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El Pueblo imaginado por el populismo costarricense

Alejandro Guevara Arroyo1

1 Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

El pasado martes 18 de marzo, varios miles de personas se congregaron frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Acompañadas de banderas nacionales, exigían la destitución de la persona que actualmente ocupa el cargo de Fiscal General. El evento fue promovido desde Casa Presidencial de Costa Rica, y existen indicios de una inversión económica significativa destinada a movilizar a ciudadanos y ciudadanas desde zonas rurales del país.

A la manifestación asistieron varias diputaciones del partido de gobierno, exministros con aspiraciones de participar en las próximas elecciones nacionales y, notoriamente, el propio presidente Rodrigo Chaves Robles (quien no ha ocultado su conflicto con el Fiscal General, motivado por diversas causas que dicho funcionario tramita en su contra). Aclamado por sus seguidores, el mandatario afirmó que el Pueblo se ha despertado y, en una expresión con alguna reminiscencia lejana al filósofo Jean-Jacques Rousseau, que la voz del Pueblo es la voz de Dios.

Las líneas que siguen analizan críticamente el concepto de Pueblo que subyace en estos posicionamientos políticos y lo contrastan con su principal alternativa teórica.

¿Quién es este Pueblo del que habla el presidente con tanta vehemencia?

Pero, ¿quién es ese Pueblo al que aludió el presidente, y qué papel le corresponde frente a las instituciones del Estado? Ambas son preguntas de considerable profundidad, ciertamente. Quizá por ello encontramos diversas respuestas relevantes a cada una. Comencemos por la segunda.

Si atendemos a los principios fundamentales de nuestro orden constitucional, el Pueblo (o la Nación, con mayúscula, como lo llama nuestra Constitución Política) es una figura absolutamente central. Según la Constitución, se trata del titular de la soberanía y es el llamado a ejercer todas las funciones del poder público, incluido el más elevado de todos los poderes, el constituyente (es decir, la capacidad de crear una nueva Constitución).

Este es el Pueblo de la Democracia establecido en nuestra Constitución Política: gobierna a través de formas constitucionales, lo cual implica necesariamente la disposición de todos los derechos políticos fundamentales ciudadanos. Tiene, además, la notable facultad de modificar la Constitución misma, si así lo decide.

Esta concepción que proyecta nuestra Constitución se opone, por un lado, a la postura elitista, según la cual la ciudadanía no debe reclamar ni influir en el llamado Estado de Derecho. Pero también se distancia de lo que podríamos llamar una visión populista, que concibe al Pueblo como una entidad que puede gobernar sin instituciones, sin representantes, sin mediación; como si se tratara de un organismo con voluntad autónoma (en breve veremos que, desde este punto de mira, se suele entender que la voluntad popular tiene que tomar forma en la figura de un Líder).

El Pueblo del Populismo

Transpira nuevamente la pregunta acuciante: ¿quién es este Pueblo de la Democracia? Queda claro que, sea lo que sea, es algo trascendental. En Costa Rica, el Pueblo posee un enorme poder sobre todas y todos nosotros o, al menos, así lo establece nuestra Constitución Política. Sin embargo, seguimos sin saber con claridad quién es y cómo se manifiesta.

Una alternativa que interesa considerar aquí es justamente la propuesta por el presidente Chaves: el pueblo se identifica o es representado exclusivamente por quienes apoyan su gobierno, con lo cual él se convierta en su única voz legítima. Esta visión coincide con lo que el teórico e historiador Federico Finchelstein, en su obra “Del fascismo al populismo en la historia”, caracteriza como la perspectiva populista del Pueblo o Nación. El populismo (junto con su pariente, el fascismo) entiende que el Pueblo de la Democracia toma forma en una parte (real o supuestamente) oprimida o maltratada de la población, que encuentra su expresión en una figura de liderazgo profético y emancipador: Nación, Seguidores y Líder constituyen una sola unidad política. El Líder es, por tanto, quien efectiviza la voluntad que debe guiar al resto de la Nación-Seguidores. De esta forma, suele justificarse que el Líder acumule los poderes y facultades atribuidas al Pueblo de la Democracia.

Habida cuenta de estas ideas, históricamente el populismo ha tendido a apoyar el empoderamiento de ciertos presidentes electos mediante votación popular, como mecanismo para localizar al Líder del Pueblo.

Frente a este movimiento, obviamente, solo puede existir su contrario, representado por el mal: la casta, la élite, el antipueblo, es decir, todas y todos quienes no forman parte del Pueblo-Seguidores o se oponen de alguna forma a lo que dispone su Líder.

En todas sus manifestaciones, el populismo tensiona las instituciones constitucionales y políticas propias de las Repúblicas modernas. No podría ser de otra manera, dados los supuestos ideológicos que incorpora: la identificación entre Líder, Seguidores y Nación, que se oponen frontalmente al Antipueblo (en especial: opositores políticos). Aun así, existen muchos ejemplos históricos que muestran movimientos populistas que llegan al poder sin romper completamente con dichas instituciones (por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner o Javier Milei en Argentina). En otros casos la deriva ha sido hacia regímenes autoritarios (como el de Nayib Bukele en El Salvador), llegando incluso a consolidarse plenamente en formas dictatoriales (como la Venezuela de Nicolás Maduro).

¿Pero, hay alguna forma distinta de ver al Pueblo de la Democracia? Hay quienes creen que no, y por ello auspician una forma completamente despolitizada de ver los órdenes constitucionales. Sin embargo, la respuesta se encuentra en la propia ideología que subyace a nuestras imperfectas Constituciones Políticas modernas, incluida la de Costa Rica. Se trata de lo que podemos llamar la visión republicana del Pueblo.

El Pueblo de la Democracia bajo la mirada republicana

Hay una alternativa tanto a la visión populista del Pueblo de la Democracia como a las visiones elitistas. Nuestra Constitución Política de 1859 la distinguió con notable claridad, en una formulación que lamentablemente no se preservó en nuestro texto constitucional actual. En su artículo primero, aquella Constitución señalaba: “La asociación política de todos los costarricenses constituye una Nación que se denomina: República de Costa Rica”. Esta es la mirada republicana del Pueblo de la Democracia costarricense. Se trata una comunidad intergeneracional, que comparte un pasado, un presente y un futuro, anclada entre sí por medio de sus derechos políticos en la forma de la ciudadanía. Se organiza en una República, con el objetivo de garantizar la igualdad política de todas las personas que integran la comunidad.

Notablemente, sin embargo, en la comunidad de la ciudadanía existen honestos desacuerdos sobre cómo y en qué dirección han de ejercerse los poderes del gobierno. Por ello se requieren medios institucionales que aseguren que todas esas visiones políticas sean escuchadas y representadas en la toma de las decisiones más importantes sobre cómo vivir en comunidad.

En los modelos constitucionales modernos, esta ambición se tradujo en instituciones características: los Congresos o Parlamentos legislativos, cuya integración debe ser electa y políticamente representativa de la diversidad ideológica de la ciudadanía, y, al mismo tiempo, estar abierta a sus reclamos y observaciones. Esta ideología republicana incluso se manifestó en la arquitectura de muchas de las salas donde se reunían en pleno los cuerpos legislativos: para simbolizar la igualdad entre todos los representantes -y, indirectamente, la del propio pueblo-, se adoptaba una disposición en semicírculo (lamentablemente, la sala del Plenario de nuestra Asamblea Legislativa ha olvidado ese notable simbolismo republicano). Por supuesto, es esta concepción del Pueblo la que justifica que la ley disponga de mayor legitimidad que las decisiones de un Presidente (sea o no el “líder” de un movimiento político).

¿Pero entonces, desde esta visión de la comunidad política, caben las denuncias vehementes contra los poderes fácticos, las corporaciones o las élites que buscan cooptar las instituciones y los gobiernos en su propio beneficio? ¡Claro que caben! El desacuerdo dentro de la comunidad política no tiene por qué vivirse “en baja intensidad”, ni excluir denuncias apasionadas por corrupción, corporativismo o cooptación institucional. El principio de acción, sin embargo, es que al formular la crítica política, debe preservarse -en la medida de lo posible- la distinción entre, por un lado, los adversarios políticos, y por otro, los actores facciosos, corporativos o extrainstitucionales. Solo al mantener esta distinción puede sostenerse una política de conflicto democrático sin caer en una lógica del populismo, que tensiona y pone en riesgo la vigencia de las instituciones formales de la República.

De forma que las implicaciones de la ideología republicana del Pueblo calan profundamente en nuestras instituciones y prácticas constitucionales, aunque muchas y muchos sentimos que, en nuestros días, estas no cumplen con sus aspiraciones más elevadas. De hecho, creo que la reiterada incoherencia entre los ideales a los que dicen dirigirse nuestras instituciones y el desierto de realidad que percibimos en su desempeño -con una deriva que con demasiada frecuencia recuerda a House of Cards o VEEP– constituye parte de lo que, en Costa Rica, ha empoderado a la visión populista de la política y del Pueblo. Y es este movimiento político el que, hoy día, cuestiona la visión políticamente igualitaria e inclusiva que subyace a la idea republicana del Pueblo de la Democracia.

A 100 años de la Ley de Accidentes de Trabajo, con jornadas de 8 horas, en la encrucijada de las nuevas condiciones de trabajo, ante las jornadas de 12 horas diarias

Vladimir de la Cruz

Las clases trabajadoras costarricenses empezaron a distinguirse con conciencia de clase a finales del siglo XIX. Iniciaron sus organizaciones con las sociedades mutualistas, las sociedades de socorros mutuos y las sociedades de mutuo auxilio, que eran organizaciones policlasistas, donde podían agruparse trabajadores, artesanos, obreros, estudiantes, patronos, hombres y mujeres en general. Mi abuelita materna Ofelia Rodríguez Rodríguez, perteneció a una de ellas en el siglo pasado, hasta su muerte.

Hacia 1870, por el impulso del padre Francisco Calvo, también fundador de la Masonería costarricense, surgen las sociedades de artesanos, las sociedades de obreros y las sociedades de trabajadores, que eran organizaciones clasistas, a las cuales solo podían afiliarse artesanos, obreros y trabajadores. Con éstas, la sociedad costarricense empezó a perfilarse y conocerse como una sociedad dividida en clases sociales.

A finales del siglo XIX, el Lic. Félix Arcadio Montero, el último Rector y Presidente de la Universidad de Santo Tomás, que se opuso a su cierre, destacó como un gran líder liberal en Costa Rica y en Centroamérica. Fundó el partido de Obreros y Artesanos, a finales de la década de 1880 y a principios de la década de 1890 fundó el Partido Independiente Demócrata, que afirmó esa conciencia clasista de los trabajadores, artesanos y obreros, cuando su partido llamaba a aglutinarse a los chaquetas, a los descalzos y descamisados contra el Olimpo y los Levitas, enfatizando en quienes estaban en el poder, y en las alturas políticas, y por la forma de sus vestimentas.

La lucha política de Félix Arcadio Montero, fue intensa. Obligó a que los partidos oligárquicos de ese momento, la mayoría liberales, impulsaran en su interior los llamados Clubes de Artesanos, Clubes de Obreros y Clubes de Trabajadores, como hace poco tiempo lo hacían los partidos Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y los partidos de izquierda, que tenían sus frentes, secciones y sindicatos de trabajadores.

Las luchas políticas de finales del siglo XIX hicieron que el partido Independiente Demócrata eligiera dos diputados, a Félix Arcadio Montero Monge y a Faustino Montes de Oca, y que uno de los partidos liberales eligiera diputado a su dirigente trabajador Víctor Golcher.

Las luchas políticas intensas llevaron a planear un atentado contra el presidente Rafael Iglesias Castro, cuya culpa se le echaron a Félix Arcadio Montero, motivo por el cual fue injustamente detenido y expulsado del país. A su regreso al país, en 1897, fue asesinado, envenenado, en el barco en que venía. Exaltado por el movimiento liberal centroamericano se le honró en su muerte. Casado con Rosa Segura Fonseca, sus hijos siguieron sus pasos liberales y vinculados al movimiento obrero y sus luchas, especialmente Bolívar, Arístides y Alejandro. Sus nietos, los Montero Vega, Álvaro y Arturo, también, militando en el Partido Comunista y su movimiento sindical, desde la gloriosa década de 1940-1948 hasta sus muertes, y uno de sus bisnietos, también ha sido dirigente sindical.

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, entre 1901-1903, las sociedades mutualistas y las de trabajadores dieron paso a las Ligas Obreras y a los Sindicatos, tal y como existen hoy.

La sociedad costarricense había cambiado. Se construían los barrios Aranjuez y Amón, entre 1890 y 1912, la electricidad era un factor de progreso. El capitalismo agrario se había desarrollado. Había fábricas de gaseosas, de cervezas, imprentas, telares e hilanderías, se construían grandes edificios, se vendía electricidad al servicio privado desde 1896 en Alajuela, Heredia, Cartago y San José.

Las luchas obreras internacionales se conocían en el país. Las luchas de los trabajadores europeos y estadounidenses por la jornada de 8 horas, en 1886, 1888 y 1890 fueron seguidas en la prensa diaria, que ya existía desde 1886.

Una de las primeras demandas e inquietudes de los trabajadores nacionales fue la jornada de trabajo de 8 horas, que desde 1913, empezó a presionarse y celebrarse con el desfile del Primero de Mayo, como día Internacional de los Trabajadores.

Los sindicatos que surgieron a principios del siglo XX avanzaron en luchas y en huelgas, defendiendo salarios y condiciones de trabajo. En 1905 se constituyó la primera Federación de Trabajadores, en San José. Siguieron las de provincias, que a inicios de la década de 1910 ya existían algunas.

En 1909, el Centro de Estudios Sociales Germinal, que impulsaron Joaquín García Monge, Omar Dengo, Carmen Lyra, José María Zeledón Brenes, los científicos Jiménez Rojas, con cursos de capacitación a los trabajadores, los motivaron y condujeron para fundar la primera Confederación General de Trabajadores, única en todo el país desde 1913 hasta 1923, que se disolvió para unirse al recién fundado Partido Reformista, del sacerdote y General Jorge Volio Jiménez.

La década de 1910 -1920 golpeó fuertemente al país, por la crisis provocada por la Primera Guerra Mundial y sus repercusiones, que crearon el ambiente para la llegada de Alfredo González Flores al gobierno, el impulso de sus reformas y el golpe de Estado que le dieron en 1917, entre otras cosas, por ese motivo.

De la crisis de la guerra mundial surgió la Revolución Rusa y su repercusión inmediata en Costa Rica, con el Dr. Aniceto Montero, que impulsó el Centro Socialista de Costa Rica, a modo de un partido identificado con las ideas comunistas, marxistas y especialmente leninistas. Cuando murió Lenin, en 1924, organizó desfiles de duelo con los trabajadores nacionales. También se dieron las condiciones para impulsar la Liga de las Naciones y la Organización Internacional del Trabajo, OIT,

La década de 1920 inició con el retorno a la democracia bajo el gobierno de Julio Acosta García, 1920-1924. En su gobierno fueron electos como diputados, que se identificaban con los trabajadores y sus luchas, José María Zeledón Brenes, Bolívar Montero Segura, el dirigente obrero Gerardo Matamoros, Jorge Volio Jiménez y Julio Padilla Romero.

A las luchas sociales de salarios, condiciones de vida y de jornadas de trabajo, a principios del siglo XX, desde 1908 hasta 1925, se dieron luchas y demandas para exigir una Ley de Accidentes de Trabajo, que protegiera especialmente a los trabajadores agrícolas que eran la mayoría nacional. Varias veces se intentó en el Congreso Nacional discutir y aprobar esta ley, sin éxito, pero luchando por ella cotidianamente.

Con el partido Reformista, enfrentando a los socialistas de Aniceto Montero, Jorge Volio había izado la bandera de la Ley de Accidentes de Trabajo, que era una demanda que venía en lucha desde 1908.

Se acababa de fundar la Organización Internacional del Trabajo, OIT, del 1 de febrero al 11 de abril de 1919, organismo hoy parte de las Naciones Unidas para fomentar legislación laboral y social, trabajando conjuntamente empleadores, trabajadores y gobiernos. En 1917 había triunfado la Revolución Comunista en Rusia y en 1922 se había constituido la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tuvieron mucha resonancia en Europa en esos años, exaltando el arribo de la clase trabajadora al poder.

Aún antes de la OIT, en Costa Rica ya se habían aprobado disposiciones ejecutivas y leyes que regulaban la relación trabajo-capital. Los trabajadores por su parte luchaban, demandaban y pedían regulaciones y leyes sobre sus condiciones de trabajo. Una de esas luchas se inició en 1908 demandando la Ley de Accidentes de Trabajo, adquiriendo fuerza esta lucha en 1925.

La ley aprobada no afectó a los terratenientes, a los cafetaleros ni a los bananeros dejando desprotegidos, en ese sentido a los trabajadores del campo, que pedían también atender las enfermedades endémicas y mordeduras de víboras entre otros accidentes de trabajo, y tener dispensarios médicos en los centros de trabajos agrícolas. Antecedente de esta Ley fue la Ley de Accidentes de Trabajo de México, de 1904, y lo establecido en la Constitución mexicana de 1917. Aunque no protegió a la inmensa mayoría de los trabajadores fue un avance muy importante.

En la constitución de la OIT se impulsó lograr mayor justicia social. Su trabajo se orientó a formular Convenios sobre distintas temáticas laborales y sociales.

El primero de sus Convenios internacionales del Trabajo, RATIFICADO por Costa Rica, es el del reconocimiento de la jornada de 8 horas diarias de trabajo y, luego, el de la semana laboral de 40 horas. Después siguieron los Convenios sobre salarios, sobre Higiene y seguridad del trabajo, el trabajo de las mujeres y los niños, el empleo, el paro y las migraciones, los seguros sociales y pensiones, riesgos profesionales, trabajos especiales, entre ellos el trabajo agrícola, el trabajo intelectual, el trabajo indígena, sobre los derechos de asociación de los trabajadores y sobre sus condiciones de vida.

El Convenio No. 12, aprobado en 1921 es sobre la reparación de accidentes de trabajo en la agricultura, que se amplió en el Convenio No. 17, de 1925, a la reparación de accidentes de trabajo y, por los Convenios números 18 y 19, de 1925, regularon la reparación de las enfermedades profesionales y la igualdad de trato en los accidentes de trabajo.

De inmediato a su fundación la OIT se preocupó en regular a los accidentes de trabajo, documentos que en la lucha de los trabajadores costarricenses por lograr la Ley de Accidentes de Trabajo no se conocían en ese momento. Sin embargo, la lucha iniciada desde 1908 para lograr la Ley de Accidentes de Trabajo era una necesidad en el país.

Las luchas políticas contra la dictadura de Tinoco y del inicio de la década de 1920, se habían fortalecido con las luchas huelguísticas y organizativas, desde 1918 hasta 1920, para lograr la jornada de 8 horas diarias, con la Ley No. 100 del 9 de diciembre de 1920.

La lucha por esta Ley de Accidentes de Trabajo era más de los sectores agrarios o campesinos que de los trabajadores urbanos. Al aprobarse esta Ley, la No. 53 del 31 de enero de 1925, sobre “Reparación por Accidentes de Trabajo” y sus reformas posteriores, se favoreció más la protección de los trabajadores urbanos, pero ya era una conquista social.

Desde aquellos años, hace 100 años o más, la preocupación por los accidentes de trabajo se agitaba como problema fundamental de los trabajadores, especialmente agrícolas. Durante años esa ley no se aplicó adecuadamente en su protección. Se mantuvieron las demandas por su cumplimiento y se reformó levemente sin detener los accidentes de trabajo, que siguen siendo una pesadilla para los trabajadores, sus familias, la seguridad social y el presupuesto nacional que tiene que atender estas situaciones. El Estado sigue indolente ante esta situación.

Los accidentes de trabajo son constantes y cotidianos. Hoy afectan tanto a trabajadores del campo como de las ciudades, y se regulan como todo aquello “que le suceda al trabajador como causa de la labor que ejecuta o como consecuencia de ésta, durante el tiempo que permanece bajo la dirección y dependencia del patrono o sus representantes, y que puede producirle la muerte o pérdida o reducción, temporal o permanente, de la capacidad para el trabajo”; es cualquier percance que le ocurra a un trabajador durante su jornada laboral, o es consecuencia del percance del trabajo que realiza el trabajador.

Desde 1925 se han venido regulando los accidentes de trabajo, los riesgos laborales y profesionales y las enfermedades ocasionadas por los trabajos. Hoy se atiende por la Caja Costarricense del Seguro Social y especialmente por el Instituto Nacional de Seguros y su excelente Hospital del Trauma, a la población ocupada formal e informalmente, de los sectores Primario, Secundario y Terciario de la economía nacional, que sufren estas situaciones laborales.

En los últimos cinco años, con jornadas de trabajo nacionales de 8 horas diarias, los accidentes de trabajo no bajan de 110.000 al año, y alcanzan hasta 130.000 al año, afectándose los hombres en un 75% y las mujeres en un 25%.

Con el sistema de jornadas diarias de 12 horas de trabajo que se quiere imponer, al estilo de las jornadas esclavistas del siglo XIX, los accidentes de trabajo aumentarán, por las mismas condiciones que existen, y se mantendrán con esas jornadas de 12 horas, por lo menos en un 40% más de las que ya se producen. Es decir, podrán alcanzar de los 160.000 a 170.000 trabajadores accidentados por año, aumentando igual el número de los trabajadores fallecidos por accidentes laborales.

Los accidentes de trabajo actualmente se concentran principalmente en la agricultura, la ganadería, la silvicultura y pesca, en la construcción, en la industria, en la administración pública, defensa y planes de seguridad social, en la construcción, en el comercio por mayor y por menor, así como en la reparación vehículos y motocicletas, en las Industrias manufactureras, las actividades de servicios administrativos y de apoyo y en las actividades de alojamiento y venta de comidas.

En la administración pública se produce el mayor número de accidentados, siguiéndole los sectores de la agricultura, la construcción y la industria. A nivel provincial Puntarenas, Limón y Guanacaste son las que reportan más siniestralidades laborales. Más del 90% de los accidentes de trabajo se producen en el mismo puesto de trabajo habitual, dentro o fuera del centro de trabajo. Por rango de edad la mayor cantidad de accidentes de trabajo se produce en trabajadores jóvenes, un 44%, entre 15 y 34 años, un 37%, entre los de 36 y 49 años, y un 18%. entre 50 y 65 años. En las mujeres trabajadoras a medida que aumenta la edad aumentan los accidentes.

De todos los accidentados un 78% resulta incapacitado entre uno y dos días, y el promedio de fallecidos por los accidentes de trabajo se mueve entre el 6% y el 10% de los trabajadores siniestrados. Los accidentes de trabajo se producen en las empresas que tienen menos de 9 trabajadores hasta las que tienen más de 50 trabajadores.

En el país hay más de 80.000 empresas sujetas a velar por la calidad de su trabajo y de sus condiciones de trabajo, de su seguridad e higiene ocupacional.

De acuerdo con el Convenio número 81 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los inspectores del trabajo están facultados para investigar estas condiciones y a la vez están facultados para impulsar o recomendar medidas a fin de que se subsanen los defectos que ellos adviertan en la instalación, el montaje, en los métodos de trabajo que constituyan razonables peligros para la salud o seguridad de los trabajadores. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo no tiene la cantidad de inspectores en capacidad de realizar estas tareas de inspección laboral. De esas 80.000 empresas no se visitan 3000 al año para precisar problemas en el incumplimiento de las condiciones de salud y de seguridad laboral que se debe tener.

Celebramos el centenario de la Ley No. 53 del 31 de enero de 1925, sobre “Reparación por Accidentes de Trabajo”. Pero no podemos dejar de decir que la legislación actual y el sistema de seguridad social que atiende esta situación sigue siendo deficiente.

Los sindicatos deben poner más atención a este problema. En la campaña electoral que ya está encima, los partidos políticos deberían comprometerse en atender con mayores recursos la inspección laboral y de la seguridad social y de mejorar, hasta donde sea posible, las instituciones de salud pública que atienden a los accidentados.

Compartido con SURCOS por el autor.

El reformismo como arma contrarrevolucionaria en América Latina

Rafael A. Ugalde Q.*

En memoria del abuelito de barba blanca, periodista, abogado, economista y filósofo, fallecido en Londres el 14 de marzo de 1883, cuyas herramientas destinadas a los trabajadores del mundo cobran hoy relevancia.

a) -. Fascismos y trabajadores: Cuando el pasado13 de marzo, cientos de jubilados argentinos son garroteados y arrastrados para ser procesados judicialmente por protestar contra sus pensiones de hambre, el gobierno de Javier Milei acusaba a las empobrecidas masas de pretender dar un “golpe” a la “institucionalidad”. Surgía, entonces, desde acá, a 5.720 kilómetros de distancia, la pregunta sin ambigüedades: ¿Cómo llegaron los trabajadores de la Argentina a esta encrucijada de neocolonialismo y nazi fascista?

La pregunta cobra relevancia en momentos que asistimos al nacimiento de un nuevo orden mundial multilateral, pues mientras un imperio de viejo cuño lanza coletazos y aranceles por todo lado como forma de recolonización y despojo de pueblos enteros, gastando así, sus últimas energías, junto a una vasta red de aliados multicolores y autodefinidos como “verdes”, “rosaditos desteñidos” y, en otras, ellos mismos definidos “alternativa trabajadora”, “izquierda”, ”progresistas”, ”centro”, ”socialistas demócratas” etc. La lista es larga y sus disfraces variados.

En uno de los análisis más brillante de lo que va de 2025, titulado ¿Por qué determinada izquierda marxista es funcional al imperialismo?, el pensador contemporáneo, Antonio Torres, repasa las diferentes estrategias políticas y militares entre marxistas, que vienen desde el siglo pasado, en torno cómo lograr la liberación de los trabajadores en el llamado mundo occidental, convertidos cada vez más evidente en “cosificación” desechable en el vasto mercado de mercancías y degradación a que condena el actual modelo productivo a la persona obrera, el empleado público, el campesino, el joven, el profesional, el intelectual etc.

A manera de sentencia dice: Hoy, 30 años después de no ver ni una sola “revolución proletaria” en la Europa oriental ni en la desaparecida Unión Soviética, sino más bien la implementación al principio de verdaderas terapias brutales de choque neoliberales y la posterior consolidación de países capitalistas, cada uno con sus peculiares características, integrados la mayoría de ellos en la OTAN y la Unión Europea, toda aquella verborrea en unos casos, como sesudos análisis en otros, suenan a delirio o bien a predicciones de pitonisa televisiva de altas horas de la madrugada especialistas en regalar los oídos con aquello que se quiere exactamente oír. (enlace para quienes quieren consultarlo: https://haizeagorriak.wordpress.com/2025/02/17/por-que-determinada-izquierda-marxista-es-funcional-al-imperialismo).

Con mayor crudeza, el sociólogo puertorriqueño, Ramón Grosfoguel, responsabiliza a la que, define como “izquierda tibia”, por el avance del fascismo en occidente. Refiriéndose, concretamente, a la Argentina y, cómo se preparan por años los” cuadros” financieros que desencantaron a las masas de trabajadores, hace referencia a Cristina Fernández, presentada en su momento, como lideresa de “izquierda”, “progresista”, entre otros ilusionistas calificativos.

El investigador puertorriqueño, Ramón Grosfoguel, responsabiliza a la “izquierda tibia” por los brotes de fascismo.

En ocasión de una conferencia magistral en la Casa de las América (Cuba), en noviembre de 2024, Grosfoguel atribuyó a la “izquierda tibia” su complicidad con la creciente aparición actual de las dos vertientes fascistas occidentales, desde la llamada Europa Comunitaria y desde el río Bravo hasta la Patagonia.

Donde quiera que ganan estos fascismos, pasó por allí una izquierda tibia”, sentencia Grosfoguel. Para mayor análisis consúltese https://www.youtube.com/watch?v=GkTvD-rV5Q0.

En todo caso, el periódico “Pagina 12”, en ocasión de esta inmisericorde represión desatada por lo que representa Milei – una oligarquía y burguesía argentinas que nunca han dudado en vender su alma al diablo, a cambio de las más repugnantes causas – nos deja ver como la actual cruzada liberalista pareciese encaminarse hacia una especie de “laboratorio” social para toda Nuestra América; esto a juzgar por Bukele en El Salvador, Álvaro Uribe en Colombia, Nasralla Salum en Honduras, Bolsonaro en Brasil, Noboa en Ecuador, Chaves en Costa Rica, Boluarte en Perú. En fin, la lista, es larga.

Solo 3 de 10 ven el país en la senda positiva, la inflación sigue segunda en el ranking de las preocupaciones y ya hay firmas advirtiendo que el acuerdo con el FMI tendrá rechazo social”, destaca Pagina 12.

En el caso de los trabajadores estatales, casi el58% rechazan la gestión del gobierno, en los jubilados el porcentaje roza el 55 % y la mitad de los que buscan trabajo desaprueban la política financiera, sintetiza la fuente.

Por su parte, la rancia oligarquía en Colombia, con más de 200 años echando sobre las espaldas del pueblo masacres de negros, indígenas, obreros y campesinos, hace de su defensa al “orden” democrático y la “institucionalidad” el encubrimiento perfecto para el criminal paramilitarismo, la corrupción e impunidad generalizadas, como política de Estado.

Estos, los defensores de la “institucionalidad” y “democracia” colombiana, desconocieron recientemente de un plumazo la voluntad de 11,2 millones de votantes que apoyaron en segunda vuelta a Gustavo Petro y su serie de reformas laborales, pensiones y en la salud pública.

Pequeños cambios políticos y socioeconómicos que tratan de pegar remiendos a una Colombia ultraconservadora, retratada en algún momento por novelistas como Jorge Isaacs, en” María” (1867), o el “Macondo” en “Cien años de soledad” (1967), de Gabriel García Márquez, con relaciones de producción propias entre amos y esclavos, en pleno siglo XXI.

Puede gustarnos o no esta realidad cercana al feudalismo; creer o rechazarlo, pero esta Colombia profunda no es la vendida en las novelas televisivas ni otros medios de propaganda como El Tiempo, la cadena Caracol y Semana. Es una realidad de un país fácilmente verificable, pues los vínculos de producción existentes mantienen a millones de trabajadores y trabajadoras en haciendas y fábricas, donde sus dueños, prácticamente, son sus propietarios , gracias a extenuantes jornadas laborales.

El pago de horas “extras”, después de las 6 pm, propuesto por Petro, es rebatido por todos los medios propagandísticos, con la consabida perorata globalista de que fomentará “desempleo”, cuando en realidad, la oligarquía y la burguesía colombiana han sido incapaces de terminar con el empleo informal o el desempleo de millones de seres humanos, que el año pasado, según cifras oficiales, superó el 10%.

En el fondo, este relato terrorífico, en cuanto perderemos “competitividad” y no habrá entonces empleo sí los trabajadores arrancan unas cuantas conquistas socioeconómicas a sus opresores, lo conocemos a la perfección también en Costa Rica, México, Guatemala, Honduras, Brasil, Uruguay etc.

No extraña, entonces que, el pasado 18 de marzo, millones de colombianos atendieran el llamado del presidente Petro para movilizarse en defensa de las reformas y las mayorías “oprimidas”. Solo en Bogotá, la capital colombiana, la Plaza Bolívar, resultó pequeña para albergar más de 50 mil almas.

¡Quedan, aún, en América, fuerzas capaces de echar a caminar el gobierno “de”, ”por” y “para” el pueblo. ¡Y esto asusta a unos pocos!

Presidente Gustavo Petro: las reformas se defenderán en las calles… (F. Infobae).

b)-. El robo: ¿Cómo en Haití, primer país de América en independizarse y hacer la primera revolución social (1791 – 1804), Cuba, El Salvador, Ecuador, Costa Rica, Bolivia, México, Venezuela, Guatemala o Perú etc., robaron a sus oprimidos los sueños de emancipación, libertad, igualdad, reforma agraria, democracia. ?

Bueno, dirían unos pocos, es que las revoluciones en Nuestra América es un proceso de “saltos” y “retrocesos”. Por lo tanto, es solo cuestión de esperar; algunos de éstos, hasta sacuden de vez en cuando la obra “Un paso adelante, dos pasos atrás” escrita por aquel genio político y militar del siglo pasado, como una táctica revolucionaria y nunca como concesión alguna a los revisionistas y reaccionarios de todos los tiempos.

No ha habido condiciones “objetivas” y “subjetivas”, replicarán algunos otros, con tufillo academicista y descontextualizando todo. El genio del que hablé anteriormente, en otras de sus obras, «La enfermedad infantil del izquierdismo» (1920), hace referencia a las desviaciones ideológicas por sectores pequeños y medianos burgueses, que perdían de vista la concientización, organización y articulación de los trabajadores como motor de toda revolución.

Estos izquierdistas en ninguna parte del mundo han hecho y sostenido “revolución proletaria” alguna. Las recientes desclasificaciones de documentos secretos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) evidencian como han sido instrumentalizados y usados para confundir a trabajadores, jóvenes, profesionales etc., para desmovilizar, dividir y atentar contra gobiernos con algunos atisbos populares o socialistas.

Es mediante el debate de ideas franco, sin segundas intenciones de sus lideres y lideresas alrededor del mundo, que los trabajadores asumen su compromiso, se organizan y se articulan, querámoslo o no, en el proceso de aseguramiento futuro suyo y las venideras generaciones.

Nada viene por “generación” espontánea, sino todo es producto del trabajo orientado a crear conciencia, en torno a que entre más sacudamos lo que parece quieto en nuestras sociedades, más profundas serán las transformaciones socioeconómicas en Nuestra América, por lejano que parezca para nuestros hijos, nietos y vejez.

Palabra más, palabra menos, este genio decía que, solo una vez construida esta especie de vanguardia (nota del suscrito: nunca se lograría con voluntarismo de la “izquierda ambidiestra” o “derechista”, masas desconcientizadas etc.), habría acciones suficientemente capaces de transformar el poder; pues la crisis por la crisis perdurará el estado de cosas a favor de las minorías, hoy responsables de la rapacidad nunca vista antes.

Por otra parte, la versión más generalizada en Nuestra América, a partir de la segunda mitad del siglo XX – con algunas excepciones a la regla – explicará que las transformaciones de fondo pasarán primero por cambios en el marco de la ” democracia” como la conocemos, para luego profundizar las reformas, supuestamente, para bienestar e igualdad de todos.

Este llamado “capitalismo del bienestar” tuvo ya su fin en todos lados. Tiene, por el contrario, a una clase dirigente europea inventando enemigos por doquier, exigiendo a las mayorías más impuestos, más sacrificios de toda índole, para alimentar la carrera armamentista y mantenerse así día y noche succionando la sangre de sus pueblos.

En un reciente artículo, la escritora argentina, Sara Rosenberg, radicada en España, artista y sobreviviente en la década del setenta de las mazmorras de su país, refleja con clara nitidez hasta dónde han llegado estos vampiros modernos. (Ver: “No haga caso a tu verdugo”; https://frenteantiimperialista.org/no-obedezcas-a-tu-verdugo-sara-rosenberg /).

Quizá, si regresáramos como humanidad a la era de los amos -minoría- y los esclavos – mayoría-, hasta llegar a nuestros días de burguesías y asalariados veríamos los estragos sucedidos hoy contra los trabajadores de América Latina y el Caribe.

Reconociendo múltiples diferencias de enfoque sobre el tema, es obvio para quien escribe estas líneas de que, cuando el grupo minoritario se apropia de tierras, herramientas, recursos, etc., la mayoría despojada de todos estos beneficios pasa, con el tiempo, a ser simples mercancías dependientes del primer grupo, quienes se han garantizado su perpetuidad controlando lo que conocemos como el Estado.

Entonces es, aunque nos disguste y nos tapemos los ojos, cuando las mayorías (intelectuales, profesionales técnicos, obreros, campesinos etc.), ofrecen a la minoría su único recurso disponible llamado trabajo, a cambio de un ingreso denominado salario, con el cual subsiste hasta nuestros tiempos. modernos.

Foto periódico Página 12.

Así, lo que el trabajador produjo con su esfuerzo, pertenece a otros, su ser profundo y transformador como persona humana, es despojado de todo en función del ir y venir de las mercancías. Esta dinámica real del mercado crea las ideas sobre artes, cultura, economía, justicia, política, educación, religión, moral, ética etc., transmitidas por diversos medios las mayorías que hacen suyas y hasta las defienden como propias. ¡La capacidad transformadora del ser humano está controlada por inhumanos!

El daño está hecho y el robo histórico consumado. Millones de latinos – caribeños, que en el pasado soñaron con ser independientes, libres, soberanos, hermano del que está al lado, encuentran ahora infranqueables fronteras, el hermano suyo, es su enemigo jurado, por un salario de hambre, por una casa, un título, un puesto, entre otros.

Queda obligado, así, a ver con” normalidad” y, hasta justificar, la interminable fila de gente en harapos, la niña excluida de la escuela “gratuita y obligatoria”, vendiendo perfumadas rosas y pisando a tan temprana edad el umbral de la madre soltera o la prostitución; el varoncito, limpiando zapatos o gritando “la noticia” del día, viendo cómo se llega a sicario exitoso o un ejemplar “emprendedor”.

No es un asunto de poner éste o a aquel personaje a gobernar. Es un problema creado por quienes controlan la mayor parte de los recursos claves para la producción, por concentrar el mayor porcentaje de riqueza. El asunto es más sencillo de lo que parece.

Fuentes oficiales, como Naciones Unidas y de los Estados Unidos, dan cuenta que el 10% más rico del mundo posee el 76% de la riqueza, en contraste con la mitad más pobre del planeta, que posee un 2%.

La apropiación de estos recursos para la producción de mercancías controlada por esta minoría inescrupulosa hace que el 1% de los multimillonarios tuviera en 2024 concentrada la riqueza, mientras un 95% de la población mundial pasándola mal.

En América Latina, Oriente Medio y África del Norte, el 1% más rico concentra casi la mitad del capital. Y en los Estados Unidos, primera potencia militar del orbe, un hogar negro medio solo posee el 15,8% de la riqueza de un hogar blanco medio.

Son las reglas de la “institucionalidad” que “globalistas” de las familias agroexportadoras en nuestro país están enfrentadas con las castas “proteccionistas” locales, ocultando así, la profunda contradicción de clase, con la amenaza incluso, de echar mano a una mayoría politiquera de costarricense para resolver sus diferencias que se sabían llegarían tarde o temprano.

La globalización con su libre mercado como colonización abierta está llegando a su final y el proteccionismo se abre paso como nueva forma cerrada de recolonización. Sí alguna duda cabe al respecto, véase a quienes no se cansan de chorrear por sus medios de comunicación la defensa del impuesto a la colectividad que significa su negocio especulativo de devaluar el colón costarricense respecto al dólar, y quienes están dispuesto a todo para defender sus multimillonarios negocios con las importaciones y una moneda local fuerte frente a la divisa extranjera.

Logran así, mantener lejos del debate de fondo a las mayorías sobre qué país queremos en la próxima década en el campo de la seguridad y la equidad social, qué etapas incluyen el urgente desarrollo de la robótica y la innovación tecnológica desde nuestra escuela primaria, en función de nuestro adelanto para el campesinado, la educación pública, las ciencias agropecuarias, medicina, cirugía, la ecología, el océano etc. Naciones en la región nos tomaron ya ventajas en campos como la Inteligencia Artificial y la robótica.

Rehúyen ir a fondo de la discusión sobre cómo estas mayorías participarán directamente en la devolución de los impuestos pagados, en forma de casas para quienes son “esclavos” de rentas mensuales o destinados a las artes, los deportes y la recreación para todos, etc.

c-. Ni “Suiza” ni “igualiticos”: El cuento es de vieja data, tendiente a qué creamos que las relaciones sociales y de producción entre el europeo intruso y nuestros pueblos originarios fueron bastante distintas, respecto con el resto del continente, ante la supuesta ausencia de riquezas y escasa población.

Es decir, tuvimos suerte, porque lo que será Costa Rica era tan pobre, pero tan pobre, que el invasor europeo y la posterior época de despojos y saqueos obligó a todos a labrar la tierra por igual para no morirse de hambre, mientras en el resto del continente la pasaban feo. Dios, desde entonces, parece nos protegía; porque años después nos mandó la venerada y patrona de los costarricenses: La Virgen de los Ángeles.

“Globalistas” y “proteccionistas” costarricenses agarrados de las mechas y apostando quién hace más propaganda contra la democracia realmente participativa. (F. La Nación 18/3/2025).

Esta “leyenda” oficializada desde la escuela mixta de Miramar de Montes de Oro y defendida por unos pocos aún en 1975 en los cursos de humanidades de la benemérita de la educación costarricense (U.C.R.), en gran medida, encontró eco con la masificación de la música mexicana mediante la expansión de la radio. Así fue como, desde mitad del siglo pasado, se popularizó la canción “ranchera” “Tan linda es mi Costa Rica” del gran compositor nicaragüense, Tino López.

El “rey del falsete” y su “chorro” de voz, el mexicano Miguel Aceves Mejía, catapultó para los chauvinistas locales – no dejaron pasar la oportunidad para resaltar como somos la “Suiza Centroamericana”, fruto de una supuesta igualdad entre saqueados y saqueadores-, donde la “Virgen de los Ángeles” vio la cosa tan bonita, pero tan bonita, que “al cielo jamás regresó”, escribió López.

¿Estafa o realidad? Lo cierto del caso es que, de esas relaciones primarias de producción en la antigua provincia de Costa Rica, basadas en cultivos como trigo, cacao o tabaco, hubo unos pocos proyectados años después como “La dinastía de los conquistadores”, según la obra cumbre de Samuel Stone.

Acumulación originaria, que hasta dónde conocemos, excluirá a la mayoría de quienes empujaban el arado y arreaban el equino en el cultivo de trigo, cacao, tabaco, maíz, frijoles, caña de azúcar, entre otros. Por el contrario, una casta de piel clarita aparecerá siempre, muchos años después, ligados a la tierra, al comercio, haciendo leyes y vinculada como clase satélite de los grandes centros de poder mundial, fotografiada con gran seriedad y profundidad en la obra “La dominación cultural en el subdesarrollo” de nuestro investigador, Daniel Camacho.

En esta línea de pensamiento traigo a colación una página entera del diario La Nación publicada el pasado 18 de marzo de 2025, que sirve de ejemplo cómo quienes han controlado para si la llevada y traída “institucionalidad democrática “obtienen máximos beneficios de la casi inexistente participación directa de los trabajadores, campesinos, jóvenes, gente sin casa, desempleados, pensionados etc., gracias a décadas de reformismo e ideologización de las masas.

En contraste, un informe, por ejemplo, del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR), en su análisis para el II trimestre 2023, había advertido que el 10% más rico en nuestro país percibía 18,3 veces más que el 10% más pobre, mientras que en mayo del 2023 recibían 20,7 veces más ingresos, en los primeros cinco meses del 2023.

El quintil del selecto grupo de ricos que reporta mayores ingresos tiene un ingreso promedio de ₡3.389.721 a mayo del 2023, alrededor de ₡340 mil más que en noviembre del 2022, mientras que la base amplísima del grupo, con menos ingresos, gana ₡163.699 y, para empeorar, alrededor de ₡3 mil menos que en noviembre 2022, según informó el semanario Universidad en su edición electrónica del 30 de agosto de 2023.

En el contexto contra esta marcada desigualdad social y falta de soluciones reales qué significa el “reformismo” afincado en Costa Rica, el analista e historiador, Oscar Barrantes, vaticinó que nuestra democracia urge de una especie de “modernización” a fondo, para dar contenido auténtico y creíble, sobre el gobierno “del”, “por” y “para” el pueblo.

Refiriéndose al reformismo, opina que no es una propuesta coherente en ningún lado para las grandes mayorías. Hace además referencia en su “reflexión” sobre los problemas mundiales, dejados por la llamada “globalización” y el surgimiento del” proteccionismo”, en relación con los enfrentamientos que estamos viendo en nuestro país entre los grupos históricamente monopolizadores del poder político y económico.

Apuesta a que las víctimas, pese de la fuerte ideologización que viven, decidan en su momento una verdadera transformación democrática, con sinceros anhelos de independencia y aspiraciones a un programa diáfana de lucha por un Estado soberano, moderno y originario de derechos plenos y universales, tales como salud, educación, cultura, recreación, pensiones, deporte, organización social, reflexión autónoma, espiritualidad y acceso real y plena expresión etc.

Es posible, según sostiene, avanzar en la medida que, formemos y organicemos el debate sapiente, filosófico, lúcido sobre la realidad nacional, en forma integral, como músculo moral y consciente para enfrentar al enemigo social y neocolonial con inteligencia y objetivos concretos dentro de las alianzas, coaliciones y frentes unitarios popular, en el plano nacional.

Sin la necesaria elaboración de las doctrinas del nuevo Estado popular, democrático y soberano – enfatiza- la transición hacia una economía mixta y de impulso real a la micro y pequeña empresa agrícola, industrial, alimentaria, pesquera, mecánica automotriz, naval y aérea, así como un desarrollo de la innovación tecnológica acorde con nuestras necesidades, serán sueño y caldo de cultivo de reformistas y oportunistas.

Contrariamente, de cara a las elecciones generales de 2026, los tradicionales conciliábulos, amigos del consenso y especialistas en estirar “puentes”, sostienen que todo es cuestión de “ajustar” algunas cosas que salieron mal en el desarrollo de nuestro proyecto como país y “focalizar” a quienes tuvieron poca suerte con el plan socioeconómico.

Mientras encuentran sus soluciones entre quienes tienen todo y otros casi nada: cantemos. Señores Mariachis, arranquen en tono de la: ¡“Tan linda es mi Costa Rica que la Virgen de los Ángeles bajó, y cuando la vio tan bonita al cielo jamás regresó”.

*Periodista, abogado y notario por la U.C.R. 

Poner a los pobres en la agenda

Manuel Delgado

Decía la presidenta de México Claudia Sheinbaum que “lo que no se nombra, no existe”. Y, efectivamente, una manía de la ideología oficial es ocultar, invisibilizar, porque de esa manera los problemas que no se mencionan salen de la agenda social. Muchos de los mensajes políticos, documentos de índole social, prospectos de programas de unidad popular y otros, no son deficientes por lo que dicen, o solo por lo que dicen. Su mayor deficiencia es lo que no dicen, lo que pretenden mantener en el olvido.

De la pobreza se habla porque sencillamente no se puede dejar de hablar, pero se le trata de manera general y semiescondida, envuelta en un tumulto de otros temas que le atañen solo de lejos. El gran tema de la pobreza, que consiste en la mala distribución de la riqueza, en el acaparamiento del tesoro por parte de unos pocos y el reparto de las migajas para el resto, ese tema nunca se menciona.

Y este, y no otro, es el tema esencial, la piedra nodal, de nuestra sociedad. Si en algo queremos cambiar este país, hay que comenzar por allí. Una mejor distribución de la riqueza es la puerta que abre el camino a la solución de todos los demás problemas.

¿Cómo acometer esa tarea de distribuir la riqueza? No creo que a eso se pueda responder en una frase, pero podríamos mencionar varias. La primera es que hay que elevar los salarios, en especial los de la empresa privada, que son los que se han quedado más rezagados. Debe instaurarse un sistema de salarios crecientes, ajustables no a la inflación sino al aumento de la productividad y la producción, al incremento del producto interno bruto. Segundo, hay que dotar al trabajador de herramientas eficientes para la defensa de sus derechos, en particular de sus sueldos. Lo principal en esto es la protección y el fomento de los sindicatos y otras asociaciones de trabajadores, así como la tutela de sus derechos a negociación colectiva y a huelga.

Parte de estos salarios individuales son las prestaciones sociales y, muy especialmente, las pensiones. Hay que defender el derecho a la pensión, que incluye una reducción y no un aumento, de la edad de retiro y, al mismo tiempo, un aumento y no una reducción de los beneficios. La derecha nos ha atosigado con la vergüenza de las pensiones de lujo, pero nada dice de la vergüenza de las pensiones miserables con las que tiene que hacer frente un enorme porcentaje de la población de tercera edad. Hay que acabar con esas pensiones vergonzosas, vergonzosas por bajas, y darle a nuestra población el derecho a una ancianidad digna. Pero ninguna de estas cosas debe hacerse a costa de los mismos trabajadores.

En una época en que la estructura etaria de la sociedad ha cambiado tanto, ya no puede seguir rigiendo el principio de que sean los trabajadores activos los que sostengan los beneficios de los pensionados. Por el contrario, esa tarea debe ser de toda la sociedad, es decir, del estado, del fisco, que debe ser financiado por impuestos cada vez más progresivos.

Yo no creo correcto que volvamos a insistir en dedicar un porcentaje IVA a esta tarea. Tampoco, que se le pongan impuestos (es decir, tomarle parte de sus ganancias) a las empresas estatales. Eso es recurrir una vez a la vieja manía de repartir los impuestos indirectos, en pasarle el fardo a los trabajadores. Así, por ejemplo, una norma para que el ICE entregue parte de sus utilidades al régimen pensiones redundará, más tarde o más temprano, en un alza de las tarifas de los hogares.

Este último tema es la otra gran clave para redistribuir la riqueza: urge una reforma fiscal profunda, que cobre impuestos a los grandes capitales y libere a los pobres del pago de impuestos. Al mismo tiempo, deben acabarse la evasión y elusión fiscales, de los que todos saben y acerca de lo que también se habla cada vez menos. Ambas cosas todos las sabemos, solo que ahora parece que hemos entrado en una época de pánico donde el asunto no puede siquiera mencionarse. Tememos molestar al capital, que sueña con vivir feliz y en paz, amasando sus millones día con día. Sobre todo, creo que nos da miedo a que nos tilden de extremistas o de comunistas, lo cual no sería del todo descabellado.

Una cuestión fundamental que debe ocupar lugar relevante en una agenda de reforma social es revertir las leyes del gobierno de Alvarado y sus aliados, las cuales empobrecieron a los trabajadores y mantienen sometida a la parálisis la función pública. El llamado plan fiscal queda incluido en lo que ya dije, pero hay que repetir que esa ley ultrarregresiva les restó enorme poder adquisitivo a las clases trabajadoras, además de que complicó enormemente la administración tributaria. Lo mismo puede decirse de la norma fiscal, acerca de la cual no hace falta evaluar nada: todos sabemos que ha hecho un enorme daño a las instituciones del estado y ha hecho retroceder décadas la labor social del estado. Hay que mandar al cajón del olvido la ley de empleo público, y proceder a una reforma verdadera, profunda y, sobre todo, humana, del empleo público y del aparato estatal. Por supuesto, queda dicho, hay que devolverles a los trabajadores su derecho a organizarse y a manifestarse. Hay que descriminalizar la protesta social.

Un programa de acción social y política constaría de muchos puntos más, porque la sociedad es un ente muy complejo y porque los problemas no se han atacado desde hace tiempo, haciendo que la sociedad se deteriore en muchos campos. Pero esta línea central de reforma económica, de distribución de la riqueza y fiscal, la única ruta que puede abrir camino a las otras reformas, al rescate de la Costa Rica solidaria y a un futuro de justicia y progreso.

Análisis de Coyuntura Fiscal 2024

El Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional presentó el análisis de la situación fiscal del país al finalizar el año 2024, con el objetivo de contribuir con la discusión de la coyuntura fiscal y del estado de la economía de Costa Rica.

Según el informe, los ingresos totales del gobierno central presentaron una reducción al cierre del año 2024, explicada por una caída de los ingresos tributarios como porcentaje del PIB (0,26% menos) con respecto al 2023. Destaca la reducción significativa en el impuesto a los ingresos y utilidades (renta), que bajó del 5% del PIB por primera vez desde 2021, alcanzando un 4,93%.

El impuesto al valor agregado (IVA) mostró una recuperación ligera con respecto al año anterior, llegando a 4,93% del PIB, 0,07% más que en 2023. Por su parte, el impuesto selectivo de consumo aumentó su participación en los ingresos tributarios, alcanzando un 0,65% del PIB en 2024, impulsado principalmente por la importación de vehículos.

En cuanto al gasto público, en 2024 las cifras muestran un aumento con respecto al PIB en comparación con el año anterior, consecuencia de un mayor gasto en remuneraciones (5,75% del PIB), un ligero incremento en el pago de intereses (4,83% del PIB) y un crecimiento en el gasto de capital (1,44% del PIB).

El informe señala que el país presentó en 2024 un superávit primario de 1,06% del PIB, menor al 1,55% registrado en 2023, mientras que el resultado financiero mostró un déficit de 3,77% del PIB, superior al 3,26% de 2023.

Un dato positivo es que la deuda del gobierno central alcanzó el 59,75% del PIB en 2024, quedando por debajo del 60%, lo que permite liberar el crecimiento del gasto público y evitar restricciones en el gasto de capital.

El Observatorio advierte que la posibilidad de hacer un ajuste fiscal por el lado del gasto se acabó, y hace un llamado a evitar un debilitamiento adicional del sistema tributario con más reducciones de impuestos o incorporaciones de nuevas exoneraciones, pues el deterioro de los ingresos públicos afectaría la posición fiscal del país.

Para conocer el análisis completo de la situación fiscal del país al finalizar el año 2024, puede descargar aquí el documento completo elaborado por el Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional.

¿Qué puede hacer una fracción legislativa con 40 diputados? Expertos lo analizan

  • Necesidad de negociación es imprescindible aún y cuando exista mayoría calificada en una sola fracción.

  • Recientes elecciones, situación política actual y sistema de elección de diputados hacen difícil que una sola agrupación obtenga esa mayoría.

UNA Comunica. 31 de marzo de 2025. “Se necesitan al menos 38-40 diputados para cambiar el Poder Judicial”, dijo el presidente Rodrigo Chaves en una conferencia de prensa el 16 de enero anterior.

Cuarenta se ha convertido en un número predilecto tanto para el mandatario como para la diputada oficialista Pilar Cisneros, quienes, a menos de un año de las elecciones nacionales, lanzan señales a la población de cómo debería conformarse la Asamblea Legislativa para el cuatrienio 2026-2030.

Pero, ¿es realista que un partido político, en la coyuntura actual, puede llegar a tener una mayoría calificada de mínimo 38 diputados? Y de ser así, ¿qué ventajas le daría a una fracción en la gestión legislativa? Junto con Edel Reales, gerente de la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, y José Andrés Díaz, coordinador del programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA), se profundizó en ambos temas.

En la historia política del país son muy pocas las ocasiones en que un partido ha tenido ese nivel de mayorías. Habría que remontarse a 1953, cerca de la fundación de la Segunda República, cuando Liberación Nacional obtuvo 40 de 45 escaños de aquel momento y luego al periodo 1986-1990 en el primer gobierno de Oscar Arias. En ese momento, la fracción oficialista alcanzó los 29 diputados, que significa una mayoría simple y que le permitía aprobar proyectos de ley sin necesidad de sumar votos de otras agrupaciones.

Sin embargo, con la caída del bipartidismo (Liberación Nacional-Unidad Social Cristiana) y la irrupción en el ajedrez político del Partido Acción Ciudadana (PAC) en el 2002, el tablero se resquebrajó. Entonces, el fraccionamiento en la composición legislativa fue la tónica, con grupos políticos minoritarios que requirieron un mayor esfuerzo político y de negociación de todas las agrupaciones, para sacar adelante la agenda de proyectos de ley.

Este es el escenario hoy. Rodrigo Chaves asumió el mandato en el 2022 con solo diez diputados del partido político que lo llevó al poder (Progreso Social Democrático). Sin embargo, su línea de pensamiento la siguen solo ocho congresistas ante las diferencias con la legisladora Luz Mary Alpízar (presidenta, a su vez, de dicho partido) y con María Marta Padilla, quien se declaró independiente.

Para cualquier gobierno contar con una mayoría parlamentaria sería un anhelo innegable. “Las grandes mayorías favorecen mucho el tema de la legislación”, apuntó Edel Reales. Esto podría reflejarse, por ejemplo, en la posibilidad de aprobar vías rápidas para el trámite de proyectos de ley, evitaría también que el texto pase por una comisión legislativa (donde se votan mociones de fondo, se llama en audiencia a las partes y se dictamina a favor o en contra de una iniciativa) y que el texto pase de manera directa al Plenario.

Otra ventaja es que facilitaría la elección del Directorio Legislativo, cada 1º de mayo, donde, entre otros puestos, se elige a quien ocupe la presidencia del Congreso. Con ello, permitiría a esa fracción influir sobre la conformación de las comisiones legislativas que, aunque deben tener representatividad de todos los partidos, le daría a una sola fracción una amplia mayoría para dominar el debate.

“Podría, incluso, promover reformas en el reglamento de la Asamblea Legislativa, sin necesidad de negociar”, agregó José Andrés Díaz. A eta mezcla de prorrogativas se suma una que ha sido de alto interés para el actual Poder Ejecutivo: las reformas a la Constitución Política, las cuales deben seguir un procedimiento especial.

La forma en que operan instituciones como la Contraloría General de la República o el Poder Judicial han estado en la mira del presidente Chaves. De acuerdo con Edel Reales, estas iniciativas se deben presentar en periodos de sesiones ordinarias, darse tres lecturas del proyecto en el Plenario, discutir y votar su admisibilidad y, de resultar favorable, enviarse a una comisión especial que lo dictaminará sin posibilidad de hacerle reformas. Todos estos procesos pueden aligerarse con una mayoría parlamentaria.

A pesar de lo anterior, ambos expertos no ven como garantía absoluta de agilización parlamentaria que una fracción posea una mayoría calificada. Siguiendo con el ejemplo de la reforma constitucional, Rosales indicó que el texto deberá pasar luego al Plenario donde ahí los diputados pueden ejercer su derecho de enmienda.

“Usted podrá tener una gran mayoría, pero va a llegar el momento en que tendrá que negociar. Porque cada diputado podrá incluir mociones y por cada una de ellas tener derecho para hablar hasta por 10 minutos. Y podrá proponer mociones de fondo, de orden, de consulta y un montón de instrumentos jurídicos que son parte del derecho parlamentario y que puedan atrasar el proceso”, indicó Reales.

A lo anterior se suma el hecho de que, en un escenario hipotético de que el grupo afín al presidente obtenga esa mayoría, será necesario tener una ideología partidaria clara de la que 38 o 40 diputados sean parte, según explicó José Andrés Díaz. “Históricamente, en Costa Rica eso no ha pasado porque tenemos una cultura de partidos políticos muy débil. Es muy fácil encontrar ejemplos de diputados que se declaran independientes, aún en agrupaciones como el PLN o el PUSC o en otras emergentes, como el PAC o el Frente Amplio”, indicó el politólogo del IDESPO.

Ni siquiera en el supuesto de que Rodrigo Chaves renuncie a la presidencia y opte por una curul, y sea presidente del Congreso, sería garantía de esa unidad. “A diferencia del mandatario, que puede remover de manera libre a sus ministros, un jefe de fracción o presidente legislativo no puede quitar a un diputado porque vote un proyecto de otra manera o piense distinto. Entonces, los juegos por el equilibrio del poder aumentan”, agregó Díaz.

En el fondo, contar con una mayoría de esta magnitud y en el contexto político actual, representa un riesgo para la democracia, advirtió José Andrés Díaz. “Los sistemas democráticos se construyen de pesos y contrapesos para evitar una concentración del poder. Para eso tenemos tres poderes separados y con independencia, donde todos tienen diversas voces y sin que se dé cabida a la imposición”.

Situaciones como las que se viven en El Salvador o en Nicaragua, donde las mayorías legislativas ligadas al oficialismo han dado un poder amplio y prácticamente absoluto a quien gobierna, son parte de esos riesgos que señaló el experto.

Panorama difícil

Ambos expertos ven poco probable que un partido obtenga una mayoría de tal magnitud en las próximas elecciones. “La identidad partidaria, como se veía antes con el bipartidismo, es muy complicado retomarla y lo que se ha generado ahora es una ‘municipalización’ de los diputados. La gente vota a lo seguro, por tener a un legislador que represente mi región y me pueda defender y eso lo ve uno fuera de la Gran Área Metropolitana”, manifestó Reales.

Otro factor tiene relación con la forma en que se eligen a los diputados con un sistema de cociente y subcociente. El primero se obtiene al dividir el total de votos válidos obtenidos en la elección entre la cantidad de curules (57) y el segundo al dividir en dos el cociente. El partido que no alcance esa cifra mínima no tendrá derecho a participar en la distribución de los escaños, lo que genera una barrera a los partidos políticos participantes.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Elecciones en Ecuador: La esperanza tiene rostro de mujer

Félix Madariaga Leiva
Periodista

A menos de 15 días para que el pueblo ecuatoriano vuelva a las urnas con la esperanza de retomar la senda de la libertad y la democracia, la candidata del pueblo, Luisa González, suma cada día más adherentes a su campaña presidencial. Con el apoyo del Movimiento Indigenista, se ha roto el empate técnico del cual fuimos testigos en las elecciones de febrero. Los ciudadanos están cada vez más convencidos en los cambios que González traerá, dejando atrás un mal gobierno, conducido por el empresario Daniel Noboa.

El domingo 23 de marzo se realizó el último debate presidencial en Ecuador, previo a las elecciones presidenciales del próximo 13 de abril. Luisa González, representante del movimiento Revolución Ciudadana (RC), y el actual presidente, Daniel Noboa, del Movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), se enfrentaron en lo que prometió ser un momento decisivo para el futuro político de ese país.

La segunda vuelta se vive en un momento complejo para Ecuador, con una profunda crisis de inseguridad, donde los asesinatos, extorsiones y robos son pan de cada día, lo que ha llevado a miles de ecuatorianos ver en la emigración la única solución a sus problemas.

En un escenario bastante viable, la candidata Luisa González se perfila como la primera mujer presidenta de Ecuador, destacando por su preparación y seriedad ante su adversario Daniel Noboa. Durante todo el debate presentó argumentos y cifras que su contrincante no pudo explicar o que simplemente desconocía, dedicándose a defender su nefasta administración con mentiras, cayendo siempre en el juego de denostar a su oponente. Sin duda le faltaron argumentos sólidos, se le vio nervioso y timorato, leyendo respuestas – seguramente preparadas por sus asesores – desconectado de la realidad de su país, algo recurrente en los candidatos de derecha, atacar, menospreciar y negar, intentando confundir al electorado.

Desde el primer minuto, Luisa González – que cuenta con el apoyo del expresidente Rafael Correa – se mostró segura de sí misma, respondiendo francamente todo lo que se le preguntó. Estamos seguros de que quienes ya estaban decididos a votar por ella reforzaron su compromiso, y quienes estaban indecisos, se han acercado a sus posiciones. Mujer valiente que no tuvo miedo de encarar a Noboa, quien está haciendo uso de todo el aparato del Estado para dar vuelta una situación que no lo ve ganador.

El quién es quién

Noboa representa a los sectores oligarcas de Ecuador con apoyo político, diplomático y mediático de potencias europeas y mayoritariamente de la administración de Donald Trump. Con casi ninguna experiencia política, es cercano a los sectores empresariales y grupos económicos dominantes, lo que no es de extrañar, siendo hijo del magnate bananero Álvaro Noboa, quien postuló sin éxito a la presidencia de Ecuador en cinco ocasiones.

Noboa fue electo como presidente el 15 de octubre de 2023, tras competir con la actual candidata Luisa González en las elecciones anticipadas que se desarrollaron en Ecuador luego de que el entonces presidente Guillermo Lasso disolviera la Asamblea Nacional.

Noboa ha señalado que un nuevo período presidencial le permitirá controlar de mejor forma la escalada de criminalidad y violencia, fortaleciendo la fuerza pública para el combate al crimen organizado. Hecho sumamente preocupante, ya que la lucha contra la delincuencia en el país se ha visto cuestionada por las violaciones a los derechos humanos de la población civil.

En vísperas del examen de Ecuador ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional señalaba su preocupación ante el deterioro de la situación de los derechos humanos en ese país, afirmando que:

Frente al aumento de la violencia, el presidente ha optado por un enfoque de mano dura en cuanto a las políticas de seguridad, y ha calificado a las organizaciones dedicadas al narcotráfico de “terroristas”, declarado la existencia de un “conflicto armado interno” y prorrogado contantemente estados de excepción en el marco del denominado Plan Fénix. Amnistía Internacional considera preocupantes las denuncias existentes sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas en este contexto – como las miles de detenciones llevadas a cabo con escasa evidencia de garantías procesales, actos de tortura y otros malos tratos dentro de las prisiones, y ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas – , presuntamente perpetradas por las fuerzas armadas durante las operaciones de seguridad. Estas actividades se han realizado con opacidad, y las personas defensoras de los derechos humanos que han denunciado los abusos se han visto estigmatizadas por las autoridades de alto nivel, incluido el presidente”.

Luisa González, candidata oficial del Movimiento Revolución Ciudadana, es una abogada y ex asambleísta de 47 años, se convirtió en la primera mujer en pasar a una segunda vuelta electoral en el país, con vasta experiencia, ocupó varios cargos públicos durante la presidencia de Rafael Correa y su consigna es “Revivir Ecuador”, afirmando que “La Revolución Ciudadana es un proyecto de Patria, buscamos la justicia social, la vida en armonía, paz, y el día de hoy revivir un país que agoniza por la falta de empleo, salud, de educación, devolver la esperanza y la alegría de días mejores”.

Apoyada por grupos, partidos y movimientos progresistas y de izquierda, se sumó en las últimas semanas, el movimiento indígena que “frente al avance de una derecha violenta y antidemocrática, es momento de dejar diferencias de lado y actuar juntos por un país más justo”, anunció el partido Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), al entregarle su apoyo a la candidata.

González se ha comprometido en temas claves para Ecuador como la defensa del seguro social y los derechos laborales, la salud pública y trabajar en las consultas populares del Yasuní (zona del Ecuador rica en recursos petrolíferos y con gran cantidad de indígenas), y detener la pérdida de soberanía en relación a la presencia militar de Estados Unidos en suelo ecuatoriano (que había terminado bajo el gobierno del ex presidente Rafael Correa quien cerró la base militar de Manta y se expresó constitucionalmente con la imposibilidad de crear nuevas bases extranjeras).

Al contrario, Noboa – con la idea de fortalecer el control interno ante posibles alzamientos sociales – y como punto de vigilancia estratégico de esa zona del Océano Pacífico, ve una posibilidad cierta la instalación de una base militar en el archipiélago de las Galápagos. En febrero del 2024 el gobierno de Noboa firmó un Tratado de cooperación militar con Estados Unidos, que establece que “buques, personal militar, armamento, equipamiento y submarinos podrán instalarse en ese archipiélago declarado Patrimonio Natural de la Humanidad, por la Unesco, en 1978”. Un acuerdo político militar que interviene la soberanía ecuatoriana sobre las Galápagos, territorio a 965 kilómetros de la costa continental ecuatoriana.

Hay una clara necesidad de cambio que favorece a Luisa González como lo han demostrado las últimas encuestas, 13 millones de ecuatorianos están llamados a votar el próximo 13 de abril de 2025 para elegir, en segunda vuelta, al presidente o presidenta Ecuador para el periodo 2025-2029.

Ecuador tiene derecho a construir su futuro con dignidad, libertad y democracia y no en base a la violencia, los intereses de potencias extranjeras y de los grandes grupos económicos, representados por Noboa. Confiamos en la victoria de Luisa González y del pueblo ecuatoriano junto a ella.

Fuentes:

https://www.telesurtv.net/encuesta-luisa-gonzalez-lidera-intencion-de-voto-de-cara-a-segunda-vuelta-en-ecuador/

https://confirmado.net/luisa-gonzalez-llama-a-la-unidad-para-lograr-un-pais-que-viva-en-libertad/

https://www.elindoamericano.cl/index.php/2025/03/18/ecuador-segunda-vuelta-presidencial-en-un-pais-en-crisis/ (Artículo para Hispantv)

https://www.eluniverso.com/noticias/politica/cual-es-el-plan-de-gobierno-de-luisa-gonzalez-nota/

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/ecuador-tras-un-ano-de-mandato-el-presidente-noboa-debe-impedir-abusos-y-opacidad-en-las-politicas-de-seguridad/

Fotos de Instagram: @luisamgonzalezec

Salir a la calle

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Había que salir a la calle” dice la voz en off del actor argentino Guillermo Francella, mientras un mar de gentes inunda las inmediaciones del Obelisco, en Buenos Aires. “Nosotros éramos el tsunami”, dice mientras se suceden las imágenes de una Argentina desbordante, sufriente, altiva, luchadora, en el mundial de fútbol de Qatar en 2022.

Un documental epidérmico y profundo como pocos, es el que llegué a ver tardíamente dos años después de su estreno. “Muchachos: la película de la gente” es una producción dirigida por Jesús Braceras, que intercala en varias ocasiones imágenes de los distintos partidos que la selección de fútbol de aquel país jugó en ese mundial, con videos de las y los aficionados en sus casas, transporte público, restaurantes, bares, altares. Una antropología de las emociones.

El resultado ya todos los sabemos.

Pero eso es una anécdota alrededor de lo que implica una actividad que, como pocas, puede generar en algunas ocasiones un pacto social a prueba de todo ataque, de todo intento de disolución.

Porque sí. El fútbol en Argentina es un acto devocional y el más político de los actos fuera de la cosa orgánica, esa que hizo instalar una figura que supo traducir el enojo y el descontento colectivo, en un discurso sospechosamente incluyente, absolutamente populista.

No sé por qué razón el ejemplo me sobrecoge y un temblor extraño recorre mi cuerpo. Quizá sea la cercanía de esa deriva para el caso costarricense.

Había que salir a la calle como tantas veces” continúa Francella en una narración soberbia, que no necesitó sobreponerse a las imágenes. Durante muchos minutos su voz se apaga para dejar emerger el color, la intensidad, el brillo, el abrazo.

Y también dejar escuchar una soberbia banda sonora que acompaña la producción: “no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar”, dice una de las piezas.

Nada más puntual que esto.

Si. Fue ese momento una válvula de escape para el pueblo argentino. Ese pueblo, no el que inventan los populismos cualquiera sea sus extremos.

La relación entre fútbol y política no siempre nos trae recuerdos felices. La misma Argentina campeona del mundo de 1978 fue testiga de uno de los horrores jamás cometidos por dictadura alguna contra su gente.

Por si acaso, recomiendo la película “La noche de los lápices” que muestra la crudeza con la que el general Jorge Rafael Videla, ese mismo que entregó a Daniel Alberto Pasarella la copa del mundo, hizo trizas literalmente a sus adversarios políticos, desapareciéndolos, matándolos. Y rasguña las piedras, la canción emblemática de Sui Generis. escúchenla. Siéntanla.

Salir a la calle en un contexto así es complejo de explicar. Por eso en el documental narrado se muestran imágenes de la “Argentina del Corralito” a inicios de la década de los 2000, una de las peores crisis económicas que cualquier país latinoamericano haya experimentado en este siglo.

Ahí la gente salió a la calle por otras razones”, explica el actor. Salió porque su bronca ya no le permitía quedarse en casa.

Y su misma voz vuelve a significar la importancia del fútbol como herramienta para el abrazo y el reconocimiento colectivo. Eso, solo eso, equilibra la balanza de una actividad transnacional que genera muchas desigualdades, mucha violencia de género, mucho racismo.

Si esas cosas no son reparadas, seguiremos hablando de ese deporte desde las luces y las sombras.

En junio de 2024, en una mesa de lectura poética en la hermosa Ciudad hondureña de Cantarranas, la querida poeta y gestora cultural Marta Miranda iniciaba sus intervenciones preguntando a los niños, niñas y jóvenes por Messi o Maradona. El clic era inmediato. El lenguaje universal no necesitaba explicación.

En una sociedad como la costarricense, que necesita urgentemente una válvula de escape, es necesario volver a reconocernos en lo colectivo, salir a la calle a defender esta particular forma de llamarnos país. Si es el fútbol que pueda articularnos, bienvenido sea. Porque a falta de opciones orgánicas, lo pasional podría más. Lo sé.

Mientras tanto reinventémonos a toda escala, que los desafíos por venir necesitarán más que un balón para lograr vencerlos.

La encrucijada de los canales interoceánicos en Centroamérica y América Central, y la amenaza militar de Trump a Panamá

Vladimir de la Cruz

Panamá hoy forma parte de América Central y de Centroamérica. La América Central es la región comprendida como territorio entre el Istmo de Tehuantepec, en México y la Depresión del Río Atrato, en Colombia.

El Istmo de Tehuantepec es la zona geográfica que se encuentra entre los Estados de Oaxaca y Veracruz en el Sureste de México, que es la región más angosta entre el Golfo de Tehuantepec, en el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, en la sección del Golfo de México, con una anchura de 200 kilómetros.

El Istmo de Tehuantepec se considera geográficamente el límite de separación entre América del Norte y América Central, y políticamente hace el límite internacional entre México, Guatemala y Belice. Del Istmo de Tehuantepec parte fisiográficamente la Cordillera Centroamericana.

La Depresión del Río Atrato se encuentra en Colombia. El Río Atrato nace en los farallones de Citara, en el Cerro Plateado de la Cordillera Occidental de los Andes y desemboca en el Golfo de Urabá, en el Mar Caribe. La Cuenca del Río Atrato se considera como una de las de mayor rendimiento en el mundo. El Río Atrato tiene una extensión de 750 kilómetros. Tiene su desembocadura en el Golfo de Urabá con 18 bocas en su Delta, con un gran caudal alimentado por 150 ríos afluentes, con capacidad navegable en 508 kilómetros.

Ambos límites de la América Central, el Istmo de Tehuantepec, en México y la Depresión del Río Atrato, en Colombia, se han considerado y se siguen estimando regiones posibles para la construcción de canales interoceánicos, alternativos o complementarios, al actual de Panamá.

Centroamérica, como región comprende los territorios de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, situación así heredada desde la dominación colonial española.

Panamá no formó parte de la Capitanía General de Guatemala, ni del Reino de Guatemala, que comprendía a los actuales países de Centroamérica, y al Estado de Chiapas, que se separó de la Capitanía antes de que Guatemala declarara su Independencia, el 15 de setiembre de 1821, para adherirse al Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide, manteniéndose como parte del territorio de México hasta hoy.

Actualmente, en el concepto de Centroamérica, para efectos políticos y de integración regional, especialmente en el campo económico financiero, se integra también a Panamá y a la isla caribeña de República Dominicana, país siamés de Haití.

Históricamente, Cristóbal Colón en su cuarto viaje, que estuvo en la costa caribeña de Costa Rica, en setiembre de 1502, siguió su viaje a Panamá, aunque el conquistador Rodrigo de Bastidas, en 1501 ya había navegado la costa caribeña de la actual Provincia de Colón y las islas del archipiélago de la Comarca de San Blas.

Colón bautizó la Bahía, que hoy lleva su nombre, con el de Portobelo, o Puerto Bello, que fue uno de los puertos coloniales de la región más importantes que sirvieron para las comunicaciones monopólicas que había establecido España en su comercio con las colonias hispanoamericanas.

Poco tiempo después, otro conquistador Diego de Nicuesa estableció el Reino de Tierra Firme, donde se estableció la Gobernación de Castilla de Oro, a la cual perteneció Costa Rica durante un breve período, que se extendió desde el río Atrato en el Golfo de Urabá hasta el Cabo de Gracias a Dios, que comprendía la costa caribeña de Nicaragua y Honduras. Otro conquistador, Alonso de Ojeda, tuvo a cargo la región de Nueva Andalucía que estaba comprendida entre el Río Atrato y el Cabo de la Vela, en la Península de la Guajira en Colombia, al extremo norte de Sur América, región que había sido recorrida parcialmente por Alonso de Ojeda, cuando había navegado parte de la Península de la Guajira, en 1499, en su visita a Venezuela. De esta región los españoles llevaron indígenas a la isla La Española, actual República Dominicana, para su venta, estableciendo un negocio de venta de esclavos y trata de personas.

En 1510 el conquistador Vasco Núñez de Balboa fundó en Panamá la capital de Castilla de Oro, que llamó Santa María del Darién. Vasco Núñez de Balboa inició el proceso de conquista y colonia, lo que le permitió en 1513 enterarse de la existencia “de otro mar” y de un reino indígena existente allí, por lo que organiza su expedición, del 1 al 25 de setiembre, cuando llega a la cima de la Cordillera del Río Chucunaque, donde logra divisar las aguas del mar Pacífico. Llegando a la playa el 29 de setiembre toma posesión de las tierras en nombre de los reyes de Castilla.

El arribo a la costa pacífica fue lo más importante del proceso de la conquista y la colonia, en ese momento, porque permitió desplazarse por la costa pacífica del continente hacia el norte y hacia el sur, donde estaban localizadas las grandes culturas indígenas de la época.

En 1519 el conquistador Pedro Arias Dávila fundó la Ciudad de Panamá, Nuestra Señora de la Asunción de Panamá, que es la más antigua ciudad española establecida en tierra firme continental.

Como buena parte de las regiones y ciudades españolas en el continente Panamá fue atacada y visitada por piratas, corsarios, bucaneros y filibusteros, como Henry Morgan o Francis Drake, entre ellos, en distintos momentos de su historia.

Panamá así se convirtió en el centro de la actividad y proyección de la conquista y colonia española en el resto del continente por el Pacífico, especialmente hacia Perú. Por el norte permitió que se llegara a Costa Rica en 1519, al Golfo de Nicoya, dando origen al proceso de conquista y penetración española en el país. Desde Costa Rica los conquistadores Gil González Dávila y Andrés Niño se enteraron, por los indígenas, de la existencia de los dos grandes lagos de Nicaragua, el de Nicaragua y el de Managua.

El estrecho de mar, el istmo, había dado inicio a las atenciones españolas de explorar la región con posibilidad de construir un canal interoceánico.

Fernando Magallanes el 28 de noviembre de 1520 había descubierto lo que hoy es el Estrecho de los Patagones, que lleva el nombre de Magallanes, en el extremo meridional del continente.

En 1523 Hernán Cortés, habiendo terminado su etapa de conquista de México, recibió instrucciones para buscar un paso de vía o un estrecho fluvial entre los dos “mares”.

Así, en 1527, el Gobernador Pedro de los Ríos autorizó a Hernando de la Serna, Miguel de la Cuesta y a Pedro Corso para explorar las vías probables que comunicaran ambos océanos. En 1529 se dio la primera propuesta de intentar su construcción por Álvaro de Saavedra Cerón. Las exploraciones continuaron con otros conquistadores en 1533, 1536 y 1569.

Panamá se había convertido en la ruta de tránsito hacia el Virreinato del Perú, en el centro del comercio de esclavos indígenas y de negros, de comercio de oro y de realización de ferias comerciales.

El Camino Real y el Camino de las Cruces, así llamados, fueron las vías que empleadas en aquellos años para cruzar Panamá. Actualmente existe esta carretera conocida como Carretera Transístmica Boyd – Roosevelt.

Bolívar, había encargado en 1827 y 1829, poco antes de su muerte, el 17 de diciembre de 1830, estudios sobre la posibilidad de construir el ferrocarril transístmico.

El 26 de febrero de 1538 se creó la Real Audiencia de Panamá, después llamada Reino de Tierra Firme, como un gobierno autónomo que luego fue puesto en la jurisdicción de los Virreinatos de la Nueva España, del Perú, y desde 1751 de Nueva Granada.

A mediados del siglo XVIII España empezó a fortalecer la ruta naviera por el sur del continente, con sus Flota del Mar del Sur, que consideraban más segura, provocando una caída económica en la importancia de Panamá, que estaba bajo el sometimiento de la Real Audiencia de Santafé, incluyendo las provincias de Panamá, Veraguas, Darién y Portobelo, conservándose sus límites desde el Río Atrato hasta la Capitanía General de Guatemala.

Al impulso de la Independencia de las 13 colonias inglesas de Gran Bretaña se estimularon movimientos independentistas en la región, que se fortalecieron con la ocupación francesa de España, 1808-1814, y el triunfo de Simón Bolívar en la Batalla de Boyacá, lo que hizo que en 1812 se estableciera por un breve período el Virreinato del Istmo de Panamá.

Bolívar en la Carta de Jamaica, del 6 de setiembre de 1815, impulsó la idea de la Confederación de las colonias hispanas, comprendiendo desde Argentina hasta México, con capital en Panamá.

La lucha por la Independencia en el Virreinato de Nueva Granada estimuló la Independencia en Panamá, lo que condujo a su Grito de Independencia el 10 de noviembre de 1821 y el 28 de noviembre se estableció la ruptura con el reino español, movimiento dirigido, entre otros destacados luchadores por la Independencia y personajes, como José Higinio Durán y Martell, Carlos de Icaza Arosemena, Mariano Arosemena, Juan de Herrera, Gaspar Arosemena, Antonio Bermejo.

El 4 de enero de 1822 las tropas españolas salían de Panamá, que había pertenecido al Virreinato de Nueva Granada, ya constituida como la Gran Colombia, donde se integró Panamá, admitida allí, en el Congreso de Cúcuta, el 30 de agosto de 1821, bajo el liderazgo de Simón Bolívar.

En 1826 Bolívar logró reunir en Panamá, en el Congreso Anfictiónico a Argentina, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, Colombia, Chile, México, Perú y a la República Federal de Centroamérica, que comprendía a Guatemala, Honduras, el Salvador, Nicaragua y a Costa Rica.

Poco tiempo después hubo intentos de algunos panameños de convertir a Panamá en un país hanseático bajo la protección de los Estados Unidos y del Reino Unido, así como de separar, en 1830, a Panamá de la Gran Colombia, que se disolvió a finales de la década de 1820 y principios de la de 1830, lo que dio origen a Ecuador, en 1830, y a Venezuela, en 1831.

En 1832 se constituyó la República de Nueva Granada. En 1840 se separó Panamá de Nueva Granada y se creó el Estado del Istmo, que se volvió a integrar en 1841 a la República de Nueva Granada, que empezó a negociar el control del istmo de Panamá con Francia, Estados Unidos y el Reino Unido, lo que aprovechó Estados Unidos para enviar tropas a Panamá, iniciando su intervencionismo en ese país, bajo el amparo del Tratado Mallarino-Bidlack, negociado entre Colombia y Estados Unidos en 1846.

Como ruta terrestre interoceánica en 1836 los Estados Unidos, bajo la presidencia de Andrew Jackson, también impulsó estudios para lograr esta ruta ferrocarrilera. En 1838 los franceses también lo intentaron. Entre 1849 y 1855 se impulsó su construcción, de 77 kilómetros, de doble vía.

En 1881 Francia adquirió los derechos de control del ferrocarril, que se los vendió a Estados Unidos en 1904, con una extensión de 120 kilómetros. En 1979, con el Tratado Torrijos Carter Panamá adquirió el control del ferrocarril.

En 1836, Colombia usurpó las tierras costarricenses de la región de Bocas del Toro, provocando un conflicto fronterizo con Costa Rica, que no tenía capacidad militar para defender esa parte de su territorio, ni las tropas de la República Federal de Centroamérica, de la cual Costa Rica era parte, tampoco podían hacer esa defensa, apropiándose de las tierras desde aquella época, hoy en el territorio de Panamá, que era parte de Colombia.

En 1850 Panamá se vuelve a separar por un breve período de la Nueva Granada, hasta que Justo Arosemena, el 27 de febrero de 1855, logró que se creara el Estado Federal de Panamá, que fue el primer Estado dentro de la Nueva Granada. Un mes antes, el 28 de enero se había inaugurado el Ferrocarril de Panamá, que atraviesa toda la cintura ístmica panameña, que unía a los océanos.

En 1856, el 15 de abril, se produjeron violentos encuentros entre panameños y estadounidenses, que terminó con el incendio de las instalaciones ferrocarrileras, con un saldo de 16 estadounidenses muertos y dos panameños. El 19 de setiembre de 1856 llega un destacamento del ejército estadounidense a “restablecer” el orden en Panamá.

El Estado Neogranadino, el 10 de setiembre de 1857, pagó más de 400.000 dólares a Estados Unidos, por el Tratado Herrán-Cass, reconociendo los daños causados por los panameños.

Eran los días, de 1856 y 1857 en que los filibusteros estadounidenses, encabezados por William Walker, estaban en guerra en Nicaragua, siendo combatidos por el Ejército de Costa Rica, y los de Centroamérica, tratando de impedir la anexión de las Repúblicas centroamericanas a los Estados sureños esclavistas de los Estados Unidos y de impedir el establecimiento de la esclavitud en Centroamérica, como Walker la había restablecido en Nicaragua en 1856.

En estos años, desde 1849 operaba la Compañía del Tránsito, que ejercía el control comercial desde la costa atlántica a la pacífica de los Estados Unidos, desde New York a California, usando el Río San Juan, entre Nicaragua y Costa Rica, el Lago de Nicaragua y el Estrecho de Rivas en Nicaragua, que se constituyó en una posible vía canalera, y en el eje estratégico de la Guerra de 1856-1857 contra la presencia filibustera estadounidense en Nicaragua.

En 1863 se constituyeron los Estados Unidos de Colombia. El 5 de julio de 1874 se fundó la Compagnie Universelle du Canal Interocéanique, por iniciativa del francés Ferdinand de Lesseps, con el propósito de construir un canal interoceánico en Panamá, obras que iniciaron en 1881, bajo la dirección del ingeniero y soldado francés Philippe Jean Bunau-Varilla, trabajos que fracasaron por múltiples razones, lo que obligó, en 1888, a Lesseps abandonar Panamá, circunstancia que Philippe Jean Bunau-Varilla aprovechó para involucrar al presidente de los Estados Unidos, Teodoro Roosevelt, 1901-1909, en las conspiraciones que condujeron a la separación de Panamá en 1903 de Colombia, y establecer de esa manera otra Independencia para Panamá.

En 1881 Francia adquirió los derechos de control del ferrocarril, que se los vendió a Estados Unidos en 1904, con una extensión de 120 kilómetros. En 1979, con el Tratado Torrijos Carter Panamá adquirió el control del ferrocarril.

Francia le había vendido las tierras del canal a los Estados Unidos, bajo el gobierno de Grover Cleveland. El presidente Cleveland (1885-1889 y 1893-1897), a diferencia de Teodoro Roosevelt desistió de impulsar el canal con ese carácter imperialista de dominación, que sí hizo Roosevelt, quien inició a principios del siglo XX su Política del Gran Garrote, totalmente imperialista, cuando los Estados Unidos está emergiendo como un país de esas características.

La política del Gran Garrote marcó las relaciones diplomáticas de los Estados Unidos, con el uso de la fuerza justificando la defensa de sus intereses, especialmente en la América Latina, mediante intervenciones militares y controlando aduanas.

Así, Estados Unidos había “fabricado” o “inventado” un país independiente para apropiarse de un canal lo que generó, después el Tratado Hay-Bunau Varilla, la concesión a los Estados Unidos para la construcción del canal a perpetuidad y el dominio de una franja territorial a sus lados, situación que ha pesado en la Historia de Panamá desde 1904 hasta hoy, con la amenaza del presidente Donald Trump, a la nación panameña de invadirla militarmente para recuperar el control del Canal y de esa franja territorial.

Este Tratado fue derogado por los presidentes Omar Torrijos y Jimmy Carter, el 13 de setiembre de 1977.

La lucha por la Independencia de Panamá, de Colombia, que culminó en 1903, no era ajena a los intereses canaleros transístmicos de los Estados Unidos, lo que hizo que en 1902 el Senado de los Estados Unidos aprobara la propuesta del Canal, cambiando su intención de construir el Canal por la vía del Río San Juan, limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua, el Gran Lago de Nicaragua, el lago de Cocibolca, y el Estrecho de Rivas en Nicaragua, que era otro proyecto de construcción canalera que no ha desaparecido del todo.

A inicios de la década de 1910 esa intención se mantenía, lo que se afirmó en el Tratado Bryan Chamorro, entre Estados Unidos y Nicaragua, el 5 de agosto de 1914, a inicios de la I Guerra Mundial, firmado por los presidentes Thomas Woodrow Wilson y Adolfo Díaz Recinos.

Este intento canalero provocó un conflicto diplomático entre Costa Rica y Nicaragua, que impidió su realización.

El Tratado Bryan Chamorro afectaba, por sus alcances a Costa Rica y El Salvador que lo cuestionaron ante la Corte de Justicia Centroamericana, existente en esa época, lo que hizo que la Corte desapareciera por este conflicto.

La Corte había sido creada por disposición de los Tratados de Paz y Amistad de Washington, mediante la Convención para el Establecimiento de una Corte de Justicia Centroamericana, que fue firmada el 20 de diciembre de 1907 en Washington, por Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, la que estuvo vigente entre 1908 y 1918 cuando caducó la Convención.

Estados Unidos intervino militar y políticamente, en esa década, en Nicaragua, creando de hecho un protectorado, que provocó movimientos insurreccionales, nacionalistas y antiimperialistas, dirigidos por Benjamín Zeledón en la década de 1910, y por Augusto César Sandino, en la década de 1920, hasta el retiro de las tropas estadounidenses en 1933.

El Tratado Hay-Bunau Varilla dio origen a movimientos separatistas que, fracasados, hicieron que el 3 de noviembre de 1903, culminaran con la Independencia de Panamá, como se celebra actualmente, dando origen a la llamada época republicana de Panamá, a partir del siglo XX.

El Tratado Hay-Bunau Varilla, con todas sus modificaciones, fue derogado por los presidentes Omar Torrijos y Jimmy Carter, el 13 de setiembre de 1977.

El Tratado Hay-Bunau Varilla abrió el camino para la construcción del Canal, que se terminó en 1914, cuando fue inaugurado, al iniciarse la I Guerra Mundial, situación que hizo que Panamá se declarara “neutral”, frente al conflicto bélico, hasta 1917, cuando se sumó a los aliados que ganaron la guerra.

El Canal de Panamá desarrolló una “Zona del Canal”, bajo dominio de los Estados Unidos, una franja territorial dentro de Panamá, que era como un país dentro de otro país. De hecho se decía que Panamá tenía seis fronteras, la de Colombia, la de Costa Rica, la de los dos océanos y las dos que lindaban el territorio de la Zona del Canal.

Por el Tratado Arias Roosevelt, de 1936 firmado por los presidentes Harmodio Arias Madrid y Franklin Delano Roosevelt se anuló el principio de intervención militar que tenía Estados Unidos en los asuntos internos de Panamá, para establecer el concepto de país protegido en el contexto de la II Guerra Mundial.

La Zona del Canal con este motivo y posterior a la Guerra se convirtió en un centro militar estratégico de los Estados Unidos para todo el continente. Allí tuvo su base “El Comando Sur de los Estados Unidos” y se desplegó un sistema de 16 bases militares, de distinto tipo y preparación, para soldados norteamericanos y para el entrenamiento de soldados y cuerpos militares de los ejércitos de todo el continente, especialmente en la llamada Escuela de las Américas, donde se fortalecieron los cursos de contrainsurgencia y contra guerrillas, además de que allí se preparó a la mayor parte de los dictadores y tiranos, del continente en el período de la Guerra Fría, hasta el término de la dominación del Canal por los Estados Unidos, 1945-1977.

Entre 1941 y 1945 Panamá también facilitó la ocupación de la Zona el Canal mediante el arriendo de terrenos a los Estados Unidos, los que se justificaron por los motivos de la defensa continental antinazi.

Entre 1945 y 1948 Panamá pidió a los Estados Unidos la devolución de los territorios de la Zona exigiendo la renegociación. Sin embargo, se impuso el Departamento de Guerra de los Estados Unidos de mantener de manera indefinida los terrenos, lo que estimuló corrientes nacionalistas panameñas.

En 1947 esto ocasionó grandes protestas, especialmente de los estudiantes universitarios, contra la Asamblea Nacional panameña, y se votó negativamente el Tratado que quería aprobarse extendiendo por 20 años los contratos de arrendamiento de trece instalaciones norteamericanas en la zona canalera.

En 1948 se impulsó la llamada Zona Libre de Colón, como un área, o institución autónoma del Estado de Panamá, con una zona franca.

Antes de la II Guerra Mundial Estados Unidos mantenía en la Zona del Canal cerca de 14.000 militares. Durante la II Guerra Mundial llegó a tener 65.000 militares, junto con el personal civil de la Zona.

En 1948 se impulsó la llamada Zona Libre de Colón, como un área, o institución autónoma del Estado de Panamá, con una zona franca.

En 1948 bajo las directrices del Presidente Truman se fortaleció la preparación militar de las tropas y ejércitos del continente, dentro de una visión de prevención y defensa del comunismo internacional, luego de que en Europa, al terminar la II Guerra Mundial surgieron varios países de tipo socialista. Ello se había materializado con la aprobación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, el 2 de setiembre de 1947, y con la creación de la Organización de Estados Americanos, OEA, el 30 de abril de 1948.

En 1955 con el Tratado Remón-Eisenhower se le otorgaron más ventajas económicas y se mejoró el pago de los arriendos por el uso del canal.

La Zona del Canal de hecho mantenía partido a Panamá, hasta que en 1962, el 12 de octubre, se inauguró el llamado Puente de las Américas, que permitió la unión terrestre de ambas partes del Canal de Panamá, fortaleciendo el viejo sueño de la Carretera Interamericana, que se considera la carretera más larga del mundo, que inició su construcción en la década de 1930, la cual está interrumpida en la región del Darién, en Panamá, donde no se ha construido todavía ningún trecho carretero, lo que separa a Sur América del resto continental por la vía terrestre.

En 1964, el 9 de enero, de nuevo hubo protestas estudiantiles y populares, que se provocaron por la izada de la bandera panameña a la par de la estadounidense en la Zona del Canal, por el acuerdo de los presidentes Roberto Chiari y John F. Kennedy, de 1962, que así lo establecía y no se cumplía, protestas que tuvieron un saldo de 21 muertos y más de 300 personas heridas. El 9 de enero de 1964 se convirtió hasta hoy en una fecha emblemática del pueblo panameño.

En 1965 se volvió a plantear el tema de la Administración del Canal con la llamada Declaración Robles-Johnson, entre los presidentes Marco Aurelio Robles y Lyndon Johnson.

En 1968, el 11 de octubre, se provocó un golpe de Estado contra el presidente Arnulfo Arias Madrid, que condujo a que en el año1969 el General de Brigada Omar Torrijos asumiera el mando de la República de Panamá, y en 1972, inició su mandato presidencial con un proceso revolucionario de corte nacionalista y populista. Así, en 1977, Torrijos y el Presidente Jimmy Carter, firmaron los Tratados Torrijos-Carter que entregaron la administración del Canal de Panamá al gobierno del Panamá, y obligaron al abandono de todas las infraestructuras militares y civiles que en la Zona del Canal tenía Estados Unidos, obligando también al cambio de sede del Comando Sur de los Estados Unidos a Puerto Rico.

Muerto Torrijos, en un “dudoso” accidente aéreo, asumió el gobierno el general de cuatro estrellas Manuel Antonio Noriega en 1983, que por contradicciones políticas y militares con Estados Unidos sufrió un bloqueo económico agudizando una crisis social en Panamá, hasta que el 20 de diciembre de 1989 el ejército de los Estados Unidos invadió Panamá, capturando al General Noriega, a quien sometió ante la justicia norteamericana. La invasión provocó más de 500 muertos.

Resultado de la invasión en 1990 el presidente de Panamá Guillermo Endara abolió las fuerzas militares de Panamá, lo que se reafirmó con un referéndum popular el 15 de noviembre de 1992.

En 1999, el 31 de diciembre, bajo el gobierno de Mireya Moscoso, la primera mujer en ejercer la presidencia en Panamá, se asume el control total del Canal de Panamá, situación gravemente amenazada hoy por el presidente Donald Trump.

En el 2016 culminaron las obras de ampliación del Canal de Panamá, idea que venía desde 1930 cuando se había pensado en ampliar la capacidad de tránsito del Canal de Panamá. Estados Unidos lo intentó en 1939, lo que se suspendió por el inicio y desarrollo de la II Guerra Mundial.

En la década de 1980-1990 Japón, Estados Unidos y Panamá replantearon el tema de la ampliación del Canal.

En el 2016 se concluyó la ampliación del Canal de Panamá, con un tercer juego de esclusas, que se hizo con la aprobación de un referéndum popular el 24 de abril del 2006, bajo el gobierno de Martín Torrijos, bajo la dirección de la empresa española SACYR, abriéndose desde el 2018 al paso de barcos Neopanamax de gran capacidad de tonelaje.

En la actualidad en el crecimiento del uso del Canal ha destacado el movimiento comercial desde China, lo que ha preocupado a los Estados Unidos, especialmente al actual gobierno de Donald Trump, señalando que ello les provoca un desequilibrio comercial, además de un problema geopolítico por la presencia China en la región. Trump ha dicho que el Canal en su totalidad administrativa lo controla China, lo que no acepta, y que no es cierto.

Esta situación ha planteado una seria amenaza a Panamá porque Trump con claridad ha dicho públicamente que va a recuperar el Canal de Panamá, para que esté en manos de la administración de los Estados Unidos, y que para ello si es necesario ocupar militarmente, o intervenir militarmente, en Panamá, lo hará.

Sigue siendo el Canal de Panamá una de las obras de ingeniería más importantes del mundo, con una extensión de 80 kilómetros, de océano a océano, que acorta las distancias comerciales mundiales de manera significativa, evitando rodear el continente por el Cabo de Hornos.

Los proyectos canaleros del Istmo de Tehuantepec, de la Depresión del Río Atrato, y el de Nicaragua, seguirán en posibilidad, nada inmediata. El Canal de Panamá seguirá fortaleciéndose.

En el caso del Canal en Nicaragua el actual gobierno de Nicaragua, desde el 2013, ha tratado de impulsarlo cruzando su territorio con participación, principalmente, de capital privado de la República Popular China, lo que no se ha podido concretar del todo, sin afectar la región limítrofe con Costa Rica, aunque en el proyecto inicial no se toca el rio San Juan, límite de ambos países.

El 8 de julio del 2014 se anunció, por la empresa China HKND Group, la posible ruta canalera, con la intención de aumentar tráfico y el tránsito interoceánico de barcos con mayor carga de los que pasan actualmente por el Canal de Panamá, y para estimular más el comercio de América Latina con China. En el 2014 se anunció que Rusia colaboraría en este proyecto.

El peligro de la amenaza de Trump de ocupación militar para apropiarse nuevamente de su administración es inminente. Puede suceder en cualquier momento en que el presidente Trump así lo estime.

Sabe Trump que no hay condiciones hemisféricas, con la OEA y su Fuerza Interamericana de Paz, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, de impedir un agresión militar de este tipo. El TIAR quedó inaplicable cuando Argentina lo invocó para enfrentar la ocupación inglesa de las Islas Malvinas, en 1982, en que los Estados Unidos se alió con Inglaterra, apoyando su ocupación, dándole la espalda a Latinoamérica y a la OEA.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, no desvela a Trump. Existe en el papel como una buena intención de buscar la integración política, económica, social y cultural de la región. En una situación de agresión militar de Trump a cualquiera de los países latinoamericanos la CELAC no tiene ninguna capacidad militar de evitarla o enfrentarla.

Una agresión militar de este tipo le permitiría igualmente evaluar sus otros dos objetivos, de intervención militar, en el continente, en Groenlandia, con el ánimo de incorporarla como parte de los territorios de los Estados Unidos, y fortalecer su seguridad nacional en esa región, y en Venezuela, donde también ha planteado la intervención militar para capturar al grupo gobernante de Venezuela, al que tiene acusado de narcoterrorista.

La geopolítica mundial que traza el presidente Trump sin duda alguna ha alterado el panorama de las relaciones internacionales, y mantiene amenazas de alterarlas más. Esta geopolítica incluye la redefinición y renegociación o ruptura de los Tratados económicos y de Libre Comercio que Estados Unidos tiene, por ahora, con Canadá y México, con la Unión Europea y la República Popular China.

El Canal de Panamá es más que un sueño de opio de Trump. Es una realidad casi tangible.

En su visión geopolítica internacional Trump traza un nuevo diseño de las fronteras de los Estados Unidos. Proyecta la anexión de Canadá, en condición de Estado 51 de la Unión, de los Estados Unidos; proyecta la compra o anexión del territorio dinamarqués de Groenlandia y la “recuperación” del Canal de Panamá, su Zona del Canal, considerando que el Tratado Torrijos-Carter no debió haberse firmado, y que fue ilegal su anulación.

Trump ha señalado clara y reiteradamente sus intenciones de acudir a la intervención militar para lograr estos objetivos y territorios estratégicos para él.

Parte de esta visión cartográfica ya ha planteado que el histórico Golfo de México se llame, oficialmente para los Estados Unidos, como Golfo de América y así se establezca en su cartografía.

Con Panamá están en la encrucijada política, diplomática y militar los organismos internacionales de la OEA y la ONU, sujetos a un proceso de debilitamiento político.

Son organismos internacionales sujetos a un proceso de debilitamiento político, si ese es el camino para favorecer a Trump, que tendrían que abordar esa posible ocupación e invasión militar. La CELAC contará como una voz de protesta, con menos incidencia política y diplomática, y mucho menos militar que la OEA.

Las políticas internacionales de Trump se orientan a fortalecer su presencia dominante en los organismos internacionales, o saliéndose de ellos, si le ocasionan un alto gasto a los Estados Unidos, y si los países que participan no colaboran proporcionalmente a los gastos de su mantenimiento, o si se vuelven críticos hacia las políticas estadounidenses. No le importa si son organismos sociales, culturales, médicos, sanitarios o de salud, como es la Organización Mundial de la Salud, o si son militares como la OTAN, que la tiene cuestionada.

El actual gobierno de Nicaragua, desde el 2013, ha tratado de impulsar un canal interoceánico cruzando su territorio con participación, principalmente, de capital privado de la República Popular China, lo que no se ha podido concretar del todo, sin afectar la región limítrofe con Costa Rica, aunque en el proyecto inicial no se tocaba el rio San Juan, limítrofe de ambos países.

El posible Canal chino en Nicaragua no altera hasta hoy a Trump.

A Trump no le preocupa la presencia China en Nicaragua. Si le preocupa en Panamá, especialmente porque el 13 de junio del 2017 establecieron relaciones diplomáticas, donde China se ha convertido en un importante cliente comercial y económico de Panamá, siendo el segundo usuario después de Estados Unidos.

El Canal ampliado se inauguró con el paso de un buque Chino de la empresa COSCO. China es, a la vez, el principal proveedor de la Zona Libre de Colón, la zona franca más importante del continente y la segunda del mundo, En Colón se ha anunciado la construcción china de un puerto de contenedores y de recepción de gas licuado, en capacidad de atender los barcos Neopanamax. También la construcción de un puente sobre el Canal y una terminal de cruceros, ampliando la infraestructura ferroviaria, hasta la Provincia de Chiriquí, en 400 kilómetros y la aerolínea Air China con dos vuelos semanales Panamá-Pekín. En la economía la presencia china está en el Bank of China, el Banco Industrial y Comercial, el Exim Bank y China Development Bank, y la proyección de la Nueva Ruta Mundial de la Seda. Esta es la preocupación de Trump en Panamá… la presencia que quiere desarticular.

La espada no de Damocles, la de Trump está sobre todos nosotros…sobre el mundo que ve Trump.

De colmillos desafilados y felinos desdentados

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas

Celebro que en Costa Rica desde hace más de 170 años, tengamos una prensa libre capaz de criticar a sus gobernantes y escribir sobre lo que deseen. Grandes presidentes como Juan Rafael Mora y José Maria Castro Madriz allá por 1850, enfrentaron duros ataques de la prensa, posiblemente muchas veces justificados y en otras no tanto, pero ninguno fue capaz de amenazar y mucho menos cerrar algún medio. Desde los albores de la vida republicana y más atrás, saliendo del periodo colonial, en Costa Rica existían periódicos para una pequeña comunidad que desde muy temprano poseía el germen por la lectura e informarse. Con la independencia, llegó pocos años después prensa libre e independiente como el Noticioso Universal.

Hago este necesario señalamiento, pues gracias a la libertad de prensa e independencia de la misma, nos damos cuenta de matráfulas y actos de corrupción, una vez consumados o evitando que se materialicen, habiendo de por medio enriquecimiento inmoral para algunos pocos y el sonrojo y furia para todos los demás, al ver cómo se festinan las arcas públicas. Guardamos la esperanza de que aún hay periodismo investigativo y decente, que ventile las cosas, que de no ser de esa manera, difícilmente la población se daría cuenta, de la conducta inescrupulosa de unos y otros. La otra forma es a través del control político que ejercen los diputados serios y estudiosos, y las denuncias ciudadanas ante los órganos de control o el mismo Poder Judicial.

Llevo tres años escribiendo en torno a las características de la administración Chaves Robles y nuestra desazón es cada vez mayor. En el poder político…el traje se lleva por dentro (4-V-23); Songo le dio a Borondongo(14-VII-24); De cómo Tío Conejo no aparece en el cuento Domingo Siete (14-I-25); De aprendices y absolutistas (27-I-25).

Los costarricenses hemos estado preocupados por la retórica incendiaria, poses autoritarias y de matonismo, con que esta administración ha intentado dar solución a los problemas nacionales. De los gestos y ademanes no han pasado. El presidente Chaves ha desaprovechado ese gran regalo que es el tiempo; renunció a gobernar desde muy temprano, tuvo la oportunidad de desarrollar importantes obras, dejar tras de sí un importante legado histórico positivo, cumplir algunas de sus promesas y apuntalar aún más nuestro bicentenario régimen democrático. No ha sido así. Se la ha pasado repartiendo culpas, buscando enemigos un día sí y otro también. Chaves Robles y el grupito que le acompaña, profundizan hoy una peligrosa y antidemocrática ruta de desmantelamiento del Estado Social de Derecho, dejan sin financiamiento programas sociales como: becas, red de cuido infantil, atención de personas en situación de discapacidad, abandono del adulto mayor; menos recursos para educación, salud, transporte estudiantil, comedores escolares; propician una mayor desregulación de las empresas; se descuida la infraestructura pública al no invertirse; constriñen derechos y libertades civiles, propician el atentar contra nuestra biodiversidad y patrimonio natural; y se lucen con una absoluta y monumental incapacidad para atender temas apremiantes desde el Ejecutivo en materia de crimen organizado, tráfico de drogas, contrabando y violencia social. No les ha bastado mostrar torpeza y estulticia cuando la mitad del tiempo de la agenda legislativa le corresponde a ese poder de la república proponer iniciativas de ley, tal y como reza nuestra Constitución. Se han peleado con la prensa, con los diputados, la contralora y el poder judicial. No me sorprendería que pronto inicien sus ataques al Tribunal Supremo de Elecciones. Los pocos proyectos enviados a la Asamblea Legislativa han sido tan mal hechos que denotan una gran falta de conocimiento y de cuidado. Las poses fascistas y de matonismo, características en estos tres años, riñen con las profundas y sabias tradiciones costarricenses de cómo vivir en democracia, donde convivimos y cada uno tiene su espacio. Hace casi un año el presidente anunció un referendo y la fenestrada ley Jaguar, ambos tan descabellados como mal planteados. En el fondo interesaba restar potestades a la Contraloría General de la República. En vez de optar por la vía constitucional y las formas definidas por ley, buscaron otra ruta, done pareciera que lo que interesaba era meter ruido y generar mayor distracción sobre la agudización de los problemas nacionales y el que salga a la luz pública, posibles actos de corrupción que se han estado incubando. Tan escaso es su talante civilista y de vocación democrática que renuncia también a establecer un vínculo político con la Asamblea Legislativa, desconociendo que el Primer Poder de la República es la representación legal y constitucional, de la esencia misma de la soberana de un pueblo. Ese grupo de diputados, hombres y mujeres, unos muy buenos y capaces y otros no tanto, queramos o no nos representan por este periodo de cuatro años.

El cacareado combate a la corrupción, del presidente Chaves y sus acólitos, de “que los corruptos son otros y ellos no”, se desgasta y en estas semanas vamos viendo las verdaderas dimensiones de lo que enfrentamos, una rapaz conducta carroñera para enriquecerse rápidamente y a costa de millonarios contratos de algunas empresas con el sector público. No olviden que en el sector público los tres instituciones más grandes con presupuestos multimillonarios, lo son la Caja Costarricense del Seguro Social, el ICE y el MEP. El país absolutamente, es testigo del escándalo que estalló el año pasado en la Caja Costarricense del Seguro Social cuando la presidenta Ejecutiva y algunos de los miembros de su junta directiva propiciaron el otorgar nuevos contratos para tercerización de servicios médicos en diversos EBAIS en áreas de salud de la Gran Área Metropolitana, pagando sobreprecios, lo que hubiera costado a los costarricense más de 126 mil millones; donde era evidente y manifiesto la existencia de precios inflados. Voces a lo interno de la institución y de otros sectores, alertaron sobre semejante desaguisado fraguado ante la vista y paciencia de Marta Esquivel, expresidenta Ejecutiva, y directivos representantes del sector empresarial y del gobierno, así como gerencias alineadas con semejante despropósito. Hoy hay 8 investigados y más de 300 correos electrónicos borrados de forma siniestra y sospechosa, de los servidores que podrían construir importante prueba en este infernal y desafortunado hecho de corrupción, propiciado desde las altas esferas de la institución y en colusión de empresarios del ámbito del sector salud. Doña Marta fue separada del cargo, para luego ser premiada por el presidente Chaves al nombrarla como ministra y aún hoy no devuelve dineros cobrado de más. Este el Caso Barrenador, así bautizado por autoridades judiciales donde hay colusión de intereses empresariales y de funcionarios de dudosa honorabilidad. Esta semana -gracias a Dios- hemos sido testigos de que la Junta Directiva con votación de 6 a 7 acuerda anular dicho contratos. Ya la fiscalía y Contraloría General de la República están tras el caso, de la actuación indebida, irregular, ilegal, inmoral y hasta criminal, al pretenderse festinar recursos públicos dedicados a la salud pública de todos los costarricenses. Aquí la prensa ha jugado un papel muy importante, en sus ámbitos de denuncia e investigación.

En esta administración y apenas iniciando, impulsaron la ruta del Arroz, en la que en tres años, el precio no ha bajado, destruyeron a los productores del sector y eso sí, se han enriquecido un puñado de importadores granos básicos, algunos de ellos importantes contribuyentes en la campaña de Chaves Robles y en la constitución del espurio fideicomiso Costa Rica Prospera para financiar su campaña electoral. Repito, el precio no ha bajado y el fisco ha dejado de percibir miles de millones colones. Ofrecieron bajar los medicamentos y ello no ha ocurrido. En tres años intentaron vender el Banco de Costa Rica para que, con varios proyectos torpemente elaborados una y otra vez, fuese adquirido por los financistas de su campaña y ya el tiempo no les alcanzó. El intentar drenar las finanzas de la CCSS y agudizar su eficacia y calidad con que presta servicios a la población, gracias a Dios, ha topado con diversas resistencias.

Pero en medio del mutismo y la oscuridad, estaban fraguando un oscuro negocio con las finanzas del ICE y la adquisición de tecnologías para echar adelante la red 5G y todo lo que ello implica.

Gracias a la curiosidad de un medio como Semanario Universidad y la perspicacia y profesionalismo y disciplina de sus redactores -principalmente tres de ellos-; desde febrero de este año este medio nos ha venido regalando una serie de notas, todas ellas referidas a la presumible comisión de actos de corrupción en el ICE. Al tenor del liderazgo histórico que dicha institución ha mantenido por décadas de desarrollo y progreso, el mismo requiere de tomar importantes medidas para que dicha condición estratégica no se pierda. Tan noble aspiración no debe servir jamás como oportunidad para que algunos se aprovechen. En el ámbito de las telecomunicaciones y el desarrollo de infraestructura moderna, deben tomarse las mejores y más sagaces decisiones. Ante el fenómeno de la corrupción no perdamos de vista, la existencia de dos partes: el corrupto y el corruptor. Y en este caso particular que nos ocupa, estamos en presencia de que se consuma una posible contratación donde hay de por medio el favorecimiento a una sola empresa por más de 160 millones de dólares, contrato fraguado en las sombras de las oficinas del ICE, casa presidencial y el MICITT y en menor proporción COMEX. Hablo de esta administración, no en la de don Rodrigo Carazo, ni en la de don Ricardo Jiménez, ni en la de don Cleto González, o don Próspero Fernández; ¿es en esta administración, donde ha habido mucha alharaca y ruido contra de la corrupción… por qué tanta mentira y cinismo? Criticar y señalar a otros como corruptos y sinvergüenzas. “Ellos son los sinvergüenzas y nosotros no”, dicen: han venido a “acabar con la corrupción, a combatirla y a desenmascarar”,somos diferentes, somos distintos a ellos”. Sobre ello, lo único que hemos visto desde hace meses, es ver teatralmente al presidente Chaves con la señora Esquivel, llevar varias cajas con papeles viejos a la fiscalía, alegando que son actos de corrupción a lo interno de la CCSS, que deben ser investigados. ¡No! El combate a la corrupción no alcanza con asumir una retórica vacía, hueca e inoperante; tampoco vociferando y despotricando, jugando con la honra de muchos.

Muestro un conjunto de casos que a todos debe movernos a la reflexión y sobre todo a desenmascarar una serie de acciones poco transparentes, en las cuales están en juego miles de millones de colones y el colapso de importantes servicios públicos, que deben garantizar el desarrollo económico del país y el funcionamiento normal de empresas pequeñas y medianas, así como instituciones y diversidad de estable cimientos; pues al encarecerse los servicios y desmejorar la calidad de los mismo, se pone en riesgo la competitividad y equilibrio financiero de las mismas.

A) Tras la adjudicación por parte de RACSA de contratos a DATASYS; esto generó que 5 empresas interpusieran recursos contra dicha adjudicación. Ante ello la fiscalía decide actuar en salvaguarda de los recursos públicos. Dicha contratación ligada al despliegue de la red 5G, pasó de 3 millones de dólares a más de 25 millones de dólares en menos de un año -desde 1 de diciembre 2022 a 2 de noviembre 2023. También este hecho es investigado por la Contraloría General de la República.

B) En un año, las compras a la empresa CISCO, una de las chineadas y miradas con mayor simpatía desde Zapote, en el ámbito de las telecomunicaciones y desarrollo de software y diversos servicios; aumentaron sus ventas al sector público, pasando al cabo de 12 meses, de un millón de dólares a 13 millones de dólares; o sea un monumental aumento de 1 248%. Dichas compras son de equipos y de licencias. Antes de este periodo 2022- 2023, las compras de equipo tecnológico a dicha empresa alcanzaban un promedio de $1,4 millones de dólares. Y aquí entre las instituciones que adquirieron dichos equipos y servicios, destacan el ICE y RACSA. Dentro de este contexto bajo una forma excepcional de contratación la Comisión Nacional de Emergencias cedió un contrato por $2,4 millones de dólares, para adquirir 100 000 licencias en 2023.

C) Desde mediados de 2022 y hasta el 2024 continuaron los coqueteos entre esta administración -sobre todo ICE, MICITT y casa presidencial- con CISCO. A fines de 2022, personal de alta gerencia de dicha empresa establece contactos con Chaves y otros jerarcas de esta administración, de manera que se propicia un vínculo más fuerte, entre la empresa y esta administración, tanto es así que la ministra que hoy ocupa la cartera MICITT, señora Vega, viaja varias veces a EEUU a la sede dicha empresa y a diversos foros ligados a telecomunicaciones. También diputados de diversas fracciones lo hicieron.

D) El tiempo en su marcha inexorable, genera que en el ámbito nacional se suscite la discusión en torno a la red 5G. Chaves y su grupo se inclinan por favorecer a CISCO con un contrato superior a $160 millones de dólares; propuesta notablemente más cara que todas las demás ofertas que hubo sobre la mesa. Detalles de este posible contrato se han afinado en Zapote. Desde ese momento en que se empiezan a materializar dichas reuniones en Casa Presidencial, a lo interno del ICE se levantan diversas voces alertando sobre las presumibles irregularidades que rodean dicho contrato. Se ha intentado mantener en la oscuridad la negociación del mismo, alejada del escrutinio público, carente de transparencia; y si no es por este medio nacional -Semanario Universidad-, a lo mejor todavía no conociéramos nada de lo que se está fraguando. Es que hablamos de una formidable y exorbitante cantidad de $160 millones de dólares y no con cualquier institución, sino una en régimen de competencia y que resulta estratégica para el desarrollo nacional. Dicho proceso licitatorio inicialmente fue concebido como un proceso abierto, como debe ocurrió en un régimen democrático, respetuoso de la ley, ello ocurre en marzo de 2024. Luego se toma la decisión de que sea “un proceso de contratación directa” para la sustitución de la red IP. Según expertos y las mismas empresas en competencia, el costo de dichos cambios sería de aproximadamente $42 millones de dólares. Desde agosto de 2024 circulan informes a lo interno del ICE, advirtiendo sobre dicho sobrecosto, injustificado y astronómico. Sin embargo, los poderosos intereses y de cúpula que se mueven en el ICE, respaldados por casa presidencial, MICITT, COMEX, hacen que desde noviembre 2024 la balanza se vaya inclinado por este leonino contrato.

Esta semana que recién concluye desde Casa Presidencial notifican al pueblo costarricense, distraído con topes y corridas toros, que se descarta la implementación de la salida más barata y se opta sospechosamente por la más onerosa, ya no $160 millones de dólares sino $187 millones de dólares si sumamos el complemento con RACSA.

Esto de designar y otorgar contratos a dedo es propio de regímenes espurios, opacos y totalitarios sistemas de contratación pública similares a los que operan actualmente en El Salvador, Nicaragua y Venezuela. Pare gestar esas formas rápidas de enriquecimiento indebido, desde lo público estorba el control la fiscalización. Por eso interesa debilitar a la Contraloría y las leyes que rigen dicha materia, alegando que obstruyen. Claro, dicha institución, los controles existentes y una prensa libre independiente, estorba a quienes desean operar de esa manera.

¿Han desaprovechado tres años, lo harán este último? Dios quiera que no. Nunca es tarde. La democracia siendo imperfecta es la mejor forma de gobierno. Y la corrupción se ataca con acciones vigorosas y leyes robustas, no con demagogia ni poses teatrales, mucho menos despotismo. Hace un año anunciaron un jaguar, nunca fueron claro qué entender por ello, por esa especie de felino. El jaguar, salvaje bestia silvestre, posee hábitos alimenticios nocturnos; que la oscuridad no se convierta en una triste analogía y augure un escenario escogido por estos gobernantes, para maquinar generosos negocios y burlarse de la paciencia y buena voluntad del pueblo costarricense. Bien decía mi abuelita, lo que se hace de noche, se ve de día.

Gracias a este conjunto de valientes jóvenes periodistas que no se cansan de denunciar aquello que está mal y que durante los últimos días otro medios han replicado satisfactoriamente. Veremos que tendrán que decir la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, en caso de que se materialice dicho contrato.

30-III-25