Renovemos Alajuela es un partido político cantonal, constituido para participar en elecciones municipales y hacer los aportes necesarios en beneficio del Cantón de Alajuela. Es el primer partido cantonal en la historia política y social de Alajuela.
Participamos en las elecciones del 2010 siendo la segunda fuerza política por encima de partidos políticos nacionales. Obtuvimos en aquella oportunidad un regidor y dos sindicaturas en los distritos de Alajuela y La Garita.
En las elecciones del 2016 obtuvimos 2 regidores.
En ambas oportunidades y con esa representación se hicieron aportes a través de mociones, además se logró el apoyo en obras como un puente en el Distinto de San Miguel, el apoyo económico a instituciones como Cruz Roja, Hogar de Ancianos y Hospital San Rafael. Nos opusimos a que la “calle ancha” quedara en un solo sentido.
Propusimos la construcción de servicios sanitarios públicos, la construcción de un puente peatonal en la radial para evitar accidentes y pérdida de vidas, además nociones aprobadas y no ejecutadas por parte de la alcaldía.
Conocedores del maltrato a que son sometidos los munícipes propusimos que la municipalidad llevara a cabo una campaña de formación ciudadana sobre sus deberes y derechos, no fue aprobada porque los regidores del PLN y el PUSC votaron en contra, argumentando que eso haría que la municipalidad recibiera menos ingresos.
Ahora vamos a las elecciones del 4 de febrero del 2024 con la convicción de que las ganaremos para rescatar Alajuela de la inseguridad y la corrupción a la que ha sido sometida a lo largo de casi 30 años. Tenemos el conocimiento y la voluntad para hacer de nuestra municipalidad una institución de servicio comunal y solidaria con los alajuelenses. Sabemos cómo llegar a tener una municipalidad transparente y una Alajuela segura.
Necesitamos del voto de los alajuelenses para Renovemos Alajuela en todas las papeletas.
Dios quiera que los alajuelenses puedan comprender lo importante que es la participación en las elecciones municipales y nos ayuden a lograr el triunfo…por el bien de Alajuela.
SURCOS comparte información relacionada con las elecciones municipales para aportar en el logro de un voto consciente.
María Laura Vargas Jiménez, estudiante del Bachillerato en Economía
Los estudios de mercado son el mapa que guía a los empresarios para entender, analizar y visualizar lo desconocido en el mundo de los negocios, para un sector específico. Los estudios de mercado abren el camino para disminuir la probabilidad de fracaso al emprender un nuevo negocio.
Es importante entender que un estudio de mercado es el proceso por el cual se recolecta información sobre la demanda (compradores) y oferta (competidores) del sector en el cual se establece un proyecto. Además, se calculan los indicadores financieros claves para conocer la rentabilidad o sostenibilidad de la idea de negocio analizada.
Los negocios buscan satisfacer las necesidades de un sector de los consumidores o posibles compradores, ese sector es nuestro público meta. Al realizar un estudio de mercado logramos conocer a profundidad las necesidades y fortalezas de este y responder preguntas como:
¿Quienes compran?, ¿cuánto compran?, ¿cómo compran?, ¿dónde compran?, ¿qué características esperan de nuestro bien o servicio?
El principal objetivo de realizar un estudio de mercado es conocer el sector en el cual se desarrolla un negocio y, asimismo, determinar la posibilidad de que este sea viable y rentable logrando adaptarse a las diferentes condiciones de competencia a las que se enfrentará nuestra empresa.
Según datos obtenidos en la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares (ENAMEH) 2022 se indica que en Costa Rica existen aproximadamente 410.745 microempresas, dato que representa una disminución de 9,7% en comparación con el 2021, cuando se contabilizaron 454.650 (INEC, 2023).
Además, se menciona que un 47,3% de los microempresarios iniciaron la actividad por necesidad. Esto recalca la importancia de anticipar comportamientos de consumo de los compradores y características de la competencia. La falta de datos e información disminuye las posibilidades de éxito de un negocio, ya que impide a los empresarios conocer los retos a los cuales se enfrentarán y tomar decisiones que favorezcan el éxito, es por esto que los estudios revelan que entre el 70% y 80% de microempresas duran menos de una década.
El mundo evoluciona constantemente y asimismo los estudios de mercado deben adaptarse a estos cambios ya que están atados al contexto socioeconómico de la época en la cual fueron realizados, por lo tanto, es de suma importancia que las empresas determinen la frecuencia con la cual deben obtener nuevos datos y analizar las necesidades de hacer cambios en la estructura del modelo.
Un ejemplo de lo descrito anteriormente se observa durante la pandemia de la Covid-19. Entre los principales factores que han afectado a las empresas han sido las políticas restrictivas durante la pandemia y los años posteriores, así como el incremento en los precios de materias primas que encarecen los productos finales, lo que conlleva a una disminución en las ventas. Las empresas que se mantuvieron innovando y adaptándose a las nuevas condiciones del mercado han logrado sobrevivir; sin embargo, aquellas que a falta de información no cambiaron sus estrategias no lograron mantenerse.
A modo de conclusión, un estudio de mercado no solamente ayuda en el proceso inicial de desarrollar un negocio, sino en el proceso de alcanzar el éxito a largo plazo. Permite obtener las herramientas necesarias para anticipar los comportamientos y necesidades. El estudio de mercado debe ser un proceso continuo durante el curso del negocio, que le permita a los empresarios mantenerse informados para tomar las decisiones que lo ayuden a alcanzar el éxito.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Al igual que otras personas, que en esta guerra entre el protagonista principal de uno de los bandos como lo es la OTAN y Rusia, creemos tener claro nuestros puntos de vista sobre rechazos y apoyos.
Decimos esto partiendo, en primer lugar, del conocimiento y análisis de los irrefutables hechos y de que antes de emitir una opinión hemos sacado nuestras propias conclusiones, utilizando el debido sentido común y la propia lógica que abonan a la razón.
Lo hemos hecho partiendo también de la historia completa sobre cómo se originó este conflicto y cuáles han sido sus móviles y no de un solo episodio de este.
Así que no estando alguien de acuerdo con nuestras apreciaciones bienvenidas sean las contrarias, siempre y cuando no vengan acompañadas de esas acostumbradas descalificaciones, y de esa maliciosa insinuación de ser víctima de la propaganda de una de las partes.
Tan temeraria afirmación es inaceptable y ofensiva y no merece respuesta de nuestra parte ya que nos cuesta mucho, y nos disculpamos por ello, bajarnos a ese nivel.
Juan Carlos Durán Castro Dirigente Social Costa Rica
Reflexión del 27 de setiembre 2023.
Nuestro modelo de salud, con sus defectos y virtudes y aunque suene extraño o inaceptable para alguna gente, está basado en los pilares de la solidaridad, la equidad y la universalidad (aunque a Doña Marta Eugenia Esquivel, le sea absurdo o no lo comparta, según recordamos de su obra de teatro de tiempo atrás en Zapote).
En otras palabras las reformas sociales post guerra civil de 1948, que fueron incorporadas en la Constitución Política de 1949, con la venia y la negociación política entre: Don Pepe Figueres, Don Rafael Ángel Calderón Guardia, la Iglesia Católica representada en Monseñor Sanabria y Partido Comunista, representado por Don Manuel Mora, aunque suene raro o extraño, feo o chocante para alguna gente también, sin duda alguna contiene un enfoque SOCIALISTA y siendo así, está inspirado en ese pensamiento que igualmente con sus defectos y virtudes, es INCLUSIVO Y HUMANO, y para ser asertivos, tiene aunque no guste rasgos comunistas y sin duda a colocado al país en alto entre el concierto de las naciones a nivel mundial.
Claro, esto es obra de los próceres supra, pero igualmente es el resultado de las luchas del pueblo en la calle en aquellos momentos, trabajadores y trabajadoras que más allá de sus inclinaciones ideológicas lograron ver el faro de luz que las dirigencias políticas clarificaron para trazar el surco estratégico del derrotero nacional.
En tal sentido, debe quedar metido en la mente y el corazón de las actuales generaciones que lo que se ha venido fraguando hace varios años y ahora con mayor celeridad por parte del Gobierno de Don Rodrigo Chaves Robles y Doña Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, es «transformar» «modernizar» el modelo SOLIDARIO Y UNIVERSAL, por uno que se sustente en el poder económico de la gente para poder acceder a ser atendido, es decir, PRIVATIZAR, MERCANTILIZAR totalmente nuestro modelo de salud.
La tarea es grande, gente defensora de la CAJA.
Pero uno de los primeros pasos humanos, tácticos y estratégicos de la dirigencia actual debe estar centrada en colocar a la gente y su derecho a la vida y a la salud en el centro de todo debate y movilización social. ESTO ES LO PRINCIPAL, lo cual implica un proceso de des-corporativización de la lucha, puesto que existen factores y actores internos de la Caja que trastocan intereses que deben REVISARCE Y MODIFICARSE RADICALMENTE, para aspirar a provocar la empatía, la confianza de la gente del afuera, eje que no dudamos generará que se disparen los elementos subjetivos del pueblo a favor de la defensa de la Caja y esto no dudamos mejorará el escenario de pelea, aumentando las posibilidades de mejorar la vida de la gente y paralelamente la de la gran familia laboral de la Caja.
Definidas entonces por la dirigencia las decisiones políticas estratégicas, LO ACCESORIO (autonomía, presupuesto, inversiones, mejores servicios en las listas de espera, exámenes, citas, trabajos y pensiones dignas), podrían tornarse más fáciles de visualizar para el desarrollo de la gran tarea que tenemos en frente en uno de los episodios más grotescos de la historia patria, y en el cual, los sectores más retrógrados ideológicamente hablando están a la ofensiva y en un apogeo riesgoso, que coloca al país en un predicado altamente peligroso para la estabilidad política y social del país.
No dejemos que nos roben la patria y la paz, los buenos somos más y debemos actuar, pero actuar con una mirada que deje de ver el árbol y aspire a ver el bosque.
Los señores de la foto están sonrientes, muy contentos. No se podía esperar nada menos. Son los representantes de una de las Cámaras Patronales que ayer celebraron que la Asamblea Legislativa les regalara más de 30 mil millones de colones y muchísimo más en el futuro. ¡Quién no estaría feliz con semejante obsequio!
Algunas veces pienso que los bandos que gobiernan el país, Chaves y Liberación Nacional, nos llevan de escándalo en escándalo mientras nos hacen transitar por la senda del mayor entreguismo y por la etapa más brutal del neoliberalismo.
Mientras las redes sociales y los grupos discutían y hacían mofa del sistema solar de la ministra de Educación, los diputados discutían y aprobaban una reforma al impuesto de renta que beneficia a las grandes empresas nacionales y extranjeras.
Mientras se embarca al país en una discusión sobre traiciones, en un recinto acostumbrado a ellas, pasamos por alto y no exigimos responsabilidad al Partido Liberación Nacional por su continuado entreguismo al gran capital.
Mientras hacemos un escándalo de la vestimenta de la ministra de Educación, sobre si la Ruta de la Educación existe o no existe y de un informe con un error ortográfico adrede, las propuestas serias y necesarias para reformar profundamente a la educación son inexistentes.
Mientras nos escandalizamos con los financiamientos ilegales a los partidos políticos, Rodrigo Arias Sánchez intenta desde la Asamblea Legislativa nombrar magistrados, una también forma de mediatizar la separación de poderes.
Como que nos vamos acostumbrando a vivir de show en show, de escándalo en escándalo.
Mientras se hace otro alrededor de la fiesta en un yate de un diputado puntarenense amigo de un cuestionado actor de cine indio, el país se desangra en homicidios ya de escándalo, sin ninguna solución.
Mientras un periódico mejicano publica un posible acuerdo de autoridades del gobierno con los carteles mejicanos de la droga, asunto que puede ser muy discutible, la realidad es que somos el primer exportador de cocaína del mundo y la embajada gringa interviene cada vez más abiertamente en la discusión de este problema.
La política como que se ha convertido en una charanga, por lo demás bastante jocosa. Y nadie, es lo más grave, parece abstraerse de ello.
Sin embargo, el país no va al despeñadero. No.
Mientras vivimos de escándalo en escándalo, la política neoliberal se abre paso destruyendo instituciones, empobreciendo a los trabajadores y acabando con el Estado de Bienestar. Y, tal vez, con nuestra participación, aunque sea indirecta.
Cámaras aplauden el resello para salir de la lista gris en la UE…
En esta nueva era basada en las tecnologías y el conocimiento, muchísima gente, quizá sin saberlo, vienen utilizando la Inteligencia Artificial (IA). Por ejemplo, cuando le señala una falta ortográfica con una rayita roja como hacía la maestra con su lapicero o rayita azul cuando detecta un problema gramatical y últimamente corrige el error de una vez.
Las aplicaciones de la inteligencia artificial en la vida cotidiana vienen creciendo en la traducción de artículos a diversos idiomas, al transcribir voz a texto, texto a voz, así como en la elaboración de productos de entretenimiento personalizados como es el caso de los canales de película y las pantallas inteligentes, entre muchas otras. Hasta ahí todo bien, la inteligencia artificial contribuyendo a mejorar la vida.
De pronto empiezan a aparecer noticias falsas y campañas publicitarias elaboradas con inteligencia artificial que confunde y desorienta a muchas personas; manipulan productos comerciales y hasta contribuyen a elegir representantes desconocidos que, sin saber por qué, de pronto adquieren gran popularidad.
Empezamos a notar los impactos negativos en el manejo de los datos utilizando los avances tecnológicos, pero no nos imaginamos lo que podría venir y lo que está aquí: falsificaciones totalmente realistas de fotos, voz o videos. Cantinflas haciendo un anuncio moderno, Trump detenido o una niña que no es real.
Esto significa que, por ejemplo, aquí en Costa Rica, opositores políticos podrían crear un video de un candidato a la presidencia tirando al suelo a la Negrita o una candidata expresidenta confesando abiertamente que aceptó un jugoso soborno por un proyecto de carretera… esto confundiría la opinión de la gente y por supuesto que influiría en los resultados electorales.
Utilizando la Inteligencia Artificial para favorecer la imagen, el presidente de Costa Rica, por ejemplo, podría conversar con Juanito Mora o con cualquier personaje de la historia de manera favorable a su gestión presidencial y esa resurrección con la IA, es posible; o una candidata a la presidencia podría mostrar en un falso video sus actos de graduación en grandes universidades.
Más grave aún, utilizando perversamente la Inteligencia Artificial podrían llevar a la guerra a dos o más países minando la confianza y provocando miedo. Se imaginan lo que pensaría la gente que reciba un video donde aparezca un reconocido militar o presidente del país vecino, invadiendo el país y disparándole a una familia.
Algunos ingenuamente creen que se requiere ser experto para manejar esta tecnología y no se han percatado que las aplicaciones ya están al alcance de cualquier persona, que muchas son gratuitas y que se pueden utilizar de inmediato.
Algunos países y organizaciones periodísticas están corriendo para legislar, obligando a que se indique si lo que se está viendo, escuchando o compartiendo es producido por la Inteligencia Artificial, como una alerta para que la persona lo filtre y procese con esa etiqueta, sin embargo, en algunos países ni siquiera se habla del tema y mucho menos de las serias y rápidas consecuencias que puede traer una tecnología que puede ser manejada fuera de las fronteras y de manera anónima.
Si algo de lo que he comentado no lo sabía, pues a pellizcarse y a ver toda la información que recibe con otros ojos y otros oídos, más críticos y lo mejor, no se deje llevar, no tome decisiones apresuradas, porque es posible que no podamos diferenciar lo que es mentira de lo que es verdad.
Anuncio en el que se utiliza la imagen de Cantinflas.
En la reciente visita del presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, a Canadá se produjo un escándalo internacional de grandes proporciones.
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau y la élite de ese país recibieron con efusivo deseo de complacer a Zelenski al invitarlo a una sesión del parlamento, junto con un viejo residente de origen ucraniano de nombre Yaroslav Hunka a quien el presidente del Parlamento, Anthony Rota, lo presentó como «un héroe» de la primera división ucraniana durante la Segunda Guerra Mundial, ante los cerrados aplausos de los presentes.
Pero lo que no dijo u omitió decir es que esa división también era conocida durante la invasión de la Alemania nazi como la división Waffen SS Galizien, al mando del Tercer Reich y cuyos miembros fueron declarados criminales de guerra por el Tribunal Internacional que los juzgó.
Es sabido que después de la guerra muchos países se convirtieron en refugio para muchos criminales nazis. Cuando algunos medios masivos de comunicación publicaron fotos antiguas de Yaroslav Hunka con el uniforme nazi junto a otros miembros de la Division Waffe SS, los titulares destacaban que los diputados canadienses homenajearon a un criminal.
La representación diplomática de Polonia en Ottawa reaccionó indignada manifestando que su país no tolerará que se rindan homenajes a los nazis en cualquier lugar del mundo y exigió las debidas disculpas al Gobierno canadiense. Por su parte el Centro Simon Wiesenthal, que busca a los criminales nazis por todo el mundo, declaró que la división de Hunka era responsable de crímenes horrendos contra civiles inocentes y exigió de igual forma las disculpas de las autoridades canadienses, no solo con los sobrevivientes del Holocausto sino con todas las víctimas del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial.
El primer ministro Trudeau optó por no disculparse por ese indebido homenaje a Hunka y descargó toda la culpa al presidente del Parlamento canadiense. Quedan muchas interrogantes de este lamentable y censurable hecho. Entre ellas: ¿fue un grave error o algo diferente?
Se revelaron los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) realizada por el INEC en el año 2023, con datos correspondientes al ciclo productivo 2022, los cuales, para el lector poco interesado, puede que tengan poca relevancia. No obstante, para el ciudadano interesado en la situación actual y en el futuro de la actividad agropecuaria, debe revelar al menos una tendencia, que es hacia la reducción del área sembrada para casi todas las actividades y en algunas de ellas también en la producción obtenida en comparación con el año 2020, es decir en sólo 2 años.
En la ENA 2022, se establece que los granos básicos representan el 78.3% de los cultivos anuales de Costa Rica y que, si bien el café fue el cultivo permanente con la mayor extensión sembrada y cosechada, su producción no fue de las mayores de los cultivos permanentes, que corresponde a la caña de azúcar, al banano y la palma aceitera que en su conjunto alcanzaron el 88.6% de la producción de estos cultivos en el país, (INEC, Comunicado de prensa,2023). Entre los cultivos permanentes se encuentra también el cultivo de la piña, pero esta actividad no se incluye en la encuesta nacional.
Según la ENA, el año pasado se sembró de arroz 33.586.4 has, que es el 53.2% de los ochos cultivos anuales estudiados y se obtuvo una producción de 145.302,5 toneladas métricas (TM). Estas cifras reflejan que el arroz tuvo la mayor extensión sembrada, cosechada y la producción más alta de los cultivos anuales.
Sin embargo, comparando el área y la producción de arroz del año 2020 (encuesta nacional 2021), que fue de 38.112,7 hectáreas, hubo una reducción de casi 4 mil hectáreas entre el 2022 y el 2020, aunque en la producción que fue de 137.503,5 toneladas métricas en el 2020, si hubo un aumento de más de 7 mil TM. en el año 2022. Un dato importante es que en el 2020 se destinaba el 98,8 % de la producción a la industria y en el 2022 se destina el 83% de la producción nacional, como resultado del aumento progresivo del producto importado, situación que se va a profundizar con la Ruta del arroz, y la salida de una cantidad importante de productores de la actividad.
Con respecto al cultivo de frijol, el área sembrada en el 2022 fue de 8.653,3 has sembradas y una producción de 6.000,2 TM. Mientras que, en el año 2020, el área sembrada fue de 9.452,3 hectáreas, 800 has más que en el último año y la producción obtenida fue de 5 308,4 toneladas métricas, un poco menor que la del 2022.
En cuanto al maíz, en el 2022 se sembraron 7.175,9 ha sembradas y se tuvo una producción de 10.246,1 TM., en tanto el área sembrada en 2020, fue de 8.376,2 hectáreas, es decir 1.200 has más que el 2022 y una a producción obtenida este año de 14.180,6 toneladas métricas, es decir cerca de 4 mil toneladas más en el 2020, resultado al parecer de un mayor rendimiento por hectárea.
Dentro de las raíces y tubérculos, destaca la yuca con un área sembrada de 7.084,4 ha y una producción de 78.275,6 TM. en el 2022, frente a un área de 11.161,1 hectáreas y una producción de 97.201,0 toneladas métricas en el 2020; que marca una diferencia de más de 4 mil has sembradas y de 18 mil toneladas de producto entre aquel año y el 2022.
En el caso de la papa se reportó para el 2022 un área de 2.912,4 ha, y una producción de 48.171,6 TM. para el 2022, en tanto para el 2020, el área sembrada fue de 2.816,3 hectáreas, y la producción obtenida fue de 47.619,3 toneladas métricas; con escasas diferencias entre un año y otro tanto en área como en producción.
Por su parte para la cebolla, la Encuesta Nacional Agropecuaria 2022 reveló una extensión sembrada de 1.422,8 ha y una producción de 32.184,4 TM., mientras que, en el año 2020, el área sembrada fue de 1.884,9 hectáreas y la producción obtenida fue de 36 546,3 toneladas métricas; con diferencias de más de 400 has y más de 4 mil TM entre uno y otro año.
Entre los cultivos permanentes, según los principales resultados de la ENA 2022, la caña tuvo un área sembrada 57.006,2 ha sembradas y una producción de 3,366.915,7, en tanto en 2020, el área sembrada fue de 60.750,0 hectáreas y la producción obtenida fue de 4, 194.596,7 toneladas métricas, con una diferencia que de más de 3.700 has sembradas.
Seguidamente, el banano con un área sembrada de 48.369,2 ha sembradas y la producción obtenida de 2.307 933,3 TM, cifras que eran mayores en el 2020, con el área sembrada de 54.783,6 hectáreas y la producción obtenida de 2,528.720,8 toneladas métricas. Es muy significativa la diferencia en el área sembrada entre uno y otro año, de más de 6 mil hectáreas.
Para el café, el área sembrada en 2022, según la ENA fue de 77.352,5 ha sembradas y una producción de 436.473,3 TM de producción, mientras que, en el 2020, el área sembrada fue de 80.210,3 hectáreas y la producción obtenida fue de 400.042,1 toneladas métricas, con una diferencia de más de 2.800 has sembradas en el 2020, aunque la producción es mayor en el 2022, probablemente por una mayor productividad de las plantaciones.
En cuanto a la palma aceitera, el área sembrada fue de 68.288,5 ha sembradas con una producción 1,040.239,3 TM en el 2022, frente al área sembrada de 72.898,1 hectáreas y una producción obtenida de 1,138.886,8 toneladas métricas en el 2020, cuya comparación revela un área sembrada mayor en este año de más de 2.600 has, con respecto al 2022.
El caso de la naranja, el área sembrada fue de 13.220,7 ha y la producción obtenida de 289.564,5 TM. el 2022, mientras en el 2020 el área sembrada de 13.354,1 hectáreas y la producción estimada fue de 258.234,3 toneladas métricas, con áreas y producciones muy similares en los dos años, así como en el volumen que se vende en el mercado interno que es entre un 27 y un 30%.
Respecto al mango, el área sembrada es de 6.217,4 ha área sembrada, y una producción 30.187,4 tm de producción para el 2022, en tanto para el 2020 el área sembrada fue de 7. 482,5 hectáreas y una producción obtenida fue de 23.812,1 toneladas métricas, registrando una diferencia de más de 1,200 has sembradas ese año, aunque se tuvo una producción menor en 2020, probablemente por un mayor rendimiento por hectárea.
Por su parte, el plátano presentó en el 2022, un área sembrada de 10.697,3 y una producción de 72.083,3 TM de producción, frente a un área sembrada de 10.860,3 hectáreas y una la producción obtenida de 84.412,8 toneladas métricas en el 2020, evidenciando áreas similares en ambos años, pero una producción mucho mayor en el 2020, de más de 12 mil TM.
Siguiendo el palmito, el área sembrada fue de 3.231,9 ha de sembradas y una producción de 3.203,3 TM de producción en el 2022, mientras que el área sembrada fue de 3.866,3 hectáreas y la producción fue de 3.218,6 toneladas métricas en el 2020, con una diferencia de más de 600 has sembradas, pero un volumen de producción similar, en el palmito también una parte pequeña se destina al mercado nacional.
Finalmente, el área sembrada de chayote fue 407,0 ha y la producción de 28.990,7 TM. en el 2022, en tanto en el 2020, el área sembrada fue de 493,6 hectáreas y la producción obtenida fue de 31.284,7 toneladas métricas, con una diferencia de más de 85 has sembradas y más de 2.200 TM. producidas en el 2020. (INEC, ENA,2022).
Las diferencias en el área sembrada y en menor medida en la producción de las actividades analizadas en la ENA, revelan con excepción de la papa y el plátano, descensos en el área sembrada, entre 6 mil has en el banano y 4 mil en el arroz, hasta 85 has en chayote y 800 en frijol, que debieran llamar la atención de las autoridades del sector agropecuario, de las organizaciones y de los consumidores.
Esta reducción en el área y en algunos casos en la producción de las actividades agrícolas, tiene implicaciones sobre la seguridad y la soberanía alimentaria del país, ya que en algunas de ellas podrían estar llegando al límite mínimo(piso) de producción nacional de ciertos productos alimentarios y un descenso mayor en éstas, llevaría al desabastecimiento y al aumento de la importación(como está ocurriendo con el arroz) o al ingreso ilegal de productos(como ha ocurrido algunos años con la cebolla).
Las razones de la reducción de las áreas sembradas en el 2022 podrían atribuirse a los fenómenos de la pandemia y el aumento de los precios de los insumos agrícolas, como se mencionó en un artículo anterior (Alterdes.com,2022), pero la tendencia hacia la reducción de las áreas ya se había reflejado en las anteriores ediciones de la encuesta agropecuaria
Si se compararan las cifras de áreas sembradas y cosechadas del 2020 y el 2022 con las del censo agropecuario del 2012, se podría confirmar la tendencia de mediano plazo en la reducción de las áreas en la mayoría de las actividades, poniendo en evidencia que la producción agroalimentaria, en especial para el mercado interno, presenta un deterioro irreversible, por la dedicación de las áreas a otras actividades económicas(turismo, inmobiliario) en algunas zonas del país y por la baja inversión en las actividades agropecuarias y/o la disminución de la asistencia tecnológica hacia ellas.
Por la tendencia comprobada, la seguridad y la soberanía alimentaria del país está seriamente amenazada y no sólo porque se produce menos de los alimentos que los agricultores del país pueden producir, sino también porque en algunos productos se dedica y se consume una proporción menor en el mercado interno, porque se vende la totalidad de la producción al exterior y tiene que cubrirse el consumo nacional con producto importado.
Abandonar más la producción agroalimentaria nacional es difícil, pero que se formulen políticas adecuadas para el fortalecimiento del sector, a veces parece imposible.
No ha de ser fácil, determinar con certeza incuestionable, cuando fue sustituido, un estilo arquitectónico antiquísimo, como el BIZANTINO, desarrollado desde la era del Imperio Bizantino, entre los siglos V y IX, con Bizancio como capital, luego Constantinopla y hoy Estambul, en Tiempos del Imperio Romano de Oriente, por otro que lo sustituyera, como parte de ese «flujo dinámico» propio de la historia de la Humanidad.
Y es que, igualmente, según el tiempo y el espacio, estilos arquitectónicos relevantes que gozaron de merecido auge, vieron nacer otros, que se nutrieron de ellos, pero con innovadores aportes, visiones y materiales.
Sucedió así, con la arquitectura bizantina, muy representada en admirables iglesias de Europa Oriental, como, ejemplarmente, las iglesias ortodoxas rusas.
Así, vemos como, al avanzar los siglos XIX y XX, por las nuevas tendencias, la arquitectura bizantina con inevitables variaciones es calificada por eruditos como arquitectura NEOBIZANTINA.
Un ejemplo muy admirado, formidable, es el de la Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre, París, de 1923, donde deslumbran muy llamativos elementos orientales.
En Costa Rica, allá por 1912, un arquitecto catalán, Luis Llach Llagostera, ganó un concurso abierto para construir una importante iglesia costarricense. A su diseño él lo definió como estilo bizantino, aunque otros dicen que es neobizantino; algo que, para nosotros, ignorantes de tan atractivo tema, eso es secundario. Lo principal es, más bien, la sobriedad y belleza arquitectónica, que sobresale en su exterior e interior. Área interna, con bellas columnas y capillas, donde el color y la luz juegan un papel decorativo, místico, de valor espiritual, que invita a la oración y nos acerca a la Madre de Dios, pero que, quizá «por costumbre», no percibimos cuando visitamos la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles. Única, incomparable, de estilo bizantino o neobizantino…, no importa.
Foto extraida de esta nota de prensa de El Pais (España) Titulada «La reunión privada entre Kissinger y Pinochet: «Queremos ayudarlo: simpatizamos con lo que están tratando de hacer aquí» (25/05/2023) elaborada con ocasión de los 100 años de Henry Kissinger y la desclasificación de nuevos documentos sobre Chile en Estados Unidos.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com
«Si olvido mis hijos cargarán la ira Si no olvido le pongo nombre a la justicia y a ellos les nacerán alas»
Valeria Varas, Futuro (poema) citado en su obra de teatro Mi Paulina, San José, Edit. Gráfico Litho, Tinta en Serie Núm. 34, 2016, Escena 8, p. 31
En los días previos a la conmemoración de los 50 años del golpe de estado militar en Chile de 1973, Estados Unidos ha decidido oficialmente «desclasificar» documentos mantenidos en reserva desde cinco decenios: véase nota de The Progressive Magazine y nota de RFI del 9/09/2023.
Se trata de nuevos documentos que vienen a añadirse a muchos otros liberados en años pasados por algunas administraciones norteamericanas, y registrados en este sitio de la Universidad George Washington : un extenso programa de investigación dedicado a Chile – que no se limita únicamente a la desclasificación de documentos norteamericanos – y que cuenta con este enlace con abundante información.
En su comunicado oficial, el Departamento de Estado de Estados Unidos hizo referencia a esta desclasificación, al precisar que:
«La Administración Biden ha buscado ser transparente sobre el papel de Estados Unidos en este capítulo de la historia chilena al desclasificar recientemente documentos adicionales de 1973, tal como lo solicitó el gobierno chileno»
Si bien la prensa internacional ha puesto de relieve las razones por las que este golpe de estado de 1973 estremeció a América Latina y a la comunidad internacional en general (véase por ejemplo, esta nota de la BBC del mismo 11/09/2023 cuya lectura recomendamos), el involucramiento de Estados Unidos ampliamente documentado desde entonces (y asumido en parte por la actual administración norteamericana), es un aspecto que merecería ser añadido (por ejemplo, a los cuatro puntos mencionados en el precitado artículo de la BBC).
No está de más referir a nuestros estimables lectores a este documento manuscrito de 1970 en el que se autoriza a derrocar al futuro Presidente de Chile si llegara a tomar el poder (véase enlace cuando se desclasificó en el 2020, en el que se indica que: «Fifty years after it was written, Helm’s cryptic memorandum of conversation with Nixon remains the only known record of a U.S. president ordering the covert overthrow of a democratically elected leader abroad» ).
En esta otra nota se lee que la más reciente desclasificación de documentos por parte de Estados Unidos en agosto del 2023 obedeció a solicitudes expresas realizadas por las actuales autoridades de Chile:
«After withholding this document in its entirety for decades, the CIA finally released the September 11, 1973, PDB today in response to a formal petition from the Chilean government of Gabriel Boric for still secret records as the 50th anniversary of the coup approaches. The CIA also partially declassified a second PDB, dated September 8, 1973, which erroneously informed President Nixon that there was “no evidence of a coordinated tri-service coup plan” in Chile and said that “should hotheads in the navy act in the belief they will automatically receive support from the other services, they could find themselves isolated.”
The two PDBs are among the most historically iconic of missing records on the September 11, 1973, military coup because they contained information that went to President Nixon as a military takeover that he and his top advisor Henry Kissinger had encouraged for three years came to fruition«.
Para información de nuestros lectores, las dos precitadas citas refieren al texto en inglés elaborado por el programa de investigación sobre documentos desclasificados de la Universidad George Washington, que sitúa en el tiempo y analiza cada uno de los documentos liberados en los últimos años por parte de Estados Unidos. En este video producido por Chile Visión (véase enlace), varias jornadas en 1970 y en años posteriores, son «reconstruídas» por este programa de investigación, a partir de cables desclasificados, documentando y revelando el contenido de reuniones claves que explican el involucramiento de las máximas autoridades de Estados Unidos.
Ahora bien, la solicitud hecha por Chile en el 2023 a Estados Unidos concierne probablemente muchos más documentos aún en posesión de la administración norteamericana, la cual se ha limitado a desclasificar únicamente dos de ellos. ¿Y el resto?
En una reciente entrevista realizada el 12 de septiembre del 2023 en Estados Unidos (véase texto completo), leemos que para uno de los investigadores de la Universidad George Washington que mejor conoce del tema:
“There are other secrets that we want to get out. The Chilean government has asked the Biden administration for a special declassification diplomacy gesture for this 50th anniversary. So far, only two documents have been declassified. There are many more that have been asked for, that hopefully, you know, at some point will come out”.
La entrega de documentos oficiales ante el derecho a la verdad: luces y sombras
Desde la perspectiva del derecho internacional público, cabe precisar que no existe obligación alguna para un Estado de liberar documentos de la reserva en la que los mantiene al considerarlos «sensibles«. Cada Estado dispone de un sistema nacional de archivos con informes internos, datos y registros de diversa índole: sus máximas autoridades son las que deciden mantenerlos fuera del alcance del público o bien revelar su existencia.
Es así como Panamá debió esperar que se cumplieran los 30 años desde la invasión norteamericana de 1989 para que Estados Unidos aceptase finalmente liberar una gran cantidad de documentos clasificados (véase nota de El Pais – España del 17/12/2019).
En otros casos, documentos e informes policiales o militares son «encontrados«, como los denominados «archivos del terror» descubiertos en una casa en la localidad de Lambaré en Paraguay el 22 de diciembre de 1992 (véase publicación de la Corte Suprema de Justicia paraguaya e interesante video del momento en el que un juez paraguayo acompañado por la prensa solicita ingresar a la vivienda para verificar la presencia de dichos archivos e incautarlos).
Los datos encontrados en los archivos descubiertos en Paraguay en diciembre de 1992 permitieron documentar una gran cantidad de causas en distintas partes del Cono Sur. También permitió a la justicia italiana condenar el 8 de julio del 2021 a 14 personas por la muerte de 43 personas, víctimas del Plan Cóndor con doble nacionalidad (a saber 6 italo-argentinas, 4 italo-chilenas, 13 italo-paraguayas y 20 uruguayas): véase nota en italiano de la ONG italiana CILD. De igual manera en el 2010, la justicia francesa condenó a los responsables de la desaparición de cuatro ciudadanos franceses en Chile (véase nota de Le Monde del 18/12/2010).
Volviendo al caso de Chile, es de saludar la voluntad férrea de sus actuales autoridades de obtener la liberación de documentos clasificados por parte de la actual administración norteamericana.
Nótese que en su comunicado oficial del 25 de agosto del 2023 la Embajada de Estados Unidos en Chile se sintió obligada a externar los criterios usados para decidir (o no) liberar documentos, sin considerar que ya han pasado 50 años desde el episodio que se pretende esclarecer, al señalar (véase texto completo) que:
«La desclasificación de documentos es un proceso complejo en el que participan múltiples agencias, en el cual el gobierno de los Estados Unidos toma en cuenta numerosos factores, entre los que se incluyen la seguridad nacional, la protección de las fuentes y la metodología, y otros riesgos y beneficios que conllevan la divulgación de información específica. Teniendo en cuenta estos factores, el gobierno de los Estados Unidos completó esta revisión de desclasificación en respuesta a una solicitud del gobierno de Chile y para permitir una comprensión más profunda de la historia que compartimos«.
Cabe precisar que en materia de «soft law«, la resolución E/CN.4/RES/2005/66 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas – hoy denominada «Consejo de Derechos Humanos» – adoptada por consenso en el 2005, a iniciativa de Argentina (su texto está disponible en la red), y titulada «El derecho a la verdad» se limita únicamente a indicar que:
«5.Alienta a los Estados a que presten a los Estados interesados la asistencia necesaria al respecto«.
Derecho a la verdad vs. verdad oculta: algunos avances desde el derecho internacional público
La ausencia de obligación jurídica entre dos Estados de entregar información que posea uno a otro, relacionada a violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, en nada impide que tengamos una dinámica totalmente distinta cuando nos interesamos a los tribunales nacionales e internacionales de cara a la implementación del denominado «derecho a la verdad «.
En este caso, son los colectivos de víctimas y de familiares y asociaciones de derechos humanos los que han hecho valer ante sus propias autoridades o bien ante los tribunales nacionales (y si estos fallaron en su contra, en los tribunales internacionales) este derecho que asiste a toda víctima de exacciones cometidas en el pasado por autoridades estatales (sea en su contra o en contra de alguno o varios de sus seres queridos).
Al respecto, un muy completo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el Derecho a la Verdad, publicado en el 2014 (véase texto) detalla los alcances del derecho a la verdad en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. La larga lista de casos conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que figura al final de este artículo académico publicado en el 2008 titulado «El derecho a la verdad en situaciones de post-conflicto bélico de carácter no internacional«, da una idea de las pautas que ha venido fijando al respecto la jurisprudencia del juez interamericano, y ello desde sus primeras sentencias contra Honduras a finales de los años 80.
Es de notar que los significativos avances observados en América Latina en materia de derecho a la verdad siguen sin lograr permear al sistema judicial en España: la primera exhumación del cuerpo de una víctima del franquismo ordenada por la justicia se logró en el 2016 gracias a una solicitud proveniente de … la justicia argentina (Nota 1).
Las actuales autoridades chilenas: más decididas que sus antecesoras
A diferencia de su antecesor al cargo, el presidente actual de Chile se ha mostrado mucho más exigente en cuanto a la búsqueda de la verdad a partir de lo ocurrido el 11 de setiembre de 1973 en Chile.
El pasado 30 de agosto, se firmó en Santiago de Chile un Decreto para lanzar un Plan Nacional de Búsqueda de los aún miles de ciudadanos chilenos que aparecen en listas de personas desaparecidas en Chile (véase comunicado oficial). Desde el 2013, un informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas sobre Chile así lo recomendaba (véase informe). El 22 de diciembre del 2017, de manera bastante tardía y finalizando su segundo mandato, una primera iniciativa había sido lanzada por la entonces Presidenta de Chile (véase nota de France24 del 22/12/2017).
Incluso en su cuarto informe (1989) el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación en materia de derechos humanos en Chile, el costarricense Fernando Volio Jiménez, refería a la importante labor que esperaba a la sociedad chilena con relación a conocer el paradero de las víctimas de desaparición forzada (véase enlace a informe) (Nota 2).
Este reportaje de The Guardian del mes de agosto del 2019 titulado «Where are they?: families search for Chile´s disappeared prisoners» (véase enlace) detalla de una manera muy completa el drama de familias chilenas ante la falta de información sobre lo sucedido a sus seres queridos y la falta de voluntad política que significó la llegada en marzo del 2018 del Presidente Piñera en lo que respecta a la búsqueda de personas desaparecidas en Chile.
La Operación Cóndor ante el derecho a la verdad: la respuesta del juez interamericano ante la poca (in?) capacidad de la justicia nacional
Otra trágica iniciativa para América Latina como lo fue el denominado «Plan Condor«, que involucró no solamente a Chile (y a Estados Unidos), constituye un ámbito en el que aún quedan muchos documentos por desclasificarse en Estados Unidos: este informe del CELS (una reconocida ONG de Argentina) explica cómo funcionó a partir de 1975 entre los Estados del Cono Sur este plan coordinado tendiente a borrar el efecto protector que significa para una persona amenazada cruzar una frontera entre dos Estados.
En su informe entregado en diciembre del 2014, la Comisión de la Verdad de Brasil refiere de manera mucho más detallada que anteriores comisiones de la verdad en su cápitulo 6 (véase texto) el nivel de involucramiento al que llegaron las autoridades brasileñas militares de la época. En este muy completo documento oficial publicado en Uruguay titulado «Participación uruguaya en la coordinación represiva regional. ‘Operación Condor’ «, se analiza el involucramiento de Uruguay.
Son mucha las iniciativas tendientes a completar y documentar el modus operandi del Plan Cóndor, como por ejemplo este proyecto de investigación de la Universidad de Oxford (véase enlace) que centraliza una gran cantidad de datos.
Cabe recordar que fue tan solo en el 2016 que el Plan Cóndor fue objeto de una primera decisión condenatoria por parte de la justicia penal argentina, con respecto a altos mandos militares argentinos, varios de ellos nonagenarios al momento de escuchar la sentencia (Nota 3). Al conocerse esta sentencia, el precitado programa de investigación norteamericano de la Universidad George Washington publicó esta nota, haciendo ver que los archivos desclasificados por Estados Unidos fueron usados por los jueces argentinos como prueba documental.
Al 2023, los sistemas judiciales en el Cono Sur siguen tramitando causas de víctimas y de familiares de víctimas: en este enlace se registran algunas de las acciones legales ante tribunales nacionales relacionadas al Plan Condor.
Ante la resistencia de algunos jueces a nivel nacional para investigar y sancionar hechos relacionados al Plan Cóndor, y ante las maniobras legales de todo tipo que los abogados de los responsables de estos hechos logran a veces realizar, el sistema interamericano de protección de los derechos humanos ha ofrecido (y sigue ofreciendo) a las víctimas una posibilidad de obtener justicia.
Se considera que la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en examinar el caso de una víctima del Plan Condor es del año 2006 (caso Goiburú y otros vs. Paraguay).
En otra importante sentencia del juez interamericano del 2011 (caso Gelman vs. Uruguay) se lee que:
«51. El plan Cóndor operaba en tres grandes áreas, a saber, primero, en las actividades de vigilancia política de disidentes exiliados o refugiados; segundo, en la operación de acciones encubiertas de contra-insurgencia, en las cuales el papel de los actores era completamente confidencial y, tercero, en acciones conjuntas de exterminio, dirigidas a grupos, o individuos específicos, para lo cual se conformaban equipos especiales de asesinos que operaban dentro y fuera de las fronteras de sus países, incluso en Estados Unidos y Europa.
52. Esta operación fue muy sofisticada y organizada, contaba con entrenamientos constantes, sistemas de comunicación avanzados, centros de inteligencia y planificación estratégica, así como con un sistema paralelo de prisiones clandestinas y centros de tortura con el propósito de recibir a los prisioneros extranjeros detenidos en el marco de la Operación Cóndor«.
En la sentencia dictaminada contra Argentina 10 años después, en septiembre del 2021 (caso familia Julien Grisonas vs. Argentina), la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que este «plan criminal interestal» amerita ahora otro esfuerzo coordinado de sus integrantes, al precisar que:
«288. En congruencia con las solicitudes efectuadas, la Corte dispone que el Estado argentino, en el plazo de un año contado a partir de la notificación de este fallo y por las vías que considere adecuadas, haga las gestiones pertinentes para convocar a los otros Estados que habrían tenido intervención en la ejecución de los hechos del caso: la República Oriental del Uruguay y la República de Chile, y, en general, en el contexto de la “Operación Cóndor”, es decir, la República Federativa de Brasil, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República del Paraguay y la República del Perú, a efecto de conformar un grupo de trabajo que coordine los esfuerzos posibles para llevar adelante las tareas de investigación, extradición, enjuiciamiento y, en su caso, sanción de los responsables de los graves crímenes cometidos en el marco del referido plan criminal interestatal. Dicha coordinación deberá reflejarse en un plan de trabajo común entre las autoridades competentes, según la materia de que se trate, ejecutado en observancia del marco jurídico nacional e internacional aplicable, y con auxilio de los mecanismos de cooperación internacional y asistencia mutua. Así, el trabajo coordinado entre autoridades de los distintos Estados habrá de emprender esfuerzos conjuntos para el esclarecimiento de lo ocurrido durante la “Operación Cóndor”, como escenario en el que fueron perpetradas sistemáticas violaciones a los derechos humanos, incluidas las que damnificaron a las víctimas del presente caso«.
La cooperación militar de Francia en América Latina en los años 70-80: sombras y penumbras
Resulta de interés precisar con respecto al origen exacto de la «técnica» de la desaparición forzada por parte de mandos militares, que investigaciones recientes en Francia (véase actas de foro especializado y artículo del 2022) demuestran que fue iniciada por militares de Francia en Argelia a finales de los años 50.
Un reportaje del 2003 difundido en Francia, y titulado «Escadrons de la mort: l´école francaise» (véase enlace así como corto extracto en YouTube así como Parte I disponible aquí y Parte 2 aquí) reúne varios testimonios indicando que instructores militares franceses «enseñaron» en los años 70-80 en academias militares del Cono Sur esta «técnica» desarrollada por Francia durante la denominada «Guerre d´Algérie«.
En septiembre del 2005, al adoptarse el proyecto de convención internacional sobre las desapariciones forzadas, cuyas negociaciones fueron presididas en la sede de Naciones Unidas en Ginebra por Francia, se lee que:
«le représentant permanent de la France, l’Ambassadeur Bernard Kessedjian – conclut en ces termes: «Un triple Non a été affirmé ici: Non au silence, Non à l’oubli, ¡Non à l’impunité!» (Note 4).
A modo de conclusión
Pese a los 50 años que nos separan de aquel fatídico día para Chile y para el mundo que significó el 11 de setiembre de 1973, aún muchas preguntas persisten en el tiempo: desde ya Estados Unidos podría útilmente aclararlas, liberando todos los documentos clasificados que aún posee en sus archivos secretos con respecto a lo ocurrido en Chile. Ello sin hablar de los documentos que también aún posee con relación al precitado «plan criminal interestatal» tal como lo calificó el juez interamericano.
En cuanto a Francia, su cooperación militar en América Latina en los años 1970-1980 ameritaría una mayor difusión y conocimiento, a partir de archivos que probablemente se mantienen bajo reserva en el seno del aparato estatal de Francia. En septiembre del 2003, una «proposition de résolution» en este sentido fue presentada por varios diputados galos (véase texto intégral), sin dar pié para mayores desarrollos.
Para las víctimas chilenas y sus familiares que siguen persiguiendo la verdad a través del tiempo, y buscan conocer el destino de sus seres queridos, desde Chile o desde afuera, su extenuante combate es ejemplar: ha inspirado, inspira y seguirá inspirando, estamos seguros de ello, a muchas familias y a varias generaciones de América Latina y del mundo en su exigencia de verdad y de justicia.
– – Notas – –
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «JusticiA con A de Ascensión: a propósito de la exhumación de una fosa española a solicitud de una jueza de Argentina«, Revista de Pensamiento Penal, 2016. Texto disponible aquí.
Nota 2: Sobre las estrechas relaciones existentes entre el derecho a la verdad y las víctimas de desaparición forzada, véase la obra FERRER MAC-GREGOR E. & GONGORA MAAS J.J., Desaparición forzada de personas y derecho a la verdad en el sistema interamericano de derechos humanos, UNAM/IIJ/CNDH, México 2019. Texto integral disponible aquí.
Nota 3: Véase al respecto BOEGLIN N., «Plan Condor: la justicia argentina se pronuncia«, sitio jurídico de DerechoalDia, edición del 6/06/2016, texto disponible aquí.
Nota 4: Véase DE FROUVILLE O., «La Convention des Nations Unies pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées: les enjeux juridiques d´une négociation exemplaire«, Collección Droits Fondamentaux, Número 6, 2006, página 1. Texto completo del artículo disponible aquí.
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