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¿Qué tenemos para mañana Primero de Mayo?

Vladimir de la Cruz

Mañana Primero de Mayo se concentran cuatro eventos en el Calendario de la Patria muy importantes.

El Primero, el 168 aniversario de la Rendición de William Walker, el filibustero estadounidense que quiso apropiarse de Centroamérica, de las cinco repúblicas y convertir a nuestros pueblos en pueblos esclavos de los Estados sureños de los Estados Unidos. Walker durante su estancia y ocupación en Nicaragua, estableció por un breve periodo la esclavitud, habiéndose declarado presidente de ese país.

La rendición de William Walker es lo que motiva la celebración del Primero de mayo como día feriado nacional. Así lo estableció el presidente Juan Rafael Mora quien dirigiera como gran estratega y conductor táctico al Ejército Nacional en esa lucha, librada en los territorios de Costa Rica y de Nicaragua. La celebración obligatoria la estableció a partir de 1858 en todo el territorio nacional.

Lamentablemente en el día feriado ni en la celebración del día Primero de mayo se usa, o se acostumbra a relacionarlo con esta fecha que da su origen de día feriado y Fiesta Nacional. La prensa y los medios de comunicación no acostumbran a recordar esta fecha, con este contenido.

Los filibusteros eran en leguaje contemporáneo mercenarios, que con ejércitos privados, se prestaban o servían a gobiernos para iniciar o desarrollar guerras con objetivos económicos y políticos.

El segundo evento es la celebración del Primero de mayo como día internacional de los trabajadores. Se originó en las luchas que se dieron a partir de 1880 en Estados Unidos y Europa, que culminaron en los sucesos y grandes huelgas de trabajadores de 1886, en la ciudad de Chicago. En Estados Unidos se acostumbraba que cada primero de mayo los trabajadores y sus empleadores, en asambleas directas, pactaban los contratos de trabajo para el siguiente año.

La Federación Americana del Trabajo, sindicato que todavía existe con sede en Washington, y la Organización de los Caballeros del Trabajo, que agrupaba trabajadores inmigrantes en Estados Unidos y amplios sectores obreros, plantearon en sus Asambleas y Congresos realizados que el primero de mayo de 1886 se realizara la petición en los contratos de trabajo de la ocho horas diarias, como cláusula fundamental. Casi un millón de trabajadores se mantuvo en huelga por varis meses. En los primeros días de mayo la tensión fue muy grande y en la ciudad de Chicago se produjeron importantes disturbios, con heridos y muertos. A los principales dirigentes obreros de la huelga los capturaron, les siguieron un juicio totalmente amañado y los condenaron a muerte. En 1890 judicialmente corrigieron el juicio indicando que no habían tenido responsabilidad en aquellos incidentes, pero ya los habían matado. A esos dirigentes de les recuerda como los Mártires de Chicago. Ellos fueron August Spies, George Engel, Samuel Fielden, Adolph Fischer, Louis Lingg, Michael Schwab, Albert Parsons y Oscar Neebe. Su lucha fue por la jornada de ocho horas, el hacer valer la máxima «ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño y ocho horas para la casa». Las mujeres en esas luchas pedían el mismo sueldo por igual tarea y la reducción de la jornada laboral.

Las huelgas de 1886 lograron la jornada de ocho horas que se impuso, en términos generales, para el 80% de los trabajadores de los Estados Unidos. En 1888 la Federación Americana del Trabajo volvió a convocar para que el primero de mayo de 1890 se volvieran a realizar huelgas y manifestaciones para lograr la jornada de ocho horas de manera obligatoria en todos los Estados Unidos. Con este motivo dos congresos obreros socialistas, que se realizaron en París en 1889, acordaron sumarse a estas luchas, de manera internacional, a partir de 1890, y el Congreso reunido en la Sala Petrelle, acordó declarar el Día Primero de Mayo, como un día que debía celebrarse a partir de esa fecha de manera perpetua, para que cada primero de mayo, de cada año, los trabajadores se movilizaran demandando esta jornadas, hasta que así se aprobara definitivamente y para que, cada primero de mayo, se hiciera un balance de las luchas realizadas en el año transcurrido y se hiciera un planteamiento de luchas sociales y obreras para el año venidero. Así se estableció esta fecha, que en Costa Rica, con ese contenido se empezó a celebrar desde 1913. En el desfile de ese año, el discurso realizado por Joaquín García Monge ligó la fecha de la rendición de Walker con la de las luchas de los trabajadores.

La jornada de ocho horas de trabajo se empezó a a luchar en esa década. Desde 1918 se intensificó. A inicios de 1920, en febrero, se logró ganar para el sector público y se mantuvo un estado de huelgas y protestas que hicieron que en diciembre de 1920, el gobierno estableciera la jornada de trabajo en el país en ocho horas diarias, con cuarenta y ocho horas semanales.

En 1919, al terminar la Primera Guerra Mundial se constituyó la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que hoy forma parte de las organizaciones de las Naciones Unidas, a la que años después se integró Costa Rica. El Primer Convenio de Trabajo aprobado por la OIT fue el del establecimiento de la jornada de ocho horas diarias. Hoy la OIT, fortaleciendo los derechos de los trabajadores ha aprobado jornadas de seis horas diarias, sin disminución del salario, para trabajadores de algunos países europeos que han rebajado la jornada diaria y semanal de trabajo, como conquistas sociales de los trabajadores, avaladas por sus gobiernos.

En Costa Rica desde inicios de este siglo ha habido tendencias y presiones en la Asamblea Legislativa para elevar la jornada de trabajo a doce horas diarias, por cuatro días consecutivos, manteniendo la jornada de 48 horas a la semana. En este momento el proyecto de Ley de esta jornada de trabajo esclavista se encuentra en trámite legislativo, por impulso del actual gobierno y presidencia de Rodrigo Chaves Robles.

La manifestación convocada para mañana debe servir para presionar a los diputados para que no aprueben esta jornada de trabajo.

El tercer evento, asociado a esta fecha, es la elección del Directorio Legislativo, del grupo de diputados que debe dirigir la Asamblea Legislativa en su última Legislatura, período de tiempo que va desde el primero de mayo del 2025 al 30 de abril del 2026. La elección cobra relevancia porque el presidente Rodrigo Chaves Robles ha venido atacando despiadadamente a la Asamblea Legislativa, como institución y como Poder de la República, y a sus integrantes, los diputados, como lo peor del ambiente político institucional, y pintando a algunos diputados, entre ellos al presidente Legislativo, Rodrigo Arias Sánchez, como un malhechor o delincuente. A ellos se refiere con los peores adjetivos, con insultos y ofensas a sus cargos y a sus dignidades personales.

El presidente Chaves ha hecho de su enfrentamiento con la Asamblea Legislativa una invasión y una intromisión a la autonomía, independencia y soberanía que la Asamblea debe tener. Ha hecho de su enfrentamiento un problema biliar, hepático, personal, de lucha de rufián callejero, sin ningún respeto ni decoro. Ha amenazado a la Asamblea Legislativa, a sus diputados de que no deben reelegir al presidente Rodrigo Arias Sánchez, como presidente legislativo, advirtiendo que si lo hacen no nombrará ministro de la Presidencia, y que romperá vínculos institucionales con el Poder Legislativo. Está llamando a los diputados a votar contra Rodrigo Arias Sánchez, a apoyar a cualquier otro diputado que se le enfrente. Esta semana postuló a uno de los diputados de lo que se conoce como la fracción oficialistas, que son ocho diputados rebeldes del Partido Progreso Social Demócrata, que llevó a la presidencia de la República a Rodrigo Chaves Robles.

El presidente Chaves logró penetrar las estructuras de los partidos “no oficialistas” impulsando tendencias divisionistas frente a la candidatura de Rodrigo Arias Sánchez. Así en la Unidad Social Cristiana en un momento logró desarrollar la tendencia feminista, también en el partido Nueva República, que postularon mujeres, manteniendo la tesis de que una mujer es la que debe dirigir la Asamblea Legislativa. La candidata de la Unidad Social Cristina se retiró de su postulación, pero se mantiene dividido el partido por los burros, caballos y yeguas de Troya que logró introducir en esos partidos.

Impulsó el presidente Chaves la tesis de que hay que renovar la presidencia legislativa, como parte de un mecanismo democráticos. Sin embargo, en el grupo “oficialista” de diputados sostienen la tesis de que es necesaria la jefatura por cuarto año consecutivo para la diputada mentirosa Pilar Cisneros. Igual ha sucedido con el partido Nueva República, en que su principal diputado y dirigente, también aspirante presidencial, Fabricio Alvarado, de nuevo asumirá la jefatura de su fracción de diputados. Pareciera que el diputado Eli Feinzaig también repetirá su jefatura de fracción y de candidatura a la Presidencia. Estos personajes objetan, como necesidad de cambio en la dirección, que Rodrigo Arias Sánchez repita la jefatura presidencial de la Asamblea Legislativa, pero ellos defienden su relección continúa. ¡Vaya farsa e hipocresía!

La sorpresa ante esta decisión, ante esta elección parlamentaria, en este momento tan importante para el país, la da la fracción legislativa del Frente Amplio, que ha señalado que apoyará al candidato que está ofreciendo el presidente Rodrigo Chaves Robles, que está tratando de dinamitar todo el aparato institucional y democrático del país y que arreciará con la intención de aprobar la jornada esclavista de las 12 horas diarias de trabajo. Esto, sí es así, va a ser un error político enorme en la fracción legislativa del Frente Amplio, que hasta ahora se ha desempeñado con buena imagen pública.

En esta elección legislativa no caben posiciones intermedias, ni neutras, de ir a votar los votos. Provocar en este momento una presidencia pro gobierno chavista es lo peor que le puede ocurrir al Poder Legislativo y al país, y al proceso democrático nacional. En juego están muchas cosas, que pueden caer en el ámbito parlamentario para su trámite legislativo, entre ellas el posible trámite de levantamiento de la inmunidad política al presidente de la República para que se le sigan procesos judiciales, o el apoyo legislativo para un estado de excepción, de fuerza, que está preparando el presidente Chaves, que viene amenazando con un posible fraude electoral y con una necesaria defensa de la democracia, de su democracia.

No es el momento de valorar sentimientos o resentimientos personales de Rodrigo Arias Sánchez. Si se le ha elegido tres veces para que dirija la Asamblea Legislativa hay las mismas motivaciones para que así continúe al frente. Motivaciones más fortalecidas por cuanto es quien ha dado la cara y ha puesto el pecho en defensa de la institucionalidad nacional, y la independencia legislativa y sus diputados, frente a los ataques despiadados del pachuco inquilino de Zapote.

Aquí, en esta elección, no exagero decirlo, se está decidiendo el futuro de la próxima elección, no para que la gane Liberación Nacional sino para que no la gane el partido político que Rodrigo Sánchez apoye. Eso es lo que está en juego, la primera derrota, de Rodrigo Chaves Robles en su camino a la toma de la Casa Presidencial, en el 2026, y su posibilidad de que a quien él apoye tenga también 40 diputados.

Ya Natalia Díaz, anunciando su no doble postulación, avisó que ella podría ser la ungida presidencial de Rodrigo Chaves, y que su partido podría ser el que le abra la puerta la postulación a diputado de Chaves, para lo cual de paso, anunció, que ella espera elegir 20 diputados. En las elecciones municipales dio una gran sorpresa al dominar diez alcaldías. De manera que hay que ponerle atención. NO deja de ser una buena y atractiva candidata ante el electorado. A Laura Fernández, la otra candidata cercana al presidente Chaves también la están presentando como en una pasarela a Miss Presidenta. Ya avanzan los partidos jaguares en su proceso de inscripción. El resto de los partidos están bastante dormidos, sin presencia pública, sin mensajes al electorado, sin definiciones claras.

El cuarto evento asociado al primero de mayo, es la obligatoriedad presidencial de entregar un informe a la Asamblea Legislativa, en esta fecha, sobre el “estado” de su gobierno, sobre el “estado” en que se encuentra el país. El informe presidencial debe indicar cuál es el rumbo que tiene el país, qué ha logrado, qué tiene pendiente.

El informe debe ser presentado el primero de mayo. Para su lectura se habilita la siguiente sesión parlamentaria. Por la naturaleza de este fin de semana, con el viernes atravesado, que no es de trabajo parlamentario, salvo que excepcionalmente así lo establezcan los diputados, cosa que no hicieron, corresponde ser leído en la sesión parlamentaria del próximo lunes.

No es obligatorio que el presidente lo tenga que ir a leer. Es lo que se ha usado tradicionalmente con un acto solemne y protocolario del mayor nivel, con todo el cuerpo diplomático invitado, y las altas autoridades de gobierno y eclesiásticas. Pero, como el presidente esta “agarrado” y “berrinchoso” con la Asamblea Legislativa, bien podría suceder que si nombran a Rodrigo Arias como Presidente del Poder Legislativo, y en el acto de lectura o presentación del Informe presidencial, también estarán los “enfermos” de la “metástasis cancerosa” de los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Sala Constitucional, de la Sala Tercera de la Corte, la Contralora General de República y otros posibles “enfermos” que el presidente quisiera “curar”, o “enterrar” si pudiera hacerlo, para gobernar sin controles, el presidente para “no contagiarse” de las pestes que les menciona que tiene, puede no asistir a leer el Informe, lo que tendría que hacer el Secretario de la Asamblea lecto el primero de mayo.

El presidente también se burló y habló mal de la Asamblea y sus diputados por no haber habilitado el viernes para la presentación de su informe. En este asunto de traslado de fecha pinto a los diputados como “vagabundos”.

Esto es lo que tenemos a la vista frente al jueves Primero de Mayo próximo.

Compartido con SURCOS por el autor.

No todo es política, pero todo pasa por la política

Cuando usted va a comprar alimentos, aunque usted no lo crea, la política está presente. Cuando es contratado para realizar algún trabajo, la política está ahí. Cuando usted siembra, cosecha y vende, la política está a la par suya. Y por supuesto que la política está presente en el hospital, en la escuela, en las carreteras, en los puentes, en la recolección de la basura y en el servicio de agua.

No todo es política, pero eso sí, todo pasa por la política.

Cuando usted va a la tienda debe llevar dinero para pagar lo que compra. Los precios de algunos productos y el salario con el que usted compra son regulados por los representantes que fueron elegidos en los tiempos de la campaña, de tal manera que, dependiendo de la política, el dinero no le alcanza o es suficiente para comprar lo que necesita y hasta para ahorrar. La política económica del gobierno influye sobre toda la población, no hay quien se salve. El cambio del dólar, los paquetes de impuestos, el sistema tributario son decisiones políticas que pueden beneficiar a unos y perjudicar a otros.

Cuando usted siembra, cosecha y vende debe tomar en cuenta las decisiones políticas con respecto a los diversos productos. Hay políticas que benefician a los productores, otras que los perjudican. No es lo mismo sembrar con respaldo del Estado, con créditos blandos, semillas garantizadas, subsidios y protección, que sembrar con el riesgo de que abran las fronteras y permitan el ingreso de productos a costos tan bajos que no valga la pena ni recoger la cosecha. Todo esto tiene que ver con decisiones políticas.

La atención en los centros de salud o en el hospital, el que haya más o menos especialistas, el que las medicinas sean de calidad y a tiempo… también tiene que ver con decisiones políticas de un gobierno, en torno a la salud. Una decisión puede ser fortalecer el sistema de salud y otra decisión opuesta puede ser impulsar la medicina privada deteriorando los servicios públicos.

La calidad de la educación pública, la capacitación de las y los educadores, los sistemas de evaluación, incluso la cantidad de días del periodo escolar, son decisiones que tienen que ver con políticas de un gobierno y en este campo se puede aumentar la inversión en educación o se puede disminuir, se puede seguir apoyando las universidades públicas o darles más apoyo a las universidades “de garaje”, depende de las políticas que el gobierno fije en materia educativa.

La basura que usted produce y el agua que usted toma, tiene que ver con la política. Un gobierno municipal puede provocar que las calles se llenen de basura, tirarla en un botadero sin ningún tratamiento o puede impulsar una política de manejo adecuado de los desechos. El agua puede ser abundante o escaza, puede ser potable o contaminada, puede proyectarse al futuro o abandonarse… depende de la política que el gobierno local apruebe en cada caso.

En todas estas circunstancias y en todas las acciones que realizamos en nuestra vida diaria, la política está presente, pero esa política para bien o para mal, la ejecutan personas que usted elige o deja de elegir en las elecciones.

Por esto hay que participar activamente en política como candidato honesto o como como votante inteligente.

Percepción sobre la labor del Gobierno y la Política Nacional – síntesis

Autoría y metodología

El informe «Percepción de la Población Costarricense sobre la labor del Gobierno y la Política Nacional, 2025» fue elaborado por el Programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA). El documento presenta los resultados de una encuesta telefónica realizada entre el 5 y el 13 de marzo de 2025, con una muestra de 764 personas mayores de 18 años (páginas 5-6).

Valoración de la administración Chaves Robles

La gestión del gobierno recibió calificaciones moderadas. Las áreas mejor valoradas fueron educación (6,5), economía (6,4) e infraestructura (6,3), mientras que las peor evaluadas fueron seguridad ciudadana (4,9), combate a la corrupción (5,1) y combate a la pobreza (5,2). Ninguna área superó la calificación de 7 puntos en la escala de 1 a 10 (página 7).

Aproximadamente la mitad de las personas encuestadas (49,6%) consideró que la situación económica del país es mala o muy mala, frente a un 31% que la valoró como buena o muy buena. En cuanto a la seguridad ciudadana, casi un 70% la calificó como mala o muy mala, y un 66,6% indicó que había empeorado en comparación con el año anterior (páginas 8-11).

En lo referente a la valoración de jerarcas, el presidente Rodrigo Chaves obtuvo la calificación más alta con 6,6 puntos, seguido por el ministro de Obras Públicas y Transporte, Efraín Zeledón, con 6,3. Las calificaciones del gabinete han mostrado una tendencia decreciente desde septiembre de 2022, cuando el presidente alcanzó 7,7 puntos (páginas 13-15).

Principal problema nacional y capacidad gubernamental

La seguridad ciudadana fue identificada como el principal problema del país (56,1%), seguida por problemas económicos (17%) y corrupción (14,6%). La población se mostró dividida respecto a la capacidad del gobierno para resolver estos problemas: un 46,9% consideró que el gobierno es incapaz, mientras que un porcentaje similar opinó lo contrario (páginas 17-19).

Acciones del gobierno

Las acciones gubernamentales con mayor respaldo fueron las críticas del presidente al Poder Legislativo (60,2%) y al Poder Judicial (59,3%). Por el contrario, la eliminación de programas de educación sexual en colegios (36,9%), la venta de activos estatales para pagar la deuda pública (39,8%) y el manejo de la crisis de médicos especialistas en la CCSS (36,6%) recibieron menos apoyo (páginas 19-22).

Valoración de las instituciones

Las universidades públicas (7,6) y las empresas privadas (7,21) fueron las instituciones que generaron mayor confianza. Por el contrario, los partidos políticos (4,3), la Asamblea Legislativa (4,81) y los sindicatos (4,91) recibieron las calificaciones más bajas. Los tres poderes de la República mostraron una tendencia decreciente en la confianza ciudadana, alcanzando sus niveles más bajos en marzo de 2025 (páginas 22-25).

Valoración del tejido social

El 79% de las personas encuestadas consideró que la distribución de la riqueza en Costa Rica es injusta o muy injusta. Además, el 56,3% opinó que las personas no siempre expresan lo que piensan sobre política, y el 48,1% consideró que hacerlo podría generarles consecuencias negativas. La desconfianza interpersonal es notable, con un 52,3% que afirmó que nunca o casi nunca se puede confiar en las personas de Costa Rica (páginas 25-28).

Principales hallazgos

Entre los hallazgos más relevantes destacan: la calificación moderada de la gestión gubernamental; la percepción negativa sobre la economía y la seguridad; el apoyo a la confrontación del presidente con otros poderes; la baja confianza en las instituciones; y la alta percepción de injusticia en la distribución de la riqueza. El estudio refleja una población que identifica logros limitados en la administración actual y que está dividida sobre la capacidad del gobierno para resolver los problemas nacionales (páginas 28-31).

Informe completo para descargar.

Gaza Israel: Sala de Apelaciones de Corte Penal Internacional (CPI) mantiene órdenes de arresto contra dos dirigentes en Israel

Foto extraída de artículo de prensa publicado en Israel, titulado «Bombing plants, severing pipelines: Israel pushes Gaza water crisis to the brink» (Magazine+972, edición del 23 de abril del 2025, cuya lectura completa se recomienda).

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com

El pasado 24 de abril del 2025, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó en una decisión suspender las órdenes de arresto contra dirigentes israelíes (su actual Primer Ministro y su ahora ex ministro de defensa);  al tiempo que, en otra decisión, aceptó parte de la apelación presentada por Israel contra esta misma decisión de la Sala Preliminar. con relación a la competencia de la CPI. 

Cabe recordar que la cuestión de la competencia de la CPI había sido claramente establecida cuando en febrero del 2021, una Sala de lo Preliminar de la CPI, luego de un largo examen que duró varios años, confirmó la plena competencia de la justicia penal internacional para examinar la situación existente en el territorio palestino ocupado, al ser Palestina Estado Parte al Estatuto de Roma desde el 2015 (véase texto completo de esta decisión en francés y en inglés): ello sin excepción de ningún tipo, siendo Gaza parte del territorio palestino, tanto como Cisjordania y Jerusalén Oriental.

Lo que la Sala de Apelaciones considera en su decisión del 24 de abril del 2025, es que al tomar su decisión en noviembre del 2024, apelada luego por Israel, la Sala Preliminar debió reconsiderar todos los argumentos sobre la competencia de la CPI (ya resueltos en febrero del 2021): un criterio que, claró está, es más que debatible y sea probablemente objeto de intensos debates entre juristas.

Las dos precitadas decisiones en breve

El texto completo de la primera decisión, que consta de 15 páginas, está disponible en este enlace. Se lee que (página 3) que:

«After deliberation, 

Renders, by majority, Judge Luz del Carmen Ibáñez Carranza and Judge Solomy Balungi Bossa dissenting, the following 

D E C I S I O N 

1. The appeal of the State of Israel is dismissed as inadmissible; 

2. The request of the State of Israel for suspensive effect of arrest warrants issued by Pre-Trial Chamber I against two Israeli nationals and “any other legal acts taken by the Court based thereon” is dismissed, as moot; and 

3. The request of the State of Israel for leave to reply and to reject in limine the Prosecutor’s submissions concerning suspensive effect is dismissed as moot«.

El texto completo de la segunda decisión que consta de 23 páginas puede ser consultada en este enlace oficial de la CPI. Cabe resaltar que esta decisión fue tomada por unanimidad de los cinco integrantes de la Sala de Apelaciones, al indicarse (página 3) que:

«After deliberation, 

Unanimously, 

Delivers the following 

J U D G M E N T 

1. The State of Israel’s appeal against Pre-Trial Chamber I’s “Decision on Israel’s challenge to the jurisdiction of the Court pursuant to article 19(2) of the Rome Statute” is admissible under article 82(1)(a) of the Statute; 

2. The State of Israel’s request for leave to reply is rejected; 

3. Pre-Trial Chamber I’s “Decision on Israel’s challenge to the jurisdiction of the Court pursuant to article 19(2) of the Rome Statute” is reversed and remanded for Pre-Trial Chamber I to rule on the substance of the State of Israel’s jurisdictional challenge; 

4. The State of Israel’s request for suspensive effect of two arrest warrants issued by Pre-Trial Chamber I and “any other purported exercise of jurisdiction by the Court” is dismissed as moot; and 

5. The requests of the Office of the Public Counsel for Victims and the European Centre for Law and Justice are dismissed as moot«.

Con esta segunda decisión de la Sala de Apelaciones de la CPI, ¿se abre realmente una posibilidad para que sea revisada en un futuro la decisión anterior que confirmó las órdenes de arresto tomada contra dos de dirigentes israelíes y tres jefes del Hamás en noviembre del 2024 ? (decisión que tuvimos la ocasión de analizar en su momento en cuanto a sus alcances – Nota 1). 

La respuesta a esta pregunta, en nuestra opinión, es que esta posibilidad existe, pero que no puede ir más allá de lo ya establecido y claramente zanjado en febrero del 2021 por tres jueces de la CPI. En su decisión del 24 de abril del 2025, la Sala de Apelaciones aceptó que un argumento de Israel basado en el artículo 19, párr. 2 (posibilidad de presentar una apelación)  combinado con el artículo 82, párr. 1, sí era de recibo y que la Sala de lo Preliminar cometió un error procesal al obviarlo. Este último artículo (véase texto del Estatuto de Roma adoptado en 1998) se lee como sigue:

«Artículo 82 Apelación de otras decisiones 

1. Cualquiera de las partes podrá apelar, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, de las siguientes decisiones: 

a) Una decisión relativa a la competencia o la admisibilidad; 

b) Una decisión por la que se autorice o deniegue la libertad de la persona objeto de investigación o enjuiciamiento; 

c) Una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de actuar de oficio de conformidad con el párrafo 3 del artículo 56; 

d) Una decisión relativa a una cuestión que afecte de forma significativa a la justicia y a la prontitud con que se sustancia el proceso o a su resultado y respecto de la cual, en opinión de la Sala de Cuestiones Preliminares o la Sala de Primera Instancia, una resolución inmediata de la Sala de Apelaciones pueda acelerar materialmente el proceso».

Como bien se sabe, Israel desde un inicio ha cuestionado la competencia de la CPI al considerar que la justicia penal internacional carece de jurisdicción: al no ser Israel Estado Parte al Estatuto de Roma (véase estado oficial de firmas y ratificaciones, con incluso el insólito «retiro» de su firma al Estatuto de Roma en el 2002 que se observa en la parte final del tablero). Se trata como indicado previamente, de una argumentación que fue claramente rechazada en febrero del 2021 por una Sala de lo Preliminar de la CPI. 

Ahora bien, lejos de algunos cantos de victoria que la prensa en Israel se ha apresurado en usar en sus diversos titulares desde el 24 de abril, la Sala de Apelaciones en ningun momento ha anulado o reformado la decisión objeto de la apelción por parte de ISrael: en efecto, al revocar la decisión previa de la Sala Preliminar de la CPI de noviembre del 2024, no toma ninguna decisión sobre el fondo, sino que devuelve a esta última el asunto, indicándole que deberá incorporar y pronunciarse sobre los agumentos sobre su competencia que Israel en su momento le presentó. En su decisión, se lee que para los cinco integrantes de la Sala de Apelaciones:

«64. Accordingly, the Appeals Chamber is of the view that, in light of the preceding considerations, the most appropriate course of action is to reverse the Impugned Decision and remand the matter to the Pre-Trial Chamber for it to rule on the substance of the jurisdictional challenge. The Appeals Chamber notes that it is for the Pre-Trial Chamber to determine the applicable legal basis under article 19(2) of the Statute for addressing Israel’s jurisdictional challenge at the present stage of the proceedings, and to provide any required further instructions on the procedure to be followed«.

El contexto en el que se da esta decisión

Esta decisión de la Sala de Apelaciones de la CPI, que posiblemente provoque debates en el seno de la doctrina jurídica especializada, se da en plena ofensiva destructora de Israel, que, en poco más de un mes desde el informe de Naciones Unidas al 23 de marzo, ha asesinado a más de 1890 personas en Gaza, de las cuales 595 niños y 308 mujeres. 

Remitimos a nuestros estimables lectores al último informe al 23 de abril en el que se lee que:

«Between 7 October 2023 and 22 April 2025, the MoH in Gaza reported that at least 51,266 Palestinians have been killed and 116,991 Palestinians injured. This includes 1,890 people killed and 4,950 injured since the escalation of hostilities on 18 March 2025, according to MoH. On 17 April, MoH published the breakdown casualties in Gaza between 18 March and 17 April. Of the 1,691 people killed, 595 were children, 308 women, 105 elderly and 683 men. Among the 4,464 people injured, 1,610 were children, 842 women, 225 elderly and 1,787 men, MoH reported«.

La comparación de este informe de situación al 23 de abril con el anterior al 15 de abril (véase texto) pone en evidencia que el ejército de Israel desplegó acciones mortíferas sostenidas de manera ininterrumpida durante la semana en la que parte del mundo cristiano celebraba la Pascua.

Nótese que en febrero del 2025, un informe conjunto del Banco Mundial y de la Unión Europea (UE) – véase informe – calculó que las pérdidas y daños ocasionados en Gaza por parte de Israel desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023 alcanzan una suma de más de 49.000 millones de US$ (véase tabla y explicaciones en pp.3-4). Se lee (página 25) que:

«The assessment estimates around US$19.1 billion of economic and social losses incurred due to the conflict (see Figure 3). The sectors with the highest estimated losses are health with US$6.3 billion, education with US$3.2 billion, commerce and industry with US$2.2 billion, social protection at around US$1.4 billion, and agriculture at US$1.3 billion. The impacts, damages, and losses are thus greatest in housing with US$16.3 billion, commerce and industry with US$8.1 billion, health with US$7.6 billion, education with US$4.1 billion, and transport with US$2.9 billion«.

Cabe desde ya precisar que, así como las máximas autoridades de Israel tildaron de «antisemitas» a los jueces de la CPI en noviembre del 2024 (véase nota de prensa), y pidieron al Secretario General de Naciones Unidas que renuncie a su puesto en octubre del 2023 al indicar el contexto en el que se enmarcó el ataque del 7 de octubre (véase nota de prensa), en el mes de enero del 2024 consideraron una primera ordenanza dictaminada por otra jurisdicción internacional (la Corte Internacional de Justicia / CIJ) totalmente sesgada en razón del «antisemitismo» de algunos de sus integrantes (véase nota de The Guardian): se trata de una reacción iracunda de Israel cada vez que su diplomacia fracasa, y que ya no impresiona mayormente (salvo en el caso de algunos pequeños círculos políticos que gravitan alrededor de la Casa Blanca en Estados Unidos y de otros más pequeños círculos activos en algunas capitales). 

A modo de conclusión

Más allá de la facilidad con la que se usa el término de «antisemita» o «antisemitismo» en las esferas gubernamentales israelíes y en sus círculos afines, estas dos decisiones de la Sala de Apelaciones de la CPI posiblemente sean objeto de comentarios por parte de la doctrina jurídica especializada.

Es de notar que otra prueba ante la justicia internacional espera a Israel: en efecto, a partir del próximo 28 de abril, ante otra jurisdicción internacional localizada también en la ciudad de La Haya (la CIJ) unos 40 Estados y cuatro organizaciones internacionales tendrán la oportunidad de hacer ver a los jueces de la CIJ la importancia que revisten las reglas jurídicas que obligan a todo Estado Miembro de Naciones Unidas en el marco esta vez de un procedimiento consultivo iniciado por Noruega en octubre del 2024 (Nota 2). Por parte de América Latina, participarán por orden de aparición ante los jueces de la CIJ  (véase programa dado a conocer el pasado 23 de abril por la CIJ) los siguientes Estados: Colombia, Bolivia, Brasil, Chile, México y Panamá.

La larga lista de Estados y organizaciones internacionales invitados a dirigirse a los 15 integrantes de la CIJ no incluye a Israel, que ha considerado en este caso innecesario presentar sus alegatos ante la CIJ de La Haya. Si bien para algunos analistas y comentaristas, puede tratarse de un pequeño detalle de forma, este omisión de Israel viene a confirmar que la narrativa de Israel (y la de sus aliados) tendiente a justificar legalmente el actuar de Israel en Gaza y en el resto del territorio palestino ocupado – con base en consideraciones y «argumentos» legales desplegada desde su aparato diplomático (así como a través de una gran cantidad de analistas, columnistas y «expertos» en diversas entidades y latitudes…) – no resiste un debate ante los jueces de la CIJ. Sobre este preciso punto, habíamos tenido la oportunidad de señalar una omisión muy similar en el marco del procedimiento consultivo anterior de la CIJ que concluyó el 19 de julio del 2024, con un total de cinco modestas páginas enviadas por Israel para su única defensa ante los jueces de la CIJ (Nota 3).

Volviendo a la justicia penal internacional y a los efectos de las órdenes de arresto emitidas por la CPI, se puede indicar  que es probable que para las ceremonias oficiales previstas en Roma para los funerales de Su Santidad el Papa Francisco este próximo 26 de abril, no viajará a Roma el Primer Ministro de Israel en la ciudad en la que se adoptó el Estatuto de Roma en 1998;  como tampoco el Presidente de Rusia, también objeto de una orden de arresto de una Sala de lo Preliminar de la CPI por crímenes de guerra cometidos en Ucrania (véase comunicado oficial de la CPI sobre esta orden de arresto del 17 de marzo del 2023).

— Notas —

Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: las órdenes de arresto de la CPI contra el Primer Ministro y  (ex) Ministro de Defensa de Israel y contra un dirigente del Hamás. Alcance y perspectivas«, 21 de noviembre del 2024. Texto disponible aquí

Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: CIJ alista audiencias públicas mientras Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adopta resolución sobre obligación de prevenir genocidio «, 11 de abril del 2025. Texto disponible aquí.

Nota 3: En aquella oportunidad, nos permitimos señalar que en julio del 2024, al darse a conocer la opinión consultiva de la CIJ sobre la colonización y la ocupación ilegal del territorio palestino ocupado que: 

«Al respecto, las 292 páginas del escrito de Palestina (véase texto  en francés y en inglés) contrastan con las módicas 5 páginas remitidas en su momento por Israel (véase texto en francés y en inglés). 

Con respecto a Israel, cabe indicar que, pese a poder hacerlo, Israel optó por no participar luego en las audiencias orales, un detalle que la jueza oriunda de Estados Unidos en la CIJ consideró necesario señalar en su declaración separada (véase texto), al precisar que:

«4It also is unfortunate that Israel did not meaningfully participate in these advisory proceedings. Israel submitted a five-page written statement to the Court, together with annexes. It chose not to participate in the oral proceedings, despite the fact that up to the opening of those proceedings, the Court had reserved three hours for Israel to present its views — the same amount of time allocated to the observer State of Palestine, and six times the amount allocated to any other participant. This is an advisory proceeding, and no State was under an obligation to participate, including Israel. Israel’s participation in the oral proceedings, however, would have benefited the Court. Conversely, the failure of a State to participate cannot prevent the Court from fulfilling its responsibilities in replying to an advisory request» «. Véase BOEGLIN N., «Ocupación prolongada y colonización ilegal israelí del territorio palestino: apuntes con relación a la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, 19 de julio del 2024. Texto disponible aquí

Estados Unidos y los canales interoceánicos en América – Historia y presente de una relación compleja

Vladimir de la Cruz de Lemos

La lucha por la Independencia de Panamá, de Colombia, que culminó en 1903, no era ajena a los intereses canaleros transístmicos de los Estados Unidos, lo que hizo que en 1902 el Senado de los Estados Unidos aprobara la propuesta de la construcción del Canal, cambiando su intención de construir el Canal por la vía del Río San Juan, limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua, el Gran Lago de Nicaragua, el lago de Cocibolca, y el Estrecho de Rivas, en Nicaragua, que era otro proyecto de construcción canalera que no ha desaparecido del todo.

A inicios de la década de 1910 esta intención se mantenía, lo que se afirmó en el Tratado Bryan Chamorro, entre Estados Unidos y Nicaragua, el 5 de agosto de 1914, a inicios de la I Guerra Mundial, firmado por los presidentes Thomas Woodrow Wilson y Adolfo Díaz Recinos.

Este intento canalero provocó un conflicto diplomático entre Costa Rica, Nicaragua y El Salvador, que impidió su realización.

El Tratado Bryan Chamorro afectaba, por sus alcances a Costa Rica y El Salvador que lo cuestionaron ante la Corte de Justicia Centroamericana, existente en esa época, lo que hizo que la Corte desapareciera por este conflicto.

La Corte había sido creada por disposición de los Tratados de Paz y Amistad de Washington, mediante la Convención para el Establecimiento de una Corte de Justicia Centroamericana, que fue firmada el 20 de diciembre de 1907 en Washington, por Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, la que estuvo vigente entre 1908 y 1918 cuando caducó la Convención.

Estados Unidos intervino militar y políticamente en esa década en Nicaragua, creando de hecho un protectorado, que provocó movimientos insurreccionales, nacionalistas y antiimperialistas, dirigidos por Benjamín Zeledón en la década de 1910, y por Augusto César Sandino, en la década de 1920, hasta el retiro de las tropas estadounidenses en 1933.

En Panamá, el Tratado Hay-Bunau Varilla también dio origen a movimientos separatistas orientados que fracasados hicieron que el 3 de noviembre de 1903, culminaran con la Independencia de Panamá, como se celebra actualmente, dando origen a la llamada época republicana de Panamá, desde el siglo XX.

El Tratado Hay-Bunau Varilla, con todas sus modificaciones, fue derogado por los presidentes Omar Torrijos y Jimmy Carter, el 13 de setiembre de 1977.

Este Tratado también abrió el camino para la construcción del Canal, que se terminó en 1914, cuando fue inaugurado, al iniciarse la I Guerra Mundial, situación que hizo que Panamá se declarara “neutral”, frente al conflicto bélico, hasta 1917, cuando se sumó a los aliados que ganaron la guerra.

El Canal de Panamá desarrolló una “Zona del Canal”, bajo dominio de los Estados Unidos, una franja territorial dentro de Panamá, que era como un país dentro de otro país. De hecho se decía que Panamá tenía seis fronteras, la de Colombia, la de Costa Rica, la de los dos océanos y las dos que lindaban el territorio de la Zona del Canal.

Por el Tratado Arias Roosevelt, de 1936 firmado por los presidentes Armodio Arias y Franklin Delano Roosevelt se anuló el principio de intervención militar que tenía Estados Unidos en los asuntos internos de Panamá, para establecer el concepto de país protegido en el contexto de la II Guerra Mundial.

Entre 1941 y 1945 Panamá facilitó la ocupación de la Zona el Canal mediante el arriendo de terrenos a los Estados Unidos, los que se justificaron por los motivos de la defensa continental antinazi.

La Zona del Canal con este motivo y posterior a la Guerra se convirtió en un centro militar estratégico de los Estados Unidos para todo el continente.

Allí tuvo su base el Comando Sur de los Estados Unidos que desplegó un sistema de 16 bases militares, de distinto tipo y preparación, para soldados norteamericanos y para el entrenamiento de soldados y cuerpos militares de los ejércitos de todo el continente, especialmente en la llamada Escuela de las Américas, donde se fortalecieron los cursos de contrainsurgencia y contra guerrillas.

Además, allí se preparó a la mayor parte de los dictadores y tiranos, del continente en el período de la Guerra Fría, hasta el término de la dominación del Canal por los Estados Unidos, 1945-1977.

El Comando Sur afectaba 31 países del continente con planes de contingencia, de operaciones de diversa materia militar y de cooperación de seguridad militar para el Caribe, América Central y Sur América.

Entre 1945 y 1948 Panamá pidió a los Estados Unidos la devolución de los territorios de la Zona exigiendo la renegociación. Sin embargo, se impuso el Departamento de Guerra de los Estados Unidos de mantener de manera indefinida los terrenos, lo que estimuló corrientes nacionalistas panameñas.

En 1947 esto ocasionó grandes protestas (especialmente de los estudiantes universitarios) contra la Asamblea Nacional panameña, y se votó negativamente el Tratado que quería aprobarse extendiendo por 20 años los contratos de arrendamiento de trece instalaciones norteamericanas en la zona canalera.

En 1948 se impulsó la llamada Zona Libre de Colón, como un área, o institución autónoma del Estado de Panamá, con una zona franca.

En 1948 bajo las directrices del Presidente Truman se fortaleció la preparación militar de las tropas y ejércitos del continente, dentro de una visión de prevención y defensa ante el comunismo internacional, luego de que en Europa, al terminar la II Guerra Mundial surgieron varios países de tipo socialista.

Ello se materializó con la aprobación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) el 2 de setiembre de 1947, y con la creación de la Organización de Estados Americanos, OEA, el 30 de abril de 1948.

En 1955 con el Tratado Remón-Eisenhower se le otorgaron más ventajas económicas y se mejoró el pago de los arriendos por el uso del canal.

La Zona del Canal mantenía de hecho partido o dividido a Panamá, hasta que en 1962, el 12 de octubre, se inauguró el llamado Puente de las Américas, que permitió la unión terrestre de ambas partes del Canal de Panamá, fortaleciendo el viejo sueño de la Carretera Interamericana, que se considera la carretera más larga del mundo, la cual inició su construcción en la década de 1930. Esta está interrumpida en la región del Darién, en Panamá, donde no se ha construido todavía ningún trecho carretero, lo que separa a Sur América del resto continental por la vía terrestre.

En 1964, el 9 de enero, de nuevo hubo protestas estudiantiles y populares, que se provocaron por la izada de la bandera panameña a la par de la estadounidense en la Zona del Canal, por el acuerdo de los presidentes Roberto Chiari y John F. Kennedy, de 1962, que así lo establecía y no se cumplía, protestas que tuvieron un saldo de 21 muertos y más de 300 personas heridas. El 9 de enero de 1964 se convirtió hasta hoy en una fecha emblemática del pueblo panameño.

En 1965 se volvió a plantear el tema de la Administración del Canal con la llamada Declaración Robles-Johnson, entre los presidentes Marco Aurelio Robles y Lyndon Johnson.

En 1968, el 11 de octubre, se provocó un golpe de Estado contra el presidente Arnulfo Arias Madrid, que condujo a que en el año1969 el General de Brigada Omar Torrijos asumiera el mando de la República de Panamá, en 1972, iniciando en los años siguientes un proceso revolucionario de corte nacionalista y populista.

Así, en 1977, Torrijos y el Presidente Jimmy Carter, firmaron los Tratados Torrijos-Carter que entregaron la administración del Canal de Panamá al gobierno del Panamá, y obligaron al abandono de todas las infraestructuras militares y civiles que en la Zona del Canal tenía Estados Unidos, obligando también al cambio de sede del Comando Sur de los Estados Unidos a Puerto Rico.

Muerto Torrijos, en un “dudoso” accidente aéreo, el 31 de julio de 1981, asumió el gobierno el general de cuatro estrellas Manuel Antonio Noriega en 1983, que por contradicciones políticas y militares con Estados Unidos sufrió un bloqueo económico agudizando una crisis social en Panamá, hasta que el 20 de diciembre de 1989 el ejército de los Estados Unidos invadió Panamá, capturando al General Noriega, a quien sometió ante la justicia norteamericana. La invasión provocó más de 500 muertos.

Resultado de la invasión en 1990 el presidente de Panamá Guillermo Endara abolió las fuerzas militares de Panamá, lo que se reafirmó con un referéndum popular el 15 de noviembre de 1992.

En 1999, el 31 de diciembre, bajo el gobierno de Mireya Moscoso, la primera mujer en ejercer la presidencia en Panamá, se asume del control total del Canal de Panamá, hasta hoy, situación gravemente amenazada por el presidente Donald Trump.

En el 2016 culminaron las obras de ampliación del Canal de Panamá, idea que venía desde 1930 cuando se había pensado en ampliar la capacidad de tránsito del Canal de Panamá.

Estados Unidos lo había intentado en 1939, lo que se suspendió por el inicio y desarrollo de la II Guerra Mundial.

En la década de 1980-1990 Japón, Estados Unidos y Panamá replantearon el tema de la ampliación del Canal.

La ampliación del Canal de Panamá, con un tercer juego de esclusas, se hizo con la aprobación de un referéndum popular el 24 de abril del 2006, en el gobierno de Martín Torrijos, bajo la dirección de la empresa española SACYR, abriéndose desde el 2018 al paso de barcos Neopanamax, de gran capacidad de tonelaje.

En la actualidad, en el crecimiento del uso del Canal ha destacado el movimiento comercial desde China, lo que ha preocupado a los Estados Unidos, especialmente al actual gobierno de Donald Trump, señalando que ello les provoca un desequilibrio comercial, además de un problema geopolítico por la presencia China en la región.

Trump ha dicho que el Canal en su totalidad administrativa lo controla China, lo que no acepta, y que tampoco es cierto.

Esta situación ha planteado una seria amenaza a Panamá porque Trump con toda claridad ha dicho públicamente que va a recuperar el Canal de Panamá, para que esté en manos de la administración de los Estados Unidos, y si es necesario lo hará por ocupación o intervención militarmente.

El Canal de Panamá es una de las obras de ingeniería más importantes del mundo, con una extensión de 80 kilómetros, de océano a océano, que acorta las distancias comerciales mundiales de manera significativa, evitando rodear el continente por el Cabo de Hornos.

Los proyectos canaleros del Istmo de Tehuantepec, de la Depresión del Río Atrato y el de Nicaragua seguirán en posibilidad, nada inmediata, mientras el Canal de Panamá seguirá fortaleciéndose.

En el caso del Canal en Nicaragua el actual gobierno de Nicaragua, desde el 2013, ha tratado de impulsarlo cruzando su territorio con participación, principalmente, de capital privado de la República Popular China, lo que no se ha podido concretar del todo, sin afectar la región limítrofe con Costa Rica, aunque en el proyecto inicial no se toca el rio San Juan, limítrofe de ambos países.

El 8 de julio del 2014 se anunció, por la empresa China HKND Group, la posible ruta canalera, con la intención de aumentar tráfico y el tránsito interoceánico de barcos con mayor carga de los que pasan actualmente por el Canal de Panamá, y para estimular más el comercio de América Latina con China.

En el 2014 se anunció que Rusia colaboraría en este proyecto.

El peligro de la amenaza de Trump de ocupación militar para apropiarse nuevamente de la administración y de la zona del Canal de Panamá es inminente. Puede suceder en cualquier momento en que el presidente Trump así lo estime.

Sabe Trump que no hay condiciones hemisféricas, con la OEA y su Fuerza Interamericana de Paz, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, de impedir una agresión militar de este tipo.

El TIAR quedó inaplicable cuando Argentina lo invocó para enfrentar la ocupación inglesa de las Islas Malvinas, en 1982, en que los Estados Unidos se alió con Inglaterra, apoyando su ocupación, dándole la espalda a Latinoamérica y a la OEA.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC no desvela a Trump. Existe en el papel como una buena intención de buscar la integración política, económica, social y cultural de la región. En una situación de agresión militar de Trump a cualquiera de los países latinoamericanos la CELAC no tiene ninguna capacidad militar de evitarla o enfrentarla.

Una agresión militar de este tipo le permitiría igualmente evaluar sus otros dos objetivos, de intervención militar, en el continente:

-Groenlandia, con el ánimo de incorporarla como parte de los territorios de los Estados Unidos, con la idea de fortalecer su seguridad nacional en esa región, aspecto que ya ha insinuado, motivado por una mayoría poblacional groenlandesa que se pronuncia por la separación de Dinamarca, pero con más del 80% de la población que no está de acuerdo con ser incorporados a los Estados Unidos;

-y Venezuela, donde también ha planteado la intervención militar para capturar al grupo gobernante de Venezuela, al que tiene acusado de narcoterrorista.

La geopolítica mundial que traza el presidente Trump sin duda alguna ha alterado el panorama de las relaciones internacionales, y mantiene amenazas de alterarlas más.

Esta geopolítica incluye la redefinición y renegociación o ruptura de los Tratados económicos y de Libre Comercio que Estados Unidos tiene, por ahora, con Canadá, México, la Unión Europea y la República Popular China.

El Canal de Panamá es más que un sueño de opio de Trump. Es una realidad casi tangible.

En su visión geopolítica internacional Trump traza un nuevo diseño de las fronteras de los Estados Unidos.

Proyecta la anexión de Canadá, en condición de Estado 51 de la Unión, de los Estados Unidos; proyecta la compra o anexión del territorio dinamarqués de Groenlandia y la “recuperación” del Canal de Panamá, su Zona del Canal, considerando que el Tratado Torrijos-Carter no debió haberse firmado, y que fue ilegal su anulación.

Trump ha señalado clara y reiteradamente sus intenciones de acudir a la intervención militar para lograr estos objetivos y territorios estratégicos para él.

Parte de esta visión cartográfica ya ha planteado que el histórico Golfo de México se llame, oficialmente para los Estados Unidos, como Golfo de América y así se establezca en su cartografía.

Panamá se encuentra en su propia encrucijada por la importancia estratégica, comercial y geopolítica que el canal interoceánico tiene hoy.

Con Panamá están en la encrucijada política, diplomática y militar los organismos internacionales de la OEA y la ONU, sujetos a un proceso de debilitamiento político.

Las políticas internacionales de Trump se orientan fortalecer su presencia dominante en los organismos internacionales, saliéndose de ellos si le ocasionan un alto gasto a los Estados Unidos, si los países que participan no colaboran proporcionalmente a los gastos de su mantenimiento, o si se vuelven críticos hacia las políticas estadounidenses.

No le importa si son organismos sociales, culturales, médicos, sanitarios o de salud, como es la Organización Mundial de la Salud, o si son militares como la OTAN, que la tiene cuestionada.

El actual gobierno de Nicaragua, desde el 2013, ha tratado de impulsar un canal interoceánico cruzando su territorio con participación, principalmente, de capital privado de la República Popular China, lo que no se ha podido concretar del todo, sin afectar la región limítrofe con Costa Rica, aunque en el proyecto inicial no se tocaba el rio San Juan, limítrofe de ambos países.

El 8 de julio del 2014 se anunció, por la empresa China HKND Group, la posible ruta canalera, con la intención de aumentar tráfico y el tránsito interoceánico de barcos con mayor carga de los que pasan actualmente por el Canal de Panamá, y para estimular más el comercio de América Latina con China. En el 2014 se anunció que Rusia colaboraría en este proyecto.

El posible Canal chino en Nicaragua no altera hasta hoy a Trump.

A Trump no le preocupa la presencia China en Nicaragua. Si le preocupa en Panamá, especialmente porque el 13 de junio del 2017 establecieron relaciones diplomáticas, donde China se ha convertido en un importante cliente comercial y económico de Panamá, siendo el segundo usuario después de Estados Unidos.

El Canal ampliado se inauguró con el paso de un buque Chino de la empresa COSCO.

China es, a la vez, el principal proveedor de la Zona Libre de Colón, la zona franca más importante del continente y la segunda del mundo.

En Colón se ha anunciado la construcción china de un puerto de contenedores y de recepción de gas licuado, en capacidad de atender los barcos Neopanamax.

También se anunció la construcción de un puente sobre el Canal y una terminal de cruceros, ampliando la infraestructura ferroviaria, hasta la Provincia de Chiriquí, en 400 kilómetros y la aerolínea Air China con dos vuelos semanales Panamá-Pekín.

En la economía la presencia china está en el Bank of China, el Banco Industrial y Comercial, el Exim Bank y China Development Bank, y la proyección de la Nueva Ruta Mundial de la Seda.

Esta es la preocupación de Trump en Panamá… la presencia que quiere desarticular.

La espada no de Damocles, sino la de Trump está sobre todos nosotros, sobre el mundo que ve Trump.

Artículo publicado en la Revista MEER.com.es y compartido con SURCOS por el autor.

Nuevos escenarios: incertidumbre, temor y desafíos en la política y la sociedad

Gerardo Castillo Hernández

Al igual que el bitcoin, que desafía los paradigmas tradicionales del dinero e irrumpe como una alternativa financiera disruptiva, la política contemporánea transita por caminos sinuosos que generan inquietud y desconcierto. La acción política se reduce a un espectáculo mediático, el discurso público se degrada, y los partidos tradicionales pierden prestigio ante una ciudadanía cada vez más desencantada. Según Latinobarómetro, el 70% de los latinoamericanos ya no confía en la democracia o se siente excluido de ella. Esta cifra no solo refleja insatisfacción, sino una crisis de legitimidad con graves implicaciones:

1. Declive de la democracia representativa: La pérdida de credibilidad de los partidos y las instituciones abre paso a alternativas peligrosas, desde liderazgos autoritarios hasta soluciones pseudopopulistas.

2. Ascenso del populismo emocional: Líderes de izquierda y derecha —desde predicadores carismáticos hasta aventureros políticos— explotan el malestar social con discursos que desprecian el Estado de derecho, la institucionalidad y la razón.

3. Espectacularización de la política: El debate público se reduce a confrontaciones virales, donde priman la mentira, el insulto y la posverdad sobre el análisis riguroso.

4. Amenazas a las libertades: Movimientos de extrema derecha ganan terreno, atacando la independencia judicial, la libertad de prensa y los derechos humanos bajo retóricas nacionalistas.

5. Tecnología y desinformación: Las redes sociales distorsionan la realidad, manipulan elecciones y normalizan la polarización, mientras la corrupción, el narcotráfico y la inseguridad —con América Latina como la región más violenta del mundo— alimentan el círculo vicioso de la desesperanza.

¿Qué cabe esperar?

Estos escenarios fracturan los consensos democráticos y plantean interrogantes urgentes: ¿Está agotado el modelo actual? ¿Emergerán nuevas formas de democracia? ¿Cómo adaptarán los Estados la división de poderes o los sistemas electorales? La incertidumbre se agrava por factores globales: recesión económica, guerras comerciales, migraciones masivas, reacomodos geopolíticos y una crisis climática con proyecciones catastróficas. En este contexto, los márgenes de acción para América Latina son estrechos: el endeudamiento externo y los condicionamientos de organismos financieros limitan cualquier reforma estructural, perpetuando un modelo económico excluyente y sin dimensión social.

Lo laboral en la encrucijada

El panorama es desalentador:

– Desempleo e informalidad: Las tasas superan el 40%, con trabajos precarios que profundizan la pobreza y debilitan el movimiento sindical.

– Educación en crisis: La pandemia exacerbó la brecha digital y la deserción escolar, mientras los recortes presupuestarios y la pauperización docente socavan la calidad educativa.

– Reformas regresivas: Las élites empresariales, ahora enquistadas en el Estado, imponen legislaciones laborales que eliminan protecciones sociales, fomentan la explotación —especialmente de mujeres— y criminalizan la organización sindical.

¿Hay espacio para la esperanza?

Pese a todo, destellos de resistencia persisten: las movilizaciones en Estados Unidos por la democracia, el rechazo popular a las agresiones gringas a la soberanía de Panamá, o las luchas sociales en Argentina a favor de los jubilados revelan que la sociedad civil aún defiende banderas irrenunciables: justicia social, libertad de prensa, derechos humanos y democracia participativa. Son tiempos oscuros, pero la historia demuestra que los cambios radicales suelen nacer en los momentos más críticos. La luz de la sensatez y de la acción colectiva es deseable porque tarde o temprano se abrirán paso por un mundo más humano y mejor para las mayorías marginadas.

Rodrigo Arias Sánchez, su necesaria Presidencia Legislativa

Vladimir de la Cruz

Las elecciones del 2022 fueron altamente sorpresivas e inesperadas, para las cuales la sociedad costarricense no estaba preparada, no por la derrota del Partido Liberación Nacional, que había terminado su jornada electoral en febrero como primer finalista ante la segunda ronda, sino porque para ese momento se había producido una situación cualitativamente diferente en ese resultado.

En las elecciones del 2014 el candidato presidencial de Liberación Nacional, renunciaba cobardemente a su participación, en la segunda ronda, dejando al garete a su partido y a los votantes nacionales, que, aunque veían inminente su derrota en la segunda vuelta, no esperaban que su “líder” saliera corriendo a esconderse.

En las elecciones del 2018 el Partido Liberación Nacional no llegó a la segunda ronda, en su segunda derrota nacional. La disputa se dio entre el Partido Acción Ciudadana, que había emergido desde las elecciones del 2006, con su candidato Carlos Alvarado Quesada, y el líder espiritual y político del actual Partido Nueva República, de Fabricio Alvarado, que ya venía debutando en la política nacional y en la electoral. El tema central de la campaña electoral se concentró, en la segunda ronda electoral, en el área de los Derechos Humanos y Ciudadanos, sintiéndose amenazada la sociedad nacional de retroceder por razones “religiosas evangélicas”, provocando con ello una reacción del electorado que se volcó por la candidatura de Carlos Alvarado, que había terminado de segundo finalista en la elección de febrero de ese año.

La derrota de Liberación Nacional, por segunda vez consecutiva no era novedosa. Ya había sucedido en 1998 y el 2002, cuando la Unidad Social Cristiana gobernó dos veces consecutivamente, con Miguel Angel Rodríguez y Abel Pacheco.

Por su parte el partido Unidad Social Cristiana, como partido histórico, de larga tradición, desde el 2006 dejó de ser finalista electoral para primeras y segundas rondas, disminuyendo su presencia política nacional y de representación popular.

En el 2006 la candidatura de Oscar Arias Sánchez salvó al partido Liberación Nacional de caer en la postración, debilidad y cansancio político que ha caracterizado a su siamés político, la Unidad Social Cristiana, desde ese año hasta hoy, a pesar del aire fresco que le dio Rodolfo Piza en las campañas electorales del 2014 y 2018.

El gobierno de Oscar Arias Sánchez, guste o no, salvó a su partido y su gobierno. También, guste o no, catapultó a Laura Chinchilla Miranda a la presidencia de la República del 2010 al 2014, gobierno, a partir del cual Liberación Nacional se alejó del Poder Ejecutivo, tres veces seguidas, 2014, 2018 y 2022, enfrentando hacia las elecciones del 2026 la posibilidad de acompañar a la Unidad Social Cristiana en su descalabro electoral en sus aspiraciones de Ejecutivo Nacional, o de recuperarse al menos para estar de finalista en las elecciones del 2026.

Para las elecciones del 2022 José María Figueres era, a mi modo de ver, la mejor carta de presentación política que tenía Liberación Nacional para retornar al Poder Ejecutivo, quedando de primer finalista para la segunda ronda. En ese partido sabotearon su candidatura por quienes terminaron rodeándolo en su círculo electoral más cercano y con las políticas electorales conservadoras, y la mala campaña electoral, con la que lo impulsaron, alejada de la historia de ese Partido en el desarrollo nacional y por su alejamiento de las políticas sociales social demócratas que en otros tiempos fueron sus banderas de atracción política.

En todas estas elecciones, el juego estaba entre partidos “tradicionales” que venían de distintas campañas electorales y con candidatos presidenciales “conocidos” en sus partidos y en la vida parlamentaria y política nacional.

En la elección del 2022 irrumpió un nuevo partido político, Progreso Social Democrático, nada conocido, recién formado para esa, su primera participación electoral, por una importante exmilitante del partido Acción ciudadana. Sin líderes políticos conocidos y destacados en la arena electoral y política nacional, se les “coló”, con éxito, un personaje, Rodrigo Chaves Robles, que llegó al país después de un autoexilio dorado de trabajo en un organismo internacional, por más de tres décadas, a trabajar por un breve plazo al Ministerio de Hacienda del gobierno de Carlos Alvarado Quesada.

Rodrigo Chaves Robles supo interpretar el desánimo nacional, la frustración de la población, el desencanto político existente con partidos políticos y con líderes de los partidos políticos y de gobiernos anteriores. Apreció la corrupción institucional que histórica, real o de leyenda se sentía en el país y, sobre todo, el abandono de grandes regiones, con sus poblaciones, de las acciones y políticas públicas que provocaban extrema pobreza, pobreza, debilitamiento de las clases medias, mala infraestructura nacional, abandono institucional de regiones, exclusión, marginación, desempleo trabajo informal creciente y otros muchos e importantes problemas, como el de la inseguridad nacional, la inseguridad ciudadana, y el narcotráfico, que hizo sus banderas para hacerse representar de toda esta población y regiones como su “salvador”, enfrentando violentamente en su lenguaje político a todas las estructuras políticas e institucionales, señalando que él podía hacerlas funcionar para “resolver” esos problemas.

Frente a esto, en la segunda ronda electoral, el electorado “cansado” de Liberación Nacional, que era el primer finalista de la segunda ronda, y ampliamente “prejuiciado” con José María Figueres, que había ganado esa primera ronda, terminó ante las dos alternativas electorales, Figueres o Chaves, absteniéndose de ir a votar por Figueres y Liberación Nacional, lo que facilitó el acomodo de votos a favor de Rodrigo Chaves quien resultó Presidente de la República, quien se encuentra en su último año de gobierno.

Los tres años de gobierno que ha tenido los ha concentrado en su discurso antisistema, antidemocracia, anti poderes públicos, anti equilibrio de esos poderes públicos, contra todo lo que significa Política tradicional, sean partidos políticos existentes principalmente en la Asamblea Legislativa, contra todos los partidos políticos, todos los políticos, todos los disidentes políticos que no están de acuerdo con su gestión administrativa y política, con todos los que le critican, personas, analistas, periodistas y medios de comunicación en general.

La esencia de su discurso político, que le da réditos de simpatía política y personal, asociado a un líder carismático, de fuerza, autoritario que reclama, constantemente, que no gobierna “porque no lo dejan gobernar” la Asamblea Legislativa y sus diputados con sus partidos políticos, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la República.

Esto se asocia hoy a su deseo de permanecer en el Gobierno, lo que no puede constitucionalmente porque no está permitida la reelección consecutiva de un presidente, por lo que tendrá que esperar ocho años, hasta el 2034, para poder aspirar a una nueva candidatura. En pocos meses, en mayo del 2026, fuera de gobierno, sin tener un partido político propio en el cual él sea el principal dirigente político, por los próximos ocho años, es muy difícil que él pueda desarrollarse como líder político nacional, aunque haya sido presidente. Solo podría mantenerse activo si en un próximo gobierno se le nombra ministro, o si renuncia en julio para lanzarse como candidato a diputado en las elecciones del 2026, lo que sí le daría músculo político para mantenerse activo en política y forjar su candidatura presidencial futura, con posibilidad de modificar la Constitución Política de manera que le permita ser candidato presidencial de nuevo en el 2030. Estas son las opciones constitucionales y legales de su posible partición electoral futura, salvo que intente, por algún motivo provocado por él mismo, de inestabilidad política nacional, que le conduzca a establecer un estado de emergencia nacional, el cual le permita suspender garantías constitucionales y ejercer un gobierno de excepción, de características autoritarias, despóticas y tiránicas, como constantemente señala que se debe gobernar para poder resolver problemas nacionales y desarrollar acciones políticas.

En estos tres años ha saboreado las mieles y los privilegios que da el ejercicio del Poder. Ambicioso políticamente, como se expresa, ha impulsado la creación de nuevos partidos políticos, para que participen en el proceso electoral del 2026, bajo el llamado movimiento de los jaguares, orientado a desplazar a todos los partidos que tradicionalmente han ejercido el dominio de la Asamblea Legislativa, con la intención de llegar a elegir 40 diputados como lo pregona.

En las elecciones de 2022 el partido que lo eligió solo sacó 10 diputados de 57 que tiene la Asamblea Legislativa, lo que no le dio músculo político legislativo para impulsar leyes, ni capacidad para negociar proyectos de ley, por sus ataques constantes a los diputados y a la Asamblea Legislativa como institución y Poder de control político de la República.

El gobierno del 2014, de Luis Guillermo Solís y el del 2018 de Carlos Alvarado, no pasaron de 12 diputados, que si tuvieron capacidad de negociación parlamentaria, y no tuvieron una “crisis política” de relación entre ambos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, como se ha dado en este descalabrado gobierno.

En la estructura organizacional del Estado costarricense tenemos los Poderes Públicos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y, por asimilación, al Tribunal Supremo de Elecciones, que en teoría política y constitucional se desempeñan como pesos y contrapesos entre sí, no solo por el ejercicio y potestades de cada poder cuyas funciones son indelegables, sino por los controles que se establecen sobre ellos.

Los dos primeros, el Ejecutivo y el Legislativo tienen el mayor peso político por el carácter representativo que los constituye. Son el resultado, en su integración, de la elección directa del pueblo electoral, de los ciudadanos, quienes tienen el poder y la facultad de la representación política, quienes son el Poder Soberano y en quienes descansa la Soberanía Nacional.

Por el carácter de la representación política el Poder Legislativo es el más importante, por tener allí una mayor y más amplia representación ciudadana expresada en los 57 diputados, de una variedad de partidos y sectores políticamente organizados.

Los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral tienen su máximo representante en quienes lo presiden. De estos Poderes el presidente de la Asamblea Legislativa está facultado para sustituir al presidente de la República en el caso extremo de que deje sus funciones temporal o permanentemente, y por ausencia extrema igual de sus vicepresidentes.

De allí que la elección del presidente de la Asamblea Legislativa, que debe hacerse cada primero de mayo, cobre una importancia política relevante. La importancia y relevancia política del Poder Legislativo descansa en hacer las leyes, interpretarlas auténticamente si es del caso, y ejercer control político sobre el Poder Ejecutivo y las autoridades ministeriales e institucionales, y tener en su seno una mayor representación política del Pueblo Soberano. Las leyes no las hace el presidente legislativo. Las hacen todos los diputados. El resultado de esas leyes se atribuye a los gobiernos, y a los presidentes de la República que lo ejercen, no a los diputados y a sus partidos, salvo cuando esos partidos y diputados destacan que son las leyes que ellos impulsaron y les fueron aprobadas.

El cargo de presidente legislativo por esta razón debe ser bien valorado y meditado políticamente por los diputados. No se trata de nombrar a cualquiera de los diputados, que todos tendrían igual posibilidad y oportunidad, sino de escoger entre todos ellos el que mejor acredite por su experiencia política y atestados personales, pero también por la madurez y sensatez que pueden dar la edad y la experiencia política.

En el momento que vivimos en el país, con las características autoritarias y poco democráticas del actual Presidente de la República, que ataca constantemente a la Asamblea Legislativa, a todos sus diputados, que desearía gobernar si un Poder Legislativo para dirigir el país con Decretos Leyes, como se hizo en la Junta de gobierno de 1948-1949, se requiere que el Presidente Legislativo sea un diputado de gran experiencia política, ecuanimidad personal, inteligencia emocional política, buena formación profesional y política, con señorío para el cargo que representa, con la personalidad suficiente y digna para ejercer la Presidencia de la República en el caso extremo si así fuere necesario.

El presidente legislativo tiene que salir como resultado de una negociación política que produzca 29 diputados a favor de nombrarlo. Es una cifra que tiene que negociarse. No se trata de improvisar candidatos ni diputados con la aspiración de dirigir el Poder Legislativo.

Tampoco se trata de que corresponde elegir una mujer por razón de género. Ya se han electo mujeres presidentas en el Poder Legislativo, Rosemary Karpinski Dodero, en 1986, Rina Contreras López, en el 2000, Carolina Hidalgo Herrera, en el 2018 y Silvia Vanessa Hernández Sánchez en el 2021, representándose en estas mujeres a los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana, de los partidos que han gobernado el país, bajo gobiernos en que esos partidos ejercían la Presidencia de la República.

La Presidencia Legislativa en el período de la Segunda República, desde 1949 hasta hoy, la han ejercido tres veces consecutivas Marcial Rodríguez Conejo, Gonzalo Facio Segreda, Alfonso Carro Zúñiga y Rodrigo Arias Sánchez, dos veces consecutivas Abelardo Bonilla Baldares, Otto Cortés Fernández, Álvaro Montero Padilla, Daniel Oduber Quirós, Luis Alberto Monge Álvarez, Gerardo González Esquivel. El único, hasta hoy, que la ejercido cuatro años consecutivos ha sido Francisco Antonio Pacheco.

El próximo primero de mayo está la posibilidad de que Rodrigo Arias Sánchez continúe al frente, en su cuarto año de presidencia legislativa, de ser electo para ese cargo.

El Presidente de la República de forma endemoniada, como un energúmeno sin control mental, poseído de sentimientos perversos y malos, metiéndose, invadiendo, alterando la independencia de poderes públicos, ha venido llamando, en un primer momento a los diputados a no votar por la reelección de Rodrigo Arias, en un segundo momento, diciendo que él insta a votar incluso por un diputado del Frente Amplio, que él llama “diputados comunistas” para que presida la Asamblea Legislativa, y en un tercer momento ha amenazado de la manera más estúpida, tonta y absurda a los diputados que si eligen a Rodrigo Arias él no nombrará Ministro de la Presidencia, como si eso fuera a afectar en algo a la Asamblea Legislativa. Si él no nombra este ministro, él es que le pierde contacto con la Asamblea Legislativa para gestionar y negociar sus proyectos de ley, los que el Poder Ejecutivo puede impulsar de manera exclusiva seis meses al año. El presidente Chaves ha hecho de esta elección un problema personal, un berrinche político, contra Rodrigo Arias Sánchez.

Los diputados independientes identificados con el presidente, y leales a él, electos en 2022, son ocho, con unos cuantos más que le son afectos de los partidos Liberal Progresista, Nueva República, algunos de la Unidad Social Cristiana y uno de Liberación Nacional.

El momento político que vivimos de mantener el orden democrático, de asegurar la independencia de poderes públicos, obliga a que los diputados y sus partidos, frente a los ataques que el presidente Chaves hace constantemente contra ellos y el Poder Legislativo, nombren un presidente que garantice esa independencia, que sepa responder al presidente con respeto y señorío, pero contundente y enérgicamente, como lo ha hecho Rodrigo Arias Sánchez. Los ataques del presidente a Rodrigo Arias son la mejor carta de presentación ante los diputados para que lo reelijan. No reelegirlo puede asimilarse a la situación de la votación de la segunda ronda del 2022, cuando por no votar un candidato y un partido se produjo el presidente Chaves que está destruyendo la democracia nacional.

La defensa de la democracia nacional, con todo lo que significa, es la tarea política del momento. El Frente Amplio, con sus seis diputados, tiene una gran obligación y responsabilidad política de asegurar esta elección, más allá de las diferencias políticas partidarias y personales que puedan tenerle a Rodrigo Arias y a su partido. No es Rodrigo Arias ni el partido Liberación Nacional el que está en juego. Aquí se juega parte del futuro del país. Abstenerse, votar por ellos mismos, o por otro candidato de otro partido, o impulsar como se quiere una tendencia “feminista” para presidir el Congreso de la República es hacerle el juego al gobierno, es fortalecer al presidente Chaves en su discurso anti asamblea legislativa y anti diputados que él tiene, es fortalecer en este período electoral el autoritarismo y alentar sus grupos “jaguares” en sus intenciones diputadiles. El no elegir a Rodrigo Arias es darle su primera victoria legislativa y política a Chaves hacia las elecciones nacionales del 2026.

Rodrigo Chaves es más audaz de lo que el común de la gente valora. No se está haciendo una lectura correcta de hacia a dónde va Chaves. Ya ha quitado incluso “banderas” a la izquierda. Hay un spot publicitario, bastante bien hecho, alrededor de la figura del presidente Chaves, con el himno de la izquierda “El pueblo unido jamás será vencido…”

Lo único que se está percibiendo es que Chaves va a cambiar el modelo institucional con la destrucción del modelo actual. Si Rodrigo Arias no es electo, por ceguera política, por disidencias en Liberación Nacional, por no tener claras las intenciones del chavismo y sus partidos, por la incapacidad y prejuicios políticos que el mismo presidente Chaves alimenta hacia Rodrigo Arias, los partidos que así actúen están jugando al ahorcado y van hacia su descalabro electoral.

La primera derrota que hay que darle al chavismo, frente a las elecciones próximas es nombrar presidente de la Asamblea Legislativa a Rodrigo Arias Sánchez.

En el 2022 sin fuerza parlamentaria y por los ataques verbales denigrantes que había hecho contra los diputados electos no le dieron el beneplácito ni el favor de nombrar un presidente legislativo de su partido.

En el 2023 frente a una derrota electoral en la elección de la presidencia de la Asamblea Legislativa el presidente Chaves le dio el apoyo público a Rodrigo Arias, para su segunda presidencia legislativa.

En el 2024 el presidente Chaves se apartó públicamente de dar apoyo o pedir votos en contra de Rodrigo Arias. Este año está con los tacos puestos contra Rodrigo Arias.

Rodrigo Arias Sánchez, aparte de su formación de abogado y notario, ha sido y es empresario activo, con un amplio conocimiento de las instituciones públicas, del sector privado y financiero. Su carrera política ha sido siempre en el Partido Liberación Nacional como presidente municipal del Cantón Central de Heredia, diputado y ministro de la Presidencia.

Lo que le conviene al país desde ese alto cargo político e institucional es una persona como Rodrigo Arias, un cuadro político bien formado, maduro, con esa capacidad que lo distingue de negociador y visionario del momento político que vivimos. Su gestión como presidente del Congreso, en estas tres Legislaturas que han pasado, ha sido muy buena, ampliamente satisfactoria y políticamente bien recibida por la ciudadanía y defensores del Estado de Derecho.

Rodrigo Arias ha sabido dirigir el Congreso con respeto hacia las fracciones parlamentarias, ha llevado bien la Agenda Parlamentaria, ha sabido distanciarse del Poder Ejecutivo con elegancia, con energía, señalando adecuadamente el rumbo que debe seguirse. Cuando ha tenido que enfrentar al gobierno lo ha hecho, le ha marcado los pasos no solo de la agenda legislativa y de la nacional, ha señalado las prioridades del país y las prioridades legislativas.

Lo que más le conviene a las fracciones parlamentarias, más allá de sus distancias históricas, o coyunturales, con Liberación Nacional, como partido, o con los reclamos que le hacen a su hermano, el presidente Oscar Arias, es la Presidencia Legislativa en manos de Rodrigo Arias, tanto para la dirección y representación del Poder Legislativo,

En imagen pública, en este momento político que vive el país, es conveniente que la Presidencia de Rodrigo Arias tenga la mayor cantidad de votos legislativos. Hasta ahora ya está asegurada aparentemente su Presidencia.

En mi opinión, de observador político, lo que más le conviene a la Asamblea Legislativa y al país, al margen y fuera de todo prejuicio político que se pueda tener, con él o su partido, es que el diputado, y actual presidente legislativo, Rodrigo Arias Sánchez, continúe en la Presidencia de este Poder de Estado.

En este momento político del país la Presidencia de la Asamblea Legislativa no se puede ni se debe improvisar.

Democracia, tenemos que hablar

Observatorio Bienes Comunes

En este episodio de «Democracia, tenemos que hablar», conversamos con Steven Forti, historiador y analista político, sobre las llamadas derechas extremas 2.0: sus raíces históricas, transformaciones recientes y el papel que juegan en un contexto de crisis del modelo neoliberal y aumento de las desigualdades. ¿Qué tienen en común estos movimientos en distintas regiones del mundo? ¿Qué los diferencia? ¿Y qué nos dice su auge sobre el estado actual de la democracia? Una charla imprescindible para entender el presente político con una mirada crítica y global.

Democracia, tenemos que hablar es una serie de materiales en diversos formatos que abre espacio para conversar sin rodeos sobre lo que muchas veces se queda fuera del debate electoral. Desde las desigualdades estructurales hasta los límites del sistema democrático actual, esta serie pone sobre la mesa los temas incómodos, necesarios y urgentes. Porque hablar de democracia es más que hablar de votos: es hablar de justicia, de representación real, de derechos y de futuro.

El Observatorio Bienes Comunes le invita a ver el video:

Los Cuatro Brotes y las Raíces Confucianas del socialismo con peculiaridades chinas

Mauricio Ramírez Núñez

Mauricio Ramírez

Basado en el pensamiento de Confucio, el filósofo Mencio formuló una visión profundamente humanista de la naturaleza humana. Este fue uno de los más influyentes discípulos de la tradición confuciana posterior a Confucio. Vivió en el siglo IV a. C. durante la dinastía Zhou, y se encargó de sistematizar, desarrollar y difundir las enseñanzas del Maestro, convirtiéndose en una figura clave para su transmisión y consolidación. A diferencia de otros pensadores de su tiempo, Mencio defendió con fuerza la idea de que la naturaleza humana es inherentemente buena, lo que marcó una evolución en la filosofía confuciana original.

Sostenía que todos los seres humanos nacen con una inclinación natural hacia el bien, visible a través de lo que llamó los Cuatro Brotes: compasión, sentido de vergüenza moral, deferencia respetuosa y juicio moral. Estos brotes representan las raíces de las principales virtudes: benevolencia, rectitud, ritual y sabiduría, respectivamente.

Aunque este pensamiento nació hace más de dos milenios, sus ecos resuenan poderosamente en la narrativa política contemporánea de China, especialmente bajo el liderazgo del presidente Xi Jinping y el proyecto del socialismo con peculiaridades chinas para la nueva era. En el contexto del objetivo de construir una sociedad modestamente acomodada, estos principios han sido traducidos en políticas sociales, éticas y geoestratégicas que articulan una visión de desarrollo con raíces profundamente culturales que rescatan la tradición frente a la homogeneización del mundo moderno.

El primer brote, la compasión, es para Mencio la raíz de la benevolencia. En el siglo XXI, este principio ha sido traducido en políticas públicas concretas, como el programa de las Tres Garantías (vivienda segura, atención médica y educación) y las Dos Seguridades (alimentación y vestido), pilares de una ambiciosa campaña nacional para erradicar la pobreza. Esta visión ética, heredera del pensamiento confuciano, alcanzó un hito histórico cuando en 2021 el presidente Xi anunció que más de 770 millones de chinos habían sido sacados de la pobreza y que el país había logrado erradicar la pobreza extrema, un logro sin precedentes en la historia del desarrollo humano.

Cinco métodos fundamentales —el desarrollo industrial, la reubicación de comunidades, la compensación ecológica, la educación gratuita y la asistencia social— fueron puestos en marcha para garantizar el bienestar material del pueblo, partiendo del principio de que el ser humano merece vivir con dignidad. Particular énfasis se puso en las minorías étnicas y las mujeres, integrando así la compasión confuciana a una visión inclusiva de desarrollo que compagina a cabalidad con la visión científica del marxismo por la que se rige también el Partido Comunista Chino. Este esfuerzo estatal es una manifestación moderna del ideal confuciano de un gobierno virtuoso que cultiva la benevolencia a través del servicio al pueblo.

El segundo brote, la vergüenza moral, es la base de la virtud de la rectitud, que implica rechazar las conductas indignas y actuar con integridad. Esta raíz ética es claramente visible en la prolongada y profunda campaña anticorrupción liderada por Xi Jinping desde 2012. A lo largo de la última década, se han investigado y sancionado a cientos de miles de funcionarios, incluyendo figuras de alto rango. En 2024, 58 altos cargos fueron investigados, y más de 433.000 funcionarios de base fueron sancionados.

Este combate no solo busca limpiar el aparato estatal, sino también restaurar la moral pública y la confianza del pueblo en su gobierno, en un acto de revolución permanente, como el mismo presidente lo ha dicho, reafirmando que la administración pública debe estar guiada por estándares éticos y no por intereses personales o de mercado disfrazados de legalidad. Es importante comprender este brote no como una especie de castigo social, sino como un mecanismo moral interior que busca restaurar el equilibrio entre el deber y el deseo.

En el tercer brote nos encontramos la deferencia respetuosa, la cual constituye la raíz de los rituales sociales, entendidos no como ceremonias vacías, sino como estructuras de respeto que permiten la armonía entre los seres humanos y entre los pueblos. En la China contemporánea, este principio se refleja en la promoción de la armonía doméstica y en la construcción de relaciones internacionales basadas en la cooperación y la reciprocidad.

La propuesta del presidente Xi de construir una comunidad de destino compartido para la humanidad, junto con sus cinco grandes iniciativas globales —la Franja y la Ruta, la Iniciativa para el Desarrollo Global, la Iniciativa para la Seguridad Global, la Iniciativa para la Civilización Global y la propuesta sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial—, expresa una voluntad de diálogo estructurado, ético y multipolar con el mundo. Estas iniciativas proyectan una diplomacia estratégica que evita la confrontación y promueve el entendimiento mutuo, rescatando además la antigua visión de Tianxia (todo bajo el cielo), según la cual el orden global debe emanar de la armonía, la justicia y la coexistencia pacífica entre las naciones.

Por último, tenemos el brote del juicio moral, el cual es la raíz de la sabiduría, que en el pensamiento de Confucio y su discípulo Mencio es indispensable para el buen gobierno. Esta idea se ha transformado en la noción moderna de gobernanza científica y ética, guiada por el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas para la nueva era.

En el ámbito de la investigación y la tecnología, el gobierno chino ha puesto énfasis en que la innovación debe ser responsable y guiada por valores éticos sólidos. La ética científica y tecnológica no es solo una guía profesional, sino un principio político que garantiza que los avances sirvan al bien común y no se desvíen hacia fines perjudiciales. En este contexto, el liderazgo político se construye como un proyecto moral y sapiencial, en el que el Partido Comunista se concibe como la encarnación de un juicio colectivo orientado al bienestar del pueblo.

Lejos de ser considerado como historia del pensamiento tradicional chino, el pensamiento de Mencio ha sido reinterpretado y revitalizado en la China comunista del siglo XXI como base cultural profunda del modelo socialista con peculiaridades chinas. Los cuatro brotes se han convertido en fundamentos éticos que guían no solo el comportamiento individual, sino también el diseño de políticas públicas y la proyección internacional del país.

Así, China no solo busca el desarrollo económico, sino también una civilización basada en la armonía, la virtud y la justicia, fusionando sus tradiciones filosóficas con los desafíos del presente. La sabiduría milenaria de Confucio y Mencio sigue viva, no como simple herencia, sino como instrumento activo de transformación política y social.

Europa se prepara para la guerra: ¿Alguna alternativa mejor?

Gilberto Lopes

San José, 21 abril 2025

El ejército alemán debe estar listo para una guerra con Rusia antes del 2030, dijo su inspector general, Carsten Breuer, en una entrevista publicada el 13 de marzo pasado en el diario conservador Welt. En 2029 Rusia «sería capaz de un ataque convencional a gran escala, incluso en territorio de la OTAN», agregó.

Nadie le pidió a Breuer una mayor elaboración, pese a lo polémico de su afirmación. Ya en octubre del año pasado, el presidente del Servicio Federal de Inteligencia alemán (BND), Bruno Kahl, había insistido en la idea de que Rusia estaría lista para atacar los países de la OTAN a finales de esta década.

Desde 2022, la OTAN considera Rusia la mayor amenaza inmediata para la seguridad de Europa. Una victoria de Rusia en el conflicto de Ucrania “sería una tragedia”, en opinión del entonces Secretario General de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg.

Tampoco la prensa europea le pidió mayor elaboración sobre una afirmación de esta envergadura. Hace ya un tiempo que la mayor parte de la gran prensa europea repite un mismo relato y ha dejado de hacer este tipo de preguntas.

Una guerra en Europa ya no es impensable”, diría el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, cuando todavía el gobierno estaba en manos de los socialdemócratas, encabezados por Olaf Sholz. Pero Pistorius, un belicista, seguirá al frente de la cartera en el nuevo gobierno encabezado por los socialcristianos de Friedrich Merz, que ya ha propuesto suministrar a Ucrania los misiles Taurus para atacar el puente de Crimea.

En noviembre del 2023, Pistorius anunció el despliegue de dos batallones de tanques en Lituania, mientras Scholz aumentaba del gasto militar, para transformar Alemania en la columna vertebral de la defensa europea.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha rechazado reiteradamente la idea de que su país pretenda atacar a los da la OTAN. Eso es un “disparate”, afirmó, considerando que una guerra contra la OTAN no sería otra cosa que una guerra nuclear.

Hacer lo impensable

Si en Europa se oyen pocas voces reflexionando sobre un discurso que ha ido ocupando los espacios oficiales, no ocurre lo mismo en todo el mundo. ¿Es Rusia realmente la principal amenaza para Europa?, se preguntó el diplomático y académico singapurense, Kishore Mahbubani, en un artículo publicado, en febrero pasado, en Foreign Policy.

Los europeos –dice Mahbubani– no ven la evidente contradicción entre destacar la incapacidad de Rusia para derrotar a Ucrania, un país de 38 millones de habitantes y un PIB que, el año pasado, fue de unos 189 mil millones de dólares, y declarar que Rusia es una verdadera amenaza para Europa, que tiene 744 millones de habitantes y un PIB de 27 billones de dólares.

Para Mahbubani, “es tiempo de que Europa haga lo impensable”. Bruselas “ha seguido servilmente a Washington durante demasiado tiempo y ha olvidado cómo promover sus propios intereses geopolíticos”.

En su opinión, la única manera de restaurar la posición geopolítica de Europa es considerar tres opciones, hasta ahora impensables. La primera es que Europa anuncie su voluntad de abandonar la OTAN. Obligada a gastar el 5% de su PIB en defensa, “Europa no necesita de Estados Unidos”. El 5% del PIB de la UE y del Reino Unido representó, en 2024, 1,1 billones de dólares, más que los 824 mil millones del gasto en defensa de Estados Unidos.

Su segunda propuesta es que Europa elabore “un nuevo gran acuerdo estratégico con Rusia, en el que cada parte se adapte a los intereses fundamentales de la otra”. Es una vieja opción, que pareció posible en algún momento después de la Guerra Fría. Se hablaba de una Europa unida, desde Lisboa a los Urales, un escenario muy distinto al de una Europa enfrentada a Rusia, considerada su amenaza fundamental.

Mahbubani hace referencia a tres destacados militares, diplomáticos y líderes políticos europeos para ilustrar su punto de vista. Si Metternich (el hábil canciller austríaco de la primera mitad del siglo XIX, que articuló la resistencia de su país a Napoleón), Talleyrand (su contemporáneo francés, destacado político que sobrevivió a diversas alternativas políticas en el período de la Revolución Francesa), o el general Charles de Gaulle (que encabezó la resistencia francesa a los nazis y después, cambiando de posición, abrió una vía para poner fin a la guerra colonial de Argelia) vivieran hoy, recomendarían ese acuerdo estratégico con Rusia, asegura.

Esto lo lleva a reflexionar sobre una tercera opción. “Los europeos creyeron tontamente que una lealtad servil a las prioridades geopolíticas estadounidenses les reportaría ricos dividendos. En lugar de ello, han recibido una patada en la cara”.

Es China la que –en su opinión– puede ayudar a la UE a hacer frente “a su verdadera pesadilla geopolítica a largo plazo: la explosión demográfica en África”. En 1950 –nos recuerda– la población de Europa era el doble que la de África. Hoy, la población africana duplica a la europea, que enfrenta el desafío de una migración que parece, a ratos, incontrolable.

Los acuerdos de Minsk, la geopolítica de la paz

Ninguna de estas sugerencias está en la agenda de hoy. En su Libro Blanco, publicado el ms pasado, Europa renunció a toda iniciativa política. Optó por la estrategia de una guerra inimaginable, a menos que se esté dispuesto a acabar con la vida humana en la Tierra.

Una Europa que parece, además, olvidar las consecuencias del rearme alemán en el siglo pasado, o los objetivos de la OTAN, definidos en 1949 por su primer Secretario General, el general británico Hastings Ismay, de origen hindú: “mantener a los rusos afuera, a los norteamericanos adentro y a los alemanes abajo”. Objetivos de los que la OTAN parece más alejada que nunca.

Una paz duradera requiere una comprensión adecuada del origen del problema. No es una tarea sencilla porque cualquier análisis tiene, en este caso, derivaciones políticas. En todo caso, nos parecen útiles los puntos de vista de dos destacados académicos norteamericanos: el economista Jeffrey D. Sachs, director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia, y John Mearsheimer, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Chicago y reconocido analista internacional.

Sachs cuenta una experiencia personal, después de las protestas en la plaza de Maidan, promovidas por Occidente en 2014 y que llevaron al derrocamiento de Víktor Yanukóvich. Elegido presidente de Ucrania en 2010, Yanukóvich estaba a favor de la neutralidad de Ucrania y se oponía a la ampliación de la OTAN.

El nuevo gobierno me pidió que fuera a Kiev. Me llevaron a Maidan y aprendí muchas cosas de primera mano”, dijo Sachs en un artículo –The geopolitics of peace– publicado en Consortiumnews en febrero pasado.

La ampliación de la OTAN había comenzado en 1999 con la incorporación de tres países: Polonia, Hungría y República Checa. En la siguiente ronda, en 2004, se sumaron siete países más: los tres bálticos, Rumanía, Bulgaria, Eslovenia y Eslovaquia. La idea de Washington era que Ucrania, Rumania, Bulgaria, Turquía y Georgia estuvieran todos en la OTAN. Neutralizarían así a Rusia, controlando su acceso al mar Negro, transformándola en poco más que una potencia local.

Sachs recuerda que no hubo demanda territorial alguna por parte de Rusia antes del golpe de 2014 en Ucrania. Derrocado Yanukóvich, Moscú respondió rápidamente, retomando Crimea y evitando que su base naval en Sebastopol cayera en manos de la OTAN, algo inaceptable para los rusos.

Para Putin, con el derrocamiento de Yanukóvich “había llegado el momento de actuar contra Ucrania y Occidente”. Se movió para disuadir el nuevo gobierno de Kiev de alinearse con Occidente contra Moscú, proporcionando asesores, armas y apoyo diplomático a los separatistas rusos del este de Ucrania. Se negociaba la autonomía política de Donetsk y Luhansk, en medio de una virtual guerra civil que, ya en mayo del 2015, había dejado unos siete mil muertos.

Siguieron las fracasadas negociaciones de Minsk, en 2014 y 2015, que buscaban establecer un estatus especial para esas Repúblicas. Más tarde se supo, por declaraciones de la excanciller alemana Angela Merkel (que, con el presidente francés, François Hollande, debía ser una de las garantes de los acuerdos), que nunca negociaron con intención de cumplirlos. El objetivo era ganar tiempo para fortalecer militarmente a Ucrania.

La tensión siguió agravándose. El 15 de diciembre de 2021, Putin presentó sus últimas propuestas, dice Sachs: un proyecto de acuerdo con Estados Unidos y Europa. El objetivo de Rusia –afirmó– era mantener a Estados Unidos lejos de su frontera. No tuvo respuesta.

Después de eso –agregó–, “tuve una llamada de una hora con el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, rogándole: –Jake, evita la guerra”. Sullivan le dijo a Sachs que estuviera tranquilo, que no habría guerra. Menos de dos meses después quedaba en evidencia que las garantías dadas a Sachs por Jack Sullivan, no tenían fundamento.

Un trágico error

El artículo de Mearsheimer al que hicimos referencia fue publicado en agosto del 2014. Seis meses después del derrocamiento de Yanukóvich y cinco después de la anexión de Crimea por Rusia.

Según la opinión predominante en Occidente –afirmó Mearsheimer– “la crisis ucraniana puede achacarse casi exclusivamente a una agresión rusa. El presidente ruso Vladimir Putin, según este argumento, se anexionó Crimea por su antiguo deseo de resucitar el imperio soviético”. “Pero esta versión es errónea”, aseguró. “Estados Unidos y sus aliados europeos comparten la mayor parte de la responsabilidad de la crisis. La raíz del problema es la ampliación de la OTAN”. Lo intentaron, pese a las advertencias rusas sobre lo peligroso de ese camino. Un punto de vista que comparte Sachs.

Mearsheimer acude a las declaraciones de un viejo y destacado diplomático norteamericano, George Kennan, sobre el tema. En una entrevista publicada en 1998, poco después de que el Senado de Estados Unidos aprobara la primera ronda de ampliación de la OTAN, Kennan afirmó: “Creo que los rusos reaccionarán gradualmente de forma bastante adversa y esto afectará sus políticas”. «Creo que es un trágico error. No había razón alguna para ello”.

Su voz es ahora un poco frágil, diría Thomas Friedman, en una columna en el NYT, en mayo del 98, refiriéndose a Kennan. “Pero su mente, incluso a los 94 años, sigue tan aguda como siempre. Así que cuando me puse en contacto telefónico para conocer su reacción ante la ratificación, por parte del Senado, de la ampliación de la OTAN, no me sorprendió que el hombre, que fue el arquitecto de la exitosa contención de la Unión Soviética y uno de los grandes estadistas norteamericanos del siglo XX, tuviera preparada una respuesta”.

Creo que es el comienzo de una nueva guerra fría», dijo Kennan desde su casa de Princeton.

Relaciones EEUU-Rusia, una larga historia

En abril de 1951, ya en plena Guerra Fría, Kennan escribía en Foreign Affairs sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Especulaba sobre el tipo de sociedad en que podía transformarse.

No se trataba solo de los cambios que debían ocurrir en Rusia, sino también del comportamiento de los Estados Unidos. Podemos pedir que se levante el grotesco sistema conocido como Telón de Acero, decía, “y que el pueblo ruso, que tiene tanto que dar y tanto que recibir como miembro maduro de la comunidad mundial, deje de ser insultado por una política que lo trata como a un niño, demasiado inmaduro para tener un contacto normal con el mundo adulto”.

Kennan no dejó nunca de analizar esas relaciones, ni el escenario internacional. Su obra me parece de particular relevancia para analizar, pensar en alternativas, buscar hoy soluciones políticas al conflicto de Occidente con Rusia.

No hay mucho riesgo en decir que ningún diplomático norteamericano (probablemente tampoco ningún académico o político), pensó tan profundamente las relaciones entre los dos países a lo largo de casi 60 años. Ninguno tenía tampoco el conocimiento y la pasión que ese tema despertaba en Kennan, un hombre que hablaba ruso, que vivió en Rusia y que admiraba el pueblo ruso con la misma pasión con la que condenaba el gobierno de Stalin.

El mismo que escribió uno de los artículos de mayor repercusión en la política internacional de su época. El artículo –«The Sources of Soviet Conduct»­– firmado de forma anónima por “X”, apareció en la edición de julio de 1947 de Foreign Affairs. Fue fundamento de la política de contención, uno de los pilares de la Guerra Fría.

40 años después, en 1987, en la edición de primavera de la misma revista, Kennan volvió a analizar la naturaleza de esas relaciones en un artículo titulado “Containment Then and Now”.

Then” (en 1947), la Unión Soviética, exhausta después de una guerra que le había costado cerca de 20 millones de muertos, no era una amenaza militar, sino una amenaza política. Esa era la visión de Kennan.

Now” (40 años después, en 1987), la situación, desde su punto de vista, era exactamente la contraria. Moscú ya no era una amenaza ideológica o política. En cambio, el aspecto militar era entonces de “primordial importancia”.

Pero aclaró: “Cuando digo que este factor militar es ahora de primordial importancia, no es porque vea a la Unión Soviética amenazando a Estados Unidos o a sus aliados con la fuerza armada. Para mí está totalmente claro que los dirigentes soviéticos no quieren una guerra con nosotros y no planean iniciarla. En particular, nunca he creído que les interese invadir militarmente Europa Occidental”.

De lo que se trata, lo “que hay que contener, en mi opinión, no es tanto la Unión Soviética como la propia carrera armamentista”.

Ya entonces exploraba las perspectivas de las relaciones de Rusia con sus vecinos étnicamente no rusos, con los que mantenía estrechas relaciones económicas. Entre ellos los países bálticos, hoy particularmente rusófobos.

Todos estamos de acuerdo en que los países bálticos no deben verse obligados, nunca más, en contra de los sentimientos más íntimos de sus pueblos, a establecer relación alguna con el Estado ruso. Pero ellos mismos serían insensatos si rechazaran acuerdos de cooperación con una Rusia tolerante y no imperialista, que deseara realmente superar los infaustos recuerdos del pasado”, decía Kennan.

El lugar por donde pasa la frontera

Ucrania merece “pleno reconocimiento, por el genio y las capacidades peculiares de su pueblo”. Pero Ucrania –agregaba, ya en 1951– “es económicamente tan parte de Rusia como Pennsylvania lo es de los Estados Unidos”. Y se preguntaba:”¿quién puede decir cuál debe ser el estatus final de Ucrania si no conoce el carácter de la Rusia a la que habrá que adaptarse?”

Hay cosas más importantes que el lugar por donde pasa la frontera –agregó– y la primera de ellas es que, a ambos lados, debe haber tolerancia y madurez, humildad ante los sufrimientos del pasado y los problemas del futuro”. “Ninguno de los problemas importantes del futuro, para ninguno de los pueblos de Europa, se va a resolver enteramente, ni siquiera principalmente, dentro de las fronteras nacionales del país”.

El odio hacia lo ruso

Kennan murió en marzo de 2005, a los 101 años. No vio, por lo tanto, el desenlace de un problema que ya percibía hace 75 años y que se desarrolla hoy ante nuestros ojos.

Para el canciller ruso, Sergei Lavrov, “es inaceptable hablar con Rusia en el lenguaje de la superioridad, como intenta hacer la Unión Europea, refiriéndose a la aspiración de varios países europeos a enviar sus tropas a Ucrania”. Ya antes, en otra entrevista, había señalado que “Rusia no está peleando por territorio. Estamos peleando por los derechos de la gente que vive en esos territorios”.

Rusia se anexó la península de Crimea en marzo del 2014, un mes después del derrocamiento del gobierno ucraniano y las protestas de Maidan. Y después de la invasión de Ucrania en 2022, lo hizo con las provincias de Khersón, Zaporiyia, Donetsk y Luhansk, fronterizas y mayoritariamente de población de origen ruso, escenarios, desde 2014, de un conflicto armado con las autoridades de Kiev.

Cuándo Zelensky reivindica las viejas fronteras de Ucrania, ¿eso implica que pretende echar de ahí a la población de origen ruso?, se preguntó Lavrov, en una entrevista publicada el 14 de abril en el diario ruso Kommersant. “¿Pretenden restaurar allí las viejas normas nazis, obligándolos a olvidar su idioma, su cultura e historia y todo lo que Rusia ha hecho en esos territorios?”.

Desde una perspectiva legal, de acuerdo con las leyes ucranianas de hoy, adoptadas antes de la operación militar rusa, “todo lo ruso está cancelado” en Ucrania, agregó.

Zelensky afirmó, en una reciente entrevista al diario francés Le Figaro, que, en su lucha, lo motiva el odio hacia los rusos. De modo que ningún acuerdo parece posible para resolver el conflicto antes de que se clarifique el escenario militar; que alguna de las fuerzas enfrentadas establezca una superioridad que obligue el enemigo a ceder en sus pretensiones.

No es el caso todavía y el fracaso de la iniciativa norteamericana para lograr un alto al fuego y un acuerdo negociado lo muestra. En cambio, lo que vemos es un renovado esfuerzo, tanto de la Unión Europea (hoy en manos de las más beligerantes fuerzas rusófobas), como de Francia e Inglaterra para coordinar un creciente apoyo económico y militar a Kiev.

Los líderes de Francia, Alemania y el Reino Unido, con sus consignas abiertamente belicosas y amenazas contra Rusia, quieren aferrarse al poder», dijo Lavrov. Si esta coalición de voluntarios está dirigida por algún líder sano, “deberían darse cuenta de que esta no es la manera de hablar con Rusia. De lo contrario, seguirán en pie de guerra sin ninguna ambigüedad. Esa es su elección».

Las miradas se orientan ahora hacia Alemania, donde el 6 de mayo debe asumir un nuevo gobierno, aún más a la derecha, encabezado por el demócrata cristiano Friedrich Merz.

Merz ha expresado su deseo de facilitar a Kiev los misiles Taurus, con un alcance de 500 km, capaces de alcanzar objetivos profundos en territorio ruso. Su antecesor, el socialdemócrata Olaf Scholz, nunca quiso entregar esos misiles, que deben ser operados por militares alemanes, conociendo las consecuencias que eso puede tener. “Asumo que no queremos una escalada del conflicto, ni ser parte de esa guerra”, dijo Matthias Miersch, líder socialdemócrata, que será ahora socio minoritario del gobierno.

Para Merz, sin embargo, Alemania debe asumir nuevamente “su responsabilidad en Europa y en el mundo.” ¿Nuevamente? ¿A cuál período histórico se refiere Merz?, preguntó la portavoz de la cancillería rusa, Maria Zakharova.

La idea de Merz es que Ucrania tome la iniciativa en el campo de batalla, en vez de permanecer a la defensiva. Un objetivo, que Kiev considera de la mayor importancia política, sería el puente de Kerch, que une la península de Crimea con el territorio ruso.

Como el disparo de esos misiles es imposible sin la asistencia directa del ejército alemán, un ataque a cualquier instalación rusa o infraestructura crítica de transporte será considerada como una participación directa en las operaciones militares”, dijo Zakharova.

Alemania es, nuevamente, un peligro para el mundo, advirtió.

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