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Agua siempre bajo amenaza

Freddy Pacheco León

Parece un cuento de nunca acabar, pero no lo es. Para un reconocido depredador ambiental del planeta, el BANCO MUNDIAL y su «brazo armado», la GWP (Global Water Partnership), el agua es el recurso natural más valioso.

Ninguno tiene más valor y como tal, quien tome control de él, gozará de un bien apetecido por las bolsas de valores. Por eso, en Costa Rica ese organismo ejecutó un gran engaño disimulado por una campaña muy bien financiada, con que convencieron a miles de personas que creyeron que, con su firma, estaban actuando en defensa del acceso al agua en cantidad y calidad suficientes cuál DERECHO HUMANO.  

Sin embargo, gracias a diversas voces de alerta, eventualmente el proyecto de una nueva Ley de Aguas, fue derrotado y «medio enterrado». Pero amigos, tomen en cuenta que las intenciones de la GWP-BANCO MUNDIAL jamás serán las de rendirse, y sus «socios» ticos obviamente van a la cola. Con la celebración del DÍA MUNDIAL DEL AGUA es responsabilidad nuestra tener presente esta situación, si no deseamos más sorpresas indeseables.                                                   

Agua suficiente tenemos en Costa Rica pero solo la aprovechamos parcialmente no solo en generación de electricidad por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), sino también para la producción agropecuaria, industrial y, por supuesto lo más importante, para el abastecimiento de agua potable de todos los habitantes. Logro derivado sin duda alguna, de la visionaria Ley de Aguas emitida originalmente con el ejecútese del presidente Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia en 1942. Esa misma ley que, precisamente, tanto incomoda a la GWP-BANCO MUNDIAL.                 

Cierto que nuestras fuentes de agua son de incuestionable utilidad, pero es inconcebible que también se desaproveche como sucede con las aguas subterráneas del acuífero Barva que brotan en el Balneario de Ojo Agua. Agua que luego de caer por «la catarata» y fluir por las piscinas y el laguito artificial, corren por una quebrada sin nombre para finalmente terminar en el muy contaminado río Virilla. Agua que podría abastecer a cerca de 140 mil personas que hoy la necesitan, si las piscinas tuvieran un sistema de filtración y recirculación, como se tiene en otras piscinas recreativas, deportivas y turísticas. Tarea pendiente que demanda acción inmediata.                                                          

Pero lo que sucede en Ojo de Agua es despreciable, si lo comparamos con lo que sucede con las aguas de embalse (lago) del gran Proyecto Hidroeléctrico Arenal. Aguas que luego de generar electricidad en tres muy eficientes plantas del ICE, corren hacia abajo hasta llegar al mar, casi sin aprovechamiento alguno.

Situación que nos atrevemos a calificar de IRRACIONAL pues con esos billones de litros de agua votados allá cerca de la desembocadura del río Tempisque, se podría abastecer a más de 70 ASADAS en los cantones de Nicoya, Santa Cruz, Carrillo, e incluso Liberia.

Además, y de extraordinaria importancia para la producción agropecuaria, se podrían regar unas 16 mil hectáreas repartidas en cientos de fincas que hoy sufren de severas sequías. Al tiempo que la industria turística que representa la principal fuente de empleo y divisas extranjeras de Costa Rica, podría, en algunos casos, sustituir el uso de aguas subterráneas que tanto limitan su desarrollo, por fuentes de agua potable que, teniéndose a mano, son desaprovechadas.    

Asimismo, es importante dejar bien claro, ante la incomprensible oposición de algunos que usurpan el histórico nombre de «Confraternidad Guanacasteca», que el proyecto «AGUA PARA GUANACASTE» se sustenta en un embalse en la cuenca del río Piedras, formado a partir del agua que proveniente del lago Arenal, hoy solo se aprovecha para generación hidroeléctrica. Embalse que inundaría 4,9% de la reserva natural Barbudal de casi 2.300 ha. Para compensar las 113 ha inundadas se adquirieron 500 ha de dos fincas colindantes.

Así, como en toda evaluación ambiental, se valoró el impacto y las medidas de compensación y mitigación, y por supuesto, los beneficios sociales, económicos y ambientales de cada proyecto, según el estudio elaborado por la prestigiosa Organización de Estudios Tropicales (OET), donde participan universidades estatales y estadounidenses con programas en biología tropical; así como profesionales del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) y el ICE.    

En fin, que este resumido comentario nos ayude a valorar aún más la riqueza hídrica que nos pertenece, como bien demanial, a todos los costarricenses, para estar siempre prestos a procurar su más eficiente uso y salir en su defensa cuantas veces sea necesario.

Impulsar el desarrollo de las regiones periféricas o continuar con el “GAMcentrismo”, el reto impostergable del nuevo gobierno

German Masís

En Costa Rica, se ha configurado un desarrollo regional desigual que evidencia que la actividad económica y los frutos del desarrollo económico no se han distribuido equitativamente entre las regiones, pero está situación no puede postergarse por más tiempo, por lo que el próximo Gobierno tendrá que asumirlo como uno de los retos prioritarios de su gestión.

Varios análisis del desarrollo nacional han expuesto reiteradamente que este desarrollo desigual e inequitativo es insostenible, así el Informe del Estado de la Nación 2020 señala que la red productiva nacional es altamente dependiente de la región Central-GAM y del sector comercio y transporte y que urge atender la desconexión entre ésta y las regiones fuera de aquella región, (así como) fortalecer las interacciones para fomentar la actividad económica en ambos casos. (PEN 2020, p.29).

Igualmente, algunos intelectuales han reafirmado la existencia de dos Costa Ricas ya que sigue vigente, “una especie de geografía del desarrollo que parte el país en dos zonas: el centro con mayor desarrollo productivo y una mayor urbanización, frente a la periferia (ubicada en las costas y las zonas fronterizas) que no logra disponer del dinamismo adecuado para generar el empleo y los ingresos suficientes que permitan eliminar la pobreza. (Esquivel, F., 2021, p.222).

Así mismo en este medio, se ha insistido en que la distribución de las actividades económicas y su concentración responden a un modelo de desarrollo que se reproducido por más de 5 décadas en las 4 provincias centrales, limitando la integración de las regiones periféricas y prácticamente excluyéndolas del desarrollo nacional. (Alterdes.cr, febrero,2021).

Diversos índices de desarrollo regional y cantonal, han permitido constatar las desigualdades y desequilibrios socioeconómicos existentes, así recientemente el Índice de Desarrollo Humano Cantonal 2021 reveló como los cantones costeros, fronterizos y rurales que pertenecen principalmente a las provincias de Limón, Puntarenas, Guanacaste y Alajuela son los que muestran los peores indicadores de desarrollo humano.

Previamente el Índice de Competitividad Nacional (ICN), mostró que un total de 48 cantones (59% del total), incluidos todos los ubicados en las provincias costeras (con excepción de Esparza), apenas tienen condiciones que se calificaron como emergentes, limitadas o deficientes del todo.

La medición de ICN evidencia una marcada distinción entre cantones centrales y periféricos del país. “Sigue un patrón de adentro hacia afuera”, al igual que la mayoría de indicadores de progreso o desarrollo social de Costa Rica, según detalla el informe. (Nación.com,11-11-2021).

Así mismo, según la reciente Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2021 las diferencias que se marcan entre la zona urbana y rural y entre la GAM y las regiones rurales y costeras son notables.

La región Brunca presenta un comportamiento muy preocupante, porque es la región con el mayor aumento tanto en la pobreza extrema como de la pobreza total, en ambos casos corresponde a la mayor variación experimentada entre las regiones, mientras el nivel de pobreza en las regiones Huetar Caribe y en la Huetar Norte no es menos preocupante ya que es el nivel de pobreza más alto desde el 2010.

Por su parte, el estudio de actualización de la Matriz Insumo-Producto (MIP) de Costa Rica realizado por Banco Central de Costa Rica en el 2021, había señalado que, en nuestro país, la producción se especializa por zonas geográficas, así los cantones se diferencian en el valor agregado que aportan según las actividades económicas predominantes dentro de sus límites.

De acuerdo con ese estudio se observaron diferencias marcadas en la estructura productiva dentro y fuera de la GAM, la primera más concentrada en servicios y manufactura, mientras la segunda en agricultura y turismo, mientras el comercio es predominante en casi todo el país.

Frente a las desigualdades regionales y sus manifestaciones en los índices mencionados, el Gobierno actual ha formulado una serie de propuestas que un nuevo Gobierno tendría que tener necesariamente en consideración, análisis y discusión.

Entre ellas se encuentra la Estrategia Territorial Productiva para una Economía Inclusiva y Descarbonizada 2020-2050,formulada por MIDEPLAN, la cual parte de un cuestionamiento a la hiper concentración del desarrollo económico en la GAM, de una nueva visión para la transformación económica y territorial y de que traza la ruta para que en 2050 el país tenga una economía descentralizada, digitalizada y descarbonizada (3D), y plantea soluciones integrales ante los problemas de descentralización de las actividades productivas y de desarrollo inclusivo de las regiones, dirigido a romper las brechas estructurales del desarrollo nacional.

Alrededor de esta Estrategia Territorial Productiva se plantea que la posibilidad de implementarla dependerá de la promoción de una discusión amplia y profunda con todos los sectores sociales y de la voluntad política para retomarla e implementarla en los próximos años. (Alterdes.cr ,julio, 2021).

Una segunda propuesta es la Ley de Desarrollo Regional, firmada en noviembre anterior por el Presidente en ejercicio Marvin Rodríguez, emitida con el objetivo de impulsar el desarrollo regional y reducir progresivamente las desigualdades que se manifiestan en el territorio nacional.

“Tiene como finalidad impulsar el desarrollo regional en Costa Rica, para la mejora de las condiciones y la calidad de vida de toda la población, respetando las particularidades culturales, sociales, económicas, ambientales y el aprovechamiento de las sinergias y potencialidades propias de cada región, en un contexto de participación democrática. Asimismo, reducir progresivamente los desequilibrios regionales mediante el diseño e implementación de políticas públicas diferenciadas e incluyentes”, según el artículo 1 del texto de la Ley.

La Ley de Desarrollo Regional crea el Subsistema de Planificación para el desarrollo en cada región, cuyo fin es la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones intersectoriales e interinstitucionales para garantizar el desarrollo del país; además, transforma los actuales Consejos Regionales de Desarrollo en las Agencias Regionales de Desarrollo (Aredes). También, crea el Fondo Nacional para el Desarrollo Regional (Fonader), que tendrá a su cargo la asignación de recursos para favorecer el desarrollo regional y la reducción de las asimetrías socioeconómicas interregionales e intrarregionales.

La nueva ley establece la Política Nacional de Desarrollo Regional, los planes regionales de desarrollo y el Observatorio de Desarrollo Regional, como instrumentos para la gobernanza y el desarrollo. Otra de las novedades que incorpora es la obligatoriedad del Banco Central de Costa Rica de calcular un Producto Interno Bruto (PIB) regional, que permita analizar el comportamiento económico en cada una de las regiones.

Esta normativa institucional formulada, puede ser un insumo importante para que el nuevo Gobierno definida una estrategia de desarrollo centrada en los recursos y potenciales de los territorios y regiones periféricas.

Dicha estrategia supone una nueva visión para la transformación económica y territorial costarricense basada en la necesidad de descentralizar las actividades productivas y capitalizar las oportunidades inherentes al territorio.

Demanda una perspectiva del desarrollo centrado en las características territoriales y en el carácter endógeno y participativo que permita que los distintos agentes sociales, económicos, públicos o privados definan las acciones necesarias para conducir los cambios estructurales que necesita un territorio concreto.

Se requiere un enfoque de desarrollo territorial que defina las dinámicas territoriales que pretende generar en cada región y que éstas se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué, J. et al, Rimisp,2015),

hacia un desarrollo territorial más inclusivo y sustentable, que revierta las desigualdades regionales e impacte en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios.

Es imperativo la generación de opciones productivas, empleos de calidad, infraestructura y servicios en territorios periféricos, los cuales han estado concentrados en los centros urbanizados e industrializados donde se aglomera el empleo formal y la institucionalidad gubernamental.

Se trata de “la generación de propuestas descentralizadas en aspectos como la reactivación económica y generación de empleo, inclusión social, educación, acceso a la tecnología y diálogo social; para reducir las brechas de desigualdad territorial, que, por tratarse de cuestiones estructurales, no se resuelven en una sola administración gubernamental o municipal.

De ahí que el tema de las desigualdades territoriales y el impulso de políticas para revertirlas y alcanzar un desarrollo territorial más equitativo e incluyente, debe constituirse en una prioridad del nuevo Gobierno 2022-2026, en una verdadera política de Estado.

Hasta ahora las propuestas políticas para enfrentar las desigualdades regionales y avanzar hacia un desarrollo territorial más sustentable, no han sido centrales para la mayoría de los partidos políticos que participaron en las elecciones nacionales del 6 de febrero, con la excepción del Frente Amplio que lo abordó bajo el concepto de desarrollo territorial integral que resuelva las desigualdades que tienen muchas regiones y del Partido Liberación Nacional, que lo incluye en su propuesta de reactivación económica y rescate del empleo, que requiere de la incorporación de todos los sectores y de todas las regiones del país, sobre todo las que han estado marginadas del desarrollo.

De cara a la II ronda electoral, la población principalmente de las regiones periféricas y los cantones con los más bajos indicadores socioeconómicos, debieran exigir a los dos candidatos compromisos claros y propuestas contundentes para revertir las desigualdades regionales e impulsar un desarrollo territorial equitativo e incluyente como una de las prioridades de su gestión, ya no más postergaciones.

 

Imagen: Semanario Universidad

El realismo de gran potencia

Óscar Madrigal

En círculos académicos y políticos del mundo se desarrolla una interesante discusión a raíz de la guerra de Ucrania. Un grupo importante plantea, especialmente John Mearsheimer profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chicago que 2005 mantiene esa tesis, que debe prevalecer la realidad sobre otras consideraciones, la realpolitik en las relaciones internacionales, incluyendo lo que llama el “realismo ofensivo”, especialmente en lo que respecta a las grandes potencias, el “realismo de gran potencia”.

Su tesis es que las grandes potencias deben tener, necesariamente, una determinada área de influencia o esferas globales de interés, en otras palabras, que esas grandes potencias tienen derecho a una zona de seguridad.

Debido a ello existen razones suficientes de seguridad que justificarían la exigencia de Putin y Rusia a que Ucrania no tenga bases militares extranjeras, sea neutral y no se convierta en una amenaza para Rusia.

Esta es la posición sustentada también por Henry Kisinger y muchos otros estrategas, incluso militares de los EEUU.

Para ellos, la OTAN fue la que provocó la invasión de Rusia al promover el ingreso de Ucrania en ese bloque. En fin, lo que ocurre en Ucrania es culpa de Occidente, afirman.

Las grandes potencias dicen esta teoría velan por su seguridad y -consecuentemente- dividen el mundo en zonas de influencia o de interés.

Los EEUU también obraría en esa misma dirección, con lo cual tendría justificación la Doctrina Monroe, la doctrina Carter y muchas otras y también como han dicho muchos de que EEUU, por ejemplo, no permitiría un Méjico con bases militares de Rusia en su patio trasero.

Es una teoría intrínsecamente propia del imperialismo.

Según esa teoría, el enfrentamiento de las grandes potencias va a desembocar generalmente en guerras. La lógica de este pensamiento es asegurar que los responsables de la toma de decisiones en el mundo reconozcan que las grandes potencias tienen sus propios intereses y, consecuentemente, sus zonas de influencia que deben ser respetadas so pena de guerra.

Estas tesis son rechazadas por otros grupos que las consideran como una apología de las grandes potencias, que convierten la guerra en algo natural, que renuncian a las instituciones mundiales y al derecho internacional a favor de una supuesta realidad y dejan por fuera la acción de los Estados.

En estas circunstancias algunos Estados tendrían limitado su derecho y su capacidad de decisión soberana por el destino manifiesto de encontrarse en alguna zona de influencia de las grandes potencias; la soberanía sería inexistente y la competencia de sus pueblos para escoger lo que considere mejor para el país estaría anulada por encontrarse dentro del espacio de seguridad de la potencia. La pena, como ocurre actualmente en Ucrania, es quedar destrozada, aniquilada.

La moral y la legalidad son las razones para oponerse a estas teorías y para oponerse a la guerra.

La moral, porque la guerra no es la solución como se ha demostrado fehacientemente en las últimas décadas, la legalidad porque debemos respetar la decisión de los pueblos y el derecho internacional y los derechos humanos por encima de los intereses imperialistas de las grandes potencias.

El asesinato de la verdad ¿y también de la democracia?

El mundo teme que la humanidad esté al borde de un conflicto militar de grandes dimensiones: ¿terminal? Hoy no solo asistimos a una extrema ideologización y parcialidad en la cobertura de los sucesos en Ucrania, sino que las mentiras y la manipulación del imaginario colectivo se ven potenciados en las redes sociales y llevan a la hipertrofia de una masa informativa fuera de todo control y verificación.

Por Aram Aharonian

Una vez más, los medios de comunicación –incluyendo las redes sociales en mano de escasas corporaciones trasnacionales- actuaron de forma alevosa para generar un conflicto que sólo puede beneficiar a los vendedores de armas, las petroleras trasnacionales, que son los que han atizado el conflicto. La verdad es la primera víctima de la guerra, decía el griego Esquilo hace más de 2.500 años. Hoy sabemos que la mentira es un arma de guerra.

Los medios hegemónicos instalaron la guerra en el imaginario colectivo, cuando lo más sensato sería lamentar el conflicto por lo que éste implica en términos de sufrimiento humano y destrucción material e insistir no en la competencia por demostrar quién es el más fuerte, sino en la necesidad de una solución mediante el diálogo. Es lo que llaman la guerra híbrida, la mentira como arma y la verdad como víctima.

La frase que dice: “Gracias a internet te puedes enterar de lo que pasa en la otra parte del mundo”, queda cada vez más en evidencia que no es más que un slogan de propaganda, porque son los conflictos los que demuestran que las redes están muy lejos de ser neutrales y que pueden tomar partido a favor de quien le convenga, censurando, por ejemplo, las cuentas provenientes de Rusia.

Como siempre, la primera víctima de la guerra es la verdad. Uno de los primeros objetivos del periodismo de guerra es la llamada fatiga de la simpatía, que puede nacer fácilmente con una abundancia de malas noticias. Los medios son usados como arma de combate en la nueva guerra ideológica. El discurso hegemónico se contrapone a un sistema democrático donde la pluralidad de información y de opiniones permite a la opinión pública a tomar sus propias decisiones.

La mayoría de la información y/o publicidad dirigida al gran público utiliza discursos, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, como si el espectador fuera un niño o un deficitario mental. Pero el uso del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar, sembrar ideas, deseos, miedos y temores, o inducir comportamientos.

De eso se trata esta nueva guerra de cuarta o quinta generación, de manipulación sicológica, primero por los estados y ahora por las corporaciones, en la que estamos insertos, pero para la que no nos preparamos.

Se debe tener en claro que el tema de los medios de comunicación social tiene relación directa con el futuro de nuestras democracias, porque la dictadura mediática ha suplantado a las dictaduras militares. Son los grandes grupos económicos quienes son dueños o usan a los medios y deciden quién tiene o no la palabra, quien es el protagonista y quién el antagonista. Y plantean una realidad virtual, invisibilizando cualquier realidad adversa a sus intereses.

Gracias a sus poderosos algoritmos que pueden segmentar lo que vemos las redes construyen opinión constantemente. Son territorios cuyos dueños responden a los intereses de Estados Unidos. En la nota que Multiviral le hizo a Esteban Magnani, el periodista deja en claro que desde su concepción todas las plataformas digitales fueron parte de un plan geopolítico estadounidense que fue iniciado en plena Guerra Fría.

Facebook tomó la decisión de censurar cuentas de noticias provenientes de Rusia como lo son Sputnik o RT, dejando en claro que condenan el accionar militar encabezado por el presidente Vladimir Putin. Pero en sus cuentas hizo caso omiso a cómo durante muchos años se financió el grupo neonazi paramilitar “Batallon Azov”.

Así lo deja en claro el documento realizado por la ONG “Centro para la Lucha contra el Odio Digital”: «Los fascistas modernos radicalizan, reclutan a sus miembros en estas redes sociales en las cuales se sientan cómodos usando las plataformas para vender productos con sus símbolos, como si fueran marcas convencionales… se le informó a Facebook sobre este problema específico hace dos años, pero no tomó ninguna medida.»

Twitter, siguiendo la misma lógica que Facebook, también tomó partido en esta disputa y decidió añadirle una etiqueta –“medios afiliados al gobierno”-a las cuentas de periodistas que están cubriendo el conflicto. Sólo etiqueta así a algunos medios de algunos gobiernos del mundo, no a todos (ni a la mayoría) de los medios estatales no gubernamentales, tampoco a los que reciben la mayor parte de sus recursos de gobiernos para funcionar.

Martín Becerra señala que hay un obvio encuadre peyorativo en esa selección por conveniencia política. Con ello, Twitter muestra, tal vez sin quererlo, su propia «línea editorial» en la gestión de contenidos, tarea a la que alude como «moderación de contenidos”.

La pos-verdad y la no-verdad

La política de la “postverdad” se adueñó de América Latina, donde está proliferando una política sistemática de desinformación y de propaganda propia de los conflictos de baja intensidad), las guerras irregulares) o híbridas, en las que el desarrollo no es solo militar sino también económico, psicológico y propagandístico.

La manipulación informativa ha llegado a Internet y las redes sociales –que se convirtieron en escenarios de disputa y lucha ideológica donde el rumor, el bulo, la mentira y la falsedad se están convirtiendo en un ingrediente esencial – y los ciberataques son parte de la lógica de confrontación.

En el sistema de dominio imperial que rige en Latinoamérica, el discurso informativo es, al tiempo que espectacular, un discurso con frecuencia “terrorista”, legitimando y amplificando -mediante estrategias de propaganda- procesos golpistas o de intervención regional o local.

La noción “golpe mediático» hace referencia –por ejemplo- a la guerra sucia contra Nicaragua, la represión contra movimientos populares en Colombia, el golpe en Honduras, el golpe parlamentario contra Fernando Lugo en Paraguay, la persecución judicial contra Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina o el proceso judicial espurio contra Rafael Correa en Ecuador, el impeachment contra Dilma Roussef en Brasil o la manipulación informativa contra los gobiernos electos en Bolivia y Venezuela.

Estos golpes orquestados por la derecha –con financiamiento externo- buscan “domesticar a gobiernos y recolonizar América Latina”, como señala el Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel. Si la derecha no lo consigue mediante las urnas, apoyada por Estados Unidos, lo logrará mediante la destitución ilegal de presidentes, la privatización de empresas del Estado o la entrega de recursos naturales

Hoy en día, el valor de la información está más que nunca en cuestión. Los algoritmos o filter bubbles creados por Facebook dan a los usuarios lo que desean y, así, terminan generándoles mayor confianza que los contenidos publicados en los medios convencionales. Todo ello apunta a que el sistema mediático tradicional está cambiando… y no para mejor.

Fakes y la democracia latinoamericana

Sin dudas las noticias falsas y la desinformación –de las que hicieron gala Donald Trump y su alumno Jair Bolsonaro- suponen serias amenazas para las democracias de las Américas. Tanto si se trata de memes que alegan falsamente un fraude electoral, como de la promoción de los plátanos como cura milagrosa contra el COVID-19 en México, el bombardeo ha acelerado la tendencia que lleva una década de disminución de la confianza en las instituciones democráticas, al tiempo que ha causado innumerables muertes durante la pandemia.

El dominio estadounidense sobre las comunicaciones y la cultura de masas, junto con el liderazgo tecnológico en el ámbito de las telecomunicaciones y la industria militar, mantiene concentrado el poder global en manos de unos pocos. Esta dinámica permite, a su vez, bloquear o revertir procesos como la integración latinoamericano-caribeña, la ascensión de la izquierda o el movimiento indígena, obviamente desfavorables a los intereses de Washington.

Las elecciones en Colombia en mayo y, particularmente en octubre en Brasil, serán una prueba importante. Bolsonaro y otros líderes parecen decididos a proteger su “libertad de expresión” en internet, provocando un ola de mentiras (fake news) que pueden llevar a enfrentamientos en tribunales con las empresas tecnológicas.

Hechos como estos representan una buena oportunidad para volver a poner sobre la mesa la necesidad de conocer las reglas de juego de cada uno de los territorios donde se construye la comunicación. Entender que podemos usarlos, pero siempre siendo conscientes que son bajo las condiciones de quienes construyeron las plataformas.

El mundo cambia, la tecnología avanza –hoy hablamos de metaverso, por ejemplo- y nos arrinconan para pelear en campos de batalla equivocados o ya perimidos, mientras las corporaciones mediáticas hegemónicas desarrollan sus tácticas y estrategias, en nuevos campos de batalla…y nosotros seguimos reclamando la democratización de la comunicación y la información.

¿Comenzará otra colonización cultural? Lo cierto es que los estados, tras el parate de la epidemia, carecerán de recursos y deberán decidir entre pagar deudas o alimentar a sus ciudadanos.

*Creador y fundador de Telesur, es comunicólogo y mágister en Integración, autor de varios libros sobre Comunicación (Vernos con nuestros propios ojos, La internacional del terror mediático, El asesinato de la verdad), y director del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).

 

Nota realizada por Aram Aharonian y extraída de pressenza.

Elecciones presidenciales en Colombia

José Luis Pacheco

Colombia vivió el domingo pasado su primer proceso electoral para escoger los futuros candidatos a la presidencia de ese país. Lo más destacable, aparte del resultado, es que fue un proceso que se vivió en “paz” y culminó sin tener que lamentar graves incidentes. Eso es de admirar, pues en Colombia hace algunos años estos procesos estaban bañados de sangre. Es un logro que ha costado mucho y un proceso que continúa hasta consolidar esa paz. Eligieron los representantes al Congreso y los candidatos a la presidencia que salieron de tres coaliciones. Ellos disputarán la presidencia próximamente. 

Ya otros países han vivido esos procesos, como Perú, Chile, Nicaragua, Honduras, y quedan algunos por concluir esa elección, incluida Costa Rica.

Si bien es cierto, no en todos ha imperado la transparencia y la libertad de participación, en la mayoría se ha logrado el propósito.

Lo que sí es lamentable son las cifras de abstencionismo, las que han sido muy elevadas, incluso la del domingo pasado en Colombia que llegó al 52% diez puntos más que en Costa Rica. Y es lamentable porque con esos márgenes de abstencionismo lo que sucede es que la legalidad del gobierno queda muy debilitada y su gestión puede verse opacada por la oposición malintencionada. 

Es muy importante la participación de la ciudadanía para que fortalezca la institucionalidad del país, a través de un gobierno fuerte y representativo. Además, el abstencionismo es el inicio de la despreocupación y el abrirle la puerta a cualquiera que quiera, por el populismo, dominar para luego hacer lo que no queremos y que lleguemos a lamentar.

La consigna debe ser la participación y evitar que el país sufra una debacle y lo podamos perder, como ha sucedido en otros países, cuyos ciudadanos en gran cantidad tenemos con nosotros, sufriendo y extrañando su país natal.

Dios quiera que nunca lleguemos a eso y que todos nuestros países puedan fortalecer la democracia o volver a ella.

LOS EXTRAÑOS SIGUEN TOCANDO A LA PUERTA

Por Memo Acuña (sociólogo y escritor costarricense)

Las imágenes son elecuentes y revelan el drama de cientos de miles de personas desplazadas como consecuencia de la intervención rusa en Ucrania.  Los medios internacionales se han encargado de vibilizar con insistencia, escenas de personas corriendo por carreteras, tratando de abordar medios de transporte, huyendo de sus edificios destruidos, casi al borde del derribo. 

Son, evidentemente, imágenes que no quisiéramos haber visto luego de dos años de crisis civilizatoria, que nos hizo cuestionarnos todo lo que somos como especie humana: el modelo económico depredador, desequilibrante e inhumano, el daño ambiental que le hemos hecho a los territorios y que ahora llamamos de forma conveniente como los efectos del cambio climático, la desigualdad presente en el acceso a la información, la salud y los medios de reproducción de la vida. 

Pensamos, efectivamente, que estos eran tiempos de aprendizaje, de reconstituirnos como especie.  Hace unos años en una vista a la Universidad Nacional, en Costa Rica, el teólogo Leonardo Boff decía que posiblemente estábamos en los últimos cinco minutos de la existencia de toda vida posible, si no éramos capaces de cambiar nuestras formas de relacionarnos con la economía, la naturaleza, el otro y la otra. Nada aprendimos.

Lo que nos devuelven esas imágenes sobre la guerra es la confirmación de que tenemos pendiente tareas y que los aprendizajes persisten.  Si, es claro que se trata de cientos de miles de personas desesperadas, desplazadas (que es distinto conceptual y operativamente al concepto de refugio) y que buscan por todos los medios, subsistir.

Sin embargo, lo que esas imágenes provenientes de los principales medios de comunicación no nos cuentan es que no todas las personas en situación de riesgo por el conflicto tienen las mismas oportunidades de sobrevivencia. 

En un artículo publicado por Gabriela Wiener el 11 de marzo (Un mundo que nos odia. recuperado de eldiario.ar el 18 de marzo de 2022) se denuncia la desigualdad, discriminación y racismo que experimentan otros miles de personas que han querido salir de Ucrania y que por razones étnicas y de nacionalidad son conminados a permanecer en ese país en contra de su voluntad.

En su reflexión, Wiener es bastante enfática al indicar como el sistema de asilo europeo se volcó a apoyar a la población ucraniana en condiciones de desplazamiento, pero años antes amuralló sus contornos contra la crisis humanitaria producida en varios países africanos.  La actualización de esa selectividad en el sistema de solidaridad europeo ha sido tema en estas semanas de conflicto, sin que la comunicación hegemónica cuente como personas no ucranianas son obligadas a abandonar la posibilidad de escapar de los horrores de la tensión  bélica que no cesa.  Un fragmento de un testimonio incluido en su artículo, es elocuente en este sentido:

“Los negros no, los negros no, cuenta una mujer que escuchó mientras intentaba con sus hijos subir a un tren gratuito para salir de Ucrania. Vio cómo un hombre ucraniano sacaba una pistola y hacía bajar a un hombre negro del tren: ”ayudan a su gente pero no quieren ayudar a los negros“. Quienes no son blancos no llegarán al otro lado porque sus vidas no son importantes si no es para ser carne de cañón de unos bandos”.

En uno de sus últimos trabajos sobre la coyuntura migratoria en Europa, el sociólogo Sigmund Bauman refería que había personas de tercera, cuarta categoría, que literalmente “tocaban a la puerta” para ser escuchadas, sin éxito.  En esta ocasión, seguimos viendo a los extraños pasar y ya no solo no les abrimos las puertas sino que los amenazamos con quitarles la vida, por precisamente querer conservarla.

Es cierto, nada aprendimos.  El reloj de Boff sigue su marcha inexorable. Ya solo quedan segundos y posiblemente esto que conocemos como civilización se acabe para siempre.  Está en nosotros decidir cómo queremos vivir este periodo de tránsito hacia nuevas etapas, nuevos vínculos.

Chile siempre nos sorprende

Alberto Salom Echeverría

La historia moderna de Chile está jalonada de sorpresas. En 1970, una coalición de fuerzas de izquierda denominada la Unidad Popular, llevó a la presidencia a Salvador Allende Gossens, primer presidente marxista electo por voto popular en el mundo. Un hito sin duda en la política del país austral y en el mundo. Después del cruento golpe de estado de setiembre de 1973, una oposición democrática y popular se agrupó nuevamente para derrotar al dictador Pinochet, en el plebiscito que fue convocado el día 5 de octubre de 1988. No sin cierta sorpresa, una marejada popular, a pesar de la intimidación por parte del dictador, derrotó la aspiración de Pinochet a perpetuarse en el poder. La participación fue de un 97.53% de los inscritos para votar, de los cuales, los partidarios de la no continuidad del dictador, desafiándolo, sumaron 3.967.569 votos, un porcentaje del 55.99%; contra 3.119.110 votos, un 44,01% que emitieron su voto por el “sí”. Una gran mayoría popular había derrotado una sangrienta dictadura.

Después de estos acontecimientos, se sucedieron una serie de gobiernos coaligados en lo que se denominó “la Concertación Democrática”, una suerte de transición de la dictadura hacia la democracia. Estos gobiernos se extendieron de 1990 hasta el 2010. Ese año queda electo por primera vez Sebastián Piñera, para reintroducir a plenitud el neoliberalismo en Chile, contando con la legitimidad de haber resultado electo con el 51% de los votos. Piñera se reelige el 11 de marzo del 2018, periodo durante el cual pretendió reemprender un crecimiento económico sin atender la creciente desigualdad y pobreza que generó el mismo modelo. Fue en estas condiciones que un pueblo exhausto se lanzó a la calle en octubre del 2019. Se produjo un auténtico estallido social, en gran parte dirigido por Gabriel Boric y todas las personas dirigentes que le acompañaban en aquella empresa social tan significativa. El movimiento social obligó al gobierno de Sebastián Piñera a sentarse a negociar. La hora final de este capítulo de un gobierno neoliberal que le dio continuidad al de Pinochet, estaba tocando la puerta.

No dejó de sorprender semejante estallido social con violencia incluida. Puede que ayude a entenderlo, un estudio sobre el llamado período de “transición democrática” desde la dictadura de Pinochet, que comenzó en la década de los 90 con los gobiernos de la “Convergencia”. Se suponía que en el 2010 habían quedado saldadas las cuentas con la imposición neoliberal por parte de Pinochet. Manuel Antonio y Roberto Garretón, en un estudio publicado en el 2010, en la Revista de Ciencia Política de la Universidad de Chile, desmenuzan ese período anterior a los dos gobiernos de Piñera y postulan lo siguiente:

“Nuestra hipótesis central es que estamos frente a una democracia incompleta, como resultado de la transición desde la dictadura de Pinochet ocurrida a finales de los ochenta.3 No es que no se haya terminado la transición, como sostienen algunos, o que hubiera terminado, ya sea en el gobierno de Lagos o de Bachelet, sino que si bien ella terminó con la inauguración del gobierno del Presidente Aylwin, lo que quedó después de esa transición, e incluso pese a ciertas reformas políticas implantadas por los gobiernos democráticos, fue esta democracia incompleta en las tres dimensiones: electoral, constitucional y ciudadana. Lo que explicaría tal caracterización es que la institucionalidad de la democracia chilena fue en gran parte impuesta por la dictadura, por lo que estaríamos frente a gobiernos elegidos de manera legítima, vigencia de libertades públicas, es decir, lo que podríamos llamar una «situación» democrática,4pero difícilmente el régimen institucional en cuanto tal pasaría el test democrático […] el caso chileno -prosiguen los autores- presenta enclaves autoritarios heredados tanto de la dictadura como de los amarres o acuerdos de transición, que limitan el carácter democrático […] esta hipótesis u orientación básica -continúan argumentando- entra en contradicción con el sentido común generalizado en la opinión pública de la región y difundido por múltiples informes y rankings internacionales que ubican en un lugar privilegiado de los índices democráticos a Chile. […] estamos frente a una paradoja básica, -concluyen- esto es, existe una contradicción entre esta democracia incompleta y el desempeño de los gobiernos con respecto al crecimiento económico, la superación de la pobreza y la inserción en la economía global, por nombrar sólo algunas variables (aunque los niveles de desigualdad se mantienen relativamente constantes, con muy leve mejoramiento en los últimos años gracias a la focalización de subsidios y gasto social).” (Cfr. Garretón, Manuel A. y Roberto, “La Democracia Incompleta en Chile. La realidad tras los Ranking Internacionales.” Scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0718-090×2010000100007)

A lo dicho hay que sumarle, la aceleración de las desigualdades y de la pobreza, a pesar del crecimiento económico, sobre todo en los dos siguientes gobiernos de Piñera (2010-2014 y 2018-2022), que tuvieron un interregno”, el gobierno Bachelet (2014-2018), que tampoco fue muy auspicioso en reformas democráticas. Ello explica el estallido social que, no obstante, sorprendió a muchos.

Todo ello constituye el contexto del triunfo de Gabriel Boric en las más recientes elecciones celebradas este año.

El nuevo gobierno que acaba de iniciar en Chile posee algunas características peculiares respecto de todo lo anterior, que permiten preconizar que se tratará de una inédita experiencia político social. Para comenzar diremos que el gabinete recién integrado posee, por primera vez también en la historia de Chile, más mujeres que hombres. No esta una característica meramente cuantitativa, responde a un formidable repunte de los movimientos feministas que han sido protagonistas de primer orden, tanto durante el estallido social y en las negociaciones con el gobierno de Piñera, como en el proceso electoral que llevó al poder a esta nobel coalición. Esto quiere decir que el gabinete resulta en una medida muy importante de las lideresas y los líderes que encabezaron las luchas del 2019 contra el modelo neoliberal.

El programa enarbolado contiene las reformas educativas largamente planteadas por el movimiento estudiantil universitario, en el centro de la propuesta. Además de esto el Plan de Gobierno del movimiento “Apruebo Dignidad”, se estructuró sobre cuatro perspectivas transversales que integran cada una de las propuestas que buscan justicia social, descentralización del poder y garantía del trabajo decente, así como feminismo y transición ecológica justa. El programa contiene además 53 cambios concretos para Chile, entre los que destacan: recuperar 500 mil empleos femeninos, reducción de la jornada laboral a 40 horas, reparar la deuda histórica con el profesorado chileno, generar el sistema universal de salud y reducción de las listas de espera, relevar la importancia de la salud mental integral, duplicando el presupuesto y creación de al menos 15 nuevos “Centros Comunitarios de Salud Mental”, reactivar la economía con las Mipymes, fortalecer el Ministerio de la Mujer y la equidad de Género, generar un plan nacional de derechos sociales LGBTIAQ+, protección de la infancia, creación del sistema nacional de cuidados, un plan para disminuir el precio de la vivienda, firma del acuerdo de Escazú, impulso a la mediana y pequeña agricultura, creación de un Banco Nacional de Desarrollo, avanzar en seguridad y soberanía alimentaria, creación de una empresa estatal del litio, un fondo estatal para financiar pensiones alimenticias adeudadas. (Cfr, reseña biográfica de Gabriel Boric Font. Bcn.cl).

El presidente Boric ha enfatizado que el desafío que se tiene como gobierno, es el de generar un nuevo orden, ya que el contrato social ha sido roto por las élites, desde su punto de vista.

Es en verdad el triunfo de una nueva idea, una nueva generación, una nueva sociedad opuesta a la que representó el gobierno anterior. Se busca un mejor camino de renovación, no en función de las élites sino de los grupos subalternos de la sociedad, en el que se consagren los derechos sociales universales, el pleno respeto a los derechos humanos, la descentralización del poder, que se haga cargo de los enormes desafíos ambientales generados por la crisis climática, en lo que a Chile concierne. La ruta está planteada, el reto es enorme.

 

Nota compartida con SURCOS por el autor.

Es hora de acabar con la inacción de los medios de comunicación ante el acoso online

Yamileth Alfaro Mora

Urgen medidas para frenar abusos y acoso online que sufren las periodistas

La seguridad de los periodistas es crucial para garantizar el derecho de la ciudadanía a estar informado. Sin embargo, las mujeres periodistas siguen enfrentándose a profundos abusos online que tienen un claro impacto en el pluralismo y la diversidad de los medios de comunicación. Como profesionales, no podemos limitarnos a observar el problema. Los sindicatos y las asociaciones de periodistas estamos dispuestos a actuar, pero necesitamos que los medios de comunicación se sumen para actuar juntos, para erradicar la violencia en redes en nombre de la libertad de los medios.

Tenemos el resultado de dos encuestas mundiales que ponen de manifiesto la grave falta de acción y de iniciativa de las empresas de medios de comunicación para acabar con esta lacra.

La Federación Internacional de Periodistas FIP, ya había expuesto la magnitud del abuso en línea que sufren las mujeres periodistas, casi dos tercios lo han sufrido alguna vez. Sólo la mitad de las periodistas acosadas en redes denunciaron los ataques a la dirección de su medio de comunicación, al sindicato o a la policía. En dos tercios de los casos no se hizo absolutamente nada.

Se encuestó a 160 periodistas, profesionales y directores de medios de comunicación de 37 países de todo el mundo. Sólo una quinta parte de los/as encuestados/as afirmó que su medio de comunicación tenga un protocolo o mecanismo que permita a las mujeres periodistas y a los/as trabajadores/as de los medios de comunicación denunciar los abusos online y recibir apoyo y protección.

Es hora de introducir mecanismos claros en los medios de comunicación para mostrar una tolerancia cero contra el abuso online.

Un día como hoy seguimos con nuestro compromiso como sindicato para luchar por la mujer periodista.

 

Imagen principal: https://www.unicef.org/

EL CAMINO DE ALVARADO

Óscar Madrigal

El día de ayer el Ministerio de Hacienda informó sobre los resultados de las finanzas públicas, resaltando los buenos resultados en cuanto a un superávit primario de 0,06% del PIB corolario de la reducción del gasto primario más fuerte y radical de los últimos 10 años. Es claro que esta reducción se debe al congelamiento de los salarios de los empleados públicos, menos infraestructura, vivienda, pensiones no retributivas, en fin, en la aplicación de una rigurosa regla fiscal que es el reflejo de la austeridad implacable aplicada por el gobierno de Alvarado.

Sin embargo, esa cifra es presentada como un gran logro, lo cual sería significativa si otros componentes de las finanzas fueran concordantes. Es que otras cifras llamaban la atención y a la preocupación.

El pago de la deuda pública, solo en lo que respecta al pago de intereses, en estos 4 años del gobierno de Alvarado se disparó, y en febrero de este año se registró un monto de ₡459.162 millones (1,07% del PIB), el más alto de los últimos 17 años.

Como se aprecia del gráfico adjunto, los intereses pasaron del inicio del gobierno de Alvarado de 122 mil millones de pago intereses de la deuda a 460 mil millones. El crecimiento del pago de intereses ha crecido exponencialmente en este Gobierno. En el año 2017, representaba este rubro un 0.19% del PIB, mientras que a febrero de este año representaba el 1.07%, un crecimiento desbocado.

Es significativo que la deuda pública también ha venido creciendo sustancialmente en estos años. Según Hacienda “en los primeros dos meses del año la deuda se ha incrementado de forma nominal en ¢456.817 millones, pues a diciembre de 2021, la deuda total del Gobierno Central ascendió a ¢27.271.988 millones”. La deuda sumaría en números redondos alrededor de 27.728.805 millones (casi 28 millones de millones de colones).

El resultado es un país cada vez más endeudado.

Todo parece indicar que la nueva deuda adquirida, los nuevos empréstitos, solo han servido para pagar deuda, en especial sus intereses.

Es un camino sin solución.

Restringimos el gasto público y social con el fin de obtener un superávit primario, pero a la vez nos endeudamos más para pagar intereses de la deuda. Al final del camino habrá solo mejores condiciones para seguir pagando la deuda.

El camino seguido por este gobierno solo le da tiempo a la bomba que estallará causando mayores daños sociales.

Pero había otro camino.

El futuro del país, de los próximos cuatro años está en nosotros

Vladimir de la Cruz

En estos días finales del proceso electoral, en su segunda ronda, se ha planteado el tema de que los partidos políticos, y especialmente, sus candidatos presidenciales de la primera ronda, no se han pronunciado contundentemente sobre la segunda ronda, especialmente en la posibilidad de sumarse, a apoyar a alguno de los candidatos finalistas, a José María Figueres o Rodrigo Chaves, y de llamar a votar por alguno de ellos, como la opción que más le convenga a Costa Rica, desde la dirección del Poder Ejecutivo.

En las segundas rondas que ha habido, en el 2002 y el 2014 esta situación no se dio. En la segunda ronda del 2018 se produjo, dada la situación tensa, por el tema en discusión, que había en torno a la disputa entre Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado, un movimiento político muy fuerte de los partidos Restauración Nacional y Acción Ciudadana. Definidos esos dos candidatos inmediatamente el equipo económico de Liberación Nacional y dirigentes políticos de la Unidad Social Cristiana corrieron a las faldas de Restauración Nacional y de Fabricio Alvarado. Rodolfo Piza, el candidato de la Unidad Social Cristiana, por su parte, se atrevió valientemente, a apoyar a Carlos Alvarado, a llamar a votar por él, lo que atrajo detrás suyo al equipo económico de la Unidad Social Cristiana a apoyar a Carlos Alvarado. Por su parte los partidos políticos señalaron que no se habían hecho coaliciones. Esto era cierto, además que no podían hacerse legalmente coaliciones para ese momento de la campaña. Se podían hacer alianzas tácticas inmediatistas, porque los Programas de los partidos estaban presentados en el Tribunal Supremo de Elecciones, como podrían hacerse ahora, con los candidatos finalistas, buscando el impulso de alguna plataforma programática conjunta, o negociando proyectos de ley a aprobar, o políticas de gobierno a impulsar vía Decretos Ejecutivos de interés partidario.

En la elección del 2018 se introdujo la idea de un Gobierno Nacional, tema que abordaba Rodolfo Piza y que también impulsó Carlos Alvarado. Este Gobierno Nacional resultaría de la integración de personajes políticos, o destacados de distintos partidos políticos, en el Consejo de Ministros especialmente. Así se integraron Edgar Mora, del Partido Curridabat Siglo XXI, Patricia Mora del Frente Amplio, Rodolfo Méndez y Rodolfo Piza de la Unidad Social Cristiana. Estos se integraron, como personalidades políticas destacadas, no como resultado de acuerdos entre los partidos, a los que ellos respondían, y el de Gobierno que representaba Carlos Alvarado. El acuerdo más firme en ese sentido lo hizo Rodolfo Piza que sí firmó, con el Presidente Alvarado, un documento de trabajo, que no era un documento oficial de la Unidad Social Cristiana ni de Acción Ciudadana.

Los partidos políticos, de estos ministros, tan solo emitieron un pronunciamiento en el sentido de que liberaban a estos ministros de sus responsabilidades partidarias para que pudieran sumarse al Gobierno, sin perder su condición de militantes partidarios, pero señalando que ellos como partidos no tenían nada que ver con el ejercicio de gobierno. Era literalmente un sancocho político.

Evidenciaba aquella situación, cierto adelanto político, con el pasado político electoral del país, pero seguía mostrando la poca fortaleza política de los partidos, la debilidad de los liderazgos políticos y partidarios, la crisis organizativa que siguen mostrando los partidos políticos, y el alejamiento de los partidos de sus seguidores, que tan solo se resumen en el apoyo partidario electoral que reciben ocasionalmente, en cada campaña electoral.

En una situación como la que hemos vivido, de segundas rondas, en el 2002, 2014, 2018 y ahora en el 2022, los partidos políticos que participan en el proceso electoral, que validan ese proceso, que juran respetar sus resultados, deben contribuir a fortalecer el proceso electoral, y la democracia política nacional, llamando a votar en la segunda ronda, a no fomentar el abstencionismo, a no negar el voto por alguno de los candidatos finalistas. Lo mínimo que podrían decir a sus seguidores es “voten en conciencia por el que consideren mejor, en este momento, para el país, pero voten”.

Los partidos políticos deben contribuir a fortalecer la conciencia política, la educación cívica y la formación ciudadana diciéndole a los ciudadanos cuál es la opinión de esos partidos y sus principales líderes, al menos los que participaron como candidatos a la Presidencia, respecto a los dos finalistas, José María Figueres y Rodrigo Chaves, señalando cuál es la mejor opción entre ellos, el que más le conviene al país, entre esas dos opciones, para dirigir el Gobierno en los próximos cuatro años. En esto no hay alternativa.

Alguno de ellos va a dirigir el Poder Ejecutivo. Esta es una responsabilidad política, que pudo haber sido igual para cualquiera de los otros candidatos presidenciales que participaron en la elección, si hubieran quedado en esa misma situación de finalistas.

El problema radica en que los partidos políticos hoy son cascarones electorales, que funcionan solo para las elecciones. Esa debilidad política de los partidos y sus dirigentes se demuestra en este silencio, en no participar públicamente en el debate de los temas nacionales y parlamentarios, en este “abstencionismo” de no pronunciarse a favor de alguna de las opciones finalistas. Los partidos que tienen diputados participan el debate parlamentario con sus diputados a la fuerza. Los diputados por ello se han convertido, en la más de las veces, en las cabezas de esos partidos.

La izquierda política, la que dirigía el Partido Comunista de Costa Rica, Vanguardia Popular, en los procesos electorales anteriores a 1970, cuando no les permitían votar a los comunistas ni a la izquierda por ellos mismos, siempre señalaban un camino, una ruta, en las elecciones, para que los costarricenses votaran por lo que consideraban mejor para ese momento histórico. Así llamaron a votar por Mario Echandi, en 1958, por Enrique Obregón en 1962, por Daniel Oduber en 1966. En 1970 empezaron a votar por su propio partido, cuando fueron electos Manuel Mora y Marcial Aguiluz diputados, y se inició el proceso fuertemente para derogar el segundo párrafo del Art. 98 de la Constitución Política, lo que se logró entre 1974 y 1975. En las elecciones de 1974 participaron varias opciones de izquierda, ampliándose la posibilidad electoral desde entonces y fortaleciéndose la democracia política nacional.

La división de la izquierda en la década del 80 produjo, en estos partidos una situación de desaparición de unos líderes políticos, y un desprestigio que se impulsó, dentro de las mismas filas de Vanguardia Popular contra sus líderes históricos, que eran seguidos con gran respeto por sus luchas, desprestigio que todavía algunos continúan afirmando, sin aprender y comprender bien el resultado de esa división y descalabro que sufrió la más importante organización de la izquierda costarricense.

A todo esto contribuyó la crisis mundial del socialismo surgida entre 1989 y 1991 cuando la misma Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se disolvió, y desaparició el Sistema Mundial Socialista, dando la sensación de que ese proyecto histórico, igualmente moría.

En cierta forma los partidos comunistas, y los comunistas como personas, se quedaron sin norte político, sin posibilidad política de impulsar un nuevo sistema económico, político y social alternativo al capitalista. De esto la izquierda política no ha podido reponerse plenamente. Se replantearon, en distintos frentes, luchas sociales pero no luchas por el Socialismo, haciendo algunas excepciones partidarias que todavía reivindican este objetivo histórico, pero en un escenario que no responde a las condiciones de este siglo XXI.

Los resabios de esa izquierda, en este siglo, siguen levantando banderas de debilidad política, de sectarismo político e ideológico, sin norte, sin brújula, sin visión de alianzas políticas.

Los otros partidos, los que no son de la izquierda tradicional, históricamente gobernaron, al menos hasta 1998, a base de pactos electorales que lograban expresarlos en la Asamblea Legislativa, no así a base de coaliciones con el Gobiernos. Coaliciones las tuvieron y los llevaron a gobernar en 1958, con Mario Echandi, en 1966 con José Joaquín Trejos, y en 1978 con Rodrigo Carazo. La izquierda por su parte impulsó la gran coalición de Pueblo Unido en 1978, que llegó a elegir diputados, y en los años siguientes, hasta que los afectó la crisis de disolución y división de partidos de izquierda en esa década.

Mientras no había segundas rondas las cartas políticas estaban echadas al terminar la campaña electoral y al elegir Presidente entre los candidatos participantes. Pero, cuando hay segunda rondas, las campañas políticas no terminan hasta que se nombre el presidente, aunque ya se hayan electo los diputados. Por eso es que hay una responsabilidad de los partidos, de continuar en el proceso electoral, informando, llamando a sus seguidores, con verdadera responsabilidad política, ciudadana y cívica de convocar, primero, a votar en la segunda ronda como sufragaron en la primera, y segundo, de orientar a votar por la opción que cada partido, y cada candidato presidencial, si ese el vocero de ese partido, de decir por quien se debe votar, como la mejor opción, y por lo que más le convenga al país, entre lo que hay que escoger.

Hay que cambiar la práctica política en general. Los sindicatos y las organizaciones sociales también tienen esta responsabilidad de orientar a sus afiliados y a los públicos que influyen. Los sindicatos deben aprender que en la lucha social y política sindical tienen distintos frentes de combates, de aliados y de contrincantes. El principal es el de oposición a todas las políticas que se impulsan, desde el Poder Ejecutivo y desde la Asamblea Legislativa, contra los postulados de luchas de los sindicatos, de defensa de los derechos sociales y laborales, y de los derechos humanos asociados a estas reivindicaciones. Al mismo tiempo deberían movilizarse a favor del gobierno y de los diputados que impulsan políticas o proyectos de ley que deban ser apoyados socialmente, para defenderlos o profundizarlos según sea el caso. Son movilizaciones a favor y en contra, según sea el caso. Es la forma más correcta de educar políticamente a las bases sindicales. No es solo llamando a movilizarse en contra de… También hay que llamar a favor de…

Los gobiernos deben entender esto y deben, también, aprender a convocar a favor de apoyar sus proyectos y acciones políticas. Los partidos de gobierno son los que deben llamar a sus bases y seguidores. Así es la lucha democrática y es la forma de ejercer una activa participación ciudadana en la toma de decisiones.

En la práctica de las segundas rondas, por esa indiferencia de los partidos que no clasificaron y no eligieron diputados, sucede que estos partidos políticos quedan relegados del proceso electoral en toda su dimensión.

En las segundas rondas del 2002 y 2014 de hecho los partidos que fueron a esta segunda elección se presentaron solos, por sí mismos. Se presentaron como únicas opciones ante todo el electorado, el propio que ya habían tenido en las elecciones de febrero, y como únicas alternativas para el resto del electorado, que forzadamente se veía obligado a votar por una de esas alternativas. Lo peor fue cuando en el 2014 el candidato de Liberación Nacional anunció su retiro de la segunda ronda, lo que no podía hacer legalmente, pero frenó a su partido aumentando el peso de su derrota.

Para esas segundas rondas ningún partido, de los que no participaron en esta segunda ronda, llamó a votar por una de las opciones que se presentaban. Ni siquiera sus comités políticos, sus dirigentes principales, ni sus candidatos presidenciales llamaron a votar por alguna de las opciones que se presentaban en estas segundas rondas. Los ciudadanos en conciencia votaron por la opción que les pareció mejor o la que consideraron que era menos mala para ejercer el Gobierno. En ambos casos presionó, en la conciencia del elector, el voto contra el Partido Liberación Nacional y sus candidatos presidenciales.

En la elección del 2018 Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana no estuvieron en la final, en la segunda ronda, lo que fue un duro golpe para esos partidos. Sin embargo, los electores asumieron su responsabilidad y llegaron a votar por lo que se consideraba mejor en ese momento.

En esta ocasión, en el 2022, Liberación Nacional logró recuperar su papel de finalista y de partido posible de volver a gobernar. Hasta ahora ha sido un pequeño triunfo a su favor. Queda el resultado final el 3 de abril de ver si recupera la confianza nacional, que no es un cheque en blanco, de volver a gobernar.

Para José María Figueres o Rodrigo Chaves va a ser un gobierno muy difícil si sectarizan su ejercicio gubernativo. Sola una visión de estadista puede iluminar a cualquiera de estos dos en su posible gobierno, y evitar un gobierno de profundas contradicciones y de agudas luchas sociales y populares.

José María Figueres o Rodrigo Chaves y sus partidos pueden parecernos insaboros, incoloros, e inodoros doctrinariamente, pero es lo que tenemos en alternativa de gobierno. Ambos se traslucen con una bandera socialdemócrata, sin ningún contenido político. A ninguno de los dos, por esta razón, se les vincula con la izquierda política o la derecha política en identificación doctrinaria. Su distinción es muy sutil, que puede no ser bien comprendida, por la baja cultura política y ausencia de conocimientos históricos, para todos los votantes, de optar o distinguir entre ser “antisistema” o “prosistema”, “antidemocrático” o “prodemocrático”.

En este momento no está a la vista el desplazar a Acción Ciudadana de Gobierno, porque no está ese partido jugando en nada. La crítica contra al gobierno en cierta forma se desvaneció, por eso también la facilidad de aprobar algunos proyectos legislativos que han sido duramente cuestionados.

Lo que está en el orden del día es la agenda del nuevo gobierno, sin esos temas candentes, frente a la situación económica y social del país. Y esto no pinta bien desde el contenido que se esperaría estuviera en discusión pública. Lo que hay son consignas y mensajes muy generales, casi vacías.

La crítica antigobierno que se hace es contra el gobierno de José María Figueres de 1994-1998, lo que es un tema lejano para una gran parte del electorado, y que no es lo que está en la discusión principal. La crítica es contra algunas de sus acciones gubernativas de aquello años, que suenan a siglo pasado.

La posición fácil de Rodrigo Chaves es estar contra todos los que han sido Gobierno, porque él no ha sido nada en el país, y no representa nada. Las críticas aquí, ahora, son más personales, no políticas. No hay críticas contra Liberación Nacional, como partido gobernante, que ha gobernado 9 de 17 gobiernos desde 1953, y podría abonar mucho en su favor. Rodrigo Chaves no puede aportar nada, ni experiencia de gobierno, ni presencia política nacional, ni ninguna experiencia de su partido político, que él no fundó, si se desarrolló como líder dentro de ese partido. Allí cayó, como decimos a lo tico, “en paracaídas”, de manera inesperada, sorpresiva, insospechada, y dando bofetadas en la cara a toda la sociedad política nacional, fabricando y “comprándose broncas”.

Forzadamente los costarricenses tenemos que decidir a quién apoyamos, y debemos apoyar por lo que consideremos que es mejor para el país, para todos los ciudadanos.

En Costa Rica no tenemos cultura política desarrollada para entender los procesos electorales como escenarios de fuerzas de izquierda, centro o derecha, por los programas políticos, por los temas que se discuten, por el modelo de gobierno que se quiete impulsar. Hay en los procesos electorales campañas anticomunistas, anti socialistas, anti izquierda en general, más de las que hay de carácter anti derecha.

Todavía brotan los estereotipos y prejuicios del período de la Guerra Fría. En esta ocasión Rodrigo Chaves ha intentado meterse en este camino asustando con el lobo de la izquierda, que carece de existencia en la realidad nacional. Con estos estereotipos se trata de asustar a los votantes en el modelo de sociedad que significan. Todavía la sociedad costarricense es altamente prejuiciosa respecto a estas definiciones, sobre todo las de aceptar posiciones que se consideren de izquierda. Parecieran pesar en el subconsciente los resabios de la Guerra Fría.

Apoyar a uno u otro candidato en esta final no es una adherencia partidaria a lo que ellos representan. Es un apoyo a la democracia nacional, a su proceso electoral, a la conciencia política nacional.

La particularidad de la integración de la Asamblea Legislativa con seis fracciones políticas puede ser importante para el futuro próximo, por las posibilidades de acuerdos legislativos, y para el nuevo gobierno.

El futuro del país, en esta elección, de los próximos cuatro años, está en todos nosotros, los votantes, los electores.

El futuro del país hay que comprenderlo con visión más profunda, más amplia, de más perspectiva, de manera más integral, y no solo verlo desde la forma que nos puedan significar estos candidatos José María Figueres o Rodrigo Chaves.

El desarrollo histórico de la sociedad costarricense progresista se ha venido construyendo, con la tradición liberal que viene desde 1824, 1841, 1882, 1884, 1888, 1914, 1924, 1943, 1948-49, y 1998, modelando el país a través de sus distintos gobiernos, con la posibilidad de ponernos al día en estas tareas humanistas y seguir siendo un referente internacional de modelo de país.

No podemos echar por la borda la imagen de país, y este avance social que está a la vista. Esta es la responsabilidad que tenemos que enfrentar el 3 de abril. La decisión está en partidos y personalidades. En esto también se juega ese futuro, en esa decisión está la defensa de esta Costa Rica progresista, moderna, está la defensa de lo que hasta ahora se ha edificado, con posibilidad de mejorar y de avanzar. Si de las personalidades y partidos se trata hay que atender el peso pesado de ellas.

Los costarricenses, los electores en general, no tenemos opción de escoger al mejor candidato que quisiéramos. Tenemos que escoger entre los dos candidatos que se nos presentan. Los dos no van a resolver los problemas que heredan de manera inmediata. El escenario del Poder Ejecutivo Nacional no es a la vista el que va a izar banderas en esta dirección. En igual sentido va a ser importante el escenario legislativo, porque el próximo Presidente tiene la iniciativa parlamentaria, es el que va a estar enviando proyectos de ley los primeros tres meses de nuevo Gobierno. Los diputados solo eso discutirán. Desde la Asamblea Legislativa probablemente se van a trazar las primeras líneas del gobierno nacional que se nos avecina. Tal vez, sin exagerar, desde la Asamblea Legislativa se va a gobernar más.

Ninguno de los candidatos está impulsando la imagen de un gobierno de unidad nacional. Liberación nacional no necesita porque tiene mucha gente experta en distintas funciones de gobierno. Rodrigo Chaves con su forma de escoger funcionarios, como ha dicho que los va a seleccionar, por medio de una empresa especializada que le dará perfiles profesionales, da la sensación de una gran improvisación o una gran anarquía, más que un gobierno altamente ejecutivo.

Seguiremos sin cultura de coaliciones políticas electorales, y sin cultura de coaliciones políticas de gobiernos.

Todos los partidos que participaron en la elección de febrero se probarán en las elecciones municipales del 2024.

Todos los ciudadanos que fuimos a votar en febrero debemos hacerlo otra vez el 3 de abril. Los que no votaron y los que llaman a no votar que asuman su responsabilidad, y no lloren después…