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No podemos dejar de hacer lo que nos corresponde para cuidar el planeta

José Luis Pacheco Murillo

Esto dijo Al Gore el 11 de diciembre del 2014: “El Cambio Climático es evidente, basta saber que el año 2014 ha sido el año con mayor aumento de temperatura de toda la historia”. “El cambio climático ha producido como nunca, al mismo tiempo, inundaciones y sequías, grandes cambios desastrosos y perjudiciales”.

De aquella fecha a hoy han transcurrido tan solo 8 años 7 meses y 9 días y el asunto es que las condiciones climáticas no han mejorado, por el contrario, estamos cada día más afectados por todo eso que dijo Al Gore: hemos tenido las temperaturas más altas de toda la historia, inundaciones catastróficas, sequías que hacen que muchos mueran de hambre y ahora se unen en algunos países los terremotos.

El tema, la pregunta, hoy es exactamente la misma que hace casi 9 años ¿qué hacen los responsables de esta situación? Los llamados países industrializados han tomado acciones para evitar los hidrocarburos. Han hecho algo para reforestar el mundo. La respuesta desgraciadamente es negativa: NO HAN HECHO NADA.

Las consecuencias de no hacer nada está a la vista y peor aún, lo más trágico de todo este fenómeno del “niño” está por venir y será mucho peor si no hacemos algo ya.

Hace un par de días la noticia fue que Europa, Japón y Estados Unidos sufrirían las consecuencias de un calor desmedido.

Consecuencias que las sufren los pueblos y no los responsables de ellas.

No podemos dejar de hacer lo que nosotros individualmente nos corresponde. Ahorremos energía, reutilícenos envases, ojalá de vidrio, rechacemos el plástico, reciclemos y hagamos lo posible por educar a las nuevas generaciones.

Muchos no creyeron en los vaticinios de Al Gore… hoy son realidad.

Dios quiera que entendamos que solo un planeta tenemos y es el que no tenemos posibilidades de reemplazarlo, solamente tenemos una opción CUIDARLO, hagámoslo responsablemente.

La kakistocracia chavista

Vladimir de la Cruz

La historia Política de un país, y del resultado político de esa historia, la podemos valorar desde múltiples dimensiones. Así por ejemplo, desde el sistema político que tiene y de las formas de gobierno que se ejercen; del funcionamiento de la institucionalidad electoral y del sistema de partidos políticos que existe; de la seguridad, confianza y certeza de los procesos electorales; del ejercicio de las libertades y derechos; de la alternabilidad en los puestos de elección popular, del funcionamiento del Estado de Derecho y del Estado Social de Derecho; por el respeto a la independencia de los poderes públicos y la robustez de su institucionalidad; de los niveles educativos y del funcionamiento del proceso educativo desde la infancia hasta la educación universitaria; de la salud que goza y tiene la población; del desarrollo económico alcanzado y la distribución de la riqueza nacional; de los niveles de pobreza y extrema pobreza; del empleo, desempleo y trabajo informal que se tiene; de la falta de vivienda y las bolsas de tugurios existentes; de la capacidad de la población de alimentarse tres veces al día; de la igualdad que gozan los ciudadanos en todos los ámbitos de la vida social, económica y Política; de los sistemas policiales, militares y represivos que existen.

He mencionado tan solo algunas categorías o conceptos por los cuales se puede medir esa historia Política, que es también medir el ejercicio de gobiernos, de gobernantes, de equipos gobernantes; de partidos como grupos políticos de ciudadanos que han ejercido el gobierno y han permitido darle continuidad institucional a lo logrado por sus anteriores, marcando sendas hacia el futuro, sin procurar deteriorar los niveles sociales y económicos alcanzados, procurando con ello mayor equidad, justicia, estabilidad Política y democracia social.

La marcha fundamental de los gobernantes, desde iniciada la Independencia, fue de educadores, de abogados, de médicos, de civiles sin títulos profesionales, de periodistas, de casi ningún militar ejerciendo gobierno, y los poquísimos economistas que llegaron a gobierno también fueron abogados, distinguiéndose como abogados más que como economistas.

La prensa, la libertad de imprenta y la libertad de pensamiento, y el respeto y la tolerancia Política, fueron emblemas que agitaron los gobernantes como elementos de fundamentales del desarrollo de la democracia Política, de la institucionalidad democrática que se iba soldando y de garantía del buen gobierno; por el papel crítico que jugaban y por el espejo que le daba al gobernante sobre su quehacer político y sobre la administración pública que se le encomendaba, resultado de la representación Política en la cual descansa su gestión.

Se podría valorar también la historia Política por las ideas Políticas, a modo de ideario nacional dominante, que se impusieron por los grupos que ejercieron el poder y los gobiernos. En este sentido no exagero si digo que han sido tres vertientes principales, liberales clásicos y republicanos, socialdemócratas y socialcristianos. Otras corrientes Políticas se hicieron sentir en la historia Política nacional, los reformistas, los socialistas y comunistas, que en su conjunto marcaron la institucionalidad y democracia nacional. No casualmente sus principales líderes políticos han sido reconocidos con el Benemeritazgo de la Patria.

Al hablar de historia Política en esencia hablamos del poder político, de la lucha por el poder político, de la lucha por ver quién o cuál grupo dirige el poder, el gobierno. Si observamos el desarrollo constitucional del siglo XIX y vemos que hasta 1871 se dieron en la práctica once constituciones, hay que entender que cada grupo que llegaba al poder quería marcar algunas diferencias con los restantes lo que se reflejaba en esa cantidad de constituciones, a razón de una cada cinco años en promedio. Lo esencial de ellas es que en todas se afirmaban los derechos y libertades que se iban estableciendo y ampliando. Desde 1871 hasta ahora ha habido tres constituciones incluyendo la de 1917 que duro hasta 1919.

La historia del poder obliga a la reflexión sobre el poder, como teoría y como ciencia, y la forma de ejercerse. Es un tema siempre complicado porque toca la esencia y naturaleza humana. La historia del poder es la historia de las relaciones de grupos alrededor del poder. Y, esa relación de poder se da en el escenario de lo que llamamos Política. De modo que, la Política es importante para todos nosotros, que no la podemos marginar, ni obviar, ni ignorar, porque la Política se mete con nosotros, todos los días, en los actos de gobierno, en las decisiones Políticas que se toman e impulsan desde los organismos institucionales del Poder Ejecutivo y de sus instituciones todos los días, y por los actos legislativos que también se imponen como leyes nacionales de acatamiento obligatorio. Como bien dice mi amigo Claudio Alpízar se trata de la Política, con P mayúscula.

Desde el siglo V AC se hacen reflexiones políticas. Heródoto nos recuerda la discusión sostenida sobre la monarquía, la oligarquía, la democracia, la tiranía, introduciendo el concepto de los mejores o de los peores, por su deficiente condición ética, para gobernar.

Platón introduce el tema de la tiranía. La aristocracia la referían al gobierno de los mejores y la tiranía a los que gobernaban con engaño o violencia, que eran los peores, los que también gobernaban como malvados, soberbios, como corruptores del pueblo.

Hesíodo, a quien estudié, bajo la dirección de buen amigo, filósofo, Jorge Charpantier, señalaba con frecuencia, qué en toda ciudad, refiriéndose a la polis griega, se sufre por culpa de un hombre malvado, con lo cual aplica el concepto de peor o de malvado al ejercicio de la política.

Así surge la kakistocracia, el poder o el gobierno del malvado, del peor gobernante, de los más ineptos e incompetentes, de los menos calificados, y por supuesto, de cínicos para ejercer el mal gobierno que realizan o ejecutan.

Platón y Aristóteles exaltaron la aristocracia para destacar al gobernante y su grupo por su sabiduría y por su capacidad intelectual, lo que se adquiría en los colegios y universidades, la educación.

La lucha del actual presidente por acabar con las universidades y la educación pública probablemente está en íntima relación con alguna deficiencia intelectual y de sabiduría, que lo hace rodearse de los peores para ejercer el peor de los gobiernos, según va abriendo su trocha.

Se impulsa en este gobierno lo que podemos llamar la kakistocracia chavista; del griego kakistos, que significa el peor, y kratos que significa poder o gobierno; el peor gobierno, el de los más ineptos o incompetentes, es el peor gobierno hasta ahora establecido; el gobierno de los peores, tan malos, malísimos o peores funcionarios, que en los 14 meses de gobierno que lleva Rodrigo Chaves ha hecho rotar, cambiar, despedir, echar, 34 funcionarios de su staff gubernativo, porque no dan la talla, no le sirven, no se le someten dócilmente. Cuando se cambian ministros, viceministros, directores ejecutivos, cuando se desintegran en las instituciones equipos existentes de trabajo y de apoyo institucional, los planes que se impulsan se paralizan, se atrasan, se obstruyen, se improvisan nuevos planes de acuerdo a los nuevos jerarca que asumen sus propios planes conjuntamente con el Presidente, o tratarán de impulsar como un frankestein, con remiendos, al trabajo que dejaron tirado los anteriores funcionarios, sin políticas claras, como no se están viendo, sin hoja de ruta, sin velas y sin timón…y sin timonel al frente.

La burocracia kakistocrática es lo que impulsa el kakistócrata Rodrigo Chaves, como estilo y marca de su gobierno. Los burócratas, para entenderme con el lector, no son los funcionarios públicos en general, ni los funcionarios de oficinas. El burócrata es el que en la oficina o en la administración tiene capacidad de decisión, lo que no tienen todos los trabajadores en sus respectivos puestos de trabajo.

En el gobierno de Rodrigo Chaves lo que se ha impuesto es su capacidad de decisión, autoritaria, tiránica, hasta ahora mala, donde no se siente lo contrario; donde sus subalternos en ejercicio de la kakiostocracia ejecutan la partitura que el director de orquesta o cimarrona les obliga tocar sin que ellos, como músicos, pareciera entiendan o interpreten la composición musical, o el lenguaje musical, que les piden entonar, porque esos músicos no conocen nada, o muy poco, de esos instrumentos del gobierno que tienen en sus manos, y quizá, si se han dado cuenta, en sus cabezas.

La partitura política, de esta kakistocracia en marcha, da la sensación de no contener adecuadamente los signos musicales que expresen correctamente la música que se quieren entonar o tocar; no muestra la altura de los sonidos, la duración, la velocidad de ejecución, los símbolos musicales, la intensidad de los ritmos y acordes.

Las partituras comprenden todo el conjunto instrumental, y hasta vocal, de la obra que se quiere representar o tocar, donde todos los sonidos deben sonar armónica y simultáneamente.

La única voz de la partitura kakistocrática que se trata entonar en el país, es la del presidente kakistocrático Rodrigo Chaves Robles, cuando se muestra en el concierto convocado, para todo público, los miércoles al iniciar la tarde, casi como un bufón medieval encargado de entretener a la corte que le sigue con sus historias, chistes, ironías, intimidaciones, amenazas, bajonazo de piso para algunos de sus interlocutores; con poca seriedad, sin saberse a ciencia cierta cómo quiere presentarse, en el papel del bufón, como cómico, ridículo o molesto.

Las democracias no son buenas o malas; son democracias.

Las dictaduras no son buenas o malas; son dictaduras.

Los gobiernos autoritarios no son buenos o malos; son autoritarios.

Los gobiernos kakistocráticos no son buenos o malos: son los peores…

¡Qué viva la Pepa!, Presidente.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Informes actuariales en la Caja: ¡Mucho cuidado!

Luis Paulino Vargas Solís

He estado viendo algunos de los informes actuariales de la Caja, unos relacionados con el seguro de salud, otros con el sistema de pensiones IVM. Me queda todavía mucho por explorar, pero hay algunas cosas que, a estas alturas, las tengo bastante claras.

Primero, me resulta obvio que la prensa sobredimensiona los aportes que estos informes dan. Pero eso no sería tan preocupante, si no fuera porque dentro de la propia Caja, y por parte de las élites políticas, se reproduce el mismo error.

Estos informes invariablemente se basan en un modelo. Y ese modelo a su vez se basa en un conjunto de hipótesis o, si usted lo prefiere, un conjunto de supuestos o premisas. En gran medida, y por mucha matemática y estadística que se le ponga a la cosa, los resultados finales están predeterminados, en grado muy significativo, por aquellos supuestos.

Si los supuestos pecan de optimistas, los resultados podrán resultar muy rozagantes y satisfactorios. Si, contrario sensu, se opta por supuestos o hipótesis de tonalidad sombría, los resultados serán deprimentes.

Por supuesto, todavía queda la opción de construir distintos escenarios, y trabajar con supuestos diversos: unos más optimistas, otros más pesimistas. Pero, incluso en tales casos, otras cuestiones seguirán incidiendo.

Primero, el realismo de los supuestos, algo extremadamente difícil de resolver. Optar por elaborar diversos escenarios, atenúa el problema, pero no lo soluciona.

Segundo -que es seguramente lo más importante- el carácter multifacético y sumamente complejo, de los factores que inciden, y que hacen que, cualquiera sea el modelo utilizado, los márgenes de incertidumbre sean amplísimos, y más y más amplios, conforme más prolongados los períodos considerados.

Creo detectar muchas otras serias limitaciones, que omito mencionar aquí.

Estos informes actuariales deben ser asumidos con suma cautela. Son una guía necesaria, pero están lejos de ser la última palabra. Con un agravante que en este momento se nos presenta: dentro de ese juego corrupto y cínico que Rodrigo Chaves y Marta Esquivel han puesto en movimiento dentro de la Caja, han promovido a la Dirección Actuarial a una persona que arrastra serios cuestionamientos, pero que, desde luego, cumple con el requisito que Chaves y Esquivel más aprecian: ser una servidora incondicional.

Día Internacional de Nelson Mandela y Día Mundial de la Escucha

José Luis Pacheco Murillo

Hoy estamos ayunos de hombres y mujeres en el ámbito público con los valores que poseía el señor Mándela. Y también hoy estamos extrañando que los líderes de hoy vivan el valor de la escucha de tal manera que haya comprensión, acuerdos, consensos entre quienes dirigen en nuestros países.

Mándela, pese a lo vivido en la cárcel por 27 años, se convirtió en el símbolo de la lucha contra el racismo. Tenía 71 años cuando fue liberada en 1990 y tuvo la capacidad de perdonar todo y a todos los que le hicieron daño y convertirse en el líder indiscutible de una Sudáfrica dividida por el racismo.

Sus acciones en procura de la paz lo llevaron a convertirse en el primer presidente negro de Sudáfrica y gracias a su temple logró la reunificación de su país.

Escuchó y fue escuchado no solo en su país, sino que en el mundo entero. Logró darles voz a todas las víctimas de crímenes cometidos durante el régimen del apartheid, por medio de lo que él llamó, la Comisión para la Verdad y la Reconciliación.

En una ocasión manifestó que sintió miedo y además sintió odio, sin embargo, logró dominar su miedo y logró sanar heridas en su corazón y perdonar a quienes le causaron tanto daño a él y a su país. «Los valientes no temen al perdón, si esto ayuda a fomentar la paz» y efectivamente fue muy valiente.

Quisiéramos hoy que los líderes tuvieran esa capacidad de escuchar y de hacerse escuchar a través de un diálogo abierto, franco y sincero. Sin rencores y sin revanchas para saldar deudas, tratando de causar daño y “sacarse el clavo” ocasionando quizá el mismo o mayor daño al interlocutor. Así no se consigue la paz y así no se evidencia el perdón.

Hoy es un buen día para celebrar el natalicio de Nelson Mandela con acciones concretas en favor de la paz y abriendo oídos para un diálogo activo con una escucha igualmente activa.

Dios quiera que la vida de Nelson Mandela sirva de ejemplo a muchos de los líderes que hoy ostentan poder.

UCR, Voz experta: Participación ciudadana en materia ambiental

Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

A propósito de una reciente sentencia

¿Se trata de un «principio» o de un «derecho»?

Recientemente se conoció el voto 11236-2023 del 12 de mayo del 2023, relativo a una viabilidad ambiental otorgada por la Setena para un relleno sanitario en Miramar de Montes de Oro.

Como ya viene siendo costumbre cuando se trata de un proyecto cuestionado, la Setena optó por otorgar esta viabilidad el 14 de diciembre del 2022.

En su voto, la Sala Constitucional consideró que la no celebración de una nueva audiencia pública previa por parte de la Setena “resulta violatorio al derecho reconocido en el referido Artículo 50 de la Constitución”, anulando la viabilidad ambiental otorgada.

Un esfuerzo de cuatro integrantes de la Sala por una palabra

Si bien es de saludar esta decisión de la Sala, pero ante todo, la persistencia y valentía de la recurrente, este voto denota también una división interna dentro de la Sala, al evidenciarse un sostenido esfuerzo semántico por parte de la Sala para referirse a la participación ciudadana en materia ambiental como un “principio” y no un “derecho”.

Entre las primeras referencias a su propia jurisprudencia, la Sala remite al voto 1163-2017, en el que, haciendo a un lado más de 20 años de jurisprudencia, optó por no reconocerle más a la participación ciudadana en materia ambiental la calidad de derecho.

Sobre tan desconcertante conclusión que se leyó en el párrafo V del voto 1163-2017, resulta oportuno recordar que fue objeto de tan solo dos votos salvados: cinco magistrados/a en aquel momento (2017) consideraron que ir en contra de la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional y del juez interamericano, y de toda la evolución observada internacionalmente desde 1992 para consolidar la participación ciudadana en materia ambiental como un derecho, no ameritaba mayor explicación.

Esta verdadera “involución” jurisprudencial desde el 2017 no ha dado lugar a rectificación alguna por parte del juez constitucional.

La participación ciudadana puesta en contexto

Con el fin de no causar mayor sonrojo al provocado por esta decisión del 2017, nos permitimos remitir a la OC-23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicada en el año 2018, que precisa que:

«231. Por tanto, esta Corte estima que, del derecho de participación en los asuntos públicos, deriva la obligación de los Estados de garantizar la participación de las personas bajo su jurisdicción en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, sin discriminación, de manera equitativa, significativa y transparente, para lo cual previamente deben haber garantizado el acceso a la información relevante».

En consonancia con lo dictaminado por el juez interamericano, el Acuerdo de Escazú refiere a la participación del público como un “derecho”.

Calificativos contra la recurrente y jurisprudencia interamericana

Como detalle, encontramos en el voto 11236-2023 la siguiente afirmación por parte del Secretario General de la Setena (Resultando, punto 3):

Lo que menciona la recurrente es una expresión temeraria que pone en tela de duda la labor del Departamento de Evaluación Ambiental y de la SETENA misma”.

Más allá del efecto que pueda tener el intento de descalificar a una recurrente, ninguno de los argumentos de la Setena (ni de la empresa) encontró eco en los magistrados constitucionales.

Precisamente, en cuanto a las preocupaciones generadas por un proyecto, en una sentencia del 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Baraona Bray contra Chile del 24 de noviembre del 2022), precisó que:

96. Además, la Corte recuerda que la participación representa un mecanismo para integrar las preocupaciones y el conocimiento de la ciudadanía en las decisiones de políticas públicas que afectan el medio ambiente y aumenta la capacidad de los gobiernos para responder a las inquietudes y demandas públicas de manera oportuna, ayuda a construir consensos y a mejorar la aceptación y el cumplimiento de las decisiones ambientales. Además, la participación pública facilita que las comunidades exijan responsabilidades de las autoridades públicas para la adopción de decisiones y mejora la evidencia y la credibilidad de los procesos gubernamentales”.

En esta sentencia, el juez interamericano integró de pleno el Acuerdo de Escazú al corpus juris interamericano. Tuvimos la ocasión de explicar en un artículo publicado en abril del 2023 en este mismo espacio que:

“/…/ no cabe duda que desde su adopción en el 2018, el Acuerdo de Escazú contribuye, desde ya, a enriquecer sustancialmente el corpus juris del juez interamericano, permitiéndole precisar y consolidar el alcance de las obligaciones que tienen los Estados en la materia. Esta sentencia ya debería interesar a todos los Estados del hemisferio americano que integran el sistema interamericano de derechos humanos” (Nota 1).

El persistente temor ante la participación ciudadana en materia ambiental

En un estudio del 2014, el jurista Álvaro Sagot Rodríguez cita una decisión del 2012 de la Sala Constitucional en la que se lee que:

«En este sentido, el derecho ambiental no podría conducir a una tiranía de la participación ciudadana» (sic) (Nota 2).

No cabe duda que la participación ciudadana en materia ambiental crispa de manera singular a algunos en Costa Rica.

En ese sentido, no está de más recordar que en el 2008, la única ley aprobada por la Asamblea Legislativa y vetada por parte del Poder Ejecutivo en el período 2006-2010, fue la “Ley para Fortalecer los Mecanismos de Participación Ciudadana en materia ambiental ”. Una influyente cámara empresarial en su informe de labores para el 2008 indicó que:

Así mismo, para finales de año UCCAEP ejerció la presión necesaria para que el Presidente de la República vetara la Ley Ambiental. Para ello se publicaron una serie de artículos de opinión y a través de varios representantes se tuvo presencia mediática en torno a la posición del sector empresarial con respecto a la Ley aprobada por la Asamblea Legislativa” (p. 36).

Esta crispación también quedó evidenciada durante la discusión relativa al Acuerdo de Escazú, a partir de argumentos cuestionables de la misma agrupación, así como de audios y escritos circulados por algunos juristas, y de una “nota”, ahora famosa, redactada por una magistrada de la Sala Constitucional en marzo del 2020 (véase voto 06134- 2020 que la contiene).

Conclusión

Más allá de la facilidad con la que algunos frenan iniciativas votadas por la Asamblea Legislativa, en su voto concurrente a la sentencia 11236-2023 (-párrafo VII-) los magistrados Hubert Fernández, José Rafael Garita y Paul Rueda indicaron que la participación ciudadana en materia ambiental es un derecho, al expresar que:

la participación es un derecho de raigambre fundamental, puesto que es una expresión del principio democrático del Estado social de Derecho que busca facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan”.

Ojalá que, inspirándose en esta valiosa opinión, el resto de la Sala Constitucional logre rectificar pronto. En relación con el Acuerdo de Escazú, y al hecho que la mayoría de la Sala persistió en no hacer ninguna referencia a este instrumento, recientemente los juristas Rafael González Ballar y Mario Peña Chacón concluyeron en un artículo, que:

“… a partir de la sentencia interamericana Baraona Bray vs Chile, el Acuerdo de Escazú ingresó al bloque constitucional costarricense como fuente y estándar internacional en materia de derechos humanos y medio ambiente”.

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Nota 1: Véase BOEGLIN N., “Acuerdo de Escazú, viento en popa: Corte Interamericana de Derechos Humanos lo incorpora, mientras persiste insólita ausencia de Costa Rica”, Portal de la UCR, edición del 10/04/2023, disponible aquí.

Nota 2: Véase SAGOT RODRÍGUEZ A., “(In) justificaciones constitucionales que han permitido regresiones ambientales”, Revista Judicial, Número 114 (Diciembre 2014), pp. 61-93 disponible en este enlace (en el que la referida cita se puede leer en p. 93).

NdA: una versión más extensa de este texto se encuentra disponible en este enlace

Sobre el Plan Regulador Costero del cantón de Talamanca

Jorge Mora Portuguez
Abogado Especialista en Derecho Ambiental
Alianza Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente
ARCA

El cantón de Talamanca tiene un 88% de su territorio protegido bajo alguna forma de manejo (sea parque nacional, refugio de vida silvestre, zona de humedales, o territorios indígenas). Solo un 12% del territorio está bajo jurisdicción municipal; lo que lo constituye en uno de los cantones con mayor protección de sus recursos naturales y ambiente.

Talamanca cuenta con 50 kilómetros de playas, de los cuales 36 km están bajo alguna categoría de manejo administrada por el MINAE (Parque Nacional Cahuita, Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, zona de humedales que son Patrimonio Natural del Estado). Además, 2 km de playa corresponden al territorio indígena Kekoldi y solo 12km están bajo administración de la Municipalidad de Talamanca.

Es en estos 12 kilómetros donde se asientan diversas poblaciones humanas, tales como Cahuita, Playa Negra, Puerto Viejo, Punta Uva, Manzanillo entre otras. Muchas de estas comunidades se fundaron a finales del siglo XIX y principios del XX; por ejemplo, los primeros planos que dibujan los cuadrantes de Cahuita son de 1915 y los de Puerto Viejo de 1935.

Pero esas poblaciones ocupan solo el 25% de la franja costera, mientras que el 75% restante se encuentra aún conservado, ya sea como Parque Nacional, Refugio de Vida Silvestre, Patrimonio Natural del Estado o territorio indígena. Se trata de bosques de humedal, humedales riberinos y estuarinos en su mayoría, protegidos al 100% por el SINAC.

El Plan Regulador Costero que está desarrollando la Municipalidad de Talamanca junto con el INVU pretende ordenar, proteger y regular el uso de la tierra en el territorio de 200 metros correspondientes a la Zona Marítima Terrestre de esos 12 km que están bajo jurisdicción municipal y donde habitan más de 850 familias, afrodescendientes en su mayoría, que han vivido por más de 100 años en la zona. El 75% restante de la franja costera, ya protegido, no se tocará en lo absoluto, ni tampoco ningún territorio que esté fuera de esa franja de 200 metros de la Zona Marítimo Terrestre bajo jurisdicción municipal.

Como bien lo señalan Edwin Cyrus, ex director del Área de Conservación Amistad Caribe, y Enrique Joseph, dirigente comunal histórico de Cahuita, y actualmente funcionario municipal a cargo del proceso de elaboración del Plan Regulador, este se encuentra apenas en una fase de consulta y recepción de propuestas por parte de la población costera. Desde el momento en que la Municipalidad recibió la propuesta formulada por el INVU y debidamente aprobada por el ICT, SENARA y SETENA, como lo indica la ley; se puso a disposición de la población de forma directa y a través de su página web. También se abrió la recepción directa y electrónica de sugerencias, observaciones y propuestas. A lo largo de la costa se realizaron talleres informativos y reuniones con todos los núcleos poblacionales.

La Ley de Zonas Urbanas Litorales, No 9221; la Ley de Regulación de Construcciones en la Zona Restringida, No 9242 y la Ley de Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur, No 9223; se emitieron para defender la ocupación de los habitantes de las zonas costeras y evitar su desalojo de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), particularmente de los poblados originales afro costarricenses. Pero la aplicación de ese conjunto legal requiere de la pronta aprobación de un Plan Regulador Costero que regule su uso. De no ser así, al vencer la moratoria que frena los desalojos y derribos de viviendas, en julio del 2024, de nuevo los pueblos costeros se verán expuestos a tales medidas.

Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo son pueblos costeros muy antiguos. El Plan Regulador Costero respetará las ocupaciones actuales con regulaciones especiales del conjunto legal 9221, 9242 y 9223 antes citado. Se declaran como ciudades litorales, de forma que sus habitantes dejen de ser como hasta ahora “ocupantes en precario”, tal como lo recomendó el relator de Naciones Unidas desde 2013. Este plan dará seguridad jurídica tanto a pobladores como inversionistas y desarrolladores, que ocupan solo el 25% del litoral del cantón, estableciendo claramente las reglas del juego, y acabando con la caótica situación actual, donde en muchas ocasiones las decisiones son tomadas por los funcionarios de turno con base en su buen saber y entender, pero sin responder a criterios técnicos o científicos.

El Plan Regulador Costero del Caribe Sur del cantón de Talamanca es una necesidad urgente para garantizar a los descendientes de los pobladores ancestrales su derecho a la tierra, su derecho a existir como pueblos costeros, su derecho a una vida digna y en armonía con el entorno natural. Así como también para las personas que por décadas han convivido pacíficamente con ellos, tanto nacionales, como de otros países.

Algunos sectores urbanos, principalmente del Valle Central, no están interesados en el bienestar de estas poblaciones y solo les preocupa la variable ambiental desde una óptica preservacionista y conservacionista. Sin embargo, los conceptos más modernos del desarrollo sostenible nos enseñan desde hace muchas décadas que la mejor forma de proteger y conservar el ambiente y la naturaleza, es considerando también las variables sociales y económico-productivas, en la llamada pirámide de la sostenibilidad.

Nos solidarizamos con la lucha histórica de los pueblos de Talamanca, que han sido un magnífico ejemplo de convivencia en armonía con el medio, por su derecho a la tierra, a la preservación de su cultura y al mejoramiento de sus condiciones y calidad de vida. El Plan Regulador Costero de Talamanca no puede esperar más.

 

Imagen ilustrativa.

Entrevista de Henry Mora a Franz Hinkelammert

SURCOS comparte la entrevista que realizó en abril del 2019 el académico de la UNA, Henry Mora al economista y teólogo, Franz Hinkelammert, quien falleció este 16 de julio de 2023.

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

¿Se acabaría la luna de miel entre «expertos» de OIT y maquillistas de la CCSS? (Parte VII)

M.Sc. Rodrigo Arias López. Máster en Matemática Actuarial

En esta entrega muestro resultados del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) del período 2008-2022 y en lo sucesivo compararé varias variables de este seguro con las proyectadas y publicadas por expertos de OIT en el año 2010, quienes se esforzaron por demostrar que en la CCSS no había maquillistas y que el IVM era sostenible hasta más allá del año 2038. En estos dos enlaces pueden comprobar lo dicho: Bonilla y Velazco y si alguien desea ver más, dejo aquí las partes VI y V. En adelante citaré al informe de la OIT de 2010 como OIT-2008, pues es con corte al 31/12/2008; a sus autores y promotores los identificaré como expertos de OIT.

Observen en el Cuadro N° 1 lo que hicieron los políticos y los gobiernos de turno con el principal régimen de pensiones de Costa Rica, con la colaboración de los expertos de OIT. Noten como desde el año 2009 los aportes no alcanzan para pagar los gastos o beneficios; pero los expertos de OIT decían que eso ocurriría hasta en el año 2022.

Cuadro N° 1. Balances del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS 2008-2022

(millones de colones)

Decían esos técnicos que los excedentes del IVM (columna (5) del Cuadro N° 1) serían negativos hasta en el año 2038, por lo que los costarricenses debíamos estar tranquilos; sin embargo, les recuerdo lo que hicieron los políticos para evitar que eso sucediera 15 años antes de ese año. Primero eliminaron en el año 2013 el retiro anticipado penalizado que habían creado en el año 2005. Segundo, aumentaron las cuotas un 1,66% sobre los salarios en 2015 y 2017 (0,66% al Estado y 1% a los trabajadores). Tercero, toparon en 2018 la base mínima contributiva en un 87% del salario mínimo para evitar aumentar las pensiones mínimas. Cuarto, en ese mismo año adelantaron dos años el aumento de los aportes del 0,5% sobre los salarios. Quinto, a partir de 2019 eliminaron la costumbre histórica de realizar reajustes semestrales por inflación a los montos de las pensiones. Sexto, los reajustes que hacen los pagan hasta después de un año.

Es posible que aún algunos lectores se pregunten como llevaron al IVM a ese estado, por lo que refresco como lo hicieron. Primero, dejaron la cuota de IVM fija en 7,5% durante 63 años a pesar de los siguientes hechos: En 1950 el actuario Cecil Nesbitt advirtió a la Junta Directiva de la CCSS que esa cuota era deficitaria. En 1967 IVM inició el pago del aguinaldo, aumentando el gasto un 8,33%. En 1976 IVM aumentó su costo un 13,75% pagando el seguro de salud a los pensionados. Alrededor de 1980 bajaron las edades de retiro por vejez hasta la edad de 55 años. La esperanza de vida al nacer aumentó de 50 años hasta los 80 años a partir de 1980. Segundo, la alta evasión y morosidad, principalmente del Estado (ver columna (6) del Cuadro N° 1). Tercero, desde hace varias décadas al IVM le quitan un 7,5% sobre los salarios, contraviniendo el artículo 73 constitucional y los artículos 32 y 43 de la Ley constitutiva de la CCSS. Ese desvío es superior a ¢900 mil millones por año. El IVM hoy debería tener en reserva más de ¢60 billones; pero pueden ver en la columna (7) del Cuadro N° 1, que solamente tiene ¢3,3 billones.

Muestro en el Gráfico N° 1 la tasa de cobertura (TC) de IVM sobre la Población Económicamente Activa (PEA) comparada con la utilizada en OIT-2008. Esta tasa es una hipótesis que los actuarios deciden cuando elaboran el estudio, con base en estadísticas y criterio propio. La TC multiplicada por la PEA nos da la cantidad de cotizantes esperados en cada año de la proyección; de ellos dependen los ingresos y los gastos futuros, por eso el actuario debe tener mucho cuidado al escogerla. A fin de que la comparación sea válida, en el Gráfico N° 1 utilicé en ambos casos la PEA usada en OIT-2008. Según los expertos de OIT la TC de IVM aumentaría de 65% en 2009 hasta un 82% en 2030, lo cual a todas luces era una hipótesis imposible, tomando en cuenta que desde hace más de una década el desempleo ronda el 10%; un 5% de la PEA cotiza para otros regímenes de pensiones; un 3% de la PEA es de adultos mayores; otro 3% de la PEA es asalariada ocasional; un 9% o más de la PEA es de trabajadores independientes que evaden cotizar, sin dejar de mencionar la pobreza y extrema pobreza. Es decir, por lo menos un 30% de la PEA estaría prácticamente excluida, por lo cual, cualquier hipótesis razonable de cobertura no debería superar el 70% en el largo plazo.

Por ejemplo, para el año 2022 la hipótesis de TC usada en OIT-2008 fue 77,9% y se observó un 64,6%, o sea, 13,3% menos de cobertura. Dicho de otro modo (ver Gráfico N° 2), la OIT asumió que en el año 2022 el IVM tendría 1.979.800 cotizantes; pero solo tuvo 1.641.370, es decir, 338.430 menos. ¿Cuánto significa esto en cuotas o colones? Lo veremos en otras entregas.

La nueva casa de Anthony Contreras

Freddy Pacheco León

Un poquito de información sobre el equipo de Anthony Contreras. Es el RIGA F. C., mejor equipo de Letonia, país de 64.500 km2, con un litoral de 500 km al mar Báltico, con límite marítimo frente a Suecia.

Letonia tiene menos de dos millones de habitantes (un 26% de origen ruso), y Riga, su capital, tiene un centro histórico Patrimonio Mundial, declarado por la Unesco, unos 700. 000 habitantes.

Su economía se basa en los servicios (68%) y un 24% en la industria, principalmente. Por su belleza, su turismo se acerca a los dos millones de visitantes anuales.

Obtuvo su independencia en 1991, con el fin de la era soviética. Su sistema de Gobierno es parlamentario. Riga, la capital de Letonia, «Capital Europea de la Cultura», se ubica en el mar Báltico, con varios museos y salas de conciertos. La ciudad antigua, exclusivamente peatonal, tiene muchas tiendas y restaurantes y cuenta con la ajetreada Plaza Livu, con vistosos bares y clubes nocturnos.

Un Consejo de Ministros del partido Socialdemócrata, conforman la rama ejecutiva, cuyas sesiones son públicas.

Sobre el equipo de Contreras, hay asuntos de mucho interés. Aunque el hockey sobre hielo y el baloncesto son los deportes más populares de los letones, la comunidad rusófila es la más interesada por el fútbol.

Nuestro compatriota estará encontrando una gran competencia en el Riga F. C., principalmente en los jugadores extranjeros. Hoy juegan en su equipo tres brasileños, dos peruanos, tres croatas, tres congoleses, dos ucranianos, tres serbios, un checo, un español, un portugués, complementados por once letones.

Bonito reto tiene Anthony Contreras, que estamos seguros sabrá enfrentar dando el máximo esfuerzo.

17 de julio del 2023

Que viene de lo de La Haya – La nota de Carlos

Carlos Meneses Reyes

Es cierto colega Álvaro. El articulista Raúl Ramírez Tovar, que debe ser un abogado colombiano demócrata, tiene razón en su artículo «Lo que la prensa calló de La Haya».

Esos(sic) abogados, de pésimo desempeño jurídico exprimieron durante 30 años tal litigio. Sus honorarios fueron escandalosos en dólares. Cómodamente convinieron con equipos jurídicos de abogados internacionales jugosos contratos de servicios que sangraron al erario Nacional. Alegaban que requerían de la «asistencia técnica», internacional. Quedaron requetemal en el Foro Jurídico Académico Internacional. No lo sostengo yo solo.

Personalmente gasté «horas nalgas» «dándole seguimiento” a las Audiencias de Trámite y de Alegatos durante 20 años a ese litigio Nicaragua – Colombia. Lo conozco como el que más. No existen textos a consultar de los aportes técnicos de los tales calificados abogados internacionales. Y de los aportes, como doctrina jurídica internacional, de esos litigantes, no alcanzan para sustentar un curso universitario para estudiantes en cátedras de Derecho Internacional y vernáculo.

Los abogados colombianos de los tres gobiernos proclives a la geopolítica del imperio del año 2000 al año 2022, demostraron que, así como la Nación internamente pierde las demandas en su contra por falta de defensa, también se perdió (o perdieron ellos) la demanda de Nicaragua contra Colombia, que culminó con la sentencia de 2012 en la que luego de la desmembración de Panamá perdimos mar territorial por 75.000 Km2.

Pese a existir una Defensa Jurídica del Estado se multiplican en miles las demandas contra la Nación, convirtiéndose esa Oficina en perseguidora de los litigantes colombianos. Ni uno solo de esos abogados les calificaba, para si buscar Abogados y/o «técnicos» extranjeros muy bien requete pagos.

Eso constituye una bofetada a las escuelas de derecho nacionales. En mis escritos sobre análisis de esa sentencia condenatoria contra Colombia en el año 2012, resalto en el aspecto litigioso que el equipo de abogados nacionales confundió o pensaron que estaban litigando en estrados colombianos y con normativa procedimentales internas.

Al Acto Acusatorio y de Pretensiones nicaragüense, lo calificaron o denominaron «Demanda» y súpito observé que conforme al tecnicismo en derecho internacional que se denomina réplicas a lo pretendido por el Estado reclamante, los abogados criollos lo llamaron «Contestación de la Demanda» de Nicaragua. Es decir, como si estuvieran ante cualquier Juzgado del Circuito de Ocaña… Y peor aún: procedieron a contestar cada uno de los puntos del calificado acto de pretensiones nicaragüense, con el lánguido: «es cierto», «no es cierto», «no nos consta», «que se pruebe». Por favor, en el argot del litigio internacional no existe tal escenario.

Jamás, esa valiosa oportunidad procesal de defensa, además de compleja, era de enorme valor en el manejo, sobre todo de la oralidad. Implicaba algo creativo y fundamental. Por ello insisto en el criterio jurídico, visión sólida y formativa de un jurista. Tamaña ridiculez que dejó mal parado la otrora majestad de los jurisconsultos colombianos.

De igual manera redacté, en artículo anterior, mi experiencia cuando en mi desempeño en escenarios académicos internacionales, verifiqué – hacia finales de 1994 -luego de una visita a la Biblioteca de la Universidad de Managua-, que en el pensum académico de los estudios de Derecho incluían una materia denominada «Litigios fronterizos con la República de Colombia». Ello me alarmó como colombiano y me animé a escribir una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia exponiendo esa situación y la inminencia de demandas contra Colombia. Resaltaba que era egresado de la Facultad Nacional de Derecho y que mi profesor de Derecho Internacional lo fue el Dr. Diego Uribe Vargas. Pues como corresponde a las peticiones civilizadas de un Pedro Pueblo colombiano en el exterior, mi información no fue acatada.

De tal manera – colega Álvaro – y por su intermedio a todo el cuerpo de abogados y abogadas colombianas, analicemos con beneficio de inventario la última sentencia del Tribunal de La Haya a favor de Colombia. Aportemos desde nuestras organizaciones sociales profesionales pues estamos en mora de contar con un Colegio Único Oficial de Colegiatura de Abogados y Abogadas en Colombia, para contribuir, en el escenario de la diplomacia internacional, en la búsqueda definitiva y de respeto a la auto determinación de los pueblos y que conlleve a la sana armonía y convivencia con el aguerrido y luchador pueblo nicaragüense y en aval a la autonomía e independencia del imperio, de ambos pueblos.

Carlos Meneses Reyes ¡Puro Abogado!

16-07-2.023.