En tiempos de cansancio institucional, inseguridad ciudadana y frustración democrática, las propuestas de transformación profunda encuentran terreno fértil. Costa Rica no escapa a esa realidad. El deterioro de servicios públicos, la lentitud administrativa, la crisis de confianza en la política y la percepción de agotamiento del aparato estatal han abierto paso a discursos que prometen eficiencia, orden, autoridad y refundación.
En ese contexto comienza a instalarse con fuerza una idea particularmente poderosa: la necesidad de una “Tercera República”.
La expresión posee enorme potencia simbólica. Sugiere ruptura histórica, renovación nacional y superación de un modelo aparentemente agotado. Sin embargo, precisamente por la magnitud de lo que implica, conviene detenerse antes de asumirla como una verdad evidente o un destino inevitable.
Porque una república no es únicamente un aparato administrativo susceptible de rediseñarse según criterios de eficiencia. También es un pacto histórico, social y constitucional construido alrededor de ciertos principios fundamentales.
La Segunda República costarricense no surgió solamente de una reorganización institucional posterior a 1948. Surgió también de una concepción específica de ciudadanía, de Estado y de democracia. De ella nacieron —con todas sus contradicciones y limitaciones— las garantías sociales, la expansión educativa, la consolidación de la seguridad social, el fortalecimiento institucional y una determinada idea de movilidad social y bienestar colectivo.
Eso no significa afirmar que dicho modelo permanezca intacto ni que esté exento de crisis profundas. Sería absurdo negarlo. Costa Rica enfrenta problemas reales de burocratización, desigualdad, mora institucional, inseguridad, deterioro educativo y desconfianza ciudadana. Muchas instituciones requieren revisión, modernización y reforma. La discusión no puede reducirse a una defensa nostálgica del pasado.
Pero justamente por eso resulta necesario formular algunas preguntas incómodas.
¿Existe realmente un consenso nacional sobre la necesidad de inaugurar una “Tercera República”? ¿Conocemos con claridad cuáles serían sus principios fundacionales? ¿Qué elementos del pacto social construido durante décadas se consideran agotados y cuáles deberían preservarse? ¿Qué papel ocuparían los derechos sociales, la seguridad social, la educación pública y los límites al poder dentro de ese nuevo proyecto republicano?
Porque toda refundación implica siempre una selección política e ideológica. Toda transformación profunda redefine ganadores, perdedores, prioridades y formas de ciudadanía.
Y aquí surge un aspecto particularmente delicado. Buena parte de los discursos contemporáneos de reforma estatal se presentan bajo conceptos aparentemente neutros: eficiencia, modernización, gobernanza, productividad, resultados o competitividad. Sin embargo, detrás de esos términos también pueden esconderse procesos de concentración de poder, debilitamiento de controles institucionales, reducción progresiva de capacidades públicas y sustitución de la ciudadanía social por una lógica puramente administrativa o mercantil.
La pregunta de fondo no es si Costa Rica necesita cambios. Probablemente sí los necesita. La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿qué tipo de país se está construyendo a través de esos cambios?
En una época marcada por el avance global de liderazgos fuertes, el desgaste de las democracias liberales, la expansión de discursos anti institucionales y el crecimiento de nuevas derechas políticas y culturales, conviene actuar con cautela histórica. Las repúblicas no solo se deterioran por inmovilismo; también pueden erosionarse cuando la promesa de eficacia convierte los límites democráticos en obstáculos y la complejidad institucional en enemiga de la voluntad popular.
Quizá la discusión nacional no debería centrarse únicamente en si queremos o no una “Tercera República”. Tal vez la verdadera discusión consista en preguntarnos qué entendemos por democracia, qué queremos conservar de nuestra tradición republicana y cuáles principios no estamos dispuestos a sacrificar en nombre de la eficiencia o la velocidad política.
Porque reformar una república es relativamente sencillo. Lo difícil es evitar perder, en el proceso, aquello que la hacía digna de ser preservada.
Sin embargo, toda transformación republicana también termina expresándose en el terreno educativo. Toda república forma un determinado tipo de ciudadanía. Ningún modelo de Estado puede sostenerse sin una concepción implícita de ser humano, de libertad y de sociedad. Por eso las discusiones educativas nunca son técnicamente neutrales. Detrás de cada reforma curricular existe siempre una pregunta política más profunda: ¿qué tipo de sujeto necesita el país que se intenta construir?
En los últimos años empieza a consolidarse un discurso que concibe la educación principalmente como herramienta de productividad, capacitación tecnológica y adaptación al mercado laboral. El énfasis en habilidades técnicas, innovación y formación para el trabajo responde, sin duda, a desafíos reales de un mundo atravesado por transformaciones tecnológicas aceleradas. Negar esa necesidad sería irresponsable.
El problema aparece cuando esa visión desplaza progresivamente otras dimensiones fundamentales de la educación democrática. Una sociedad no educa solamente para producir. También educa para comprender críticamente el mundo, deliberar públicamente, convivir con la diferencia, interpretar la realidad histórica y ejercer ciudadanía más allá del consumo o la productividad.
Por eso resulta preocupante el creciente desprecio hacia las humanidades, la teoría educativa, la reflexión pedagógica y la formación crítica, frecuentemente caricaturizadas como “mamotretos teóricos” alejados de la realidad. Reducir la educación a entrenamiento técnico implica empobrecer el horizonte mismo de la democracia.
Las democracias constitucionales no sobreviven únicamente con trabajadores eficientes. Necesitan ciudadanos capaces de pensar, cuestionar, interpretar información, reconocer discursos de poder y participar críticamente en la vida pública.
La pregunta entonces vuelve a aparecer con fuerza: ¿la eventual “Tercera República” busca modernizar el país preservando una ciudadanía democrática integral o está impulsando, consciente o inconscientemente, una transición hacia un modelo de sociedad donde la eficiencia productiva termine desplazando progresivamente la formación humanística y el pensamiento crítico?
Porque toda transformación institucional profunda termina reflejándose también en las aulas. Y quizá sea allí —más que en los discursos políticos— donde realmente se define el tipo de país que una generación heredará a la siguiente.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público, UCR nboeglin@gmail.com
El pasado 4 de mayo, iniciaron en La Haya, en la majestuosa sala de audiencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), las audiencias orales en el marco del procedimiento contencioso iniciado por Guyana contra Venezuela.
Cabe recordar que la demanda sobre esta antigua controversia territorial irresuelta heredada del siglo XIX, fue presentada formalmente por Guyana ante la CIJ en el mes de marzo del 2018.
Estas audiencias orales constituyen la última etapa procesal de ambos Estados antes de escuchar la lectura final del fallo sobre el fondo por parte de la CIJ.
El contexto político del 2017-2018 en breve
Esta controversia territorial, como tuvimos la ocasión de señalarlo en el 2018, tiene un fuerte olor a petróleo y es posiblemente la primera vez en toda la historia de la CIJ que una empresa petrolera norteamericana anuncia públicamente asumir los costos de la defensa legal de un Estado en La Haya (Nota 1), estimados en unos 15 millones de US$ para cada uno de los Estados (Nota 2).
Como elemento adicional para entender mejor la fuerte contienda entre el secretario de Estado de Estados Unidos en el 2017 (Rex Tillerson) y las máximas autoridades de Venezuela, hay que añadir el siguiente hecho: Venezuela logró en marzodel 2017 que un tribunal arbitral de apelación anulara parcialmente los términos de una decisión inicial de un tribunal arbitral del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estados) del 2014. Esta última condenaba a Venezuela a pagar más de 14.000 millones de US$ a Exxon Mobil y a sus asociados en Venezuela por las nacionalizaciones ordenadas a partir del 2007 (véase texto del laudo). El texto completo de esta segunda decisión del CIADI, de marzo del 2017, muy pocamente divulgada, está disponible en este enlace. Revisar un monto indemnizatorio por más de 14.000 millones de US$ para ordenar en su lugar el pago de 188 millones merecía, en nuestra opinión, una mayor difusión en medios de prensa y en algunos círculos especializados en materia de arbitraje de inversión; además de un estudio pormenorizado sobre el estado de ánimo de los directivos de Exxon Mobil, cuyo CEO fue designado Secretario de Estado en Estados Unidos en enero del 2017 (y “agradecido” vía un simple tweet presidencial en marzo del 2018: véase nota de la BBC).
Si nuestros estimables lectores ignoraban que un tribunal de apelación del CIADI le había dado razón a Venezuela en marzo del 2017 revisando sustancialmente el monto de 14.000 millones fijados previamente como indemnización a Exxon Mobil, no deben preocuparse: usualmente las decisiones del CIADI desfavorables para el inversionista extranjero pasan casi desapercibidas.
Lo que está en juego para Venezuela y para Guyana
El fuerte olor a petróleo probablemente no logre ingresar del todo en la sala de audiencias de la CIJ en La Haya, debiendo cada una de las partes limitarse a invocar aspectos históricos y jurídicos ante los quince jueces de la CIJ para determinar quién tiene la titularidad sobre una superficie de unos 159.000 kilómetros cuadrados.
Mientras que Guyana ha solicitado en su demanda a la CIJ confirmar la plena validez de un laudo arbitral que data de 1899 (véase texto de dicho laudo), muy favorable a Inglaterra, Venezuela cuestiona la validez de esta decisión arbitral, luego de descubrirse en 1949 un documento confirmando el contubernio existente entre el presidente de aquel tribunal arbitral (un ruso) con los integrantes ingleses y norteamericanos del mismo (Nota 3), y luego de suscribir Guyana y Venezuela en 1966 un acuerdo en Ginebra (véase texto) para buscar una solución acordada entre ambos Estados a esta controversia territorial, heredada de la época colonial.
Darle plena validez (o no) a un despojo territorial a Venezuela revestido de laudo arbitral, negociado entre Estados Unidos e Inglaterra al final del siglo XIX, es lo que se discute desde el 4 de mayo del 2026 en La Haya.
Desde el punto de vista territorial, esta controversia constituye un caso atípico: a diferencia de las numerosas controversias territoriales que han sido llevadas al conocimiento de la CIJ desde su creación en 1945, en juego está una extensión de territorio que multiplicaría por más de dos la actual extensión territorial de Guyana.
Mapa de la denominada «Guayana Esequiba», tal y como se designa en Venezuela, extraído de esta nota de prensa titulada «Venezuela acusa a Guyana de depredar territorio en disputa y robar petróleo, gas y oro», El Carabobeño, en su edición del 15 de enero del 2025
No está de más indicar el carácter bastante insólito en cuanto a la composición del tribunal que dictaminó el laudo en 1899 entre Inglaterra y Venezuela en la historia del arbitraje inter-estatal: un ruso (presidente), dos ingleses y dos norteamericanos. Usualmente, en materia arbitral, si el árbitro es un órgano colegial, los dos Estados designan cada uno a juristas de su nacionalidad para integrarlo.
Mientras que Guyana intentará hacer ver algunas contradicciones dentro del aparato diplomático de Venezuela a lo largo de la historia, así como algunas inconsistencias más recientes observadas en la misma defensa de Venezuela desde el 2019 ante la CIJ, varios documentos adicionales de archivos históricos aportados por Venezuela buscarán posiblemente demonstrar el sesgo del procedimiento arbitral «negociado» entre Estados Unidos e Inglaterra a finales del siglo XIX. Es muy probable que Venezuela haga también ver en estas audiencias del 2026 que documentos en posesión de Estados Unidos y del Reino Unido que datan de finales del siglo XIX persisten en la actualidad en no ser desclasificados.
Las audiencias orales en breve
La larga lista de asesores internacionales contratados para la ocasión por Guyana así como por Venezuela aparece en las primeras páginas de los verbatim de este 4 de mayo (véase verbatim correspondiente a la sesión de la mañana y verbatim correspondiente a la sesión de la tarde, correspondientes ambas a la exposición hecha por Guyana).
En el segundo día de audiencias fue Venezuela la llamada a comparecer (véase verbatim de la sesión de la mañana y verbatim de la tarde).
Durante las audiencias orales, el Estado demandante (Guyana en este caso) es el que presentó inicialmente sus argumentos, seguido luego de la exposición oral de los contra argumentos presentados por el Estado demandado (Venezuela); para concluir con una segunda ronda de alegatos de cada una de las dos partes.
Como lo indica la práctica del litigio internacional ante la CIJ, las audiencias orales, que son públicas, permiten conocer los mejores argumentos de cada una de las partes, usualmente invocados tan solamente en este momento procesal y no antes, al constituir las audiencias orales la última recta de un procedimiento contencioso: en efecto, al cabo de estas audiencias, la CIJ entrará a deliberar y a elaborar su fallo final sobre el fondo.
Para esta contienda, cada una de las partes designó a un juez ad hoc, Guyana optando por un jurista alemán, y Venezuela por un jurista belga, quien fungió durante muchos años (2000-2019) como secretario de la misma CIJ.
Este 8 de mayo, Guyana presentó sus alegatos finales y sus conclusiones y petitoria final (estas últimas disponibles en las páginas 66-67 del verbatim). Se prevé que Venezuela hará lo mismo el 11 de mayo cerrando de esta manera estas audiencias e iniciando la CIJ el «délibéré«.
El historial de decisiones de la CIJ entre Guyana y Venezuela (en muy breve)
Cabe recordar que Guyana presentó su demanda inicial el 29 de marzo del 2018 (véase texto), optando en aquel momento Venezuela por no comparecer ante la CIJ, en señal de rechazo a esta acción unilateral de Guyana, desafiando a su manera la autoridad de la CIJ.
En las audiencias orales realizadas en junio del 2020, únicamente participó la delegación de Guyana (véase verbatim) en presencia del juez ad hoc de Guyana, Venezuela optando por no hacerse presente ni designar a un juez ad hoc. ¿Qué ganó Venezuela? No mucho: tuvimos la ocasión de advertir en su momento de lo improductivo que resulta el optar por la no comparecencia en La Haya, al privarse el mismo Estado de presentar sus contra argumentos a los jueces de la CIJ desde un inicio (Nota 4). En julio del 2020, Venezuela remitió una carta a la CIJ (véase texto) con argumentos que debió presentar en las audiencias a las que optó por no participar.
Como previsible, el 18 de diciembre del 2020, la CIJ se declaró competente para conocer la demanda de Guyana (véase sentencia, en particular el párrafo final operativo 138), completada por una decisión adicional en el 2023 al haber Venezuela presentado de manera tardía una excepción preliminar (véase sentencia del 6 de abril del 2023, en particular el párrafo final operativo 108). Habíamos tenido la oportunidad de analizar el verdadero giro en la estrategia legal de Venezuela, observado en el 2022: véase al respecto la sub-sección “La estrategia escogida por Venezuela y el giro operado en junio del 2022” de una nota nuestra (Nota 5).
Es de notar, con relación a la decisión del 18 diciembre del 2020, que fueron cuatro los integrantes de la CIJ en sostener que la CIJ no debía declararse competente: al respecto sus declaraciones y sus opiniones individuales merecen lectura. Tal y como tuvimos la ocasión de indicarlo al analizar esta decisión y revisar la advertencia lanzada por estos cuatro jueces,
«Siendo el principio del consentimiento previo de los Estados la piedra angular sobre la que ha reposado desde siempre la justicia internacional, estos cuatro jueces advierten, cada uno a su manera, del riesgo que conlleva para la credibilidad de la CIJ el razonamiento seguido por la mayoría de sus colegas en este fallo» (Nota 6).
En una decisión posterior preliminar (ordenanza), la CIJ respondió afirmativamente a una solicitud de medidas provisionales de carácter urgente, interpuesta por Guyana contra Venezuela, al anunciar Venezuela proceder a una consulta popular dentro del territorio en disputa (véase ordenanza del 1ero de diciembre del 2023, en particular el párrafo operativo final 45).
El plazo que separa una demanda de la lectura de una sentencia de la CIJ sobre el fondo
La indecisión inicial de Venezuela, aunada a la presentación tardía de excepciones preliminares de su parte, explica el extenso tiempo que separa estas audiencias orales sobre el fondo (mayo del 2026) de la demanda inicial interpuesta por Guyana (marzo del 2018).
Usualmente, si no hay incidentes procesales de este tipo (presentación de excepciones preliminares, solicitud de medidas provisionales, …), el plazo entre una demanda contenciosa y la lectura de un sentencia sobre el fondo es de unos cuatro años e incluso menos: fue, por ejemplo, el caso de la demanda interpuesta por Costa Rica contra Nicaragua sobre derechos de navegación en el Río San Juan, interpuesta en noviembre del 2005 y resuelta por la CIJ en el mes de julio del 2009 (véase sentencia), de manera muy desfavorable para Costa Rica (Nota 7). De igual manera, la demanda de Costa Rica contra Nicaragua en materia de delimitación marítima presentada en febrero del 2014 fue resuelta en febrero del 2018 (véase sentencia de la CIJ).
En cambio, cuando el Estado demandado recurre a diversos incidentes procesales y además, solicita la intervención de Estados terceros que acceden a intervenir de manera tardía, el plazo se extiende significativamente: fue el caso de la demanda interpuesta en diciembre del 2001 por Nicaragua contra Colombia con relación al sus derechos en el Mar Caribe, resuelta tan solo en el mes de noviembre del 2012 (véase sentencia). Nótese que a raíz de este fallo, Colombia procedió a hacer algo que nunca ningún Estado había hecho: denunciar un emblemático tratado que lleva el nombre de su capital. Al respecto, tuvimos la ocasión de señalar que:
» Ce retrait de la part de la Colombie du Pacte de Bogota ressemble davantage à un coup de tête et à une manœuvre politique pour répondre à la frustration de l´opinion publique colombienne qu´à un acte juridique raisonné et raisonnable. Il serait d´ailleurs souhaitable de comparer cette attitude à d´autres modalités prises par des Etats « à chaud » suite à une décision de la CIJ considérée comme leur étant défavorable (notamment lorsqu´il s´agit d´un Etat puissant au plan militaire ou économique qui voit ses ambitions limitées para une décision de la CIJ à la demande d´un Etat qui l´est beaucoup moins). Au-delà de cet exercice de politique juridique comparée, il sied de noter qu´avec ce retrait, la Colombie devient probablement le premier Etat au monde à dénoncer un traité international portant le nom de sa capitale » (Nota 8).
A modo de conclusión
Esta recta final de este procedimiento contencioso debería permitir a la CIJ pronunciarse sobre una de las últimas controversias territoriales no resueltas en el continente americano, heredada del siglo XIX entre Venezuela e Inglaterra, con una decisión arbitral bastante cuestionable, dictaminada en 1899 en favor de Inglaterra.
Cabe recordar que es precisamente a raíz de esta mala experiencia vivida en 1899 en materia arbitral, y la sensación de haber sido burlada, que Venezuela históricamente se ha mostrado extremadamente reticente y distante con la justicia internacional de La Haya: esta posición explica que, pese a haber firmado el Pacto de Bogotá en 1948, Venezuela nunca lo haya ratificado (véase estado oficial de firmas y ratificaciones).
Es de notar que la situación de indeterminación entre Guyana y Venezuela sobre la titularidad de esta extensa zona boscosa desde hace tantos años, ha permitido frenar cualquier megaproyecto de inversión y frenar los apetitos de unos y otros por explotar los recursos naturales existentes, resguardando de esta manera la prodigiosa biodiversidad existente y los paisajes naturales de lo que en Venezuela se denomina la “Guayana Esequiba”.
Foto de las cataratas de Kaieteur en el río Potaro, región que en Venezuela se denomina la «Guayana Esequiba». Imagen extraída de esta nota de prensa titulada «El Esequibo, una joya inundada de petróleo que se disputan Venezuela y Guyana», El Clarín, edición del 29/06/2020. Un video sobre estas majestuosas cataratas está también disponible en este enlace.
Es de notar que el 3 de enero del 2026, Venezuela sufrió una agresión militar y el secuestro de su máxima autoridad por parte de Estados Unidos, en abierta violación a las reglas más elementales del ordenamiento jurídico internacional (Nota 9): a la fecha (mayo del 2026), Venezuela no ha considerado oportuno presentar ninguna acción contra Estados Unidos, ni ha propuesto un solo proyecto de resolución en Naciones Unidas a ser votado en la Asamblea General o a discutirse en el Consejo de Seguridad (de manera a exponer a la delegación de Estados Unidos). Una actitud que contrasta singularmente con la de Ucrania, que luego de la agresión militar que inició Rusia en su contra el 24 de febrero del 2022, ha recurrido a los diversos órganos de Naciones Unidas, así como a la CIJ e incluso a la Corte Penal Internacional (CPI); ello sin olvidar de mencionar, más cerca de nosotros, la ejemplar batalla legal que Nicaragua emprendió en La Haya en los años 80 contra Estados Unidos por adiestrar, financiar y asesorar militarmente a fuerzas contra insurgentes desde Costa Rica y Honduras, logrando obtener a su favor una histórica decisión de la CIJ condenando a Estados Unidos (véase sentencia de junio de 1986).
En sus alegatos ante los jueces de La Haya, Venezuela invocó los efectos negativos de la doctrina Monroe del siglo XIX, que explican la forma expedita y sumamente sospechosa con la que el tribunal arbitral resolvió la controversia entre Inglaterra y Venezuela en 1899. Al ser la Venezuela del 2026 víctima de la denominada doctrina Donroe, la referencia hecha no deja de ser llamativa.
Cabe también señalar que estas audiencias orales de este mes de mayo del 2026 fueron precedidas de unas pocas semanas por el 80 aniversario de la CIJ, una fecha pasada prácticamente desapercibida en América Latina y en otras latitudes del mundo, tal y como tuvimos la ocasión de señalarlo en una nota al respecto (Nota 10).
No está de más precisar que, en el marco de la contienda de Irán contra Estados iniciada en el 2018 para recuperar los activos iraníes congelados en bancos norteamericanos, en el 2023, la CIJ le dio la razón a Irán, y, el 25 de febrero del 2026, la CIJ inició la fase de compensación mediante una ordenanza (véase texto en francés y en inglés): tres días después, Estados Unidos e Israel iniciaron su improvisada acción militar contra Irán.
– – Notas – –
Nota 1: Tuvimos la ocasión de señalar en una nota nuestra que: «es de notar que los costos de Guyana en La Haya serán cubiertos por la empresa norteamericana Exxon Mobil (véase nota de prensa del medio guyanés Oilnow). Es probablemente la primera vez en la historia de la CIJ que una empresa privada hace público su intención de sufragar los gastos de defensa en La Haya de un Estado (y que este último consiente a ello). En este caso, las autoridades guyanesas estiman el costo en La Haya en unos 15 millones de US$ (véase nota de prensa y este artículo en el que se hacen interesantes preguntas sobre el monto y los tiempos con los que fue anunciada la contribución de la empresa petrolera). En esta nota oficial del 28 de abril del 2018 de las autoridades de Guyana, se precisa que «Government had announced that some US$15M of the US$18M signing bonus received from ExxonMobil in 2016 will be used as payment for services relative to the ICJ case»«: véase BOEGLIN N., «.La ordenanza de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con relación a la súbita demanda de Guyana contra Venezuela: apuntes», 2 de julio del 2018. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 2: En el 2018, en Chile se estimó a 24 millones de US$ lo gastado para enfrentar la demanda interpuesta por Bolivia ante la CIJ (véase nota de prensa y esta otra publicada en Bolivia). Por su parte, Colombia, al obtener el retiro de la demanda planteada por Ecuador ante la CIJ por aspersiones químicas aéreas interpuesta en el 2008, optó por depositar a Ecuador en el 2013 la suma de 15 millones de US$ (que incluye, entre otros, los gastos de Ecuador en el procedimiento ante la CIJ – ver punto 9 del acuerdo entre Colombia y Ecuador del 9/09/2013)
Nota 3: Ante los jueces de la CIJ, este 6 de mayo, uno de los asesores legales de Venezuela explicó que: «Le fait est que c’est à partir de ce mémorandum que le Venezuela a considéré qu’il disposait d’une première preuve directe de ce qui n’était jusque-là que rumeurs, à savoir que l’arbitrage de 1899 était une sordide farce. La question de la solidité de cette preuve est indifférente à cet égard mais, et j’y reviendrai, le témoignage de Mallet-Prevost est inattaquable quant aux faits qu’il décrit, comme le professeur Tams l’a déjà démontré» (véase verbatim del 6 de mayo, página 62). Indicó además que «81. N’en déplaise au Guyana, le mémorandum Mallet-Prevost a changé le cours des choses en ouvrant la voie vers la mise à jour d’un ensemble de preuves des malversations dont le Venezuela avait été victime. C’est de là qu’apparut au grand jour la monstruosité de ce prétendu arbitrage. La première preuve, largement confirmée par la suite, était apportée, que le défaut de motivation ne cachait pas des motivations non dites, ce à quoi, dans le doute, l’on aurait pu croire ; non, il n’y avait aucune motivation, la sentence était le fruit d’une extorsion pure et simple d’un président de tribunal avide d’une gloire personnelle qu’il plaçait dans l’obtention, à tout prix, et surtout au détriment de tout fondement juridique, d’une décision unanime attribuant les mines d’or aux Anglais» (páginas 69-70).
Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Esequibo: Venezuela anuncia que no participará ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, 28 de junio del 2018. Texto integral disponible en este enlace. Tuvimos la oportunidad de analizar la no comparecencia posterior, registrada en La Haya: se trata de la no comparecencia de Rusia ante la demanda interpuesta en su contra por Ucrania en febrero del 2022. Véase al respecto BOEGLIN N., «La fuerza del derecho ante el derecho a la fuerza (el caso de Ucrania y Rusia). A propósito de la no comparecencia de Rusia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, Portal de la UCR, 23 de marzo del 2022. Texto disponible aquí. Sobre la no comparecencia de Venezuela en el 2018, véase también WENTKER A., «Venezuela’s Non-Participation Before the ICJ in the Dispute over the Essequibo Region«, EJIL-Talk, 28 de junio del 2018. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 5:: Véase BOEGLIN N., “La Corte Internacional de Justicia (CIJ) adoptó una nueva ordenanza sobre el conflicto territorial entre Guyana y Venezuela”, Portal de la UCR, Sección Voz Experta, 4 de julio del 2022. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 6: Véase BOEGLIN N., «Guyana / Venezuela: a propósito de la reciente decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la que se declara competente«, 18 de diciembre del 2020. Texto integral disponible en este enlace. Las conclusiones de un extenso análisis de esta decisión de la CIJ de diciembre del 2020 publicado en Francia no auguran una resolución definitiva de esta larga controversia territorial entre Guyana y Venezuela: véase GRANDAUBERT V., «L’arrêt sur la compétence de la Cour internationale de Justice du 18 décembre 2020 en l’affaire de la Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 : vers un règlement définitif du différend territorial entre le Guyana et le Venezuela » ?«, Annuaire Français de Droit International (AFDI), Volumen 66 (2020), pp. 357-373, p. 373.
Nota 7: Si se revisan las atribuciones reconocidas a Costa Rica en materia de vigilancia y «guarda» del Río San Juan en el tratado Cañas Jerez de 1858, si se revisa lo que Nicaragua aceptó durante buena parte del siglo XIX y XX en cuanto a la práctica y las modalidades de estas funciones policiales costarricenses en este río fronterizo, y en particular en la época reciente, en el acuerdo Cuadra-Lizano de 1998 (véase texto), el hecho que Costa Rica presentara una demanda contenciosa contra Nicaragua en noviembre del 2005 para escuchar por parte de la CIJ lo que dice el párrafo 156, inciso 2, punto h) e i) (tomados ambos por unanimidad) de la sentencia de julio del 2009 (véase texto), prohibiéndole a Costa Rica cualquier uso policial del Río San Juan … resulta todo menos un éxito para la diplomacia de Costa Rica. En un artículo publicado en noviembre del 2005 en La Nación, nos permitimos advertir sobre la gran experiencia de los «Concejales de la Corona» de Nicaragua en la CIJ en el arte del litigio internacional, quienes ridiculizaron a Estados Unidos (1986) y se disponían a poner en su lugar a Honduras y a Colombia en el Mar Caribe, tal y como ocurrió (en sentencias del 2007 y del 2012 respectivamente): al parecer esta advertencia bastante tempranera no causó mayor interés dentro del aparato diplomático costarricense y estos mismos «Concejales de la Corona» de Nicaragua hicieron lo suyo con las pretensiones de Costa Rica en materia policial. Acatada esta sentencia de la CIJ del 13 de julio del 2009 bastante desfavorable para los intereses costarricenses, Costa Rica evidenciaría enormes dificultades logísticas pocos meses después, en el 2010, para vigilar correctamente lo que ocurre en su frontera con Nicaragua.
Nota 8: Véase BOEGLIN N., «Le retrait du Pacte de Bogota par la Colombie«, texto publicado por el OPALC (Sciences Po, Paris), diciembre del 2012. Texto integral disponible en este enlace. En el 2013, el presidente de Colombia arremetió nuevamente contra la sentencia de la CIJ, con una verborrea y una gestual corporal evidenciando su profunda exasperación como jefe de Estado. Véase al respecto BOEGLIN N.,»La décision de la Colombie de déclarer « non applicable » l´arrêt de la CIJ : brèves réflexions«, SFDI, Bulletin Sentinelle, 2013. Texto disponible en este enlace.
Nota 9: Véase BOEGLIN N., «Estados Unidos / Venezuela: las diversas reacciones oficiales registradas en América Latina ante primera la intervención militar norteamericana en América Latina del siglo XXI«, 3 de enero del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 10: Véase BOEGLIN N., «Los 80 años de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya: algunas reflexiones«, 23 de abril del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
En su magnánimo discurso al asumir el mando del país por cuatro años, la hoy presidenta de Costa Rica Laura Fernández dejó en claro que el estilo, el tono y la narrativa escuchados en los últimos cuatro años, serán la base de ese “continuismo para el cambio”, como ella lacónicamente lo llama.
Le endosó al pasado el lastre de la debacle institucional, pero nada dijo de la crisis y erosión en el sistema democrático y el ataque sistemático a los poderes de la República, que se instaló en el país durante la administración Chaves Robles.
Habló de la corrupción y sin embargo se olvida que en el gobierno del cual ella fue parte, se produjeron muchos casos que llegaron a cuestionar incluso penalmente, al hoy exmandatario. Su nombramiento como super ministro con dos carteras en esta administración, sólo confirma la piel de teflón de la que goza el expresidente en materia jurídica.
Dijo que ella misma era la mano dura frente al crimen y el narcotráfico.Habló en lenguaje populista sobre la megacarcel y al parecer cometió un error de cálculo sobre los días penitenciarios, acerca de los cuales firmó uno de sus primeros decretos.
Pero olvidó mencionar que justamente durante la administración 2022-2026 se han producido los índices de homicidios más altos en la historia republicana. Ella es la mano que le mece la cuna al crimen que ha dicho combatir.
Así un discurso marcado por un tono confrontativo. Pero a estas alturas el tono es lo de menos.La retórica que en algunos casos la hizo gritar casi hasta el ceño fruncido, pasa a segundo plano.
Lo que debe preocupar no es la forma, sino algunas cosas de fondo.Hay varias para escoger. No necesariamente están en su discurso y por eso me quedo con la simbólica sociocultural que es donde se librará la lucha en los próximos años: la fe, un pueblo confundido en su denominación de origen, un peligroso tufo fascista y xenófobico campeando por las vacías gradas de un deslucido Estadio Nacional.
Revisando las publicaciones en redes sociales de mis contactos, me encontré con una que me llamó la atención por la alerta semiótica que me produjo. Mi querida Dunia Espinoza Esquivel compartió un mosaico de imágenes captadas en el acto por Glorianna Ximendaz (así su identidad en Instagram).
Lo que allí se observa debe ser objeto de análisis de contenido, de discurso y de estrategia política. No son simples actos reflejos ni fotos del “color del pueblo un día de fiesta”.
Refieren a algo más denso, más peligroso, más real.
Los abucheos a la institucionalidad, las groseras omisiones a nombrar representantes de instituciones presentes y el constante llamado a hacer frente común a lo que se hace llamar “los malos”, son la base concreta de una práctica discursiva que se mantendrá, si por la víspera se saca el día, durante esta administración entrante.
Es urgente una contra narrativa basada en la colectividad honesta y amplia que a lo mejor se ha apertrechado en sus miedos. Para mi gusto, las universidades debemos acompañar ese proceso de amplio espectro.
Uno que defina una mirada (ahí sí clara y orientadora) y no aquella miope y peligrosa que pareciera “haberse despertado” en los ojos de una muy peligrosa figura construida.
Resumen y recreación de lo expuesto por el autor en la Mesa Redonda: Las Tribus del Odio-Odio contra la Justicia. Evento realizado en el Centro de Cultura de España (El Farolito), 6 de mayo de 2026.
1. El concepto
El sentimiento de odio es una pasión humana dirigida a destruir a la persona que enfrenta, identificada como enemiga, de manera simbólica o material. El insulto, la mentira, la manipulación, la deshumanización, la agresión y el exterminio son los medios más frecuentes para alcanzar ese objetivo.
2. La causa
La raíz del odio contra la democracia liberal se debe a que este régimen político ha defraudado a muchísima gente. Hay malestar y resentimiento por las promesas incumplidas, por la mayor desigualdad e inequidad, por la mayor discriminación y pobreza; por no poderse acceder a derechos fundamentales o a los servicios públicos básicos; por no soportarse más la corrupción de políticos coludidos con grandes empresarios.
En el caso del Poder Judicial, a los problemas crónicos como el retardo en el trámite de expedientes o la mala calidad técnica del servicio, se ha unido la renuencia de la cúpula (Corte Suprema) a realizar las reformas urgentes de fondo (separación de gobierno/administración de la función jurisdiccional; despolitización de nombramientos; uniformidad en carrera, escala de puestos y salarios, régimen disciplinario). La desconexión de esa misma cúpula con las necesidades de los usuarios del sistema y la falta de transparencia para rendir cuentas, completan un panorama difícil de defender.
3. El efecto
Emerge como vendaval el populismo demagógico; el “mesías” que promete llevarnos a la tierra que mana leche y miel – tan explícitamente que él mismo se ha comparado con Moisés, Juanito Mora y don Pepe Figueres- ; el mismo “guía” o “conductor” que levanta la nueva promesa; el que convence a importantes mayorías; el que ya no representa sino que encarna al pueblo, su voluntad y aspiraciones. Por supuesto, es quien proclama que “Dios está de su lado” para lo cual cuenta con pastores y sacerdotes dispuestos a manipular la buena fe de la gente. Su ignorancia en casi todos los temas, sin embargo, le impide ver que este camino ya lo trazó, paso a paso, un tal Adolfo Hitler en momentos y con consecuencias trágicas para la humanidad.
La tarea demoledora hasta ahora ha resultado sencilla, aunque de la reconstrucción se dice poco y se hace menos. No se va más allá de las consignas: acabar con la corrupción (lo que suena a estas alturas cínico, dadas las decenas de denuncias penales bajo investigación); resucitar la “mano dura” (estrategia fracasada en todo tiempo y todas partes); impulsar una “tercera república” (cuyo contenido nunca lo hemos conocido). Lo evidente es la ambición por acabar con las instituciones, ocupar o remover los órganos de control, concentrar todos los poderes en su persona, y estar en condiciones de hacer lo que le dé su santa gana. En resumen, cambiar la democracia por la dictadura.
4. El método
Hay una estrategia política que tiene dos propósitos: (a) ocultar la incapacidad –ya manifiesta, porque han gobernado por 4 años sin poder exhibir nada relevante-, y (b) esconder la inexistencia de una visión del país a mediano o largo plazo.
Este pasado 8 de mayo hemos alcanzado la cúspide de la ola. A partir de este momento ya no vale echar la culpa a otros, decir que no los han dejado gobernar, mentir para no reconocer ineptitudes y errores. Todos las y los oportunistas, viejos militantes de tiendas tradicionales –empezando por la propia presidenta-, se han subido al barco ganador. Es gente sin escrúpulos ni principios. Lo único que les ha movido son sus propias carreras políticas y las migajas de poder que puedan recoger del suelo. Con la misma facilidad con la que se han subido a bordo, no dudarán en tirarse de cabeza al agua cuando las primeras fisuras de la nave se abran. Si creen que las genuflexiones y reverencias los ponen a salvo, ignoran que el autócrata no tiene amigos ni conoce de lealtades, en el momento que haga falta los tirará por la borda.
5. Odio contra instituciones de control democrático
Hay una estrategia de sobrevivencia. Al mejor estilo nazi-fascista, el delirio embelesador de las masas se sostiene con una retórica incendiaria y un aparato mentiroso de propaganda y manipulación bien aceitado. En este plano, el objetivo es identificar enemigos, deshumanizarlos y en cualquier caso inocular odio en su contra. También se trata de negar méritos ajenos y exagerar, cuando no inventar, logros propios.
No podemos olvidar el itinerario de las campañas de descalificación y odio contra los mecanismos e instancias de control, propios del sistema democrático y su Estado de Derecho. Aquí menciono sólo algunos de los ejemplos más relevantes:
a. Primero fue la denuncia en ciertos medios de prensa, en plena campaña política del 2021-2022, de la condena por abusos y acoso sexual contra el candidato Chaves Robles en el Banco Mundial. De ahí se derivó lo de “prensa canalla” y la burda venganza contra La Nación por el Parque Viva, una vez asumido el gobierno.
b. Primero se dieron las denuncias por manejos presuntamente irregulares e ilícitos en esa misma campaña, así como la declaratoria de inviabilidad del referéndum para la llamada Ley Jaguar. Ante las decisiones ineludibles del Tribunal Supremo de Elecciones, vino la andanada de descalificaciones, insultos y calumnias contra esta institución y sus jerarcas, sembrando incluso dudas sobre su integridad y objetividad.
c. Primero fue la presentación chapucera e ilegal de los proyectos de “Ciudad Gobierno” y la marina de Limón, que no pasaron el examen fundado de la Contraloría, y después vino la andanada de improperios y humillaciones dirigidos contra la señora Contralora y la institución a su cargo.
d. Primero fueron las denuncias penales interpuestas contra Chaves y algunos de sus ministros y asesores por supuestos delitos contra la probidad en la gestión pública y, ante la obligada intervención del Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, no se hizo esperar la avalancha de improperios, infundios, descalificaciones y calumnias contra esas instituciones y sus jerarcas.
e. También fue primero el rechazo de los rectores al intento de desfinanciar la educación pública superior a propósito de la negociación del FEES, y después los ataques personales y los intentos por denigrar al entonces rector de la UCR.
En fin, se dieron cronológicamente con anterioridad las conductas indebidas e inaceptables en la gestión de Chaves Robles; actuaciones arbitrarias, ineficaces y hasta presuntamente ilícitas, y luego se activaron, por obligación de la Constitución y las leyes, los mecanismos de control propios de un Estado de Derecho. Sólo en la mente de “El Señor Presidente”, de “Yo, el Supremo” y de “El Tirano Banderas”, existieron las conspiraciones de sus enemigos, las motivaciones políticas espurias y las estrategias de persecución.
6. Lo peor: de los dichos a los hechos
No conviene repetir aquí la lista interminable de insultos que han salido de boca de Chaves Robles contra personas que lo critican o lo controlan. No conviene caer en la tentación de rebajar el debate público a una guerra de descalificaciones, ni es políticamente acertado quedarse en ese nivel, mientras los grandes problemas nacionales siguen sin resolverse.
Pero debemos dejar constancia de una preocupación mayor, relacionada con el hecho de que la agresividad, las amenazas y el odio verbal han ido más allá, para transformarse en reales atentados a las libertades y derechos de las personas. Y lo que resulta más grave aún: para consumar esos atentados, se ha hecho uso de las instituciones públicas. Estoy seguro que muchos hechos se me quedan por fuera:
a. Utilización de Tributación Directa. La acusación falsa de que un empresario de la comunicación opositor al gobierno (L. Baruch), había perpetrado una enorme evasión fiscal, escándalo originado en rencillas personales y venganzas por críticas hechas al gobierno.
b. Utilización del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). En plena campaña electoral del 2026 se aprovechó la manifestación, por lo demás legítima, de la hija del candidato Álvaro Ramos, para allanar, aislar, interrogar y amedrentar a esa persona menor de edad y a su familia.
c. Utilización de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS). Contra diputaciones de la Asamblea Legislativa, mediante la ejecución de seguimientos ilegales, se dejaron mensajes implícitos de amenaza y control
d. Presiones desde Casa Presidencial para dejar sin trabajo al esposo de la ex ministra de Comunicación del propio Chaves, cuando ésta denunció supuestos actos de corrupción en casos específicos.
e. Propaganda desde la misma Casa Presidencial señalando y burlándose de las decisiones de una Jueza de Ejecución de la Pena, identificándosela con nombres, apellidos y lugar de residencia, y acusándola de tomar decisiones complacientes con los delincuentes y el crimen organizado. La señora jueza terminó siendo víctima de una agresión brutal (Tentativa de Homicidio) por parte de un sujeto fanatizado.
f. Utilización de la Embajada Trumpista en el país para cancelar o denegar visas a los Estados Unidos de América, contra, ¡Oh, casualidad! diputaciones, magistraturas, dueños de medios de comunicación, identificados como opositores al gobierno.
No sé si los costarricenses estamos midiendo la gravedad de estas actuaciones, lo cerca que estamos de dejar de ser un Estado de Derecho y sumirnos en uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia. Los que se arrastran solícitos no son los únicos responsables. También lo son quienes vuelven a ver para otro lado, y los que simplemente guardan silencio, por cálculo o cobardía.
Los discursos inaugurales no son simples actos protocolarios. Son ejercicios de construcción simbólica del poder. En ellos se define quién representa al pueblo, cuáles son las amenazas del país, qué problemas merecen atención prioritaria y qué emociones deben organizar la vida política de una sociedad. El reciente discurso de toma de posesión de la nueva presidenta de Costa Rica merece ser leído precisamente desde esa perspectiva: no solo como una declaración administrativa, sino como un proyecto narrativo de país.
A primera vista, el discurso logra algo políticamente muy eficaz: transmitir cercanía, determinación y esperanza. La apelación constante a Dios, al esfuerzo personal, a la clase media y al “pueblo que despertó” conecta emocionalmente con amplios sectores sociales cansados de corrupción, inseguridad y desgaste institucional. Esa dimensión afectiva no debe ser subestimada. Las sociedades no se movilizan únicamente por datos o tecnicismos jurídicos; también lo hacen por símbolos, emociones y relatos de restauración moral.
Sin embargo, una lectura más detenida permite identificar tensiones y contradicciones importantes que merecen reflexión pública.
Uno de los elementos centrales del discurso es la construcción de una narrativa de ruptura con el pasado. Se habla de “coronas”, privilegios y viejas prácticas políticas, mientras se presenta el nuevo gobierno como heredero de una “nueva forma de hacer política”. No obstante, esta retórica convive con continuidades evidentes: figuras provenientes de partidos tradicionales ocupan posiciones estratégicas y actores centrales del gobierno saliente mantienen espacios de enorme poder político. La pregunta entonces no es menor: ¿estamos frente a una transformación estructural del sistema político o ante una reconfiguración narrativa de las mismas élites bajo nuevos símbolos y lenguajes?
Otro aspecto particularmente relevante es la centralidad otorgada a la seguridad y al narcotráfico. El discurso articula gran parte de la crisis nacional alrededor del crimen organizado, la necesidad de “mano dura”, la construcción de una megacárcel y la crítica a jueces que supuestamente “sueltan delincuentes”. Este enfoque responde a una lógica de populismo punitivo cada vez más presente en América Latina: ofrecer respuestas rápidas, visibles y emocionalmente contundentes frente a problemas complejos.
El problema no es discutir seguridad pública —tema real y urgente—, sino reducir la crisis nacional casi exclusivamente a esa dimensión. En el discurso aparecen de manera marginal asuntos igualmente decisivos para el futuro del país: educación, salud pública, desigualdad, precarización laboral y debilitamiento del Estado social. Resulta llamativo, por ejemplo, que mientras se promete firmeza penal, se mantenga una visión favorable a la flexibilización laboral mediante jornadas excepcionales como el esquema 4/3.
También merece atención la forma en que el discurso construye inclusión y exclusión simbólica. Se mencionan comunidades indígenas, afrocostarricenses, mujeres y sectores históricamente invisibilizados. Sin embargo, hay una ausencia total de referencia a las disidencias sexuales y poblaciones LGBTIQ+, precisamente en un contexto donde Costa Rica se ha retirado de espacios regionales de discusión sobre derechos vinculados a estas comunidades bajo el argumento de que “todos los derechos ya están garantizados”. La omisión no es accidental. En política, lo que no se nombra también comunica.
A esto se suma un elemento discursivo interesante: aunque la presidenta reivindica su condición de mujer, madre e hija de clase media, evita sistemáticamente feminizar el cargo presidencial, salvo en una única ocasión. Puede parecer un detalle menor, pero las elecciones lingüísticas en política rara vez son neutras. La construcción de liderazgo femenino aparece asociada más a valores morales y familiares que a una agenda explícita de transformación de género.
Finalmente, hay una cuestión más profunda que atraviesa todo el discurso: la creciente mezcla entre legitimidad política y legitimidad religiosa. La constante apelación a Dios no opera únicamente como referencia cultural; funciona como fundamento ético del proyecto político. Esto obliga a preguntarnos hasta qué punto Costa Rica está entrando en una nueva etapa donde religión, seguridad y narrativa antiélite comienzan a fusionarse como pilares centrales de legitimación del poder.
Nada de esto significa negar problemas reales del país ni descalificar automáticamente al nuevo gobierno. Tampoco implica reducir el debate a consignas partidarias o ideológicas. Significa, más bien, asumir una responsabilidad democrática básica: leer críticamente el discurso político, identificar sus silencios, sus énfasis y sus contradicciones.
Porque las democracias no se debilitan únicamente cuando desaparecen las elecciones. También pueden erosionarse lentamente cuando el miedo desplaza al debate, cuando la complejidad social se simplifica en enemigos internos, o cuando las emociones sustituyen completamente la deliberación pública.
Costa Rica enfrenta desafíos enormes. Precisamente por eso necesita más pensamiento crítico y menos adhesiones automáticas. Menos fanatismo y más discusión informada. La esperanza democrática no debería construirse únicamente sobre la promesa de autoridad, sino sobre la capacidad colectiva de pensar el país con profundidad, memoria y responsabilidad.
El 8 de mayo del 2026 será recordado como la fecha del ascenso de un gobierno de derecha desde la II República, un gobierno neoliberal y conservador en todos los ámbitos social, político, económico e ideológico.
Las condiciones están dadas en este momento con la elección del directorio legislativo y del gabinete. Pero ¿adónde se engendró esta deriva neoliberal-conservadora? Pues ni más ni menos en el gobierno de Carlos Alvarado, que no sólo fue neoliberal en el desarrollo de la política económica, sino que trajo a Rodrigo Chaves para el cargo de ministro de Hacienda e impulsó algunas leyes claves como la reforma fiscal, la ley de empleo público y otras en las que se sustentó la política económica de los últimos 4 años.
Igualmente, a nivel de la política social se iniciaron los ajustes en la inversión social, el presupuesto para la educación, en la vivienda, el congelamiento de los salarios del sector público y de las pensiones, y el crecimiento progresivo de la deuda pública.
En los últimos 4 años la política económica y social sólo ha profundizado algunas de las tendencias observadas en el período anterior, que en el momento actual amenazan con consolidarse como políticas neoliberales y conservadoras que van a procurar severas restricciones fiscales y financieras para algunos sectores, como los que reciben recursos, transferencias o remuneraciones del Estado, como la Caja Costarricense de Seguro Social, las universidades, los empleados públicos, los pensionados, la vivienda social, las becas estudiantiles, las ayudas sociales del IMAS y las comunales.
Por su parte, existe toda una estrategia de captación de recursos de deuda interna y externa gracias a la intervención en el BCIE, la relación fuerte con el BID y el BM y, al nivel interno, la captación de los excedentes de las instituciones, como los bancos, el INS y los fondos locales, que garantizará que, junto a los recortes institucionales, el gobierno tendrá recursos crecientes para la inversión de obra pública, nuevos proyectos como la Ciudad Gobierno y la marina de Limón, para lo que encontraron el portillo adecuado en la ley y la Comisión de Emergencias, y en el proyecto PROERI, mediante los que realizan obras sin los controles de la Contraloría.
Todo lo anterior se integra a la estrategia de atracción de inversión extranjera, que atrae ingentes recursos ligados al modelo económico de servicios y alta tecnología, que seguirá profundizándose con la ampliación y creación de nuevos parques industriales, en tanto la industria nacional del sector productivo, la agricultura nacional y, en parte, el turismo, que han dejado de ser prioritarios, son abandonados a su suerte.
Mientras que el comercio y la importación se siguen favoreciendo con la apreciación del colón, así como el pago de la deuda que demanda grandes recursos.
La partida del ajedrez político conservador de derecha se completa con el control de la Asamblea Legislativa, desde donde se fraguará el control del nombramiento de los magistrados y posteriormente de la Corte Suprema de Justicia, que también facilitará controlar los nombramientos del fiscal general, de la Contraloría y de la Defensoría de los Habitantes, los puestos incómodos.
A cuya partida ganadora se sumará el control de muchas de las alcaldías del país, labor que se efectuó con éxito a lo largo de los últimos 4 años.
La pera en el pastel conservador vendrá del control de las instituciones de seguridad y de la DIS, entidades que no sólo profundizarán la seguridad del Estado, sino también la persecución de los opositores y la represión de las luchas sociales.
Los rasgos mencionados se articulan perfectamente a la visión que Hinkelammert nos anunciara en la década de los 80 como el fenómeno de la “nueva derecha”, con el abandono de todo intento de coexistencia del mercado y del Estado, y la instauración del totalitarismo de mercado, en la que la libertad, la sociedad y la vida humana sólo pueden tener sentido y existir dentro de los límites que establece la sociedad perfecta del mercado (Molina, C., 2025).
En un análisis del economista Joseph Stiglitz (2016), éste afirma que los gobiernos de derecha siguen una misma fórmula en todo el mundo hacia la liberalización económica, reducción del Estado y restricción de derechos.
De tal manera que las políticas anunciadas por la nueva presidenta y su primer ministro, en términos de reforma del Estado, eliminación de instituciones, venta de activos estatales y restricción del gasto social, responderán a una orientación neoliberal y conservadora que no admitirá dudas. Es lo que se viene a partir de esta fecha.
Elian Xavier Jiménez Campos Bach. Sociología, Universidad Nacional Asesor sindical ANEP
Hoy, viernes 8 de mayo de 2026, Costa Rica presencia mucho más que un traspaso de poderes. Lo que ocurre frente al país no es únicamente un cambio administrativo entre gobiernos, sino un posible punto de inflexión histórico en la forma en que se ejerce y se concentra el poder político. Formalmente, Rodrigo Chaves entrega la presidencia a Laura Fernández; sin embargo, la permanencia de Chaves dentro del Ejecutivo como figura central del gobierno, asumiendo ministerios estratégicos y conservando capacidad de dirección política, plantea preguntas profundas sobre la salud democrática costarricense y el futuro del equilibrio institucional. El anuncio de que Rodrigo Chaves mantendría poder directo dentro del nuevo gobierno mediante cargos ministeriales estratégicos fue interpretado por distintos sectores como una continuidad excepcional del mando presidencial. Córdoba (2026) señaló que esta permanencia le permitiría además conservar inmunidad política mientras enfrenta diversas controversias y señalamientos públicos. A esto se suma que Murillo (2026a) describió el nuevo escenario político costarricense como la consolidación de una figura de “superministro”, capaz de controlar simultáneamente la política fiscal, la articulación legislativa y buena parte de la agenda nacional.
Desde la sociología política, esto representa un cambio relevante en la tradición republicana costarricense. Costa Rica construyó históricamente una democracia basada en la dispersión relativa del poder institucional, el fortalecimiento del Estado social y la existencia de contrapesos entre poderes de la República. La concentración política alrededor de una sola figura rompe parcialmente esa tradición y acerca al país a dinámicas que el politólogo Guillermo O’Donnell definió como “democracias delegativas”, donde el liderazgo presidencial comienza a colocarse por encima de las mediaciones institucionales. Levitsky y Ziblatt (2018), en Cómo mueren las democracias, advierten que las democracias contemporáneas no suelen destruirse mediante golpes de Estado tradicionales, sino a través de procesos graduales donde líderes electos democráticamente debilitan poco a poco las instituciones encargadas de limitar el poder. La erosión democrática inicia cuando se desacredita sistemáticamente al adversario político, se debilita la legitimidad del Poder Judicial, se confronta a la prensa crítica y se instala la idea de que solamente un liderazgo fuerte puede “salvar” a la nación. En Costa Rica, esa narrativa ha venido creciendo durante los últimos años. El discurso político chavista se ha construido alrededor de una confrontación constante contra universidades públicas, sindicatos, medios de comunicación, magistrados y sectores opositores. Incluso el acto simbólico de excluir expresidentes de la República del traspaso de poderes refleja una ruptura con la cultura política costarricense basada históricamente en símbolos de continuidad democrática y convivencia institucional (Arrieta, 2026; NTG Costa Rica, 2026).
La preocupación aumenta cuando esta concentración política se acompaña de un discurso de confrontación institucional. Murillo (2026c) informó que Laura Fernández asumiría el gobierno bajo una narrativa de “guerra contra el crimen”, profundizando la lógica de securitización que ha marcado el cierre del gobierno de Chaves. Aunque la inseguridad es un problema real y urgente, la experiencia latinoamericana demuestra que los discursos de guerra interna suelen utilizarse también para justificar concentración de poder, militarización y debilitamiento de garantías democráticas. Costa Rica atraviesa efectivamente una crisis de violencia sin precedentes recientes. El Observatorio de la Violencia de la Universidad Estatal a Distancia (2025) registró cifras históricas de homicidios durante los últimos años, principalmente vinculadas a disputas del narcotráfico internacional. Paralelamente, el Instituto Costarricense sobre Drogas (2025) evidenció transformaciones importantes en las dinámicas del crimen organizado y desafíos crecientes para el control territorial y marítimo del narcotráfico. Sin embargo, reducir el problema únicamente a una cuestión policial invisibiliza las raíces estructurales de la violencia. La sociología de la criminalidad ha demostrado históricamente que el crecimiento del narcotráfico no puede explicarse sin analizar desigualdad, exclusión y debilitamiento del tejido social. El Programa Estado de la Nación (2024) advirtió sobre el deterioro progresivo de las condiciones sociales, el aumento de vulnerabilidades económicas y las tensiones sobre la inversión pública. Cuando las comunidades pierden oportunidades laborales, acceso a educación, movilidad social y presencia estatal efectiva, los grupos criminales encuentran condiciones más favorables para expandirse. En ese contexto, preocupa que el nuevo ciclo político profundice una reducción del Estado social costarricense.
Aunque el Banco Central de Costa Rica (2025) ha mostrado indicadores macroeconómicos relativamente positivos, como crecimiento económico y control inflacionario, esos números conviven con realidades sociales profundamente desiguales. La Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (2025) refleja persistencia de precarización laboral, desigualdad territorial y dificultades de acceso a condiciones dignas para amplios sectores de la población. La tensión entre crecimiento macroeconómico y deterioro social no es nueva en América Latina. Diversos gobiernos neoliberales han mostrado estabilidad fiscal mientras aumentan simultáneamente exclusión, inseguridad y debilitamiento institucional. Desde esta perspectiva, la reducción de lo público no implica únicamente menos Estado; implica también menor capacidad colectiva para garantizar derechos sociales, cohesión comunitaria y protección frente al mercado y el crimen organizado. El escenario costarricense tampoco puede separarse del contexto internacional. El ascenso de liderazgos autoritarios y de extrema derecha en distintas partes del mundo ha generado nuevas formas de articulación política regional. Las afinidades ideológicas entre el chavismo costarricense y figuras como Nayib Bukele o sectores del trumpismo estadounidense expresan una tendencia política más amplia: liderazgos personalistas, confrontación permanente y debilitamiento de mediaciones democráticas.
Las tensiones recientes con medios de comunicación críticos reflejan precisamente esa deriva. López (2026) y Murillo (2026b) reportaron la polémica generada por el retiro de visas estadounidenses a directivos del periódico La Nación, hecho que abrió fuertes cuestionamientos sobre presiones políticas y libertad de prensa en Costa Rica. En cualquier democracia sólida, la prensa crítica constituye un contrapeso fundamental del poder político. Cuando los gobiernos convierten a los medios en enemigos permanentes, se debilita el pluralismo democrático.
El problema de fondo no es únicamente quién gobierna, sino la transformación cultural que empieza a consolidarse. Una parte importante de la ciudadanía parece cada vez más dispuesta a aceptar concentración de poder, debilitamiento institucional y confrontación política permanente a cambio de promesas de orden, seguridad y eficiencia económica. Ahí reside el verdadero punto de inflexión histórico. Costa Rica fue durante décadas una excepción democrática en América Latina precisamente porque logró construir legitimidad institucional, inversión social y mecanismos relativamente sólidos de negociación política. Hoy esa cultura democrática parece entrar en tensión con una nueva lógica política basada en liderazgo fuerte, polarización y centralización del poder. Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Se erosionan lentamente, mientras la sociedad empieza a normalizar la concentración del poder, la confrontación permanente y el debilitamiento de las instituciones públicas. Costa Rica enfrenta hoy ese riesgo histórico. No únicamente por un gobierno o una figura política específica, sino porque comienza a consolidarse una cultura política donde el adversario deja de verse como parte de la democracia y pasa a ser tratado como un enemigo. Y cuando una sociedad pierde la capacidad de dialogar, organizarse y reconocerse en medio de sus diferencias, la democracia empieza a vaciarse desde dentro. Sin embargo, la salida a este momento no vendrá de líderes mesiánicos ni de soluciones individuales. La historia demuestra que las transformaciones profundas siempre han nacido desde lo colectivo: desde las comunidades organizadas, los movimientos sociales, las juventudes, las universidades públicas, los sindicatos y la ciudadanía activa. El problema es que también hemos aprendido a vivir cada vez más fragmentados, más cansados e individualizados; nos enseñaron durante años que la política era inútil, que organizarse no servía y que cada persona debía resolver sola su supervivencia. Esa fragmentación social es precisamente el terreno donde crecen con mayor facilidad los discursos autoritarios.
Por eso el gran desafío de Costa Rica no es solamente defender instituciones, sino volver a aprender a construir colectivamente. Recuperar la capacidad de escucharnos, debatir, organizarnos y pensar el país más allá del miedo o la desesperanza. Porque ninguna democracia se sostiene únicamente con leyes o elecciones; se sostiene cuando existe un pueblo capaz de participar activamente en la construcción de su propio futuro.
Referencias
Arrieta, E. (2026, 7 mayo). Expresidentes de Costa Rica no recibirán invitación a traspaso de poderes. La República. https://www.larepublica.net/noticia/expresidentes-de-costa-rica-no-recibiran-invitacion-a-traspaso-de-poderes
Banco Central de Costa Rica. (2025). Indicadores macroeconómicos de Costa Rica.BCCR. https://www.bccr.fi.cr
Córdoba, J. (2026, 6 mayo). Costa Rica’s leader to keep immunity as minister in his successor’s government in face of legal woes. AP News. https://apnews.com/article/97b9bc1675a8efe8e8cf9f14589b8608
Instituto Costarricense sobre Drogas. (2025). Informe nacional sobre decomisos y narcotráfico. ICD. https://www.icd.go.cr
Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2025). Encuesta Nacional de Hogares 2025. INEC. https://www.inec.cr/encuestas/encuesta-nacional-de-hogares-enaho
Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). Cómo mueren las democracias. Ariel.
López, O. (2026, 6 mayo). US cancels visas for board members of Costa Rica newspaper critical of Trump ally. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2026/may/06/us-cancels-tourist-visas-board-members-top-costa-rica-newspaper-la-nacion-trump
Murillo, Á. (2026a, 8 mayo). Rodrigo Chaves entrega el mando en Costa Rica a Laura Fernández, pero se mantiene en el centro del poder como un “superministro”. El País América. https://elpais.com/america/2026-05-08/rodrigo-chaves-entrega-el-mando-en-costa-rica-a-laura-fernandez-pero-se-mantiene-en-el-centro-del-poder-como-un-superministro.html
Murillo, Á. (2026b, 5 mayo). Estados Unidos retira el visado a directivos del principal diario de Costa Rica tras las críticas al Gobierno de Rodrigo Chaves. El País América. https://elpais.com/america/2026-05-05/estados-unidos-retira-el-visado-a-directivos-del-principal-diario-de-costa-rica-tras-las-criticas-al-gobierno-de-rodrigo-chaves.html
Murillo, Á. (2026c, 8 mayo). Costa Rica’s Laura Fernandez vows ‘war’ on crime ahead of inauguration. Reuters. https://www.reuters.com/world/china/costa-ricas-laura-fernandez-vows-war-crime-ahead-inauguration-2026-05-08/
NTG Costa Rica. (2026, 7 mayo). Expresidentes no fueron invitados al traspaso de poderes en Costa Rica. NTG Costa Rica. https://ntgcostarica.com/traspaso-poderes-costa-rica-expresidentes-no-invitados/
Observatorio de la Violencia, Universidad Estatal a Distancia. (2025). Estadísticas de homicidios en Costa Rica. UNED. https://www.uned.ac.cr/observatorio-violencia
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En las últimas horas circuló ampliamente una noticia sobre una manifestación convocada contra la visita oficial del presidente de Israel durante el acto de traspaso de poderes en Costa Rica. Más allá de las posiciones que cada persona pueda tener sobre el conflicto en Gaza, sobre Israel, Palestina o sobre el Frente Amplio, hubo algo que me dejó profundamente preocupado: la enorme cantidad de comentarios que pedían abiertamente represión, violencia, encarcelamientos y agresiones contra quienes participarían en una protesta pública.
Pero incluso antes de leer los comentarios, hay algo más que merece atención: la forma en que la noticia fue presentada. El lenguaje utilizado por algunas páginas y medios no fue neutral. Expresiones como “sombra al acto oficial”, “operativo de seguridad bajo alerta máxima”, “empañar la fiesta patria” o “la izquierda busca hacer retumbar su voz” no solamente describen un hecho: construyen una narrativa donde la protesta aparece asociada al desorden, al peligro o a una amenaza contra la estabilidad nacional.
Y eso importa muchísimo, porque las palabras nunca son inocentes. Antes de que miles de personas comentaran la publicación, ya existía un encuadre emocional previo que presentaba la manifestación no como un ejercicio democrático protegido constitucionalmente, sino como un posible foco de caos o provocación. Cuando la protesta comienza a representarse mediáticamente como amenaza, resulta mucho más fácil que parte de la ciudadanía termine justificando respuestas autoritarias o violentas contra quienes participan en ella.
No se trató únicamente de desacuerdos políticos. Lo que apareció fue algo más profundo y más grave: una parte importante de la ciudadanía comenzó a hablar del adversario político como si no fuera un ciudadano con derechos, sino una amenaza que debe ser eliminada, golpeada, “limpiada”, silenciada o encerrada.
Los comentarios hablaban de “gas”, “garrote”, “agua”, “cárcel”, “basura”, “peste”, “cucarachas”, “escorias” y “lacras”. Muchos incluso celebraban anticipadamente la posibilidad de que hubiese violencia policial contra personas manifestándose. Lo más preocupante no es que existan comentarios extremos —eso siempre ha existido—, sino la naturalidad con la que hoy se expresan.
Y aquí aparece una contradicción enorme: muchas de esas mismas personas aseguraban estar “defendiendo la democracia”.
Pero una democracia no es solamente votar cada cuatro años, celebrar actos patrios o asistir a un traspaso de poderes. Eso es apenas su dimensión ceremonial. Una democracia constitucional también implica tolerar el disenso, aceptar la crítica, proteger las minorías y reconocer el derecho a la protesta pacífica, incluso cuando incomoda o cuando no coincide con nuestras ideas.
Precisamente por eso existen las constituciones políticas y los derechos fundamentales.
En Costa Rica, la libertad de expresión, el derecho de reunión y la posibilidad de manifestarse pacíficamente forman parte del núcleo básico del Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 28 de la Constitución Política establece que “nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones”, mientras que el artículo 26 reconoce el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, ya sea en espacios privados o públicos. Del mismo modo, el artículo 29 protege la libre comunicación del pensamiento por palabra o por escrito.
Esto significa algo muy importante: la protesta pacífica no es una concesión del gobierno de turno ni un privilegio ideológico. Es un derecho constitucional.
Incluso el Código Civil costarricense, en su artículo 18, recuerda que la existencia de la ley obliga independientemente de que las personas la conozcan o no. Sin embargo, el problema actual pareciera ser todavía más profundo: no solamente existe desconocimiento de las normas jurídicas, sino también un debilitamiento progresivo de la cultura democrática que les da sentido.
Y ahí es donde veo uno de los problemas más serios de nuestro tiempo: mucha gente ya no comprende qué significa vivir en una democracia constitucional. Se piensa que si una mayoría ganó elecciones, entonces cualquier crítica posterior es una amenaza al país. Se confunde democracia con unanimidad. Se interpreta la protesta como traición. Se cree que disentir es “odiar Costa Rica”.
Pero una sociedad democrática madura no elimina el conflicto político: aprende a convivir con él sin destruir al otro.
Lo que revelan estos comentarios no es solamente polarización política. Revelan una profunda crisis de cultura democrática.
Y esa crisis no nació de la nada.
Durante décadas, la educación pública fue reduciendo progresivamente los espacios dedicados a la educación cívica, la filosofía, la historia política y el pensamiento crítico. Poco a poco dejamos de formar ciudadanía y comenzamos a formar únicamente individuos funcionales al mercado. Hoy muchas personas desconocen por completo qué dice la Constitución Política, cuáles son sus derechos o por qué existen límites al poder estatal.
El resultado es una ciudadanía que muchas veces reacciona desde el miedo, el enojo o la identidad tribal, pero no desde la reflexión democrática.
Y eso abre una situación peligrosa: cuando la población comienza a percibir los derechos fundamentales como obstáculos y no como garantías civilizatorias, el autoritarismo deja de venir únicamente desde arriba y empieza a surgir desde abajo, desde la propia ciudadanía.
Ese quizá sea el aspecto más inquietante de todo esto.
La crisis democrática no comienza solamente cuando un gobierno restringe derechos. También comienza cuando las personas empiezan a pedir voluntariamente que esos derechos desaparezcan para quienes piensan distinto.
Y eso debería preocuparnos muchísimo más que cualquier manifestación.
Al tiempo que escribo estas reflexiones pasan dos acontecimientos a mi alrededor y los observo: leo con profundo interés el libro “Las Máscaras del presidente” escrito por la periodista costarricense Patricia Navarro-Molina (Uruk Editores, 2025) y ha sido anunciado por la presidenta electa Laura Fernández, el próximo gabinete para el ejercicio gubernamental 2026-2030.
Pienso entonces en el trabajo del sociólogo Carlos Sojo sobre las bases históricas de la desigualdad en el país y su concepto acerca de un sistema político basado en tres pilares fundamentales: convivencia horizontal, tolerancia y pacifismo.
En el primer caso, decía Carlos, las reglas del juego estaban dadas por una noción de igualdad imaginada que diluyera las diferencias. Se trataba de la adscripción a una idea aglutinadora de lo colectivo: lo costarricense.
Pienso en estas ideas de Sojo, en la lectura del libro de Patricia que aún no termino y en el anuncio del gabinete en el que el hoy todavía presidente de la República Rodrigo Chaves Robles ha sido nombrado como ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda.
Pienso en la noción de poder absoluto. En la forma en que han sido torpedeadas las bases de un proyecto de país de bases sólidas hasta hace unos pocos años.Pienso en que efectivamente inicia para Costa Rica una transición hacia algo distinto e impensable.
Al escribir estas notas quedan pocas horas para que el presidente que gobernó este país los últimos cuatro años, lo siga haciendo desde los ministerios donde fue nombrado.
Lo otro, la investidura, es mera anécdota en este momento.
El nombramiento de don Manuel Tovar Rivera como ministro de Relaciones Exteriores y Culto arrastra consigo un antecedente reciente que, por su naturaleza, vuelve inevitable la pregunta sobre el estilo con el que se ejercerá una de las funciones más delicadas del Estado: la relación con las confesiones religiosas y, particularmente, con la Iglesia Católica.
Conviene recordar con precisión el episodio del 1° de mayo, Día Internacional del Trabajador y fiesta litúrgica de San José Obrero, cuando el Señor Tovar, como ministro de Comercio Exterior, reaccionó con dureza frente a la homilía pronunciada por el arzobispo de San José, monseñor José Rafael Quirós. Aquella intervención no fue un discurso improvisado ni una toma de posición aislada del arzobispo: fue, de hecho, la aplicación pastoral de la Carta Pastoral “La Paz esté con ustedes” emitida recientemente por el Episcopado costarricense.
Ese documento —la carta pastoral de los obispos— no es un panfleto coyuntural ni una opinión individual. Es un texto colegiado que recoge la doctrina social de la Iglesia aplicada a la realidad concreta del país: el valor del trabajo, la centralidad de la persona humana frente a la lógica puramente mercantil, y las tensiones éticas que surgen cuando las decisiones de apertura económica impactan directamente en la vida de los trabajadores.
Es en ese contexto que el arzobispo retoma el texto y lo predica en clave litúrgica y pastoral, precisamente en el día en que la Iglesia contempla a San José como trabajador. No hay aquí una arenga política, sino continuidad doctrinal.
La reacción del ministro Tovar, sin embargo, fue leída por amplios sectores como una respuesta que desbordó el plano de la discusión técnica. No se trató solo de un desacuerdo con un análisis eclesial sobre el modelo económico, sino de una forma de interpelación que puso en cuestión —explícita o implícitamente— la legitimidad de la Iglesia para pronunciarse sobre asuntos sociales en el espacio público.
Ese antecedente importa hoy por una razón: el mismo actor político pasa ahora a ocupar la Cancillería de la República, institución que no solo representa al Estado ante el mundo, sino que en su estructura incluye el área de Culto, es decir, el canal institucional mediante el cual el Estado garantiza la libertad religiosa y regula su relación con las confesiones.
Y aquí está el punto neurálgico: el “Culto” no es un título simbólico ni una herencia histórica sin consecuencias. Implica responsabilidades concretas: Garantizar la libertad de expresión religiosa, incluso cuando esta es crítica del poder político, asegurar la autonomía de la Iglesia católica y de las demás confesiones frente a injerencias estatales; y preservar un principio básico de toda democracia madura: que la voz religiosa no está subordinada al criterio del gobernante de turno.
El problema no es la existencia de desacuerdos entre Iglesia y Estado —eso es estructural en sociedades plurales—. El problema aparece cuando la frontera entre desacuerdo y deslegitimación se vuelve difusa; cuando la crítica moral o pastoral es recibida no como parte del debate público, sino como una intromisión indebida.
El antecedente del 1° de mayo puede bien ser una señal de estilo político frente a la Iglesia Católica: si se la escucha como interlocutora legítima o si se la percibe como actor que debe ser neutralizado cuando incomoda.
Y ese estilo importa, porque ahora el interlocutor institucional no será ocasional, sino permanente. La Iglesia católica —por historia, peso social y presencia nacional— es uno de los actores con los que el Canciller deberá dialogar de forma constante. No en un plano de subordinación, sino de reconocimiento mutuo de competencias: el Estado no define la doctrina, y la Iglesia no legisla, pero ambos inciden en el debate público sobre el bien común.
De ahí que la pregunta de fondo no sea personal, sino institucional: ¿cómo se ejerce una cartera que exige garantizar la libertad religiosa cuando existen antecedentes recientes de tensión con esa misma voz religiosa?
Y aquí se abre otro frente: si la preocupación se centra en la legitimidad de la Iglesia católica para intervenir, desde su doctrina social, en el debate público, habría que preguntarse cuál es el criterio que se aplicará frente a otras expresiones religiosas que, sin el mismo nivel de escrutinio del Estado, también influyen en la opinión colectiva y ejercen una capacidad real de incidencia política. En una sociedad plural, el problema no es quién puede hablar, sino si se aplica la misma vara para valorar la palabra moral cuando proviene de actores distintos.
En una democracia, el estándar no es la ausencia de conflicto, sino la calidad con la que se lo administra. Y en materia de Culto, esa calidad se mide con un criterio muy concreto: si la libertad religiosa se protege incluso cuando resulta incómoda, o si se tolera solo mientras no incomode.
Ese será, en última instancia, el verdadero termómetro del nuevo periodo.
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