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Reforma de pensiones en Chile: Los intereses de Estados Unidos no se tocan

Por Félix Madariaga, periodista

Chile es un país de soñadores, por eso tal vez muchos teníamos la esperanza de que cuando – finalmente – se aprobara la reforma de pensiones, se acabaría ese gigante y millonario mal que ha empobrecido la vejez de los chilenos y chilenas, o sea, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Exacto, era una esperanza, en la que creímos como promesa de campaña de Gabriel Boric.

El sistema creado a principios de los años 80 por los Chicago Boys, a quien la dictadura civil y militar de Pinochet les abrió las puertas para que convirtieran a Chile en un campo de pruebas de la economía liberal de mercado. Un sistema impuesto a punta de pistola, marketing y mentiras. Sin alternativas, los trabajadores y trabajadoras tuvieron que decir adiós al sistema de reparto y lanzarse al vacío sin red ni colchón que amortizara el golpe.

Con José Piñera como ministro del trabajo, en noviembre de 1980 se promulgó el Decreto Ley 3.500, que estableció el nuevo sistema de pensiones en Chile, el que entró en vigencia en mayo de 1981. Dato curioso, esta nueva ley de pensiones eximió la incorporación al sistema de los integrantes de fuerzas militares y otros funcionarios estatales, quienes hasta el día de hoy reciben al jubilarse 3,3 veces más que un civil chileno, en gran parte a cargo del Estado.

Otro dato que hace doler el estómago es el que encontramos en una columna de opinión de 2019 publicada en cooperativa.cl por el diputado Gabriel Ascencio quien señalaba que “entre 2011-2015 este sistema privilegiado le significó al Estado un gasto de 3,8 billones, equivalente a más de 5 mil millones de dólares. Entre estos beneficiados se encuentran 38 procesados o con condenas por delitos de derechos humanos o fraudes cuyas pensiones le cuesta al Estado $1.200 millones anuales”.

Aunque suponíamos que, con esta reforma, las AFP y sus norteamericanos dueños iban a ir desapareciendo, el resultado final nos alejó de nuestro sueño, y pasaremos a un sistema previsional mixto, ¡ni chicha ni limoná!

De vuelta a la realidad

Volviendo al presente, los controladores de las aseguradoras de fondos de pensiones de Estados Unidos – que agrupa a las compañías Principal (AFP Cuprum), Metlife (AFP Povida) y Prudential (AFP Habitat) – pusieron el grito en el cielo al darse cuenta de que la reforma se aprobaría y enviaron una carta al Presidente Boric señalando que la reforma “pone en riesgo los acuerdos internacionales de libre comercio”, advirtiendo sutilmente que podríamos tener conflictos económicos y diplomáticos.

La reforma fue aprobada y la amenazante carta se fue enfriando en un silencio sin comentarios. ¿Qué pasó?, ¿qué cambio en unas cuantas horas?, podríamos pensar que al final, suma y resta, la reforma de las pensiones fue bastante positiva para las AFP y de gritar al lobo al lobo, pasaron a seguir pastoreando tranquilamente sus rebaños.

Ayudados por una reciente entrevista a Luis Mesina de la Coordinadora NO+AFP en Piensa Prensa, intentamos despejar esas dudas:

A pesar de que el Estado entregó a las AFP la administración de los fondos de pensiones de los trabajadores y trabajadores, el Estado sigue haciéndose cargo de un 88,12% de las jubilaciones de Chile, sí, leyó bien, casi el 89% del pago de las pensiones sale de los bolsillos de los chilenos y chilenas. ¿Y cómo es posible? Es posible y ahí está el gran negocio de las aseguradoras.

Del total de las pensiones en Chile, el Estado se hace cargo del bono por hijo, la Pensión Garantizada Universal (PGU), las pensiones de las Fuerzas Armadas y de Carabineros y del antiguo sistema de pensiones, equivalente al 88,12%; y del restante que pagan las AFP, el Estado aporta un 64% y claramente ahí está el negocio de las aseguradoras: capturar el salario de los trabajadores para destinarlo al sistema financiero, no para pagar pensiones.

Esta reforma les entregará aún más capital. Con el aumento de las cotizaciones, las AFP verán un incremento de un 45%, gradualmente, que se calcula alcanzará más de 6 mil millones de dólares, millones de dólares de ahorros de los trabajadores que irán directamente a las carteras de inversión.

Esta reforma no ha cambiado nada de fondo, al contrario, ha fortalecido el sistema de capitalización individual que se ha demostrado fracasado. Si algo bueno debiésemos encontrar, diríamos que se ha intentado mejorar las pensiones de las mujeres – discriminadas por el sistema – y asegurar el acceso a la PGU de quienes fueron víctimas de las violaciones de los derechos humanos de la dictadura civil y militar de Pinochet, más allá, muy poco, lo que para quienes se declaraban gobierno de izquierda, es un triste resultado.

Triste también para los millones de chilenos y chilenas que seguirán viendo como el sueño de una vejez serena se aleja irremediablemente, egoísta para los millones de chilenos y chilenas que deberá seguir trabajando con sus espaldas cansadas y su pelo canoso porque no llegan a fin de mes, traicionero porque los intereses del capital extranjero pesan más que las necesidades de nuestro pueblo.

Nos queda claro que las advertencias de las empresas norteamericanas hacia la reforma previsional y sus posibles implicancias en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos sólo fueron un voladero de luces para confundir a la gente, una maniobra efectiva que ya quedó al descubierto. No olviden el tuit del papá de las AFP, José Piñera del 30 de enero, “Larga vida al sistema de capitalización individual”. Lo que es bueno para ellos, no puede ser bueno para nosotros.

¿Qué nos queda por hacer? Informarnos, leer, aprender para que cada vez les sea más difícil actuar a espaldas del pueblo y por supuesto sumarnos al rechazo popular en la manifestación convocada por NO+AFP y otras organizaciones sociales el próximo 30 de marzo. 

Fuentes:

Diario El Mercurio, 1 de febrero, cuerpo B pagina 6. Artículo: el veredicto extranjero sobre la reforma de pensiones en Chile.

https://www.youtube.com/watch?v=pgjnWnbPm_E

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2025/01/30/1155878/que-gano-cada-sector-pensiones.html

https://www.elmercurio.com/blogs/2025/01/17/122285/reforma-de-pensiones.aspx

https://www.ciperchile.cl/2016/08/05/afiliado-de-habitat-responde-a-carta-del-gerente-general-de-la-afp/

https://radio.uchile.cl/2024/05/27/estudio-afirma-que-pensiones-de-las-ff-aa-y-de-orden-son-tres-veces-superiores-a-las-que-pagan-las-afp/

La Chevron en Venezuela

Mg. José A. Amesty Rivera

Con motivo de las informaciones que van y vienen, contradicciones, declaraciones encontradas, como se dice en el argot criollo «dimes y diretes«, por parte del gobierno del presidente Donald Trump y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en lo que se refiere a la renovación de la licencia de la Chevron en Venezuela, plantearemos algunas informaciones, consideraciones y aspectos relevantes al respecto.

El nombre Chevron apareció por primera vez en inglés en el siglo XIV, deriva, a través del inglés medio y el anglofrancés, de la palabra latina vulgar «caprio«, que significa «viga», probablemente debido a su parecido, con dos vigas de techo contiguas, de allí el logo de la empresa.

Es una empresa petrolera estadounidense, que se dedica a la exploración, producción, transporte, refinación, almacenamiento y comercialización de petróleo y gas. Sus productos principales son: petroquímicos, gas natural, gas licuado, gasolina, parafina, diésel, aditivos, lubricantes.

Sus operaciones están en América Latina, Canadá, Australia y Países Bajos. En América Latina, tiene activos en Argentina, Brasil, Colombia, México, Surinam y Venezuela. En Estados Unidos, opera yacimientos de petróleo crudo y gas natural en la región central continental, principalmente en Colorado, Nuevo México y Texas.

Chevron tiene una larga historia, pero hagamos un resumen: en 1911, se constituyó en California bajo el nombre de Standard Oil of California. En 1984, adquirió a Gulf Oil Corporation. En 2001, adquirió a Texaco Inc. En 2005, adquirió a Unocal Corporation.

Según la página oficial de Chevron-Venezuela, esta empresa petrolera inició con actividades de exploración en el año 1923, durante el gobierno del político y militar venezolano Juan Vicente Gómez Chacón, y luego el descubrimiento del campo Boscàn en 1946.

Chevron trabaja en asociación con 5 filiales de Petróleos de Venezuela PDVSA, específicamente en proyectos de producción terrestres y marítimos en el oeste y este de Venezuela, en cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Se centran en el crudo pesado y extrapesado.

Las filiales de PDVSA que trabajan con la Chevron son: Petroboscán, S.A., con 39,2 por ciento de participación de Chevron. Este campo está en el estado Zulia, al occidente de Venezuela. Petroindependiente, S.A., con 25,2 por ciento de participación de Chevron. Este es el campo LL-652 en el Lago de Maracaibo. Petropiar, S.A., con 30 por ciento de participación en Chevron. Ubicado en el cinturón del Río Orinoco. Este proyecto, integrado verticalmente, procesa petróleo crudo extrapesado del yacimiento Huyapari y lo mejora para convertirlo en un petróleo sintético, más liviano y de mayor valor. Petroindependencia, S.A., con 34 por ciento de participación en Chevron. Llamado Proyecto Carabobo 3. Este proyecto de petróleo extrapesado, se encuentra en tres bloques dentro del área Carabobo de la Faja del Río Orinoco. Loran. Proyecto de gas en el Bloque 2 Plataforma Deltana – Offshore, con 60 por ciento de participación en Chevron. El Campo Loran, en el Bloque 2, forma un único campo transfronterizo a lo largo de la frontera marítima de Venezuela y Trinidad y Tobago.

La Chevron ha promovido programas comunitarios en las áreas de salud, educación, entre otros, que han contribuido al desarrollo económico de Venezuela.

En este sentido, podemos afirmar que la Chevron Corp., según analistas de Banca y Negocios, es una de las razones por las que la economía de Venezuela, se ha ido recuperando lentamente, tras la grave crisis económica por la que ha pasado, producto del bloqueo de EEUU. Esta empresa ha ayudado a aumentar la producción de petróleo en el país, por encima del millón de barriles diarios.

El economista venezolano, Asdrúbal Oliveros, acotó que «la actividad de Chevron ha introducido un elemento crucial para la estabilización macroeconómica del país«. A su vez, indicó que «ha dinamizado la economía al sumar empleos y nuevos contratos de servicios, para la recuperación de pozos, y por la venta de divisas al mercado interno«.

También se señala que el suministro de divisas de operadores extranjeros, como Chevron, ha desempeñado un papel importante en llevar la inflación de Venezuela a niveles mínimos.

David Goldwyn, director del grupo asesor de energía del Atlantic Council, afirma que «la actividad de Chevron en Venezuela, beneficia a ambos países, ya que cuenta con un actor eficiente que ayuda a que la economía venezolana no retroceda, y evita que los migrantes emigren» a Estados Unidos. Manifestó, además, que «la administración Trump se da cuenta de que la política de máxima presión causó estrés económico que llevó a la migración a los países vecinos y no resultó en un cambio político«.

Un dato importante con relación al apoyo de la Chevron a Venezuela es que, a finales del año 2024, esta empresa presentó declaraciones de impuestos por un valor aproximado de 300 millones de dólares al gobierno venezolano. El portavoz de la empresa petrolera norteamericana, Bill Turenne señaló que «Chevron lleva a cabo sus negocios en Venezuela cumpliendo con todas las leyes y regulaciones aplicables«.

Por ejemplo, en los documentos presentados ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT, que es el órgano de ejecución de la administración tributaria nacional de Venezuela, la empresa Petropiar de Chevron, presentó el equivalente en bolívares a unos 217 millones de dólares en concepto de impuesto sobre la renta en 2023, mientras que su empresa Petroboscan, presentó una solicitud por US$83 millones, utilizando una tasa promedio de 27 bolívares por dólar.

Esta actitud de Chevron, además, va en contradicción con la Licencia 41, indicando que cualquier forma de pago al gobierno de Venezuela, parecería violar la exención de sanciones que Chevron recibió de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Tesoro de Estados Unidos OFAC. Es decir, la Licencia General 41, prohíbe a la empresa perforadora estadounidense pagar impuestos, regalías o dividendos de cualquier tipo a Petróleos de Venezuela S.A. PDVSA o cualquier otra entidad controlada por el Estado. También le prohíbe vender petróleo fuera de Estados Unidos o expandir sus operaciones.

En general, el gobierno estadounidense ha permitido, que otras grandes petroleras sigan comprando y produciendo crudo venezolano, entre ellas Reliance Industries Ltd. de India, Repsol SA de España y Maurel & Prom de Francia. Con su licencia, Chevron está extrayendo alrededor de 200.000 barriles diarios, casi el 23% de la producción total de Venezuela.

Por esto salen las y los defensores de la política agresora de EEUU, entre ellas la representante republicana de Florida, María Elvira Salazar, al decir: «Chevron no solo está permitiendo la opresión, sino que se está beneficiando de ella«, «Sus licencias tienen que desaparecer«.

A su vez, el Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, señala: «Empresas como Chevron están aportando miles de millones de dólares a las arcas del régimen, y este no ha cumplido ninguna de las promesas que hizo«, «Todo eso necesita ser reexplorado«.

En relación con las licencias a la Chevron en Venezuela, en poco tiempo ha habido aprobaciones y desaprobaciones por parte del gobierno norteamericano. A su vez, si la aprobación es parcial o permanente.

En este sentido, este tema está en pleno desarrollo y no sabemos cuál será el desenlace final, más aún cuando a la fecha, el portal de noticias venezolano laiguana.tv indica que, «la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), mediante su portal web, aseguró que se está preparando para eliminar la licencia que le permite a Chevron operar en Venezuela, aun cuando esta fue renovada automáticamente este mismo sábado«.

Más específicamente, «El Departamento del Tesoro se está preparando para tomar medidas para desmantelar la Licencia General 41, y otras licencias específicas según corresponda. Emitiremos orientación adicional para facilitar la implementación junto con cualquier cambio en las autorizaciones«.

Al parecer, según opiniones de analistas norteamericanos, a Trump en específico no le interesa mantener licencias, o negocios establecidos por la administración pasada de Biden, él desea partir de cero y montar su propia estructura de negocios, más en el tema petrolero.

Sin embargo, hemos conocido que el empresario y experto petrolero, Alejandro Terán, director de la Asociación Latinoamericana de Empresarios del Petróleo de Texas-EEUU, señalo que los petroleros de Texas habían enviado una comunicación a Trump, donde le señalaban que habían perdido 125.000 millones de dólares, por las sanciones impuestas por Biden a Venezuela, un costo muy alto para Texas, más aún cuando este Estado es fundamental en el apoyo al presidente Trump.

Es decir, hay una presión por parte de Chevron y de parte de los petroleros de Texas-EEUU.

No obstante, ¡Acontecimientos en pleno desarrollo! con relación al tema de la renovación final de la licencia a Chevron, para que opere en Venezuela. 3 de marzo, 2025.

Las visas de un imperio

Alberto Salom Echeverría

“Unos de los registros de visa más antiguos del que se tiene constancia se encuentra en el Antiguo Egipto, datando de alrededor del año 2.000 a.c.”

“Con todo el concepto moderno de visa comenzó a tomar forma

en el siglo XVII, cuando algunos países europeos comenzaron a emitir

cartas de seguridad para regular la entrada de extranjeros.”

(Cfr. “Breve Historia de las Visas en el Mundo”. https://mivisahoy.com).

Acto primero.

Primero me ericé todo, cuando, como en tiempos de “guerra fría,” leí en las noticias que “EE. UU cancela visa de entrada a dos diputadas ticas por ser una amenaza a la ciberseguridad. -y después se agrega que- Marco Rubio, secretario de Estado, advirtió semanas atrás que sancionaría a funcionarios ticos que son considerados una amenaza para la ciberseguridad de su país”. (Cfr. Arrieta, Esteban. earrieta@larepublica.net/ 19 de febrero, 2025 06:42pm).

Mas luego, he de admitir que, me desternillé de la risa (casi hasta llegar a matarme de hilaridad), tras haber advertido que, las sancionadas por el señor Rubio fueron dos respetables señoras diputadas pertenecientes al partido político seguramente más liberal y amigo de los Estados Unidos que tiene Costa Rica, el Partido Liberal Progresista, cuyo fundador e inspirador principal es el actual diputado Eli Feinzaig.

Aquí, lo único que cabría imaginar absurdamente es a las dos señoras diputadas haciéndole el trabajo a la República Popular China para lograr insertar a la empresa de esa nacionalidad, Huawei, a fin de que ganara la asignación de frecuencias de “súper internet 5G”. Para convertir esa fábula en realidad, habría que saltarse con garrocha, primero, el hecho de que el gobierno de Rodrigo Chaves asumió el control de la “concesión de frecuencias”, y, segundo, habría que hacer caso omiso también a lo dicho por el señor Federico Chacón Loaiza, presidente del Consejo Directivo de la SUTEL, quien destacó “la transparencia del modelo de subasta”. (Cfr. Arrieta, E. “Concesión de Frecuencias de súper Internet 5G queda en manos del gobierno”. La República, miércoles 26 de febrero del 2025).

Aún más la información señala también que el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (en adelante MICITT), continuará con el proceso de asignación del espectro y la formalización de los contratos de concesión, los cuales -sigue la información- tienen que ser validados por la Contraloría General de La República. Dos cositas más, se dice que “el proceso de asignación de frecuencias marca un hito en la modernización tecnológica del país” y que, el MICITT es el que dará el banderazo de salida para la implantación de la Red 5G, que impulsará la competitividad y expansión digital en Costa Rica. Cabe entonces preguntar ¿Cómo dos diputadas habrían podido conspirar junto con la empresa China de Huawei, hasta el punto de crear inseguridad cibernética a los Estados Unidos? ¿Será posible que el secretario de Estado de ese país se esté creyendo semejante fábula “conspiranoica”? ¿O será más bien que, estas dos diputadas del PLP resultaban incómodas a los intereses comerciales de empresas de los EE. UU con las que compite comercialmente la empresa China Huawei?

Recordemos que hoy Chaves se ha pasado de bando, ahora resulta que pretende restringir las relaciones con China, cuando en 21 de diciembre del 22, en una reunión de la Cámara de Comerciantes y empresarios China-Costa Rica, expresó su interés de incrementar la relación comercial de Costa Rica con este país. En aquel entonces dijo: “Yo creo que CR se ha beneficiado grandemente de esta relación…con el deseo profundo de que podamos revitalizar las relaciones entre China y CR, para que sigan siendo o se conviertan en un ancho puente que, cruzando el océano al otro lado del mundo, nos encuentre a ambos lados como aliados en generar prosperidad para nuestros pueblos.” (Cfr. Conferencia de prensa 21 de diciembre 2022.) Vistas las cosas desde esta perspectiva, pareciera que, el presidente costarricense, cambia radicalmente su posición, y aparece ahora tan interesado como el secretario de Estado de la potencia del norte, su nuevo socio comercial, en incrementar la relación comercial con Los Estados Unidos, para así estorbar las relaciones comerciales con China que otrora era de su grata incumbencia.

Acto segundo.

El primer acto tiene un corolario que torna el asunto de las visas todavía más peliagudo; el semanario Universidad, confirma junto a CRHoy que, los Estados Unidos suspenden la visa a la auditora general del ICE, Ana Sofía Machuca Flores, y a otros cinco funcionarios más. La señora auditora del ICE declaró a “El Financiero” que comparecerá ante la Asamblea Legislativa, para hablar sobre el decreto de ciberseguridad del gobierno que excluyó a Huawei de soluciones 5G en Costa Rica.

La auditora Machuca Flores en declaraciones al semanario Universidad, expresó que estas acciones intimidatorias por parte del gobierno de los Estados Unidos contra funcionarios costarricenses deben ser del conocimiento de toda la ciudadanía. Lo importante es que estos hechos de revocatoria de una visa socaban y atentan contra la soberanía del país y la libertad de expresión. La señora auditora dijo además que, el país mediante su gobierno debería declarar un estado de alerta porque se están mancillando los intereses nacionales, ya que la Auditoría Interna del ICE ha liderado investigaciones dentro de la institución en torno a la tecnología 5G y expuso en una comparecencia anterior en la Asamblea Legislativa, los riesgos que enfrenta el ICE, por la gestión de las autoridades actuales del gobierno ante la institución en relación con el tema. La Auditora General ha buscado que el ICE pueda mantener y reforzar su competitividad en el desarrollo de la telefonía móvil de quinta generación (5G). Hoy los negocios del ICE están en riesgo -declaró- tanto como su soberanía administrativa y tecnológica. Antes se enfrentaron a presuntas anomalías de la empresa China Huawei, ahora, existen potenciales contratos que podrían haber incurrido en hechos con semejantes anomalías, relacionados con la tecnología 5G y otros de naturaleza tecnológica, en los que intervienen actores como Cisco y Nokia, afines más bien a los intereses estadounidenses.

Finalmente, es crucial entender que, desde mayo del 22, cuando Chaves llegó al poder, se comenzaron a producir una serie de decisiones de carácter político, regulatorias que han limitado la capacidad del ICE para desarrollar su red 5G, afectando los negocios de la institución. A raíz de ello la Auditoría ha investigado presuntas irregularidades de la Administración Superior de la institución en torno a posibles proyectos tecnológicos que podrían ser claves para el país. La Auditora interna concluyó sus declaraciones para Universidad afirmando que lo que hay aquí son conflictos de naturaleza geopolítica entre estas dos grandes potencias, que respaldan intereses privados de empresas de sus respectivos países, cuya estrategia deliberada es debilitar al operador estatal, apropiándose de los recursos y del mercado (Cfr, Rivero, Adrián. Semanario Universidad, 26 de febrero del 2025.)

Concluimos afirmando que, la restricción de las visas, no reflejan otra cosa que la voluntad de un imperio de cercenar la libertad de que han gozado los diputados y funcionarios en el desempeño de sus responsabilidades. Para ello han inventado la fábula del atentado contra la ciberseguridad de su país. En este sainete el secretario de Estado ha encontrado el compadrazgo del presidente de la República, quien en vez de “jaguar” parece más un camaleón, puesto que, como dice la canción, “cambia de colores según la ocasión….”

La votación en la ONU

Manuel Delgado

En medio de la basura reaccionaria, la prepotencia y el servilismo de gobierno de Chaves, Costa Rica asumió en la votación de la ONU en relación con Ucrania la mejor postura. Abstenerse de votar una moción que pretende perpetuar la guerra es más acorde con nuestra idiosincrasia, nuestra neutralidad y nuestro espíritu de paz.

Que esa moción fue también rechazada por Estados Unidos, es cierto. Pero también es cierto que se abstuvieron, al igual que Costa Rica, naciones con gobiernos de “izquierda” como Cuba, China, Brasil Colombia, Honduras y otros. Esos países respaldaban otro texto que evitaba culpar a Rusia y pedía un final rápido del conflicto, seguido de una paz duradera.

¿Que la actitud de nuestro gobierno es seguidista y hasta servil? Es cierto, pero también lo era la anterior, que coincidía con la votada por la mayoría en esta ocasión y por la cual Chaves fue condecorado por Zelensky.

Pero el fondo es lo que vale. Nuestros diputados están muy molestos porque el gobierno no secundó la moción de Ucrania y la Unión Europea, que pretendían darle largas a una guerra perdida con el fin de obtener utilidades.

Destaca aquí, una vez más, la actitud del Frente Amplio de plegarse a la derecha en cuestiones de política exterior. Una vez más el partido amarillo se pone a la cola de Feinzaig. Ya lo había hecho en otras ocasiones.

Un partido popular, por no decir revolucionario, tiene que poner de primero el fondo de la cuestión y no quedarse en cuestiones secundarias. Y lo que hay de fondo se puede resumir en pocas palabras:

1.- Que esa guerra no la inició Rusia hace tres años, sino el gobierno ilegítimo y racista de Zelensky hace muchos años, con sus ataques contra la población ucraniana rusa, con su violación de los acuerdos de Minsk, con el asesinato en masa de los dirigentes de origen ruso de Odesa, con el golpe de estado fascista que removió del poder al gobierno legítimo e instauró una dictadura filofascista.

2.- Que esa guerra era innecesaria, y que pudo haberse evitado, ahorrándole así dolor y destrucción a ese país.

3.- Que la guerra la tiene perdida Ucrania y desde hace rato, pero tercamente Estados Unidos y la Unión Europea la han mantenido a costa, repito, de grandes sacrificios y de un sobreendeudamiento del que costará décadas salir.

4.- Que a Europa le importa un bledo el pueblo ucraniano, y pide desesperadamente un sitio en la mesa no con fines humanistas sino para ver qué tajada sacan de ese negocio.

5.- Que a Zelensky y su camarilla corrupta también les importa un bledo el país y solo quieren seguir lucrando de la guerra.

6.- Que para una paz duradera hay que hacer un cambio político en Ucrania, derrocando el gobierno corrupto actual, legalizando los partidos políticos que en su totalidad siguen ilegalizados, liberando los presos políticos y realizando elecciones libres que constituyan un gobierno democrático.

Un político responsable tiene que tomar eso en cuenta en sus decisiones y tiene la obligación de educar al pueblo en estas verdades. Lo demás es oportunismo político.

Las incongruencias del proyecto de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional

Gerardo Fumero Paniagua

PRIMERA PARTE: Se discute en la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley No. 23.414, irónicamente llamado de Armonización, cuando debiera de llamarse de Destrucción del ICE. Por supuesto que para nada se expresa tal intención, no serían tan ingenuos sus autores para decirlo, pero si lo suficientemente perversos para establecerlo en un proyecto. Veamos solo algunos detalles, de los muchos que el proyecto tiene y que insisto, terminarían destruyendo -literalmente- al ICE.

En el Artículo 11 se establece: “La planificación de la expansión del SEM (Sistema Eléctrico Nacional) seguirá los siguientes pasos; 1. Será responsabilidad del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), elaborar el Plan de Expansión de la Generación. Este plan será desarrollado en consulta con los agentes del sector e interesados.” Nótese que de un plumazo le cercenan al ICE lo que mejor ha hecho desde su fundación, la planificación del Sistema Eléctrico Nacional.

En el Artículo 19, se establece “Serán funciones del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN): 1. Operar el Sistema Eléctrico Nacional al mínimo costo, cumpliendo los requerimientos de calidad, seguridad y desempeño.” Nótese que de otro plumazo le cercenan al ICE el Centro de Control de Energía, el cerebro del sistema eléctrico nacional y en el cual el ICE ha invertido millones de dólares.

En el Artículo 20, Fuentes de Financiamiento del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), se estableceEl Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN) tendrá exclusivamente financiamiento del canon de energía que esta ley establece para los agentes de los mercados eléctricos.” Nótese que este canon se refiere al costo que pagarían los agentes de energía eléctrica que el proyecto crea (definidas como personas físicas o jurídicas que se dediquen total o parcialmente a las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización, agregación y grandes consumidores de electricidad), como derecho de paso para trasegar la energía por las redes eléctricas del ICE, principalmente.

En el Artículo 24, Canon de energía eléctrica, se estableceLos agentes del mercado eléctrico nacional integrantes del Mercado Eléctrico Nacional (MEN) están obligados al pago del canon de energía eléctrica el cual será recaudado por el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN). Dicho canon se destinará a financiar el presupuesto aprobado para el ECOSEN. El canon será pagado por todos los agentes nacionales, según las transacciones de energía ejecutadas en el Mercado Eléctrico Nacional.” Nótese la ironía y el descaro, que no pueden ser mayores, se le quita la planificación nacional al ICE, se le cercena el Centro de Control de Energía al ICE, se le obliga a disponer sus redes eléctricas para el servicio de los agentes del mercado eléctrico, y como si fuera poco, se establece un Canon sobre esas redes del ICE, para financiar el Ecosen. ¡Así hasta yo!, como alguien dijo alguna vez (Semanario Universidad, 02/10/2024).

SEGUNDA PARTE: Analicemos hoy otro de los aspectos del proyecto de ley No. 23414, que destruiría nuestro Sistema Eléctrico Nacional actual, antes que Armonizarlo, proyecto al que hicimos referencia en un artículo anterior, por este mismo medio, el 2/10/2024.

En el Artículo 3, Inciso b) se define el Agregador de recursos en la demanda: “Es la persona física o jurídica legalmente autorizado por la ARESEP como un agente económico independiente. Es una entidad o empresa que actúa como intermediario entre los consumidores y el mercado nacional.”

En el Artículo 3, Inciso m) se define el “Gran consumidor de energía eléctrica: persona física o jurídica que cumple con … que le permita ser agente del mercado mayorista.”

En el Artículo 31 se crean los Agentes del Mercado Eléctrico Nacional (MEN).Son Agentes del Mercado Eléctrico Nacional (MEN) las personas físicas o jurídicas que se dediquen total o parcialmente a las actividades de generación, agregación, transmisión, distribución, y comercialización, así como los grandes consumidores indistintamente de su naturaleza pública, privada o mixta, … los propietarios u operadores de recursos energéticos distribuidos con capacidad instalada mayor a un mega vatio…”.

En el Artículo 37 se autoriza a los Agentes a “poner a disposición la oferta o demanda de energía y sus excedentes en el Mercado Eléctrico Nacional, igualmente podrán ofertar la energía para ser negociada, comercializada y transada en el Mercado Eléctrico Regional.”

Y en el Artículo 38Se habilitan como agentes del Mercado Eléctrico Nacional y del Mercado Eléctrico Regional a las empresas privadas de generación de electricidad que han contado con una concesión de generación de electricidad bajo los términos de la Ley No. 7200 y sus reformas en sus actividades de generación.”

De aprobarse este proyecto, convertiría el mercado eléctrico nacional en un mercado persa. Cualquiera que genere más de un MW de potencia o bien sea un gran consumidor (73 son hoy), podría hacer de todo en el marcado eléctrico nacional: generar, distribuir, comercializar, importar y exportar energía.

Si consideramos la creación del Centro de Control de Energía, ECOSEN, a expensas del ICE -como ya vimos en el artículo anterior-, y se habilita la cantidad de agentes de mercado que podrían comerciar con la energía, (según los artículos arriba transcritos), que alguien me explique: ¿cómo si creamos más burocracia estatal y un centenar de nuevos intermediarios, podrían bajar los precios?

Lo que sí es clarísimo es que esos 73 grandes clientes y todos los generadores, tendrían la libertad de negociar los mejores precios, en el mercado nacional y centroamericano, no así todos los demás. Cuando el ICE, la CNFL, las empresas Municipales y las Cooperativas actuales, pierdan esos grandes clientes, deberán de soportar el mismo nivel de gasto y endeudamiento que ya tienen, y por pura regla de tres, quebrarían como empresas o se verían obligados a subir las tarifas al resto, 1.9 millones de medianos y pequeños clientes, que no tendrían el derecho ni el músculo empresarial para hacer lo que los grandes.

Es la eterna historia del burro amarrado contra el tigre suelto. Sería otro duro golpe al sistema solidario de que tanto nos preciamos, amparado en principios constitucionales, consagrados en los artículos 50 y 74 de nuestra Constitución Política,1 los cuales pasarían a ser un saludo a la bandera -en este campo-, principios ya de por si debilitados por la Ley 72002, pero que ahora terminarían de vaciarse de contenido. Todo gracias a algunos “padres de la patria”, que más bien se comportan como “destructores de la patria” (Semanario Universidad, 23/10/2024).

TERCERA PARTE: En esta tercera parte del análisis, desearía valorar la normativa que conforma nuestro marco legal, y la nueva, de ser aprobado el proyecto de ley No. 23414. Tal y como hemos visto, ésta provocaría enormes pérdidas al ICE (Primera publicación) y aumentos en las tarifas de los pequeños y medianos usuarios, mientras las disminuiría para los grandes (Segunda publicación).

El Dictamen AL-DEST- IJU- 332 – 2022, del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa sobre este proyecto de ley, refiriéndose al marco legal actual, informa de: “… la existencia de 31 leyes relacionadas con el marco regulatorio o general, razón por la cual el modelo regulatorio se puede calificar como disperso…”. A ese marco legal, este proyecto agregaría una ley más, la que transformaría por completo nuestro modelo de desarrollo eléctrico y crearía más burocracia -el ECOSEN-, según el Artículo 17 y más intermediarios –los Agentes de Mercado-, según el Artículo 37.

De modo que, si el marco legal era ya disperso y complejo, se volvería aún más confuso con una nueva ley, que provocaría profundos cambios, potenciaría posibles traslapes legales y crearía nuevas fronteras de responsabilidad al establecer una nueva institución, lo que lejos de contribuir a la seguridad jurídica, agregaría más caos y confusión.

De modo que este proyecto en nada hace honor a su nombre (Armonización del Sistema Eléctrico Nacional), todo lo contrario, mantendría un marco legal aprobado en el transcurso de más de 80 años, pues alguna de las leyes data de 1941. Cierto es que un marco tan complejo ameritaría una verdadera modernización y armonización, pero este proyecto más bien lo complica y enreda aún más.

Me cuestiono ¿cuál sería el objetivo de los ingenieros que diseñaron esta nueva arquitectura para nuestro sistema eléctrico?, (con un mercado de subastas, docenas de agentes de mercado, creación de más burocracia, libertad y abaratamiento de los costos para los grandes clientes y encarecimiento de los precios para todos los demás), si la ingeniería construye para mejorar y buscar mayor eficiencia. ¿O será que se copió algún modelo de un país hermano? Copiar es siempre más fácil, el único cuidado es copiar solo lo bueno, aunque también es cierto que dependiendo de a quién se quiera favorecer con el cambio, se pueden copiar otras cosas.

Me cuestiono ¿en qué pensarían los abogados que dispusieron crear más legislación y burocracia?, y que, en contraste, agregaron una mayor injerencia política en la operación y administración del sistema eléctrico, en contradicción con la técnica que una materia tan especializada amerita. Cuando más bien están llamados a simplificar, transparentar y ordenar el Estado y a garantizar la primacía de la técnica en procesos altamente complejos. ¿O será que se dejaron llevar por el mismo interés detrás del diseño ingenieril?

Me cuestiono ¿qué motivará a los diputados que apoyan este proyecto, que terminaría de debilitar al ICE, encarecería los precios de las tarifas eléctricas a 1.9 millones de costarricenses y en cambio los abarataría para no más de un centenar de grandes consumidores?

Desearía poder entender finalmente ¿cómo este proyecto pretende “impulsar la modernización del Sistema Eléctrico Nacional, buscar la eficiencia del sistema y su sostenibilidad, garantizar confiabilidad, calidad y el menor costo posible para los consumidores finales de energía y promover el aprovechamiento de las nuevas tecnologías”? retóricos objetivos que se establecen en su Artículo 1.

Si, por el contrario, parece que lograría todo lo opuesto, según lo que hemos analizado en estos tres breves artículos. De lo que sí no tengo duda es de que auguraría el principio del fin del ICE (lo que persiguen desde el Combo Eléctrico) y garantizaría el encarecimiento de los precios para casi la totalidad de los usuarios, en beneficio de unos pocos, acelerando la desigualdad y la inequidad en el país y contraviniendo importantes principios constitucionales (Semanario Universidad, 22/01/2025).

1 Artículo 50: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”. Artículo 74: “Los derechos y beneficios a que este Capítulo se refiere son irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la ley; serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción, y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional”.

2 La Ley 7200 ha garantizado sobre precios para los generadores privados durante 24 años, por ejemplo, “La CGR estimó que las sumas estimadas giradas de más por compra de energía a privados a mayo de 2019 eran de $23,8 millones solo entre 2017 y 2019.” Fuente: https://semanariouniversidad.com/pais/ice-ha-pagado-casi-%C2%A21-9-billones-a-generadores-privados-por-compras-de-electricidad/#:~:text=Entre%201989%20y%202021%20el,a%20estas%20empresas%20y%20cooperativas.

La soberanía nacional y el Estado Nacional, ¿en peligro?

Movimiento Patriótico por Costa Rica Soberana

La aprobación de la ley 9635, “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, aprobada 3 de diciembre de 2018, entrada en vigencia el 1 de julio de 2019, sienta las bases para la aplicación de la fiscalidad (Consenso de Washington) regresiva, antipopular, contra la estructura del Estado Social de Derecho y de los Servicios Públicos, principalmente en contra de sus principales e icónicas instituciones autónomas y públicas, que son altamente productivas y rentables, solo que su riqueza no se acumula en las pocas manos de empresas particulares, sino es distribuida entre toda la población en lo que se podría denominar capital social, altamente solidario, por tanto, opuesto a la competencia de mercado, ésta sí altamente individualista, que acumula, concentra y centraliza sus utilidades, riqueza, que se extrae del trabajo humano.

La teoría del estado mínimo tesis del neoliberalismo (Hayek, 1938), se empieza a configurar y aplicar desde el decenio de los noventa del siglo XX, (Ley de cogeneración eléctrica, tercerización de los servicios de vigilancia, mantenimiento y limpieza, mensajería, remesas bancarias, entrega de recetas, servicios secretariales en los Ebais, entre otras).

El Tratado de Libre Comercio, TLC, en 2007, la metodología para su puesta en funciones se confirma con la ley 9635 citada, consolida el proceso neoliberal, que permitirá con la estructura jurídica creada, generar otras leyes que continúan desmantelando, destruyendo y socavando los contrapesos que han resistido la avalancha neoliberal; nos referimos a las organizaciones sindicales y sociales, en particular del sector público, con gran mayoría de la denominada clase media, así por ejemplo leyes tales como la de Empleo público, las jornadas 4-3, la ley Anti huelgas, la regla fiscal.

En el presente, están promoviendo la ley de Armonización del Sistema eléctrico, que es una reedición del “Combo del ICE” del año 2000, la venta del Banco de Costa Rica, del Consejo Nacional de la Producción-CNP, la Fábrica Nacional de Licores-Fanal-El Instituto Nacional de Seguros-INS- que como se puede notar contribuyen al erario del Estado en sumo grado.

Los poderes del Estado, sus organismos auxiliares y la Constitución Política

Con el control, mediante la ley 9635 y su regla fiscal y las leyes anti laborales, el gobierno actual ha logrado debilitar la movilización popular, la protesta y mediante la utilización de un discurso contra la clase trabajadora, de manera particular del sector público, fuerte contingente de la denominada clase media, como apuntamos líneas arriba, lanzando una serie de epítetos engañosos, considerando a dicho sector como la causa de todos los males económicos, financieros y sociales que enfrentan las familias más pobres del país, con un afán de dividir el movimiento popular y desplazar esa fuerza laboral al sector privado, desarticulando los servicios públicos esenciales para el desarrollo social, que caerán en manos privadas.

Con la ley Jaguar, el gobierno actual pretende, mediante una nueva constitución, desplazar la actual, romper y debilitar la estructura de la división de poderes, convertir a la Asamblea Legislativa en un instrumento bajo el control presidencial, igual que el poder judicial; los órganos auxiliares tales como la Contraloría General de la República, Procuraduría, Defensoría de los Habitantes, jugarían un papel secundario sin poder de vigilancia ni control. El ataque sistemático al Sector primario de la economía, con el fin de que desaparezca, (arroceros, cafetaleros, ganaderos-areteo-), ha sido una política del gobierno.

Como corolario de lo anterior, con la llegada al poder de Donald Trump y en concreto la visita del secretario de Estado Marco Rubio, desaparece la poca credibilidad de gobierno en democracia y soberanía nacional. El presidente Rodrigo Chaves R, acoge, de forma indecorosa, los planteamientos del enviado de la Casa Blanca, que incluye medidas de coerción a funcionarios que negocien con la República Popular China, en especial en el caso Hawei y 5-G, en un escenario muy particular, el asunto de la “ciberseguridad”; oprobiosa postura, que además de impositiva, violenta la soberanía del país.

En línea con lo anterior el cuadro se completa con la anulación de visas a dos legisladoras nacionales, por parte del gobierno de los Estados Unidos. Esto representa una afrenta diplomática, una intromisión en los asuntos internos de las naciones y rompe con el principio de autodeterminación de los pueblos, además, para Costa Rica, representa una flagrante violación a nuestro principio de país pacífico y pisotea la proclama de Neutralidad perpetua activa y no armada de Costa Rica, dado que dichas iniciativas y otras como la fabricación de microchips, (tecnología para la guerra), que puede generar conflictos y deriven en bélicos, aunque inicialmente se presente como fabricación tecnológica para el desarrollo económico nacional.

Exhortamos a la ciudadanía costarricense a manifestar su descontento y desaprobación, ante la blanda y laxa posición asumida por la presidencia de la República, ante las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, así como las negociaciones para la instalación de fábricas de los microchips y por la anulación de las visas a dos diputadas de la república de Costa Rica.

A las señoras diputadas reiteramos nuestra admiración por su valentía y gesto soberano, ante lo ocurrido.

Instamos a nuestra Asamblea Legislativa, como primer poder, a tomar medidas para que lo anterior sea revertido, es una vergüenza a nivel nacional e internacional el grado de sumisión en que ha caído el gobierno de la república. “Sepamos ser libres, no siervos menguados, derechos sagrados la patria nos da” (Himno al 15 de septiembre de 1883, letra de Juan Fernández Ferraz, música de José Campabadal y Calvert).

P/ Movimiento Patriótico por Costa Rica Soberana:

Mainier A. Barboza Soto, Gerardo Quirós Jiménez, Fabio Villalobos Campos, Rafael A. Sánchez Rojas, Luis Alberto Rojas Fallas, Juan Rodolfo Leiva Peña, Alexander Cortés Campos, Bernardo Corrales Briceño, Francisco Cordero Gené.

El presidente Trump, ¿realidad inevitable?

Vladimir de la Cruz

No podemos negarnos a no ver la realidad. El presidente Trump es una realidad. El presidente Trump ha movido el mundo político, el mundo geopolítico, el mundo comercial y de las transacciones, el mundo militar y bélico, donde se encuentran importantes conflictos militares que alteran, en muchos aspectos la paz mundial deseada y la seguridad internacional también ansiada, el mundo de los migrantes, y el mundo geográfico, entre otros aspectos de su agenda presidencial.

En el mundo político porque se presenta, como bien lo ha llamado uno de sus representantes diplomáticos en Europa, el nuevo Sheriff mundial, obligado a mantener el orden y la aplicación de sus propias sentencias o decisiones ejecutivas, para mantener la paz, como también se pinta él mismo, en su comarca, como lo hacían antiguamente los representantes de la realeza inglesa, solo que él ve su comarca como todo el planeta. Su plantón como Sheriff no se ha hecho esperar en distintos escenarios: América Latina, Centroamérica, Medio Oriente, Europa y la República Popular China.

En el mundo geopolítico porque sus decisiones alteran las situaciones de la propia presencia de los Estados Unidos en organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, OMS, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, donde ha amenazado con retirarse y donde ha obligado a que sus socios militares asuman un papel más beligerante, en el mantenimiento financiero de esa organización militar. También por sus amenazas de ocupar militarmente Panamá para apropiarse del Canal de ese país, o de apropiarse de la Franja de Gaza para impulsar allí, expulsando a su población palestina a los países vecinos, un importante proyecto turístico, comercial e inmobiliario, o por la imposición que está haciendo sobre Ucrania para apropiarse de las llamadas “tierras raras”, exigiéndolas como compensación por las millonadas de dólares que le han dado para su actividad militar en el conflicto ruso ucraniano. También por declarar que Groenlandia y el Artico, el Polo Norte, son parte de su seguridad nacional, enfrentándose a Dinamarca y Rusia, que han hecho valer sus derechos internacionales y soberanos en esas regiones.

En cuanto a su relación con la Rusia capitalista, del presidente Putin, no está muy clara aún, de cuál es el papel geopolítico que quiere jugar. Pero, señalar de manera muy clara, como lo ha afirmado recientemente, que Rusia no es la culpable de la guerra de Ucrania y que Zelenski, el presidente ucraniano, es un dictador que gobierna sin procesos democráticos, y que en Europa no hay un buen ejercicio de libertades, especialmente de expresión o de prensa, ha provocado una reacción muy fuerte de algunos de los presidentes europeos, moviéndoles las entrañas a los otros.

En el mundo comercial y de las transacciones internacionales por cuanto exige, desde su punto de vista, modificar cualquier relación de intercambio comercial que tengan los Estados Unidos, de manera que su balanza comercial de pagos les sea favorable. Así se ha enfrentado a sus países fronterizos, Canadá y México, y amenaza suspender Tratados Comerciales con algunos países, como Nicaragua. En este caso, me parece que no altera en nada al Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana, porque este Tratado se discutió país por país con Estados Unidos, y luego se unieron los tratados aprobados en un solo documento.

República Dominicana se unió seis meses después de que lo habían aprobado los países centroamericanos. Así, siendo un tratado entre dos partes, si una lo quiere modificar o salir del mismo, inicia su proceso legal para dar por terminado ese tratado o dejarlo inactivo. En este caso si Trump rompe su Tratado Comercial con Nicaragua, no altera en nada los tratados firmados por los otros países en el marco de ese Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana.

En el mundo militar y bélico por cuanto desde antes de asumir la presidencia de los Estados Unidos, siendo candidato, ya había advertido que él terminaría con la guerra de Ucrania. Sus decisiones en este sentido, y sus reuniones con Rusia, sin tomar en cuenta a Ucrania y a la Unión Europea en las conversaciones orientadas a acabar con el conflicto, parecieran orientarse a acabar con la guerra en pocas semanas, y quizá le den el Premio Nobel de la Paz por ello. Si se lo dieron a Obama, sin saber por qué se lo dieron, perfectamente se lo pueden dar a Trump por este acuerdo que conduzca a acabar con este nudo bélico militar. Según Trump si Ucrania en tres años de conflicto no buscó la paz en un proceso de negociación no tiene por qué hacerlo en este momento, en la iniciativa que él propone.

En el mundo de los migrantes porque está imponiendo, como un gran negocio, la expulsión y devolución de migrantes, de Estados Unidos a otros países, independientemente de las regiones de su procedencia. El negocio es la trata de migrantes, como se realizó en el pasado la trata de negros, o la trata de blancas, como se les ha llamado a los negocios de comerciar esclavos negros o mujeres y niños, que también son objeto de ese negocio.

Hoy es el negocio de la Trata de Inmigrantes, del cual Costa Rica no ha escapado de las políticas comerciales de Trump en ese sentido. Primero, por la imposición y sometimiento del gobierno a las decisiones de Washington, en lo comercial, en lo político y, ahora, con los migrantes.

En un país como Costa Rica, con una imagen de narco Estado, con un narco gobierno que lo dirige, no es de extrañar que la trata de inmigrantes sea parte de este proceso de negociaciones entre grupos mafiosos, que hacen, desde el gobierno, fuera de él y con el gobierno, un gran negocio comercial y económico con las migraciones, tan solo con su traslado, pero también con el mantenimiento que hay que darle a esos grupos de migrantes, más allá del apoyo que disfrazadamente pueda dar la Comisión Internacional de Migraciones.

En el mundo geográfico Trump ha provocado un sismo de denominaciones y de reconocimientos geográficos. El más importante, por su impacto regional en el continente americano, es el de denominar al Golfo de México, que es un mar semicerrado del Atlántico Norte, como Golfo de América, situación que ya ha tenido sus impactos internacionales por cuanto ya ha empezado a reconocerse de esa manera, en organismos que tienen que ver con esos reconocimientos, partiendo de que los países son los que denominan sus territorios y extensiones.

Cuando Trump señaló esa denominación en su primera reacción fue decir que el nombre Golfo de México alcanzaría solo la plataforma marina, que es una región o zona que se proyecta hasta donde se producen las profundidades marinas a más de 200 metros. Sin embargo, los países, entre ellos Estados Unidos tiene una proyección mayor sobre la llamada Zona Marítima, que internacionalmente reconoce aguas interiores, costeras, el mar territorial, el lecho y subsuelo como el espacio aéreo sobre esa zona marítima, que también se entiende como una zona económica, la plataforma continental y de alta mar que alcance hasta 200 millas. Esta zona marítima terrestre es parte del patrimonio nacional de cada Estado y por ello también se considera inalienable e imprescriptible. Son las áreas del océano sujetas al poder de la autoridad estatal que así las defina.

En cuanto a la denominación que han hecho Trump, que se le reconoce por parte de algunos organismos de proyección internacional, probablemente provoque discusiones de límites marítimos entre Estados Unidos, México y Cuba.

La definición del Golfo de América que ha hecho Trump incluye las aguas que tocan sus costas, “proyectándolas” a todas las costas de lo que se ha llamado Golfo de México, que incluye las costas mexicanas, aunque esto ya lo están cuidando en la elaboración de los nuevos mapas con esta denominación, fragmentando el conocido Golfo de México en dos, el “Golfo de América” con proyección de las costas de los Estados Unidos y el “Golfo de México” con la proyección de las costas de México. En cuanto a la proyección de las costas solo de los Estados Unidos, y no solo de los Estados Unidos Mexicanos, como se llama oficialmente México, se incluyen las llamadas zonas del Mar Territorial, la Zona Contigua, la Zona Económica Exclusiva y la Plataforma Continental, aspectos que ha alterado la nueva denominación que ha impuesto Trump.

En el caso costarricense tenemos alrededor de 52.000 kilómetros cuadrados de superficie terrestre, pero por poseer la Isla del Coco, como parte de nuestro territorio, tenemos un mar territorial y una zona exclusiva de 550.000 kilómetros cuadrados. En el caso costarricense tenemos para la información del querido lector, de acuerdo, a la profundidad del mar, la zona litoral que es la línea de costa tanto en el Pacífico como en el Caribe, la zona sublitoral que alcanza hasta los 200 metros, la zona batial que comprende de los 200 a 3000 metros de profundidad, la zona abisal que alcanza las profundidades de 6000 metros y la zona hadal que va más allá de los 6000 metros. A esto agregamos los conceptos que usamos para la administración y regulación con la finalidad de conservación o preservación, como regiones protegidas. También se tienen los conceptos de aguas costeras, aguas abiertas, aguas profundas, las áreas de los arrecifes de coral. Como zonas de navegación también hay denominaciones que se conocen como la zona ilimitada, que incluye todas las aguas navegables, la zona de navegación hasta un máximo de 60 millas de la costa, la zona de navegación hasta un máximo de 25 millas de la costa, y la Zona de navegación hasta un máximo de 12 millas de la costa. Sobre todo, este espacio Costa Rica ejerce su soberanía y control.

Recordemos que el Golfo de México se denominó de esa manera en 1550, antes de que existieran los actuales Estados Unidos, y que se establecieran en la costa este de América de Norte los colonos ingleses, que con su separación de Inglaterra llegaron a constituir los Estados Unidos de América, como realmente se define la nación estadounidense. Igualmente, su nombre se asocia a la presencia de la cultura autóctona mexica, que se desarrolló en el Valle de México en los siglos XIV, XV y XVI, siendo la cultura dominante a la llegada de los españoles.

El nombre de México seguirá usándose para los mexicanos, centroamericanos, caribeños y latinoamericanos, salvo que sus gobernantes, por imposición de Trump, los obliguen a referirse de la nueva manera, aunque la plataforma de búsqueda electrónica Google haya cambiado el nombre a Golfo de América.

Hay que estar atentos a que en los planes educativos del Ministerio de Educación no se use esa nueva denominación, que ha impuesto Trump para el Golfo de México.

La denominación que impuso Trump alcanza hasta las aguas que limitan con Cuba y México. La razón de Trump para cambiar el nombre ha sido la de que es parte de la fortaleza, la grandeza y la vitalidad económica de los Estados Unidos. También ha tomado en cuenta que de la superficie total de las aguas del Golfo de México, que es de alrededor de 1.5 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales Cuba tiene una proyección de un 7%, México un 33% y lo Estados Unidos un 60%. Probablemente Trump quiera proyectar su extensión sobre el Golfo de México a la llamada Sonda de Campeche que es una de la regiones más importantes de petróleo dentro de la Zona Económica Exclusiva de México, que podría verse amenazada por la nueva denominación que hace Trump del Golfo de México.

La modificación que ha hecho Google es solo para los usuarios de los Estados Unidos, porque así lo impuso Trump para las agencias federales de esa nación.

No conozco todavía si la Comisión de Nombres Geográficos, de las Naciones Unidas, que es la que supervisa oficialmente, a nivel internacional, los nombres y sus cambios de los accidentes geográficos, como es este caso del Golfo de México, ha aceptado los cambios impuestos por Trump.

En los mapas continentales debiera empezar a utilizarse las denominaciones: Estados Unidos de América, Estados Unidos Mexicanos, República Federativa de Brasil, para señalar que son repúblicas constituidas por varios estados bajo un mismo modelo político federal. Así se evita que, en el caso de México, y de los actuales Estados Unidos, la imagen que se usa de “Estados Unidos de América”, comprenda a todos los Estados del continente. No vaya a ser que a Trump se le ocurra ampliar sus horizontes…

Del monroísmo al trumpismo, ¿una nueva Doctrina del Imperialismo en el siglo XXI, The Donroe Doctrine?

Vladimir de la Cruz

Eran los días finales del colonialismo español en América, cuando en el Caribe el quinto presidente desde su Independencia, quien había participado en las luchas de la separación de las colonias británicas en el norte de América. Le tocó debatirse entre el esclavismo y el abolicionismo que se daba en el expansionismo hacia el oeste de las 13 colonias.

La esclavitud se había afincado en los estados sureños, con una economía basada en la producción de algodón. La expansión hacia del oeste se hacía de manera equilibrada, un estado en el sur, otro en el norte, para garantizar equilibrio en el Senado, señalando el paralelo 36°30′ N como la frontera de la esclavitud entre los estados en desarrollo.

La lucha anticolonial española y por su independencia facilitó que España no pudiera defender los territorios de la Florida, que había sido invadida por colonos ingleses, por lo que terminaron los españoles vendiendo la Florida por 5 millones de dólares.

El dilema para la naciente Federación Americana era el reconocimiento de las naciones independientes de Hispanoamérica, en el período 1817-1825, cuando el presidente James Monroe ejercía su mandato. España se debatía en la restauración absolutista. La Constitución de Cádiz de 1812, que había sido suspendida entre 1814 y 1820, de nuevo había sido establecida este año.

Para el presidente Monroe, España no estaba en condiciones, como efectivamente sucedió, de recuperar sus colonias, por lo que impulsó misiones diplomáticas hacia Chile, Argentina, entonces llamada La Plata, Perú, México y la Gran Colombia, de acercamiento político y económico.

En los días iniciales de la lucha independentista latinoamericana, el imperio inglés enfrentó a España, en 1806 y 1807, en el Virreinato del Río de la Plata, tratando de segregarlo de España. Inglaterra en esos años vivía un período de guerras con España, prolongado desde 1804 hasta 1809, aprovechado por Napoleón para su invasión en España desde 1808 hasta 1814, que enfrentó también a Inglaterra con Francia.

En este contexto geopolítico, Inglaterra consideraba los territorios de Hispanoamérica, desde una perspectiva estratégica y de gran importancia económica. La invasión inglesa en el Virreinato del Río de la Plata en 1806 permitió la ocupación de Buenos Aires y en 1807 la de Montevideo.

Inglaterra, desde esta perspectiva, a pesar de haber perdido sus 13 colonias, disputaba territorios con España, Portugal y Francia. Cuando no pudo dominar las regiones, las reconoció en época independiente, lo que llegó a preocupar a los Estados Unidos.

Inglaterra desde el siglo XVIII había visualizado a Sur América como un objetivo para desarrollar colonias, lo que facilitó en este mar de contradicciones que Francisco Miranda actuara ante Inglaterra buscando apoyo para la lucha emancipadora de las colonias españolas.

Las invasiones inglesas contribuyeron al desarrollo de la Revolución de Mayo, de 1810, en Argentina, replanteando la estrategia inglesa sobre la región. La división del imperio colonial español, Inglaterra quería aprovecharla en su beneficio económico, lo que fue obstaculizado por el embargo estadounidense a productos ingleses que impuso hacia 1812, que no pudiendo dominar los territorios facilitaron financiamiento para las luchas independentistas.

Frente a ese interés británico, que seguía existiendo, el presidente Monroe elaboró su estrategia para evitar que los europeos no pudieran invadir el continente ni desarrollar otras colonias. Así, lanzó su frase “América para los americanos” de manera ambigua, insinuando la defensa de los procesos de independencia que ya eran exitosos y los que todavía estaban en marcha de las colonias hispanoamericanas, al mismo tiempo que proyectaba la exclusividad de la presencia de los Estados Unidos, de manera dominante, en el continente americano.

Así surgió lo que se ha conocido como la Doctrina Monroe, que ha justificado la intervención directa de los Estados Unidos en diversos lugares del continente, desde que así fue lanzada esa frase en 1825.

América Latina aun así, desde el siglo XIX, ya independientes la mayoría de sus regiones y países, fue intervenida por ingleses, españoles, franceses, alemanes y por los dinamarqueses, que desde aquel siglo se apoderaron de Groenlandia.

Una respuesta inmediata a estas políticas imperialistas y neocolonialistas de inicios del siglo XIX, fue la convocatoria del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, orientado a tratar de lograr la unión de los nuevos estados independientes, en una gran Confederación. El Congreso fue convocado por Simón Bolívar el 7 de diciembre de 1824, cuando estaba en Lima, Perú.

En el Congreso de Panamá estuvieron presentes Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, representadas por la República Federal de Centroamérica, ya existente desde 1824, México y Perú. Las Provincias Unidas del Río de la Plata, Chile y el Imperio del Brasil, no mostraron interés en participar. Gran Bretaña y los Países Bajos participaron con un observador. Las Provincias Unidas del Río de la Plata y Bolivia no participaron por problemas internos y contradicciones políticas que enfrentaban. Tampoco Chile porque su gobierno no simpatizaba con Bolívar. Los Estados Unidos no se hizo presente por presión de los estados sureños esclavistas. Paraguay no fue invitado al Congreso por el aislacionismo que impulsaba su presidente Gaspar Rodríguez de Francia. Del Congreso de Panamá, en los años siguientes se desarrolló el panamericanismo.

Inglaterra aprovechó su presencia para fortalecer acuerdos comerciales.

La Doctrina Monroe facilitó de esa manera el expansionismo de los Estados Unidos, que amplió sus fronteras hacia el oeste y limitó la intervención europea en el continente.

La preocupación de los Estados Unidos, después del Congreso de Viena, 1814-1815, en Europa, era el resurgir de los imperios coloniales proyectados en Hispanoamérica, cuando las monarquías de Prusia, Austria y Rusia, que formaban la Santa Alianza simpatizaban con la idea de que España fortaleciera sus dominios en América donde estaba debilitada por los procesos de independencia. De igual modo, la Doctrina Monroe neutralizó las acciones políticas de la Santa Alianza y a la misma Inglaterra.

A la Doctrina Monroe, como gran correlato, como complemento, se desarrolló en los Estados Unidos la llamada Doctrina del Destino Manifiesto, que justificó su expansión por toda la parte norte del continente, considerando que los Estados Unidos era una “nación elegida”.

Así, en el contexto de la Doctrina del Destino Manifiesto se dio la guerra de Estados Unidos contra México para anexar, por la vía del robo, la ocupación y compra, los territorios de Texas, California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Colorado, desde la década de 1840. Justo en la incorporación de los territorios de Texas y Oregón el entonces presidente James Polk revivió la Doctrina Monroe, como se validó esa doctrina en los avances filibusteros en Centroamérica en la década siguiente.

La esencia de la Doctrina Monroe también descansaba en mantener la idea de que ninguna potencia europea tuviera más influencia y dominio que la de Estados Unidos en la región, aspecto que el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, agita constantemente enfrentando especialmente la presencia de la República Popular China.

Se dio también la presencia de los filibusteros norteamericanos en Centroamérica, llegados a Nicaragua en 1855 y expulsados de Centroamérica en 1857, con intentos posteriores de regresar hasta que su líder William Walker fue fusilado en Honduras en 1860. En esta década Estados Unidos se proyectaba dominantemente sobre República Dominicana, pretendiendo el control de la Bahía de Samaná.

En el siglo XIX Estados Unidos con sus políticas de las Doctrina Monroe y del Destino Manifiesto no pudo impedir la presencia de potencias europeas de la época en el continente, Inglaterra en la Malvinas, en 1833, Francia en Argentina en 1839 y 1840, Inglaterra y Francia en el Río de la Plata, desde 1845 hasta 1850, España en República Dominicana desde 1861 hasta 1865, Francia en México desde 1862 hasta 1867, y la ocupación inglesa de la Mosquitia caribeña y de la región de la Guayana en Venezuela, en la zona de Esequiba, desde 1855.

En 1880 el Caribe y Centroamérica se consideraban parte de la región de influencia exclusiva y casi única de los Estados Unidos, como lo esbozó el presidente de los Estados Unidos, Rutherford Hayes, cuando dijo: “«Para evitar la injerencia de imperialismos extra continentales en América, los Estados Unidos deben ejercer el control exclusivo sobre cualquier canal interoceánico que se construyese», diseñando su proyección en el Canal de Panamá, cuando apreciaba la salida de los franceses de esa región. Roosevelt en 1904 igualmente afirmó que ante la amenaza de algún país europeo que pusiera en peligro los intereses de los Estados Unidos, estaban en la obligación de intervenir en ese país para “reordenarlo” restableciendo los derechos y el patrimonio de sus empresas. El presidente Trump no ha ido muy lejos en su lenguaje al referirse de cómo recuperar el canal de Panamá, incluso amenazando con una intervención militar, ni tampoco ha estado lejos cuando somete a los actuales presidentes centroamericanos a una alianza con su gobierno, señalándoles las ventajas de esa relación, como hizo el vicepresidente Vance con el presidente de Costa Rica, que lo llamó su aliado más seguro contra la presencia de la República Popular China.

A partir de Roosevelt, al inicio del siglo XX Estados Unidos impuso una nueva era de colonialismo y de intervencionismo político y militar directo de gran escala en todo el continente y donde tuviera necesidad.

Igual fue la guerra Hispanoamericana desde 1898, con la intención de apoderarse de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas.

Parte de este proceso fue intervenir en la separación de Panamá de Colombia para impulsar la construcción del Canal de Panamá y apropiarse de ese país.

La Enmienda vigente hasta 1934, impuesta por los Estados Unidos a Cuba en 1901, como apéndice a su Constitución Política, la de Cuba, le dio facultades para una ocupación militar imponiéndole restricciones soberanas, dándole control sobre la política interna, la externa y la económica de la Isla. De allí surgió la imposición de la Base Naval militar de Guantánamo desde 1903.

A finales del siglo XIX se desarrolló la fase económica superior del capitalismo, el imperialismo, cuando el desarrollo de la revolución industrial condujo a una lucha por la apropiación y control de áreas de materias primas estratégicas, de regiones de mano de obra barata y de países donde colocar los productos de esa forma elaborados. Empresas de nuevo tipo se desarrollaron, carteles, monopolios, oligopolios, trusts. El núcleo fundamental de este desarrollo y la disputa por las áreas de materias primas fue el desenlace de la I Guerra Mundial.

De esta guerra salió fortalecido los Estados Unidos. También surgió la primera república socialista soviética, con la Revolución Rusa de 1917, marcando a partir de entonces el siglo XX como el siglo del enfrentamiento Capitalismo-Socialismo, situación que llegó hasta 1991, con la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que habían surgido como federación en 1922.

Con el desenlace de la II Guerra Mundial, a su término, se constituyó un Sistema Mundial Socialista en el cual una docena de países europeos se sumaron a la construcción política socialista, fortaleciendo más esa división internacional ya surgida y desarrollando nuevos niveles de contención contra el avance del socialismo y el comunismo. A ello se sumaba la lucha de la revolución China, la independencia de la India y el desarrollo de las luchas anticoloniales a nivel mundial, que caracterizaron las décadas siguientes a la II Guerra Mundial, de manera que en 1945 la constitución de las Naciones Unidas tuvo 52 países fundadores y hoy tiene 193 países, la inmensa mayoría surgidos de la lucha anticolonial.

El fracaso de la construcción francesa del Canal de Panamá fue aprovechado, en esas nuevas condiciones internacionales, lograda la Independencia de Panamá de Colombia, en 1903, de visualizar por parte de los Estados Unidos, de nuevo, la construcción del Canal en el istmo centroamericano. Hoy se plantea en boca del presidente Trump la necesidad de controlar al 100% la administración del Canal y de mantener nuevamente la zona de exclusividad territorial que tenían antes de 1999, como de ejercer el control administrativo de los cinco puertos que gravitan alrededor del Canal, para ejercer igualmente el control de las tasas de pago por el paso del Canal.

Ese territorio fue controlado por Colombia, desde que Panamá se independizó en 1821 de España, inmediatamente porque se agregó a la Gran Colombia, hasta que en 1903, Panamá se independizó de Colombia.

El interés por la construcción del Canal, en Panamá, lo tuvieron Francia y los Estados Unidos. Francia intentó construirlo en 1881, fracasando por una serie de problemas empresariales y por la ingeniería diseñada. Los Estados Unidos empezaron a participar en el proyecto de la construcción del Canal, en 1904, recién declarada la separación de Panamá de Colombia.

El 3 de noviembre de 1903 se dio la separación panameña de Colombia, con apoyo de los Estados Unidos y del presidente Theodore Roosevelt, que firmó el Tratado Hay-Bunau Varilla que facilitó la construcción del Canal que se inauguró el 15 de agosto de 1914.

Con este Tratado Estados Unidos le impuso a Panamá los derechos posesorios a perpetuidad del Canal con una zona de ocho kilómetros a ambos lados del canal, bajo su dominio, a cambio de un pago de 10 millones de dólares y de una renta anual de 250.000 dólares. Consecuencia de los cambios operados con la derrota del nazifascismo en la segunda II Guerra Mundial, Estados Unidos hizo de esa zona un emplazamiento de bases militares para un mejor control político de los países latinoamericanos, estableciendo allí el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, que tenía que velar por la planificación de contingencia, operaciones, y la cooperación de seguridad para América Central y del Sur, el Caribe

El Tratado Hay-Bunau Varilla fue firmado por el francés Phillippe Bunau y John M. Hay, ninguno de ellos panameño. Bunau lo hizo en nombre del gobierno naciente en 1903, de Panamá. John M. Hay era el Secretario de Estado de los Estados Unidos. A Bunau se le nombró luego Ministro Plenipotenciario de Panamá en Estados Unidos.

Con el inicio del siglo XX se desarrolló por parte de los Estados Unidos la Doctrina del Gran Garrote, The Big Stick, impulsada por el presidente Theodore Roosevelt, 1901-1909, quien dirigía el Departamento de la Armada, durante la guerra hispanoamericana, 1898-1902, que le dio control sobre Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam.

La Doctrina del Gran Garrote fue dominante en la política exterior de los Estados Unidos hasta 1939. Esta doctrina se impuso en las relaciones internacionales de los Estados Unidos, especialmente en el Caribe.

El presidente Roosevelt hizo circunnavegar el mundo con la llamada Gran Flota Blanca para mostrar el poderío de la nación norteamericana, y ponerla a jugar un papel en la finalización de la guerra ruso japonesa, que le valió el Premio Nobel de la Paz.

La Doctrina del Gran Garrote se caracterizó por justificar que los Estados Unidos podían intervenir en cualquier parte del mundo para defender sus intereses, lo que le justificaba incluso intervenir en asuntos internos de los países.

La Doctrina de Gran Garrote se proyectó principalmente en los países latinoamericanos y especialmente del Caribe. El Gran Garrote era por el fortalecimiento naval que tenía. Todavía la aviación militar ni comercial se había desarrollado. A ello acompañaba el papel del control que tenía o que podía influir de los medios de comunicación, de los periódicos, de la opinión pública, que cobraban auge.

En el Caribe y en Centroamérica la política del Gran Garrote se complementó con el desarrollo de las grandes inversiones monopólicas, especialmente en el campo de la agricultura como fue el de las plantaciones bananeras, que con la constitución de la United Fruit Company, en 1899, por el peso e influencia que tuvo en la vida política interna de las naciones centroamericanas, les dio apellido, paternidad y maternidad, las Bananas Republics o Repúblicas Bananeras, donde esta empresa ponía y quitaba presidentes, ponía y quitaba dictadores y militares gobernantes, controlaba Congresos legislativos y Cortes Supremas de Justicia.

La presencia de estas empresas y de la política del Gran Garrote dio origen a los movimientos antiimperialistas en todo el continente americano, con mucha fuerza en las primeras décadas del siglo XX,

En su diplomacia del Gran Garrote, el presidente Roosevelt además de sus fortalezas militares, le daba importancia a las relaciones diplomáticas y al cuidado con sus interlocutores de manera que en su relación no parecieran derrotados, debilitados o sometidos ante él.

La nueva política de dominación de Trump no se distancia en nada de sus antecesores, en la conceptualización de dominación mundial que quiere ejercer. La doctrina Monroe fue un diseño de una visión global de dominación.

La Doctrina de Gran Garrote se hizo sentir en el Caribe desde diciembre de 1902 cuando Alemania, Inglaterra e Italia bloquearon el puerto de Maracaibo, en Venezuela, en que Estados Unidos les impuso un arbitraje ante el Tribunal de la Haya.

La derrota de España en 1898 por parte de los Estados Unidos rearticuló alianzas, en ese momento, de algunos países latinoamericanos con europeos.

Frente al intervencionismo norteamericano no hay posibilidad real de detenerlo si se quiere imponer por la fuerza en el continente americano. La alianza de Estados Unidos con Inglaterra, en 1982, con motivo de la ocupación inglesa de las Malvinas, puso en evidencia que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, de las naciones latinoamericanas, en la Organización de Estados Americanos, OEA, que no pudo invocarse a favor de Argentina, es letra muerte para la defensa de los intereses de los países de la OEA, si se ponen en juego los intereses imperiales.

La nueva política global de Donald Trump, de un nuevo Garrote, que marca gravemente sus intereses en sus relaciones internacionales, específicamente en el campo económico, de los tratados de comercio y de sus relaciones militares es un hecho real. Las visitas de sus enviados de gobierno, a modo de procónsules, tanto a países latinoamericanos como europeos, es muy clara. Se está con él o contra él. Se hace el mundo o se rehace bajo su visión, siguiendo a Lincoln de que la mejor esperanza de La Tierra es con los Estados Unidos.

Las políticas intervencionistas y militaristas fueron el sello de las relaciones internacionales de los Estados Unidos en el siglo XX y durante el siglo XXI, donde han continuado y se diseña actualmente el andamiaje de las relaciones internacionales bajo la “Doctrina Donroe”, la del bicentenario de la Doctrina Monroe.

 

Artículo publicado en la revista internacional MEER. Compartido con SURCOS por el autor.

El “proyecto jaguar” de la electricidad

Luis Paulino Vargas Solís

El proyecto de ley número 23.414, llamado de “Armonización del Sistema Eléctrico”, es, en realidad, un “proyecto jaguar” de la electricidad: tan chapucero como lo eran los “proyectos jaguar” del presidente Chaves y, por lo demás, un adefesio y un mamarracho similares.

Voy a sintetizarlo en 10 puntos:

1. Al modo de premisa de base, una precisión importante: el servicio de electricidad es de grandísima importancia estratégica: para el eficaz funcionamiento de la economía, para la promoción de formas equilibradas de desarrollo y desde el punto de vista de la calidad de vida de la población. Por lo tanto, es deseable y necesario que este sector se regule con base en políticas de Estado, o sea, políticas que den lugar a una planificación integral y de largo plazo, libre de influencias politiqueras cortoplacistas y sin intrusión de intereses privados localizados.

2. Puede que el sistema actualmente vigente no cumpla a plenitud con esas condiciones. Necesitamos mejorarlo, sobre todo para blindarlo de cualquier influencia politiquera cortoplacista, pero de ninguna manera se debe desmantelar, como se pretende en este proyecto.

3. Este proyecto tiene tres defectos fatales: subordina el desarrollo del sistema eléctrico a los antojos y ocurrencias del gobierno de turno; lo hace vulnerable a los intereses de las empresas privadas que participen en este negocio; y lo subordina a criterios de mercado, o sea, a criterios cortoplacistas de rentabilidad privada.

4. Los mecanismos de planificación que se incorporan son débiles, laxos e imprecisos. Se habla de “planificación indicativa” y a la hora de explicar qué se entiende por tal cosa, se recurre a la siguiente estratagema: a) explícitamente se indica lo que no es (artículo 13), definido de acuerdo con las mejores conveniencias privadas; b) pero cuando se trata de definir lo que sí es, se recurre a abstracciones vaporosas e inaprensibles, haciendo imposible saber de qué va realmente la cuestión.

5. Aparte la vaguedad, esa “planificación indicativa” viene a ser un gatito (que jamás un jaguar) destentado: nada obliga a los actores participantes en el mercado eléctrico a acatar lo que se “indique”, con lo que, al cabo, el asunto viene siendo “un saludo a la bandera”, una bocanada de humo en el viento. Las cosas quedan libradas a la voluntad, anónima y caótica, del mercado.

6. Una vez que se separa el grano de la paja, lo que tenemos es un sistema regido por criterios cortoplacistas de rentabilidad. Eventualmente esto provocaría un desarrollo desordenado proclive a la creación de sobrecapacidad instalada, que tendría indeseables consecuencias ambientales, y cuya salida presuntamente estaría en la venta a otros países centroamericanos…siempre que estos lo necesiten y quieran comprarlo (algo que nadie, a priori, puede garantizar).

7. No puede entonces descartarse que terminemos subsidiando a las empresas cuya producción, por excedentaria, carece de demanda. Pero es que, además, el sistema tarifario quedaría estructurado desde la determinación del costo marginal, en función, por lo tanto, del productor menos eficiente, generando o bien ganancias extraordinarias para quienes sean más eficientes o bien tarifas excesivas para las personas usuarias, o quizá ambas cosas. Porque si no se hace de esa forma, seguramente algunas inversiones resultarían redundantes y las empresas quebrarían.

8. Pero es que, además, la ley contempla, de forma explícita o solapada, diversos mecanismos de subsidio, que, de una u otra forma, impactarían sobre las finanzas públicas o sobre las tarifas que pagan las personas usuarias. Artículo 48: la capacidad contratada deberá pagarse, sea que se utilice o no.

9. Absolutamente nada en el proyecto garantiza universalidad del servicio ni equidad en el acceso y disponibilidad. De hecho, se desmantela el sistema de subsidios cruzados que, en su propio funcionamiento, incorpora estructuralmente el ICE, gracias a lo cual el servicio adquiere universalidad y llega a grupos sociales carenciados y a regiones alejadas, poco habitadas y empobrecidas. La preeminencia del criterio de rentabilidad privada hace imposible dar cumplimiento a este objetivo.

10. En correspondencia con lo anterior, las personas usuarias no tienen ninguna incidencia ni representación, como tampoco lo tienen entidades u organizaciones que aporten criterios técnicos y científicos independientes.

Sería una gravísima irresponsabilidad que esto se apruebe.

Como en una gran partida de ajedrez, el mundo asiste a un enfrentamiento en el que se juega su futuro

Gilberto Lopes
San José, 24 de febrero del 2025

E4 jugó Karpov, en la movida con que abrió la tercera partida del campeonato mundial de ajedrez de 1984. C5 respondió Kasparov, con una defensa siciliana, en la que sería su primera derrota en un enfrentamiento de titanes, resuelto después de 48 partidas, con un polémico triunfo de Karpov.

Era otro campeonato. El torneo hoy es otro. Como en una enorme partida de ajedrez, se mueven las piezas en la apertura de un juego en el que se definirá el futuro orden mundial, entre dos contendientes formidables: Estados Unidos y China.

Trump abrió con su primer movimiento en Riad, el pasado 18 de febrero, en la reunión de su Secretario de Estado, Marco Rubio, con el canciller ruso, Serguei Lavrov.

E4, mueve Trump

Los objetivos de Estados Unidos en la cita con Moscú fueron enumerados por Rubio al final del encuentro. El primero es normalizar las relaciones diplomáticas entre los dos países, que habían llegado a niveles prácticamente inexistentes, como lo describió hace meses Lavrov. La expulsión y la limitación de la actividad de los diplomáticos rusos, el cierre de consulados, la suspensión de todo contacto relevante entre las cancillerías de ambos países, entre otras medidas, habían reducido la relación a niveles sin precedentes. Para comenzar a normalizar esas relaciones decidieron renovar el nombramiento de embajadores e ir removiendo las limitaciones que se habían impuesto a las actividades diplomáticas y consulares de Rusia en Estados Unidos, respondidas con medidas recíprocas por Moscú.

Lavrov señaló que en la reunión no se discutieron aspectos en que los dos países mantienen posiciones discrepantes.

Lo segundo era discutir las bases para la negociación del fin del conflicto entre Rusia y Ucrania. Algo que, para los rusos, no es solo el fin de la guerra, sino un acuerdo sobre lo que perciben como las causas del conflicto: la expansión de la OTAN hacia el este, la violación de los derechos de las poblaciones rusas en Ucrania, el fin de un régimen al que acusan de neonazi, entre otras medidas.

Finalmente, una proposición de alcances mucho más amplios, de límites difíciles de precisar: explorar las posibilidades de cooperación, tanto en el terreno de los negocios como en materias geopolíticas.

«Si este conflicto llega a un final aceptable, existen enormes oportunidades de asociarnos con los rusos geopolíticamente en temas de interés común y, económicamente, en temas que permitan mejorar nuestras relaciones a largo plazo», dijo Rubio.

El presidente del fondo de inversiones ruso, Kirill Dmitriev, estimó en 300 mil millones de dólares las pérdidas de las empresas norteamericanas que abandonaron Rusia a raíz de las sanciones impuestas por Occidente desde 2014 y, principalmente, a partir de febrero del 2022.

Lavrov también expresó un gran interés “en reanudar consultas sobre problemas geopolíticos, incluidos conflictos en diferentes partes del mundo donde tanto Estados Unidos como Rusia tienen intereses y en eliminar los obstáculos artificiales para el desarrollo de una cooperación económica mutuamente beneficiosa».

Es una agenda que podría abarcar las más diversas esferas de las relaciones bilaterales, incluyendo las abandonadas negociaciones de desarme y que sentarían las bases para poner fin a las sanciones económicas impuestas a Rusia por Estados Unidos.

Naturalmente, el desarrollo de esta agenda está condicionado a un acuerdo para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, que deberá resolver situaciones delicadas, como la delimitación de nuevas fronteras entre los dos países, las garantías de seguridad exigidas por Ucrania, los costos de la reconstrucción del país y la suspensión de las sanciones económicas a Rusia.

Las afirmaciones de Trump, calificando a Zelensky de “incompetente” y expresando su frustración por la posición adoptada por Ucrania frente al encuentro de Riad, indican su poca disposición para considerar las demandas de Kiev. En todo caso, no serán solo las de Kiev, acuerpadas por una Unión Europea que, en todo caso, aun no sale de su asombro ante los cambios ocurridos en el escenario desde la llegada de Trump al poder.

Trump no lo tendrá fácil tampoco dentro de su propio país, donde deberá enfrentar oposición inclusive de republicanos que ven con reticencias su aproximación a Moscú.

Como dijo Fyodor Lukyanov, director de Investigación del Club de Valdai, uno de los principales académicos rusos sobre temas internacionales, esta guerra no es solo sobre Ucrania, ni siquiera sobre Rusia; es el resultado del colapso “del orden liberal mundial”.

El nuevo escenario ha despertado una gran ansiedad en Europa, donde en ninguna de sus principales potencias –Alemania, Francia e Inglaterra– los gobiernos cuentan con un escenario político o económico sólidos, sobre el que ofrecer una alternativa a sus aliados. Una ansiedad que deriva no solo del cambio en la política norteamericana, sino también en una “hostilidad de larga data hacia Rusia”, como recordó Zhang Hong, investigador del Instituto de Estudios de Rusia, Europa del Este y Asia Central de la Academia China de Ciencias Sociales.

Perfilando el medio juego

Como una “pesadilla” calificó el presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Christoph Heusgen, el resultado de la reunión de este año, que se celebró entre el 14 y el 16 de febrero. En lágrimas, terminó su intervención diciendo que el presidente Trump parece vivir “en otro planeta”. Se refiere a las relaciones establecidas por Estados Unidos con Europa, una de las bases del orden político mundial después de la II Guerra Mundial y de la Guerra Fría.

Un giro de 180 grados en esas relaciones fue anunciado por el vicepresidente J.D. Vance en su discurso ante la conferencia, con particular relevancia para las negociaciones sobre el conflicto en Ucrania.

Cuando todo es aún incertidumbre sobre la marcha de esas negociaciones, cuando resulta todavía imposible vislumbrar un acuerdo, o ver mejor perfilados los objetivos norteamericanos, me parece que lo más ambicioso es la propuesta de acuerdos geopolíticos y económicos.

En un artículo publicado el pasado 20 de febrero, Dimitry Trenin, investigador del Institute of World Economy and International Relations y miembro del Russian International Affairs Council (RIAC) llega a la conclusión de que Trump parece haber concluido que sus predecesores –Joe Biden y Barack Obama– hicieron cálculos equivocados, que terminaron por empujar Moscú a la órbita china. Un esfuerzo por revertir esa situación explicaría el acercamiento y la propuesta de acuerdos geopolíticos y económicos.

Pero Trenin dice algo más: Rusia no se hace ilusiones. Un acuerdo de cese al fuego puede estar siendo negociado, pero un acuerdo más amplio parece poco probable. Trump y su equipo parecen creer que Rusia, debilitada por la guerra, está desesperada por un acuerdo. “Eso es un error”, advierte. (El artículo de Trenin puede ser visto aquí: https://www.rt.com/news/612823-trenin-russias-long-term-play/)

El artículo de Trenin ayuda a ordenar algunas ideas. Una es la de que China es el verdadero objetivo de las políticas de Trump. Lo que está ocurriendo entonces es la puesta en marcha de una política que busca romper la alianza entre a Rusia y China, de aproximar nuevamente Moscú a Washington, de corregir el resultado de las políticas de Obama y Biden.

Si fuera así, se trataría de uno de los movimientos más atrevidos y ambiciosos en el escenario internacional. Un movimiento que pondrá a Putin frente al desafío político más importante de su vida política: elegir su lugar en la confrontación entre Estados Unidos y China, donde se definirán las reglas que regirán el escenario político mundial en las décadas venideras.

C5, responde China

En esta partida importa no solo oír lo que Beijing tiene para decir, sino también ver cuándo y cómo lo dice.

El movimiento siguiente en este tablero fue el encuentro de los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y China, el pasado 21 de febrero, en la reunión del G20 en África del Sur (a la que el Secretario de Estado Rubio prefirió no asistir).

El canciller chino, Wang Yi, había expresado en Sudáfrica la disposición de profundizar los acuerdos a que llegaron los jefes de Estado de los dos países.

Al cumplirse el tercer aniversario de la invasión rusa a Ucrania, Putin llamó a Xi, mientras los dirigentes europeos se reunían en Kiev con Zelenski y anunciaban nuevas sanciones a Rusia y renovadas ayudas militares a Ucrania.

China ha insistido en la necesidad de que todas las partes involucradas sean incluidas en las negociaciones en algún momento y que el conflicto en Ucrania se resuelva mediante el diálogo, “tomando en consideración la preocupación de todos los países por su seguridad y respetando la soberanía e integridad territorial de todos los países”.

Consultado sobre si a China le preocupaba que una resolución del conflicto en Ucrania permitiría a Estados Unidos concentrar más recursos militares en la región Asia-Pacífico, si le preocupaba que la paz en Europa pudiera facilitar un mayor despliegue militar norteamericano en Asia, el portavoz de la cancillería china, Guo Jiakun, afirmó que China ha explicado reiteradamente su postura sobre la crisis ucraniana: “esperamos que todas las partes colaboren para abordar las causas profundas de la crisis, establecer una arquitectura de seguridad equilibrada, eficaz y sostenible, y lograr la paz a largo plazo en Europa”, declaró. Una fórmula compleja, que no será fácil llevar a la práctica.

Al mismo tiempo subrayó que China siempre ha creído que la región Asia-Pacífico debe ser un terreno adecuado para el desarrollo de todos los países, en vez de convertirse en un escenario para la confrontación geopolítica de las grandes potencias.

Hablando la semana pasada, en una mesa redonda celebrada el viernes 14, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el ministro de Defensa de Singapur, Ng Eng Hen, afirmó que los supuestos asumidos en los años posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial “habían cambiado radicalmente”.

Desde la perspectiva asiática –agregó– Estados Unidos había dejado de ser percibido como una fuerza de “legitimidad moral” para ser percibido como algo parecido a “un casero cobrando un alquiler”.

¿Se reescribirá hoy el resultado de la formidable partida de 1984? Habrá que esperar su cierre.

FIN