Los cambios y avances de punta tecnológicos han dejado atrás muchos principios y acuerdos de respeto mutuo y convivencia mundial. Ahora las potencias mundiales compiten en las artes de destrucción masiva o en la de precisión de misiles, utilizando la inteligencia artificial y la convencional para dominar continentes completos, zonas territoriales o países, pueden definir los espacios que van a destruir en menos de 5 minutos o, en casos intercontinentales, en media hora,[1] pueden destruir miles de km cuadrados de una nación, dejándola como fue en la edad de piedra.
En Centroamérica, en menos de una semana, las fuerzas militares de EUA y Rusia tomaron esta zona como indicada para persuadirse mutuamente de lo letal que son sus capacidades bélicas. Rusia está logrando en Nicaragua la autorización, para instalar su tercera base militar afuera del territorio ruso[2]. Con un argumento sólido, de su gobierno en la Europa del Este, puesto que está rodeada de bases estadounidenses, con un despliegue de 254 bases con instalaciones militares, liderando a la OTAN,[3] quiere acercarse más a Washington. Aunque Rusia está midiendo el mejor momento para desplazar su infraestructura militar en Nicaragua.[4]
Mucha población centroamericana, de manera equivocada, sigue creyendo que ese es un conflicto entre países demócratas contra el comunismo. No se dan por enterados que en Rusia no gobierna el comunismo, pero un sistema oligárquico, dirigidos por el partido Rusia unida.[5]
Ante los intereses de dominio imperialista estadounidense, buscando utilizar a Ucrania como trampolín, Washington esta buscando asaltar el país más grande del mundo, con 17 millones de kilómetros cuadrados. Para lo cual ha contado con el apoyo, principalmente de la Unión Europea. Dado el asecho militar y político en las barbas de Rusia, ésta parece decidida a instalar una base militar en Nicaragua. La respuesta inmediata de Washington ha sido el uso de su histórico dominio político en Costa Rica para enviar sus portaviones a este territorio. Contando con la ya antañona base militar en Honduras, es poco o nada lo que le falta para tener a Nicaragua muy rodeado de fuerzas militares gringas.
Pero esas movidas militares estratégicas de estas dos potencias, independientemente de la simpatía que tengamos hacia una o la otra, nos va a cambiar geopolíticamente nuestro contexto en más de 90 grados en pocos días. Ahora el ejército nicaragüense estará más soberbio de lo que ha sido, al igual que la pareja Ortega.
Costa Rica deja de ser aquella que “no tiene ejercito desde 1948” y deja de ser la “Suiza centroamericana”, su poder judicial impune, como sus otros poderes, podrían variar a ser más represivos contra los sindicalistas; podrían reprimir más a los grupos indígenas, además de continuar con su proyecto de privatización en el marco del neoliberalismo iniciado por el Partido Liberación Nacional o, muy dudosamente se vuelva más tolerante al crecimiento de movimientos populares y democráticos.
Honduras acaba de sembrar sus esperanzas en un gobierno menos sometido a las directrices de Washington, aunque desde su inicio en enero, le ha sido difícil, ahora con una mayor presencia e interés del Pentágono en este territorio, con una de sus principales bases militares, las dificultades para hacer que se le respete su soberanía, serán mayores. Guatemala, con una problemática interna de corrupción importante aun trata de consolidar su gobierno la administración estadounidense le puede torcer el brazo. Exceptuando El Salvador y Nicaragua la seguridad militar y policial cuenta con una presencia significativa de Israel para entrenamiento y asesoría. El Salvador se ha distinguido en su política alejada de los dictados de estas dos potencias[1]. Seguramente su cercanía con la potencia China le hace mantener esa independencia. Esta relación le da un diferente carácter a la administración Bukele.
Con esta presencia militar en conflictos traídos desde febrero, no debe sorprendernos que el Istmo centroamericano se convierta en algo parecido a Ucrania guardando, desde luego, las grandes diferencias geopolíticas. No se trata de crear miedo artificial, pero sí de prevenir una grave situación, que después de la pandemia del covid-19, la crisis económica que ya estamos sufriendo y va a empeorar en los próximos meses, debido a las casi seis mil sanciones de EUA/UE contra Rusia, ahora que esperamos algunas catástrofes naturales, igual o peores del año anterior, una crisis bélica, que aumente por cien las migraciones, el hambre, el desempleo, el contrabando, etc., etc., nos destruiría por completo nuestro habitas de por sí endeble.
Recordemos que EUA es experta en abrir conflictos militares, desestabilizar los gobiernos y producir el derrocamiento de gobiernos elegidos democráticamente por sus pueblos.[2] El negocio en la venta y uso de armas es el primero en los EUA con al menos 19.500 millones de dólares[3], después del petróleo y las drogas.
Detener este potencial conflicto entre potencias sobre el territorio centroamericano es un deber de nuestros gobiernos, como de su población o ciudadanía organizada y no organizada. Nuestra juventud debe tomar muy en consideración la probabilidad de caer en una confrontación bélica que arrastre a nuestra juventud a convertirse en carne de cañón.
Las organizaciones sociales están reclamando justicia para el trabajador de Recope que fue la víctima de Michael Soto R. ministro de Seguridad, Alejandro Muñoz V. presidente ejecutivo de Recope y Carlos Alvarado Q. presidente de la República durante la huelga contra el Combo Fiscal en el 2018.
He aquí su historia y juzgue si merecía el calvario que lo han hecho padecer desde el 2018.
Como acusado de un sabotaje a Recope en Moín, llama la atención que, cuando lo detienen, se encontraba descalzo.
En la sentencia, se lee:
Cuando el saboteador es derribado, los funcionarios presentes logran verificar que se trata de un funcionario de Recope, de nombre Carlos Andrés Pérez Sánchez, y que usaba kimono de Recope y se encontraba descalzo.
¿A quién se le ocurre preparar un sabotaje y no amarrarse los zapatos debidamente por si tiene que emprender carrera? O bien, no llevar unos zapatos adecuados para un sabotaje.
Ese día 11 de septiembre, Carlos Andrés había pensado no regresar a las instalaciones de Moín. Llevaba dos días sin pegar el ojo, pues desde el domingo había pasado las noches en vela. La huelga iniciaba el 10 de septiembre, pero los trabajadores de Recope en Moín habían comenzado los preparativos el domingo 9 en la noche. Al amanecer del día 10, ya estaba todo listo para la huelga contra el llamado Combo Fiscal. Aunque él se retiraba durante el día, a eso de las 8 o 9 horas, no descansaba, pues se sumía en las rutinas domésticas. Por esa razón, ese martes había pensado no regresar a Moín; durante el día, en su casa, no reponía el sueño y el cansancio. Sin embargo, como lo había hecho el día anterior, a eso de las 16 horas, emprendió el camino para acompañar durante la noche, por lo menos un rato, a los compañeros que se encontraban fuera de las instalaciones en Moín. ¡Sin sospechar siquiera lo que le depararía el destino! En este caso, el destino se apellidó Soto-Alvarado.
De camino, se encontró con una promoción de tenis en un supermercado. ¡Un regalo, una ganga! Un par de tenis a dos mil colones. Desechó los viejos zapatos, se acomodó los nuevos. Jamás imaginó que esa misma noche sus zapatos nuevos serían como aves migratorias, nunca los volvería a ver, cuando en medio de un parque industrial, un policía, que siempre había trabajado como chófer, le gritó: ¡Tírese al suelo o disparo! A su cerebro, como al de sus compañeros de vigilia, el impulso de la sobrevivencia solo los movió a correr. Pero solo él fue detenido.
Para poder comprender algunos hilos sueltos, o más bien perdidos, de esta historia, hay que aclarar algunos aspectos. El primero se refiere al entrenamiento recibido por los trabajadores cuando ingresan a laborar en las instalaciones de Moín. Como se trata de un parque industrial, se les capacita desde el primer día para una eventualidad riesgosa, para controlar emergencias. Los obreros deben actuar frente a cualquier posibilidad de peligro para las personas o las instalaciones. Les enseñan que quien esté más cerca de la emergencia debe combatirla; ya sea que la pueda detener o dar la voz de alarma.
Por otra parte, esa noche del 11 de septiembre, Carlos se encontró un ambiente más tenso. Había cierta preocupación entre los compañeros que se aglomeraban en las afueras de las instalaciones. Por una parte, la intimidación policial iba en aumento por la injustificada presencia de los antimotines, pues se trataba de un movimiento de protesta pacífica. Por otro lado, intermitentemente, percibían un olor a gas. Pero como el olor no era constante por la presencia del viento, se olvidaba hasta que volviera una vez más. Los trabajadores, que se mantenían en las afueras de la refinadora, sabían que se estaba haciendo una descarga de gas desde un barco. La descarga estaba siendo realizada por tres personas únicamente. La misma, en condiciones normales, requiere la coordinación de un equipo de entre quince y veinte personas, pues es una labor compleja; se necesita regular entre el muelle y el barco, también con los operarios de campo y los supervisores; lo estaban realizando sin las medidas de seguridad requeridas. La alerta era el olor a gas.
¡Tres personas ejecutando un proceso que requiere por lo menos quince!
Hay que agregar que dichos funcionarios no eran del plantel propiamente. No había personal adecuado desembarcando ese gas. Lo estaban llevando a cabo tres personas cuya función no es esa. Uno lo llevaron de San José, es un ingeniero químico; él tenía que revisar el gas y ver si cumplía con la calidad de lo comprado. Pusieron a otro ingeniero que trabajaba en el muelle. El tercer ingeniero era interino. (¡Al interino le dieron plaza en propiedad después de la huelga!)
Entre los trabajadores en huelga, se suscitaba una gran inquietud. ¡Estaban descargando gas sin las medidas de seguridad! A esa angustia, se le sumaron otras. La Refinadora Costarricense de Petróleo cuenta con un equipo de bomberos industriales (SASR Salud, Ambiente y Seguridad Recope), quienes deben dar la primera respuesta en caso de peligro. Ellos laboran 24 horas diarias, es la seguridad industrial; ese grupo da permisos, supervisa los alrededores y es el encargado de cualquier incendio. Ese grupo especial de bomberos fue retirado por la fuerza pública cuando esta tomó las instalaciones de Moín.
Además, de esa situación tan irregular, se le suma otra. El sindicato negocia siempre que se presenta una situación de huelga, la permanencia de dos trabajadores en ciertos puestos para supervisar ciertas zonas como las calderas, por ejemplo; estas no se pueden apagar, porque se enfría el asfalto. Aunque no se esté trasegando combustible, es necesario vigilar ciertos puntos clave. Durante la huelga del 2018, la administración no permitió el control de ciertos puestos. Esta vez, la policía sacó a esos trabajadores el día lunes. Se incumplió ese acuerdo durante este movimiento.
¡La Fuerza Pública tenía el control de todo el plantel!
Continuará.
Las citas son de: Chinchilla, R., García, A. y Rojas, G. (2019). Resolución: 2019-0319 Expediente: 18-000244-1130-PE (7) TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL, Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea.
Por Nicolas Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho
Algunas reflexiones a propósito de la reciente conmemoración del Día Internacional del Ambiente
«Hace unos años atrás, tenía a mi hijo muy enfermo, tenía problemas respiratorios, lo tenían en observación, poniéndole nebulizaciones. El enfermero, que todavía trabaja allí en la clínica, desde que llegué empezó a cuestionar, que por qué nos oponíamos a la hidroeléctrica en ese entonces (Proyecto Hidroeléctrico Diquís), que por qué nosotros defendíamos derechos indígenas si todos éramos iguales«. Cindy Vargas, indígena Brorán de Térraba en Costa Rica. Extracto de artículo publicado en el Semanario Universidad (Costa Rica), «Mujeres indígenas denuncian discriminación y racismo en instituciones públicas por ser recuperadoras de tierra», edición del 28/04/2022
«En los años anteriores de conflicto armado hubo muchos líderes que también sufrieron y fueron desaparecidos. Los que asesinaron a mi hijo pensaron que estábamos en esa época todavía, en la que un líder se levantaba a reclamar sus derechos y todos los demás se quedaban callados. Pero se equivocaron, porque yo no me voy a callar«, Rodrigo Tot, líder q’eqchi de Agua Caliente en Guatemala, entrevista en El País (España), artículo publicado el 10/02/2022
«El 8 de marzo de 1995 el Juzgado dejó ‘sin valor ni efecto la orden de captura librada’. Aunque esta decisión no fue motivada, el fiscal encargado de la investigación en ese momento indicó, en una declaración rendida posteriormente (infra párr. 63), que el joven Juan Francisco López Mejía reveló haber sido coaccionado a rendir declaración incriminatoria, por lo que se determinó que no hubo méritos para la captura. El 23 de marzo de 1995 se recibió la última de las 27 declaraciones testimoniales mencionadas, correspondiente a un coronel del Ejército, de apellido Amaya. Un año después, el 10 de marzo de 1996 la Dirección de Investigación Criminal en Tela presentó un informe sobre el caso en el que subrayó que ‘en las investigaciones de este caso se van a tocar intereses muy grandes y de cualquier forma los oficiales de investigación asignados al caso corren mucho peligro‘. Extractos (párrafos 57-58) de la sentencia de la Corte IDH contra Honduras dictaminada en el 2009, sobre el caso de Blanca Jeannette Kawas Fernández, ecologista hondureña asesinada el 6 de febrero de 1995.
El pasado 30 de mayo del 2022, dos Comisiones del Senado de Chile (Ambiente y Relaciones Exteriores) aprobaron el Acuerdo de Escazú: lo hicieron con 7 votos a favor y 2 abstenciones (véase nota de El Mostrador y esta nota oficial de las autoridades ambientales chilenas).
Tan solo 24 horas después, el Senado chileno procedió a una segunda votación ampliada que se materializó el 31 de mayo, con 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones (véase nota oficial del mismo Senado).
Se trata de dos votaciones sucesivas en Chile que ponen fin al proceso interno de aprobación del Acuerdo de Escazú, y que ahora, plantean algunas interrogantes a los demás Estados en los que se sigue manteniendo obstaculizado la aprobación del Acuerdo de Escazú dentro de sus respectivos poderes legislativos. La conmemoración del 5 de junio del 2022, Día Internacional del Ambiente, constituye una fecha propicia para reflexionar al respecto.
A modo preliminar: un generoso mes de mayo para Escazú
Estas dos votaciones en el Senado chileno vienen a culminar un proceso iniciado en la Cámara de Diputados de Chile, la cual aprobó el pasado 11 de mayo del 2022, en primer debate constitucional, el Acuerdo de Escazú: véase notade El Mostrador y cable EFE registrado en La Vanguardia. Esta aprobación también se hizo con una abrumadora mayoría: 105 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones.
Siempre en el mismo mes de mayo, un segundo debate se llevó a cabo en el seno del mismo Poder Legislativo chileno asociando al Senado (véase al respecto esta nota oficial del mismo Senado del 16 de mayo del 2022).
Las indiscutibles mayorías obtenidas en las dos cámaras del Poder Legislativo chileno en menos de 20 días evidencian que los supuestos «argumentos» en contra del Acuerdo de Escazú ya no impresionan sino a unos muy pocos, y que forman parte del pasado. Las cifras obtenidas en ambas cámaras chilenas recuerdan a su vez que en noviembre del 2020, el Senado de México aprobó el Acuerdo de Escazú por unanimidad (véase comunicado oficial de su Senado) y que en septiembre del 2020, en Argentina, la votación en la Cámara de Diputados registró 240 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones (véase nota oficial).
Es muy probable que con tan decidido paso, Chile deposite el instrumento de ratificación correspondiente al Acuerdo de Escazú durante el mes de junio del 2022, mes del ambiente, como muy bien se sabe, con su máxima expresión el 5 del mes (Día Mundial del Ambiente): cabe precisar que en este mes de junio del 2022, se celebran los 50 años de la primera declaración internacional en materia ambiental, la cual fue adoptada en Estocolmo en 1972 durante una cumbre realizada del 5 al 16 de junio de 1972. Desde entonces, Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil conmemoran y celebran el 5 de junio como el Día del Ambiente (véase texto de la Declaración de Estocolmo de 1972, en páginas 3-6).
Una breve puesta en contexto
El Acuerdo de Escazú (véase texto completo) se adoptó en Costa Rica en marzo del 2018 y su nombre completo es «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe«.
Este instrumento regional de vanguardia se adoptó, siendo escogida la fecha del 4 de marzo como un homenaje de toda la región al natalicio de Berta Cáceres, lideresa hondureña lenca, asesinada en el 2016 (véase nota de Amnistía Internacional publicada en marzo del 2022 al conmemorarse 6 años desde su asesinato y una nota más reciente sobre una sentencia esperada para el 18 de mayo del 2022 que no se leyó).
Cabe indicar que para este año 2022, el Premio Goldman en materia ambiental incluyó, en el caso de América Latina, a dos líderes indígenas ecuatorianos que llevan muchos años luchando contra proyectos extractivistas (véase nota de La Vanguardia y nota de France24 del 26/05/2022). En Honduras, Berta Cáceres había sido galardonada con este mismo prestigioso premio internacional en el 2015.
Foto de Berta Cáceres Flores, lideresa hondureña lenca, asesinada el 3 de marzo del 2016, extraída de esta nota de prensa de La Vanguardia titulada «El asesino de Berta Cáceres era un sicario: un joven pobre». El GAIPE (Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas) un grupo de investigación internacional fue constituido para esclarecer su asesinato y en particular la trama político-empresarial responsable de su muerte, que intentó en un primer momento encubrir y maquillar el mismo Estado hondureño (véase al respecto el informe titulado «Represa de Violencia. El Plan que asesinó a Berta Cáceres»).
El pasado 22 de abril, día en que se celebra el Día de la Madre Tierra, tanto órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos hicieron un vehemente llamado conjunto (véase comunicado) exigiendo la pronta ratificación del Acuerdo de Escazú, señalando además que:
«el Acuerdo de Escazú es un poderoso instrumento para prevenir conflictos mediante el acceso a la participación, información y justicia en asuntos ambientales. El Acuerdo de Escazú es también un hito pues consagra la protección de las personas defensoras y su rol, cuyo espíritu nos recuerda que para defender el medio ambiente se debe empezar por proteger a quienes lo defienden«.
En el caso específico de Costa Rica, el V informe anual (2021) dado recientemente a conocer el pasado 26 de mayo (véase informe) de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) —un órgano adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— expresa sin mayores contemplaciones, en el capítulo correspondiente a Costa Rica, que:
«579. En relación con el acceso a la justicia respecto a asuntos ambientales, la REDESCA toma nota que a pocos días que entre en vigor el Acuerdo de Escazú, que protege el acceso a la información, participación pública y a la justicia en asuntos ambientales en América Latina, Costa Rica aún no lo ratificó, pese a que el acuerdo fue firmado hace tres años y desde entonces Costa Rica impulsó que otras naciones latinoamericanas lo suscribieran. La Relatoría Especial llama a Costa Rica a la ratificación del Acuerdo adoptado en Escazú, en sintonía con su compromiso con la protección del ambiente«.
Con el Acuerdo de Escazú, la esperada «sintonía» de Costa Rica con el compromiso en favor de la protección del ambiente está dando lugar a yerros, silencios, improvisaciones, omisiones y declaraciones que más bien evidencian una sorprendente e insólita cacofonía, como lo veremos a continuación.
Costa Rica y Chile: dos Estados en la mira
Hay que tener en mente que el largo proceso de negociación del Acuerdo de Escazú, que duró exactamente 5 años, 7 meses y 7 días, fue coliderado por Chile y por Costa Rica. Dos Estados que pusieron a sus mejores equipos de negociadores para lograr llevar a feliz término el proceso de discusión entre los 33 Estados que integran la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (más conocida como Cepal): un trabajoso proceso, que requirió un total de 9 largas rondas de negociación (véase acta final de la novena y última ronda de negociaciones, realizada en marzo del 2018 Costa Rica).
Adoptado en marzo, en el mes de junio del 2018, con ocasión del Día Internacional del Ambiente, en calidad de copresidentes Chile y Costa Rica en una declaración conjunta (véase texto completo) enfatizaron que:
«Ambas co-presidencias invitan a todos los treinta y tres gobiernos de la región a suscribir este importante tratado y contribuir por medio de su implementación a una protección más integral del ambiente y el fortalecimiento de los Derechos Humanos. Asimismo, reiteran que el Acuerdo de Escazú inaugura, desde las particularidades de América Latina y el Caribe, un nuevo estándar para la construcción y consolidación de la democracia ambiental. Costa Rica y Chile creen firmemente que la pronta entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, será una señal inequívoca de la vocación de nuestra región para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y representa una importante contribución al multilateralismo«.
Esta declaración conjunta del mes de junio del 2018 constituye la última manifestación oficial de ambos Estados en favor del Acuerdo de Escazú. Hay que agradecerle a la diplomacia chilena por haberla mantenido en su portal oficial desde entonces.
Cabe indicar que en el mes de julio del 2019, ante los titubeos evidenciados con la aprobación del Acuerdo Escazú en América Latina, ambos Estados recibieron un primer llamado de atención suscrito por varios mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas que fue remitido de igual manera a otros Estados (véase texto del comunicado conjunto enviado a Costa Rica): pese al importante número de firmantes de esta misiva, no se logró mayor avance en el caso de Chile, ni tampoco de Costa Rica.
Un paso más hacia una rectificación por parte de Chile
Esta aprobación en la Cámara de Diputados chilena el pasado 11 de mayo y luego en el Senado el 31 de mayo constituyen dos importantes logros del Poder Ejecutivo de Chile, que permiten vislumbrar una nueva ratificación del Acuerdo de Escazú muy pronto: un tratado regional que ya cuenta con 12 Estados Partes (los últimos en ratificarlo —de forma conjunta— en enero del 2021 siendo Argentina y México).
Por parte de América Latina, Chile vendrá a sumarse a las ratificaciones ya registradas (véase estado oficial de firmas y ratificaciones) de Bolivia y Uruguay (septiembre del 2019), Panamá y Nicaragua (marzo 2020), Ecuador (mayo 2020), así como Argentina y México (enero 2021). Se trata de Estados en los que, dicho sea de paso, no se ha observado en lo más mínimo una salida de las inversiones extranjeras o una parálisis de sus respectivas economías o una inseguridad jurídica desde que se aprobó el Acuerdo de Escazú. Ni mucho menos una invasión indebida de la inversión de la carga de la prueba en el ámbito del derecho penal, tal como se ha escuchado que provocaría el Acuerdo de Escazú en Colombia, en Costa Rica pero también en Perú y en Paraguay (Nota 1) por parte de algunos: sobre estos últimos, debemos precisar que lo han hecho de una manera bastante extraña para el caso costarricense, como se explicará en las líneas que siguen.
Al haber firmado este acuerdo regional (en setiembre del 2018), pero no haberlo aún ratificado en estos últimos cuatro años, Costa Rica comparte esta situación en América Latina con (además de Chile) los siguientes Estados: Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Una Costa Rica que ha basado históricamente su imagen internacional en el respeto y la defensa de los derechos humanos y en la protección del ambiente, … ¿en esta lista de Estados renuentes a proteger los derechos de quienes defienden el ambiente? Así como se lee, por más extraño que pueda sonar para nuestros estimables lectores costarricenses (así como a los no costarricenses …).
Con relación a las buenas prácticas en materia de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, no está de más referir a nuestros lectores a esta publicación de la Cepal titulada precisamente «Las sinergias entre el gobierno abierto y el Acuerdo de Escazú». En el caso específico de Costa Rica además, podemos referir a este comunicado de prensa oficial de la Cepal difundido a raiz de una importante reunión celebrada en San José el 8 de marzo del 2022, titulado «Banca multilateral y OCDE consideran fundamental el Acuerdo de Escazú para generar un clima de inversiones sostenidas y sostenibles»: un comunicado oficial de prensa que, extrañamente, no fue referenciado en ninguno de los principales medios de prensa costarricenses (Nota 2). Otro comunicado de prensa, sobre esta misma reunión de la Cepal, esta vez proveniente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, fue objeto de la misma indiferencia mediática (Nota 3). No se tiene explicación alguna sobre tan notorio silencio a la hora de redactar estas líneas, pero debe existir (y desde ya se agradecería a especialistas en la materia realizar las investigaciones pertinentes).
Al proveer el Acuerdo de Escazú también herramientas tendientes a un mayor acceso a la información pública, a mayor transparencia y rendición de cuentas, no está de más preguntarse quiénes podrían sentirse (eventualmente) amenazados por tan loables objetivos en América Latina. En el caso de Colombia, un reciente artículo —cuya lectura recomendamos— habla de «terror» al respecto en algunas cúpulas empresariales (véase artículo publicado en el medio internacional Pressenza).
Más allá de la percepción de miedo, que puede ir aumentando en temor, miedo intenso, pavor, espanto o pánico e ir conduciendo a una sensación cercana al precitado «terror» de algunos sectores colombianos, no está de más señalar que el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile (SEA) elaboró un instructivo sobre la participación ciudadana en materia de evaluación ambiental (véase texto completo), dado a conocer el pasado 2 de junio del 2022. Se trata de una valiosa herramienta que consolida el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental, en particular para las comunidades afectadas por lo que se denomina «externalidadesambientales negativas» causadas por proyectos de cierta envergadura. Este instructivo, en nuestra modesta opinión, debería interesar desde ya a autoridades de otros Estados de América Latina. En la parte final del documento, se indica (página 12) que:
«se instruye a las Divisiones y Direcciones Regionales del SEA decretar la apertura de los procesos de participación ciudadana en todas aquellas Declaraciones de Impacto Ambiental, en las cuales, habiéndose cumplido los requisitos formales de la solicitud (artículos 30 bis de la Ley N°19.300 y 94 del RSEIA) generen a su vez, los presupuestos de la carga ambiental -beneficios sociales y externalidades ambientales negativas- en los términos expuestos en el acápite 2 letras A y B precedentes«.
Como se podrá apreciar, las autoridades políticas en Chile parecieran tener muy claro las herramientas que hay que adoptar en perfecta sintonía con el contenido del Acuerdo de Escazú y las enormes ventajas que ofrecen en materia de gobernanza ambiental, participación informada y más generalmente paz social; mientras que en otras latitudes de la región, se adolece de esta claridad. La misma Ministra de la Presidencia de Costa Rica, en la parte final del comunicado oficial del 9 de marzo que nunca fue referenciado en ningún medio de prensa costarricense (y al que referimos en la Nota 3), precisaba al respecto al concluir la reunión de la Cepal del 8 de marzo en San José que:
«la apuesta al desarrollo sostenible está en la esencia del Acuerdo de Escazú, el cual será un instrumento esencial para garantizar el diálogo y la cohesión social«.
Un mismo tratado con dos lecturas y realidades tan disímiles entre Santiago y San José observadas en este mes de junio del 2022, ameritan nuevamente analizar con más detalle las razones aludidas por los detractores del Acuerdo de Escazú en Costa Rica.
Supuestos «argumentos» en contra de Escazú que la realidad objetiva desnuda por completo con el pasar del tiempo
En Costa Rica, como en varios otros Estados, «argumentos» contra Escazú han sido difundidos en los últimos dos años. En este 2022, la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep), la Corporación Bananera Nacional (Corbana) y otras seis cámaras nacionales, varias de ellas ligadas al sector agroexportador costarricense, reiteraron el 25 de febrero a los diputados su firme oposición al Acuerdo de Escazú: véase el texto de la carta en la que indican que «dicho Acuerdo contiene vicios de inconstitucionalidad, imprecisiones y desaciertos de fondo altamente riesgosos para la estabilidad del sector productivo» y en la que concluyen solicitando que «se proceda con el rechazo del proyecto 21.245, ante los riesgos que representa para la competitividad del sector privado y por resultar altamente inoportuno para el país (sic)».
Apenas fueron hechos públicos estos y otros «argumentos» meses atrás, en abril del 2021, por parte de otra cámara empresarial (Uccaep), un primer intento para debatirlos públicamente con especialistas no logró su cometido (véase la emisión Café para Tres del medio Delfino.cr del 22 de abril del 2021 al que no quisieron concurrir representantes de Uccaep). Dos intentos posteriores en aras de realizar debates públicos con representantes de la Uccaep tampoco fructificaron (Nota 4).
Una observación muy sencilla permite, desde la perspectiva del derecho internacional público, explicar esta renuencia al debate público con especialistas: en efecto, el Acuerdo de Escazú es un tratado internacional que establece exactamente el mismo régimen de obligaciones para todos los Estados que lo aprueban, al no permitir ningún tipo de reserva (Artículo 23) que pueda modular o limitar el alcance de algunas de sus disposiciones.
Si todo lo que se predice de negativo que va ocurrirle a Costa Rica si aprueba el Acuerdo de Escazú no se ha observado en ninguno de los Estados que ya lo ratificaron, hay un problema. Y es bastante grande, en particular para los detractores costarricenses del Acuerdo de Escazú y las fichas políticas que gravitan a su alrededor repitiendo sus supuestos «argumentos».
Con relación a las afirmaciones anteriores, se entiende cada vez con mayor claridad, conforme es aprobado el Acuerdo de Escazú en otras latitudes de la región, que los supuestos «argumentos» en su contra, en realidad, no lo son. Por cierto, en el caso de Costa Rica, un muy tempranero ejercicio periodístico desde la Universidad de Costa Rica (UCR) ya lo había así detectado: véase esta nota de Doble Check del 26 de abril del 2021 —cuya lectura se recomienda— y cuyo título y contenido no han dado lugar, a la fecha, a ningún derecho de respuesta, rectificación o aclaración por parte de la Uccaep. Recientemente, el mismo equipo de periodistas puso en tela de duda algunas afirmaciones de un «experto» sobre las reservas de petróleo en Costa Rica, hechas durante una emisión de televisión (véase enlace).
Volviendo a Escazú y a algunas cámaras empresariales empecinadas en presentarlo como peligroso y altamente dañino para la economía de Costa Rica, tuvimos la oportunidad de lanzarles públicamente varias preguntas así como a sus (siempre muy hacendosas) fichas políticas: véase nuestra breve nota publicada en el medio Delfino.cr el 3 de marzo del 2022, la cual, por alguna razón, no ha sido aún contestada a la fecha de redactar estas líneas (5 de junio).
Remitimos también al artículo del jurista costarricense Mario Peña (véase texto completo) titulado precisamente “Desmitificando el Acuerdo de Escazú” y publicado en el sitio jurídico especializado de DerechoalDía. En otro artículo posterior de este mismo autor, titulado «El Acuerdo de Escazú sin Costa Rica» (véase texto), se puede leer «que el ordenamiento interno ya contempla, al menos, treinta y un distintos mecanismos e instancias de participación en temas ambientales que otorgan la oportunidad del público de ser escuchados y de presentar observaciones por los distintos medios disponibles conforme a las circunstancias del proceso, y que ni el Acuerdo de Escazú, ni la legislación interna, contemplan la posibilidad del público de vetar proyectos empresariales a través de mecanismos o instancias de participación pública«.
Escazú y la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental, o del arte de amenazar con la vaina vacía
Con relación al punto específico de la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental que tanto pareciera preocupar a algunas cámaras empresariales (así como a una magistrada de la Sala Constitucional de Costa Rica hasta hace poco), se trata de un principio que ha recibido acogida en la legislación y en la jurisprudencia de tribunales costarricenses desde 1998.
Así se detalla en este valioso artículo del precitado jurista, publicado en el medio digital Delfino.cr: dicho sea de paso, este artículo tampoco ha dado lugar a una aclaración o reacción por parte de algunos, que han invocado la inversión de la carga de la prueba como un «argumento» incuestionable para oponerse al Acuerdo de Escazú.
Cabe recordar que el no aceptar el principio de la inversión de la carga en materia ambiental apareció en la sentencia del 2011 que puso fin en los tribunales costarricenses a lo que se puede denominar el «affaire Crucitas» (Nota 5): un escándalo ambiental que expuso ante el mundo la faz oscura de la «Costa Rica Verde» que tanto se publicita. La Sala Primera de la Corte Suprema de Costa Rica confirmó en todos su extremos la valiente decisión del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) del 2010 (véase texto) declarando ilegal el proyecto minero en Crucitas. Al revisar con detalle la batería de supuestos «argumentos» jurídicos presentados por la empresa minera canadiense Infinito Gold (véase el texto completo de la sentencia 1469-2011 de la Sala Primera, cuya lectura resulta de gran interés), se observa que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental fue invocada por los abogados de la recurrente en su apelación: como era de esperar, esta argumentación fue rechazada sin mayor contemplación por los integrantes de la Sala Primera (véanse en particular los párrafos XIX y XX de la sentencia de la Sala Primera). Una empresa minera canadiense que al apelar una sentencia en su contra… ¿cuestiona la aplicación de un principio básico del derecho ambiental vigente en el ordenamiento jurídico por parte de un tribunal costarricense? Así como se lee.
No está de más señalar a nuestros estimables lectores que muchos de los que advirtieron de una supuesta (y claro está totalmente errónea) «inseguridad jurídica» en Costa Rica a raíz de la decisión del 2010 del TCA (y del supuesto riesgo de ver ahuyentada la inversión extranjera en Costa Rica) … coinciden con los que hoy adversan el Acuerdo de Escazú.
La soledad de la Corte Plena y de la Sala Constitucional con relación a otros Poderes Judiciales en América Latina
Como indicado anteriormente, el Acuerdo de Escazú establece exactamente el mismo régimen de obligaciones para todos los Estados que lo aprueban.
Ciertamente, su discusión ha dado lugar a la repentina aparición de supuestos «argumentos» en su contra similares (extrañamente similares) difundidos en varios de los Estados en los que sectores políticos y económicos han logrado frenar su aprobación. En el caso de Costa Rica, estos «argumentos» fueron difundidos por algunos sectores empresariales y por sus fichas políticas, aunque también se detectó una extraña coincidencia desde otra esfera, sin que a la fecha se nos brinde una explicación al respecto (Nota 6). Sobre esta última, una diputada, en una emisión radial universitaria, refirió a las complejas —e insondables— relaciones que mantienen los huevos y las gallinas (véase emisión disponible en YouTube del programa Interferencias, del 11 de marzo del 2022, Radio UCR, minuto 45:15 / 45:48).
No obstante, a esta inexplicada coincidencia, persiste en el tiempo otra extrañeza específica a Costa Rica: más precisamente, se trata de un insólito «descubrimiento» escuchado (y que a la fecha, no ha encontrado eco alguno en el resto de América Latina). En efecto, ningún otro Poder Judicial en los 12 Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, como tampoco el Poder Judicial peruano (véase documento), y mucho menos el chileno, ha sostenido un criterio similar al expuesto por la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia: según ella, el inciso 5 del artículo 8 del Acuerdo de Escazú conllevaría un gasto adicional para el funcionamiento del Poder Judicial costarricense. El Acuerdo de Escazú ¿obliga a un esfuerzo económico adicional para el presupuesto de la justicia en Costa Rica y únicamente en el caso de Costa Rica? Vaya innovación y esfuerzo de creatividad.
Es de notar que este «descubrimiento» (Nota 7) ha complicado innecesariamente la aprobación del Acuerdo de Escazú al haber sido luego confirmado por seis de los siete integrantes de la Sala Constitucional: el magistrado Paul Rueda fue el único en explicar muy bien en su voto salvado la lectura completamente errada hecha por la Corte Plena y luego por sus seis pares dentro de la Sala Constitucional (Nota 8).
Contrario a lo que se podría pensar, este «descubrimiento» no debería verse como algo fortuito. En efecto, no sería la primera vez que en Costa Rica, la mayoría de la Sala Constitucional busca la manera de limitar significativamente el alcance de la participación ciudadana en materia ambiental, que constituye precisamente uno de los tres pilares fundacionales del Acuerdo de Escazú. Se trata de una cara de la justicia costarricense constitucional pocamente divulgada y conocida, pese a que, en nuestra modesta opinión, debiera serlo, además de discutida y denunciada. En el 2017, la Sala Constitucional de Costa Rica, decidió que la participación ciudadana en materia ambiental, ya no califica (según ella y… solamente ella) como un derecho humano (Nota 9). Un años antes, el 2016, el juez constitucional costarricense consideró que la libertad de empresa prevalece sobre un acuerdo municipal estableciendo una moratoria para nuevas plantaciones de piña: un acuerdo municipal tomado en aras de proteger la salud pública de las comunidades aledañas a este monocultivo en el cantón de Los Chiles (Nota 10).
Manifestación frente al Ministerio de Salud, 21 de agosto del 2008, con presencia de la Ministra de Salud, Maria Luisa Avila, sobre el intento de las autoridades de salud de legalizar el bromacil en el agua potable (así como se lee) de comunidades afectadas por la insensata expansión piñera en Siquirres. En el 2017, el Decreto Ejecutivo 40423 prohibió el uso de bromacil. Foto perteneciente a los archivos del autor.
Como es previsible, este insólito «descubrimiento» del juez constitucional costarricense con respecto al Acuerdo de Escazú ha sido totalmente omitido en las discusiones y en las consultas recientes realizadas en Chile en torno a su aprobación: tratándose de un Estado en el que los argumentos más fantasiosos e insostenibles los unos que los otros salieron a relucir por parte de las mismas autoridades estatales (y ello hasta el 2022) y de sectores económicos afines, el «descubrimiento» del Poder Judicial costarricense podría considerarse desde ya como una verdadera «joya» a la creatividad y a la imaginación en América Latina.
El oficio del Poder Judicial de Chile (véase documento, con fecha del 26 de abril del 2022) analiza con sumo detalle los alcances de las disposiciones del Acuerdo de Escazú, y con relación al inciso 5 del artículo 8 se lee simplemente (en página 9) que:
«los puntos 8.4, 8.5 y 8.6 del Acuerdo Regional se orientan a establecer una serie de dispositivos para facilitar el acceso a la justicia del público en asuntos ambientales, todos los cuales persiguen aumentar el grado de información y participación ciudadana en la protección del medioambiente, junto con establecer mecanismos de apoyo específicos a grupos en situación de vulnerabilidad, y que tanto la decisión como su fundamentación estén consignadas por escrito. Todos estos compromisos parecen adecuados y necesarios con el objeto de hacer viable el acceso a la justicia ambiental. En nuestro país, algunos de estos mandatos de difusión y divulgación se canalizan a través de instrumentos que se encuentran operativos, como la información medioambiental, de riesgo climático y otros, por parte del Ministerio del Medioambiente (disponible en https://mma.gob.cl/) u otra en vías de serlo, como es el caso del proyecto de buscador de jurisprudencia de la Corte Suprema que permitirá acceder a una plataforma sistematizada de sentencias judiciales, incluyendo las de matera ambiental«.
Es muy probable que se acentúe, con el pasar del tiempo (y de nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú por venir), la profunda soledad – en nuestra opinión bastante insólita – del Poder Judicial Costa Rica ante sus demás pares de América Latina y del Caribe.
Chile: un Estado anfitrión de la primera COP sin serlo del todo
Más allá del hecho que algunos sectores en Costa Rica cuestionen una herramienta muy básica del derecho ambiental contemporáneo (obteniendo sentencias desfavorables en su contra, y que no obstante parecieran dispuestos a persistir en sostener lo que a todas luces resulta insostenible desde un estricto punto de vista jurídico); y haciendo a un lado la vergonzosa mezquindad exhibida por el Poder Judicial costarricense, cabe recordar que los pasados 20-22 de abril, se celebró en Chile la primera Conferencia de Estados Partes (COP) al Acuerdo de Escazú.
La ubicación de esta cumbre regional se debió a la localización geográfica de las instalaciones de la Cepal, ente que auspició las negociaciones de este innovador instrumento regional.
Sobre esta primera COP, una reunión fundamental de cara a la futura implementación del Acuerdo de Escazú, remitimos a nuestros estimables lectores a una breve nota nuestra explicando sus alcances (versión en español así como en inglés).
A la cita, además de los 12 Estados Parte al Acuerdo de Escazú, participaron como Estados observadores delegaciones de Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia y Perú, al no haber aún aprobado dicho instrumento regional estos Estados: en el caso de Colombia, su representante oficial no pasó desapercibido, al ser una persona conocida de movimientos sociales colombianos, y de familiares de personas fallecidas y/o gravemente heridas durante las protestas acaecidas en Colombia en el 2019 (Nota 11). Recientemente (véase artículo publicado el 22 de mayo del 2022 en el portal de Mongabay), una entrevista a una reconocida activista ambiental en Colombia ha puesto de manifiesto la incoherencia gubernamental que se observa en Colombia con relación al Acuerdo de Escazú.
A modo de conclusión
El pasado 18 de marzo, el nuevo Presidente de Chile, durante una muy emotiva jornada vivida en el Palacio de la Moneda, firmó el Acuerdo de Escazú, poniendo así fin a un craso error de lectura de su antecesor en el cargo y cerrando una paréntesis bastante triste para los derechos humanos y el ambiente que significó en líneas generales la administración (2018-2022) en Chile.
Desde este momento, Chile inició de forma decidida el proceso en la dirección correcta (que nunca debió abandonar), reafirmando de esta manera su regreso y el de su indiscutible liderazgo en la región en temas de ambiente y de derechos humanos: a tal punto que en este misma primera COP, se acordó que la segunda COP (a celebrarse en el 2024) volverá a realizarse en la capital chilena, al tiempo que un reunión intermedia (2023) se celebrará en Argentina.
Cabe precisar que el pasado 3 de mayo del 2022 , la primera etapa ante el Poder Legislativo con la que Chile inició la senda en aras de una pronta aprobación del Acuerdo de Escazú (véase, entre muchos, esta nota de Swissinfo reproduciendo un cable de la agencia de noticias EFE), fue seguido, el 4 de mayo de cables de agencias de noticias internacionales reportando lo escuchado en Costa Rica, lo cual, como era previsible, va en la dirección… exactamente opuesta (Nota 12).
Notas
Nota 1: Ante la aparición de «argumentos» muy similares en contra del Acuerdo de Escazú en varias latitudes del continente americano, esfuerzos valiosos desde la sociedad civil y desde la academia han denunciado esta verdadera campaña de desinformación fomentada por algunos sectores empresariales en contra de este tratado internacional. En el caso de Costa Rica, véase en particular PEÑA CHACÓN M., «Desmitificando el Acuerdo de Escazú», DerechoalDía, edición del 28 de noviembre del 2020, disponible aquí; así como MADRIGAL CORDERO P. & GONZALEZ BALLAR R., «Acuerdo de Escazú: desmitificando falacias y construyendo argumentos», Colección Perspectiva, Friedrich Ebert Stiftung, agosto del 2021, disponible aquí. Un esfuerzo muy similar debió de hacerse en Perú con relación a «argumentos» idénticos a los escuchados en Costa Rica (véase el informe SPDA, «Diez mitos y verdades sobre el Acuerdo de Escazú: democracia y defensores ambientales», disponible aquí) así como en Colombia (véase la publicación titulada «Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú» disponible aquí). Un interesante ejercicio sobre el balance informativo consistiría, en el caso de la prensa de Costa Rica, como también en el caso de la de Colombia y de Perú, en analizar la cantidad de referencias de grandes medios de prensa a estos esfuerzos, a contraponer con la cantidad de referencias reproduciendo los supuestos «argumentos» en contra de Escazú difundidos por sectores corporativos.
Nota 2: Ni en el día en que fue divulgado este comunicado de prensa de la Cepal ni en los días posteriores se encontró referencia alguna en los grandes medios de prensa costarricenses. Unos 10 días después del evento, el 18 de marzo para ser exactos, fue el Semanario Universidad el que editó esta nota de prensa.
Nota 3: El 9 de marzo del 2022, el sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica publicó en horas de la mañana el siguiente comunicado de prensa (véase enlace oficial) que reproducimos de manera integral a continuación, incluyendo fecha y hora de emisión:
«PPTCEPAL, Marzo 09, 2022, 10:45 am. La región avanza en los marcos de políticas socioambientales para un ambiente seguro en las inversiones: las oportunidades del Acuerdo de Escazú Quinto Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible
San José, 8 de mayo de 2022.- En el marco del Quinto Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible de la CEPAL, se llevó a cabo el seminario “Los marcos de políticas socioambientales para un ambiente seguro en las inversiones: las oportunidades del Acuerdo de Escazú”, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Banco Europeo de Inversiones (EIB) y Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
El evento contó con la puesta en escena por la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, la Sra. Alicia Bárcena, y del Sr. Jaime Roberto Díaz, Vicepresidente Ejecutivo, BCIE, quienes celebraron la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, un instrumento innovador de la región que establece el íntimo vínculo entre un ambiente sano, los derechos humanos y la consecución de un desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente. El Acuerdo busca fortalecer el Estado de derecho, una democracia participativa y el diálogo intersectorial para enfrentar los desafíos ambientales, económicos y sociales del presente y el futuro.
En sus palabras, el Viceministro de Ambiente, el Sr. Franklin Paniagua, denotó que “en una recuperación verde, la institucionalidad ambiental tiene que ir al centro de la economía. La oportunidad que tiene el sector privado con este Acuerdo es grande. Hay que tender un puente al sector privado para que se entienda que es parte de la economía del futuro, que se acompaña y respalda en estos valores de derechos, participación y transparencia”.
Por su parte, el Viceministro de Asuntos Multilaterales, el Sr. Christian Guillermet Fernández, resaltó cómo el Acuerdo de Escazú se ha reconocido a nivel global como un instrumento marco de altos estándares para fomentar la inversión responsable, la transparencia en la gestión pública y privada y las salvaguardias ambientales, lo cual quiere decir que cualquier política pública o empresarial que tome en cuenta los principios marco de Escazú, gozará de respaldo y confianza, incrementando sus probabilidades de éxito e inclusive la competitividad del sector empresarial.
El evento albergó la trascendental firma de un Memorándum de Entendimiento entre la CEPAL y el BCIE para apoyar a los países en la implementación del Acuerdo de Escazú, el cual busca promover acceso a créditos, herramientas e información financiera, procurando procesos más beneficiosos para todas las comunidades de la región. Este convenio provee un marco de estabilidad para los negocios y las inversiones dentro y fuera de los países, basado en la rendición de cuentas, el diálogo y la transparencia.
Se contó asimismo con las exposiciones de representantes de la banca multilateral y regional para el desarrollo y asociaciones empresariales, quienes resaltaron la alineación y las sinergias del Acuerdo de Escazú con las políticas e instrumentos de sus instituciones para promover la Conducta Empresarial Responsable y la importancia de la transparencia y el acceso a la información en materia ambiental para que las inversiones sean sostenibles.
La Ministra de la Presidencia de Costa Rica, la Sra. Geannina Dinarte Romero, cerró el evento invitando a romper los paradigmas sobre la dicotomía imaginada entre el crecimiento económico, el medio ambiente, los derechos humanos y la democracia. Indicó que la apuesta al desarrollo sostenible está en la esencia del Acuerdo de Escazú, el cual será un instrumento esencial para garantizar el diálogo y la cohesión social. Llamó a la creación de la confianza y la construcción conjunta para aprovechar la oportunidad que el Acuerdo de Escazú aporta en la competitividad y seguridad jurídica para inversiones y empleo que garantice el futuro de las próximas generaciones.
Comunicación Institucional (2237 CR CEPAL Acuerdo de Escazú)
Miércoles 9 de marzo de 2022«.
Nota 4: Diversos intentos en aras de debatir públicamente estos supuestos «argumentos» con académicos y especialistas en materia ambiental han fracasado: primero en el mes de abril del 2021 con un espacio auspiciado por el medio digital costarricense Delfino.cr, luego en mayo del 2021 con un debate organizado desde la UCR (véase también comunicado oficial de la UCR), así como en junio del 2021 desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica. Al tratarse de foros virtuales en los que se solicitó a la Uccaep conectar a sus representantes a una hora determinada en una fecha fijada con antelación, las razones esgrimidas para no asistir plantean interrogantes muy válidas. Al parecer, enviar comunicados a los congresistas contra el Acuerdo de Escazú y rehuir constantemente el debate público sobre sus supuestos «argumentos» pareciera ser la tónica de algunos en Costa Rica.
Nota 5: La expresión affaire refiere al complejo entramado politico-empresarial (y a un nutrido grupo de figuras y personeros gravitando a su alrededor), que desnudó ante la opinión pública costarricense este caso que fue llevado ante la justicia costarricense: con una sentencia redactada en el 2010 por tres jueces que refirieron a una verdadera «orquestación de voluntades» para explicar las múltiples ilegalidades de muy diversa índole observadas por parte del mismo Estado costarricense. Una «orquestación de voluntades» que, con más de 10 años de haber sido declarada como tal (2010), luego apelada, y reconfirmada (2011), aún no ha dado lugar a una sola sentencia en materia penal ni a a la condena de algunos de los altos funcionarios del Estado o de la empresa involucrados. En un reciente artículo del actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Magistrado Fernando Cruz, publicado en La Revista.cr (véase texto), leemos que: «La trascendencia política y económica del caso, no impidió a los jueces resolver conforme al mérito de los autos, con plena conciencia que la decisión no complacía a las instancias de poder político y económico. No es fácil que un juez resuelva a contrapelo de los poderosos intereses que sustentan el caso. La decisión de este tribunal es un luminoso homenaje a la independencia judicial«. Es menester referir a nuestros estimables lectores al voto particular (véase texto) de este mismo magistrado en abril del 2010, al separarse del criterio de la mayoría de los integrantes de la Sala Constitucional conjuntamente con su colega, el magistrado Gilbert Armijo. En febrero del 2022, tuvimos la ocasión de analizar la última maniobra de la empresa minera Infinito Gold contra Costa Rica aún pendiente de resolución: véase BOEGLIN N., «Infinito Gold contra Costa Rica: una nueva maniobra de la empresa minera contra Costa Rica», Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, 8 de febrero del 2022, disponible aquí.
Nota 6: La lectura de este artículo del medio costarricense Ojo al clima, titulado «Acuerdo de Escazú entró en vigor sin el país que le dio el nombre», del 26 de abril del 2021, permite conocer los alcances del Acuerdo de Escazú y las contradicciones, malinterpretaciones y fantasías creadas por algunos en relación con su contenido. En este muy completo reportaje cuya lectura se recomienda, se lee que: «La obstaculización del Poder Judicial al proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú ha sido negativa en muchos sentidos. Primero, se aparta del criterio de servicio técnicos de la Asamblea Legislativa que dijo que no se estaba ante la situación descrita en el artículo 167 de la Constitución Política y también se aparta del criterio de servicios técnicos del Poder Judicial que considera que este proyecto de ley no afecta de manera orgánica al funcionamiento del Poder Judicial y menos tratándose de un tratado de derechos humanos», continuó la exviceministra.“Segundo, la magistrada Nancy Hernández, en una nota, manifiesta sus preocupaciones interpretativas del Acuerdo de Escazú que coincidentemente son las mismas que ha encontrado la Unión Costarricence de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) para oponerse al proyecto», añadió Madrigal«.
Nota 7: Sobre el particular remitimos a la sección «Las extrañezas del Poder Judicial costarricense ante el Acuerdo de Escazú» en nuestro artículo BOEGLIN N., «Chile está a punto de rectificar su postura frente al Acuerdo de Escazú, mientras que Costa Rica se limita con los demás a … ¿mirar?» Portal de la UCR, Sección Voz Experta, edición del 4 de marzo del 2022, disponible aquí.
Nota 8: En el voto de la Sala Constitucional de marzo del 2020 (véase texto completo), en su voto salvado, el Magistrado Paul Rueda señala que: «Se advierte con facilidad que tal norma en ningún momento le impone al Poder Judicial la obligación de brindar asistencia técnica y gratuita, la cual corresponde implementarse a partir de las condiciones propias del ordenamiento jurídico de cada país. En el caso de Costa Rica, tal asistencia puede ser brindada por cualesquiera dependencias públicas afines al tema, verbigracia, la Defensoría de los Habitantes, las Defensorías Sociales del Colegio de Abogados o los consultorios jurídicos de la UCR (lo que no excluye la cooperación de aquellos correspondientes a universidades privadas). Erradamente, el voto de mayoría solo pensó en el Poder Judicial y estimó que el texto consultado “contiene en su articulado normas explícitas que disponen la creación, la variación sustancial o la supresión de órganos estrictamente jurisdiccionales o de naturaleza administrativa adscritos al Poder Judicial, o bien, crea, ex novo, modifica sustancialmente o elimina funciones materialmente jurisdiccionales o administrativas”. A partir de lo expuesto, sostengo que del texto expreso del numeral en mención en ningún momento se extrae lo que la Mayoría supone«.
Nota 9: Sobre tan desconcertante e indecorosa conclusión del juez constitucional costarricense que se lee en el párrafo V de la sentencia 1163-2017 (véase texto completo), resulta oportuno señalar que fue objeto de tan solo dos votos salvados (suscritos por los magistrados Fernando Cruz y Paul Rueda): los cinco magistrados/a restantes consideraron que ir en contra de la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no amerita ninguna reflexión particular. Sobre este peligrosa regresión del juez constitucional costarricense, véase breve nota nuestra al respecto. De manera a no causar mayor sonrojo al provocado por esta decisión del juez constitucional costarricense en el mes de febrero del 2017, nos permitimos remitir a nuestros estimables lectores al párrafo 231 de la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dada a conocer en el 2018 (véase texto completo) que precisa de manera muy clara que: «231. Por tanto, esta Corte estima que, del derecho de participación en los asuntos públicos, deriva la obligación de los Estados de garantizar la participación de las personas bajo su jurisdicción en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, sin discriminación, de manera equitativa, significativa y transparente, para lo cual previamente deben haber garantizado el acceso a la información relevante». En el párrafo 242 de la misma opinión consultiva del juez interamericano, se lee que: «g. Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 23.1.a de la Convención Americana, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, de conformidad con los párrafos 226 a 232 de esta Opinión«. En un reciente estudio del jurista Álvaro Sagot Rodríguez sobre las repetitivas regresiones ambientales del juez constitucional costarricense, el autor cita una decisión del 2012 de la Sala Constitucional en la que se lee textualmente que: «En este sentido, el derecho ambiental no podría conducir a una tiranía de la participación ciudadana» (sic) (p. 30 del precitado estudio).
Nota 10: Véase texto completo de la sentencia 11545-2016 en la que se lee textualmente que: «Dicho lo anterior, las municipalidades no tienen competencia para prohibir una determinada actividad económica lícita en sus territorios o declarar moratorias, definidas o indefinidas. Esa competencia corresponde al Estado, toda vez que el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) es claro y preciso, en el sentido de que el régimen de las libertades públicas está reservado a la Ley. En el caso que nos ocupa, no existe ninguna norma jurídica con rango de Ley que autorice a la municipalidad recurrida a prohibir el cultivo de piña en su territorio, o declarar una moratoria indefinida del cultivo de ese producto, de ahí que su actuación es arbitraria y, por consiguiente, contraria al ordenamiento jurídico». Al tratarse de una moratoria por un plazo muy preciso de 5 años, resulta altamente cuestionable que la Sala considere que se trate de una «moratoria indefinida«. Nuevamente aquí la lectura del voto particular del magistrado Fernando Cruz permite ver cuán errática, antojadiza y cuestionable es la decisión tomada por la mayoría de sus colegas: el magistrado Cruz concluye explicando que «dadas las amenazas y efectos lesivos para la salud y el ambiente que provoca el cultivo de la piña, las comunidades tienen plena legitimidad legal y política para dictar medidas preventivas, temporales, para asegurarse que sus ciudadanos no resultarán perjudicados por una actividad agroexportadora que provoca daños y amenazas sobre la biodiversidad».
Nota 11: El ahora diplomático Guillermo Botero, con rango de embajador de Colombia en Chile, fue Ministro de Defensa en Colombia en 2019, un período extremadamente tenso desde el punto de vista social y político. Después de su renuncia como Ministro (noviembre de 2019), las ONG y las organizaciones sociales negociaron con el Poder Ejecutivo colombiano las condiciones para poner fin a las protestas masivas en las calles: obtuvieron, entre otras cosas, del Poder Ejecutivo colombiano, la firma del Acuerdo de Escazú (diciembre de 2019). Desde entonces una fuerte campaña de desinformación en contra del Acuerdo de Escazú ha frenado su aprobación, orquestada por cúpulas empresariales colombianas y sectores políticos afines empecinados en presentarlo como un verdadera freno al desarollo: se trata de sectores reacios a que se proteja la vida y la integridad física de líderes comunitarios, campesinos, indígenas y ecologistas que defienden el ambiente en Colombia.
Nota 12: Véanse al respecto, nota de la agencia alemana DW y, por parte de la agencia gala AFP, esta nota de RFI y nota de LeFigaro así como la única nota aparecida en Costa Rica en el Tico Times reproduciendo este mismo cable AFP.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.
Deseo primero presentar a David Serrano y el contexto social y cultural en el que le correspondió desenvolverse en su niñez y juventud. David es un joven de 25 ó 26 años que nació en la provincia de Limón. Producto de una treta que le hice, para que no supiera que iba a escribir sobre su persona, ya que es de personalidad muy humilde (sospecho no obstante, que David no mordió el anzuelo), le arranqué la siguiente frase autobiográfica: “Pues yo nací en la “mera cepa” [me escribió] en el hospital Dr.Tony Facio Castro. Y me crié nadando en las playas de Cieneguita-Limón, donde la mayoría de mi familia vive. […Luego me agregó] Años más tarde, cuando ya estaba por salir de Limón al valle central, mi mamá se mudó al Barrio Envaco, muy cerca de la fábrica de cartón. Actualmente ahí vive con mi hermanita”.
Como la mayoría de los lectores deben saber, Cieneguita es un barrio enclavado en el cantón central de la provincia. El contexto en que este joven creció y se desenvolvió, hasta su ingreso a la universidad, fue muy pobre. Pero está muy lejos de ser el estereotipo que con frecuencia nos han pintado algunos medios de comunicación. El estigma que se ha difundido a partir de algunos hechos aislados es que en Cieneguita abunda el crimen y la descomposición social. Quien haya tenido la ocasión de entrar y conocer el barrio, venciendo el estigma y los prejuicios, sabe que Cieneguita está habitado por un conglomerado humano culturalmente heterogéneo de personas, la mayoría afrodescendientes. Estudiantes de la UCR hicieron sendos estudios de la comunidad, bajo la guía de profesores en trabajos de extensión docente. Una de estas investigaciones apareció con el título de “Aquí Cieneguita”. El otro se publicó el 23 de abril del 2018 con el hermoso título de: “Descubriendo Cieneguita: Un sitio pintado de diversidad y calor humano”.
El primero de ellos fue un trabajo combinado de estudiantes de diversas carreras iniciado en el 2016, una de las frases concluyentes de una estudiante de trabajo social nos legó el siguiente relato: “Conocer Cieneguita y a su gente fue una experiencia enriquecedora, pues, desde que pusimos un pie en esta tierra cálida fuimos recibidos y recibidas con mucho amor. Nos enseñaron el valor de compartir, crear espacios y oportunidades de luchar, a pesar de que a veces parece que el esfuerzo es más grande que la recompensa […] un barrio que ha sufrido manifestaciones de la violencia estructural, el olvido del Estado, los gobiernos y de la población costarricense en general, su gente ha decidido confiar en nosotros y nosotras y eso no tiene precio.” Sin embargo, como también lo reconocen los trabajos de estudiantes y profesores, hechos violentos que también ocurren borran de un plumazo el esfuerzo consciente de jóvenes y una mayoría comunitaria por atraer el turismo, a fin de compartir con la gente la arquitectura comunitaria, sus rincones y colorido, así como el espíritu de un pueblo aguerrido, que sueña con el bienestar social de la población.
Pues bien, en aquel contexto abigarrado, pictórico y muy humano, por un lado, abandonado y en parte sumido en la pobreza por otro, vivió nuestro David Serrano González. Estudió en la escuela primaria y en la secundaria en Limón en aquellas condiciones difíciles, pero, bajo la tutela de su madre, una mujer valiente y con la fuerza espiritual que da la decisión de criar a sus hijos sanos y dispuesta a inculcarles el amor por el estudio, el trabajo tesonero y la superación personal. Desde muy joven David incursionó en la música; a la edad de 12 años formó parte de bandas de “reggae y de rock” de la localidad. Todavía no imaginaba lo que le depararía el destino fruto del amor que desarrolló por la música. Fue por ello por lo que, en el año 2012, ingresó a la etapa básica de música en la sede de Limón de la Universidad de Costa Rica. Su salto cualitativo se produjo después de que ingresó a la escuela de música de la UNA, con el apoyo de una beca, como ocurre con tantos estudiantes de su condición social y mérito académico.
No fue sino a la edad entre los 19 y 20 años de David, que se decide por el piano como instrumento musical, para llevar adelante su carrera profesional. En lo medular antes de esa edad no había tocado el piano. Esto es clave para lo que van a conocer. David además del amor por la música, es poseedor de una tenacidad y un espíritu de superación poco común, tal como se lo inculcó su sabia madre.
Por añadidura, el joven pianista demostró tener unas condiciones innatas para el piano, me atrevo a decir, muy sobresalientes. Todo ello se vio fortalecido por la convivencia de David con ese elenco maravilloso de maestros de piano que tuvo en la UNA, algunos de los cuales fueron sus profesores. Cito a los siguientes (espero no olvidar a nadie, sería involuntario): el Máster Luis Monge Fernández, hoy director de la escuela de música, la Dra. Tamara Sklioutovskaia, el Dr. Gerardo Meza, la Máster Ludmila Melzer, la Máster Irina Kaufman-Brookes, la profesora Valentina Tumanova y el profesor de solfeo y flauta Msc. Jonatan Albuja. De manera muy especial, a David le tocó en suerte tener como tutor, a un hombre y pianista excepcional, proveniente de Rusia, graduado en piano en el Conservatorio Estatal de Moscú en 1986, el Dr. Alexander Sklioutovski.
La Universidad Nacional (sé que la Universidad de Costa Rica también), posee un elenco maravilloso de profesores en música. En piano son muy destacados, por lo que han promovido a varias generaciones de excelentes pianistas de origen principalmente costarricense, aunque también de otras nacionalidades; algunos empezaron desde su niñez y tuvieron la oportunidad de ir a Rusia o a Ucrania a estudiar piano desde su tierna infancia. En esta faena el egregio académico, profesor Alexander Sklioutovski, a quien Costa Rica le debe mucho, ha desempeñado una enorme labor. Un profesor extraordinariamente exigente, que descubre al instante aquellas personas estudiantes que poseen cualidades destacadas para el piano. Este fue el caso insólito de David Serrano, a pesar de haber principiado, como antes lo dije, cuando ya tenía 20 años. Pero ya veremos de lo que ha sido capaz este joven.
David fue nombrado por los profesores, al menos en dos oportunidades “Estudiante Distinguido” de la Universidad Nacional, máxima distinción académica que otorga esta universidad, gracias a su ejemplar rendimiento como estudiante. Además, se hizo acreedor de la “Beca Isabel”, beca con la que la universidad galardonaba a estudiantes con calificaciones sobresalientes. Por las mismas razones se ganó el derecho, siendo estudiante de bachillerato de representar a la UNA, junto a otras personas estudiantes de piano de la misma universidad, de participar en afamados certámenes internacionales. Tras sus excelsas presentaciones se ganó la admiración de los concurrentes, profesores y estudiantes del más alto nivel, además de haber obtenido también, destacados puestos en estos certámenes de muy alto nivel en los que participó. En el 2020, David presenta su Recital de Graduación para optar por la licenciatura en enseñanza y ejecución del piano, realizada en el auditorio “Clodomiro Picado Twight” de la UNA, ocasión en la que obtuvo mención de honor. Todo lo cual, deseo recordárselos ahora, lo hizo en un tiempo meteórico de tan solo cuatro años después de haber empezado a tocar el piano.
David Serrano, a causa de esa trayectoria ejemplar se ganó una beca para aspirar a la maestría en el prestigioso Instituto ”Gnesin Russian Academy of Music”, de Moscú. Para poder trasladarse, puesto que la beca no incluía los pasajes ni la alimentación, sino solo derecho al dormitorio y el pago de los estudios, el joven y talentoso Serrano debió realizar en Costa Rica algunas presentaciones suyas al piano, lo que le permitió obtener los recursos pecuniarios para sufragar los gastos no cubiertos.
David ha pasado ya un poco más de dos años en Rusia, llevando la vida en medio de un rigor propio del más disciplinado claustro religioso, dedicado a aprender el idioma primero y después a sacar adelante los estudios para obtener la maestría. En el momento en que escribo sobre él, David está a punto de presentar su recital para finalizar esta etapa y optar al doctorado. Hasta el momento su calificación es excelente, habiéndose convertido, por derecho propio, en alumno del mejor catedrático de piano de la mencionada Academia; un pianista reconocido en toda Rusia y a escala mundial, cuyo nombre es profesor Vladimir Pavlovich Ovchinnikov; a este distinguido profesor, la mencionada “Gnesin Russian Academy of Music” le otorgó el reconocimiento de “Artista Emérito de Rusia.
En el próximo recital para obtener formalmente la Maestría, que se producirá en estos días, David Serrano va a interpretar dificilísimas obras según me dijo el catedrático de la UNA, Alexander Sklioutovski, su tutor en Costa Rica. Las obras que interpretará el talentoso joven músico costarricense serán las siguientes: Sonatas de Ludwig van Bethoven N. 23 y 31 y, el concierto para piano y orquesta N. 3 de S. Prokofiev.
En el concepto de los buenos profesores de piano de la UNA con los que he conversado sobre David Serrano, estamos en presencia de un músico sumamente talentoso y en pleno desarrollo. Su mérito es producto de un trabajo sostenido, muy exigente de alta y excelsa calidad. Cuando corresponda Costa Rica entera, la UNA y demás universidades públicas, lo recibirán con gran cariño y admiración. Su lograda excelsitud al piano es en gran parte producto de la universidad pública, de sus profesores y desde luego de su grande y talentoso desempeño durante todos estos años.
Mainier Barboza Soto. Movimiento Patriótico por Costa Rica
La paz, anhelada por milenios, cita pocas centurias en que ella ha reinado.
Parece paradójico que en una humanidad cuyo diseño se ha construido para la gregariedad, para vivir en comunidad, donde la fraternidad, como ese hilo conductor nos lleva a la solidaridad, a la justicia de la igualdad, por tanto, a una distribución equitativa de todo lo que provee la Madre Tierra y el esfuerzo común, hoy, se acuda a la guerra, al hambre, a la peste, a la guerra y a la muerte para » lograr disque la paz».
Esos «4 jinetes» que cita el Apocalipsis bíblico previenen como revelación lo que ocurrirá, pero esa revelación es de prevención, de evitarla, evadirla, en pro de la Paz.
Las condiciones actuales nos señalan que no existe paz mientras reine la miseria, la pobreza extrema, el hambre, la incertidumbre de la desocupación, y la guerra como medio y fin de solucionar problemas; mientras no haya vida digna no habrá Paz…
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Todos hemos tenido nuestros propios fines de mundo. Porque se nos van seres queridos, seres de luz que se convierten en algo fijo en el firmamento que a veces puede ser una estrella o un pensamiento. También porque lo conocido se nos vuelve incertidumbre, porque en un segundo nos cambia la vida para siempre.
Al contrario de la interpretación que las escrituras bíblicas nos proponen acerca de un momento al que todos acudiremos al juicio final en medio de una debacle colectiva, que por cierto ya la hemos empezado a vivir como especie desde hace tiempo, el fin del mundo supone para cada uno y cada una un cambio en el estado de cosas tal y como la conocíamos: un apocalipsis para cada cual.
Ahora mismo, mientras escribo estas reflexiones, un contingente humano, uno más de tantos que han caminado los últimos años las anchas carreteras regionales, ha salido del sur de México con la esperanza de cruzar todo su territorio, llegar a frontera con Estados Unidos e intentar pasarla. Para todos ellos, para todas ellas, el fin del mundo es hoy, es ahora, mientras caminan, mientras intentan construir una nueva vida.
Narrar lo que nos ha ocurrido como civilización, pero ante todo como personas, durante la pandemia es un acto político y sanador. Es político porque revela la construcción de una estrategia, de un proceso de negociación con el entorno, de las formas mediante las cuales establecimos jerarquías, prioridades y las fuimos ejecutando con el día a día. Y es sanador porque nos permite decir aquello que nos produjo miedo e incertidumbre, nos paralizó, nos inmovilizó o nos provocó las más diversas reacciones.
Decir la pandemia es buscar con las palabras precisas su significado y hacerlo visible.
Eso fue justamente lo que la escritora y periodista guatemalteca Vania Vargas hizo con su libro «El cuaderno del fin del Mundo» publicado en su país por Editorial Celsius 232, del proyecto cultural Ocote. A simple vista el libro asemeja justamente un cuadernillo, una especie de libreta que la autora tomó un buen día en medio de los primeros momentos de pandemia, para empezar a detallar de forma precisa el paso del tiempo, un tiempo sanitario y urgente, la diferencia entre el día y la noche, la oscuridad y la luz, la transformación de su propio cuerpo a medida que el cuerpo social iba también siendo modificado por los efectos devastadores del virus en un país cuyo sentido de orfandad institucional provoca enojo, sí, pero sobre todo tristeza. Y la tristeza hay que transmutarla en poesía.
Coincidí con Vania el primer fin de semana de junio en la Feria Internacional del Libro de Xela (FIL XELA) en Guatemala, evento que, a pesar de los pesares, a pesar de un estado omiso en materia cultural y literaria, ha resistido el paso del tiempo ya en cinco ediciones, pandemia incluida. Fui invitado a presentar una publicación sobre la Centroamérica que me he permitido conocer y esa otra Centroamérica histórica. Allí fui a dar con mis huesos, como diría Víctor Manuel en una canción de camino, ya conocida.
Vania fue la persona dedicada de la feria y en la actividad homenaje realizada para brindarle el reconocimiento, compartió una hermosa reflexión sobre su propio acto de moverse como fuero interno, como ritual al que todos, todas alguna vez hemos acudido, acudimos, acudiremos. Decía Vania:
“En una región en donde la única manera de sobrevivir parece ser marcharse, yo reconozco que la mía ha sido una errancia privilegiada. Soy de los que decidieron irse de su ciudad natal, porque sentían que estaban destinados a hacerlo, sentían que estaban obligados a hacerlo o querían hacerlo profundamente, por la curiosidad innata de averiguar si la vida que imaginaban estaba detrás de las montañas que abrazan al pueblo, esas, tan verdes, que inevitablemente se transforman en la distancia, y dejan de ser verdes, para convertirse en el azul de todo lo que fluye, aunque no se muevan. Yo también quería ser parte de ese milagro.
Entonces, el “allá” que imaginábamos, de este lado, se convirtió, del otro lado, en un nuevo punto de partida que ve de vuelta hacia otro “allá” que ciertos días añoramos. “Allá”: cuatro letras, un palíndromo imperfecto que en su camino de vuelta nos dejará con la sensación de una significativa ausencia.
Ir y venir se convirtió en el péndulo de nuestro tiempo, en el movimiento que le bombea sangre a la vida. Una especie de parpadeo entre dos realidades que nos conforman y nos transforman, nos marcan y nos desdibujan. Somos de aquí, pero no pertenecemos. No somos de allá, nos define el camino, el tránsito, el recorrido, el siempre volver sobre los lugares abandonados.
Así, entre el llamado, la necesidad y la vocación de marcharse se van acumulando los años. Uno se va, pero nunca se va del todo. Uno vuelve, pero nunca vuelve del todo”.
Y entonces presentó su libro en el que con maestría periodística pero sobre todo literaria, nos compartió un hermoso registro en primera persona o en la persona de todos, sobre ese tiempo-no tiempo que nos tocó vivir como especie humana. Su poema II, que forma parte de un cuerpo de 35 textos en prosa, retrata quizá con total conciencia del momento, lo que sentimos y como se nos inscribió en el cuerpo:
II
El despertador sigue sonando a la misma hora, cinco días a la semana y yo le obedezco. Arreglo mi cama, me meto a bañar y empiezo la rutina del encierro. La costumbre es la ilusión de la que se sostiene la nueva normalidad para no terminar de desmoronarse. EL fantasma de la realidad conocida avanza despacio, sobre el caos, viendo hacia atrás. Porque, hacia adelante, su miopía choca contra la bruma.
Resulta evidente que a cada quién le sucede el momento último, de la forma que lo conciba. Reconstruirnos así es un acto de resistencia. Solo desearía que, al decir de Joaquín Sabina y que alguna vez la querida Chavela Vargas rasgara con su voz, ese momento fuera importante, esclarecedor, sanador, tanto, que nos tomara bailando desde adentro para afuera.
Fotos archivo personal. Feria Internacional del Libro en Xela, Guatemala. 4 de junio
Los economistas neoliberales Buchanan, Friedman y otros, propusieron incluir en las constituciones principios obligatorios: equilibrio presupuestario, limitación del gasto público a un porcentaje del PIB, limitación de crecimiento de la masa monetaria y otros.
Ese fue el camino de austeridad y constitucional que siguieron varios países europeos. Por ejemplo, España (2011), Italia (2012), y así, en seguidilla, continuaron varios países europeos, presionados por FMI, CEE, BCE.
En nuestro país, lo hicieron al revés: primero, aprobaron la fatídica Regla Fiscal, incorporada en la Ley N9635.
No les bastó lo anterior, a pesar del daño social causado por la Regla Fiscal, y ahora resucitan el proyecto de reforma del artículo 176 constitucional para terminar de destruir lo poco que dejaron de las autonomías.
Así, se convierte el principio de equilibrio presupuestario en un mantra neoliberal, “constitucionalizado”, cuyo cometido es derrumbar lo poco que dejaron de pie.
Estos dos seres anticubanos, osaron hablar en el contexto de la Cumbre de las Américas, el senador norteamericano Marco Antonio Rubio García, primero se alegra de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no asistiera a la Cumbre y, además, lo acusa de ser un “apologista de la tiranía”.
Indicando, además, que López Obrador, “ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga”.
Por su parte, el igualmente senador estadounidense Rafael Edward “Ted” Cruz, algunos meses atrás, dijo que el mandatario mexicano “es una amenaza para la seguridad nacional de EEUU”.
Ante tales acusaciones, el mandatario mexicano, López Obrador, responde a ambos senadores anticubanos, anti venezolanos y anti nicaragüenses: “Yo les digo a los dos que presenten pruebas, porque yo sí tengo pruebas de que el señor Ted Cruz, senador de Texas, de origen hispano, que obtiene sus votos por los hispanos”. “Yo sí tengo pruebas de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en EE. UU. y de que no haya ninguna prohibición para la venta de armas”.
Creemos que el presidente mexicano, se quedó corto al responderles a los senadores Rubio y “Ted”, ya que sus perfiles revelan que son mucho más funestos, veamos:
Marco Antonio Rubio García
Sin duda alguna, el senador republicano Marco Rubio García, en EEUU, se ha convertido en el estratega de presión contra Cuba y Venezuela. Su verborrea barata, repetitiva, politiquera, lo hace ser un monomaníaco y mentiroso.
Nos sumamos a las denuncias del compañero, Tony López R., periodista, politólogo y analista internacional, quien señala: Además de los adjetivos señalados contra Rubio García, debemos enfatizar que es un Señor de la Guerra, al desear borrar las ideas y ejemplos de Bolívar y Martí, que guiaron a los dos grandes líderes de esta época, Fidel Castro y Hugo Chávez, y que protagonizaron esta gesta libertaria en los albores del Siglo XXI frente al imperialismo yanqui.
En este sentido, Marco Rubio (cabeza política e ideológica) es el alfil más importante en este ajedrez político, para manejar el tema cubano- venezolano, el senador cuenta con el respaldo de la mafia cubana-americana y venezolana de Miami, además tiene estrechas relaciones con el colombiano senador Álvaro Uribe Vélez y el actual presidente Iván Duque, cuyos vínculos con el narco paramilitarismo ha sido públicamente denunciado por la revista Semana y los destacados periodistas Gonzalo Guillen en Nueva Prensa y Julián Martínez.
No es extraño, entonces, estas relaciones de Marco Rubio con la dirigencia narco paramilitar de Colombia, y los lazos, actualmente, ocultos o censurados por los medios de Miami, y el escándalo que se produjo en 1987, por la relación familiar de Marco con su cuñado Orlando Cicilia de Paula, perteneciente a la poderosa banda de narcotraficantes dirigida por Mario Tarrau.
Este escándalo, relacionado con el narcotráfico, ocultado por Rubio en su currículo cuando aspiraba a un escaño al Congreso, norteamericano, lo marcó como mentiroso por su sospechosa omisión y fue objeto de diversos comentarios.
También, desde hace algunos años, Marco Rubio, se vinculó a la tarea de provocar el derrocamiento del gobierno de Maduro, lo hizo siempre. A su vez, el senador Rubio fue uno de los promotores del Concierto Aid Live Venezuela. Esta actividad, tenía el propósito tratar de ingresar, ilegalmente, una supuesta ayuda humanitaria a Venezuela.
A todo lo anterior se suma, los esfuerzos y trabajos de Rubio, que realizo con delegaciones miembros de la OEA, para lograr la condena del gobierno venezolano y así poder justificar, legalmente, una intervención militar a través del TIAR y respaldo de la OEA, las condenas nunca fueron logradas, a pesar de que, junto al Secretario General de la OEA, el mercenario Luis Almagro, presionaron y chantajearon a muchos gobiernos.
En diferentes ocasiones ha mentido sobre la llegada de sus padres a EEUU, para buscarse la simpatía de los que odian visceralmente al gobierno cubano. Según el “Ilustre Senador” sus padres llegaron a la Florida después de 1959, huyendo del régimen comunista de Cuba, cuando la verdad es que aún Fidel Castro no había salido de México, para desembarcar en la isla, cuando ya los progenitores de Rubio, habían aplicado por una visa de inmigrante permanente en la embajada norteamericana, en el Malecón habanero.
El demócrata Dan Gelber, califica a Rubio como peligroso, y cuenta que el día que este asumió el cargo como Presidente de la Cámara de Representantes de Florida, tomó el micrófono y pidió a los congresistas se acercaran a su estrado, les mostró un libro azul, con un gran 100 en la portada. Cuando Gelber y sus compañeros, lo abrieron para hojearlo, un murmullo recorrió la sala, pues, todas las páginas estaban en blanco. Un libro en blanco, Rubio, lo había mandado a hacer, pero solo había redactado el título: “100 ideas innovadoras para el futuro de Florida”.
En 2016, el congresista republicano Marco Rubio mencionó que Cuba estaba utilizando ataques sónicos para afectar la salud de los diplomáticos de EEUU, residentes en la Habana llamando a las ondas el “rayo de la muerte”.
Estas son nada más, algunas muestras, de la mitomanía y lo monotemático de Rubio García, quien ha labrado su carrera política con base en estas prácticas.
Rafael Edward “Ted” Cruz
En la investigación acerca del senador norteamericano Rafael Cruz, lo primero que resaltamos es que pertenece a lo más prestigioso del lobby anticubano en Estados Unidos. Se destacó en el periodo de gobierno del expresidente Donald Trump, por ser el artífice de muchas de las medidas coercitivas que se aplicaron contra Cuba y Venezuela.
Defensor de las políticas antinmigrantes, siendo precandidato republicano a la Casa Blanca, en 2016, prometió deportar a todos los inmigrantes indocumentados de Estados Unidos.
También se le recuerda por votar en contra de la ayuda federal, para enfrentar los destrozos del huracán Sandy.
Aunque ha tratado de desmarcarse de los sucesos del Capitolio, decenas de organizaciones cívicas entregaron un documento, con más de 25.000 firmas de ciudadanos que demandan la renuncia del senador, y de otros 17 legisladores, por complicidad en la insurrección del 6 de enero en Washington DC.
Aunque las organizaciones cívicas, la integran grupos aliados de los demócratas, como Voto Latino y Move On, ya una organización llamada Republican Accountability Project, instaló en San Antonio carteleras callejeras con el texto: “Usted mintió acerca de la elección. Y el Capitolio fue atacado. Renuncie”.
“El senador Cruz tiene sangre en sus manos. Ha perdido el derecho de representar a Texas en el Senado de Estados Unidos”, dice la declaración en referencia al asalto al Congreso que dejó al menos cinco personas muertas y decenas de heridos.
Encabezó los intentos de presentar un Proyecto de Ley, para sancionar a países que contraten a médicos de la nación antillana Cuba.
Es un político ampliamente repudiado. A lo largo de su carrera ha suscitado el disgusto de una amplia gama de políticos, desde el expresidente George W. Bush, hasta el senador Rand Paul.
Mañoso e inescrupuloso, acostumbrado al juego sucio electoral, aspira a presentarse como candidato a las elecciones de 2024, para lograrlo tiene que paliar las consecuencias de lo que algunos nombran el “Cancúngate” y atraer a las bases que le dieron la presidencia a Donald Trump en 2016.
Su actitud antipática, por decir lo menos, sentencia compartida por el Nuevo Herald, que lo calificó, además, como “peor que Marco Rubio”, y usual en políticos mediocres, se muestra y evidencia cuando instó a sus electores a “quedarse en casa” y advirtió que el clima invernal que azotaba a Texas podría ser mortal. Al día siguiente, usó un emoji de encogimiento de hombros y declaró que la situación “no era buena”. Luego, se marchó con su familia a un resort Ritz-Carlton, en la soleada Cancún, y escapó de su casa helada.
Lo anterior, provocó que muchos estadounidenses texanos, afectados por la mortífera tormenta invernal, además de la pandemia de casi un año, encontraron por un motivo para reunirse y alzar la voz en un coro unido por la rabia.
Por otro lado, “Lucifer en persona”, dijo John Boehner, el expresidente de la Cámara de Representantes, sobre Cruz en 2016. Incluso los satanistas no pudieron soportar la comparación; un portavoz del Templo Satánico emitió rápidamente un comunicado diciendo que el grupo no quería “tener nada que ver” con políticos como Cruz.
Otra información, verdadera o falsa, provino del expresidente Donald Trump, cuando vinculó al padre de Ted Cruz con el presunto asesino del presidente John F. Kennedy.
Trump repitió una historia de la publicación National Enquirer, según la cual Rafael Cruz, padre del senador Cruz, aparece fotografiado con Lee Harvey Oswald, durante una actividad en Nueva Orleans en 1963.
Reiteramos que Ted Cruz, llamado por Trump en 2016 mentiroso, es repudiado por sus conciudadanos, tanto los demócratas como por miembros de su partido, lo consideran un oportunista inescrupuloso y se preparan para cerrarle el paso en su pretendido camino a la Casa Blanca en 2024.
Hay muchos otros datos negativos de este nefasto ser, pero solo incluimos esta muestra, de personas que son malos políticos y, además, se aventuran en planes contra la Cuba heroica y América Latina.
Personas en la puerta del Juzgado en la ciudad de La Paz, pidiendo justicia.
*Galo Amusquivar
Un Gobierno de Facto carece de dos elementos esenciales para la democracia, la legalidad y la legitimidad, porque él o la cabecilla que se autoproclama Presidenta o Presidente, incumple con lo establecido en la Constitución Política del Estado (voto directo, delegado y/o sucesión constitucional); y al no contar con ningún respaldo social, utiliza la fuerza, la violencia, la persecución política, la justicia y el encarcelamiento indebido, para perpetuarse en el poder.
Las autoridades investidas constitucionalmente, tienen por misión, garantizar la eficacia de los derechos humanos de todas las personas, requisito que no fue cumplido con la asunción de Jeanine Añez; puesto que su conducta estuvo orientada a desconocer y quebrantar las determinaciones del ámbito jurisdiccional y administrativo, sus acciones no estuvieron enmarcadas en derecho, fueron decisiones de hecho y fueron pura expresión de la arbitrariedad, la discrecionalidad, la ilegalidad y el abuso de poder.
Con la sentencia condenatoria de 15 años, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes en el juicio del caso «Golpe II», en contra de Jeanine Añez, marcaremos un hito histórico desde Bolivia para el mundo, que a partir de la sentencia, si alguna persona desea autoproclamarse Presidenta o Presidente de un Estado democrático, tendrá que pensarlo dos veces.
Pero me pregunto: ¿Es la única responsable?, obviamente que no, se necesita llevar a Juicio Ordinario a Carlos D. Mesa (Presidente del Partido Político, Comunidad Ciudadana) Luis Fernando Camacho (actual gobernador para el Departamento de Santa Cruz y Presidente de la Agrupación Política, CREEMOS), Samuel Doria Medina (ex aspirante a la Vicepresidencia de Jeanine Añez, por la agrupación Política, JUNTOS), Jorge Quiroga (ex Vicepresidente del dictador fallecido, Hugo Banzer Suarez), Oscar Ortiz (ex candidato a la Presidencia por la Coalición “Bolivia Dijo No”), Ricardo Paz (asesor de Carlos D. Mesa), Waldo Albarracín (ex Rector y candidato a la Alcaldía por la Ciudad de La Paz), Aurelio Pesoa (obispo), Giovani Arana (monseñor) y León de la Torre (ex Embajador de la Unión Europea) y a todos los que directa o indirectamente, apoyaron y motivaron las renuncias coercitivas y las acciones violentas que suscitaron en quema de casas, 38 asesinatos, miles de heridos y detenidos arbitrariamente.
Así mismo, quedará demostrado que el Juicio Ordinario, avanzó con mayor celeridad, que las acusaciones de Juicios de Responsabilidades, motivados por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Se escribirá en las páginas de la historia que la promotora de enjuiciar a Jeanine Añez, por su asunción inconstitucional, fue Lidia Paty, y no así algunos que quieren llevarse el trofeo a último minuto, aprovechando los megáfonos, los parlantes y los micrófonos para salir a la palestra pública.
A partir de esta Sentencia, tenemos un largo camino por recorrer. Debemos consolidar y procesar, hasta su sentencia por la vía ordinaria a Jeanine Añez por los asesinatos de Sacaba, Senkata y el Pedregal; y aperturar nuevos procesos por todas las actuaciones ilegales e irregulares mediante Juicios Ordinarios, sin el otorgamiento de ningún tipo de privilegio.
Esta Sentencia devolverá, parte de lo robado durante mucho tiempo, “JUSTICIA DEL PUEBLO, PARA EL PUEBLO”.
*Galo Amusquivar es analista de la situación y la realidad boliviana.
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense
Al inmortal Beny Moré…esa mata siguaraya, no se puede cortar, porque son orishas.
“The eleventh Edition is the definitive edition?» he said ‘we’re getting the language into in final shape-the shape it’ s going to have when nobody speaks anything else. When we’ ve finished with it, people like you will have to learn it all over again. You think, I dare said, that our chief job is inventing new words. But not a bit of it ! We’ re destroying words-scores of them, hundred of them, every day. We’re cutting the language down to the bone. The Eleventh Edition won’t contain a single word that will become obsolete before the year 2050’ … (George Orwell NINETEEN EIGHTY-FOUR Penguin Books London 1990, page 54). « Its a beatiful thing, the destruction of words. Of course the great wastage is in the verbs and adjectives, but there are hundreds of nouns thet can be got rid of as well. It isn´t only the synonyms ; there are also the antonyms. After all, what justification is there for a word which is simply the opposite of some other word ? A words contains its opposite in itself. Take « good », for instance. If you have a word like « good », what need is there for a word like « bad » ? « Ungood » will do just as well-better, because it’s an exact opposite, which the other is not. Or again, if you want a stronger version of « good », what sense is there in having a whole string of vague useless words like « excellent » and « splendid » and all the rest of them ? « Plusgood » covers the meaning, or « doubleplusgood » if you want something stronger still. Of course we use those forms already, but in the final version of Newspeak there’ ll be nothing else. In the end the whole notion of goodness and badnees will be covered by only six words-in reality, only one word. Don’ t you the beauty of that, Winston ? It was B.B.’s idea originally, of course, ‘ he added as an afterthought. » (ibidem). Principio del formulario
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La extravagante y descontextualizada propuesta de una joven diputada “liberacionista”, a la que sus padres le compraron-por así decirlo- una curul, para convertir al inglés en la segunda lengua oficial en este pequeño país centroamericano, no sólo nos dejó sumidos en el asombro, sino que nos condujo a traer a cuento algunas reflexiones que siempre nos hemos hecho sobre el tema.
De inmediato, se nos ocurrió preguntar ¿de cuál inglés estará hablando la joven diputada? ¿será el qué se habla en la Nueva Inglaterra, Boston y alrededores?, o ¿acaso el que se habla en el sur de Inglaterra? O ¿en la llanura de Texas? Son tantos los pueblos y comunidades lingüísticas que han hecho del inglés un medio vehicular o lingua franca para expresar sus sentimientos más profundos, como también sus intereses materiales y su visión particular de mundo, que quedamos confundidos y nos preguntamos, como una reacción espontánea ¿por qué no empezar proponiendo como segunda lengua oficial al kriol limonense, una de las tantas versiones anglófonas del Caribe, ese Mediterráneo de América del que nos hablaba el gran escritor y poeta cubano Alejo Carpentier? Si de algo estaba consciente el autor de ÉCUE-YAMBA-Ó, título de su primera novela, publicada a comienzos de los años treinta, era de la gran diversidad cultural de esta parte del mundo. El que empezáramos, todos nosotros, a aprender el inglés criollo limonense, nos permitiría dar inicio a un fructífero intercambio entre los habitantes del Caribe costarricense y las gentes del interior, que con el paso del tiempo nos convertiría en una nación mucho más inclusiva y menos etnocentrista, desde luego. En este caso no estaríamos hablando del inglés como lengua extranjera, como algo que es digno de ser puesto de relieve.
Frente a todo este panorama, no siempre visible en la superficie de nuestra cotidianidad, nos encontramos con la limitación de que, dentro de la mentalidad colonizada y utilitarista de los tecnócratas de ayer y de siempre, la lengua no pasa de ser una herramienta de los explotadores para sacar provecho de sus víctimas, tal y como sucedió con el pidgin o variante lingüística del inglés, el francés, el holandés o cualquiera de las otras lenguas de los colonizadores europeos, una lengua o dialecto diseñado siglos atrás para que los esclavos africanos pudieran comunicarse con sus amos para acatar sus instrucciones, sin adentrarse en los laberintos de la lengua que hablaba el colonialismo, como un tema que no dejaba de ser un problema para aquellos insaciables europeos.
Ese inglés de que habla la joven diputada, al parecer una ferviente tecnócrata, es cómo las semillas transgénicas u organismos genéticamente modificados (OGM) con las que la Monsanto pretende despojar a nuestros agricultores y pueblos originarios de la fuente para producir sus alimentos, tanto como de sus saberes ancestrales, algo que con tanta gallardía y coraje defendió el recordado líder bribri, Sergio Rojas Ortiz, asesinado hace pocos años por los usurpadores de tierras en Costa Rica, a cuya invaluable memoria rendimos respeto.
Entonces, podemos observar que tampoco se trata, en modo alguno, del inglés de que hablábamos supra, sino de un nuevo pidgin o lengua presuntamente neutra, un inglés que sólo existe en las mentes de quienes están acabando con la posibilidad de cualquier tipo de existencia digna en nuestro planeta. Tampoco en este caso estaríamos entablando un diálogo cultural con otros pueblos, de las más diversas latitudes, que hicieron del inglés la herramienta para expresar sus sentimientos más profundos. No es para hablar con el poeta antillano Derek Walkott, ni con Bob Marley (redemption song) u otros cantores a la la lucha por la libertad, la alegría y la belleza del mundo caribeño, ni tampoco con las gentes bostonianas, canadienses o londinenses. ¿será asunto de unos dólares más, como en las películas de aquel spaguetti italiano del cine western de hace ya algunas décadas? Seguimos teniendo más interrogantes que respuestas, creo que vamos por un camino, un poco más correcto, o más cercano a la realidad. Call center, at your service my master…
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