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El enorme deterioro del Estado Social de Derecho debe estar en el centro de las elecciones de 2022 – Crónica de conversatorio

Crónica del conversatorio político “Por la esperanza de una mejor Costa Rica”

Luis Fernando Astorga Gatjens

El jueves, 21 de enero, se celebró el Conversatorio Político “Por la esperanza de una mejor Costa Rica”, co-organizado por la Diócesis de Alajuela y la Universidad Técnica Nacional (UTN), como un espacio de intercambio reflexivo, fecundo y productivo, de cara a las elecciones del próximo 6 de febrero.

El evento de carácter virtual fue transmitido por Facebook Live, YouTube y trasmitido por radio Fides y otras emisoras católicas regionales. Su amplia promoción hizo que tuviera una amplia e interesada audiencia.

Participaron dos expositores y una expositora, bajo la conducción y moderación de Luis Fernando Astorga Gatjens, activista político y social, especialista en derechos humanos y discapacidad. Nelly López Alfaro, Directora del Instituto de Estudios de Población (IDESPO), de la Universidad Nacional (UNA), fue la panelista y Monseñor Ángel San Casimiro Fernández y el ex catedrático y ex vicerrector de la UNA, Hernán Alvarado Ugarte, fueron los dos ponentes.

La actividad fue introducida por el Obispo de Alajuela, Monseñor Bartolomé Buigues y José Matarrita Sánchez, vicerrector de Docencia de la UTN. Ambos coincidieron en la importancia de este tipo de diálogos, en función de iluminar al electorado para animarlo a acudir a las urnas y, con ello, fortalecer la democracia nacional.

El padre Luis Hernández, organizador de la actividad presentó al moderador y a los tres participantes, y con ello, dio el banderillazo de salida del evento, el cual se dividió en cuatro segmentos.

AUGE Y CAÍDA

La primera ronda de intervenciones se centró en la génesis, declive y momento actual del Estado Social de Derecho (ESD) del país. Ugarte Alvarado hizo un recorrido histórico de los antecedentes de ese Estado de Bienestar, que tuvo su punto de origen en la década de los años cuarenta del siglo anterior. Destacó el papel cimero de Rafael Calderón Guardia, Monseñor Víctor Manuel Sanabria y Manuel Mora Valverde, en echar sus cimientos (garantías sociales, creación de la Caja, Código de Trabajo, UCR) y la consagración de éste en la Constituyente de 1949 y en la Constitución Política vigente. Hizo mención del conjunto de instituciones que le dieron vida en las décadas de los años cincuenta, sesenta y setenta de la anterior centuria, lo que permitió destacados avances en derechos sociales; que posibilitaron que Costa Rica se singularizara en el contexto latinoamericano.

Por su parte, Nelly López fijó la década de los ochenta anterior como el punto de una progresiva erosión de ese ESD, donde la intervención de organismos internacionales (como el FMI y el Banco Mundial), marcaron la agenda económica y social del país, bajo la omnipresente consigna: “Más mercado y menos Estado”. Subrayó la directora del IDESPO como el crecimiento de la desigualdad social (Costa Rica es el octavo en el ámbito mundial, en ese preocupante rubro), la concentración de la riqueza en cada vez menos manos y una pobreza que baja poco en sus indicadores, son reflejo de ese deterioro.

Mientras tanto Monseñor San Casimiro recordó el papel de distintas entidades de la Iglesia Católica en apoyo a los pobres y el rol, activo y consciente, bajo el manto de la Doctrina Social de la Iglesia, en la defensa y promoción del ESD. Asimismo reivindicó el rol político de los sacerdotes al lado del pueblo, en la reivindicación de sus derechos, así como la importancia que se apruebe el carácter laico del Estado costarricense.

ESD Y ELECCIONES

La segunda ronda de los intercambios se centró en cómo se ha estado abordando la situación que vive el ESD en la actual campaña electoral. Los tres panelistas y el conductor del debate coincidieron que es un tema ausente. Se indicó que en los programas de los partidos, en las campañas y en los debates se observan temas de ese grave problema que enfrenta el país, pero se ven en forma aislada; no sistémica e integral.

López Alfaro, con cifras frescas del más reciente estudio de IDESPO, mostró el enorme deterioro del ESD y lo contrastó con la escasa consciencia política y social del fenómeno. “Hay un inconsciente colectivo muy arraigado porque la gran mayoría de medios informativos y partidos políticos, no han identificado la gravedad del estado de cosas”, acotó Astorga Gatjens.

Por su parte, Hernán Alvarado destacó el hecho de que el país está en un precipicio económico, político y social, que aunque algunos sectores se lo atribuyen a la pandemia de la Covid-19, lo real y concreto es que es un problema estructural, que viene de décadas atrás. La pandemia lo que ha hecho es agravar los problemas y desnudarlos, y en vez de más democracia para afrontar la crisis múltiple, se ha dado exactamente lo contrario, expresó Alvarado Ugarte.

EL FUTURO DEL ESTADO DE BIENESTAR

La tercera ronda tuvo como tema central, los desafíos futuros del Estado Social de Derecho en el país. Se inició con la pregunta del moderador dirigida a Monseñor San Casimiro: “El Papa Francisco ha planteado tres T dentro de su compromiso social con las mayorías planetarias, que son Techo, Tierra y Trabajo. ¿Cómo visualiza esas tres T en la Costa Rica hoy y de cara al futuro?”

En primer lugar, el panelista expresó su profunda decepción de cómo se ha abordado el tema de la vivienda en el país. Es tema de cada campaña electoral desde hace mucho tiempo y los precarios, y los tugurios siguen creciendo. Se pronunció sobre la necesidad imperiosa de soluciones inmediatas e impostergables y de la construcción vertical de viviendas, partiendo de que el acceso a un techo digno es fundamental para el desarrollo de las personas y las familias. Con respecto al acceso a la tierra expresó que hace mucho tiempo los campesinos fueron abandonados a su suerte, cuando son un actor clave para asegurar la independencia alimentaria del país, máxime en estos tiempos pandémicos que corren. Sobre el acceso al trabajo indicó que es urgente un verdadero plan de reactivación económica, que asegure la inclusión laboral y la reducción del desempleo.

Hernán Alvarado planteó con respecto al futuro del ESD que era imprescindible darle vida al carácter participativo de la democracia costarricense, establecido en el artículo 9 de la Constitución, desde el año 2003. Un componente consustancial de tal aplicación práctica debe ser la revocatoria del mandato, tanto presidencial como de los diputados. Es seguro –subrayó Alvarado Ugarte— que, si se diera la posibilidad de revocar mandatos, el país estaría mejor porque la presión social impediría la incompetencia política, el incumplimiento impune de obligaciones y la corrupción a la que se enfrenta hoy el país. De la misma manera, López Alfaro se pronunció por el fortalecimiento de la democracia y el ESD a través de la participación social en las comunidades, en los barrios, en las asociaciones.

VOTO CONSCIENTE Y CRÍTICO

En la cuarta y última ronda, los tres panelistas coincidieron en la importancia de cumplir con el deber de emisión del sufragio, el 6 de febrero próximo. Pero debe ser un voto consciente y crítico para asegurar que las futuras autoridades se comprometan con retornar al camino de revitalización del Estado Social de Derecho. “Sólo de esta manera, se puede asegurar el desarrollo de un país justo, inclusivo y solidario”, fue el pronunciamiento unificado.

En la misma dirección, se expresó el conductor del evento al reivindicar la necesidad de dar un paso en el desarrollo de ese ESD, al incorporar el carácter ecológico, tal y como ha venido abogando el Papa Francisco al examinar la enorme crisis social en el mundo y los desafíos que nos impone la crisis climática. Alvarado Ugarte subrayó la necesidad de incorporar un amplio capítulo a la Carta Magna dedicado al tema ambiental.

Se terminó el constructivo conversatorio, invocando las esperanzadoras palabras del poeta, Isaac Felipe Azofeifa: “De veras, hijo, ya todas las estrellas han partido. Pero nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer.”

(21 de enero, 2022)

No todo tiempo histórico es de revolución

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (19)
Tercera época

No todo tiempo histórico es de revolución, ni las revoluciones al igual que los tiempos de reacción y conservadurismo pueden eternizarse, por lo que terminan dando lugar a toda una fauna de regímenes políticos producto del accionar humano, y que resultan por lo tanto imperfectos, llegando a desviarse de sus enunciados o propósitos originales, e incluso a desfigurarse de una manera tal, que se tornan incluso irreconocibles para muchos de los que dieron hasta su vida o su libertad por ellas: todo esto es más terrible para quienes viven lo suficiente para darse cuenta de esa inmensa tragedia.

Toda revolución da lugar a su oponente que es la contrarrevolución restauradora del orden social y político anterior, lo que muchas veces suele suceder en el interior mismo de los regímenes posrevolucionarios: la dictadura napoleónica lo fue frente a la gigantesca oleada revolucionaria que la antecedió, el régimen estalinista frente a la revolución rusa de los soviets de 1917, representando un “socialismo” o “comunismo” que nunca llegaron a ser, excepto como un espantajo para las fuerzas de la reacción, o un mito en el que siguieron creyendo varias generaciones de luchadores en todo el mundo, y así sucesivamente. La revoluciones, esas sacudidas extraordinarias que experimentan cada cierto tiempo las sociedades humanas, al cabo de unos lapsos de adormecimiento y pasividad que resultan no ser muy cortos, logran transformaciones muy importantes en las condiciones de vida y el sentido que la existencia puede asumir para millones de seres humanos. Sin embargo, sucede también que, a semejanza del discurrir de las aguas de un gran río subterráneo y silencioso, las sociedades humanas van materializando en el transcurso del tiempo de la larga duración histórica, una serie de transformaciones en el campo de la cultura y de la convivencia social que con toda justicia pueden ser calificadas como “revolucionarias”: El siglo XX presenció la revolución de las mujeres, la de los jóvenes, y otras luchas de innumerables colectividades urbanas y rurales que fueron expandiendo los derechos de la población, sin estar necesariamente ligadas al devenir de las grandes revoluciones políticas que tuvieron lugar en ese tiempo, y enfrentándose valerosamente a las viejas tradiciones religiosas y culturales que actuaron, muchas veces, como factores represivos, sobre todo en sus versiones más integristas y autoritarias.

Las luchas ciudadanas, a lo largo del todo el siglo XIX y buena parte del XX, que nos antecedió, para materializar los enunciados de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la gran revolución francesa de 1789, son un buen ejemplo de ello. Sin embargo, todavía a estas alturas del devenir histórico no se han podido materializar muchas de las expectativas generadas por algunos de los innumerables enunciados de la Filosofía de la Ilustración o de Las Luces, enunciadas durante el siglo XVIII, más bien sucedió, en sentido contrario, que se produjo un empuje deshumanizante, durante los dos siglos transcurridos, dándose el hecho de que “la ciencia (ya) entronizada por la Ilustración no aspiraba ya al conocimiento, sino a la explotación y el dominio de la naturaleza desencantada. Ya lo vimos. El resultado fue una progresiva racionalización, una reducción de la realidad del sujeto, bajo el signo del dominio, del poder (Gilberto Lopes CRISIS POLÍTICA DEL MUNDO MODERNO Uruk Editores San José Costa Rica 2021). Dicho de otra manera, esa racionalización impulsada desde el siglo de las luces, nos ha conducido a una deshumanización creciente, en un mundo donde la sed de ganancia, unida al creciente dominio de la tecnología terminaron por tergiversar las expectativas surgidas de aquella gran revolución, cuyas ondas expansivas se extendieron mucho más allá de los límites de la metrópoli colonial francesa. Los parientes pobres de la francofonía, conformada por ese universo ficticio de hablantes de la lengua francesa, situados en las diversas latitudes del planeta, fueron esos haitianos afrodescendientes que se sacudieron del yugo de la esclavitud, quienes tuvieron que pagarle a la Francia Imperial el equivalente a miles de millones de dólares, a valores actuales, durante más de un siglo, a partir de 1825, so pena de una invasión y reocupación de su territorio, por el “delito” haber sacudido sus cadenas en 1791, haciendo huir a los dueños franceses de sus plantaciones azucareras en Saint Domingue. Aquí las esperanzas revolucionarias se convirtieron en una larga pesadilla que dura hasta nuestros días. Es por eso que decimos que no todo tiempo histórico es de revolución ni siquiera en aquellos países que vivieron alguna intensa y profunda, con el paso del tiempo lo que permanece son los regímenes surgidos de aquel impulso prometeico y frenético inicial, ese que termina resonando como un eco lejano.

Infinito Gold vs. Costa Rica: conformación de un Comité del CIADI para examinar solicitud de nulidad del laudo arbitral presentada por empresa minera canadiense

Nicolas Boeglin (*)

El pasado 6 de enero del 2022, según se indica oficialmente por parte del Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado (CIADI), se constituyó un Comité Ad Hoc para examinar la solicitud presentada por la empresa minera Infinito Gold (de Canadá) de anular la decisión anterior, dada a conocer por el CIADI en junio del 2021, y bastante favorable a Costa Rica. 

Se trata de un nuevo episodio, en la larga polémica que ha generado el proyecto minero de esta empresa minera canadiense en Costa Rica; la cual se enmarca en una lectura bastante peculiar que hacen algunos tribunales arbitrales del CIADI sobre los alcances de las regulaciones ambientales, y que salió recientemente a relucir en el caso de una demanda presentada por una empresa minera (también canadiense) contra Colombia (Nota 1): un Estado que hoy es es el segundo con mayor cantidad de demandas ante el CIADI y que, a diferencia de los demás Estados de América Latina, había logrado hasta el año 2016 evitar ser demandado manteniendo una legislación muy restrictiva con relación a la posibilidad para un inversionista extranjero de recurrir al arbitraje internacional (Nota 2).

El proyecto minero de Crucitas: breve puesta en contexto

Como se recordará, este proyecto minero ubicado en Las Crucitas fue declarado sorpresivamente (y de manera inconsulta) de «conveniencia nacional» por el Poder Ejecutivo costarricense en octubre del 2008: a raíz de varias decisiones de la justicia costarricense declarando ilegal este proyecto en el 2010 y el 2011, la empresa minera canadiense Infinito Gold presentó una demanda contra Costa Rica ante el CIADI en febrero del 2014, la cual fue rechazada después de un largo proceso en junio del 2021. 

El documental “El Oro de los Tontos” realizado en 2011 desde la Universidad de Costa Rica (UCR) – véase enlace en You Tube – permite tener una idea del nivel de ocurrencias gubernamentales y de profunda indignación que este proyecto minero suscitó en la sociedad costarricense a partir de octubre de 2008. En particular para quiénes, desde fuera, asocian a Costa Rica con la imagen de un país ecológico y lo consideran como un líder indiscutible en materia ambiental: de alguna manera, Crucitas vino a delatar al mundo la faz oscura de la Costa Rica verde, al tiempo que tres valientes jueces detectaron inusitadas anomalías proviniendo de las más altas esferas del poder, que calificaron de “concurrencia u orquestación de voluntades para llevar adelante, de cualquier manera, este proyecto minero” (Nota 3). Es la primera vez en la historia judicial costarricense que un tribunal refiere a una «orquestación de voluntades«.

En su larga decisión del 3 de junio del 2021, se leyó (párrafo 799) que el tribunal arbitral del CIADI:

«c. DECLARA que, al sancionar la Prohibición Legislativa de la Minería de 2011 e implementarla por medio de la Resolución del MINAET de 2012, la Demandada ha incumplido su obligación en virtud del Artículo II(2)(a) del TBI de otorgar a las inversiones de la Demandante un trato justo y equitativo; d. DETERMINA que no puede otorgar compensación por daños por este incumplimiento«.

Es de notar que la demanda contra Costa Rica fue presentada ante el CIADI unos pocos días después del resultado de las elecciones (2 de febrero) (véase texto con fecha del 6 de febrero del 2014): a la fecha, no se ha  dado explicación alguna sobre esta interesante espera de la empresa minera canadiense, que pudo acudir al CIADI desde mucho tiempo antes.

La solicitud de anulación prevista 

La solicitud de anular un laudo arbitral de un tribunal del CIADI es un procedimiento previsto en los artículos 52 a 55 del instrumento internacional que estableció el CIADI en 1965, abierta tanto al Estado como al inversionista extranjero. El artículo 52 de la Convención que crea el CIADI, también conocida como Convención de Washington de 1965 (véase texto completo en español), establece que:

«Artículo 52: 

(1) Cualquiera de las partes podrá solicitar la anulación del laudo mediante escrito dirigido al Secretario General fundado en una o más de las siguientes causas: (a) que el Tribunal se hubiere constituido incorrectamente; (b) que el Tribunal se hubiere extralimitado manifiestamente en sus facultades; (c) que hubiere habido corrupción de algún miembro del Tribunal; (d) que hubiere quebrantamiento grave de una norma de procedimiento; o (e) que no se hubieren expresado en el laudo los motivos en que se funde. 

(2) Las solicitudes deberán presentarse dentro de los 120 días a contar desde la fecha de dictarse el laudo. Si la causa alegada fuese la prevista en la letra (c) del apartado (1) de este Artículo, el referido plazo de 120 días comenzará a computarse desde el descubrimiento del hecho pero, en todo caso, la solicitud deberá presentarse dentro de los tres años siguientes a la fecha de dictarse el laudo.

(3) Al recibo de la petición, el Presidente procederá a la inmediata constitución de una Comisión ad hoc integrada por tres personas seleccionadas de la Lista de Arbitros. Ninguno de los miembros de la Comisión podrá haber pertenecido al Tribunal que dictó el laudo, ni ser de la misma nacionalidad que cualquiera de los miembros de dicho Tribunal; no podrá tener la nacionalidad del Estado que sea parte en la diferencia ni la del Estado a que pertenezca el nacional que también sea parte en ella, ni haber sido designado para integrar la Lista de Arbitros por cualquiera de aquellos Estados ni haber actuado como conciliador en la misma diferencia. Esta Comisión tendrá facultad para resolver sobre la anulación total o parcial del laudo por alguna de las causas enumeradas en el apartado (1)«.

Foto de manifestaciones contra el proyecto minero de Crucitas en Costa Rica, extraída de artículo titulado «Canadian groups tell gold company to ‘stop harassing’ Costa Ricans» (Bilaterals.org., edición del 17/04/2013).

Según la información proporcionada por el CIADI (véase enlace), la solicitud de nulidad fue registrada formalmente por la empresa minera al CIADI el 18 de octubre del 2021. Al parecer, el equipo de asesores legales de la empresa minera se tomó un extenso tiempo de reflexión, y por alguna razón (que sería de sumo interés conocer), optó por presentar formalmente la solicitud de nulidad vencido el plazo de 120 días estipulado.

Pese a este pequeño detalle, el Comité Ad Hoc quedó conformado por tres integrantes y así anunciado oficialmente el pasado 6 de enero del 2022 por el CIADI: un paraguayo (véase hoja de vida y experiencia en el CIADI), una española (véase hoja de vida y experiencia en el CIADI), y un tercer miembro (que funjirá como presidente del Comité) de nacionalidad norteamericana (véase hoja de vida y experiencia como árbitro).

Según la escasa información oficial destinada al público que ofrece el CIADI sobre esta demanda contra Costa Rica (una situación que no debe sorprender y que se extiende a las demás demandas registradas en el CIADI), no se tiene acceso a la solicitud de nulidad presentada por la empresa minera canadiense ni se conoce su fundamentación. No obstante, un artículo recientemente publicado indica que algunos en Costa Rica sí han tenido acceso a información al respecto (véase artículo publicado en La Revista.cr, con fecha del 21/12/2021).

A modo de conclusión

Más allá de la poca transparencia del CIADI que llevó, conjuntamente con otras razones, a tres Estados de América Latina a denunciar la Convención de 1965 – Bolivia en el 2007, Ecuador en el 2009 (Nota 4) y Venezuela en el 2012 -, el recelo de información también se ha verificado en el caso de Crucitas desde las mismas instituciones estatales costarricenses, y persiste hasta la fecha. Cuando analizamos el contenido de la decisión favorable a Costa Rica (véase texto oficial en inglés y en español) dada a conocer en junio del 2021, nuestra breve nota se tituló precisamente: «Infinito Gold contra Costa Rica: nuevo fracaso de minera canadiense al tiempo que persisten secretos en Costa Rica«. 

Esta solicitud de anulación presentada por Infinito Gold se resolverá dentro de unos años, dependiendo del grado de complejidad que presente para los tres integrantes del Comité (Nota 5). Se viene a añadir a tres demandas pendientes que tiene Costa Rica en su contra registradas en el CIADI: una presentada en el 2013 (véase información disponible), una en el 2020 (véase información) y una en el 2021 (véase información y breve nota  publicada en el sitio especializado de CiarGlobal). 

Actualmente en América Latina, Perú es el Estado con mayor número de demandas registradas en su contra ante el CIADI (con 22 demandas pendientes de resolución), seguido por Colombia (13), Venezuela (13), México (10), Panamá (7), Argentina (6), Guatemala (5), Chile (2), Nicaragua (2), República Dominicana (2) mientras que Bolivia, El Salvador y Honduras registran una sola en su contra (al tiempo que Ecuador no registra ninguna). Como bien se sabe, Brasil, principal receptor de inversión extranjera en América Latina, nunca ratificó (ni tan siquiera firmó) la Convención de Washington de 1965: tampoco ha ratificado uno solo de los tratados bilaterales de inversión (más conocidos como TBI) que ha suscrito (Nota 6).

— Notas —

Nota 1: En su decisión en el caso de la minera Eco Oro (véase laudo arbitral de septiembre del 2021), las regulaciones ambientales de Colombia para resguardar los páramos colombianos no se consideran como reglas que no impidan una debida compensación al inversionista. Sobre esta peligrosa interpretación que hicieron dos árbitros (de los tres que integraron el tribunal), véase comunicado conjunto de varias organizaciones ecologistas colombianas publicada en el sitio especializado de CiarGlobal). Así como BENTON HEATH J., «Eco Oro y el ocaso del excepcionalismo de políticas«, edición del 20/12/2021, IISD, disponible aquí y, este artículo escrito antes de conocerse la decisión del CIADI, GUZMÁN  JIMENEZ L.F., «El arbitraje de inversión en asuntos ambientales. Una mirada al asunto Eco Oro Minerals Corp. v. Colombia-Páramo de Santurbán«, 29/07/2020, Departamento de Derecho al Medio Ambiente, Universidad Externado de Colombia, disponible aquí. En su opinión separada adjunta al laudo, y cuya lectura se recomienda, el árbitro designado por Colombia, Philippe Sands, sostiene que: «33. In the age of climate change and significant loss of biological diversity, it is clear that society finds itself in a state of transition. The law – including international law – must take account of that state of transition, which gives rise to numerous uncertainties. Adjudicators – judges and arbitrators – recognise the need to proceed with caution at a time of transition and uncertainty. Indeed, the precautionary principle has been developed to assist in the taking of decisions in times of uncertainty, and the Tribunal has correctly determined that the application of the precautionary principle – treated as being applicable as a rule of law in accordance with Article 832 of the FTA – to this case has contributed to the conclusion that there has been no actionable violation of Article 811 of the FTA. Yet in respect of Article 805, it seems that precaution has no place for the Majority«.

Nota 2: Cabe mencionar que en el caso de Colombia, una nota preparada por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá de mayo del 2011 destinada a las empresas norteamericanas interesadas en invertir en Colombia,  reconocía la gran dificultad que presentaba para el inversionista extranjero la legislación colombiana (al restringir la posibilidad de acudir a un arbitraje internacional), pero informaba que la suscripción de tratados de libre comercio (FTA en inglés) y tratados bilaterales de inversión (BIT) por parte de Colombia podría cambiar paulatinamente la situación. En la nota antes referida se lee textualmente que: “Since Colombia has become party to FTAs and multilateral and bilateral investment treaties, the number of international investment arbitration cases between investors and State entities will increase. These arbitration processes may help to change Colombian case law because FTAs, BITs and multilateral investment treaties empower arbitration tribunals to decide cases related to breach of treaty standards of investment protection”. Sobre la dificultades encontradas para las empresas norteamericanas, véase  STRONG S.I., «International arbitration and the Republic of Colombia: commercial, comparative and constitutional concerns from A U.S. perspective«, Vol. 22, Duke Journal of Comparative and International Law (2011), pp. 47-107: texto integral disponible aquí.  Desde el 2016, Colombia acumula 17 demandas en su contra en el CIADI, de las cuales 13 están pendientes de resolución.

Nota 3: Según los tres jueces costarricenses del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), en el párrafo XL de su sentencia de 14 de diciembre de 2010, se lee que: “En relación con este punto, es necesario indicar que en el presente caso ocurre algo excepcional y es que las distintas ilegalidades detectadas y las nulidades declaradas, son todas coincidentes en el sentido de que tendían a la aprobación del proyecto minero Crucitas y varias de ellas se dictaron estando vigente un decreto ejecutivo de moratoria de la minería metálica de oro a cielo abierto, todo lo cual hace viable pensar como posible una eventual concurrencia u orquestación de voluntades para llevar adelante, de cualquier manera, este proyecto minero

Nota 4: En el caso de Ecuador, sus actuales autoridades, electas en febrero del 2021, decidieron volver precipitadamente a firmar y a ratificar la Convención de 1965: en efecto, la toma de posesión de las nuevas autoridades el 26 de mayo del 2021 fue seguida de la firma de la Convención de 1965, el 21 de junio, y su ratificación el 4 de agosto del 2021 (véase estado oficial de y firma y ratificación). Se trata posiblemente de la ratificación más expédita de esta Convención por parte de nuevas autoridades electas de un Estado registrada en la historia del CIADI. Nótese que el precitado estado oficial de firmas y ratificaciones de la Convención de 1965 del CIADI omite por completo indicar que Ecuador, al igual que Bolivia y Venezuela denunciaron dicha convención. Años antes del 2021, Ecuador había explorado activamente con la UNASUR nuevas vías regionales para el arbitraje de inversión, ante la creciente desconfianza generada por el CIADI: véase al respecto GRANT K., » ICSID’s reinforcement?: UNASUR and the rise of a hybrid regime for international investment arbitration«, Vol. 52, Osgoode Hall Law Journal (2015), pp.1115-1149, artículo disponible aquí.

Nota 5: En el caso Glencore International (consorcio minero suizo) contra Colombia (véase detalle del procedimiento), la solicitud de anulación fue presentada por Colombia en marzo del 2020 y fue rechazada en septiembre del 2021 (véase decisión del 21 de septiembre del 2021). En el caso de Occidental Petroleum et alii (consorcio norteamericano) contra Ecuador (véase detalle del procedimiento), la solicitud de anulación fue presentada por Ecuador en octubre del 2012 y parcialmente aceptada en noviembre del 2015 (véase decisión del 2 de noviembre del 2015).

Nota 6: Los diferentes TBI suscritos por Brasil en los años 90 pueden ser consultados en este enlace

 

(*)El presente texto fue elaborado por Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Miércoles de coyuntura a 3 semanas de las votaciones en Voces y Política

Hoy 19 de enero es “miércoles de coyuntura a 3 semanas de las votaciones” con la participación del doctor Adrián Pignataro López, profesor e Investigador Escuela de Ciencias Política. Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233; 5:00 pm en Radio Universidad 96.7 FM ¡Nos escuchamos!

Camino a las Elecciones 2022 – Comunicado de la Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense

Por mí (la sabiduría) reinan los reyes,
y los gobernantes decretan justicia
.
Proverbios. 8:15VBA

La Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense (IMWC), inquieta por estar en camino las elecciones generales en Costa Rica, el próximo domingo 6 de febrero 2022, desea compartir algunas inquietudes y preocupaciones, en torno a la contienda electoral.

  1. Aunque para algunos/as es sinónimo de robustecimiento de la democracia, nos preocupa el altísimo número de candidatos/as a la presidencia, con un programa de gobierno, muy bajo, en términos de no abordar los temas de las grandes mayorías empobrecidas. De acuerdo con la experiencia mundial e histórica y con la teoría política, el mayor enemigo de la democracia es la proliferación de partidos sin ideología, ni organización ni cuerpo.
  2. Lo anterior, podría revelar un hastío de la población ante las promesas incumplidas por parte de los anteriores candidatos/as y presidentes/as, y un posible deseo de gobernar, solo por ansias personales. O una estrategia de las clases dominantes para que haya cada vez más abstinencia y mantenerse en el poder, mediante la irresponsabilidad en la gobernanza, la indiferencia a las necesidades del pueblo y la corrupción e impunidad para seguir aumentando su riqueza.
  3. La Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas, analizó algunos ejes temáticos basado en la información que los partidos políticos presentaron al Tribunal Supremo de Elecciones y en el 90% de los mismos, deja mucho que desear las propuestas presentadas en cuanto a Ambiente, Género, Economía, Empleo y Comercio, Educación Superior y Desarrollo en las Zonas Costeras. Nos inquieta que, en ninguna de estos aspectos fundamentales para el país y para la política internacional, el sujeto a destacar es el de las clases media y alta y está totalmente ausente el sujeto empobrecido, o sea el de la clase baja.
  4. Otro aspecto muy preocupante es la total ausencia al acceso directo de las propuestas para el pueblo. Es imposible para una persona, por sus condiciones materiales, acceder a la página del Tribunal Supremo de Elecciones y leer sin ninguna mediación pedagógica la propuesta de 149 partidos inscritos (32 a escala nacional, 26 a escala provincial y 91 a escala cantonal). No es suficiente lo que los periodistas hagan.
  5. Hay necesidades que deben ser atendidas con carácter urgente por quienes pretender llegar a gobernar. Por ejemplo, asegurar trabajo para todas las personas, en especial para quienes están en este momento desempleadas que son el 15% de la población, es decir, cerca de 400 mil personas, es de la única manera que pueden bajar los niveles de criminalidad, de asaltos y consumo de adicciones, el hacinamiento carcelario; la impunidad de quienes invaden los territorios indígenas y el asesinato de sus líderes; cuidado real de los recursos naturales y mercado seguro para los productores nacionales, en especial los agropecuarios y agrícolas; opciones claras para la erradicación de la pobreza; erradicación de las distintas formas de discriminación y de todas las violencias de género, entre muchos otras necesidades más.
  6. Creemos que la sociedad costarricense, merece un trato más inteligente y justo de parte de los candidatos/as, ya que, al parecer, por un lado, solo se trata de ganar la presidencia para fines personales, y segundo, se subestima los aportes de los sectores populares.

Ha quitado a los poderosos de {sus} tronos;
y ha exaltado a los humildes
. Lucas. 1:52VBA

¿U públicas financiando a las privadas?

Freddy Pacheco León

Silvia Castro, la presidente de la junta directiva de la empresa Ulacit, de quien dicen aspira a ser la ministra de Educación en caso de ganar la señora Lineth, tiene una «propuesta sencilla», que resume así:  Se trasladan ¢2.600 millones del presupuesto del TEC, UNA, UNED y UCR, a las 52 universidades privadas. 

Con ello, dice, se evita «subir los precios», y se usarían «para el financiamiento de investigación». Se pretende, dice, que «el Estado contribuya de ALGUNA MANERA con INCENTIVOS, para que el costo no se le vaya a trasladar al estudiante en su matrícula».                 

Como obviamente la señora Lineth, candidata presidencial del PUSC, conoce muy bien tal proyecto, LOS ELECTORES queremos saber lo que piensa, por lo que públicamente le reiteramos nos lo aclare; eso sí, antes del 6 de febrero.

El humor es cosa seria

Rafael Ángel Ugalde Quirós*

Al valiente y humanista del siglo XXI, Julian Assange, olvidado por los defensores de la libertad de prensa en Costa Rica.

Seguramente “Cantinflas” sigue carcajeándose, agradeciendo a muchos de los aspirantes presidenciales por mantenerlo vivo en las “pantalla chica”, en virtud de los famosos “debates” nacionales de cara a las elecciones del próximo 6 de febrero. A sus 29 años de la desaparición física –cumplirá años de haber trascendido 18 días antes de la toma de poder del nuevo presidente costarricense – Mario Moreno sigue siendo el principal comediante latinoamericano; sus palabras sobre el difícil arte de sacar risas a la gente siguen teniendo vigencia quién sabe por cuántas generaciones más, pues es uno de los oficios más difíciles y delicados de la tierra. Los antiguos griegos descubrieron en los tropezones y traspiés de la gente la producción inmediata de risas por quienes quedan en pie, llevando tal recurso de trompicar al teatro; los famosos “Tres Chiflados” sacaban carcajadas con ingenuidades cercanas al sinsentido y, hasta el recordado “Tres Patines”, el de la Tremenda Corte, nos sacaba sonrisas con sus ocurrencias idiomáticas propias de los guajiros cubanos enfrentados a una ciudad devoradora.

Sin embargo, “Cantinflas” tuvo la virtud de enseñarnos como la “naturalidad” y la “seriedad” cotidiana del cura párroco, el maestro, el médico, el torero, el político, el hacendado, el corruptor, etc., nos hacen reír, pues detrás de todo gesto y palabra hay una intencionalidad conforme el momento histórico de esta o aquella sociedad. De esta manera, el arte de sacar una carcajada es más serio de lo que parece. Por eso, alguien dijo una vez: “ríete y curarás tu hígado”, mientras otros atribuyen al escritor estadounidense, Robert Fulghum, haber puesto la risa y el amor al mismo nivel, cuando dijo: “… la risa es la única cura para el dolor. Y yo creo que el amor es más fuerte que la muerte”.

Lo divertido en el caso de los “debates”, promovidos por el tribunal recolector de votos –con gran calidad técnica por el SINART-, fue el entretenimiento dado durante tres noches sin boxeo internacional, sin concurso de bellezas de Miss Universo y sin juegos de la selección nacional de futbol para ir a Qatar. Este tribunal contribuye a que cualquiera persona jurídica haga propaganda a favor de sus candidatos organizando “debates” mientras invisibiliza a otros. Aunque usted no lo crea, vio por el SINART como en los tiempos modernos “tercerizar” servicios de la Caja no es igual a “privatizar”. Es decir, dar un servicio público sostenido por los contribuyentes para que un tercero lucre privadamente, no es un acto “elegantísimo” de privatizar. De todos modos, este muchachón aspirante a sentarse en Zapote después del 8 de mayo sabe ya sobre la “tercerización” de la limpieza y otras actividades en la seguridad social; por lo tanto, a fin de mejorar la calidad de los asegurados y acabar con las filas de pacientes, según dijo, la “tercerización”, nos ayudaría a los que no tenemos plata para ir a los hospitales privados. No habló de los ¢892.360 millones adeudados a la Caja por patronos, trabajadores independientes y asegurados voluntarios, menos acabar con el embudo que significa el control de las “especialidades” médicas, con repercusiones obvias en el sistema de salud pública. Lo bueno de “tercerizar”, entonces, sería que un palo de escoba (ya está “tercerizado” el servicio de limpieza en la CCSS, según informó), es lo mismo que un bisturí electrónico, sí tercerizamos este servicio, para resolver las listas de espera.

Pobreza en el asentamiento de La Carpio. (Foto BBC News).

Más allá de sí, un aspirante a la presidencia dice que cuando digo sí, estoy diciendo no, o si digo no, digo sí, y sí tengo posiciones claras esperaba, sinceramente, que el otro de estos muchachones de nuestra selecta “elite” política, experto defensor de amnistías fiscales – entiéndase dejar de cobrar impuestos a los “pobres” empresarios enlistados en los odiosos Panama Papers-, hablara más de participación del Estado en obra pública para reactivar el empleo, en vista de un sistema concesionario y monopolista que ha conducido a privatizar carreteras, aeropuertos, muelles y todo aquello tendiente a capitalizar los paraísos fiscales aumentando, como es notorio y público la brecha de desigualdad social. Actualmente estamos entre los países más desiguales de América Latina. O el candidato aquel, vanagloriándose durante los “debates” de no haber sido llamado a los tribunales de justicia por ninguna causa, ni investigado por ningún caso; de tal manera que cuya afirmación llevaría a cualquier estudiante de filosofía o leyes a pensar que para ser gobernante en Costa Rica basta no ser pillado con las manos en la masa, aunque a veces en la difícil carrera por un alto puesto una mentirilla blanca a nadie cae mal y hasta resulta simpática.

¡FUEGO EN EL PATIO TRASERO!

Desde la óptica del “sistema democrático costarricense” sobraron candidatos que echaron mano a la advertencia sobre el peligro de convertir a Costa Rica en “socialista” y “otra Cuba, Venezuela o Nicaragua”, donde, según se dijo, “no se respetan los derechos humanos” El “socialismo” llevaría a las poblaciones enteras a la ruina y a la miseria. Por ende, uno garantizó, jamás parecernos a esas naciones latinocaribeñas. Otro abogó por desburocratizar el “socialismo”; situación que vienen achacándoselo al pobre Stalin. En ambos casos y con semejante axioma, seguramente, pensadores como los finados Hugo Assmann (22/7/1933- 22/2/2008) y Constantino Láscaris (11/9/1923 – 5/7/1979) estarían agarrándose el estómago de carcajadas, por semejante “fundamentalismo” a la tica. Honduras, Jamaica, Haití, Barbados, países del continente asiático o africanos nunca han sido “socialistas”, acuden periódicamente a las urnas y están entre los países más pobres de sus continentes ¿?. Muchos de ellos, además, están en la lista de los 40 países del mundo bloqueados o sancionados comercialmente, porque (pongámonos serios) quienes defienden el statu quo aceptan o rechazan estas o aquellas elecciones y ocultan de paso la ideologización hecha de los derechos humanos. De tal manera es que, sí un determinado país decide pedir cuentas a Organizaciones no Gubernamentales, Fundaciones o cualquier o persona jurídica por dinero recibido sobre el cual no da explicaciones a nadie, a fin de financiar y justificar “tranques”, “guarimbas” o “revoluciones de colores”; allí, señores, violan los derechos humanos y no “hay libertad de prensa”. No importa que en los países defensores de tan nobles principios maten negros a mansalva, disparándoles o ahogándolos por el “pecado” de su color de piel, tengan presos a supuestos terroristas” sin juicio por décadas, bombardeen y maten niños inocentes y nada pasa. Cuando aceptan que fue un “error colateral” tirarles bombas de 500 libras a indefensos civiles durante una boda todo es producto de una “confusión”, Asesinan a líderes indígenas porque defendieron su tierra originaria, judicializan la protesta social, intentan meter a la cárcel líderes sindicales al mejor estilo de Hitler, o trivializan la violencia oficial sobre los más desposeídos, como parte de una matriz informativa promovida por el modelo de acumulación inmisericorde.

En nuestro país hay pensiones para discapacitados con derecho a un “casado” de ₡ 3500 al día; es decir, a dividir entre dos la poca porción de arroz, frijoles, dos rebanadas de plátano y el pedacillo de bistec o pescado, si quieren comer en la tarde. Por demás, olviden desayunar, pagar luz, agua y, si se trata de alquilar casa, los puentes tienen abajo espacio suficiente para alojarse. Los centros de educación públicos se están cayendo a pedazos y la “Fiscalía indaga uso de dinero de escuela en convención del PLN” (La Nación 16/1/2022), no tienen laboratorios, hay maestros en labores administrativas, mientras los párvulos desertan y los adolescentes sin trabajo optan por el oficio de gatillero, producto de una sociedad “colombianizada” por la clase política.

La violencia doméstica ahora aparece aislada del sistema de producción, la pauperización del empleo resulta “normal” y necesaria para desarrollar el país del “pura” vida. Hay 330 mil costarricenses desempleados, los robos y asaltos están “focalizados”, según un tecnócrata policial. La desocupación en nuestro país es mayor que la de Bolivia, Nicaragua y México, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Tasa de ocupación al IV trimestre del 2020

Fuente: OIT.

Al 31 de marzo del año pasado un total de 82.783 personas tenían suspensión temporal del contrato laboral y 165 mil experimentaron algún nivel de reducción de jornada (Semanario Universidad 20/4/2021), como consecuencias del encierro a que fuimos sometidos por una “bendita” pandemia caída del cielo. Por culpa de ella ahora se caen puentes, las carreteras son intransitables, las universidades públicas reducirían presupuesto para becas y residencias estudiantiles, ya que ustedes jóvenes, sí no tienen plata para pagar a un centro privado vayan y consigan un préstamo, ¿acaso es malo vivir hipotecado?

Los bonos para vivienda aún existen en la imaginación de los tecnócratas a cargo de las instituciones encargadas de él, pues se estima que el 42% de los hogares en el país necesitan reparaciones, ampliaciones u otro tipo de mejoras. Casi la cuarta parte de esas viviendas están en un estado deficiente; es decir tan deteriorado es su estado que supone un peligro inminente para sus habitantes. Y la violencia, en este caso, la doméstica, está focalizada en 32 distritos de la Gran Área Metropolitana (GAM). Así, el 2020 fue un año difícil en muchos hogares costarricenses, no solo por la llegada de la pandemia de COVID-19 sino también por la violencia desencadenada durante los largos periodos de confinación y de restricciones a los que se vio sometida la población (La Nación 16/1/2022) . Y las “izquierdas” locales siguen sin conseguir una plataforma mínima común a favor del campesinado, obreros, estudiantes y amas de casa por simple narcisismo y confort social de algunos de sus líderes.

Cómo nos dejó la vándala pandemia y son otros los países más jodidos que nosotros, por no ser democráticos y no respetar los derechos humanos (aunque uno de estos países produjo sus propias vacunas anti COVID-19, el otro tiene la red de carreteras más moderna de Centroamérica y el que falta no dejó morir de hambre a su población como presupuestaron con la dualidad de un gobierno interino que se alzó con unos $ 300 mil millones en activos estatales), los candidatos coincidieron, unos más que otros, en dejar de lado cosas tan complicadas como cambiar el rumbo del modelo de desarrollo o pensar en la gobernanza para todos con dignidad. A excepción de uno, quien llamó a dejar de fijarnos hacia los demás y barrer nuestra casa desde adentro, poner fin al azote de la deuda interna y externa descomunal, a la corrupción galopante, la evasión fiscal, el contrabando, la pobreza y miseria poblacional. Quizá fue hasta ingenuo, pensando que los “debates” de nuestra “elite” serían distintos a las exigencias de los bancos y el “Estado corporativo”.

Ven, “Cantinflas”, ¡brindemos por la risa!

*Periodista, abogado y notario por la U.C.R; artículo especial para Surcos.

Atacar para no perder el tercer lugar

Marcos Chinchilla Montes

Los grandes partidos políticos han optado por una campaña política defensiva, no entrar en mayor conflicto con el adversario y cuidar el limitado feudo electoral que tienen en el marco de la atomización partidaria de más de 20 candidaturas para las elecciones que se nos vienen encima.

El corto publicitario de ayer domingo de Fabricio Alvarado contra José María Villalta, más pareciera que se corresponde a uno de los guiones implementados por la CIA y otras agencias de inteligencia de los EUA contra el fantasma ya occiso del comunismo internacional.

Ante su falta de inteligencia y claridad política, a Alvarado no le queda otra más que optar por la mentira, el ataque, instrumentalizar la democracia, e intentar asustar con fantasmas en los que una buena parte de la ciudadanía ya no cree.

La situación es compleja para él y su agrupación religiosa; si finalmente el Frente Amplio llegara el tercer lugar en las intenciones de voto a la presidencia, quedaría aún más asentado el declive de su partido y proyecto neoconservador evangélico y antiderechos.

Nótese que sin pena alguna Fabricio y su partido se hacen de la vista gorda de los actos de corrupción que se le achacan a José María Figueres, a la sospechosa “falta de posición” política de Lineth Saborío, o a los casos de acoso sexual de Rodrigo Chaves. Al neoliberalismo, proyecto sociocultural y económico que postró a nuestro país, no tiene la menor intención de enfrentarlo, sea por falta de conocimiento o porque es parte de él.

A lo largo de estos años Alvarado ha demostrado una amplia ignorancia intelectual, adosada con la discriminación y el oportunismo en nombre de una fe. Estudió en la universidad pública, pero la esencia del pensamiento crítico y humanista no pasó por él; incluso tengo la hipótesis que olvidó todo lo que pudo haber visto en el curso de Historia de las Instituciones de Costa Rica.

Por dicha Alvarado no alcanzará la presidencia, pero lamentablemente y en nombre de dios, acogió visiones y prácticas sociales relacionadas con el fascismo, la discriminación, el rechazo a los Derechos Humanos, la mentira, y la manipulación mediática. Su lugar en la historia será a la par de personajes como Bolsonaro, Jimmy Swaggart y otras figuras de mal recuerdo para el desarrollo de la humanidad.

Pueblos indígenas sufren retroceso en derechos humanos

Luis Fernando Astorga Gatjens

En los últimos años, el país ha venido avanzando como el cangrejo en muchos campos, incluido el de los derechos humanos. Lo que ha sido motivo de orgullo y prestigio internacional se ha venido erosionando con el concurso de distintas administraciones gubernamentales, del Poder Judicial y de la Asamblea Legislativa.

De ese progresivo deterioro pueden dar cuenta los pueblos indígenas de Costa Rica, que han sido y son presa fácil de un racismo cada vez menos disimulado. Lo que hubo de sufrir Leonel García Segura del Pueblo Cabécar de Bajo Chirripó, el 30 de diciembre anterior, es un reflejo tan notorio como indignante de una grave violación de sus derechos, que se busca cubrir con el manto racista de la impunidad.

Dos hombres no indígenas de apellido León, padre e hijo, ajenos e intrusos en el Territorio de los Cabécar, que ocupan en forma ilegal terrenos en ese territorio, agredieron con machetes en mano a García Segura, propinándole múltiples heridas en todo su cuerpo, que lo llevaron a Cuidados Intensivos del Hospital Tony Facio. Pero mientras el brutalmente agredido luchaba por su vida, los dos agresores que ya le habían amenazado de hacerlo picadillo, se encontraban libres con la venia de las autoridades judiciales. Este hecho atroz, motivado por el odio y la discriminación, debe ser causa de repudio y de reclamo inmediato de justicia.

Existe un expediente judicial que debe dar la razón a Leonel García en contra de los usurpadores, que han mantenido la ocupación ilegal del terreno, pero ante la demora, negligencia e inacción de los responsables judiciales de apurar la resolución, los León han querido imponer su aberrante ley con una acción de extrema violencia. Ya antes lo habían amenazado con hacerlo picadillo. Cuando deberían haberse dictado medidas cautelares para proteger la integridad física y la vida de Leonel García, el proceso avanza con una pasmosa lentitud.

Esta es otra pieza más del rosario de injusticias que han venido enfrentando los pueblos indígenas, sin que esta situación muestre cambio alguno.

Los antecedentes de este tipo de actos hay que situarlos en el año 1977, cuando fue aprobada la Ley Indígena de Costa Rica Nº 6172, a través de la cual se buscó regular temas como la identidad, organización y territorio de los pueblos indígenas. Mediante esta norma, el Estado costarricense reconoció el derecho exclusivo de los indígenas a sus territorios. En la ley que tiene ya 44 años, en su momento se delegó al Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) y a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), la resolución del problema de apropiamiento ilegal de tierras por parte de personas no-indígenas.

La devolución de los territorios indígenas a los pueblos originarios es un compromiso clave e ineludible contenido en esa ley. Sin embargo, los años han venido pasando y ese compromiso no se ha cumplido. Gobierno tras gobierno lo han venido posponiendo, fruto de las presiones políticas de terratenientes que usurpan ilegalmente esas tierras. La discriminación ancestral es la que ha marcado la pauta.

Pero el incumplimiento del Estado de una ley tan añeja en su promulgación, no se queda ahí. También se han venido incumpliendo un conjunto de disposiciones del Sistema de Naciones Unidas, contenidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este convenio indica que “los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación”. Igualmente, este instrumento jurídico internacional fija que los Estados “deberán adoptar medidas especiales para proteger a las personas, instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el medio ambiente de los pueblos originarios”.

La justa lucha por lograr que los territorios indígenas vuelvan a las manos de sus legítimos dueños ha generado dolor, luto y sangre de luchadoras y luchadores indígenas. Así lo testimonian los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz, de Jehry Rivera y de varias tentativas de homicidio contra otros líderes.

Múltiples hechos que forman parte de esa injusticia han sido debidamente documentados y denunciadas ante la Subcomisión de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas del Poder Judicial, actuando la Defensoría de los Habitantes como testigo; empero todas estas denuncias han sido archivadas por la Inspección Judicial. No ha habido justicia, y cuando se insinúa, no ha sido ni pronta ni cumplida.

Con ello la impunidad le ha venido ganando la batalla a la justicia. Y de esta manera se ha alentado a los usurpadores a que sigan agrediendo a mansalva a los pueblos originarios y atropellando sus derechos. Mientras tanto las autoridades del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo siguen mirando para otro lado, haciéndose cómplices de una injusticia que pone en entredicho a la democracia costarricense.

Algunos en el país (incluidos candidatos presidenciales y candidatos a diputados) siguen viviendo en una Costa Rica paralela, en la que algunos logros y avances en derechos humanos, eran reales. Pero lo que fue ya no es. Los derechos humanos contenidos en normas nacionales o internacionales, se alejan cada vez más de su cumplimiento efectivo. Mucho ruido normativo y pocas nueces en su implementación.

No emerge otro camino que no sea el de la lucha social para que el brillo de un Estado Social de Derecho, respetuoso de los derechos humanos de todas las personas, pero priorizando a las minorías perseguidas y discriminadas, vuelva a singularizar a este país que se nos está yendo de las manos.

(17 de enero, 2021)

NO ES RUSIA

Por José Luis Callaci

No dejan de sorprender ciertos contenidos de escritos publicados en algunos medios por supuestos analistas en temas internacionales, en los cuales se observa un obsesivo propósito de repartir culpas por igual en relación con los recientes cruces entre Rusia y los Estados Unidos, y sus aliados reunidos en la alianza militar creada durante la Guerra Fría, conocida como Organización del Tratado del Atlántico Norte ( OTAN) o Tratado de Washington.

Esto último porque dicho acuerdo intergubernamental fue firmado un 4 de abril de 1949 en la capital del país del norte. Ignoramos si ello se debe a la ausencia de información veraz o a esos alineamientos con una de las partes. En todo caso nos mueve a modo de obligada respuesta hacer la siguiente reflexión:

No es Rusia la que tiene rodeada con múltiples bases militares a los Estados Unidos y a sus socios de la OTAN. No es Rusia la que basada en gruesas mentiras invade y desintegra países conduciéndolos a permanentes sangrientos enfrentamientos fratricidas que han cobrado y siguen cobrando cientos de miles de víctimas. No es Rusia la que aplica sanciones económicas, se apropia de bienes ajenos, realiza criminales bloqueos, que son actos de guerra, o financian terroristas para desestabilizar países que no se le subordinan. No es Rusia la que irrespeta una vez y otra también los acuerdos internacionales de los cuales es signataria. La lista sigue y es bien larga.

Los hechos son los que hablan frente a las torcidas interpretaciones que intentan poner en el mismo nivel de responsabilidades y culpas a una y otra potencia mundial. Algo inaceptable que ofende la inteligencia, de la mente y el corazón de los que queremos estar bien informados. No es Rusia.