El gobierno neoliberal de Rodrigo Chaves en Costa Rica ha arremetido violentamente contra la estructura del Estado Social de Derecho costarricense. Parte de sus ataques son el debilitamiento de ciertas instituciones claves y básicas de la cultura y vida democrática nacional. Ha reducido el presupuesto nacional del Ministerio de Cultura, ha afectado de manera parecida al Ministerio de Educación y mantiene un ataque sostenido contra los presupuestos de las universidades públicas.
A ello suma el congelamiento real de salarios y de pensiones, que están seriamente afectados desde hace tres años y su proyección es por un plazo igual, sin que se controle el aumento de precios en los artículos de mayor necesidad de las personas, sin que se congelen en paralelo los costos de los servicios públicos, provocando en la práctica que los salarios suban por escalera y los precios por ascensor, haciendo cada vez más costosa la vida.
La reducción de estos presupuestos, en parte, lo justifica diciendo que es para destinar más recursos a las fuerzas policiales y del Ministerio de Seguridad Pública del país, frente a una ola creciente de homicidios e inseguridad ciudadana. Lo que es verdaderamente peligroso es que el Presidente Chaves ha insinuado las posibilidades de gobernar por la fuerza, mostrando sus rasgos autoritarios e intimidatorios de gobernante, retratándose acompañado de oficiales policiales que parecieran más guardaespaldas de un jefe mafioso, por la forma y ostentación de su indumentaria y sus armas de combate. Costa Rica ha sido un país que enarbola su régimen democrático sobre la base de que no tiene Ejército, de que el país ha tenido históricamente más maestros que soldados, lo que ya no es prácticamente cierto. Los cuarteles tradicionales del Ejército han sido transformados en museos e instituciones culturales, pero el aparato de seguridad del Estado se ha fortalecido exponencialmente comparado con esos otros rubros culturales y educativos. Los cuerpos policiales que operan privadamente, en varios miles de policías, el Presidente ha insinuado la posibilidad de llamarlos a cooperar y colaborar en la lucha contra el crimen organizado que debe atender el Ministerio de Seguridad Pública. El Presidente mismo ha dicho que le habría gustado gobernar por decreto, con lenguaje engañoso de que defiende la democracia y que él no se convertiría nunca en un dictador.
Parte de esta táctica es el ataque constante al prestigio y al papel de la Corte Suprema de Justicia, como un poder independiente, que quizá él quisiera controlar, como lo hacen algunos gobernantes latinoamericanos. Ha planteado esto dentro del lamento de no poder convocar una Asamblea Nacional Constituyente donde se estructuren estos poderes públicos como él quisiera.
En sus ataques institucionales enfrenta constantemente también al Poder Legislativo, especialmente a los diputados que le cuestionan y a los de la única fracción parlamentaria, de 6 de 57 diputados, que son francamente opositores, advirtiendo todos los días que no tiende puentes, que no escucha ni solicita opinión, ni desea acuerdos con quienes, como esos diputados lo critican, desconociendo totalmente la práctica de un régimen democrático y de una institución, como el Poder Legislativo, que en sus funciones, además de hacer leyes tiene la del control político sobre el Gobernante y sobre toda la institucionalidad político administrativa.
En sus ataques a diputados ha acudido al expediente del ataque personal, íntimo, que linda con aspectos que parecieran obtenidos por los aparatos de seguridad nacional, y de espionaje, del gobierno, policía adscrita a la Presidencia de la República, lo que evidencia violación elemental de derechos humanos y del derecho a la privacidad. Es la forma como ha venido minando poco a poco la seguridad pública ciudadana, y estableciendo un régimen de terror reverencial institucionalizado en sus mesas de prensa de todos los miércoles. Recientemente atacó a una destacada periodista, de mucha tradición nacional, seria, que en respuesta a sus ataques prepara una acusación al Presidente Chaves ante la Corte Suprema de Justicia. La periodista Vilma Ibarra ha recibido el apoyo del Colegio de Periodistas, de diputados, de una llamada de atención elegante que le hizo el Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez al Presidente de la República, y de distintas personalidades nacionales.
El ataque feroz contra el Estado Social de Derecho lo conduce hacia la reforma de las jornadas laborales, de carácter constitucional, de 48 horas semanales en tiempos de ocho horas diarias. La jornada de ocho horas en Costa Rica se estableció en diciembre de 1920. Se llevó a la Constitución Política de 1871, mediante las Reformas aprobadas como Capítulo de Garantías Sociales, en 1943, año y misma fecha que se aprobó también el Código de Trabajo. En la Constitución Política de 1949, vigente en este momento, se mantuvo y amplió esa Reforma Social, que ha sido uno de los pilares de la estabilidad política y social del país. En lugar de jornadas de ocho horas diarias quiere establece jornadas de 12 horas diarias por 4 días a la semana, para el total de las 48 horas semanales establecidas en la Constitución Política. En la propuesta real del Presidente el régimen de las 12 horas viola una serie de derechos sociales, relacionados con pago de jornadas extras, con disminución de derechos de pago de cesantía, de salario escolar, de aguinaldos, y de futuras pensiones entre otros. Violando con ello Derechos Humanos, Convenios internacionales, rebajándose ante los países de la OCDE, a la que pertenece Costa Rida como uno de los países con jornadas de trabajo más altas, cuando en Europa, y en otras partes del mundo, la tendencia es ir hacia la jornada de 35 y 36 horas semanales, y menores de las ocho horas diarias.
Parte de esas reformas sociales vigentes, surgidas a principios de la década de 1940, fueron la creación de la Universidad de Costa Rica, que es uno de los blancos preferidos de tiro del Presidente Chaves, y la Caja Costarricense del Seguro Social, una institución emblemática del país, también pilar de la democracia política y social que se disfruta como parte de la estabilidad social y política que Costa Rica exhibe internacionalmente., que permite por sus alcances nacionales que los costarricenses tengan un alto nivel de expectativa de vida, superior a los 80 años, con algunas regiones, zonas azules las llaman, donde los ciudadanos pasan con regularidad los cien años.
Quedan recursos a la población costarricense frente a estas políticas laborales que se quieren imponer. Están los recursos de inconstitucionalidad que puede poner la misma Asamblea Legislativa, como consulta obligada que haga ante la Sala Constitucional de la República y la que pueden hacer un pequeño grupo de diputados. Si la ley se llegare a aprobar, igualmente cualquier ciudadano, uno solo, podría acudir ante la Sala Constitucional, demandando su inconstitucionalidad. Del mismo modo se puede llevar esta ley a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Costa Rica, para que también se pronuncie. Y, como un instrumento más de lucha ciudadana en defensa del Estado Social de Derecho del país se puede convocar a un Referéndum Revocatorio de esta ley, de esta jornada que establece el trabajo esclavo al estilo del siglo XIX. En los próximos días se definen estos caminos a seguir.
Artículo publicado en la revista MEER.com el 23 de junio del 2023 y compartido con SURCOS por el autor.
1.1 La situación social en Costa Rica se sigue agravando. Algunos de los indicadores que muestran esta situación de crisis, son: desempleo, subempleo, pobreza, deterioro de los servicios sociales y delincuencia.
1.2 De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, al 4 de mayo de 2023, la tasa de desempleo estaba afectando al 10,6% de la población económicamente activa (PEA).
1.3 Por su parte, el subempleo, es decir, trabajos mal pagados y de baja calidad, en esa misma fecha, mayo 2023, llegaba al 7%.
1.4 El Ministerio de Trabajo ha valorado de manera positiva las nuevas mediciones del empleo y el subempleo expresando que hay una tendencia a la baja. Pero el Colegio de Economistas ha planteado que si bien se está llegando a los niveles pre pandemia, esto no es para celebrarlo ya que en ese momento las cifras eran altas, a este fenómeno, este Colegio, lo denomina, “desempleo estructural”. El desempleo y el subempleo afecta especialmente a personas jóvenes, mujeres y personas mayores. Algunos analistas, igualmente, han señalado que las cifras actualizadas de desempleo y subempleo son mayores a estas actualizaciones ya que recientemente se registra una disminución de personas que buscan empleo vía desmotivación, razón por la cual, no es que ha bajado el desempleo, si no que menos personas buscan trabajo.
1.5 En cuanto a situación de pobreza esta se situaba en diciembre del 2022 en un 25%, superando en tres puntos porcentuales, las cifras pre pandemia. La pobreza extrema pasó de un 6% a un 8% entre mayo 2022 y abril 2023.
1.6 En lo que respecta a servicios públicos tales como salud, educación, vivienda, la situación se viene agravando día con día. El tema de las listas de espera no se resuelve. Igualmente se ha paralizado el plan de construcciones de nueva infraestructura afectando la construcción de nuevos hospitales tales son los casos de Limón y Cartago. A la educación se le viene bajando el presupuesto. El presidente Chaves ha dicho que a su parecer el 8% del PIB para educación él lo ve como una política populista. En Vivienda, de acuerdo con una noticia de La Nación del 19 de junio del 2023: “La cantidad de bonos de vivienda formalizados en el 2022 por el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), tocó un mínimo que no se veía desde 1999, cuando se otorgaron 6.621 de estos beneficios; mientras que el monto total colocado registró dos años consecutivos en caída, con una cifra que no se veía desde el 2015.”
1.7 Finalmente, como corolario de esta situación muy regresiva de la sociedad costarricense se registra un incremento sostenido de la criminalidad, apareciendo o profundizándose fenómenos como el sicariato, el narcomenudeo, los feminicidios, los homicidios, entre otros graves problemas. De acuerdo con una nota de Delfino CR del 3 de mayo del 2023: “El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó este miércoles que Costa Rica ya alcanzó la cifra de 300 homicidios, es decir, ha registrado en promedio 2.4 homicidios al día. Cada mes del año 2023 ha roto hasta ahora el récord de homicidios de su par del año previo. A la fecha, las cifras superan por 93 a la cantidad de homicidios registrada en el mismo lapso durante el 2022 (207), año que cerró con el número más alto de homicidios en la historia del país con 656. Además, es alarmante que entre el 2012 y 2022 se registran 257 feminicidios y solo en los primeros días de enero 2023, 10 mujeres son asesinadas.
2. Situación política
2.1 El gobierno se ha debilitado, pero sigue siendo fuerte. De acuerdo con el CIEP de la UCR, según su encuesta de abril del 2023, se constata una tendencia a la caída de las opiniones positivas en el desempeño de Chaves en tanto presidente de la República. De modo que, entre noviembre del 2022 y abril del 2023, perdió 5% de opiniones positivas, situándose en un 60% de opiniones positivas.
No obstante, el apoyo a Chaves sigue siendo muy importante, es decir, casi dos terceras partes de la población sigue respaldando su gestión. Otros datos a tener en cuenta son los suministrados por el Observatorio de Comunicación Digital de la U. Latina, en el sentido de que las opiniones positivas hacia Chaves en redes pasaron de un 65,3% en junio del 2022 a un 32.7% en mayo del 2023. Tanto el estudio de la UCR como el de la UL constituyen mediciones de opinión pública.
2.2 El otro aspecto muy importante a tener en cuenta es el de las luchas sociales o movimientos sociales. Algunos de los movimientos sucedidos en los últimos meses son: el 19 de abril hubo concentración frente a Casa presidencial y piquetes en ruta 32 convocados por el Bloque de Vivienda para exigir al ministro de Hacienda que le pague al BANHVI los 10.000 millones de colones que forman parte del Presupuesto Nacional y se archive proyecto 23.450, debe indicarse que se están perdiendo 1.300 viviendas del bono ordinario”;marcha de los agricultores en San José el 29 de marzo, lucha por asfaltado ruta 811 donde comunidades aledañas se unen para incidir en las autoridades municipales y gestionar comunicación directa con el gobierno; manifestaciones con bloqueos y piquete de apoyo en el Ministerio de Hacienda del pueblo limonense el 1º de junio, por un conjunto de peticiones desde indemnizaciones para los ex muelleros hasta la lucha por restituir al Banhvi los 10 mil millones recortados; huelga de las(os) trabajadoras(es) de la CCSS el día jueves 8 de junio, y, finalmente la manifestación del sector educativo el día 20 de junio. Han sido movimientos importantes puesto que muestran una cierta respuesta desde el campo de las luchas. Pero generalmente han sido movimientos fragmentarios con escasa articulación entre diferentes movimientos sociales. Parece que hay una tendencia al ascenso de las luchas, pero por el momento no se consolida.
2.3 El movimiento indígena merece una mención específica. La lucha por la tierra, específicamente, las recuperaciones de tierra han sido una constante en los últimos años. En algunos de los territorios indígenas del sur del país, tales son los casos de Salitre, Térraba, China Kichá y Cabagra se han dado importantísimos procesos de recuperación de tierras. Los colonos y finqueros han realizado intentos de volver a tomar lo que consideran sus tierras, pero la férrea resistencia lo ha impedido. Muy importante es señalar la condena del asesino de Jerhy Rivera en el juicio que finalizó el 1º de febrero del 2023, condenando a 22 años de cárcel al asesino de este dirigente indígena. El movimiento indígena está en momentos de fuerza y recuperación. Sería muy importante avanzar en articulación de este movimiento con otros movimientos sociales y políticos del país en la perspectiva de la articulación y la hegemonía obrera, trabajadora, mujeres, indígena, campesina y popular.
2.4 El llamado a la huelga por parte de los sindicatos del sector salud para el 5 de julio del 2023. Esta huelga podría ser muy importante ya que se da en un nuevo contexto político de la CCSS y de deterioro del gobierno de Chaves. En concreto, la resolución de la Sala IV en el sentido de que la medida ejecutada por el gobierno de destitución de la anterior Junta Directiva es inconstitucional, resolviendo esté órgano, la restitución inmediata de la representante sindical y el representante cooperativista. De manera que, es de esperar que esta huelga se produzca en el marco de un salto en el deterioro de la autoridad gubernamental.
2.5 Hasta el momento la respuesta del gobierno frente a estas marchas y movimientos ha sido la de minimizar su fuerza y a desestimar las demandas. Ningún movimiento ha resultado victorioso en sus demandas específicas. Lo positivo de estos procesos de movilización es que han desemperezado ciertos sectores de lucha, pero todavía han sido esfuerzos débiles. Hasta el momento sigue prevaleciendo la desarticulación, pero a lo mejor la situación podría cambiar con la huelga de la CCSS del 5 de julio.
3. Nuestra política
3.1 Nuestra orientación principal sigue siendo la de apoyo y participación en las demandas inmediatas de la clase trabajadora y el pueblo. Se debería continuar trabajando en la perspectiva de la solidaridad con las luchas y movimientos que se presenten, tales como defensa de la CCSS, defensa de los derechos de los pueblos indígenas en especial su derecho a la tierra; por supuesto se debe mencionar el derecho a la vivienda digna; educación, centrado en la consigna de cumplimiento del 8% del PIB para la educación.
3.2 Con el llamado a la huelga de la Caja para el próximo 5 de julio esta se convierte en la tarea más importante de la coyuntura actual. Se debe tomar en cuenta que el objetivo de esta huelga es muy político, defensa de la autonomía de la Caja. Muy bien hay que defender la autonomía de la Caja, pero debemos ser vigilantes al mismo tiempo de lo que haga cualquiera sea la Junta Directiva que se instale en la Caja.
3.3 La consigna de Encuentro Obrero y Popular para enfrentar la crisis y para articular las luchas es una orientación correcta, pero de difícil realización en este momento puesto que las principales direcciones del movimiento de masas no están de acuerdo con esa política y porque somos muy débiles como para imponer esa orientación por nosotros mismos. Igualmente, pareciera que la mayor parte de las masas en este momento no comprende la necesidad de la unificación de las luchas. Pero dado que la situación se está poniendo más dinámica pudiera ser que en un cierto plazo la consigna de Encuentro Obrero y Popular se ponga a la orden del día.
3.4 Otra consigna importante tiene que ver con el tema de la deuda interna y externa. Como se sabe, cerca de la mitad del presupuesto estatal se lo está llevando el pago de la deuda. Por ejemplo, para el caso del presupuesto 2023 este rubro se lleva el 44,1% del total de presupuesto. De igual manera, el gobierno sigue recurriendo a nuevas deudas para cumplir con sus compromisos, así en este presupuesto del 2023 se proyecta que un 40,9% se financiará con nuevo endeudamiento, en tanto que el restante 59,1% se financiará mediante impuestos.
El alto endeudamiento incide en muchos aspectos: congelamiento salarial de las personas trabajadoras del sector público, no cumplimiento de la deuda con la CCSS, recortes presupuestarios a salud, vivienda y educación, recorte de pensiones. Es muy importante saber a quiénes se debe. Al respecto se debe recordar que la Sala IV resolvió que los nombres de los tenedores de bonos de deuda pública es información confidencial. Por tanto, no sabemos a manos de quiénes están yendo los altísimos pagos por intereses y principal de la deuda. El conocimiento público de los prestamistas del Estado es una información muy relevante para que el pueblo tome a criterio respecto a esta deuda.
Allá por el año 1990, nos visitó en la dirección de la Escuela de Ciencias Ambientales (Universidad Nacional) y de entrada nos dijo: “¿Por qué no alquilar la isla del Coco?”, y de inmediato, con plena convicción, nos amplió su propuesta con argumentos que escuché respetuosamente, aunque, obviamente, perplejo. Que era un parque nacional que nadie podía visitar, como si se podía hacer con el Parque Nacional frente a la Asamblea Legislativa, nos dijo; que no generaba ningún beneficio para el desarrollo de Costa Rica; que en el pasado, con el Instituto Costarricense de Turismo había suscrito un contrato que habría propiciado la inversión necesaria, para incluso construir un aeropuerto que incluía parte del mar; que él, entonces como diputado echandista, había logrado el apoyo de muchos colegas de otros partidos, que veían en la idea, una extraordinaria oportunidad de “hacer algo” creativo en esa muy lejana isla, que “era reclamada, incluso, por los colombianos, y que los gringos casi habían comprado para fines militares, después de visitas del presidente Roosevelt en los años 30”; que el famoso tesoro seguía esquivo y que entonces no había por qué seguir pensando en él como fuente de riqueza. ¡Que, este servidor, como director de una unidad académica prestigiosa en el campo ambiental, le apoyara en esa iniciativa!
Aunque por momentos pensé que el caballero, estaba inmerso en una fantasía, y que lo suyo no era más que un sueño, quizá recurrente, que en la de menos requería atención especializada, para nuestra sorpresa traía consigo algo que sí me hizo prestarle mayor atención. Se trataba de una copia de La Gaceta del día de Navidad de 1966, en que se consigna el “Dictamen afirmativo” de la comisión legislativa de Gobierno y Administración, del proyecto de ley “Traspaso en propiedad de la isla del Coco al Instituto Costarricense de Turismo y aprobación de un contrato para su explotación”.
En su aprobación, concluyeron los señores diputados Fernando Gutiérrez Benavides, Enrique Azofeifa Víquez, Ramiro Barrantes Elizondo, Hernán Vargas Ramírez, Jorge Luis Villanueva Badilla y Mario Charpantier Gamboa, que la isla del Coco no puede dedicarse a la agricultura…; que tampoco puede dedicarse a un centro penitenciario…; que por razones de distancia y por el alto costo, no es posible explotar, como fuente de riqueza, sus recursos naturales…; que los tesoros que, se ha dicho, existen en la isla no constituyen patrimonio económico, sino una leyenda, una utopía, aprovechable únicamente como atracción turística; “y, por último, la única alternativa que queda, dentro del mundo moderno, y como único recurso económico para el país, es la explotación turística de la Isla del Coco”.
Como ven, amigos, ¡No era cuento ni una fantasía infantil! Se trataba de un pasaje muy poco conocido, de algunos de nuestros políticos.
Y si a algunos les parecerá que la idea desarrollada en ese proyecto de ley podría ser, en términos actuales, descabellada, conozcamos algunos detalles de los compromisos contractuales suscritos entre los señores Ricardo Castro Cañas, por el ICT, y el señor César Augusto Solano Sibaja, nuestro visitante hace tres décadas, aprobados por la citada comisión legislativa, para la explotación turística, en los primeros meses del gobierno de don José Joaquín Trejos.
“El contratista” se comprometió, “en el menor tiempo posible”, a invertir un millón de dólares en los primeros dos años, a “construir un aeropuerto para toda clase de aviones”, “un muelle para el embarque y desembarque de pasajeros y mercaderías en barcos de regular calado”, así como “todos los locales que el Gobierno considere indispensables para las oficinas públicas”, a la vez que se le otorgó el derecho “para construir y arrendar terrenos a particulares para la construcción de hoteles, moteles, viviendas particulares, locales comerciales, piscinas, gimnasios, y además, toda clase de edificaciones o instalaciones con que cuentan las ciudades modernas o centros turísticos”.
No habría que esforzarse mucho, para vislumbrar cómo se encontraría la isla del Coco, apenas un poquito más grande (2.400 ha) que el también pequeño Parque Nacional Manuel Antonio (ambos en sus partes terrestres), de haberse ejecutado esa “brillante iniciativa”, entonces acogida con entusiasmo por los legisladores.
¡Pero viene lo mejor!
Además de la inversión que, supuestamente sería cubierta por empresarios alemanes, nos dijo el señor Solano Sibaja dos décadas después de haberse dictado el dictamen legislativo favorable, en el contrato suscrito con el gerente del ICT, leemos lo siguiente: “1º- Concédese en arrendamiento al contratista por la suma de un colón al año, los derechos exclusivos para la explotación turística de la Isla del Coco y sus islotes…”. Y agrega: “Este derecho se concede por un plazo de cuarenta años a partir de la fecha en que se firma el presente contrato”. Aunque se aclara (¡como gran cosa!) que “Si se aprobare el traspaso, cesión, venta o enajenación de este contrato a personas físicas, jurídicas, nacionales o extranjeras, la adquiriente deberá asumir todas las obligaciones contractuales que aquí se establecen”.
Tal era el convencimiento de que estaban ante un gran negocio en favor de la Nación, que en la sesión de comisión del 13 de octubre de 1966 (lo citamos para evidenciar que también había oposición a proyecto), leemos: “ahora, nosotros estamos, como dicen los comunistas, – ese es el argumento comunista-, estamos entregando la isla del Coco “mediante escandaloso y oscuro contrato”. Lo que dijo el diputado Villanueva Badilla, es muestra de que, 12 años antes de que el Presidente don Rodrigo Carazo se impusiera la estupenda tarea de crear, por decreto ejecutivo del 22 de junio de 1978, el Parque Nacional Isla del Coco, ya había por entonces costarricenses (no creemos que necesariamente solo “comunistas”) opuestos a esa ofensa a la Patria, que se estaba fraguando aceleradamente.
Con una visión patriótica y conservacionista no considerada por anteriores gobernantes, don Rodrigo Carazo, quien asimismo valoraba la ubicación estratégica de la isla del Coco, como capaz de sustentar un vasto territorio marítimo y sus recursos biológicos, desdeñado por muchos, firmó su Decreto Ejecutivo (Nº 8748-A-MAG) que hoy, 25 años después, adquiere mayor relevancia, pues en él se reafirma “Que es función del Estado velar por, la conservación, protección y fomento de los recursos naturales del país”, y “Que la declaratoria de la isla del Coco como Parque Nacional, es el medio más recomendado para preservar el estado natural de la isla”.
Así, gracias, muy especialmente, a don Rodrigo, se ha conservado en inmejorables condiciones el bosque siempre verde, tupido y denso, que la caracteriza, así como las 235 especies de plantas (70 endémicas), 362 especies de insectos (64 endémicos) y 2 de reptiles endémicos, 3 tipos de arañas, 85 especies de aves (4 endémicas), 57 especies de crustáceos, 118 variedades de moluscos marinos, más de 200 tipos de peces y 18 especies de cocales, en términos generales.
Riqueza invaluable, inmensa, extraordinaria, que, de haberse ejecutado el insólito contrato de desarrollo turístico que hemos comentado, ¡a cambio de 40 monedas de colón por 40 años!, que incluso propiciaba su venta a intereses extranjeros, quizá hoy el mismo solo provocaría lamentos inútiles, ante la impotencia de ver “La Isla del Tesoro”, destruida por desdén, y en manos foráneas.
En términos generales mi breve análisis coincide con las observaciones realizadas por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, salvo la que se refiere al costo proyectado por la CCSS sobre el Producto Interno Bruto (PIB), que OIT estima en 21,5% en el Gráfico 3 de su informe. La OIT no dice como estimó el PIB de 2023 a 2036; sin embargo, como el costo sin inversión en proyectos proyectado por la CCSS para el año 2036 es ₡12,7 billones (Cuadro 35 de VA-2021), se deduce que OIT estimó un PIB de ₡59,3 billones = ₡12,7 / 0,215 para ese año. Como el PIB estimado por el BCCR (Banco Central de Costa Rica) para el año 2022 es ₡44,3 billones, significa que si OIT usó este dato, entonces la tasa anual nominal de crecimiento del PIB que utilizó es igual a 2,1%. Sin embargo, el PIB ha venido creciendo a tasas nominales promedio entre 6% y 7% y tasas reales superiores al 3%, por lo que esa hipótesis de 2,1% de crecimiento nominal del PIB no luce razonable.
En el Gráfico 1 siguiente presento tres escenarios de los gastos proyectados por la CCSS en el Cuadro 35 de VA-2021 sobre el PIB, usando tasas reales de crecimiento del PIB del 2,5%, 3,5% y 4,5%, partiendo de la cifra de PIB de ₡49,97 billones estimada por el BCCR para el año 2024. Lo que se obtiene con estas hipótesis es que en el año 2036 los gastos sobre el PIB proyectados por la CCSS serían 13,3%, 11,8% y 10,5% para dichos escenarios, respectivamente. Si bien estos costos sobre el PIB son bastante inferiores a los obtenidos por la OIT, siguen siendo sorprendentes, incluso si el PIB creciera un 4,5% real, ya que en los tres escenarios los costos sobre el PIB superan el doble de los datos levemente mayores a 5% observados en el período 2010-2021. El crecimiento del gasto sobre el PIB es explosivo desde el primer año proyectado, en el cual el costo supera el 6%, en 2026 el 7%, en 2030 el 8%, en 2034 el 10% y en 2036 el 11%.
Nota: El gasto histórico se toma del Cuadro 17 de VA-2021; el gasto proyectado es el del Cuadro 35 de VA-2021.
Si en el Gráfico 1 se agrega el costo del portafolio de inversiones en infraestructura, los valores proyectados mostrados en dicho gráfico se incrementan en promedio un 0,6% sobre el PIB.
Dado este explosivo aumento del gasto proyectado en VA-2012, no es extraño que el gasto per cápita, usando las proyecciones de población del INEC, también se dispare desde ₡ 425.065 en 2021 hasta ₡ 2.207.265 en 2036; es decir, se multiplica por 5,2 en 15 años, factor que supera el indicado por OIT que usa como base el dato del año 2022.
En los cuadros 16 y 17 de VA-2021 hay estadísticas de crecimiento nominal y real de los ingresos y los gastos del SEM del período 2010-2021, que muestran que, en promedio, los ingresos crecieron un poco más que los gastos; sin embargo, en las proyecciones realizadas por la CCSS, los ingresos crecen un 8,3% en promedio y los gastos crecen desde un 9% en 2023 hasta un 14% en 2036, con un promedio de 11,4%. En particular, es sumamente extraño lo que sucede con la proyección del gasto en atención primaria de la salud (Áreas de Salud), el cual crece a tasas crecientes desde un 14,8% en 2023 hasta un 20,2% en 2036, aspecto que también fue analizado por la OIT. Esto ocasiona que el gasto en este rubro se dispare hasta montos muy poco razonables y creíbles; pero que a los expertos de la Caja no les parecieron extraños, ni siquiera hicieron la observación sobre este asunto, sino que se dedicaron a desviar la atención mencionando los cambios en los gastos según la edad de las personas. En el informe VA-2021 no se muestran los datos desagregados del año 2022 y los que muestran del año 2021 son sumamente deficientes. Pero usando los datos que ellos mismos estimaron para 2023 en el Cuadro 32, se pueden obtener muchas conclusiones (Ver el Gráfico 2).
Nota: Elaborado con los datos del Cuadro 32 de VA-2021.
Por ejemplo, el gasto en áreas de salud o atención primaria, que en 2023 estiman en ₡0,73 billones, se dispara como cohete en espacio sin gravedad, hasta un monto de ₡5,94 billones en 2036, dejando rezagado desde el año 2030 el gasto en hospitalización, el cual en 2023 estiman en ₡1,17 billones y en 2036 valoran en ₡3,12 billones. Es decir, en 13 años el gasto en áreas de salud se multiplica más de 8 veces y su relación con el gasto de hospitalización pasa de 0,62 en 2023 a 1,9 en 2036. Con respecto al gasto total en salud, el gasto en áreas de salud pasa de una participación de 29% en 2023 a una participación del 52% en 2036, con una tendencia lineal, que si se mantiene en 2041 representaría el 60% y en 2050 un 76% (Ver Gráfico 3). Ante este disparate de gastos proyectados, es innecesario analizar si los ingresos son razonables.
Nota: Elaborado con los datos del Gráfico 2.
Recordemos que el costo de la medicina preventiva es una obligación del Estado según el artículo 9 de la Ley No 7374, del cual los gobiernos de turno no le han aportado ni un centavo a la Caja en 30 años; sin embargo, los autores del informe VA-2021 no hacen visible dicho costo, inmerso precisamente en las cifras que proyectan para las áreas de salud. Me inquieta pensar que aquí haya gato encerrado, en particular, si cuando Román Macaya y los otros 8 directores se hicieron los zorros ante mi informe y solicitud de detener los maquillajes con el desvío de fondos de IVM y con los estudios actuariales del SEM, fue porque todo lo estaban cocinando a juego lento para lograr acuerdos con políticos locales y con organismos financieros internacionales. Este minino también podría explicar que hayan mantenido durante más de 15 años a un profesional como jefe de actuarios y revisor de estudios actuariales, que es lego en esa materia; pero que cae como anillo al dedo para el manejo financiero de la Caja que quieren los gobiernos de turno.
En las últimas horas, me vi en la desagradable situación de ver y escuchar una comunicación, en la que el señor presidente de la República se refiere al rector de la Universidad de Costa Rica y a la Universidad de Costa Rica misma, con las siguientes palabras:
“… Como dijo este señor: ¿Espeleta es de apellido él… Gustavo qué… el rector? …bueno como se llame el señor este… don Gustavo…”. Frunciendo el ceño y con ademanes y gestos despectivos.
“…ya ese tema está sanado… la gente sabe qué es lo que está pasando… sólo falta meterse en Tik Tok para entretenerse un rato”. (en medio de risa.)
Difícil de soportar, y finalizar de escuchar estas palabras oprobiosas.
Esta Benemérita Institución, no es canalla señor presidente.
Ni usted, ni nadie, puede referirse con estas palabras a ella, ni pretender insultarla.
Con esta muestra de grosería y bajeza, usted no se pone a la altura ni dignifica su investidura señor presidente: esto es inadmisible.
Apoyarse en “Tik Tok”, para proceder con esta clase de sandeces, sólo significa confundir lo que es la sabiduría popular.
El Rector le dijo: “Señor presidente, usted se equivoca…la defensa de la educación es algo que trasciende ideologías y partidos políticos … cuando quiera trabajar propuestas para resolver los problemas de la educación pública del país y buscar soluciones para llegar a cumplir la Constitución Política, aquí vamos a estar. Mientras su objetivo sea tergiversar información y polarizar, no cuente con nosotros”.
Esta muestra soez y de incompetencia, habla muy mal de usted señor presidente. Este histrionismo, es pésimo recurso: usted no puede pretender no saber el nombre de la persona a la que va a referirse en momentos tan serios. Seriedad le hace falta señor presidente y no insultar y rebajar, con pretendida actitud de comediante. No se equivoque.
Esto, y recordar el 20 de junio, me hace pensar en aquel dicho: “Hay quienes ven la tempestad y no se arrodillan”.
Un primo colombiano que desde pequeño apodamos “Nando”, acaba de enviar un lindo video sobre un oso perezoso, al chat de la familia Salom, Salcedo Salom y descendientes, del que me serví para hacer el relato que hoy entrego a ustedes.
Hernando, como se llama Nando, ha demostrado ser poseedor de una alta sensibilidad en torno a los animales, particularmente es un educador de la especie de los equinos. Nando es el menor de los Salcedo Salom, el hijo menor de mi tía Ligia y el tío Perucho, ambos lamentablemente ya fallecidos. Nando forma parte entonces de la para mí, muy entrañable parentela con la que contamos los Salom esparcida por Barranquilla, Cartagena, Sincelejo (una ciudad muy cerca de Cartagena), y, hasta Medellín adonde fue a escorar otra querida prima con su hijo Pablo e hijas. Luego Gustavo Salom migró a Panamá, Alfonso Salcedo a los Estados Unidos; además, entre Holanda y España están los hijos de Roberto y Augusto Ignacio Salom Salom (“al que no quiere caldo dos tazas”, pero así se apellidan), este último fue el mayor de toda esta progenie. Obviamente Costa Rica se convirtió en receptora de los Salom Cubero y Salom Echeverría, desde que mi tío Ico vino a dejar parte de su descendencia en nuestro bello terruño, y poco después mi padre, por lo que ya reside un buen contingente de familia Salom y qué se yo en cuántas otras partes más de este mundo atribulado.
El video del perezoso que nos envió el primo Nando muestra el momento en el que este mamífero de la familia de los úrsidos, de hábitos especialmente nocturnos que habita en praderas y bosques, realiza la travesía de pretender trasladarse de un árbol ya sin nutrientes, a otro que creció paralelamente que le sustentará la vida por encontrarse en la plenitud de su producción de hojas y frutos. La cámara capta ese momento en que el animal, de movimientos exageradamente lentos y por ello sufridos, trata literalmente de agarrarse del árbol frondoso (que no resultó tan cercano), para continuar su tarea en esta vida.
Sin prisa, pero sin pausa escribió Roberto mi hermano gemelo en un comentario, refiriéndose a esta “belleza” de movimientos, como calificó Ignacio, el mayor de mis hermanos varones, ese instante. La travesía del “perezoso”, es un ejemplo de lo que debemos entender cuando decimos que la naturaleza es sabia. Incluidos desde luego dentro de ella nosotros los seres humanos.
Pero, con el advenimiento del industrialismo se ha creado una notable excepción a esa verdad: ya nuestra especie humana ha dejado de concebirse a sí misma como perteneciente o consustanciada con la Naturaleza de la que provenimos.
Estos criterios se conformaron entre muchas personas a partir del hecho de habernos separado, o escindido de la Madre Tierra; tanto que, el ser humano ha llegado a creerse ilusoriamente su dueño.
Esta ilusión, esta fantasía, nace de nuestra capacidad de transformar la Naturaleza, hecho que está hoy mediado por la invención y creación de una tecnología extremadamente sofisticada, como nunca se había logrado. Así nos hemos llegado a concebir a nosotros mismos, no solo separados de la Madre Tierra, como dijimos antes, sino que nos vemos “fuera” y hasta “por encima” de ella. Natura ha pasado a ser para el ser humano “una cosa”, un objeto; mientras tanto, nosotros al catalogarnos como el “ente pensante” que, por estar dotado de razón posee dignidad, nos consideramos los únicos merecedores de disponer libremente de todo lo que nos rodea, un “algo” externo a nosotros, como la naturaleza, que la pretendemos poseer en la forma caprichosa que lo deseemos, aunque sea al costo inconmensurable de su destrucción (“Y seréis como dioses”, fue la expresión del célebre filósofo y psicólogo Erich Fromm para referirse a una provocación del ser humano que impulsa a la “desobediencia”: oponerse a Dios para ser como Él).
En el mismo instante en que empezamos a hacer uso de la Madre Tierra sin sostenibilidad, fue el momento en el que comenzamos a destruirla, deforestándola, incendiándola, intoxicando la tierra con insecticidas venenosos, saturándola de basura que no es biodegradable, acabando con ecosistemas completos, desatando guerras con armamento super destructivo (hijo de ese mismo industrialismo), envenenando la atmósfera con gases que producen el llamado “efecto invernadero”, o sea puro anhídrido carbónico. Así, sin apenas darnos cuenta en un inicio, fuimos sentando las bases para nuestra propia destrucción; o, dicho de otro modo, estamos acabando con las condiciones que hacen posible la vida sobre la faz de la tierra… Ya nos queda poco tiempo, cada paso que damos en esa dirección extenuamos la energía vital del planeta. No debemos llegar al punto de “no retorno”, como han denominado los científicos a aquel umbral en el que no será posible restituir aquello que hemos destruido.
Lo grave es que hoy somos más conscientes de nuestra acción destructiva, pero al mismo tiempo parece que somos víctimas de fuerzas antihumanas, “contra natura”, que hemos echado a andar y no podemos detener.
Por tanto, debemos proceder “Sin prisa, pero sin pausa”, como escribiera Roberto mi hermano, en la dirección del perezoso, trasladándose de un árbol sin nutrientes, a otro que le dará vida, pero de manera sostenible y sustentable. Sin embargo, si no somos capaces de acometer esa tarea ya, tendremos que seguir sin pausa, pero con prisa y cada vez más.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
En 2016 un aporte especial del Programa Estado de la Nación titulado “El descontento ciudadano y sus implicaciones para la estabilidad política en Costa Rica” alertaba sobre las implicaciones del enojo social y el resguardo de la comunidad política en los mitos fundacionales (Paz, democracia) como último reducto antes de una posible ruptura del orden social.
El escenario, con los años, se ha complejizado. El enojo es ahora una adherencia a pospuestas que paradójicamente pueden llevar a la implosión del sistema democrático y sus instituciones.
La capitalización de ese malestar ha caído en manos erráticas mal intencionadas, y cuyo accionar, posiblemente acelere el quiebre de esa comunidad horizontal por años construida en el país.
En aquel capítulo especial se alertaba entonces de riesgos asociados con el objetivo del malestar: las instituciones de la democracia representativa, así como los partidos políticos aparecían entonces con un significativo porcentaje de desaprobación.
No cabe duda que esta desazón se ha profundizado y otros mecanismos de regulación, organización y control social han aparecido en el horizonte costarricense.
En los últimos dos años, particularmente, la alarma de la inseguridad ha sonado fuertemente. Para 2023 se espera que sea un año récord en homicidios al finalizar el mismo. Los datos son esclarecedores: al 20 de junio se contabilizaban ya 416 homicidios, de los cuales más de la mitad (254) son por ajuste de cuentas.
Hace algunos días las autoridades locales anunciaban la posible conformación de un mega cartel de drogas en el país. Ante la ausencia de mecanismos integradores, un sistema educativo público en crisis y bajo ataque neoliberal sumado a la gestión de los territorios en manos de poderes fácticos, es fácil constatar que el quiebre de la comunidad política costarricense ha sido declarado y en su lugar un narco estado empieza a instalarse a pasos acelerados.
El diagnóstico no es favorable. Pero la respuesta debe venir pronto. La razón social debe sobreponerse a la razón instrumental del Mercado y su organización fáctica de la sociedad. La colectividad debe recuperar sus espacios y reencauzar el sistema político hacia la integración horizontal como objetivo. Algo de esto pareciera estarse levantando.
Como ya es conocido, con una marcha multitudinaria seguida de una demostración de fuerza, claridad y decisión en La Plaza de la Democracia, varios sectores organizados del país se manifestaron con firmeza y convicción, ante la situación por la que pasa la educación pública costarricense y otros asuntos nacionales, abusados por el neoliberalismo.
Se mencionó de manera enfática que, en este momento, con algunas medidas gubernamentales, se está poniendo en peligro la democracia y la paz social.
Se manifestó también con claridad que “este pueblo ya despertó”; se hizo un llamado con decisión: “defendámonos”.
Se planteo también a los sectores en pro de la defensa de la educación pública, que “cuentan con el apoyo del sector agropecuario”.
También se dijo con determinación que “saldremos a la calle a llevar palo”; a la vez, se pidió con vehemencia la renuncia de la ministra de Educación y en alusión a palabras del presidente, se dijo que ahora “no hay un plato, sino una olla de chop suey”.
Mucho apoyo recibió la demanda al gobierno, en cuanto a que debe pagar la deuda a la Caja Costarricense de Seguro Social; así como el reclamo en cuanto a que se le está quitando presupuesto a Educación, para pasarlo a Seguridad.
“Sólo el pueblo salva al pueblo”. Esta sentencia fue mencionada con convicción y vehemencia, lo que pone en evidencia, entre otras cosas que, por parte de distintos sectores sociales, hay un descrédito hacia el gobierno; una separación y confrontación entre pueblo y gobierno y un llamado a la lucha por los derechos de la población.
Al igual, dos diputadas del Frente Amplio se refirieron con determinación, a la gestión gubernamental: “se les acabó el juego” y “palo va a llevar el gobierno”; así como su oposición a la jornada de 12 horas, exigiendo que se pague horas extras.
Por su parte, una diputada del Partido Liberación Nacional dijo apoyar el 8% para la educación pública.
Al mismo tiempo, se hizo circular la información en cuanto a que en la Asamblea Legislativa se llevó a cabo una votación, con treinta votos a favor del 8% para la educación pública.
Un día antes, en un intento de desmovilización, la ministra de Educación se refirió a la marcha como “una pena” y en un comunicado conjunto con los ministros de la Comisión de Enlace para la negociación del FEES, el lunes 19, dijo “…la verdad sobre la manifestación de mañana. No se dejen engañar, porque hay gente que los quiere utilizar para defender sus intereses, privilegios…”
Hay que decir entonces, que ojalá de verdad le dé pena lo que sucedió el martes, aunque eso está por verse, si nos atenemos a las posiciones mantenidas.
Así también, en un documento denominado “Pacto por la educación pública”, dado a conocer ese martes 20, se dice que este se presenta “como hoja de ruta en ausencia de liderazgo del MEP” y refiere que “En el evento multisectorial participaron organizaciones estudiantiles, académicas, representaciones institucionales, sindicales, sociales, productivas y comunales”.
Entre los puntos planteados contiene:
Otorgar el presupuesto constitucionalmente asignado a la educación pública: 8% del PIB;
Liberar a la educación pública de la regla fiscal.
Lanegociación del FEES en la Comisión de Enlace
Tanto por parte de los representantes de la educación superior pública, como del sector gubernamental, se ha emitido documentos que informan del avance y resultados parciales de las sesiones para la asignación del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal, FEES 2024.
De circunloquios y subterfugios. Pero: ¿seguimos “negociando”?
El gobierno por su parte, en el documento titulado:
“Restricciones presupuestarias impiden brindar más recursos al FEES 2023” (subrayado nuestro) informó que:
En el proceso de las negociaciones… (FEES) de 2023, la Comisión de Enlace se comprometió a explorar la posibilidad de aumentar los recursos destinados a este fondo ajustados a la inflación. El incremento estaría sujeto a la disponibilidad y espacio existente en el presupuesto de la República. (subrayados nuestros).
Sigue diciendo que, sin embargo, pese a los esfuerzos del Ministerio de Hacienda, las condiciones macroeconómicas y decisiones de la Asamblea Legislativa imposibilitan materializar este compromiso. (subrayado nuestro).
Por su parte, el CONARE, en un documento con el encabezado:
“Segunda reunión de Comisión de Enlace”, indica que:
“CONARE no acepta que el Gobierno le traslade la responsabilidad a la Asamblea Legislativa para no dar el 1% adicional del FEES 2023” (subrayado nuestro).
Durante las negociaciones para el FEES 2023,la Comisión de Enlace se comprometió a revisar la viabilidad de otorgar un 1% adicional para este año en atención a las postergaciones y deducciones realizadas a los presupuestos universitarios.
13 de junio del 2023.Cuando se negoció el FEES 2023, el gobierno y las universidades públicas aceptaron un crecimiento de un 1% fundamentado en el argumento de la situación financiera estrecha expuesta por el Gobierno para el 2022, a pesar de que la inflación anual de ese año cerró en 7,88%.
Esto se negoció de esa manera, porque… “c) el incremento anterior será revisado por la Comisión de Enlace en junio 2023 con el fin de determinar la viabilidad de un ajuste adicional de un 1%, que se realizaría a través de la formulación de un presupuesto extraordinario…”
Los trozos de texto subrayado son para hacer las siguientes consideraciones:
El lenguaje empleado por unos y permitido por otros, evidencia mucho:
En el título del documento del gobierno, luego del injustificado argumento de “Restricciones presupuestarias impiden…” se usa el término “brindar”.
Decimos que el argumento es injustificado porque, nada debe haber que impida cumplir con lo que la Constitución de la República manda.
Por otro lado, “brindar”, ¿qué implica?: por una parte, el gobierno está pasando de lo obligatorio a lo volitivo, desdibujándose así del mandato y posicionándose en lo dadivoso: no es que el gobierno esté en la posición de “brindar”, sino en la obligación de cumplir.
La misma reflexión vale para los términos “dar” y “otorgar”, así como “explorar la posibilidad”, un subterfugio.
Es de hacer notar que, por ambas partes, se insiste en “negociar”. Por nuestra parte, hemos dicho que, en este marco, lo que se ha dado en llamar “negociación”, el gobierno lo ha llevado más bien a “regateos de quinto patio” y lleva a pensar que no está negociando sino manipulando: ¿Se está cayendo en el juego?
Si fuera así, viene a la mente el dicho “Tigre suelto contra burro amarrado”; sólo que el propio “amarrado”, es el que se estaría poniendo la soga al cuello.
La marcha del martes 20, parece dibujar una nueva ruta de esperanza
Como es evidente, los diferentes sectores sociales dieron muestra de claridad, dignidad y determinación, en cuanto a que el derrotero impulsado por los sectores gubernamentales va por la senda equivocada.
Con mirada autocrítica, las universidades públicas y el CONARE, estuvimos mucho tiempo en el letargo de “la negociación”, hasta que el pueblo mostró el camino; tanto así que, en relación con la marcha, el llamado fue a “sumarse”: Sumarse a un impulso conjunto de varios sectores sociales, con la determinación mostrada el 20. Ni siquiera fue a unir fuerzas e integrarse, fue a “sumarse”.
La parte que representa la defensa de la educación pública parece no estar cohesionada. Esto se puede inferir, entre otras fuentes, de lo expresado por la presidenta de la FEUCR, sobre que hay agrupaciones estudiantiles que no participan en reuniones y no se está trabajando en conjunto: TEC, UNED y UTN.
En cuanto al Partido Liberación Nacional, algo me hace tener desconfianza, más me huele a “llevar agua para su molino”, a un pleito entre sectores de capital. Este partido tiene su cuota de responsabilidad en la actual situación del país.
En cuanto a la ministra de Educación, debe ponerse el énfasis debido y no otro, ya que el gobierno puede cambiarla por otra persona que “no tenga rabo que le majen”, pero igual, sea peón al servicio.
No olvidemos tampoco la fortaleza que tienen las universidades públicas, para generar las consecuentes sinergias, con las poblaciones y comunidades con las que trabaja, por el buen vivir, el bienestar, derechos. Un frente indispensable.
Tengamos fortaleza, dignidad, claridad y determinación entonces: “Sólo el pueblo salva a pueblo”.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com
En la Gaceta Oficial de Costa Rica del 30 de marzo del 2023, se publicó el siguiente proyecto de Ley 23.588 (véase enlace, en pp. 2-7): se denomina «Ley para el reconocimiento y protección de las personas defensoras de derechos humanos y defensoras del medio ambiente».
Tratándose de un ámbito específico en el que son varios los avances del derecho internacional público que se han registrado (tanto a nivel de declaraciones, como de instrumentos normativos – sean estos de naturaleza universal o regional – así como a nivel de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), se hubiese esperado verlas incorporadas en un proyecto de ley de esta naturaleza: se debe advertir de entrada que no es el caso.
En efecto, la lectura pormenorizada de este texto denota varias carencias y omisiones graves que evidencian la gran premura con la cual fue redactado, en particular en lo relativo a las personas «defensoras del medio ambiente«: detallaremos algunos de estos vacíos en las líneas que siguen.
Estas omisiones traducen la forma bastante peculiar con la que algunos en Costa Rica elaboran propuestas de ley en modo «express«. Y ello a pesar de la gravedad de la situación que viven muchos defensores del ambiente costarricenses: podemos referir a la muerte de dos líderes indígenas asesinados en menos de un año en la región de Salitre (Sergio Rojas, marzo del 2019 y Jerhy Rivera, febrero del 2020). En este 2023, en la misma fecha del Día del Ambiente, se leyó en el Semanario Universidad de parte de un reconocido ecologista costarricense (véase nota) que:
“Responsabilizo a los señores del veneno si algo nos llegara a pasar a mí o a las personas del Frente Ecologista de Cipreses, sobre todo en estos días que se escucha que está pronta la prohibición del clorotalonil en Costa Rica, que tiene el agua de nuestras casas contaminadas y que venimos denunciando”.
Anteriormente, fue este mismo medio de prensa universitario el que hizo públicas las amenazas recibidas por un campesino defensor de la vida silvestre en la Península de Osa (véase nota de diciembre del 2022).
No está de más recordar que el temor y las intimidaciones inhiben a muchos a denunciar el impacto en la salud humana de personas pertenecientes a comunidades afectadas por la expansión piñera: se trata de una pesada y dramática deuda que arrastran desde muchos años las autoridades sanitarias y ambientales de Costa Rica (véase este muy completo reportaje del 2019 publicado en el medio digital Delfino.cr, cuya lectura se recomienda y el documental siempre de una gran actualidad: “No nos tapen la boca: hablemos de contaminación piñera. Homenaje a Mayra Umaña, lideresa ecologista”, programa Era Verde, Canal 15, 2014). Como dato de interés muy pocamente divulgado en Costa Rica sobre sus exportaciones de piña, se lee en un reciente informe de la FAO del 2022 (véase texto) que Costa Rica es «el mayor exportador del mundo con una cuota de mercado de casi el 70 %» (página 8, a completar con ilustrativo gráfico 6 en la página 9). En el 2009, un artículo de prensa ya advertía de la insensata expansión de las plantaciones de piña en Costa Rica (véase el artículo “Insensatez piñera: miopía empresarial y estatal abonaron graves secuelas», El Financiero, No.724, junio del 2009).
Una consulta previa que ¿se hizo o … no se hizo?
La lógica indica que antes de elaborar el texto de un futuro proyecto de ley, cual sea el ámbito de este último, existe una fase previa de consultas.
Al parecer o no se hizo, o bien se hizo con un grupo tan reducido de entidades abocadas a esta temática y de profesionales conocedores de esta temática, que muy pocos saben quiénes son.
Dada la amplia y compleja problemática a la que se pretende dar respuesta con el proyecto de ley 23.588, plantea interrogantes muy válidas el hecho que:
1) – no se haya hecho ninguna consulta, o bien;
2) – que haya sido a un grupo muy pequeño de entidades y personas, o bien;
3) – que fue tal la premura para presentarlo, que se obviaron lo que consideramos las etapas básicas que requiere todo proyecto de ley de previo a su formulación.
Esta consulta a la que referimos hubiera, sin lugar a duda, permitido imprimir a esta propuesta un enfoque mucho más integral y abarcar los muy diversos aspectos de la problemática que se pretende resolver mediante una nueva legislación en Costa Rica: desde las organizaciones sociales, desde jueces y profesionales en derecho y otras disciplinas, desde los asesores legales que trabajan a menudo con el sector ecologista costarricense, desde los centros de investigación y desde la misma academia, desde la experiencia ya existente en otras latitudes, desde las múltiples publicaciones, informes existentes, los insumos aportados hubieran sido de gran ayuda.
Es de notar que desde el 2015, un proyecto de ley 19.610 (véase texto) que sí dio pie para consultas espera pacientemente que los diputados costarricenses lo tramiten: busca simplemente reformar el código penal para incluir actos que atenten contra activistas de derechos humanos y sancionar a sus autores. Y es de recordar que otro proyecto de ley 21.245 presentado en febrero del 2019 (véase texto) sobre la aprobación del Acuerdo de Escazú, fue archivado el pasado 1ero de febrero del 2023 por la misma Asamblea Legislativa.
A modo de sugerencia que se puede hacer a los actuales legisladores de Costa Rica (o de cualquier otro Estado que busque proteger a las personas que defienden el ambiente mediante una nueva ley), desde el pasado 21 de abril la región de América Latina y del Caribe cuenta con un órgano colegiado constituido por expertos, que también podrían ser consultados de cara a formular el mejor contenido de una futura norma: en efecto, se designaron a los siete integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y Seguimiento en el marco de la COP2 del Acuerdo de Escazú celebrada en Argentina. Una COP2 cuyos resultados tuvimos la oportunidad de analizar brevemente: véase enlace a nota nuestra publicada en el sitio especializado Actualidad Ambiental. En el caso de la candidata de nacionalidad costarricense, es de destacar que fue designada por los demás Estados Partes para integrar este mismo comité (al respecto, véase nota de OjoalClima del 1/5/2023, única referencia que encontramos en medios de información en Costa Rica celebrando su designación).
De algunos aspectos de forma algo básicos
Desde su mismo título, se hace evidente que los autores del proyecto de ley 23.588 ignoran varias cosas que, en lo personal, consideramos bastante básicas, y que a continuación procederemos a detallar.
Desde 1995, la legislación costarricense no usa el término de “medio ambiente” usado en otras latitudes, sino el de “ambiente”, como la misma LOA (y no LOMA) por las siglas de: Ley Orgánica del Ambiente (véase texto completo). Si el planeta es uno, si la Tierra es una, no hay razón para usar el término de “medio” al referirse al ambiente, que utilizan (por ejemplo) nuestros colegas en España. Sorprende el hecho que los autores costarricenses de este proyecto de ley ignoren los términos usados en Costa Rica para referirse al “ambiente” en la misma normativa nacional. Para su información, la Constitución Política contempla desde 1994 un artículo que no emplea el término de «medio ambiente» sino que se lee de la siguiente manera:
”Artículo 50. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.
Además, desde el 2018 existe un tratado regional que busca proteger a quienes defienden el ambiente (usando el término “ambiente “ o “ambientales” y no “medio ambiente” o medioambientales”…). Este instrumento jurídico consagra una expresión muy precisa que engloba a defensores de los derechos humanos y defensores del ambiente: se trata de la expresión “defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales”, tal como la encontramos plasmada en el Artículo 9 del Acuerdo de Escazú (véase texto completo). Dicho sea de paso, resulta más que llamativa la total omisión de toda referencia al Acuerdo de Escazú por parte de los autores costarricenses de este proyecto de ley. Esta omisión confirma (para algunos de nosotros) la sospecha que tenemos: muchos en Costa Rica, desde la misma Asamblea Legislativa (pero también desde el Poder Ejecutivo y desde otros espacios), opinan sobre el Acuerdo de Escazú – usualmente en contra – sin tan siquiera habérselo leído.
Cabe precisar que la propuesta original de incorporar en el futuro Acuerdo de Escazú una disposición específica sobre las personas que defienden el ambiente se debió a una propuesta conjunta de Chile, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Perú (véase texto). El hacer mención de ello en un proyecto de ley como el 23.588 permitiría honrar esta valiente iniciativa que Costa Rica logró plasmar exitosamente con los demás cuatro Estados: convirtiendo de esta manera el Acuerdo de Escazú en un avance pionero notorio, al ser el primer tratado a nivel mundial en interesarse por proteger específicamente a quienes defienden el ambiente, muchas veces desde sus pequeñas comunidades.
De manera a conocer mejor la problemática que enfrentan los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, referimos también al informe del Primer Foro realizado en noviembre del 2022 en Quito, Ecuador, bajo los auspicios de la CEPAL (véase texto). Un segundo foro muy similar tendrá lugar en Panamá a finales de septiembre del 2023.
Dada la falta de conocimiento en la materia, es muy probable que los autores de este proyecto de ley ignoren también que el Acuerdo de Escazú cuenta con una “Guía de Implementación”, presentada formalmente en abril del 2022 por la CEPAL (disponible aquí).
La protección de los defensores del ambiente es una materia sumamente compleja y álgida, y requiere una serie de acciones del Estado para ser eficaz. Desde ya, se invita a los autores del proyecto de ley 23.588 a la lectura de lo que establece dicha Guía de cara a la implementación del Artículo 9 sobre defensores del ambiente (pp.145-52): en efecto, al compararse lo que encontramos en las pp.145-152 con la parte dispositiva del proyecto de ley 23.588, quedan en evidencia los graves vacíos y omisiones que contiene este proyecto de ley.
Nótese que desde el 2021, circula un valioso video preparado por la Universidad de Costa Rica (UCR) titulado «El Acuerdo de Escazú y los defensores del ambiente» (véase enlace) y que incluye entrevistas a varios defensores del ambiente costarricenses, uno de ellos, Jerhy Rivera, asesinado en el 2020 en la región de Salitre. Este primer video es completado por otro, relativo a la posición de una cámara empresarial costarricense, titulado «UCCAEP y el Acuerdo de Escazú» (véase enlace): ambas producciones audiovisuales de gran calidad, como muchas de las que salen con el sello de la UCR, son de las pocas que se han elaborado sobre el Acuerdo de Escazú en Costa Rica.
De algunos aspectos sustantivos inexistentes en el proyecto de ley
Como bien se sabe, la forma y el fondo de cualquier texto se entrelazan, y al analizar la primera (y sus carencias), vemos reflejado el segundo (y sus probables omisiones). Es el caso del proyecto de ley 23.588.
En este proyecto de ley nada aparece sobre las acciones penales por presunta difamación – acompañadas de acciones civiles resarcitorias con montos millonarios – que una y otra vez terminan desestimadas o archivadas por parte de los tribunales penales costarricenses. Una reforma al código penal permitiría que no puedan ser usadas con tanta facilidad. Estas acciones penales se presentan con una clara intención velada: la de infundir temor a una persona en Costa Rica, a su entorno más cercano, y la de perjudicar su labor de defensa y de denuncia durante los años que dura el procedimiento ante el sistema judicial costarricense (Nota 1). La doctrina anglosajona se refiere a este tipo de demandas como «SLAPP» por sus siglas en inglés: «Strategic Legal Actions Against Public Participation» (Nota 2). En Costa Rica, la polémica en torno a un proyecto minero de la empresa canadiense Infinito Gold dio pie para la presentación de cinco demandas de este tipo en el 2010 (Nota 3).
Muy relacionado a la omisión anteriormente observada, nada tampoco aparece en este proyecto de ley 23.588 sobre las garantías a la libertad de expresión que se extienden a los defensores ambientales y a todo defensor de derechos humanos en su labor: al respecto, en una sentencia del 2022 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las acciones penales sufridas por un reconocido ambientalista chileno, se lee (en su párrafo 100) algo que debió inspirar a los autores de este proyecto de ley 23.588:
“la Corte considera que el respeto y garantía de la libertad de expresión en asuntos ambientales es un elemento esencial para asegurar la participación de la ciudadanía en los procesos relativos a dichos asuntos y, con ella, el fortalecimiento del sistema democrático a través de la vigencia del principio de democracia ambiental».
Por cierto, la expresión “participación ciudadana en materia ambiental”, que existe en un sinnúmero de regulaciones en Costa Rica y de sentencias de la Sala Constitucional (véase por ejemplo esta sentencia del 2012, y los desarrollos que en ella se lee en el párrafo V titulado «Sobre la participación ciudadana en los asuntos ambientales «), constituye una sólida base para asentar la necesaria protección de quienes defienden el ambiente. Desde 1995, la misma Ley Orgánica del Ambiente (véase texto) en su artículo 6 establece que:
«Artículo 6.- Participación de los habitantes. El Estado y las municipalidades, fomentarán la participación activa y organizada de los habitantes de la República, en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente«.
La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado el alcance de este verdadero derecho en su opinión consultiva OC-23 del 2017, dada a conocer en el 2018 (véase texto, en particular párrafos 226-232). Pese a su importancia, la expresión “participación ciudadana en materia ambiental” no encuentra mayor referencia en el proyecto de ley 23.588. Esta omisión nos parece bastante notable, por lo que nos permitimos desde ya plantear la siguiente pregunta: ¿tendrán algún tipo de problema con la participación ciudadana en materia ambiental los autores del proyecto de ley 23.588? (Nota 4).
Nada tampoco aparece en el proyecto de ley 23.588 sobre la imperiosa necesidad de dotar al Estado costarricense de un cuerpo de investigadores altamente especializado para investigar debidamente hechos en los que se atenta contra la vida de personas que alzan la voz en materia ambiental en Costa Rica. La indignante impunidad que rodea una muy larga serie de asesinatos o de amenazas contra personas que defienden el ambiente en Costa Rica, evidencia que el aparato estatal no sabe (o… ¿no quiere saber?) cómo se investigan este tipo de hechos.
Así por ejemplo, la lectura del muy completo informe remitido sobre el asesinato de Berta Cáceres en el 2016 en Honduras (véase texto completo del informe GAIPE del 2017) refuerza la idea de contar con investigadores sumamente experimentados para lograr dilucidar casos similares al de esta reconocida lideresa lenca opuesta al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, y para desenmascarar la estrategia (fallida) de encubrimiento intentada en un primer momento por las autoridades judiciales hondureñas para maquillar las verdaderas razones detrás de su asesinato.
¿Encubrir a los verdaderos autores materiales e intelectuales del asesinato de un lider ecologista (o bien a los autores de las amenazas que recibe esta persona estando en vida)? Así como se oye, y en realidad, la explicación es bastante sencilla: suele ser una tentación para algunas autoridades estatales, en particular cuando se observa a un Estado actuando en total sintonía con una empresa a cargo de un megaproyecto. En muchos casos, la extraña sensación de unísono Estado/empresa es compartida por muchos activistas ambientales en América Latina y en el mundo en general. En Costa Rica, en el caso de un polémico proyecto minero de una empresa canadiense declarado de forma inconsulta de «conveniencia nacional» por el Poder Ejecutivo en octubre del 2008, un titular de prensa optó por usar la palabra «contubernio» entre el Estado costarricense y la empresa canadiense Infinito Gold (véase nota de prensa). En el 2021, nos permitimos usar la expresión «desvergonzada simbiosis» entre el Estado y la empresa, a propósito de lo que hemos denominado el «affaire Crucitas» (Nota 5).
En este proyecto de ley tampoco aparece alguna disposición sobre la necesidad de tipificar penalmente la incitación al odio en contra de los ambientalistas: al respecto, un reciente caso contra ambientalistas del Caribe Sur costarricense (véase nota de SurcosDigital ) no ha dado lugar a ninguna amonestación por parte del Directorio de la Asamblea Legislativa en contra del diputado que los calificó de “terroristas” durante una audiencia celebrada en la misma Asamblea Legislativa. Con otro tipo de expresiones, en octubre del 2010, la Presidenta de Costa Rica también consideró útil y oportuno emprenderla públicamente contra los ecologistas (véase discurso a partir del mn 25:00 contenido en el documental «El Oro de los Tontos«), sin que a la fecha haya presentado disculpas o rectificado el contenido de sus palabras (o bien explicado a qué se debió de pronto tanta cólera de su parte en contra del sector ecologista costarricense…).
De manera que los autores de esta propuesta de ley, al parecer poco familiarizados con la problemática, conozcan mejor el abanico de «técnicas» para amedrentar a un colectivo de personas que claman por sus derechos, y que va desde amenazas e intimidaciones de todo tipo, a intentos de estigmatización y de campañas de desprestigio, pasando por acciones penales por presunta difamación y por incitación al odio que diversos sectores lanzan contra quienes defienden derechos humanos en distintas partes del mundo, los referimos a este informe de la ONG Amnistía Internacional y a este otro informe de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) sobre los derechos de las personas que defienden el ambiente. Pueden completar útilmente sus conocimientos con este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2019 titulado «Empresas y derechos humanos: estándares interamericanos» (en particular pp. 118-129 y 156-172). Leyendo con detenimiento estos tres documentos, estamos seguros que se percatarán del hecho siguiente: la Defensoría de los Habitantes no es la entidad estatal más indicada en Costa Rica para proteger eficazmente a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, tal como lo pretende de forma errónea este proyecto de ley.
La mecánica probablemente seguida para llegar a este proyecto de ley
La fundamentación del proyecto de ley 23.588 denota un profundo desconocimiento de la materia objeto de este proyecto de ley. Es presentada de una manera bastante original, al no referirse en ningún momento a principios del derecho ambiental vigente en Costa Rica y a las mismas regulaciones existentes desde 1995.
Intentaremos por lo tanto dar una explicación que permita entender cómo es que se pudo llegar a esta propuesta de ley con semejante formulación y redacción.
Al parecer, ante muy poco tiempo para elaborarlo, se usó un modelo de texto del 2016 sugerido en un fascículo de una reunión internacional auspiciada por Naciones Unidas (“Ley Modelo para el Reconocimiento y la Protección de las personas defensoras de Derechos Humanos” – véase texto completo y que se cita en la página 1 ) y luego se extendió su alcance de manera precipitada a las personas “defensoras del medio ambiente”, con los correspondientes añadidos que encontramos en los artículos 1 a 21 de la parte dispositiva así como en los artículos 22 (reforma a la Ley que crea la Defensoría de los Habitantes) y 23 (reforma al Código Penal).
A diferencia de lo que propone de manera bastante restrictiva el Artículo 3 en cuanto a definiciones, remitimos a lo sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la definición de las personas que se dedican a la defensa ambiental:
“»71. La definición de la categoría de defensoras o defensores de derechos humanos es amplia y flexible debido a la propia naturaleza de esta actividad. Por ello, cualquier persona que realice una actividad de promoción y defensa de algún derecho humano, y se autodenomine como tal o tenga reconocimiento social de su defensa, deberá ser considerada como persona defensora. En esta categoría se incluyen, por supuesto, los defensores ambientales, también llamados defensores de derechos humanos ambientales o defensores de derechos humanos en asuntos ambientales» (véase texto completo de la sentencia de la Corte IDH, caso Baraona Bray c. Chile, sentencia del 24/11/2022).
La simple lectura del precitado Artículo 9 del Acuerdo de Escazú (véase enlace a su texto) hubiera de igual manera ayudado a los autores de este proyecto de ley a usar los términos modernos con los que se define a una persona defensora de derechos humanos en asuntos ambientales.
De algunas omisiones notables sobre asesinatos de ambientalistas ocurridos en Costa Rica
Dicho sea de paso, encontramos en la fundamentación de este proyecto de ley una cita al caso de Jeanette Kawas Fernández contra Honduras, ambientalista asesinada en febrero de 1995 en Honduras, y cuyo asesinato dio pie para una importante sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en abril del 2009 (véase texto completo). Extrañamente, se omite toda referencia al hecho que en diciembre de 1994 y en febrero del 1995 aparecieron los cuerpos sin vida de cuatro ambientalistas costarricenses en la capital costarricense: tres en una casa incendiada en Moravia y el cuerpo del cuarto integrante en un parque de la Uruca. El denominado “caso AECO” nunca dio pie a ninguna sanción. En 1999 la Procuraduría General de la República (PGR) consideró – de una manera que nos parece sumamente cuestionable y cuestionada- que:
“1.- De acuerdo con las autopsias realizadas y las investigaciones por muerte de los señores Oscar Fallas Baldí, María del Mar Cordero Fernández y Jaime Bustamante Montaño, la muerte de éstos se debió un incendio accidental.
2.- De acuerdo con la autopsia e investigación de la muerte de David Maradiaga Cruz, su muerte se debió a causas naturales” (véase texto completo del dictamen de la PGR – conclusiones -).
A casi 30 años de ocurridos estos hechos, el Estado costarricense no ha querido llevar a cabo una investigación sobre estas cuatro muertes que permita identificar y sancionar a los autores de estos cuatro asesinatos, con muy probablemente dos tipos de autores: los ejecutantes y los autores intelectuales, siendo los primeros comanditados por sectores económicos afectados por la labor de denuncia de estos ambientalistas.
Cada mes de diciembre, algunos universitarios y activistas buscan mantener vivo el recuerdo de estas cuatro muertes que oficialmente el Estado costarricense considera, para tres de ellas, “accidental” y la cuarta como “natural”: véase por ejemplo este artículo de nuestro colega Mauricio Álvarez y la publicación presentada en diciembre del 2020 sobre la larga lista de personas que, además de los cuatro ambientalistas precitados, han perdido la vida en Costa Rica en defensa del ambiente y que se titula: “Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica”. Dicho sea de paso, ninguna mención se hace a esta valiosa recopilación presentada en el 2020, la cual podría ser de gran utilidad a la hora de pensar en elaborar una normativa eficaz para proteger a quienes defienden el ambiente en Costa Rica.
No incluir ninguna referencia al doloroso caso AECO resulta ser una omisión que se añade a la omisión de otro caso, mucho más reciente: en efecto, no encontramos ninguna mención en el proyecto de ley 23.588 al asesinato ocurrido el 31 de mayo del 2013 en Playa Moin de Jairo Mora Sandoval, que estremeció a toda la sociedad costarricense y a la opinión pública internacional. La investigación realizada por las autoridades fue tan deficiente que un tribunal optó en el 2015 por absolver a los sospechosos (véase nota de prensa), causando la profunda indignación de varias ONG (véase carta colectiva). Justamente el pasado 31 de mayo del 2023, se conmemoraron los 10 años de este vil asesinato: véase la única nota publicada en la prensa costarricense al respecto (Semanario Universidad). Las múltiples preguntas que planteamos al conmemorarse los 5 años de su muerte persisten en el tiempo sin mayores respuestas.
La tesis oficial, anunciada por el entonces Vice Presidente Alfio Piva en CNN (véase video) y ello sin que mediara investigación policial alguna, según la cual únicamente hueveros y narcotraficantes pudieron haber tenido interés en eliminar físicamente a Jairo Mora en Playa Moin aquel fatídico 31 de mayo, no nos convenció en su momento: 10 años después, sigue sin convencer a muchos en Costa Rica. Dicho sea de paso, estar declaraciones en CNN llevaron a un diputado indignado a expresar que:
«Esas declaraciones fueron la renuncia absolutas a las labores más fundamentales del Estado de resguardar la vida y la dignidad y espero una disculpa del Vicepresidente a la familia de Mora y que la forma mas clara de honrar la memoria es asumir desde el Estado la búsqueda de los culpables y la defensa de las tortugas» (véase nota de CRHoy).
Foto extraída de artículo de prensa del Tico Times del 2016, titulado «New trial in killing of Costa Rica conservationist Jairo Mora to start Jan. 25»
La omisión de toda referencia al caso de Jairo Mora pareciera confirmar nuevamente el desconocimiento por parte de los autores del proyecto de ley 23.588 con relación a lo que han vivido en Costa Rica los defensores del ambiente. En particular, sorprende el hecho que no se mencione ninguna de las recomendaciones hechas en su informe por el mismo Relator Especial de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos a raíz de su visita a Costa Rica (puntos 54 -57 sobre el caso de Jairo Mora Sandoval y las recomendaciones más generales hechas a Costa Rica en los puntos 67-68). Dado que el contenido de este valioso informe está disponible desde muchos años para todos los que se interesan por la protección de los defensores del ambiente en Costa Rica, nos permitimos reproducir lo que se lee en el informe A/HRC/25/53Add.1 (el cual fue presentado en Naciones Unidas en el 2014) en su punto 67, y que podría útilmente inspirar a los autores del proyecto de ley 23.588:
“En quinto lugar, en lo que concierne al riesgo de hostigamiento y violencia contra los defensores de los derechos humanos que trabajan en la esfera del medio ambiente, el Experto independiente recomienda a Costa Rica que intensifique aún más sus esfuerzos no solo por responder a las amenazas y los actos de violencia, sino también por prevenir las situaciones que dan lugar a esos problemas. El Experto sugiere a Costa Rica que estudie seriamente la posibilidad de establecer una comisión o un órgano equivalente, con representantes de un amplio abanico de interesados, que tenga el mandato de examinar la historia y la situación actual de los defensores de los derechos humanos que se ocupan de cuestiones ambientales en Costa Rica y de formular recomendaciones sobre la manera más adecuada de mejorar su protección».
Desde el 2014, esta recomendación (así como muchas otras) no ha encontrado eco en el aparato estatal costarricense. Dadas las omisiones de todo tipo que van en aumento conforme se lee este proyecto de ley, nos permitimos plantear las siguientes preguntas: ¿será que ignoran los autores de este proyecto de ley que en el año 2014, se presentó en Naciones Unidas un informe sobre la visita realizada por el Experto Independiente sobre Derechos Humanos y Ambiente? Si es así ¿será que desconocen las diversas conclusiones y recomendaciones formuladas a Costa Rica desde el 2014? Si este fuera el caso, no estamos ante un proyecto de ley que busque realmente proteger a alguien en particular en Costa Rica, sino ante algo que se asemeja a una simple maniobra de otra índole.
Es de notar que pese a estos llamativos vacios, se citan como únicos casos en Costa Rica registrados, los asesinatos de dos líderes indígenas, Sergio Rojas y Jerhy Rivera, ocurridos en Salitre en marzo del 2019 y en febrero del 2020: al respecto, cabe precisar que la dramática problemática que enfrentan los pueblos indígenas en Costa Rica al verse despojados de sus derechos sobre sus propios territorios es mucho más compleja y ameritaría una legislación particular de cara a la protección de sus líderes comunitarios en sus territorios (así como fuera de ellos). Un informe de la máxima instancia de la Universidad de Costa Rica (UCR) así lo detallaba en el 2017 (véase informe). Por cierto, en su informe del 2022 que tuvimos la oportunidad de comentar (Nota 6), el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, a raíz de su visita a Costa Rica, sugirió al Estado costarricense presentar formalmente una disculpa pública a las comunidades indígenas: una recomendación que útilmente podría materializar la Asamblea Legislativa costarricense a través de un pronunciamiento – y que a la fecha no se ha hecho.
A la sugerencia anterior quisiéramos añadir otra: recomendamos que al reiniciarse (algún día) la propuesta de ley sobre autonomía de los territorios indígenas por parte de la Asamblea Legislativa (archivada sin voto en agosto el 2020, dando lugar a una actuación bastante vergonzosa de la misma Asamblea Legislativa denominada desde entonces por las comunidades indígenas “la arrastrada”), se incorporen debidamente medidas legales para proteger a líderes indígenas que defienden los derechos de sus comunidades y prevenir actos de intimidación en su contra. Tuvimos la oportunidad en el 2020, al conmemorarse los 10 años de aquella triste noche, de analizar la deuda histórica que acumula Costa Rica con los derechos de las poblaciones indígenas. Un reciente y muy completo artículo publicado en el 2021 en España titulado «La historia detrás de la muerte de Sergio Rojas» (véase enlace) detalla la complejidad de la situación de violencia que viven a diario los indígenas costarricenses en la región de Salitre: a la fecha, el Estado costarricense no ha sancionado a nadie por el asesinato de Sergio Rojas, reconocido líder indígena, acaecido en marzo del 2019 y que llevó a Naciones Unidas a intimar a Costa Rica a ser mucho más atenta al clima de violencia contra líderes indígenas amenazados (Nota 7). En septiembre el 2020, el Ministerio Público intentó archivar este caso (véase nota de prensa), lo cual fue rechazado por un tribunal de justicia en enero del 2021 (véase nota de prensa).
Finalmente, la ausencia en este proyecto de ley 23.588 de toda referencia a mecanismos implementados a nivel nacional por algunos Estados como en Perú (véase por ejemplo el mecanismo de protección elaborado en el 2021 con la creación de una Unidad Funcional de Delitos Ambientales, UNIDA, y un reciente análisis a dos años de su creación) o bien en México (véase el mecanismo creado que se puede revisar en las pp. 159-181 de esta publicación de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos y su reforma adoptada en el año 2022 por el Congreso) nos confirma lo que todo asesor parlamentario debe saber: la precipitación es todo menos una buena compañía a la hora de elaborar un texto.
A modo de conclusión
Una fundamentación de un proyecto de ley tan pobre, careciendo de tantos elementos básicos, permite afirmar que resulta absolutamente falaz sostener, como se lee, que este proyecto de ley “busca constituirse como un instrumento del ordenamiento jurídico costarricense para proteger y reconocer los derechos fundamentales de las personas defensoras de los derechos humanos y defensoras del medio ambiente, con base en los estándares dictados por la normativa, declaraciones y jurisprudencia internacional en la materia”.
Adicionalmente, unas omisiones tan desconcertantes y unos vacíos tan sorprendentes con relación a los avances que se han dado desde que se adoptó el Acuerdo de Escazú en marzo del 2018, solo pueden dar pie a una parte dispositiva que mantenga estas características, por lo que desde ya se sugiere modestamente a los autores de esta propuesta lo siguiente:
– 1) que actualicen sus conocimientos en la materia;
– 2) que pidan asesoría de colectivos de derechos humanos y de ambientalistas costarricenses que conocen de las limitaciones del ordenamiento jurídico y de personas que han sufrido intimidaciones, amenazas, intentos de desprestigio, etc… en los últimos 30 años, y;
– 3) que busquen, desde el sector académico o desde algun otro sector, la manera de pedir la asesoría a los diversos expertos y juristas con los que cuenta Costa Rica en esta precisa materia.
Todo ello en aras de garantizarse que se elaborará una verdadera propuesta de normativa, protectora de los derechos de quienes defienden el ambiente en Costa Rica y esta vez sí, “con base en los estándares dictados por la normativa, declaraciones y jurisprudencia internacional en la materia”.
Como un pequeño detalle, que puede explicar el origen de tan súbito interés en esta compleja temática, concluiremos con la siguiente idea: dado que el Acuerdo de Escazú fue formalmente archivado por la Asamblea Legislativa el 1ero de febrero del 2023 y que este proyecto de ley fue puesto a circular en la corriente legislativa el 27 de febrero del 2023 según se desprende de su ficha técnica, el proyecto de Ley 23.588 puede entenderse como un intento (algo burdo) de remediar ante la opinión pública nacional e internacional lo tristemente irremediable.
Esta sencilla relación de fechas permite entender mucho mejor la premura con la que se ha elaborado este proyecto de ley 23.588.
– – Notas – –
Nota 1: En el caso del acueducto Coco-Sardinal en Guanacaste, fueron siete las personas objeto de acciones penales de este tipo en el 2008. En el caso de la planta cementera ubicada en el centro de San Rafael de Alajuela, fueron varios los demandados en el período 2010-2011. Sabemos de varias personas que denunciaron la expansión piñera en Siquirres en el período 2007-2011 y que también fueron objeto de demandas penales acompañadas de acciones civiles resarcitorias con montos millonarios. En el caso del denominado proyecto minero ubicado en la localidad de Las Crucitas, fueron cinco las personas demandadas en el 2011 por la empresa canadiense Infinito Gold, de las cuales dos diputados.
Nota 2: Estas acciones penales buscan ante todo presionar e intimidar a líderes ecologistas, campesinos, indígenas o bien de otros colectivos sociales que alzan la voz ante los atropellos de los que son víctimas por parte de empresas y de corporaciones. Su objetivo es claramente de carácter intimidatorio y en la doctrina anglosajona se denominan «SLAPP actions» (Strategic Legal Actions Against Public Participation). Este valioso informe titulado “Silencing Human Rights and Environmental Defenders: The overuse of Strategic Lawsuits against Public Participation (SLAPP) by Corporations” analiza el impacto de estas acciones penales, mientras que en este enlace se encontrará un informe publicado en el 2022 que recoge parte de la práctica en América Latina, titulado «SLAPPS in Latin America”.
Nota 3: Se trata de demandas penales interpuestas por la empresa minera Infinito Gold contra dos diputados (véase nota de Panamaamérica del 2011), así como contra un líder comunal y dos profesores universitarios. Con relación a estas últimas tres demandas, en el 2012 los demandados publicaron un artículo titulado “Audiencias con el Infinito: ausencias…” en La Nación (véase artículo en la edición del 3/07/2012 y reeditado en Kioscos Ambientales) sobre extrañas patologías recurrentes de los abogados de la empresa tendientes a aplazar, en tres causas penales distintas, las audiencias ante el juez programadas para resolver estas tres demandas (que fueron finalmente desestimadas). El programa Era Verde del Canal 15 de la Universidad de Costa Rica (UCR) dedicó dos interesantes emisiones sobre la suerte de estas cinco demandas por presunta difamación interpuestas por Infinito Gold (véase video1 y video2), incluyendo entrevistas a las personas acusadas por la empresa minera canadiense.
Nota 4: Cabe recordar que en el 2008, la única ley aprobada por la Asamblea Legislativa y que fue vetada por el Poder Ejecutivo costarricense durante todo el período 2006-2010, fue la «Ley para Fortalecer los Mecanismos de Participación Ciudadana en materia ambiental» (véase texto completo acompañado del texto del veto presidencial del 24 de noviembre del 2008). En el informe de labores para el período 2008 de una influyente cámara empresarial, leemos que: «Así mismo, para finales de año UCCAEP ejerció la presión necesaria para que el Presidente de la República vetara la Ley Ambiental. Para ello se publicaron una serie de artículos de opinión y a través de varios representantes se tuvo presencia mediática en torno a la posición del sector empresarial con respecto a la Ley aprobada por la Asamblea Legislativa» (véase texto del informe de la UCCAEP titulado «Informe de Labores, Marzo 2009», p. 36).
Nota 5: Véase BOEGLIN N., «Infinito Gold contra Costa Rica. El reciente laudo arbitral del CIADI sobre el proyecto minero ubicado en Las Crucitas«, Portal de la Universidad de Costa Rica, edición del 15/06/2021, disponible
Nota 6: Véase BOEGLIN N. «Costa Rica y pueblos indígenas: informe de Relator Especial exhibe graves y persistentes lagunas«, La Revista.cr, edición del 30/09/2022, disponible aquí. Una versión anterior preliminar fue publicada en el portal de la Universidad de Costa Rica (UCR): «Informe del Relator Especial exhibe graves y persistentes lagunas del país«, Portal de la Universidad de Costa Rica, Sección Voz Experta, edición del 10/06/2022, disponible aquí.
Nota 7: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N., «Asesinato en Costa Rica del líder indígena Sergio Rojas: carta de Naciones Unidas hecha pública«, Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), 3 /06/2019. Texto completo disponible aquí.
La Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional, en el marco de su 50 aniversario, invita al Ciclo de Foros sobre temas de interés de la realidad nacional.
En este cuarto Foro se realizará un análisis de los efectos económicos y sociales del tipo de cambio en Costa Rica en los diferentes sectores productivos.
Se han invitado al evento representantes del gobierno y organizaciones del sector privado.
La actividad es gratuita y abierta a la comunidad universitaria y nacional y se realizará en modalidad bimodal:
