Esta es una versión adaptada para el Semanario Universidad de la UCR del artículo del mismo nombre y publicado en: CENTROAMÉRICA-Rendir Cuentas para que la Gente Cuente; Arroyo, J.M. et altere; Coordinación e Introducción Luis Guillermo Solís y Sergio Ramírez; Editorial Sexto Piso, S.A., de C.V., Madrid, España, 2025.
José Manuel Arroyo Gutiérrez
La historia reciente de la democracia en Centroamérica -y con ella el Estado de la Justicia en la región- , tiene como punto de partida los Acuerdos de Paz: Esquipulas I (25 de mayo de 1986) y Esquipulas II (7 de agosto de 1987).
En el primero de estos pronunciamientos hay un llamado genérico al desarme de los grupos en conflicto, al diálogo constructivo, y a la instauración de una paz duradera a través del desarrollo económico y social de nuestros pueblos. Se establece que la paz sólo es posible mediante un proceso democrático, pluralista y participativo, con promoción de la justicia social, respeto a los derechos humanos, así como el respeto a la soberanía e integridad territorial de las naciones. Se visualizaba, como mecanismo idóneo para alcanzar estos propósitos, un Parlamento Centroamericano (PARLACEN) que sirviera como mecanismo promotor e integrador de la región.1
En cuanto a Esquipulas II, se declaró la necesidad de tomar medidas como promover la reconciliación a lo interno de cada nación; finalizar las hostilidades armadas; impulsar la democratización y las elecciones libres; eliminar la asistencia externa para fuerzas militares irregulares, así como negociar el control de armas y la atención a los refugiados.
Estos acuerdos declarativos de buenos propósitos nunca descendieron a las cuestiones concretas de cómo debían organizarse el Estado, el Poder Judicial y la Administración de Justicia. Todo quedó en referencias generales a la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática y al respeto de los derechos humanos.
El principal resultado de esta perspectiva fue la sobrevivencia de diseños constitucionales bastante anacrónicos, anclados en lineamientos decimonónicos, tanto para el modelo de Estado –liberal y republicano clásico-, como respecto de la organización y funcionamiento de los poderes judiciales dentro de ese esquema.
Se conservaron poderes judiciales hechos a imagen y semejanza del modelo napoléonico francés de principios del siglo XIX, es decir, organizaciones burocráticas a imagen y semejanza de los cuerpos militares, piramidales, rígidamente verticalistas, con ocupación total del territorio nacional mediante instancias y especialidades por materia y, lo más sobresaliente, una cúpula constituida por la Corte Suprema, en la que se concentra no sólo la última instancia jurisdiccional, sino todo el poder político y administrativo para la gestión de la función judicial del Estado. De esta manera, la Corte Suprema no sólo tiene la última palabra en los asuntos que procesalmente tengan acceso a esta instancia, sino que además atiende asuntos presupuestarios, administrativos, nombramientos, capacitaciones, asuntos disciplinarios y un largo etcétera.
Salvo algunos tímidos intentos de delegar en consejos de la judicatura o consejos superiores (Guatemala, El Salvador, Costa Rica), algunas de las tareas de administración, las organizaciones judiciales de la región siguen aferradas a la concentración de poderes y facultades, lo que las hace tremendamente ineficientes y con frecuencia corruptas.
Por otra parte, desde la perspectiva de los principales temas y problemas de fondo de la justicia centroamericana y de América Latina en general, los casos constituidos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, enunciados por su ex Presidente, identifican las cuestiones de mayor gravedad: el rol de las empresas en la protección de los derechos humanos; el derecho al medio ambiente y de equidad intergeneracional; el derecho a la salud; la libertad de expresión; la violencia de género; las garantías del debido proceso; los alcances y uso de la prisión preventiva; el plazo razonable en casos de adopción; la guarda y custodia de menores de edad; las limitaciones a las actividades de inteligencia con base en el alcance a los derechos humanos; el derecho a la autodeterminación informativa; los derechos de reunión y circulación en contexto de protesta social; la obligación de delimitar, demarcar y otorgar títulos de propiedad colectiva sobre los territorios de las comunidades indígenas y tribales; y diversas medias de reparación integral.2
En esta tercera década del siglo XXI, el Estado de la Justicia en los países centroamericanos está determinado por factores estructurales y coyunturales.
El principal de los aspectos estructurales consiste, como ya quedó dicho, en diseños institucionales anacrónicos, a imagen y semejanza de una organización militar: piramidal, rígidamente verticalista, burocrática, con amplia concentración de poderes jurisdiccionales y administrativos en la cúpula (Corte Suprema) y, en consecuencia, muy ineficientes y antidemocráticas.
Los pocos esfuerzos por delegar funciones en consejos administrativos o de la judicatura, han tenido, en el mejor de los casos, alcances limitados como es el caso de Costa Rica y, en la peor de las situaciones, se ha tratado de ensayos poco tiempo después revertidos, sea por reformas legales, sea por declaraciones de inconstitucionalidad, como ha pasado en Guatemala, El Salvador y Honduras.
Se evidencia también una profunda brecha entre el mundo normativo (el deber ser) y la cruda realidad operativa de nuestros sistemas de justicia (el ser). La simple lectura de cualquiera de las constituciones políticas de las repúblicas de la región, evidencia la propuesta de una justicia emanada de la soberanía popular; así como un supuesto compromiso con los derechos humanos, las libertades fundamentales y las garantías propias de democracias liberales avanzadas. Pero cuando se desciende a cómo funcionan esos buenos propósitos en la práctica, comienzan a revelarse una serie de falencias, ineficacias y vicios que terminan por pintar un cuadro harto decepcionante.
En Costa Rica, la vigencia del Estado de Derecho todavía resiste, pero se arrastra un sistema de nombramientos en la cúpula judicial plagada de vicios y procedimientos amañados. Con altibajos, las mayorías parlamentarias han privilegiado la lealtad partidaria e ideológica a la excelencia académica e independencia profesional. Recientes leyes promulgadas al calor de ajustes fiscalistas amenazan la estabilidad funcional y laboral de la policía técnica, la fiscalía y la judicatura. Se han destapado escándalos por manejos irregulares de casos por claros tráficos de influencias y corrupción. En este punto, sin embargo, las buenas intenciones de procurar reformas de fondo, han naufragado en una cúpula que se niega a soltar los poderes tradicionales que ostenta. Las debilidades y falencias tradicionales han sido aprovechadas por las tendencias autocráticas del gobernante actual, que pretende destruir, no mejorar, el orden constitucional y la institucionalidad vigentes. En El Salvador se ha producido una quiebra del Estado de Derecho. El Poder Ejecutivo, sustentado en un amplio apoyo popular, ha implementado una política pública de prisionización indiscriminada con la cual, el debido proceso ha sido arrasado. La prensa independiente es perseguida y acallada. El Poder Judicial fue desmantelado y puesto al servicio incondicional de esas políticas represivas. La mayoría Parlamentaria ha bendecido esas estrategias y obedece fielmente los dictados presidenciales. Todo ha sido impuesto gracias a un estado de sitio que lleva ya varios años. El ejemplo salvadoreño es de manual, respecto a las nuevas formas de dominación oligárquica, no por medio de la bota militar, sino a través de estrategias dictatoriales con apariencia democrática. El caso de Guatemala presenta sus características propias. Como respuesta a los avances logrados en el sistema de justicia gracias a la intervención de Naciones Unidas a través de la CISIG, la clases dominantes, que vieron amenazados su impunidad y privilegios, ha arremetido tomando posesión de los poderes públicos, incluidos Corte Suprema y Ministerio Público, para revertir los logros obtenidos y asegurar que la justicia no toque a ciertos sectores con poder económico y político. Los jueces y fiscales que lograron condenas históricas contra ciertos intocables, han sido destituidos, perseguidos y en muchos casos obligados al exilio. Hoy la República de Guatemala se debate entre retomar la senda de un Estado de Derecho o continuar por la ruta de la corrupción institucional y la impunidad. La situación en Honduras es similar a las anteriores en varios aspectos. Hay serios cuestionamientos al sistema de nombramientos de la cúpula judicial y de la judicatura en general, por presiones e influencias indebidas de grupos poderosos en lo político y en lo económico. También se han registrado casos de corrupción, sobre todo de personajes influyentes que buscan impunidad ante acusaciones por tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y otros beneficios indebidos. Por último, la situación de la justicia en Nicaragua es la propia de un Estado de Facto, como en El Salvador, pues se han conculcado y neutralizado todos los mecanismos de balance y control propios de un Estado de Derecho. Se han prohibido y criminalizado manifestaciones públicas, así como las críticas y protestas mediáticas de opositores al gobierno. Se ha privado de la nacionalidad nicaragüense a activistas de derechos humanos, organizaciones no-gubernamentales y adversarios políticos. De hecho, se controla por parte del Ejecutivo a todos los demás órganos y poderes del Estado. El sistema judicial penal se ha manipulado para perseguir opositores, encarcelarlos y obligarlos al exilio. El colmo de la represión ha alcanzado a la Iglesia Católica y otras denominaciones religiosas a las que se les han prohibido rituales o manifestaciones públicas de sus celebraciones.
Por su parte, el principal factor coyuntural que marca el estado de la justicia centroamericana, es de carácter universal. En nuestros días estamos frente a una verdadera crisis de la democracia liberal republicana, y hay fuertes tendencias en todo el mundo que apuntan a sustituirla por regímenes autoritarios que pretenden concentrar el poder político. Si bien han cambiado las estrategias tradicionales de los golpes de estado conducidos por cúpulas militares contra las instituciones democráticas, en la actualidad se han impulsado formas no menos agresivas para tomar por asalto esa institucionalidad.
Guardando las apariencias democráticas, se trata en la mayoría de los casos, de manipular los procesos electorales controlando las autoridades electorales, eliminando de hecho la oposición, o perpetrando abiertos fraudes. Se trata asimismo de tomar el control de los otros poderes, asegurándose amplias mayorías parlamentarias, que autoricen cualquier capricho del Ejecutivo; o bien se trata de conformar poderes judiciales y ministerios públicos serviles, que se olviden de su independencia y función contralora, dando con sus resoluciones apariencia de constitucionalidad o legalidad a toda clase de tropelías y abusos.
En este último supuesto, cuando de controlar el Poder Judicial se trata, en todos los países de la región es más que evidente los esfuerzos de grupos de influencia y político-partidarios por manipular los nombramientos de las cúpulas y demás cargos en la judicatura y el Ministerio Público. De nuevo se observa con claridad todo tipo de maniobras para revestir estos procesos de una cierta apariencia de objetividad y tecnicismo, cuando en realidad se imponen criterios partidarios o, peor aún, criterios contaminados por loa intereses de sectores delictivos y corruptos que buscan impunidad.
En ese desventurado contexto, no es de extrañar las malas -a veces pésimas- calificaciones que reciben nuestros sistemas de justicia cuando son evaluados por organismos globales o regionales. Con alguna ventaja de Costa Rica en estas evaluaciones, pues aún se reconoce cierta capacidad de resistencia y fortaleza institucional, el resto de los países de Centroamérica exhiben cifras y posiciones muy negativas en aspectos fundamentales como respeto a los derechos humanos, acceso a la justicia, control a los gobernantes, o eficiencia y eficacia del Estado de Derecho en su conjunto.
Compartido con SURCOS por el autor.
1 Costa Rica nunca se adhirió a este organismo y el tiempo se ha encargado de exhibirlo como un cascarón burocrático ineficiente o peor aún, refugio de políticos en busca de impunidad.
2(Pérez Manrique, Ricardo C; Juez Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Informe Anual 2023).
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR): contacto: nboeglin(a)gmail.com
El ataque en la capital Doha de Qatar realizado por Israel el pasado 9 de septiembre, con el objetivo de eliminar físicamente a los representantes del Hamás ahí presentes, ha provocado una reacción de repudio a nivel internacional: este ataque constituye una nueva violación a la integridad territorial de un Estado soberano por parte de Israel.
Además de tratarse de un Estado soberano, Qatar es un Estado que ha destinado sus máximos esfuerzos, a solicitud de Estados Unidos y de Israel, para interceder entre Israel y el Hamás desde hace casi dos años, en aras de encontrar una solución negociada que permita resolver el drama indecible que se vive en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023: en este comunicado oficial, el jefe de la diplomacia catarí explica además, el contacto y consultas directas con familiares de rehenes israelíes desde la misma Israel, en el marco de estas complejas y desgastantes negociaciones para estos familiares.
No está de más recordar que, con el acuerdo de Israel, una valija conteniendo 30 millones de dólares transitaba mensualmente, y ello desde el 2018, desde Doha hacia Gaza, llegando al aeropuerto Ben Gurion en Israel y escoltada desde ahí por los servicios de inteligencia de Israel hasta su entrega formal en Gaza al Hamás (véase artículo del New York Times de diciembre del 2023 y este otro de CNN ): como se puede apreciar, hasta antes del 7 de octubre del 2023, Qatar constituía una pieza clave en la «gestión» de Gaza por parte de Israel.
Las declaraciones evasivas del actual ocupante de la Casa Blanca ante este ataque de Israel en el territorio catarí colocan ahora a Estados Unidos en una situación sumamente incómoda con el Estado en el que está ubicada la principal base militar norteamericana en toda la región: Qatar. De paso, estas declaraciones ponen en tela de duda la supuesta «protección» que garantiza Estados Unidos a sus aliados en la península arábica, así como los flujos de inversión anunciados hacia Estados Unidos por parte de Qatar así como de varios otros Estados de la península en mayo pasado. Este artículo publicado por Axios este 15 de septiembre titulado «Netanyahu spoke to Trump before Israel bombed Qatar» desmiente la versión oficial dada por la Casa Blanca con relación al momento en que fue informada de este ataque.
Es de precisar que este ataque sobre el territorio de Qatar fue precedido por el anuncio por parte de España, el pasado 8 de septiembre, de varias medidas contra Israel tendientes a crear un cerco para la flota mercante y aviones con cargamentos en dirección de Israel (véase comunicado oficial del Palacio de La Moncloa).
Una segunda quincena de septiembre particularmente cargada
La agencia catarí de noticias anunció el pasado 13 de septiembre, la convocatoria de una reunión urgente de la Liga de Estados Árabes y de la Organización para la Cooperación Islámica (más conocida por sus siglas en inglés OIC) para los días 14 y 15 de septiembre (véase nota de prensa de la agencia QNA) en Doha, en aras de consensuar una respuesta regional a lo que se considera constituye un agravio de Israel a Qatar así como a toda la comunidad árabe e islámica. En la precitada nota de QNA, se indica que:
«Convened in light of recent developments in the region, including the treacherous Israeli attack, the summit is set to discuss a draft statement on the Israeli assault, prepared by the preparatory meeting of Arab and Islamic foreign ministers scheduled for Sunday. This step reflects a collective determination to unify positions in the face of this flagrant threat and to coordinate joint efforts to confront Israel’s repeated violations«.
Resulta sumamente notorio observar el liderazgo de Qatar en la región, al haber logrado reunir en su capital los días 14 y 15 de septiembre a Jefes de Estado y a ministros de relaciones exteriores de Estados cuyos territorios fueron también bombardeados después el 7 de octubre del 2023 por Israel (Líbano, Irak, Irán, Siria) sin lograr convocar una cumbre de carácter urgente como la que Qatar ha logrado convocar y llevar adelante de manera exitosa. El texto de la resolución final adoptada en Doha este 15 de septiembre, con 25 puntos dispositivos, cuya lectura se recomienda, está disponible en este enlace.
Adoptada el 15 de septiembre en Doha, esta resolución fue seguida, el 16 de septiembre de la presentación de un informe de una comisión de investigación de Naciones Unidas, confirmando la comisión de un genocidio en Gaza por parte de Israel (véase comunicado oficial de Naciones Unidas). En el informe dado a conocer este 16 de septiembre (disponible en el enlace anterior, y cuya lectura completa se recomienda), se lee que:
» 202. The Commission finds that, in relation to the total siege, the following factors indicate the Israeli authorities’ intention to impose conditions of life calculated to bring about physical destruction of the Palestinian group in Gaza: (i) the nature of the siege imposed, its duration and the vulnerability of Palestinians in Gaza who are dependent on the humanitarian aid blocked by Israel; (ii) the awareness of the objective probability that their conduct would lead to the destruction of Palestinians in Gaza as a group; (iii) the continuation of blockade despite warnings, including the flagrant disregard of binding orders of the International Court of Justice; and (iv) the entrapment of Palestinians in Gaza, ensuring they cannot escape the violence and eventual destruction of the group.
203. Based on the above, the Commission concludes that the conduct of the Israeli authorities indicates the intention to destroy the Palestinian group in Gaza through starvation and the blocking of humanitarian aid into Gaza«.
../..
254. On the mens rea of genocide, the Commission concludes that statements made by Israeli authorities are direct evidence of genocidal intent. In addition, the Commission concludes that the pattern of conduct is circumstantial evidence of genocidal intent and that genocidal intent was the only reasonable inference that could be drawn from the totality of the evidence. Thus, the Commission concludes that the Israeli authorities and Israeli security forces have had and continue to have the genocidal intent to destroy, in whole or in part, the Palestinians in the Gaza Strip».
Reacciones de repudio casi inmediatas de numerosos Estados
Además de Estados de la península arábica, las condenas y expresiones oficiales de repudio por parte de muchos otros Estados no se hicieron esperar, horas después de darse a conocer este ataque perpetrado por Israel en Doha, la capital de Qatar.
A título de ejemplo, referimos a nuestros estimables lectores a los comunicados oficiales inmediatamente difundidos después del ataque en Doha como los de Alemania (véase texto), de Baréin (véase texto), de Canadá (véase texto), de España (véase texto), de Emiratos Árabes Unidos (véase texto), de Francia (véase texto), de Indonesia (véase texto), de Malasia (véase texto), de Singapur (véase texto), de Sudáfrica (véase texto), de Turquía (véase texto), o de Noruega (véase texto).
Las mismas reglas invocadas y violadas por Israel, y la correspondiente condena, aparecen en la declaración realizada el 11 de septiembre por el representante de China (véase enlace), de Francia (véase texto) y la representante del Reino Unido en sus respectivas intervenciones durante una sesión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (véase enlace al texto de la delegada británica).
En el caso de América Latina, podemos referir a los comunicados oficiales de Bolivia (véase texto), de Brasil (véase texto), de Chile (véase texto), de Colombia (véase texto), de Panamá (véase texto), de Perú (véase texto), de Uruguay (véase texto) o de Venezuela (véase texto) entre varios otros, a comparar con el escueto texto de la diplomacia costarricense colgado tardíamente (el 11 de septiembre, después de las 14:00 horas en Costa Rica, véase texto). El texto de Costa Rica señala en dos frases, omitiendo el uso del verbo «condenar» o «repudiar» (Nota 1) que:
«San José, 11 de setiembre de 2025. Costa Rica expresa su solidaridad con el gobierno y el pueblo de Catar por el ataque de Israel contra líderes de Hamás en territorio de Catar el 09 de septiembre de 2025, el cual contraviene el derecho internacional y su soberanía territorial.
Nuestro país reitera su llamado para evitar una escalada de violencia en la región y reafirma su compromiso con el respeto a la soberanía de los Estados, al derecho internacional y la resolución pacífica de los conflictos mediante el diálogo«.
No es la primera vez que se observa a Costa Rica con un aparato diplomático imposibilitado (por alguna razón que sería de sumo interés conocer…) de «condenar» expresamente a Israel, tal y como se analizó recientemente: su mutismo absoluto con relación al asesinato deliberado por parte de Israel de periodistas palestinos en Gaza (Nota 2). Con relación a las sanciones tomadas por Estados Unidos de agosto del 2025 contra el personal de la Corte Penal Internacional (CPI), por investigar y tramitar casos contra Israel en razón de las múltiples exacciones cometidas en Gaza por su ejército, se registró el mismo mutismo oficial de la diplomacia costarricense (Nota 3).
Foto del centro de la ciudad de Gaza, 8 de septiembre del 2025, extraída de artículo de prensa publicado en Israel, «I’am in Gaza City, my bag is packed, but I refuse to leave my home», Magazine+972, edición del 9 de septiembre del 2025, cuya lectura es recomendada.
En lo que respecta a Argentina y a Paraguay, su silencio con relación a lo ocurrido este 9 de septiembre del 2025 en Doha, confirma – una nueva vez – su calidad de «fichas útiles» de Israel en América Latina y ello desde varios años: una posición oficial que se ha visto reflejada en varias votaciones en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Gaza e Israel.
Este 12 de septiembre se votó una resolución de la Asamblea General sobre la solución de dos Estados para resolver la cuestión palestina (véase texto en inglés), la cual endosa la denominada «Declaración de Nueva York» adoptada en el marco de una cumbre celebrada en julio/agosto del 2025, auspiciada por Arabia Saudita y Francia (véase texto en español, francés y en inglés). Esta resolución de la Asamblea General registró una abrumadora mayoría de 142 votos a favor, contando entre los 10 votos en contra, con los de las dos precitadas «ficha útiles» de Israel en América Latina. Entre las 12 abstenciones figuran Ecuador y Guatemala, al tiempo que Panamá optó por el discreto pero siempre curioso «No Show» (ausencia de su delegado en el momento de registrarse la votación), al igual que Haití y Honduras. Como bien se sabe, Panamá es el único Estado de América Latina que persiste en no reconocer a Palestina como Estado. Por su parte, Bolivia y Venezuela no pueden votar en la Asamblea General en razón del atraso en el pago de sus contribuciones a Naciones Unidas (véase nota de Naciones Unidas y resoluciónsobre los montos adeudados). En el caso de Guatemala, periodistas de investigación han logrado tener acceso a documentos del ejército guatemalteco que pueden explicar esta y otras abstenciones observadas por parte de Guatemala en Naciones Unidas (véase nota del medio digital No Ficción del 11 de septiembre del 2025). En el caso de Ecuador su máxima autoridad fue a Israel en mayo del 2025 a reforzar los lazos bilaterales con Israel (véase nota oficial). A continuación se reproduce el tablero de votación registrado este 12 de septiembre en Nueva York, el cual constituye una nueva victoria para la diplomacia palestina, un éxito que comparte con Francia y Arabia Saudita, al haber ambos Estados patrocinado la cumbre de Nueva York realizada en julio/agosto del 2025:
La lectura de la explicación de voto de la delegada de Estados Unidos que votó en contra de esta importante resolución (véase textode su explicación de voto) permite nuevamente confirmar la exacta coincidencia de criterios entre los delegados norteamericanos y los delegados israelíes en Naciones Unidas.
La acción emprendida por Qatar ante Naciones Unidas y un pequeño detalle formal, pasado desapercibido
En una carta remitida a diversos órganos de Naciones Unidas, se lee que Qatar (véase comunicado en español colgado por su aparato diplomático) que:
«En la carta, el Estado de Qatar expresó su condena en los términos más enérgicos de este ataque criminal, que constituye una violación flagrante de todas las leyes y normas internacionales y una grave amenaza para la seguridad y protección de los qataríes y residentes en Qatar.
Asimismo, confirmó que las fuerzas de seguridad, la defensa civil y las autoridades pertinentes respondieron inmediatamente al incidente y tomaron las medidas necesarias para contener sus consecuencias y garantizar la seguridad de los residentes y de las zonas circundantes.
El Estado de Qatar subrayó que, aunque condena enérgicamente este ataque, no tolerará el comportamiento imprudente de Israel ni su continua intromisión en la seguridad de la región, ni cualquier acción que atente contra su seguridad y soberanía«.
No está de más indicar que Qatar se suma a una lista de Estados que han sido objeto de ataques aéreos en los últimos meses por parte de Israel, siempre bajo el argumento de «aniquilar al Hamás» y/o a quienes directa o indirectamente los apoyan: Líbano, Siria, Irak, Irán, Yemen.
Se sospecha que los drones furtivos que han atacado embarcaciones de activistas y organizaciones sociales que planean tomar el mar en dirección de Gaza, en puertos de Túnez, también han sido dirigidos desde Israel, pese al hecho que las autoridades tunecinas guarden un incómodo silencio al respecto, así como la misma Israel (véase nota de prensa de la BBC del 10 de septiembre del 2025). El 9 de septiembre un numeroso número de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas exigió que se tomen medidas de protección para resguardar en Túnez a los que participan en esta iniciativa (véase comunicado de Naciones Unidas).
En el caso específico de Túnez, hay que recordar que el 1ero de octubre del 1985, Israel bombardeó con su aviación su territorio bajo el argumento de «eliminar a los terroristas» de la OLP, causando un repudio generalizado y la condena del mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (véase texto de la resolución 573(1985). En dicho ataque murieron 73 personas, de las cuales 15 eran tunecinas (Nota 4). En la resolución 573 del Consejo de Seguridad de 1985, se leyó que el máximo órgano de Naciones Unidas de aquella época no dudo un instante en:
«1. Condemns vigorously the act of armed aggression perpetrated by Israel against Tunisian territory in flagrant violation of the Charter of the United Nations, international law and norms of conduct;
2. Demands that Israel refrain from perpetrating such acts of aggression or from threatening to do so;
3. Urges Member States to take measures to dissuade Israel from resorting to such acts against the sovereignty and territorial integrity of all States;
4. Considers that Tunisia has the right to appropriate reparations as a result of the loss of human life and material damage which it has suffered and for which Israel has claimed responsibility».
Es de señalar que 40 años después, en una acción muy similar por parte de Israel en Qatar esta vez, bajo el mismo argumento de «eliminar a los terroristas» palestinos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas optó por no aprobar una resolución: en efecto, el Consejo de Seguridad condenó mediante una «declaración de su Presidente«, este ataque, luego de una larga sesión urgente en la que se escucharon intervenciones de los quince embajadores de los Estados miembros así como las del delegado de Qatar y de Israel (véase video).
Con relación al contenido de esta «declaración de la Presidencia«, remitimos a nuestros estimables lectores a esta nota de la agencia de noticias Reuters del 11 de septiembre y a esta nota de prensa de Naciones Unidas. En esta declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (véase texto), la palabra «condena» si aparece en el léxico usado en este texto leído en nombre del máximo órgano de Naciones Unidas, por lo que son aún mayores las interrogantes sobre su ausencia en el comunicado oficial de Costa Rica.
El haber recurrido a una declaración de la Presidencia, y no haber adoptado una resolución del Consejo de Seguridad en este mes de septiembre del 2025, posiblemente se deba al veto norteamericano que esta vez sí se iba a ejercer en aras de evitarle a Israel una enésima condena por parte de un órgano de Naciones Unidas: este pequeño detalle formal, muy pocamente analizado, evidencia el apoyo irrestricto de la actual administración norteamericana a Israel.
Cabe también indicar que en Oriente Medio, Qatar es un socio estratégico y comercial para Estados Unidos, así como para numerosos Estados europeos, como se indica en esta detallada ficha técnica elaborada por la diplomacia española para empresas españolas deseosas de invertir en Qatar. En mayo del 2025, Qatar había anunciado un aumento significativo de sus inversiones en Estados Unidos (véase nota de prensa de la agencia de noticias Reuters).
Este 15 de septiembre se anunció también una reunión urgente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas programada para el día siguiente, sobre el ataque sufrido por parte de Qatar (véase comunicado oficial de Naciones Unidas).
Un hecho insólito seguido … por provocaciones de Israel
Salvo error nuestro, es la primera vez en la historia del derecho internacional que una mediación internacional que involucra a varios Estados (en este caso a Qatar y a Egipto) entre dos partes (Israel y el Hamás) sufre un intento por parte de uno de los dos contrincantes de eliminar físicamente a los integrantes del equipo negociador en la capital del Estado mediador en la que se llevan a cabo las negociaciones.
Las declaraciones oficiales en Israel indicando que Qatar debe expulsar a los representantes del Hamás que sobrevivieron al ataque o que otros ataques podrían darse, y comparaciones hechas con Al-Quaeda por parte del Primer Ministro de Israel, provocaron una reacción vehemente de las autoridades diplomáticas de Qatar en un comunicado colgado este 11 de septiembre (véase texto completo), en el que se lee que:
«The false comparison to the pursuit of al-Qaeda after the terrorist attacks is a new, miserable justification for its treacherous practices. There was no international mediation involving an al-Qaeda negotiating delegation, with which the United States could engage with international support, to bring peace to the region at the time.
Such statements are hardly surprising coming from an individual who relies on extremist rhetoric to win elections and is wanted for international justice, facing mounting sanctions on a daily basis—factors that only deepen his isolation on the global stage.
On the other hand, the international solidarity shown with Qatar underscores that such reckless threats directed at sovereign states are categorically rejected the world over«.
Raramente se ha visto a un Estado soberano ser «agradecido» de semejante manera por otro Estado como Israel, por sus esfuerzos en una mediación internacional solicitada por este último para encontrar una solución en Gaza.
El tono empleado por Qatar en este último comunicado oficial (cuya lectura completa se recomienda), deja prever que con este ataque del 9 de septiembre, Israel sepultó años de esfuerzos de su propia diplomacia en aras de normalizar paulatinamente sus relaciones con algunos Estados de la región: un error estratégico que posiblemente tenga profundas repercusiones en la región.
En efecto, es muy posible que Israel, con esta acción en el territorio de Qatar del 9 de septiembre del 2025, genere un fuerte movimiento en su contra de los Estados de la región y más allá, y que los Estados que suscribieron los denominados «Acuerdos de Abraham» en el 2020 con Israel (bajo fuerte presión norteamericana) a saber Baréin, Emiratos Arabes Unidos, Marruecos y Sudán, reciban excitativas insistentes para dejar estos acuerdos sin efecto y suspender sus relaciones económicas con Israel: violar de manera tan flagrante la integridad territorial de un Estado como Qatar debió ser cuidadosamente ponderado por parte de Israel, y al parecer no lo fue mayormente. En este artículo titulado «The widespread fallout of Israel´s Qatar strikes«, cuya lectura completa se recomienda, se puede leer que en tela de fondo a este ataque sobre Qatar, está el drama indecible que se vive en Gaza y sus efectos sobre los Estados que han suscrito los denominados «Acuerdos de Abraham«:
«The war has also jeopardized the future of the Abraham Accords. Members of the far-right Israeli government have said that the accords did not oblige it to adhere to the two-state solution or the principle of land for peace. They have claimed that friendly relations provided sufficient incentive for its neighbors to ignore the Palestinian cause and abandon their support for the Palestinians».
Dentro de Israel, este ataque en la capital de Qatar podría aumentar significativamente el repudio de gran parte de la sociedad israelí en contra de sus actuales autoridades, en particular la indignación de los familiares de los rehenes israelíes y de otros sectores: este 14 de septiembre, en Toronto (Canadá) se realizó un foro denominado «Haaretz Conference in Toronto» (véase video), mientras que en Israel se publicó, el pasado 8 de septiembre, este artículo titulado «Israeli army refusers defy harsher backlash to protest genocide«, cuya lectura se recomienda. Este 14 de septiembre, este artículo publicado en el TimesofIsrael detalla el alcance de los daños mentales severos que sufren militares israelíes de regreso de sus operaciones en Gaza al tiempo que este artículo del 15 de septiembre publicado en este mismo medio de prensa israelí refiere a una audiencia en la Knesset sobre la tasa de suicidios dentro del ejército israelí (Nota 5).
A modo de conclusión
Como se puede observar no es la primera vez que Israel intenta provocar a un Estado en Oriente Medio, en abierta violación a las reglas más elementales que rigen el ordenamiento jurídico internacional desde 1945.
Ahora bien, a diferencia de las anteriores acciones de este tipo, esta última maniobra de Israel plantea ahora serios problemas para Estados Unidos en su relación privilegiada con Qatar en la región.
Cabe destacar que en dos días, dos provocaciones, la de Israel en Qatar el 9 de septiembre y la de Rusia enviando unos 20 drones en Polonia, Estado integrante de la OTAN (el 10 de septiembre), han dado lugar a posturas evasivas del actual ocupante de la Casa Blanca, al parecer un tanto abrumado; o al menos dando la sensación de estar totalmente desbordado por estas acciones.
De paso, con esta acción militar en Qatar, Israel torpedea como nunca antes el proceso de negociación con el Hamás con miras a un cese al fuego y al intercambio de rehenes israelíes y de prisioneros palestinos: un proceso en el que, además de Qatar y Egipto, Estados Unidos ha estado involucrado desde hace casi dos años. Con este ataque contra el equipo negociador del Hamás en Doha, Israel cierra al parecer toda posibilidad de negociar una salida con el Hamás, y pareciera sellar la suerte de sus ciudadanos capturados por el Hamás el 7 de octubre del 2023 que aún permanecen en vida y custodiados en alguna parte de Gaza por integrantes del Hamás. Raramente se ha visto a un Estado admitir (sin reconocerlo) que luego de más de 23 meses de intensos bombardeos en Gaza so pretexto de «aniquilar al Hamás» y «recuperar los rehenes isarelíes«, ha fracasado estrepitosamente al no alcanzar ninguno de estos dos objetivos militares.
Finalmente, este episodio entre Israel y Qatar permite desviar por unos días la atención mundial sobre el genocidio en curso en Gaza perpetrado por el ejército israelí, en particular al iniciarse formalmente el pasado 9 de septiembre, la apertura de la sesión anual de la Asamblea General de Naciones Unidas en este 2025. En el último informe de Naciones Unidas sobre la situación en Gaza (al 10 de septiembre) se lee (véase enlace) que:
«According to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, between 3 and 10 September, 499 Palestinians were killed, and 2,258 were injured. This brings the casualty toll among Palestinians since 7 October 2023, as reported by MoH, to 64,656 fatalities and 163,503 injuries. According to MoH, the total number includes 401 fatalities who were retroactively added on 4 September 2025 after their identification details were approved by a ministerial committee. MoH further noted that the number of casualties among people trying to access aid supplies has increased to 2,456 fatalities and more than 17,861 injuries».
Este comunicado de Amnistía Internacional del 10 de septiembre permite dar una idea de la total insensatez del accionar de Israel en Gaza, precedido de este otrodel Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, con fecha del 9 de septiembre, condenando a Israel por usar el hambre de la niñez como arma de guerra en Gaza.
– – Notas – –
Nota 1: El comunicado oficial de Costa Rica se lee de la siguiente manera:
«Política Exterior, Septiembre 11, 2025 02:04 PM
Costa Rica expresa su solidaridad con Catar
San José, 11 de setiembre de 2025. Costa Rica expresa su solidaridad con el gobierno y el pueblo de Catar por el ataque de Israel contra líderes de Hamás en territorio de Catar el 09 de septiembre de 2025, el cual contraviene el derecho internacional y su soberanía territorial.
Nuestro país reitera su llamado para evitar una escalada de violencia en la región y reafirma su compromiso con el respeto a la soberanía de los Estados, al derecho internacional y la resolución pacífica de los conflictos mediante el diálogo.
Comunicación Institucional, 303-2025 CR solidaridad Catar, Jueves 11 de setiembre de 2025″ .
Nota 2: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N., «Informar al mundo desde Gaza y prensa: el cerco persistente que Israel intenta mantener desde hace 23 meses, analizado desde una Costa Rica inaudible«, 5 de septiembre del 2025. Texto integral disponible aquí.
Nota 3: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N., «Gaza / Israel: las recientes sanciones de Estados Unidos contra la CPI, analizadas desde una Costa Rica inaudible», 20 de agosto del 2025. Texto integral disponible aquí.
Nota 4: Véase REGOURD. S.,»Raids «anti-terroristes» et développement récents des atteintes au principe de non-intervention«, Vol. 32, AFDI (Annuaire Français de Droit International ), 1986 pp. 79-103, p. 79. Texto integral disponible aquí.
Nota 5: Son múltiples los traumas con los que muchos jóvenes israelíes han regresado de Gaza, debido a su inexperiencia en el combate pero también debido al tipo de instrucciones que han tenido que obedecer en Gaza como soldados en contra de una población civil totalmente indefensa. Estos traumas son severos y persistentes: disparar contra niños, contra mujeres, contra ancianos y contra personas con algún tipo de discapacidad, largar explosivos sobre campamentos de refugiados, destruir salas de hospitales y muchas otras exacciones observadas en Gaza dejan una profunda huella en la mente de algunos de sus autores. La tasa de suicidios dentro de las filas del ejército israelí ha empezado (por fin…) a interesar a la prensa israelí: véase este artículo delTimesofIsrael de agosto del 2025 sobre tasa de suicidios y este artículo de mayo del 2025 sobre reservistas sufriendo serios traumas llamados a … volver a ponerse el informe y enviados a Gaza. Este artículo publicado en el Jerusalem Post del 23 de agosto da cuenta del deterioro generalizado de la salud mental de muchos de los soldados israelíes que han regresado de Gaza (véase enlace). No está de más añadir que Israel envía a Gaza personas extremadamente jóvenes, sin mayor experiencia militar, muchas de las cuales han fallecido al constituir un blanco muy fácil: el pasado 8 de septiembre del 2025, los cuatro soldados fallecidos al estallar su tanque en Gaza tenían uno 19 años, dos 20 años de edad y uno 21 años (véase nota del JerusalemPost). A mediados de junio, fueron ocho las bajas de muy jóvenes israelíes en un solo día (véase nota del TimesofIsrael del 15 de junio). Al iniciar junio, esta nota del TimesofIsrael también refirió a tres soldados muy jóvenes que perdieron la vida en Gaza. El 8 de julio del 2025, fueron esta vez cinco jóvenes soldados de los cuales cuatro son menores de 21 años los que fallecieron en Gaza (véase nota del TimesofISrael). El pasado 14 de julio otros tres jóvenes soldados israelíes murieron en Gaza (ver nota del TimesofIsrael): a una ofensiva militar sin sentido en Gaza desde hace más de 23 meses, ahora la sociedad israelí debe observar cómo jóvenes sin mayor preparación militar al combate caen en Gaza por falta de experiencia o regresan a sus casas vivos, con, el el caso de muchos de ellos, severos traumas que condicionarán el resto de su existencia.
Tanto en América Latina como en el resto del mundo, el trabajo experimenta transformaciones inusitadas que han reconfigurado radicalmente la manera en que este concepto era entendido jurídica y culturalmente en nuestras sociedades: vivimos un momento histórico caracterizado por el progresivo desplome de la sociedad laboral de base salarial, del empleo pleno y duradero construido en torno a la idea de la profesión, que está siendo suplantado por esquemas laborales difusos – y confusos – que sitúan ahora al trabajo fuera de los márgenes de la protección jurídica y los derechos laborales convencionales. Lo cierto, en cualquier caso, es que estamos acostumbrados a pensar la vida moderna con categorías de la sociedad industrial que hoy han perdido su actualidad: tanto la profesión y el empleo pleno como la estabilidad laboral y salarial del antiguo sistema ocupacional están siendo destronados por nuevos modelos laborales ultra-flexibles, inestables y sin relación patronal que erosionan los cimientos de aquello que nos habíamos acostumbrado a llamar derecho laboral.
Costa Rica, como es de esperarse, no escapa de estas embestidas. La profesión – y la formación que esta acarrea – ha perdido su capacidad para dar seguridad laboral y definir duraderamente la identidad de la persona trabajadora: abundan hoy los trabajos temporales, efímeros, flexibles, múltiples y escurridizos; los trabajos informales con horarios inestables, las oportunidades esporádicas, los trabajos de micro-tareas en internet, las plataformas digitales de transporte, repartición y servicios, el taxismo pirata y el marketing digital.
El sistema ocupacional convencional, que ganó terreno entre los años cincuenta y setenta del siglo pasado con la ampliación del empleo público y la alta inversión extranjera en sectores productivos, ha sido progresivamente subvertido ante nuevos esquemas laborales fragmentarios y ambiguos, en los que ya no existe una relación contractual, ni horarios fijos ni una localidad establecida. Bajo eslóganes de flexibilidad y mayor tiempo libre para quienes trabajan, las empresas nacionales y transnacionales encontraron la excusa perfecta para eximirse de obligaciones patronales y responsabilidades sociales hacia la fuerza laboral: en los trabajos informales e inestables, sobre todo los de la era digital, las relaciones laborales son laxas, por lo que muchas personas quedan al margen de la protección social y los sistemas de capitalización social – como las pensiones y el sistema salud–. Costa Rica, de esta forma, parece convertirse en una sociedad de riesgos individualizados y trabajos desregulados
El neoliberalismo de las últimas décadas, que propició situaciones de inseguridad laboral, subempleo y, sobre todo, informalidad – que en Costa Rica llega a cerca del 40% de la fuerza de trabajo, según el INEC –, así como los avances técnico-científicos de la era digital, que diluyen las nociones del espacio-tiempo de la vida cotidiana y los contratos laborales, han asegurado la creciente inviabilidad del antiguo modelo laboral. La globalización digital hace que, por ejemplo, empresas transnacionales puedan gozar de mano de obra barata de personas trabajadoras a distancia por medio de trabajos a destajo, micro-tareas y simples ‘‘mediaciones’’ entre consumidores y clientes.
Consecuentemente, la sociedad salarial del empleo pleno ahora convive con una nueva forma de trabajo con diferencias espacio-temporales y socio-jurídicas radicales: unos trabajan con garantías sociales y protecciones laborales y otros trabajan bajo precariedad e inseguridad salarial. Todo esto representa nada más y nada menos que un claro síntoma de una transición que lleva años operando en el país y que los avances tecnológicos no han hecho más que acelerar: el paso de una sociedad salarial hacia una sociedad del riesgo.
En otras palabras, ante todas estas trasformaciones el trabajo se ha convertido en ‘‘trabajo líquido’’, trabajo sin forma, demasiado escurridizo para ser regulado por los sistemas de protección social y las normativas laborales. Estamos entonces, en Costa Rica, ante el reto de proteger y regular un trabajo dinamizado que desborda nuestras leyes estancadas; estamos ante el escenario de un trabajo amorfo y una legislación estática, petrificada, que se traduce en una crisis de aplicabilidad del derecho laboral y una crónica inadaptabilidad de los sistemas de bienestar social en ámbitos como la salud y las pensiones, como bien en la formación y la educación de la fuerza de trabajo.
La incapacidad – o la cómoda y malintencionada inacción – de la Asamblea Legislativa al abordar las transformaciones del trabajo, especialmente en materia digital y tecnológica, tiene como consecuencia que muchas de las problemáticas de los trabajadores inmersos en la sociedad del riesgo – los de la informalidad y la inseguridad salarial, que no cotizan para un futuro digno – terminan siendo resultas en tribunales. Hay, por ejemplo, una judicialización de los nacientes problemas laborales de la era digital, como se evidenció cuando el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José ratificó su sentencia condenatoria a Uber por no cumplir con sus deberes patronales, considerándose que hubo una relación laboral encubierta entre la plataforma y el conductor demandante, situación que por la falta de regulación en el plenario deja a miles de conductores bajo el umbral inseguridad laboral.
En este punto, surge una pregunta central para nuestra discusión: ¿debe Costa Rica transitar hacia una formalización del trabajo digital y colocar los nuevos y volátiles esquemas laborales bajo el amparo del derecho laboral convencional?
Lo cierto, en cualquier caso, es que el derecho laboral debe repensarse a la luz de estas transformaciones; más allá de simplemente volver a aplicarse ciegamente la normativa anterior, es importante reconocer garantías sociales y derechos laborales específicos a la fuerza laboral de la era digital y de los trabajos inestables a la vez que se reconocen las particularidades de estas formas emergentes de trabajo. Aun así, varios elementos del trabajo convencional han mostrado ser rescatables, como el concepto jurídico de la subordinación – que ha sido aplicado a conductores de plataformas en varios países, como México y Chile –. Ante todo, es necesario que, ante las múltiples facetas que hoy asume el trabajo, se busquen nuevas formas de que esta actividad esté protegida y garantice una vida digna.
Costa Rica, por el contrario, parece seguir una senda diferente: el país se asoma al abismo de los retrocesos laborales, con un gobierno y un plenario enfrascados en una batalla por ampliar las jornadas laborales de 8 a 12 horas en algunos sectores productivos.
En este mes patrio, estos retrocesos no son más que una reminiscencia nostálgica de lo que antaño fuera una República Bananera.
¡Feliz día de la independencia! Para los empresarios…
* Escuela de Sociología, Universidad Nacional. Asistente investigador del Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense. Exrepresentante de Costa Rica en la XXXI Olimpiada Internacional de Filosofía, Grecia, 2023.
Los tiempos de las verdaderas revoluciones han quedado atrás. Hoy, cualquier levantamiento que pretenda vestirse con el nombre de “revolución” no es más que una fachada, un montaje cuidadosamente diseñado para engañar a los pueblos. Bajo el disfraz de un cambio de régimen o de una supuesta “liberación”, lo que se esconde es la mano invisible de las élites globales que, enemigas de las tradiciones y de la soberanía de las naciones, manipulan las aspiraciones colectivas para dirigirlas hacia su propio beneficio.
Estas revueltas no nacen del clamor popular ni de la conciencia de las masas: son operaciones calculadas, instrumentos de ingeniería política y social para desarticular Estados, fragmentar culturas y someter economías enteras a los designios del capital transnacional. Las llamadas “primaveras árabes” y las “revoluciones de colores” son ejemplos paradigmáticos: nunca fueron movimientos espontáneos ni genuinamente emancipadores, sino mecanismos de injerencia, financiados y conducidos desde fuera, que dejaron tras de sí caos, ruina y pueblos aún más sometidos que antes.
Lejos de inaugurar un nuevo amanecer, estas falsas revoluciones son la noche más oscura de la política contemporánea: una estrategia de desarraigo, desintegración y nihilismo colectivo, que usa las palabras del pueblo para destruir al propio pueblo.
Una prueba clara de esta realidad se encuentra en el lenguaje estratégico de líderes como Xi Jinping y Vladimir Putin. En sus discursos, ambos evitan deliberadamente el término “transformar” o “revolucionar” y optan por “reformar”. Esta elección no es casual. “Transformar”, derivado del latín transformare (cambiar de forma), implica una ruptura radical, un cambio estructural que destruye lo existente (aunque sea bueno) para construir algo completamente nuevo. Es un término asociado históricamente con revoluciones que buscan derrocar sistemas enteros, a menudo acompañadas de caos y desestabilización.
En contraste, “reformar”, del latín reformare (dar nueva forma), no significa destruir, sino reconfigurar para fortalecer. Es un enfoque pragmático, sin mucho dogmatismo, pensado para dar estabilidad en un mundo que vive en tensión constante.La historia nos muestra que incluso en Costa Rica, José Figueres Ferrer y Manuel Mora Valverde, después de las turbulencias de los años cuarenta en el país, entendieron que el verdadero camino revolucionario o auténtica vía costarricense era la reforma: modificar lo necesario sin dinamitar los cimientos, construir futuro sobre bases sólidas.La historia les dio la razón entonces; la geopolítica se las da ahora.
En un escenario global donde potencias como China y Rusia hablan de reformar el orden internacional para adaptarlo a nuevas realidades, queda claro que la verdadera fuerza creadora del siglo XXI no está en las utopías de ruptura modernas, sino en la capacidad de reformar con firmeza y visión estratégica.
Xi y Putin abogan por reformar las instituciones internacionales, reformar sus países y promover la estabilidad en un mundo convulso. Este lenguaje refleja una visión de cambio ordenado, que preserva la soberanía y el equilibrio global, en lugar de sucumbir a la narrativa de revoluciones que, bajo la promesa de “despertar”, a menudo sirven a agendas extranjeras o corporativas que se disfrazan con la máscara de la defensa de los derechos humanos y la democracia, cuando lo menos que les interesa es eso.
La preferencia por “reformar” sobre “transformar” no es solo semántica; es una declaración de intenciones: el cambio debe ser estratégico, no disruptivo, y debe priorizar la estabilidad sobre el caos promovido por falsas revoluciones en tiempos de caos.La verdadera batalla no está en revoluciones de papel, sino en la capacidad de reformar con firmeza lo que no sirve y defender con coraje lo que debe permanecer.
El mensaje es claro: la era de las revoluciones terminó. Lo que hoy está en juego es la capacidad de reformar con inteligencia y firmeza para adaptarnos y sobrevivir en un nuevo orden global marcado por tensiones y violencia. En este escenario, lo utópico dejó de ser el horizonte, y es el peso de la realidad el que obliga al sentido común a reaccionar y a asumir decisiones concretas.El verdadero acto revolucionario es reformar con valentía lo que no funciona, y defender con firmeza lo que sí garantiza libertad, justicia y estabilidad.
Análisis de los procesos internos en los partidos costarricenses ante las elecciones nacionales
Oficialismo: Lealtad de culto y designaciones arbitrarias
El Partido Pueblo Soberano (PPSO) y los grupos afines al presidente Rodrigo Chaves operan bajo una lógica de lealtad inquebrantable al líder, priorizando la fidelidad sobre la capacidad técnica o ética. Según reportes, figuras cercanas al Ejecutivo—ministros, exfuncionarios e incluso personas con deudas con la CCSS o causas judiciales abiertas—son impuestas como candidatos a diputaciones sin procesos democráticos internos . Ejemplos claros son la inclusión de nombres como José Miguel Villalobos (abogado defensor de acusados por corrupción, crímenes violentos y narcotráfico) o Anna Katharina Müller (con todo y su imaginaria “Ruta de la Educación”), Marta Esquivel (caso Barrenador del CCSS), o hasta el ‘tiktoker’ Robert Jr. en las listas de elegibles, cuyos antecedentes generan cuestionamientos públicos.
La fallida coalición de partidos chavistas (PPSO, MOTIVA, AQUÍ CR MANDA, entre otros) evidencia fisuras por la pugna de intereses y la falta de cohesión programática. La designación “a dedo” ha provocado amparos electorales y rebeliones internas, como los observados en Alajuela y Heredia, donde bases partidarias rechazaron las imposiciones.
Oposición de los tradicionales: Autocrítica limitada y repetición de errores
Partidos como el PLN y el PUSC enfrentan una crisis de identidad y lectura social. En el PLN, la pugna entre el candidato Álvaro Ramos y los caciques históricos (Antonio Álvarez Desanti, Johnny Araya, Roberto Thompson) revela una lucha generacional fratricida. Ramos se distancia de las viejas figuras, pero la dirigencia tradicional mantiene control sobre maquinarias territoriales, frenando su capacidad de renovación . Es de reconocer, eso sí, su proceso abierto y público y que en la lista de candidatos, tanto a la Presidencia del Poder Ejecutivo como a diputados del Legislativo, no repite ningún nombre reciclado ni ex funcionarios públicos; habrá, eso sí, que ver si le alcanza para obviar su marca política desgastada, en el imaginario colectivo.
El PUSC, aunque logró definir candidatos a diputaciones, carece de una propuesta diferenciadora y sigue anclado en narrativas neoliberales que no conectan con el descontento popular. Ambos partidos insisten en estrategias desgastadas, como alianzas tardías o discursos abstractos, sin abordar problemas urgentes: inseguridad, empleo y crisis fiscal.
Partidos emergentes: Disrupción sin impacto
Agrupaciones como Justicia Social Costarricense o el Centro Democrático y Social (CDS), los últimos en entrar al ruedo electoral, aún mantienen un perfil bajo. Sus apuestas por figuras como la exmagistrada Ana Virginia Calzada —aunque estratégicamente sólida por atacar la preocupación por nuestro sistema judicial— no logran aún, a pesar de ser los últimos en aparecer, penetrar en el imaginario colectivo, por falta de estructura territorial o recursos.
Unidos Podemos y Nueva Generación repiten fórmulas de campañas pasadas: críticas al sistema sin propuestas concretas. Su influencia se limita a nichos específicos, sin capacidad de escalar a nivel nacional.
¿La excepción?: La Coalición Agenda Ciudadana (PAC-ADN)
La alianza entre Acción Ciudadana y Agenda Democrática Nacional es la única coalición formal. Claudia Dobles—arquitecta y ex primera dama—encabeza una campaña con mensaje técnico y carácter fuerte, aunque arrastra el lastre de la impopularidad de su esposo, Carlos Alvarado.
La combinación de experiencia (Omar Jiménez, José Manuel Núñez) y frescura programática (énfasis en infraestructura y transparencia) podría resonar en electores moderados. Sin embargo, deberá superar la percepción de que el PAC representa el establishment fallido de gobiernos anteriores.
El electorado indeciso: ¿Populismo o democracia?
El 57% de los votantes se declara indeciso (según última medición del CIEP), un reflejo de la desconfianza generalizada hacia la clase política. En elecciones recientes, la decisión se tomó en las últimas semanas, basada en la percepción de autenticidad y capacidad de gestión .
Hoy, el dilema es entre un populismo autoritario (encarnado por el chavismo) y la opción democrática (representada por coaliciones como PAC-ADN o figuras opositoras). La memoria histórica de Costa Rica —con su tradición de Estado social de derecho— jugará un papel clave, pero no garantiza lealtades, por el hartazgo de un pueblo harto de un sistema que deja sectores rezagados y consolida élites económicas de pocos, susceptible a ser, nuevamente, manipulado.
Conclusión: Democracia en crisis, pero viva
Las asambleas partidarias de 2026 revelan un sistema político fragmentado y en transición. Mientras el oficialismo apuesta al personalismo y la oposición repite guiones fallidos, la coalición PAC-ADN emerge como un experimento.
La ciudadanía, aunque desencantada, tendrá la última palabra. Su voto no solo definirá gobernantes, sino el futuro del pluralismo solidario histórico de nuestro pueblo costarricense.
El mundo asiste a una nueva batalla (¿la última?) por los saldos pendientes de la II Guerra Mundial, que terminó hace 80 años. Cada vez que se reúnen los protagnistas, como ocurrió con el encuentro entre los presidente Vladimir Putin y Donald Reagan en Alaska, el pasado 15 de agosto, se multiplican las especulaciones. Como si se tratara de otro Yalta (Feb 45), o de otro Potsdam (Ago 45), reuniones donde la Unión Soviética discutió con Estados Unidos e Inglaterra el nuevo orden mundial, una vez concluida la II Guerra Mundial.
Los arreglos que se hicieron entonces solo duraron 45 años, hasta el final de la Guerra Fría, cuando los ganadores de esta (¿penúltima?) batalla establecieron un nuevo orden mundial que hizo trizas los acuerdos de Yalta y de Potsdam. Se movieron fronteras, desaparecieron países, se impuso un nuevo orden basado en las reglas de los vencedores.
Como dijo en artículo reciente Phillips O’Brien, profesor de Estudios Estratégicos en la escocesa Universidad de St. Andrews, a partir de 1945 los aliados de Estados Unidos aceptaron vivir en un mundo dominado por los norteamericanos, seguros de que los protegería de una nueva guerra. Era el líder del “mundo libre”, como se denominaban ellos mismos.
Esas reglas ya no reflejan la realidad del mundo de hoy, como lo revela el escenario político mundial. O’Brien habla, en su artículo, de cómo construir un orden liberal posnorteamericano. Es un intento de prolongar esa orden liberal, conservadora, sin el papel preponderante de Washington. Los excluidos de ese orden, los derrotados en la Guerra Fría, nunca se sintieron representados por ella. Miran hacia más atrás, reivindican el papel que desempeñaron en la IIGM y exigen un nuevo orden en el que eso sea debidamente reconocido.
Preservar la memoria histórica
Es ese el escenario de una nueva etapa de esa guerra, fundada en diversas visiones de la historia. Para Rusia y China se trata de recuperar una memoria que se ha desvanecido, que no valora el sacrificio que hicieron sus pueblos para derrotar a las potencias del Eje, que ha minimizado su papel en la historia. “Los pueblos de la Unión Soviética y China cargaron con el mayor peso de la lucha y sufrieron las mayores pérdidas”, recordó Putin, en entrevista a la agencia china Xinhua, días antes de su visita a China, a fines de agosto.
En Rusia –agregó– “no olvidamos que la heroica resistencia de China fue uno de los factores esenciales que evitaron que Japón nos apuñalara por la espalda durante los oscuros meses de 1941 y 1942”, cuando las fuerzas alemanas parecían imparables, a punto de conquistar Moscú.
“Nuestros antepasados, nuestros padres y abuelos han pagado un alto precio por la paz y la libertad. Lo recordamos”, dijo, luego de firmar con su colega chino, Xi Jinping, una declaración sobre la IIGM el pasado 2 de septiembre en Beijing. Era la víspera del desfile militar con el que Beijing conmemoró los 80 años del final de esa guerra.
Esa visión compartida sobre el papel de sus países en la IIGM es vista por los periodistas del New York Times, Lily Kuo y Anton Troianovski, como la base de su desafío a Occidente. Para Rusia y China es el fundamento para la construcción de un “orden multipolar y justo, enfocado en las naciones de la mayoría global”.
Se estima que la guerra de China con el imperio japonés cobró entre 15 y 20 millones de vidas. La Unión Soviética perdió 27 millones de soldados y civiles.
No es solo una preocupación histórica. La visión de los hechos de entonces se proyecta hoy en el debate sobre el (des)orden mundial.
Lo cierto es que solo por interés político se puede minimizar la importancia de esa participación en la guerra, recogida en la imagen de la bandera soviética ondeando en el techo del Reichstag a fines de abril de 1945. O el Treptower Park, donde un monumento al ejército soviético está medio oculto en un discreto parque de Berlín. Pero allí está (todavía), recordando esa historia.
Esto no es cosa del pasado
Este rescate del pasado contrasta con la situación en algunos países europeos, “donde los monumentos y las tumbas de los liberadores soviéticos son profanados de manera bárbara o destruidos y se borran hechos históricos inconvenientes”, se lamentó Putin.
“El militarismo japonés está reviviendo bajo el pretexto de amenazas imaginarias rusas o chinas, mientras en Europa, incluida Alemania, se están dando pasos hacia la remilitarización del continente, sin tener apenas en cuenta los antecedentes históricos”, agregó.
Para conmemorar el 80° aniversario de la victoria de la URSS en lo que ellos llaman la “Gran Guerra Patria”, y la victoria de China en la “Guerra de Resistencia contra la Agresión Japonesa”, los dos países firmaron una Declaración Conjunta sobre la profundización de su asociación estratégica de cara a una Nueva Era.
En un artículo publicado por la Brookings Institution, que podemos traducir por “China y Rusia conmemoran la historia para reimaginar el orden internacional”, los académicos Kainan Gao y Margaret M. Pearson afirman que los dos países “comparten una obsesión con la historia”.
Se trata, en este caso, de una alternativa China a la narrativa occidental sobre la victoria aliada que destaca principalmente su propio papel en el conflicto.
El artículo hace un análisis de diferentes instrumentos jurídicos que fueron dando forma al orden internacional después de la IIGM y de la diferente interpretación que las partes hacen de esos documentos, en particular de la Declaración del Cairo, de 1943; la Proclama de Potsdam, de 1945y el Tratado de Paz de San Francisco, de 1951.
Todo esto tiene que ver, entre otros temas de actualidad, con el derecho de China sobre Taiwán y otras islas del Pacífico y los mares de China Oriental y Meridional. A medida que la Guerra Fría se iba instalando en el mundo, “y la amenaza del comunismo en Asia crecía, Estados Unidos perdió interés un sancionar a Japón”, afirman.
En realidad, ya había hecho lo mismo en Alemania, donde viejos nazis se incorporaron al gobierno de Adenauer, mientras científicos alemanes contribuían a desarrollar la bomba atómica en Estados Unidos.
“El desacuerdo entre China y Estados Unidos sobre la fuente legítima del derecho internacional está relacionado con sus diferentes percepciones de los orígenes del orden internacional de la posguerra”, afirman. “Los Estados Unidos lo han entendido como un orden mundial liberal, mientras que China lo interpreta como un orden de posguerra”.
Construyendo un nuevo orden
El desfile militar de China el 3 de septiembre –dicen Kainan y Pearson, “se organizó, en parte, para recordar las contribuciones y sacrificios de China durante la Segunda Guerra Mundial” y defender así “el orden internacional inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial”.
Xi presentó su visión de ese nuevo orden mundial en cinco puntos para una Iniciativa de Gobernanza Global. Todos los países, independientemente de su tamaño, fuerza o riqueza, deben participar y beneficiarse por igual de la gobernanza global, señaló.
Vale la pena consignar aquí la opinión del fundador del gigante ruso del aluminio, Oleg Deripaska, citado por Laura Zhou en el South China Morning Post, diario de Hong Kong: “Un sistema de pago basado en el yuan es crucial para construir el mundo multipolar que China ha estado pidiendo”, afirma, señalando un aspecto clave para el desarrollo de ese proyecto.
“Para convertirse en una potencia global –agregó– China deberá acelerar sus esfuerzos para expandir un mercado de deuda basado en el yuan e impulsar el uso de la moneda china en las liquidaciones financieras internacionales”.
Ríos de tinta
La propuesta de la creación un “nuevo orden” mundial provocó ríos de tinta en los medios internacionales.
Alexandra Sharp comentó, en las páginas conservadoras de Foreign Policy que, con una cumbre de dos días centrada en impulsar la inversión en el este de Asia y un desfile militar con invitados de alto perfil, Beijing pretendía “señalar el surgimiento de un nuevo mundo multipolar moldeado en gran medida por China y sus aliados”.
Antoaneta Roussi dijo en Politico que la cumbre realizada en Tianjin con países de Eurasia y el desfile militar en Beijing estaban diseñados para consolidar su influencia y defender la visión de un “orden mundial multipolar”.
La postura de Pekín es contundente afirman medios rusos. Se trata de “rechazar los bloques de la Guerra Fría y restaurar el sistema de la ONU como única base jurídica universal”. Esto supone una crítica directa al «orden internacional basado en reglas” impuesto por Occidente después de la Guerra Fría.
Occidente tuvo su siglo, el futuro pertenece ahora a estos líderes, en opinión de Farhad Ibragimov, un analista especializado en el espacio post soviético. Opinión similar tiene Tarik Cyril Amar, un académico que enseña en el Departamento de Historia de la Koc University en Estanbul, para quien “está surgiendo de forma imparable un nuevo orden mundial centrado en Eurasia y el Sur Global”.
En tono más polémico, Fyodor Lukyanov, editor jefe de Russia Global Affairs y director del Club de Valdai, compara los cambios actuales con los ocurridos al final de la Guerra Fría. Reagan puso fin a la Guerra Fría en los términos de Washington, consolidando su papel como única superpotencia. “Trump y Putin están poniendo un punto final de ese período. La era unipolar está terminada”.
A modo de coda
Si esas son las raíces de los conflictos actuales, no menos complejo resulta descifrar las señales de un mundo en que las viejas alianzas han saltado por los aires y el papel de los actores en el escenario internacional han sufrido transformaciones pocas veces vistas en años recientes.
El renovado papel de China y Rusia en ese escenario es el primer elemento a destacar. Pero es en el “otro lado”, en Occidente, donde todo parece menos ortodoxo, donde es más difícil dar seguimiento a las muy diversas expresiones de esas nuevas políticas.
Como dijo Peter Baker en el NYT el pasado 14 de septiembre, “en una era de profunda polarización, la unidad no es la misión de Trump”. Nos referimos, por ejemplo, al distanciamiento entre Washington y Bruselas; al criterio de aplicación por Washington de aranceles a antiguos aliados; o a la renovada retórica de una agresiva política hacia América Latina, que parece difícil de sustentar en el escenario internacional actual. Y a la cada vez más insostenible situación de un país cuya deuda se acerca ya a los 37 millones de millones de dólares, casi tan grande como la de los otros países de economías avanzadas.
Pero no solo eso. El ruidoso escenario internacional a ratos barre para debajo de la alfombra la situación por la que atraviesan algunas de las principales naciones europeas.
El británico Keir Stamer se hunde en las encuestas, sin poder cumplir sus promesas de campaña. Algo similar enfrenta el alemán Friedrich Merz, cuyo plan para recuperar la economía alemana tampoco encuentra formas de arrancar, mientras el presidente francés ve caer a su sexto primer ministro, luego de que una propuesta para enfrentar el déficit fiscal y la creciente deuda pública mediante recortes presupuestarios provocara la caída del gobierno de François Bayrou.
Pero, en el clima actual, “donde hay una crisis tan profunda, el hecho de que estos líderes estén debilitados políticamente en casa no importa tanto”, en opinión de Peter Ricketts, exasesor de seguridad nacional británico y exembajador en Francia.
«Starmer, Merz y Macron son belicistas insufribles», dijo el economista norteamericano Jeffrey Sachs. Los une su espíritu guerrero frente a Rusia. Riesgosa amenaza para un mundo que ya vivió dos guerras mundiales en poco más de un siglo. Y que ve, de nuevo, armarse a Alemania y a Japón, donde políticos y militares ponen fecha para una guerra que se ha transformado en instrumento de su supervivencia política.
¿Por cuánto tiempo podrán esos líderes defender su proyecto de incremento de gastos militares? Para eso tendrán que mantener viva la idea de la “amenaza rusa”, que Moscú califica de histeria carente de sentido, reiterando que no tiene ninguna intención de atacar países europeos.
El miércoles 13 de agosto de 2025 se realizó un foro convocado por la Alianza por una Vida Digna y SURCOS Digital, transmitido en vivo a las 6:00 p.m. mediante la página de Facebook de SURCOS Digital.
La actividad contó con las exposiciones de Valeria Rodríguez Quesada, investigadora en género y Medio Oriente; Nicolás Boeglin, profesor de derecho internacional público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica; y Luis Paulino Vargas Solís, economista, profesor e investigador independiente jubilado. La moderación estuvo a cargo del doctor José María Gutiérrez.
El foro abordó el tema de las implicaciones de un posible tratado de libre comercio entre Costa Rica e Israel, analizado desde diversas perspectivas académicas y sociales.
Invitamos a ver el video completo mediante el siguiente enlace:
Durante la campaña política del 2022, Rodrigo Chaves Robles como candidato presidencial recorrió el país y clamó a los cuatro vientos a través de los medios de comunicación y las redes sociales, que lucharía contra la corrupción y los corruptos que, según él, se habían robado este país; tema que ha mantenido vigente en sus discursos presidenciales.
Por eso es importante que empecemos transcribiendo el primer párrafo que encontramos en la página 6 de su “Plan de Gobierno”, que tiene como flamante título: Freno a la Corrupción. Dice así:
– “La desenfrenada corrupción nacional nos empobrece a todos, nos roba a todos, nos reduce en cantidad y calidad los servicios públicos. Nuestra propuesta empieza por poner jerarcas honestos, los mejores hombres y mujeres para los puestos y no los mejores puestos para los amigos…” (El destacado no son del original, pero quisimos resaltar el párrafo)
Llevaba razón el candidato, la corrupción carcome las instituciones públicas en contra del ciudadano; pero como presidente de la República se olvidó de aquella afirmación y, por el contrario, se ha reído del pueblo de Costa Rica y, en especial, de aquellos que obnubilados siguen creyendo en sus discursos altisonantes, irrespetuosos y palabrotas de albañal y no se dan cuenta, o se niegan a aceptar su grave error, cuando eligieron al gobernante y equipo de gobierno más corrupto e incompetente de la Historia de Costa Rica. Veamos por qué lo digo.
Nunca un presidente de la República, a ocho meses de terminar su mandato, ha acumulado 120 acusaciones penales en la fiscalía general de la República, dos solicitudes de levantamiento de inmunidad ante la Corte Suprema de Justicia y otra a punto de ser votada en la Asamblea Legislativa. No se trata de perseguir a nadie, sino de hacer respetar la ley, esa que tanto le estorba y pone en evidencia su permanente accionar corrupto; porque corrupción no es solo apropiarse indebidamente del dinero, sino mentir y tergiversar la verdad e incumplir la ley y las promesas hechas ante el pueblo.
Al listado acusatorio contra el presidente en la fiscalía, se unen los de sus excolaboradores, supuestos “jerarcas honestos, los mejores hombres y mujeres” que ofreció en campaña, citemos algunos de esos ex…que hoy aspiran a ser diputados para ampararse en cuatro años de inmunidad y oprobiosa impunidad, que han sido dados a conocer por diversos medios de comunicación: Nogui Acosta (Hacienda) 11 causas penales pendientes, Marta Esquivel (CCSS y Planificación) 14 causas pendientes, Ana K. Müller (Educación) 8 causas pendientes, Stephan Brunner (Vicepresidencia) 5 causas pendientes; Royner Mora (Deportes) y Robert Barrantes (Influencer en planilla de la Presidencia) 2 cada uno, Esmeralda Britton (Junta de Protección), Nayuribe Guadamuz (Cultura y Juventud), José Ml. Quesada (Recope y Acueductos y Alcantarillado), Raül Zamora Trejos (Asesor y Financista Campaña) María Isabel Camareno (CCSS), Osvaldo Artavia Vastillo (INDER) todos con una causa penal en la fiscalía y, por último, el abogado del presidente José Miguel Villalobos, con una causa en fiscalía y tres suspensiones profesionales en el Colegio de Abogados. Y no citamos otros nombres de ministros como André Tinoco o el depredador ambiental Franz Tattenbach que también están acusados ante la fiscalía, por no ser aspirantes a diputados.
Nunca, óigase bien, nunca se ha visto en la Historia de Costa Rica el que, aún sin terminar un gobierno o después, haya una lista tan extensa de posibles encarpetados en los juzgados penales, nunca se ha visto semejante colección de posibles hechos corruptos en un gobierno. Donde quedó la oferta de campaña que citamos al inicio de este artículo, donde la lucha contra los actos corruptos que, por el contrario, se convirtieron en una costumbre abierta e insultante en este gobierno. Entre el presidente y sus “honestos” colaboradores suman más de 160 expedientes abiertos en la fiscalía general de la República, un verdadero festín de coyotes… ¡habrase visto vergüenza mayor!
Pues sí, la encontramos en las papeletas a diputados del eso que llaman partido Pueblo Soberano, que no es más que someter a este pueblo al hecho inaudito de votar por estos encartados en la fiscalía y que encabezan las papeletas de todas las provincias del país. Con ello, el chavismo lanza un manto protector a sus corruptos, la impunidad se convierte en coraza y los votantes en cómplices de esa corrupción contra la cual creen, engañados por desinformados o indiferentes, que están votando. Y usted ciudadano, ¿va a seguir engañado para ser cómplice de este desafuero, o por fin va a despertar en defensa de nuestra democracia?
Si, estos desvergonzados en vez de presentarse a los tribunales penales como será su destino corren a inscribirse como candidatos a diputados para refugiarse en una inmunidad impúdica, como parte de la pandilla de los 40 que pide Chaves para robarnos la institucionalidad, al estilo de Ali Babá.
El programa Alternativas, producido por el Colectivo Reflexión – Acción, presentará este 12 de septiembre de 2025 a las 6:00 p.m. (hora de Costa Rica, -6 UTC), un panel dedicado a responder la pregunta: ¿Qué pasa hoy en Argentina?
La transmisión se realizará en vivo a través de Facebook Live, YouTube y Spotify, con la participación de un panel internacional conformado por:
Norberto Galiotti “Champa”: secretario político del Partido Comunista de la Argentina en la Provincia de Santa Fe y miembro del Comité Central del PCA.
Jorge Coronado Marroquín: sociólogo con estudios en Ciencias Políticas en la UCR, economista político de la Escuela Libre de Estudios Superiores de Berlín, Alemania.
Francisco González: docente e investigador universitario, especialista en integración regional en la Universidad de Tres de Febrero, Argentina. Abogado en la Universidad Central de Venezuela y comentarista en medios nacionales e internacionales.
Luis Ángel Salazar Oses: profesor jubilado de Filosofía y Educación de la UCR y la UNED.
El espacio Alternativas se transmite desde 2017 bajo la consigna “pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores”, y cuenta con el apoyo de diversas emisoras amigas: Radio Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía, Radio Revolución, Ondas de Alajuela y Alajuela Radio.
En Nepal, cientos de personas, en su mayoría de la Generación Z (1995-2010), han tomado las calles en las últimas semanas. La chispa fue la decisión del gobierno de bloquear el acceso a redes sociales como TikTok, YouTube, Instagram y Facebook, con el verdadero propósito de acallar la disidencia bajo el disfraz de combatir la desinformación. Se trata de una medida con el aroma de las viejas lógicas del siglo XX, incapaz de comprender el papel central que estas plataformas cumplen en la vida social y política contemporánea. Lejos de sofocar el malestar ciudadano, el bloqueo desató una ola de protestas que muy pronto trascendió lo digital y se convirtió en un cuestionamiento abierto al sistema político, marcado por la corrupción, el desempleo y la falta de oportunidades.
Las calles de Nepal arden no solo por la indignación de una juventud hastiada, sino también por la fricción entre dos épocas que colisionan. Lo que se vive en el Himalaya no es simplemente una protesta social contra la precariedad y la corrupción; es un verdadero sismo político que deja al desnudo la fragilidad de nuestras estructuras de poder, incluida la democracia misma. Y ahí está la clave: la democracia no está muerta, pero sí corre el riesgo de volverse irrelevante si no se reforma a tiempo para dialogar con una realidad digital que ya ha superado los marcos institucionales tradicionales.
Aquí es donde el pensamiento de Byung-Chul Han ilumina el trasfondo. Han nos recuerda que el poder contemporáneo ya no actúa solo prohibiendo o reprimiendo, sino seduciendo y permitiendo. Es un poder que se reviste de libertad y que opera bajo la lógica del rendimiento y la autoexplotación. La Generación Z, nacida en este ecosistema, experimenta el contraste entre un Estado que todavía ejerce un poder disciplinario y coercitivo —bloqueando, censurando, limitando— y unas plataformas digitales que se presentan como espacios “permisivos, horizontales y liberadores”, aunque en realidad respondan a intereses privados y a algoritmos que moldean la percepción colectiva.
De ahí la ambigüedad de esta particular revuelta. A primera vista parece un acto emancipador, un grito contra la corrupción y el autoritarismo. Pero no podemos descartar que también sea, en parte, un síndrome de abstinencia: una reacción visceral al corte del acceso a redes sociales que constituyen el hábitat natural de esta generación. La protesta se mueve, entonces, en dos planos: como defensa de derechos democráticos y como defensa inconsciente de plataformas privadas que han reemplazado a la plaza pública.
La disputa central no es solo entre jóvenes y Estado, sino entre soberanía estatal y soberanía digital. El Estado nepalí y muchos otros a nivel mundial no han perdido por completo su autoridad, pero ahora la comparten y la disputan con corporaciones globales que ejercen un poder no coercitivo, sino persuasivo y capilar en este ámbito. En este nuevo escenario, los algoritmos se convierten en árbitros invisibles que deciden qué voces se amplifican y cuáles se silencian. Esto no es un problema menor.
La libertad, bajo este régimen digital, aparece como una espada de doble filo. Se vive como herramienta de empoderamiento y organización, pero también funciona como trampa de un totalitarismo liberal posmoderno que no reprime desde fuera, sino que captura desde dentro. La revuelta nepalí muestra así el rostro ambiguo de la libertad contemporánea: emancipadora y, a la vez, instrumentalizada.
El caso de Nepal obliga a repensar el futuro de la democracia. Si no logra reformarse para dialogar con estas nuevas generaciones, con sus códigos de inmediatez, supuesta horizontalidad y transparencia radical, quedará rezagada o degradada a infocracia, como el mismo Han lo afirma, frente a los poderes factuales del mundo digital. La pregunta no es si la democracia está muerta, sino si está dispuesta a renacer para no volverse irrelevante ¿obsoleta? en un terreno ya redibujado por el poder invisible de datos y algoritmos que deciden por los humanos.
