muchos en Washington sospechan posibles usos militares o de inteligencia. Esto demuestra que la competencia entre China y EEUU ya no ocurre solamente en Asia o en el Mar del Sur de China, la batalla también se está jugando en territorio latinoamericano.

Chile ocupa otro lugar clave porque controla algunos de los minerales más importantes para el futuro energético global. El cobre chileno es vital para industrias tecnológicas y eléctricas, mientras el litio se vuelve prácticamente oro moderno; China ya participa en minería, energía y telecomunicaciones chilenas.

Y EEUU mira con preocupación proyectos relacionados con cables submarinos, centros de datos y redes digitales estratégicas, porque quien controle los minerales críticos y la infraestructura digital del futuro tendrá una ventaja brutal sobre la economía mundial.

Perú se ha convertido en uno de los principales laboratorios de expansión china en infraestructura; empresas chinas tienen enorme presencia en minas de cobre y oro, pero el proyecto que más preocupa a Washington es el megapuerto de Chancay. Este puerto, financiado con capital chino, podría cambiar completamente las rutas comerciales entre Sudamérica y Asia. Para Beijing, es una pieza estratégica dentro de su expansión marítima global, para EEUU, es otro punto de influencia china creciendo en el Pacífico latinoamericano.

Bolivia también entró de lleno en el tablero geopolítico gracias al litio. Durante años el país tuvo dificultades para industrializar sus reservas, y ahí apareció China ofreciendo financiamiento, tecnología y acuerdos industriales. Además, crecieron convenios relacionados con satélites, telecomunicaciones y vigilancia digital. Muchos ya llaman al litio “el petróleo del siglo XXI”, y no es exageración. El país o bloque que domine ese recurso tendrá poder enorme sobre la economía energética del futuro.

Venezuela representa probablemente uno de los vínculos más profundos entre China y América Latina. Durante años, Beijing prestó miles de millones de dólares respaldados con petróleo venezolano, incluso después del colapso económico, China mantuvo apoyo financiero, tecnológico y diplomático al gobierno venezolano. Empresas chinas participaron en telecomunicaciones, sistemas de monitoreo estatal y vigilancia digital, y esto encendió todas las alarmas en Washington. Porque para EEUU no se trata solamente de negocios, también ven una expansión de modelos de control político apoyados en tecnología china.

Colombia muestra otro fenómeno interesante, aunque históricamente fue uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en Sudamérica, China logró avanzar fuerte en infraestructura y tecnología. El metro de Bogotá, construido por un consorcio chino, es uno de los símbolos más visibles de ese avance. Incluso empresarios colombianos comenzaron a mirar más hacia Asia mientras algunos mercados occidentales se desaceleran; esto manda un mensaje clarísimo, hasta los aliados tradicionales de Washington están buscando diversificar relaciones.

México vive quizás el equilibrio más complicado de todos, su economía depende profundamente de EEUU, pero China ya se volvió clave en manufactura, electrónica y vehículos eléctricos. Washington acusa constantemente a empresas chinas de usar territorio mexicano para esquivar aranceles y entrar indirectamente al mercado norteamericano. Mientras tanto, fabricantes chinos siguen creciendo gracias a precios más baratos y producción masiva; México intenta jugar en ambos bandos sin romper con ninguno.

Panamá sigue siendo una joya geopolítica por el canal interoceánico; China entendió hace años que controlar rutas logísticas globales vale tanto como controlar petróleo o minerales. Empresas chinas participaron en puertos, infraestructura marítima y proyectos estratégicos vinculados al comercio internacional, y claro, EEUU no piensa quedarse tranquilo viendo cómo Beijing gana terreno en uno de los puntos más sensibles del continente.

Ecuador también recibió una ola fuerte de capital chino en hidroeléctricas, minería y petróleo, pero varios proyectos terminaron cuestionados por sobrecostos, fallas técnicas y dependencia financiera. Ahí nace otra discusión cada vez más fuerte en América Latina; ¿China realmente ayuda al desarrollo o simplemente está construyendo una nueva forma de dependencia?

Uruguay intenta mantener el equilibrio, comercia cada vez más con China, vende productos agrícolas y fortalece acuerdos tecnológicos, pero sin romper totalmente con Occidente.

Costa Rica tiene un peso simbólico importante porque fue uno de los primeros países centroamericanos en romper relaciones con Taiwán para reconocer oficialmente a China, desde entonces crecieron inversiones, cooperación tecnológica e infraestructura. Pero también aparecieron investigaciones sobre minería ilegal y tráfico de oro vinculadas a cadenas internacionales conectadas, supuestamente con el mercado chino. Esto demuestra la posibilidad que la expansión económica también puede mezclarse con redes criminales, corrupción y destrucción ambiental.

En Cuba y Nicaragua, la relación con China tiene además un componente político clarísimo, ambos gobiernos ven en Beijing un aliado frente a sanciones y presiones occidentales; China participa en telecomunicaciones, infraestructura y financiamiento estatal.

En Nicaragua, el acercamiento explotó después de romper relaciones diplomáticas con Taiwán. Y mientras eso ocurre, países como Paraguay enfrentan presiones económicas internas para acercarse también a Beijing.

La pelea diplomática entre China y Taiwán ya aterrizó de lleno en América Latina.

Uno de los sectores donde China avanza más rápido es el de vehículos eléctricos, marcas como BYD, Chery, Geely y MG están entrando con fuerza gracias a modelos más baratos y agresivos que muchos competidores occidentales, en este sentido, Brasil, México, Chile y Colombia son mercados prioritarios.

Esto acelera la transición energética, sí, pero también aumenta la dependencia tecnológica de cadenas industriales controladas por China. Huawei sigue dominando buena parte de las telecomunicaciones latinoamericanas pese a toda la presión de Washington, y aquí ya no estamos hablando solamente de celulares o internet, estamos hablando de inteligencia artificial, automatización, vigilancia urbana y seguridad nacional.

EEUU teme que China termine obteniendo acceso privilegiado a infraestructura crítica latinoamericana mediante estas tecnologías.

El espacio también entró en la pelea. China desarrolla cooperación espacial con Argentina, Bolivia, Venezuela y Brasil, oficialmente son proyectos científicos, pero Washington sospecha posibles usos militares duales. La competencia espacial ya dejó de ser cosa exclusiva de las superpotencias tradicionales.

América Latina ahora forma parte del tablero geopolítico; las críticas al avance chino son cada vez más fuertes. Muchos economistas creen que la región corre el riesgo de hundirse otra vez en el viejo modelo extractivista, que es, exportar recursos baratos mientras otros desarrollan industria y tecnología. Otros alertan sobre deuda, pérdida de soberanía y dependencia tecnológica.

Además, comunidades indígenas y grupos ambientalistas denuncian contaminación, destrucción ecológica y conflictos sociales relacionados con proyectos extractivos impulsados por empresas extranjeras, incluidas compañías chinas.

Pero al mismo tiempo, muchos gobiernos responden con un argumento sencillo, occidente nunca ofreció el nivel de financiamiento e infraestructura que ahora ofrece China, y aquí está la gran contradicción del asunto; para algunos, Beijing representa una oportunidad histórica de crecimiento, desarrollo, modernización y diversificación económica. Para otros, representa el nacimiento de una nueva dependencia extranjera disfrazada de cooperación.

Lo cierto es que en 2026 América Latina ya no es un simple espectador del conflicto global, ahora es uno de los campos de batalla más importantes de la disputa entre China y EEUU por recursos, tecnología, energía y control económico. China ya no es solamente un comprador de materias primas, se convierte en un actor profundamente metido en sectores clave de la región, como el litio, cobre, puertos, telecomunicaciones, inteligencia artificial, minería, energía, vigilancia digital y movilidad eléctrica.

La gran pregunta es si América Latina logrará usar esta relación para fortalecer industrias propias y ganar soberanía económica y desarrollo, o si terminará atrapada en un modelo de dependencia, deuda y control tecnológico extranjero. Porque la pelea por América Latina ya inició, y lo que pase en esta región durante las próximas décadas, podría definir buena parte del nuevo equilibrio mundial.

Ana Cecilia Jiménez: las etiquetas ideológicas funcionan como mecanismos de descalificación y “macartización” política

Escrito en . Publicado en Análisis.

En el marco del programa Alternativas, realizado recientemente bajo el tema “Más allá de las etiquetas: el lenguaje ideológico que oculta la desigualdad y la acumulación de riqueza en el sistema capitalista”, la socióloga, trabajadora social y presidenta de ACODEHU Ana Cecilia Jiménez Arce presentó una reflexión crítica sobre el uso de etiquetas ideológicas como instrumentos de descalificación política y construcción de discursos de odio.

El texto desarrollado por la autora, titulado “Estereotipos, etiquetas, el macartismo ideológico”, analiza cómo determinados conceptos y símbolos políticos son utilizados desde estructuras de poder mediático, político e ideológico para simplificar, estigmatizar y desacreditar a personas, movimientos sociales y corrientes de pensamiento.

Jiménez parte de una referencia al discurso del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante una cumbre de líderes progresistas realizada en Barcelona el 18 de abril de 2026. Allí, Sánchez reivindicó públicamente términos utilizados históricamente de forma peyorativa contra sectores progresistas, feministas, ecologistas o de izquierda.

La autora rescata especialmente la frase:

“Nunca te avergüences de tus ideales… el mundo necesita más gente como tú”.

A partir de ese punto, sostiene que las etiquetas ideológicas funcionan frecuentemente como mecanismos de “desdibujamiento del otro”, orientados a desacreditar adversarios políticos y construir imaginarios de amenaza social.

El documento plantea que expresiones como “zurdo”, “rojo”, “progre”, “verde” o “comunista” adquieren significados específicos dependiendo del contexto histórico y cultural donde son utilizadas. Según Jiménez, estas palabras dejan de ser simples categorías descriptivas y pasan a convertirse en instrumentos de confrontación política y exclusión simbólica.

En su análisis, la autora afirma que la prensa mediática y los sectores de ultraderecha utilizan frecuentemente discursos de odio y estrategias de simplificación ideológica para generar confrontación social y legitimar posiciones autoritarias.

Como ejemplo, menciona declaraciones y discursos políticos recientes en Costa Rica y América Latina, vinculados con la idea de “limpiar de comunistas” determinados espacios sociales o institucionales.

Jiménez sostiene que las etiquetas operan como “mapas simbólicos” cargados de contenido histórico, religioso, cultural e ideológico. Bajo ciertas condiciones políticas, afirma, esas etiquetas son utilizadas para menospreciar, deslegitimar y generar ambientes de agresividad irracional contra personas o colectivos.

El texto también analiza ejemplos históricos relacionados con el color rojo asociado al comunismo, la revolución y la amenaza durante la Guerra Fría, así como el uso del color verde para referirse a movimientos ecologistas, frecuentemente descalificados desde posiciones desarrollistas o extractivistas.

En esa línea, la autora cita al lingüista y analista político Noam Chomsky, señalando que el problema surge cuando las etiquetas “congelan significados” y reducen realidades políticas complejas a categorías simplificadas.

Jiménez concluye que las etiquetas, utilizadas desde grupos de poder en contextos históricos determinados, suelen asociarse a memorias de violencia política y mecanismos de persecución ideológica.

El documento cierra con una reflexión sobre las funciones simbólicas y prácticas de las etiquetas políticas, entre ellas la identificación rápida, la construcción de identidad colectiva, la simplificación mediática y la movilización emocional.

Como anexo, la autora incorpora además un comentario crítico sobre las tensiones entre el expresidente Miguel Ángel Rodríguez y el expresidente Rodrigo Chaves respecto al Poder Judicial, utilizando ambos casos para contrastar actitudes frente a la institucionalidad democrática y la rendición de cuentas.

La participación de Ana Cecilia Jiménez formó parte del espacio de análisis impulsado por Alternativas, dedicado a discutir el lenguaje ideológico y las formas discursivas utilizadas para ocultar desigualdades estructurales y procesos de acumulación de riqueza en el sistema capitalista.