Freddy Pacheco León
Allá por el año 1990, nos visitó en la dirección de la Escuela de Ciencias Ambientales (Universidad Nacional) y de entrada nos dijo: “¿Por qué no alquilar la isla del Coco?”, y de inmediato, con plena convicción, nos amplió su propuesta con argumentos que escuché respetuosamente, aunque, obviamente, perplejo. Que era un parque nacional que nadie podía visitar, como si se podía hacer con el Parque Nacional frente a la Asamblea Legislativa, nos dijo; que no generaba ningún beneficio para el desarrollo de Costa Rica; que en el pasado, con el Instituto Costarricense de Turismo había suscrito un contrato que habría propiciado la inversión necesaria, para incluso construir un aeropuerto que incluía parte del mar; que él, entonces como diputado echandista, había logrado el apoyo de muchos colegas de otros partidos, que veían en la idea, una extraordinaria oportunidad de “hacer algo” creativo en esa muy lejana isla, que “era reclamada, incluso, por los colombianos, y que los gringos casi habían comprado para fines militares, después de visitas del presidente Roosevelt en los años 30”; que el famoso tesoro seguía esquivo y que entonces no había por qué seguir pensando en él como fuente de riqueza. ¡Que, este servidor, como director de una unidad académica prestigiosa en el campo ambiental, le apoyara en esa iniciativa!
Aunque por momentos pensé que el caballero, estaba inmerso en una fantasía, y que lo suyo no era más que un sueño, quizá recurrente, que en la de menos requería atención especializada, para nuestra sorpresa traía consigo algo que sí me hizo prestarle mayor atención. Se trataba de una copia de La Gaceta del día de Navidad de 1966, en que se consigna el “Dictamen afirmativo” de la comisión legislativa de Gobierno y Administración, del proyecto de ley “Traspaso en propiedad de la isla del Coco al Instituto Costarricense de Turismo y aprobación de un contrato para su explotación”.
En su aprobación, concluyeron los señores diputados Fernando Gutiérrez Benavides, Enrique Azofeifa Víquez, Ramiro Barrantes Elizondo, Hernán Vargas Ramírez, Jorge Luis Villanueva Badilla y Mario Charpantier Gamboa, que la isla del Coco no puede dedicarse a la agricultura…; que tampoco puede dedicarse a un centro penitenciario…; que por razones de distancia y por el alto costo, no es posible explotar, como fuente de riqueza, sus recursos naturales…; que los tesoros que, se ha dicho, existen en la isla no constituyen patrimonio económico, sino una leyenda, una utopía, aprovechable únicamente como atracción turística; “y, por último, la única alternativa que queda, dentro del mundo moderno, y como único recurso económico para el país, es la explotación turística de la Isla del Coco”.
Como ven, amigos, ¡No era cuento ni una fantasía infantil! Se trataba de un pasaje muy poco conocido, de algunos de nuestros políticos.
Y si a algunos les parecerá que la idea desarrollada en ese proyecto de ley podría ser, en términos actuales, descabellada, conozcamos algunos detalles de los compromisos contractuales suscritos entre los señores Ricardo Castro Cañas, por el ICT, y el señor César Augusto Solano Sibaja, nuestro visitante hace tres décadas, aprobados por la citada comisión legislativa, para la explotación turística, en los primeros meses del gobierno de don José Joaquín Trejos.
“El contratista” se comprometió, “en el menor tiempo posible”, a invertir un millón de dólares en los primeros dos años, a “construir un aeropuerto para toda clase de aviones”, “un muelle para el embarque y desembarque de pasajeros y mercaderías en barcos de regular calado”, así como “todos los locales que el Gobierno considere indispensables para las oficinas públicas”, a la vez que se le otorgó el derecho “para construir y arrendar terrenos a particulares para la construcción de hoteles, moteles, viviendas particulares, locales comerciales, piscinas, gimnasios, y además, toda clase de edificaciones o instalaciones con que cuentan las ciudades modernas o centros turísticos”.
No habría que esforzarse mucho, para vislumbrar cómo se encontraría la isla del Coco, apenas un poquito más grande (2.400 ha) que el también pequeño Parque Nacional Manuel Antonio (ambos en sus partes terrestres), de haberse ejecutado esa “brillante iniciativa”, entonces acogida con entusiasmo por los legisladores.
¡Pero viene lo mejor!
Además de la inversión que, supuestamente sería cubierta por empresarios alemanes, nos dijo el señor Solano Sibaja dos décadas después de haberse dictado el dictamen legislativo favorable, en el contrato suscrito con el gerente del ICT, leemos lo siguiente: “1º- Concédese en arrendamiento al contratista por la suma de un colón al año, los derechos exclusivos para la explotación turística de la Isla del Coco y sus islotes…”. Y agrega: “Este derecho se concede por un plazo de cuarenta años a partir de la fecha en que se firma el presente contrato”. Aunque se aclara (¡como gran cosa!) que “Si se aprobare el traspaso, cesión, venta o enajenación de este contrato a personas físicas, jurídicas, nacionales o extranjeras, la adquiriente deberá asumir todas las obligaciones contractuales que aquí se establecen”.
Tal era el convencimiento de que estaban ante un gran negocio en favor de la Nación, que en la sesión de comisión del 13 de octubre de 1966 (lo citamos para evidenciar que también había oposición a proyecto), leemos: “ahora, nosotros estamos, como dicen los comunistas, – ese es el argumento comunista-, estamos entregando la isla del Coco “mediante escandaloso y oscuro contrato”. Lo que dijo el diputado Villanueva Badilla, es muestra de que, 12 años antes de que el Presidente don Rodrigo Carazo se impusiera la estupenda tarea de crear, por decreto ejecutivo del 22 de junio de 1978, el Parque Nacional Isla del Coco, ya había por entonces costarricenses (no creemos que necesariamente solo “comunistas”) opuestos a esa ofensa a la Patria, que se estaba fraguando aceleradamente.
Con una visión patriótica y conservacionista no considerada por anteriores gobernantes, don Rodrigo Carazo, quien asimismo valoraba la ubicación estratégica de la isla del Coco, como capaz de sustentar un vasto territorio marítimo y sus recursos biológicos, desdeñado por muchos, firmó su Decreto Ejecutivo (Nº 8748-A-MAG) que hoy, 25 años después, adquiere mayor relevancia, pues en él se reafirma “Que es función del Estado velar por, la conservación, protección y fomento de los recursos naturales del país”, y “Que la declaratoria de la isla del Coco como Parque Nacional, es el medio más recomendado para preservar el estado natural de la isla”.
Así, gracias, muy especialmente, a don Rodrigo, se ha conservado en inmejorables condiciones el bosque siempre verde, tupido y denso, que la caracteriza, así como las 235 especies de plantas (70 endémicas), 362 especies de insectos (64 endémicos) y 2 de reptiles endémicos, 3 tipos de arañas, 85 especies de aves (4 endémicas), 57 especies de crustáceos, 118 variedades de moluscos marinos, más de 200 tipos de peces y 18 especies de cocales, en términos generales.
Riqueza invaluable, inmensa, extraordinaria, que, de haberse ejecutado el insólito contrato de desarrollo turístico que hemos comentado, ¡a cambio de 40 monedas de colón por 40 años!, que incluso propiciaba su venta a intereses extranjeros, quizá hoy el mismo solo provocaría lamentos inútiles, ante la impotencia de ver “La Isla del Tesoro”, destruida por desdén, y en manos foráneas.
26 de junio del 2023
