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Guerra en Irán y crisis interna en Estados Unidos: escalada que expone los límites del poder occidental

Más de 8 millones de personas protestaron en EE.UU. contra la guerra en Irán. Mientras tanto, el conflicto escala sin salida clara. Este análisis explica por qué no es solo una guerra, sino una crisis del orden global.
Fotografía tomada de The Guardian

Por Juan Carlos Cruz Barrientos para SURCOS

La ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero de 2026 no solo abrió un nuevo frente de guerra en Medio Oriente. A poco más de un mes de iniciada, sus efectos desbordan el plano militar: impactan la economía global, reconfiguran el tablero geopolítico y, de forma cada vez más visible, erosionan la estabilidad política interna estadounidense.

La denominada “Operación Furia Épica”, iniciada el 28 de febrero, tenía un objetivo claro: descabezar al régimen iraní mediante la eliminación del ayatolá Ali Khamenei. El cálculo estratégico era que la estructura estatal colapsaría en cuestión de horas. Sin embargo, la realidad ha sido otra. Como sintetizó el programa La Base (30/03/2026), la apuesta por una “guerra rápida” fracasó, dando paso a un escenario de desgaste prolongado.

Una guerra sin resolución a la vista

Lejos del colapso esperado, Irán ha demostrado una capacidad de resistencia sostenida. La clave reside en su doctrina de “defensa mosaico”, desarrollada desde mediados de los años 2000, que descentraliza el mando militar en estructuras territoriales con autonomía operativa. Esto permite que, incluso ante la eventual caída de la cúpula, el aparato estatal y militar continúe funcionando.

El periodista Rafael Poch de Feliu advierte que Occidente repite un patrón de errores estratégicos: subestimar a sus adversarios. Ocurrió con Rusia en Ucrania y con China en el terreno tecnológico. En todos los casos, el resultado es similar: cuando la victoria rápida no se materializa, el conflicto se transforma en una guerra de desgaste sin salida clara (Poch de Feliu, 2026).

En ese marco, el análisis de La Base describe la dinámica actual como una “trampa de la escalada”: cada fracaso inicial conduce a una intensificación del conflicto. La administración de Donald Trump mantiene un discurso de victoria hacia el interior, mientras incrementa la presión militar en la región. No obstante, lo que se observa no es una invasión terrestre masiva, sino ataques limitados y demostraciones de fuerza que buscan evitar los costos de una guerra total (La Base, 30/03/2026).

La guerra como desgaste económico

Irán ha logrado desplazar el conflicto hacia una lógica de guerra asimétrica. El uso de drones de bajo costo —como los Shahed— obliga a sus adversarios a emplear sistemas de defensa extremadamente costosos, generando un desgaste económico sostenido (Small Wars Journal, 2026).

A ello se suma el impacto geoeconómico. El bloqueo parcial del Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, ha incrementado la volatilidad energética. La activación de actores aliados —como Hezbolá en el Líbano o los hutíes en Yemen— amplía el conflicto más allá de las fronteras iraníes, consolidando un escenario regional altamente inestable (Chatham House, 2026; ACLED, marzo 2026).

En este contexto, la guerra deja de ser un episodio estrictamente militar para convertirse en un fenómeno sistémico que afecta mercados, cadenas de suministro y equilibrios estratégicos globales (World Economic Forum, 2026; Stimson Center, 2026).

Disputa por la narrativa global

La dimensión mediática se ha convertido en un campo de batalla central. Según el analista Manu Levin en La Base, la cobertura dominante en medios occidentales tiende a presentar las acciones iraníes como agresivas, minimizando el papel de Estados Unidos e Israel en la escalada (La Base, 30/03/2026).

Esta narrativa contrasta con el discurso oficial iraní. El presidente Masoud Pezeshkian, en una carta dirigida al pueblo estadounidense, presenta a Irán como una civilización histórica de carácter defensivo, víctima de intervenciones extranjeras desde el golpe de Estado de 1953 contra Mossadegh (Pezeshkian, 2026). Más allá de su intencionalidad política, este relato busca disputar legitimidad en el plano internacional.

Palestina y el desplazamiento de la agenda

La escalada con Irán también ha tenido efectos indirectos sobre otros conflictos, particularmente el palestino. En un momento de creciente presión internacional sobre Israel por su accionar en Gaza, la apertura de un nuevo frente ha contribuido a reordenar la agenda mediática global.

Sin necesidad de asumir una estrategia deliberada, el efecto es claro: el foco se desplaza desde la crisis humanitaria hacia la lógica geopolítica, reduciendo la visibilidad internacional del conflicto palestino.

La guerra vuelve a casa

Mientras el conflicto se prolonga en el exterior, sus repercusiones internas en Estados Unidos son cada vez más evidentes. Las protestas del movimiento “No Kings” han movilizado a más de 8 millones de personas en los 50 estados, en lo que reportes de The Guardian describen como una de las mayores jornadas de protesta en la historia del país (The Guardian, 2026).

El eje de estas movilizaciones es el rechazo a la guerra en Irán, ampliamente impopular entre la población. A ello se suma el impacto económico: aumento del costo de vida, encarecimiento del combustible e inflación, fenómenos que los manifestantes vinculan directamente con la escalada militar (The Weekend Primetime, 2026).

El análisis del podcast The Weekend Primetime subraya que esta convergencia entre política exterior y malestar económico ha generado una protesta transversal que desborda las divisiones tradicionales.

“No Kings”: entre ruptura y restauración

La consigna del movimiento remite al imaginario republicano de 1776 y al rechazo de toda forma de poder concentrado. Sin embargo, el propio análisis crítico advierte una tensión de fondo: buena parte del movimiento parece orientarse más hacia la restauración de una “normalidad” previa —asociada a administraciones demócratas— que hacia una crítica estructural del rol global de Estados Unidos (The Weekend Primetime, 2026).

Esta ambivalencia se refleja en la selectividad de sus causas y en sus silencios frente a otros escenarios internacionales, lo que plantea interrogantes sobre el alcance real de su potencial transformador.

Polarización y fisuras del Estado

La respuesta del gobierno ha sido endurecer el discurso. Sectores afines a la administración han intentado deslegitimar las protestas, mientras se observa una creciente criminalización de la disidencia.

En paralelo, la polarización mediática se intensifica y la disputa por el control del relato se vuelve más aguda. A ello se suma un elemento inquietante: la percepción de vulnerabilidad del propio Estado. Episodios como el hackeo a altos funcionarios —incluido el director del FBI, según el análisis— refuerzan la idea de que, en medio de la escalada internacional, incluso el aparato de seguridad estadounidense muestra fisuras (The Weekend Primetime, 2026).

Un orden en descomposición

Más allá de los desarrollos inmediatos, el conflicto con Irán se inscribe en una transformación estructural: el tránsito de un orden unipolar hacia uno multipolar. Como señala Poch de Feliu, los errores acumulados en Rusia, China e Irán no son hechos aislados, sino síntomas de una crisis más profunda del hegemonismo occidental (Poch de Feliu, 2026).

La ofensiva no logró sus objetivos iniciales. La guerra no se resuelve: se prolonga, se expande y se vuelve más peligrosa. Y en ese proceso, no reordena el sistema internacional: lo desestabiliza.

La conclusión es incómoda pero cada vez más evidente: cuando las potencias necesitan alargar los conflictos para sostener su posición, lo que está en juego ya no es solo una guerra. Es la propia viabilidad del orden que pretendían sostener.

Fuentes

  • La Base. (30 de marzo de 2026).
  • Rafael Poch de Feliu. (2026). Errores de cálculo.
  • Masoud Pezeshkian. (2026). Carta al pueblo de Estados Unidos.
  • The Guardian. (2026). Cobertura sobre protestas “No Kings”.
  • The Weekend Primetime. (2026). Análisis sobre protestas y guerra en Irán.
  • Small Wars Journal. (2026). Preliminary Assessment U.S.-Israel Strikes on Iran.
  • (marzo de 2026). Middle East Special Issue.
  • World Economic Forum. (2026). Global Risks Report 2026.
  • Stimson Center. (2026). Top Ten Global Risks for 2026.
  • Chatham House. (2026). Houthi Attacks on Israel.
  • Asia Society. (2026). Asian Middle Powers and Fragmenting Global Order.

Nuestro mundo: hegemonía, narrativas, el lobby sionista y la transición hacia la multipolaridad

Por JoseSo (José Solano-Saborío)

¿Cómo llegamos hasta aquí?

La geopolítica contemporánea no puede tratar de entenderse sin desenredar la compleja maraña de historia, religión, influencia de las élites económicas y control de narrativas que define a Occidente. En el centro de este entramado se encuentra uno de los debates más profundos de nuestra era: el papel del Estado de Israel moderno, su influencia en las potencias occidentales y las contradicciones estructurales que sostienen la actual hegemonía de Estados Unidos. A medida que las placas tectónicas del poder global se desplazan, los paradigmas que definieron el siglo XX comienzan a fracturarse.

Redes de poder y la injerencia geopolítica

En la política exterior moderna, la influencia de élites o grupos de poder sobre las grandes potencias es un tema de intenso estudio. Diversos analistas e historiadores han documentado cómo operan las redes de cabildeo (lobbies) en Estados Unidos y Europa, moldeando decisiones estratégicas y garantizando un apoyo férreo al Estado de Israel.

En la era de la información, la opacidad de estas redes ha sido desafiada por filtraciones masivas. Casos como WikiLeaks, los Panama Papers o los archivos de la red de Jeffrey Epstein han expuesto las intrincadas y oscuras relaciones entre las élites financieras, los líderes políticos y los aparatos de inteligencia. Aunque en el debate público y en ciertos análisis críticos se señala a intereses sionistas como un eje transversal en estas redes de chantaje y control financiero, la realidad geopolítica revela un entramado de intereses donde convergen las oligarquías de múltiples naciones. No obstante, estas filtraciones han erosionado profundamente la confianza pública, revelando que las decisiones de Occidente a menudo responden a presiones de élites interconectadas más que al consenso democrático.

La batalla cultural y las narrativas de masas

Para sostener agendas geopolíticas, el control militar o económico no es suficiente; se requiere el control de la narrativa. Durante décadas, la maquinaria cultural de Occidente, liderada por industrias como Hollywood, ha operado como un sofisticado sistema de programación neurolingüística y propaganda.

Bajo la apariencia de entretenimiento, se ha cimentado una dualidad maniquea: Estados Unidos y sus aliados como defensores del mundo libre, frente a una rotación de “villanos” convenientes según la época (soviéticos comunistas, árabes etiquetados uniformemente como terroristas, o latinos estereotipados como narcotraficantes). Como advirtió el lingüista y filósofo Noam Chomsky en su teoría sobre la “manufactura del consenso”, los medios de comunicación de masas estructuran la percepción pública para legitimar las políticas imperiales. Paradójicamente, la complejidad y el alcance de las redes de las élites occidentales es tal que figuras críticas como el propio Chomsky se han visto tangencialmente aludidas en escándalos de relaciones impropias con esas élites (como su asociación financiera documentada en los archivos de Epstein), demostrando que las esferas del poder, la academia y la riqueza están profundamente entrelazadas.

La paradoja religiosa: sionismo cristiano y el Talmud

Uno de los pilares más irracionales, pero políticamente determinantes, del apoyo occidental a Israel es la manipulación religiosa. En Estados Unidos, partes de Europa y América Latina (a través de estrategias como el Plan Cóndor), el movimiento evangélico y neo pentecostal ha abrazado el “sionismo cristiano”. Bajo una interpretación teológica particular, consideran al Estado de Israel (fundado en 1948) y a sus ciudadanos como el “pueblo escogido por Dios”, otorgándoles un estatus de intocables.

Esta ferviente base de votantes obliga a los líderes políticos, especialmente a aquellos de corte populista o conservador, a brindar un apoyo incondicional a las genocidas políticas israelíes. Esto ocurre a pesar de las crecientes condenas de la comunidad internacional, frente a lo que sus críticos y organismos de derechos humanos denuncian como políticas militares expansionistas, de apartheid y acciones de limpieza étnica, en los territorios palestinos ocupados, además de ataques a naciones árabes que se encuentran en la región que ellos consideran parte de su “tierra prometida” o el llamado “Gran Israel” (Eretz Yisrael HaSheleima) que abarca territorios bíblicos que incluirían Cisjordania, Gaza, y partes de Jordania, Egipto, Líbano, Siria e Irak.

La mayor paradoja de esta alianza radica en la profunda ignorancia o la omisión deliberada de la historia teológica. El celo evangélico ignora que textos fundamentales del judaísmo rabínico, como el Talmud de Babilonia (ej. Tratados Sanedrín 43ª y 107b), presentan a Jesús (Yeshu ha-Notzri) desde una perspectiva sumamente crítica que para cualquier cristiano debería ser ofensiva e inaceptable. En estos textos, redactados entre los siglos III y V EC para proteger la naciente identidad judía frente a la expansión del cristianismo, la figura cristiana es descrita como un falso maestro o un hechicero que desvió al pueblo. La ceguera voluntaria ante estas diferencias históricas demuestra que la alianza moderno-religiosa es, en esencia, una herramienta política más que una convergencia espiritual.

El fin de un ciclo: hacia un mundo multipolar

La historia de la humanidad es cíclica. Los grandes imperios de la antigüedad y la modernidad —desde la Antigua Grecia, pasando por la Roma imperial, hasta las hegemonías española y británica— experimentaron un patrón de ascenso, sobre-expansión militar, decadencia moral interna y eventual colapso económico.

Hoy, presenciamos un punto de inflexión histórico análogo con el imperio estadounidense. La dependencia de la deuda y combustibles fósiles, las fracturas sociales internas, la pérdida de credibilidad narrativa ante la aparición de las NTI (redes sociales por Internet) y el agotamiento de su modelo militarista marcan el ocaso de la hegemonía unipolar que prevaleció desde el fin de la Guerra Fría.

El surgimiento y consolidación de la alianza BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y sus nuevos miembros) no es solo un bloque comercial; es el síntoma definitivo de un cambio de paradigma. Representa el rechazo del Sur Global a las instituciones financieras controladas por Washington y a las narrativas morales dictadas desde Occidente. A medida que el monopolio del dólar se debilita y el poder se redistribuye hacia Eurasia y el Sur, el mundo transita inexorablemente hacia la multipolaridad. En esta nueva era, los actores políticos que cimentaron su poder en el chantaje de las élites, el cabildeo desproporcionado y la manipulación religiosa tendrán que enfrentarse a un tablero global donde las viejas reglas han dejado de aplicar.

En medio de todo esto, el actual gobierno tico al igual que otros países del sur del continente, están apostando todo al caballo equivocado…

El delirio del gran “América del norte”

Mauricio Ramírez Núñez

El planteamiento atribuido al presidente Trump de extender conceptualmente “América del Norte” hasta Ecuador no debe leerse como un acto geopolítico en sentido estricto, sino como una operación discursiva que intenta reconfigurar la percepción del espacio más que su realidad material. En ese marco, ninguna declaración unilateral tiene la capacidad de alterar la estructura geográfica ni las identidades históricas que configuran América del Norte, Centroamérica y Sudamérica como regiones diferenciadas.

Sin embargo, reducir este tipo de afirmaciones a mera irrelevancia sería un error político. Lo que sí revelan es la persistencia de una visión estratégica en Estados Unidos que concibe el hemisferio como un espacio prioritario de influencia. Esta lógica remite, a la añeja Doctrina Monroe. La diferencia fundamental es que esa concepción ya no opera en condiciones de hegemonía incontestada.

El sistema internacional actual se caracteriza por una creciente tendencia a la existencia de diversos centros de poder (multipolaridad), en la que actores como Xi Jinping y Vladimir Putin han contribuido a erosionar la capacidad de EEUU para imponer unilateralmente sus definiciones del orden internacional y la geografía.

En este contexto, las esferas de influencia no desaparecen, pero se vuelven más porosas, disputadas y sujetas a negociación. América Latina, por tanto, ya no se encuentra estructuralmente confinada a una única lógica de alineamiento, sino que dispone de márgenes, aunque condicionados, para diversificar sus vínculos y afirmar grados relativos de autonomía y neutralidad.

Las reacciones frente a este tipo de planteamientos suelen caer en dos errores simétricos. Por un lado, cierta izquierda tradicional tiende a sobredimensionar el alcance del discurso, interpretándolo automáticamente como una manifestación de imperialismo efectivo y militarista, sin distinguir entre intención y capacidad real de cambiar algo en lo concreto.

Por otro, algunos actores políticos lo instrumentalizan en clave interna para sacar rédito personal, sin comprender que se trata más de una narrativa de posicionamiento que de una transformación concreta del orden regional. En ambos casos, se pierde de vista el elemento central: la distancia entre el lenguaje del poder y su materialización. Trump es un bravucón.

Una lectura realista y critica obliga a reconocer que las potencias siempre intentan expandir su influencia también en el plano simbólico, pero que dicha expansión solo se consolida si encuentra condiciones estructurales favorables. Aquí si, el gobierno actual y el que viene son el verdadero peligro para el país, no los gringos, ya que son las autoridades locales las que abren o no las puertas a este tipo de interferencias externas.

Por eso este tipo de afirmaciones deben ser entendidas con precisión crítica: son expresiones de una voluntad de influencia que puede ser observada y evaluada, pero no sobredimensionada. Que Estados Unidos bajo liderazgos como el de Trump deliren formulando sus propias concepciones estratégicas entra dentro de su lógica de poder; aceptarlas como descripciones válidas de la realidad, en cambio, es otra cosa. La geopolítica contemporánea no se reconfigura por decretos ni por actos de delirio personales, sino por la interacción efectiva de capacidades, intereses y límites.

Desde una perspectiva soberana, el punto crítico no es reaccionar emocionalmente ante estas narrativas, sino evitar quedar atrapados en ellas. La verdadera trampa no está en lo que se dice desde fuera, sino en cómo eso reordena, o pretende, las discusiones internas. Convertir estas declaraciones en ejes de polarización doméstica implica, en la práctica, concederles una centralidad que no poseen en el plano material.

Por ello, más que aceptar o rechazar discursivamente estos delirios, lo estratégico es desactivarlos como factor de división interna. Ni adhesión acrítica ni oposición reflejo: comprensión fría del contexto y comprensión clara que la realidad regional no se redefine desde un centro externo. En un entorno multipolar, la autonomía no se proclama; se ejerce evitando que agendas ajenas dicten los términos del debate propio. Dejemos a los gringos con su derecho al berreo, nosotros sabemos qué somos y dónde estamos.

¿Hacia dónde vamos, con el nuevo gobierno, con el poder absoluto del Poder Ejecutivo y el poder mayoritario del Poder Legislativo?

Vladimir de la Cruz

En el nuevo gobierno, que inicia el 1 de mayo, con la instalación de la Asamblea Legislativa y el 8 de mayo, con la instalación del Poder Ejecutivo, hay que reconocer, guste o no guste, que el Partido Pueblo Soberano, tiene como decimos los ticos, el sartén por el mango.

El punto no es que tenga el sartén por el mango, es que lo sepa usar. El arte de la cocina tiene sus reglas y sus mañas. El arte de la Política también tiene sus reglas y sus mañas.

Tiene el control pleno del Poder Ejecutivo, de sus ministerios e instituciones, y de todo el andamiaje que en ese sentido se concentra. No lo comparte con ningún otro partido político. Es el Poder que diariamente toma decisiones que afectan a todos los ciudadanos y habitantes, para bien o para mal, por medio de las políticas y acciones que se toman en los ministerios y sus instituciones.

Tiene el control mayoritario del Poder Legislativo, de toda su estructura interna, sin que esté obligado a compartirlo con ningún otro partido, en los puestos más importantes y en la instalación de las Comisiones Parlamentarias. Puede colocar a los diputados opositores como quiera, si así quisiera proceder.

En un sartén un mal uso de un ingrediente puede echar a perder una comida. En la política un mal uso de un número de diputados puede también echar a perder a una fracción mayoritaria, puede echar a perder acciones de gobierno del partido mayoritario, parlamentariamente, y puede echar a perder al mismo gobierno.

En 1953, al calor de la Guerra Civil, y del liderazgo de José Figueres, ya fundado el Partido Liberación Nacional, el 12 de octubre de 1951, participando en su primera elección nacional, sobre 45 diputados que tenía la Asamblea Legislativa, en ese entonces, obtuvo 30 diputados. Una mayoría super holgada.

En las elecciones de 1962 y 1966 Liberación Nacional volvió a tener mayoría de 29 diputados sobre 57, que ya tenía la Asamblea desde 1962, como tiene actualmente, cuando fueron candidatos ganadores a la Presidencia Francisco Orlich Bolmarcich, en 1962, y José Joaquín Trejos Fernández, en 1966, gobierno opositor a Liberación Nacional.

En la elección de 1970, de nuevo con Liberación Nacional, con José Figueres en la presidencia, obtuvo 32 diputados y, en la elección de 1982, con Luis Alberto Monge Álvarez, en la presidencia, Liberación Nacional logró elegir 33 diputados, que ha sido la cifra más alta de diputados en manos de un solo partido político gobernante.

En las elecciones de 1986, con Oscar Arias presidente, y en la elección de 1990, con Rafael Ángel Calderón Fournier, ya constituido el partido Unidad Social Cristiana, ambos obtuvieron la mayoría parlamentaria de 29 diputados.

Desde esta perspectiva, el partido Liberación Nacional, de nueve veces que ha gobernado, ha tenido la mayoría parlamentaria en cinco ocasiones, siendo partido gobernante y una siendo partido opositor, mientras el partido Unidad Social Cristiana en una ocasión obtuvo la mayoría parlamentaria siendo partido gobernante.

El Partido Pueblo Soberano tiene una mayoría de 31 diputados de 57 que integran la Asamblea Legislativa.

Tener mayoría parlamentaria, más de 29 diputados, mitad más uno del total de diputados, no es suficiente para tener el Poder del Parlamento para todo… lo más importante. Tener esa mayoría de 29 diputados da poder de bastantes e importantes decisiones, pero exige siempre capacidad de negociar y de llegar a acuerdos con los restantes diputados.

En las últimas ocho elecciones ningún partido obtuvo esa mayoría de 29 diputados. Algunos partidos lograron entre 17 y 28 diputados, constituyéndose en fracciones legislativas grandes, pero obligadas siempre a negociar y pactar para poder avanzar en los proyectos de ley, aun cuando eran partidos de gobierno como de oposición.

Los gobiernos más difíciles, desde el ámbito legislativo, los tuvo el Partido Acción Ciudadana, que en el gobierno del 2014 sacó 13 diputados y en el gobierno del 2018 tuvo 10, obligado en ambos casos constantemente a negociar, con un peso muy negativo, en el último para su imagen política, que prácticamente lo hizo desaparecer por cuatro años del escenario político.

Así, el gobierno de la presidenta Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano, con su triunfo, expresado en un 31% de los votantes, y con una mayoría de 31 diputados, inicia, después de 35 años, desde 1990, una nueva época política nacional, que se caracteriza porque un solo partido asume plenamente el control del Poder Ejecutivo y de la mayoría parlamentaria.

Lo hizo agitando cierto aire de renovación política, exaltando incluso una Tercera República, que posiblemente no entiende lo que significa ni cómo se justifica.

Figueres declaró la Segunda República desde el Poder total. Concentrando en él, y su grupo gobernante, la doble Facultad Ejecutiva y Legislativa, y nombrando ellos mismos la integración total de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual tenían el control de los tres Poderes del Estado, el sueño anhelado de Rodrigo Chaves, que es el mismo de Laura Fernández.

Figueres tenía su discurso político y su filosofía política frente a la “Primera República” que vivió, especialmente, en la década de 1940-1948, en los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia y de Teodoro Picado Michalski, y en el contexto de la II Guerra Mundial, de la Post guerra y del inicio de la Guerra Fría.

Laura Fernández tiene el reto de continuar el gobierno de Rodrigo Chaves, como tuvo Teodoro Picado con el de Rafael Ángel Calderón Guardia, en el nuevo contexto internacional, la antesala de una III Guerra Mundial, de una nueva Guerra Fría, y de un acendrado anticomunismo por las políticas trumpetistas a las cuales Laura Fernández ya se ha ido adhiriendo y sometiendo.

Si la época del bipartidismo estaba caracterizada por el papel que jugaban dos partidos políticos, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, en términos generales, alternándose el Poder Ejecutivo y ejerciendo la mayoría parlamentaria, entre ambos, estamos en este momento en una situación similar al arranque que hizo Figueres en 1953, con un solo partido dominando el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, que permitió, después, en 1962, 1970, 1982, 1986 se repitiera esa situación.

Rodrigo Chaves no es José Figueres, y Pueblo Soberano como partido es aún un partido no nato, no nacido, apenas extraído del útero electoral de las elecciones del 2026, con muchas dudas sobre su inicial desarrollo. Un partido no nato porque fue extraído de su partido materno, Partido Progreso Social Democrático, que lo hicieron fallecer para las elecciones pasadas.

Ese partido no nato, con sus 31 diputados, tiene formalmente fuerza legislativa. Tiene todo el poder para dirigir desde todos los puestos del Directorio Legislativo, desde todas las presidencias y secretarías, si así quisiera, de las Comisiones Parlamentarias Plenas y de las distintas comisiones parlamentarios, toda la institucionalidad legislativa.

En términos generales tiene todos los votos para aprobar leyes ordinarias, para reformar las leyes existentes, para crear o impulsar nuevas leyes, para impulsar cambios en las políticas económicas o para reforzar las que considere necesarias del gobierno de Rodrigo Chaves, para modificar, si así quisiera, instituciones públicas, en su estructura interna como en sus funciones.

Tiene toda la fuerza para convocar comparecencias de personajes, para bloquear, rechazar o priorizar proyectos de ley presentados por otros diputados, para crear o no comisiones de control político, sobre asuntos que exploten del próximo gobierno que la Asamblea quiera investigar.

En materia del Presupuesto Público Nacional tiene todos los votos para aprobarlo tal cual se lo presenten. Dentro de él pueden recortar fondos públicos a instituciones, como las universidades que son parte de su guerra declarada, pueden reasignar recursos públicos como quieran.

Lo que no pueden hacer 31 diputados es reformas a la Constitución Política, como la de la reelección presidencial, continua o consecutiva, como la de reducir el plazo para la aspiración presidencial de los expresidentes a cuatro años si no se permite la consecutiva, para facilitar, si así fuere, la de Rodrigo Chaves en el 2030, o la de ampliar el plazo presidencial a seis años. Tampoco pueden destituir magistrados ni nombrarlos por sí solos, o levantar inmunidades legales de altos funcionarios si procediere hacerlas.

Desde el punto de vista del trabajo del Plenario Legislativo, que son las sesiones que se realizan con todos los diputados, a partir de las 3 p.m, pueden ejercer el control de la Agenda Legislativa, definir las prioridades de la discusión parlamentaria, elegir las autoridades claves de la Asamblea Legislativa, como son el presidente y el secretario, y constituir las Comisiones Parlamentarias.

Esto haría, básicamente, que el Poder Ejecutivo representado por Laura Fernández sea más fuerte, en cuanto estaría mejor armonizado con la Asamblea Legislativa.

Si a Rodrigo Chaves lo nombran ministro de la Presidencia tendría la facultad de dar órdenes a 31 diputados, más que ir a negociar con los restantes el apoyo a las leyes que al gobierno le interese aprobar.

Es obvio y evidente que Rodrigo Chaves tiene muy poca capacidad de negociación con los diputados. Ya mismo ha estado atacando y burlándose de diputados y diputadas de la próxima Asamblea Legislativa y señalando que deben ir a las comisiones sin ninguna importancia. Eso está oscureciendo el inicio de la presidencia de Laura Fernández, pero ella comparte esa misma cama política de enfrentamiento con el presidente Chaves.

Si hasta ahora el grupo de Rodrigo Chaves culpaba de su incapacidad política para gobernar, a los opositores, el grupo que asciende con Laura Fernández solo tiene su propio espejo para ver a quien culpar de un posible mal gobierno, que nadie quiere que suceda, porque nos puede ir mal a todos.

¿Volveremos con este gobierno, a un monopartidismo político gobernante? ¿Facilitará este gobierno, con estas características de “poder institucional absoluto”, la entronización autoritaria, de características abusivas y dictatoriales?

De Yalta al neoliberalismo: el orden mundial y sus mutaciones

Roberto Salom E.

Una visión general de los factores determinantes de las transformaciones del mundo contemporáneo.

El mundo de la posguerra quedó marcado por los acuerdos alcanzados en la Conferencia de Yalta, donde las potencias vencedoras —Estados Unidos, representado por Franklin D. Roosevelt; el Reino Unido, por Winston Churchill; y la Unión Soviética, por Joseph Stalin— definieron las bases del nuevo orden internacional tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.

En ese escenario, las potencias occidentales capitalistas, con sistemas relativamente democráticos, aunque no exentos de aspiraciones imperialistas, se consolidaron como uno de los polos de poder, mientras que la Unión Soviética emergió como su contraparte. Todos ellos habían combatido a las potencias del Eje: la Alemania nazi de Adolf Hitler, la Italia fascista de Benito Mussolini y el Japón imperial.

El acuerdo de Yalta implicó, en los hechos, una distribución del mundo —particularmente de Europa— en esferas de influencia. Esta división no solo respondió al equilibrio militar alcanzado, sino también a una tensión ideológica profunda. Mientras el bloque capitalista había evolucionado gradualmente hacia formas democráticas desde la Revolución Francesa, incorporando principios de ciudadanía y derechos, la Unión Soviética representaba un modelo alternativo que cuestionaba las bases mismas del capitalismo.

En este contexto, las políticas progresistas impulsadas en Occidente —como el New Deal— no pueden entenderse únicamente como respuestas a las crisis internas del capitalismo, sino también como parte de una estrategia para contener el atractivo del socialismo. La existencia de la Revolución Rusa y, posteriormente, del llamado “campo socialista”, obligó a las economías capitalistas a avanzar en la distribución del ingreso, la ampliación de derechos laborales y la consolidación de sistemas de bienestar.

Como dice Alberto Salom:

Las reformas sociales a las que se vieron obligados los líderes políticos de centro o centro izquierda en los países capitalistas, buscaban neutralizar la influencia ejercida por las revoluciones socialistas de 1917 en adelante. Aunque también, se compaginaron en lo económico-político especialmente, con las políticas reformistas-intervencionistas, por las que abogó John Maynard Keynes para paliar la gran crisis recesiva del capitalismo mundial de 1929”. (Conversación en WhatsApp, 2026).

Ese clima internacional favoreció en muchos países en desarrollo las políticas orientadas hacia la cohesión social. Costa Rica constituye un caso emblemático: en la década de 1940 se consolidaron las garantías sociales, el Código de Trabajo y la Caja Costarricense del Seguro Social; posteriormente, se fortaleció la institucionalidad democrática con la creación del Tribunal Supremo de Elecciones y la abolición del ejército, junto con reformas como la nacionalización bancaria y el desarrollo de instituciones descentralizadas. Todo ello contribuyó a una relativa paz social que se mantuvo, con matices, hasta la década de 1980.

Sin embargo, el propio desarrollo del capitalismo generó nuevas tensiones. Si en sus etapas anteriores las crisis se manifestaban como crisis de estancamiento con deflación, las políticas adoptadas en la posguerra —muchas de ellas deliberadamente inflacionarias— transformaron la naturaleza de estas crisis. Con el tiempo, los niveles de inflación se desbordaron y las herramientas económicas tradicionales comenzaron a mostrar signos de agotamiento.

Este proceso coincidió, en el llamado mundo en desarrollo, con la crisis de la deuda externa. Fue en ese contexto donde emergió con fuerza el neoliberalismo, acompañado en América Latina por regímenes autoritarios que funcionaron como laboratorios de experimentación de estas políticas, inspiradas en la llamada Escuela de Chicago.

Cuando el capitalismo enfrentaba estas dificultades, se produjeron dos fenómenos decisivos. Por un lado, la globalización —o “mundialización”— impulsada por la revolución de las tecnologías de información y comunicación; por otro, el intento de reforma de la Unión Soviética bajo el liderazgo de Mikhail Gorbachov, mediante políticas como el glásnost (transparencia) y la perestroika (reforma y descentralización).

El desenlace es conocido: la desintegración de la Unión Soviética y la disolución del bloque socialista, en gran medida de forma pacífica. Este hecho marcó un punto de inflexión histórico. Sin el contrapeso del socialismo real, el capitalismo se reconfiguró, cambiando muchas de las políticas que habían dado lugar a los Estados de bienestar.

A partir de entonces, se consolidaron las políticas neoliberales a escala global, al tiempo que emergieron nuevas tendencias autoritarias y neofascistas en distintos contextos. El orden surgido de Yalta, basado en un equilibrio inestable y tenso, dio paso a una etapa caracterizada por mayores incertidumbres, desigualdades y disputas por el poder global.

En ese escenario —complejo, cambiante y aún en desarrollo— se inscribe el mundo contemporáneo.

El espejismo bukelista: la trampa del régimen de excepción en Costa Rica

Por: JoseSo (José Solano-Saborío) | Entre Verdades y Opiniones

Hay verdades incómodas que, si no se dicen a tiempo, terminan costando libertades. Recientemente, un informe del Grupo Internacional de Expertos (GIPES) —analizado a profundidad por los colegas de Doble Check— puso sobre la mesa la realidad detrás del famoso «modelo Bukele» en El Salvador: crímenes de lesa humanidad, detenciones arbitrarias sin pruebas, torturas y miles de personas encarceladas injustamente. Ante esto, la respuesta del gobierno salvadoreño ha sido un manual de desinformación pura. Pero lo que debería quitarnos el sueño no es solo lo que pasa en El Salvador, sino cómo ese mismo libreto autoritario nos lo están queriendo empaquetar y vender aquí, en Costa Rica.

La falsa promesa de lo «temporal»

El oficialismo chavista no oculta sus intenciones. Hemos escuchado las declaraciones públicas y reiteradas de la presidenta electa, Laura Fernández, apuntando hacia un «modelo bukelista». Su propuesta es clara: solicitar a la Asamblea Legislativa la autorización para establecer un régimen de excepción «solo en casos necesarios», «de manera temporal» y en «zonas específicas».

Hagamos memoria y no caigamos en la trampa. Así exactamente le vendieron la idea al pueblo salvadoreño: como una medida de emergencia que duraría apenas 30 días. Este pasado 27 de marzo de 2026, esa medida «temporal» cumplió cuatro años ininterrumpidos de anular derechos constitucionales. El guion populista es predecible: te prometen ceder tus libertades por un ratito, pero una vez que prueban el poder absoluto, no lo devuelven.

El arma perfecta contra el opositor

El peligro más grande de un estado de excepción no radica en cómo trata a los criminales, sino en cómo se utiliza contra quienes resultan incómodos para el poder. En El Salvador, este régimen ha servido en bandeja de plata la excusa para perseguir sistemáticamente a opositores, periodistas, juristas y críticos.

Si creen que en Costa Rica estamos blindados contra eso, basta con ver los indicios que el chavismo ya ha dejado en nuestro propio Estado de Derecho. Hemos presenciado cómo se intenta usar el aparato estatal para intimidar, desde la burda «cama» que le intentaron hacer a Randall Zúñiga, director del OIJ, hasta los ataques desproporcionados contra comunicadores como la adulta mayor Stella Chinchilla. Peor aún, hemos cruzado líneas rojas dolorosas, como la instrumentalización de una institución como el PANI en contra de la hija del candidato opositor Álvaro Ramos.

Si este oficialismo es capaz de usar las instituciones para acosar y golpear a sus críticos bajo las reglas de una democracia normal, ¿se imaginan lo que harían con un régimen de excepción que suspende las garantías constitucionales?

Maras y carteles: realidades que no se mezclan

Más allá del peligro político, en el caso de Costa Rica un Estado de Excepción sencillamente NO se justifica. Quieren meter en un mismo saco realidades criminales que operan de forma totalmente distinta.

Las «maras» en El Salvador eran pandillas enfocadas en el control territorial de barrios, la extorsión directa y la violencia callejera focalizada. El monstruo que enfrentamos en Costa Rica es la penetración de carteles trasnacionales de la droga: crimen organizado de alta logística, redes complejas de lavado de dinero y manejo de rutas internacionales. Suspender los derechos de los ciudadanos de a pie en «zonas específicas» no va a desmantelar los capitales del narcotráfico. Lo único que logra una medida de este tipo aquí es debilitar nuestra histórica institucionalidad democrática, dándole un cheque en blanco a un gobierno intolerante a la crítica.

Un llamado a la defensa institucional

La historia nos exige estar a la altura del momento. Hago un llamado directo y urgente al Poder Judicial: ustedes son el último bastión de la legalidad en este país; no permitan que se atropelle nuestra Constitución. A la oposición en la Asamblea Legislativa: no cedan ni un milímetro ante el chantaje del populismo punitivo.

Y finalmente, a la prensa independiente y a la ciudadanía: es nuestro deber, hoy más que nunca, construir una narrativa propia, fuerte y basada en datos. No podemos permitir que la maquinaria de manipulación del oficialismo imponga su desinformación.

La democracia y las garantías ciudadanas cuestan generaciones construirlas, pero se pueden perder en la firma de un solo decreto «temporal».

Conciudadanos: No sacrifiquemos nuestra libertad por el espejismo de una falsa seguridad.

El tema de fondo: Las armas nucleares y su proliferación

Por Pablo Ruiz*

El tema de fondo no se debate: ¿Se deben tener armas nucleares? Hay nueve potencias nucleares. En el actual panorama, Francia aumentará su arsenal nuclear; el gobierno de Finlandia va a introducir una enmienda para poder tenerlas; y Alemania ya tiene las capacidades para fabricarlas cuando así lo quiera.

Mientras el mundo sigue por los medios de prensa la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán y, una y otra vez, se esgrime que se quiere frenar el Programa Nuclear que podría estar desarrollando Irán se sigue dejando fuera del debate por estos gobiernos, la prensa, y la comunidad internacional, el tema de fondo y, la paradoja, que tanto EEUU e Israel sí tienen armas nucleares las que también se denominan armas de destrucción masiva. También China, Rusia, Pakistán, Francia, Reino Unido, India y Corea del Norte son parte del selecto grupo de potencias nucleares.

Así mismo, en noviembre pasado, en el Portal de Noticias de las Naciones Unidas, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, señaló algo preocupante, sin dar más detalles, “advirtió… que el mundo podría pasar de 9 a “»25 ó 30″ países con armamento nuclear si se debilita el régimen internacional de no proliferación, al que calificó como un pilar esencial de «confianza y previsibilidad» en un escenario global fragmentado”. Sin embargo, Grossi no dijo a qué países se refería, «25 ó 30», que podrían disponer de armamento nuclear en un futuro.

El diario español El País señaló, en enero pasado, que el gobierno ruso acusó a Francia y Reino Unido de querer enviar armas nucleares a Ucrania; el presidente Zelensky lo negó. Sin embargo, en 2022 el tema de tener armas nucleares estuvo en la conversación como lo consignó el mismo diario español en el artículo “Ucrania presiona a sus aliados occidentales al abrir el debate sobre recuperar la bomba atómica”.

Por otro lado, el presidente francés, Emmanuel Macron, en este escenario complejo, y frente a las prioridades manifiestas que tienen los EEUU, sostuvo que Europa debe tomar el control “cada vez más directo de su propia seguridad”; señalando que “el orden basado en reglas está en ruinas” y que «para ser libre hay que ser temido y para ser temido hay que ser poderoso». En ese contexto, ordenó el aumento del arsenal nuclear francés.

El mismo panorama complejo, en América Latina, es compartido por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien dijo que en el actual escenario “pensamos en Defensa como disuasión porque, si no nos preparamos para defendernos, cualquier día alguien nos invade” y que “no necesitamos comprar de los ‘Señores de las Armas’. Necesitamos producir. Necesitamos hacerlo nosotros porque nadie nos ayudará”; aunque, reiteró que el continente debe seguir siendo una zona de paz.

En Finlandia el tema de las armas nucleares también está en el debate y el gobierno quiere introducir enmiendas para poder tenerlas. El ministro de Defensa, Antti Häkkänen, argumenta que el entorno de seguridad de Finlandia y Europa han cambiado de forma significativa desde el inicio de la guerra en Ucrania. “La propuesta del gobierno modificaría esta situación, permitiendo “introducir, transportar, entregar o poseer un arma nuclear en Finlandia, siempre que esté relacionada con la defensa militar del país”, declaró Häkkänen en una nota de BBC.

En Alemania el tema de tener sus propias armas nucleares también se ha estado analizando en los últimos años.

En el artículo “Germany’s new old nuclear dilemma”, de Marina Henke, profesora de Relaciones Internacionales en la Hertie School, la académica afirma que “Alemania se enfrenta a nuevas dificultades a la hora de gestionar su dependencia del paraguas nuclear estadounidense. El Zeitenwende alemán ha suscitado debates sobre posibles alternativas, incluidos acuerdos de uso compartido de armas nucleares con el Reino Unido y Francia. Al mismo tiempo, Alemania está realizando importantes inversiones en capacidades de ataque en profundidad y de defensa antimisiles”.

En una publicación de INFOBAE sobre armas nucleares en Europa se cita al general de brigada de Alemania, Frank Pieper, quien sostuvo que “Alemania necesita armas nucleares propias”. El general insiste en que estas deben ser “principalmente tácticas y móviles, capaces de hacer frente a la amenaza final procedente de Rusia”. Considera que la actitud de EEUU con Ucrania y Venezuela demuestra que “Alemania y Europa no pueden fundamentar su existencia en el paraguas nuclear estadounidense””.

Lo cierto, y esto basado en un Informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), es que Alemania sí dispone de las capacidades técnicas para fabricar sus propias armas nucleares.

El informe señala que “Alemania cuenta con capacidades en la mayoría de los ámbitos científicos, técnicos y de fabricación a un nivel tan amplio que le permitiría desarrollar un programa viable de armas nucleares, si decidiera hacerlo” y que “las actividades científicas, técnicas y de fabricación en curso en Alemania implican inevitablemente tecnologías de doble o múltiple uso que son relevantes para la armamentización nuclear”. El informe, se basa en “fuentes abiertas recopiladas” e indica que (supuestamente) “no hay indicadores actuales de actividades de proliferación dentro del Estado o a través de colaboraciones con otros Estados”.

Marina Henke en su artículo, citado anteriormente, confirma estas afirmaciones: “En lo que respecta a la latencia nuclear, Alemania sigue teniendo la capacidad técnica para desarrollar un arma nuclear si así lo desea” y que “por el momento, podría decirse que Alemania aún podría construir un pequeño arsenal nuclear, si realmente quisiera”, señala.

También recuerda en su artículo que “alrededor del 64 % de los alemanes se opone a la construcción de una bomba atómica alemana, mientras que sólo el 31 % está a favor y el 5 % no se pronuncia al respecto”.

Si bien es cierto que el canciller alemán, Friedrich Merz, públicamente ha rechazado la idea de un programa alemán de armas nucleares y ha mencionado su compromiso con el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, lo cierto es que tienen las capacidades para hacer lo contrario. Cabe preguntarse: ¿Es casualidad que tenga estas capacidades para justamente construir armas nucleares o las ha construido en silencio? ¿Por qué el OIEA no exige que se desmantelen estas capacidades como si se lo exige a la República Islámica de Irán?

En fin, el tema de fondo es que ningún país debería tener ni desarrollar armas nucleares. En ese sentido en la última década diversos países han hecho sentir su voz y han firmado el Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares (TPAN) el que entró en vigor el 22 de enero de 2021.

De acuerdo a la Alianza por el Desarme Nuclear, 95 países lo han firmado y 74 son Estados parte de este Tratado.

“Este acuerdo supone la prohibición del uso, desarrollo, producción, ensayo, amenaza y almacenaje de armas nucleares y obliga a los países que lo han ratificado hasta el momento a no ayudar, alentar o inducir de cualquier manera a nadie a realizar cualquier actividad prohibida por el Tratado”, señala la Cruz Roja.

El debate no debería ser si tener o no armas nucleares, el debate es que es hora que todas las naciones de la tierra se sumen a la prohibición definitiva de las armas de destrucción masiva.

* Pablo Ruiz es egresado de periodismo de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano e integrante del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile (organización afiliada a World BEYOND War y a la International Peace Bureau). Es editor de la Revista El Derecho de Vivir en Paz www.derechoalapaz.org

Fuentes:

https://news.un.org/es/story/2025/11/1540686

https://elpais.com/internacional/2026-02-24/el-kremlin-recupera-las-amenazas-nucleares-en-el-cuarto-aniversario-de-la-guerra-de-ucrania.html

https://elpais.com/internacional/2024-11-16/ucrania-presiona-a-sus-aliados-occidentales-al-abrir-el-debate-sobre-recuperar-la-bomba-atomica.html

https://www.france24.com/es/europa/20260302-macron-ordena-el-aumento-del-numero-de-cabezas-nucleares-del-arsenal-frances

https://www.infobae.com/espana/2026/01/14/el-debate-de-las-armas-nucleares-se-extiende-en-europa-la-necesidad-de-alemania-o-el-papel-clave-de-suecia-en-el-norte/

https://www.pagina12.com.ar/2026/03/10/lula-advierte-que-el-pais-que-no-se-prepare-puede-ser-invadido/

https://www.bbc.com/news/articles/c14m5llnrlpo

https://engelsbergideas.com/essays/germanys-new-old-nuclear-dilemma/

https://bit.ly/report_alemania

https://www.dw.com/es/merz-rechaza-la-idea-de-que-alemania-posea-armas-nucleares/a-76018455

https://desarmenuclear.org/el-tpan/

https://www2.cruzroja.es/web/ahora/-/entra-en-vigor-el-tratado-sobre-la-prohibicion-de-armas-nucleares

Foto: ICAN/Tim Wright

A contracorriente

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

El último fin de semana de marzo, cientos de miles de personas salieron a protestar en las principales ciudades de Estados Unidos y Europa.

En algo que parece ya habitual, el objeto de las protestas no puede ser otro que el impresentable presidente de Estados Unidos Donald Trump y sus políticas racistas, fascistas, terroristas, antihumanas.

La protesta es la tercera que se organiza en el marco de unas jornadas denominadas “no kings”, destinadas a desconocer el poder real y simbólico que Trump y sus aliados han instalado en un año que, si bien solo lleva tres meses, ya cuenta para el olvido.

Los casi nueve millones de personas que salieron a las calles de Estados Unidos a consignar su descontento y enojo, son la muestra de un motor civil y popular que poco a poco está perdiendo el miedo y se empodera de la única forma que puede un ser humano empoderarse en estos tiempos: convirtiéndose en un sujeto colectivo, político, fuerte, visible, claro.

El hartazgo a la arrogancia del mal habido presidente estadounidense es quizá la motivación de fondo para hacer salir de su confort a millones de personas.

Aquí es cuando uno se pregunta por qué si en otros contextos el hastío y el enojo son materia prima diaria, no se logró mostrar hasta ahora de forma visible y hasta contundente.

Las últimas semanas algunas acciones han sumado a la perplejidad con que hemos estado observando la performance presidencial en Costa Rica: la saliente y la entrante, que para los efectos son la misma cosa.

La urgencia con la que el gobierno costarricense aceptó el acuerdo migratorio que permite a Estados Unidos enviar 25 personas (si, personas) deportadas a territorio costarricense, solo se condice con lo que el internacionalista Carlos Murillo alerta: la relación Costa Rica-Estados Unidos no es una relación de Estado, sino que se enmarca en una cercanía personal, lo cual vuelve más peligroso, riesgoso y subordinado el rol costarricense en el concierto internacional.

Si esto no es ir contra corriente, observando las multitudinarias marchas del fin de semana, entonces vivimos en realidades paralelas.

Por último y no menos delirante, es la promesa de la presidenta electa Laura Fernández en utilizar el modelo de Bukele para “mediar” la inseguridad ciudadana. El terror ciertamente no es que sea una promesa, sino que, dado el alto apoyo a su enfoque populista, se termine instalando en el país un régimen que, al menos en El Salvador, ha cobrado cientos de vidas inocentes. Diversos informes de periodismo independiente y organismos de derechos humanos han dado cuenta de las atrocidades de este régimen de excepción.

¿Si esto no es ir contra corriente, en qué mundo dominado por la matrix estoy viviendo?

Costa Rica en fragmentos: territorio, emociones y la ruptura de lo común

Abelardo Morales Gamboa (*)

La crisis de Costa Rica no es solo institucional: es una ruptura en la forma en que distintos territorios viven, sienten y entienden lo que significa pertenecer al país. No estamos frente a un simple desgaste del sistema político, sino ante una transformación más profunda: el país ya no se experimenta de la misma manera en todos sus territorios.

La crisis de la hegemonía ha reconfigurado el mapa electoral, pero también ha alterado los marcos de sentido, las emociones políticas y las formas de subjetividad desde las cuales los ciudadanos se reconocen —o dejan de reconocerse— como parte de un territorio común.

Durante décadas funcionó un modo relativamente estable de integración social y política. Ese modelo descansaba en un Estado con capacidad de intervención, una economía con cierto anclaje interno, el papel de las clases medias y una institucionalidad que generaba horizontes compartidos. En ese entramado, la Iglesia católica jugó un papel clave como mediadora moral y territorial.

Ese equilibrio comenzó a erosionarse desde inicios de siglo y hoy el país aparece cada vez más fragmentado en territorios con trayectorias diferenciadas: algunos integrados a dinámicas económicas más dinámicas, otros marcados por el rezago, la precariedad y la incertidumbre.

Pero no se trata solo de desigualdades materiales. Se está configurando una territorialidad diferenciada del vínculo con el Estado. Hay territorios donde la institucionalidad mantiene cierta capacidad de respuesta y otros donde su presencia es débil, intermitente o percibida como ausente. En estos últimos, la vida cotidiana se organiza cada vez más a partir de arreglos informales, redes locales y formas no institucionalizadas de regulación.

Es ahí donde aparece un fenómeno clave: la fragilidad territorial no solo produce carencias, produce también subjetividades. Genera experiencias de abandono, incertidumbre y desprotección, pero también de búsqueda de reconocimiento y pertenencia.

No es lo mismo vivir en un territorio donde el Estado funciona que en uno donde las instituciones no aparecen. Esa diferencia no solo se mide en indicadores sociales: se vive como emoción política. Y esas emociones —rabia, frustración, miedo, pero también esperanza— terminan organizando la relación con la política.

Por eso, reducir los cambios electorales a dimensiones socioeconómicas resulta limitado. No se trata simplemente de que “los territorios más pobres votan de cierta manera”, sino de que territorios atravesados por determinadas economías emocionales tienden a producir alineamientos políticos particulares.

El ciclo electoral desde 2006 muestra la consolidación de ese proceso. La elección cerrada de ese año entre Óscar Arias y Ottón Solís evidenció una fisura del consenso político tradicional que se fue ampliando en los años siguientes. En el período más reciente emerge con mayor claridad una territorialización del malestar: el voto se organiza cada vez más a partir de experiencias localizadas de exclusión, abandono o inseguridad.

En ese contexto, cobran fuerza discursos que apelan a la confrontación entre “el pueblo” y “las élites”. Más que clasificarlos rápidamente como populistas, conviene preguntarse por qué encuentran eco en ciertos territorios y no en otros. La respuesta está en las condiciones sociales, institucionales y emocionales que hacen posible esa resonancia.

Aquí aparece otro elemento clave: la reconfiguración del campo religioso.

Si en el pasado la Iglesia católica operó como infraestructura de integración social y mediación política, hoy asistimos a una diversificación del campo religioso, marcada por la expansión de iglesias evangélicas que participan en las reconfiguraciones territoriales. Estas iglesias no son solo espacios de culto: son redes de apoyo, espacios de sociabilidad y marcos de regulación moral.

En territorios donde la presencia del Estado se ha debilitado, estas redes cumplen funciones que van más allá de lo religioso: ofrecen ayuda material, acompañamiento y sentido de pertenencia en contextos de incertidumbre. Su capilaridad territorial les permite insertarse donde otras instituciones no llegan.

Esto tiene implicaciones profundas. La fragmentación del campo religioso no solo refleja la fragmentación social; contribuye a ella, al producir órdenes morales y subjetividades diferenciadas territorialmente. En algunos casos, estas redes se articulan con actores políticos locales y liderazgos comunitarios, configurando formas de gobernanza híbrida.

Lo que está en juego no es solo una crisis del sistema político, sino una transformación más amplia de los pactos que sostienen la vida social. Se debilitan los marcos jurídicos, se erosionan los sistemas de protección social y se reconfiguran las identidades territoriales en torno a la incertidumbre.

En ese contexto, la política deja de ser únicamente un espacio de representación institucional y se convierte en un terreno donde se disputan emociones, sentidos y pertenencias.

El desafío no es simplemente recomponer el sistema político, sino reconstruir un horizonte común en una sociedad fragmentada.

Si la crisis es territorial, emocional y normativa, su salida no puede ser exclusivamente institucional. Requiere al menos tres desplazamientos urgentes.

Primero, reconstruir la presencia efectiva del Estado en los territorios, no solo como proveedor de servicios, sino como garante de derechos. No hay cohesión donde el Estado es vivido como ausencia.

Segundo, reconocer y atender las economías emocionales del malestar. Sin comprender las experiencias de abandono e incertidumbre, cualquier proyecto político seguirá hablando un lenguaje sin interlocutores.

Y tercero, reabrir espacios de mediación social y construcción de sentido colectivo, en un contexto donde iglesias, redes comunitarias y liderazgos locales están ocupando el vacío dejado por instituciones debilitadas.

No se trata de restaurar el pasado, sino de imaginar un nuevo pacto social capaz de articular territorios distintos y subjetividades fragmentadas en un proyecto común. Porque un país no se rompe únicamente cuando fallan sus instituciones, sino cuando deja de existir una experiencia compartida de pertenencia. Y hoy, quizás ese sea el desafío más urgente: volver a hacer posible que Costa Rica sea vivida —no solo nombrada— como un mismo país.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

La derrota civil de Giorgia Meloni

Walter Antillón

Si queréis ir en peregrinación al lugar donde nació vuestra Constitución, id a las montañas donde cayeron los partisanos, a las cárceles donde fueron presos, a los campos donde les ahorcaron. Allí donde murió un italiano para recuperar la libertad y la dignidad, id, oh jóvenes, con el pensamiento, porque allí nació nuestra Constitución.
Piero Calamandrei

I.– Los días 22 y 23 de marzo de 2026, con el apoyo manifiesto de la primera ministra Giorgia Meloni, se celebró en Italia un referéndum para que el pueblo avalara una reforma de la Constitución aprobada por el Parlamento en materia judicial. Los principales cambios eran:

  1. La división del Consejo Superior de la Magistratura en dos órganos distintos: uno para jueces y el otro para fiscales;
  2. La reducción del peso de los fiscales y los jueces en el Consejo;
  3. ​La introducción del sorteo para la designación de los miembros del Consejo;
  4. La creación de un tribunal disciplinario, separado del Consejo Superior de la Magistratura.

Por debajo de sus argumentos técnicos, la reforma de Meloni buscaba destruir el sistema organizacional implantado con el Consejo Superior de la Magistratura en la Constitución del 48, al cual deben su independencia y su dignidad los jueces y los fiscales italianos.

Pero más del 53 % de los votantes dijo: NO. La mayoría del pueblo dio un voto de confianza a sus fiscales, a sus jueces y a su Consejo Superior; y tenía fundadas razones para ello, como veremos: el tema tiene su historia.

II.– De conformidad con el principio básico del régimen fascista de Mussolini: “Todo en el Estado, nada contra el Estado», durante los 23 años de la existencia de dicho régimen (1922-1945) la independencia deja de ser una condición inherente a las funciones jurisdiccionales. El resultado fue un cuerpo de jueces y fiscales sumiso ante las decisiones, las orientaciones e incluso los caprichos del Duce. Desaparece de Italia toda garantía de tutela de los derechos de las personas y el autoritarismo toma el lugar de la ley, ante la mirada pasiva de cortes y tribunales. Irónicamente, durante ese período los más connotados juristas redactan espléndidos códigos, pero están conscientes de que, en última instancia, mientras el Dictador conserve su poder, no prevalecerán los principios ni las normas de esos Códigos ni del Estatuto Albertino, sino la pulsión autoritaria de aquél.

III.– La Segunda Guerra Mundial culmina en 1945 con la derrota del Fascismo italiano y alemán, por obra de las tropas aliadas ayudadas por los movimientos partisanos representantes de los intereses populares, sobre todo de Italia y Francia. En ambos países se forma Gobiernos de Coalición con un fuerte componente popular, y se convoca a la integración de asambleas constituyentes para implantar las bases republicanas, democráticas y de justicia social del nuevo Estado.

En el proceso constituyente italiano, con más de 500 diputados, intervienen ilustres juristas como Lellio Basso, Costantino Mortati, Tomasso Perassi y Piero Calamandrei, junto con políticos como Aldo Moro, Palmiro Togliatti, Umberto Terracini, Pietro Nenni y el gran filósofo Benedetto Croce, entre muchos otros; y el resultado fue una constitución innovadora y progresista, con valiosos hallazgos normativos que luego la Corte Constitucional ha desarrollado fructíferamente.

Entre las grandes innovaciones que se introduce en el texto constitucional están, precisamente, la creación de la Corte Constitucional y la de un nuevo órgano: el Consejo Superior de la Magistratura. Este último, en particular, responde a la preocupación que muchos sentían con respecto al Poder Judicial a partir de la terrible experiencia de la pseudo-justicia fascista sufrida hasta hacía pocos años. ¿Cómo evitar que vuelva a ocurrir algo semejante? ¿Cómo propiciar la actuación de jueces y fiscales cultos, honestos, independientes e imparciales, defensores de la Constitución y los Derechos Humanos? Era necesario ser originales: pensar en un ente de rango supremo, al mismo nivel del Parlamento, conjurando a la vez los peligros del corporativismo y la jerarquización.

La instalación y el funcionamiento del Consejo Superior de la Magistratura marca un antes y un después en la historia de Italia: el órgano se funda en el principio de la absoluta paridad (sólo se diferencian en las funciones que desempeñan), y a él están sometidos, con igual tratamiento, desde el primer presidente de la Corte de Casación hasta el más modesto agente fiscal. El CSM está integrado mayoritariamente por jueces y fiscales electos por sus colegas de todo el país, en votación directa y secreta, aunque cuenta también con miembros que son académicos y abogados litigantes.

Al ocuparse eficazmente de una rigurosa formación de los aspirantes promocionados, proporcionándoles garantías de continuidad, seguridad y decoro, un salario adecuado, etc., el CSM produjo una nueva calidad de jueces y fiscales que muy pronto se hizo notar, exaltando la Constitución y actuando sin temor y con firmeza frente a los grandes poderes jurídicos y fácticos; y los resultados son historia.

IV.– Resultados del sistema: a) Unos 20 jueces y fiscales, entre ellos los fiscales Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, fueron asesinados entre 1984 y 1992, como respuesta de la Mafia por sus acusaciones y procesos. El fiscal Giovanni Falcone coordinó las acusaciones que culminaron con la condena de más de 500 mafiosos.

V.– Resultados del sistema: b) Bajo los procesos de la operación «Manos Limpias” (mani pulite) iniciada en 1992 por parte de los fiscales y jueces Antonio Di Pietro, Piercamillo Davigo, Gherardo Colombo, Pierluigi Zanchetta, Francesco Saverio Borrelli, Giuliano Turone, Edmondo Bruti Liberati y muchos otros, contra la corrupción gubernamental y empresarial que agobiaba a Italia, se efectuó más de 5 mil indagatorias (entre ellas a cuatro ex primeros ministros, decenas de ministros y 200 parlamentarios), y se saldó con 1300 condenas judiciales contra ministros, directores de empresas públicas, diputados, industriales, banqueros, navieros, militares, etc.

VI.– Resultados del sistema: c) durante 30 años los jueces y fiscales italianos promovieron y tramitaron 86 procesos judiciales contra el multimillonario Silvio Berlusconi, dueño de un imperio mediático, comercial e industrial en Italia y Europa: senador y primer ministro de Italia en varios períodos, con amplias mayorías en el Senado y la Cámara de Diputados. A pesar de su inmenso poder político y económico, Berlusconi fue condenado muchas veces por los jueces italianos por fraude fiscal, tratos con la Mafia, soborno de funcionarios, corrupción de menores, etc., pero fue absuelto en múltiples ocasiones por prescripción del delito, y otras tantas fue indultado; aunque finalmente tuvo que cumplir pena de prisión y de trabajo social por el delito de fraude fiscal, y perdió su credencial de Senador. Durante años Berlusconi usó toda su influencia y poder en tratar de reformar y someter el sistema de la Justicia de su país, pero no lo consiguió. La muerte en 2023 lo libró de los últimos procesos.

VII.– La ultraderechista Giorgia Meloni proviene del fascista Movimiento Social Italiano (MSI) fundado por Giorgio Amirante, un acólito de Mussolini. Su alianza con la Liga Lombarda de Salvini y con Forza Italia, de Berlusconi (ambos igualmente pro-fascistas) le dio el triunfo en las urnas en 2022. Todas las tres tendencias mencionadas son hostiles a la Constitución de 1948 y, naturalmente, a la existencia del Consejo Superior de la Magistratura, al que responsabilizan de la beligerancia fiscal y judicial que, en su momento, desarticuló la Mafia Siciliana, barrió con Tangentopoli (el país de los sobornos) y durante 30 años, sin otra fortaleza que la Constitución y las leyes, persiguió judicialmente al poderoso multi-reincidente Silvio Berlusconi.

Meloni quiere despejar de obstáculos el camino de su proyecto presidencialista, y a la vez asegurarse de que no se repita, con ella y sus aliados, la saga judicial berlusconiana. Ello explica su empeño de descuartizar el Consejo Superior de la Magistratura: empeño plasmado materialmente en la relativa reforma constitucional aprobada por el Parlamento, y en la sucesiva campaña oficial para obtener un referéndum aprobatorio.

Pero el pueblo italiano rechazó sus pretensiones; y al hacerlo escribió una página gloriosa de reconocimiento y elogio para sus jueces y sus fiscales.