SURCOS comparte el siguiente informe de la Contraloría General de la República:
La Contraloría General de la República emitió un informe al Ministerio de Hacienda, en relación con el proceso de gestión de la deuda y determinar si lo relativo a las políticas, estrategias, planes y formulación del presupuesto cumple razonablemente con el marco normativo y buenas prácticas aplicables. Se determinó que dicho proceso cumple parcialmente con estos aspectos. El período analizado está comprendido entre el 1 de enero del 2022 y el 01 de septiembre de 2024.
¿Por qué es importante gestionar la deuda?
El proceso de gestión de deuda ejecutado de manera responsable es un componente clave para garantizar la sostenibilidad fiscal y mantener la estabilidad económica y social, así mismo, para brindar mejores servicios públicos a la ciudadanía y contribuir al desarrollo del país. Esto permitirá a Costa Rica procurar alcanzar un nivel de endeudamiento óptimo y sostenible en el mediano plazo y financiar bienes y servicios públicos que mejoren la calidad de vida de la población.
Hallazgos relevantes
Falta de coordinación con el Banco Central de Costa Rica, para la aprobación de la Política de Endeudamiento y la Estrategia de Deuda de Mediano Plazo.
Inconsistencias entre la Política de Endeudamiento y el Marco Fiscal de Mediano Plazo en cuanto a la brecha de liquidez.
No se revisa la vigencia o necesidad de actualización de la Política de Endeudamiento.
No se estableció periodicidad de evaluación de vigencia de la Estrategia de Deuda de Mediano Plazo.
Falta de trazabilidad y comparabilidad en los datos de los documentos de deuda del Ministerio de Hacienda.
Se identificaron sobreestimaciones en el presupuesto 2025 de al menos ¢21 mil millones debido a utilización de supuestos incorrectos, como la contabilización de dos cupones de intereses por una eventual colocación de eurobonos en 2025 y utilización de tasa de interés desactualizada en la estimación de tres préstamos de deuda externa.
No se documentó el criterio técnico utilizado para establecer los topes máximos de tasas de interés de los títulos de deuda interna.
Esta segunda administración del presidente Donald Trump ha marcado un hito en la política exterior estadounidense. Por primera vez desde el final de la Guerra Fría, Washington está abandonando su papel de guardián del orden unipolar y aceptando la nueva realidad del sistema internacional: un mundo multipolar donde grandes potencias como Rusia, China o India desempeñan un papel central en la recomposición del equilibrio global. Este giro estratégico nos recuerda a la escuela realista de relaciones internacionales, donde el Estado y la soberanía nacional vuelven a ser los ejes primordiales de la política global.
Un aspecto clave de esta transformación es el desacoplamiento de EE.UU. respecto al Occidente político tradicional, entiéndase, de Europa y sus centros de poder clásicos. Durante décadas, Washington dirigió la agenda global en conjunto con sus aliados europeos, pero el nuevo enfoque geopolítico de la administración Trump pone en duda este alineamiento incondicional, lo cual tiene a los europeos con los nervios de punta. Estados Unidos prioriza ahora sus intereses nacionales y redefine sus alianzas en función de la competencia global con China y Rusia, en lugar de seguir sosteniendo el peso del sistema occidental en su conjunto.
Durante años, se sostuvo la idea de que la unipolaridad era un orden natural, propio del “fin de la historia”, pero en realidad se trataba de una anomalía histórica disfrazada de multilateralismo y libertad. No puede existir un mundo con un solo poder sin un contrapoder que lo limite o lo regule. La estabilidad requiere equilibrio, y la unipolaridad, al no tener frenos efectivos, generó desorden y conflictos interminables en distintas partes del mundo. La OTAN fue el brazo armado de ese (des)orden. Ahora, con el ascenso de otras potencias al escenario de la toma de decisiones, ese espejismo de dominio absoluto ha quedado atrás.
El actual secretario de Estado Marco Rubio, lo expresa con claridad en una entrevista el pasado mes de enero en el programa de Megyn Kelly:
“Y creo que eso se perdió al final de la Guerra Fría, porque éramos la única potencia en el mundo, y por eso asumimos esta responsabilidad de convertirnos en el gobierno global en muchos casos, tratando de resolver todos los problemas. Y están pasando cosas terribles en el mundo. Hay. Y luego hay cosas que son terribles que afectan directamente a nuestro interés nacional, y tenemos que priorizarlas de nuevo. Así que no es normal que el mundo simplemente tenga un poder unipolar. Eso no lo era, eso era una anomalía. Fue un producto del final de la Guerra Fría, pero eventualmente ibas a volver a un punto en el que tenías un mundo multipolar, múltiples grandes potencias en diferentes partes del planeta. Nos enfrentamos a eso ahora con China y, hasta cierto punto, con Rusia, y luego tienes estados rebeldes como Irán y Corea del Norte con los que tienes que lidiar”.
El reconocimiento de esta nueva realidad por parte de Washington plantea grandes incógnitas. Uno de los desafíos más relevantes es el de la desigualdad soberana, es decir, la brecha entre Estados en cuanto a su capacidad para ejercer plenamente su soberanía dentro del sistema internacional. En teoría, todos los Estados son iguales en términos de soberanía, pero en la práctica, las potencias pueden influir en las decisiones de los más débiles mediante presiones económicas, militares y diplomáticas. La multipolaridad no elimina esta desigualdad, pero sí redistribuye el poder entre varios actores, dificultando que una sola nación imponga unilateralmente su voluntad global.
Es evidente que los desafíos no desaparecerán, pero se abre la posibilidad de actuar desde una postura diferente a la hegemonía unipolar occidental. En la misma entrevista citada anteriormente, Rubio reconoce esta verdad. En sus propias palabras:
“Ahora más que nunca debemos recordar que la política exterior de Estados Unidos debe estar orientada a promover nuestro interés nacional y, en la medida de lo posible, evitar la guerra y los conflictos armados. En el siglo pasado, vivimos dos guerras mundiales que demostraron su alto costo. Este año se conmemora el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto de escala y destrucción sin precedentes. Hoy, el impacto de una guerra global sería aún más catastrófico, posiblemente amenazando la vida en el planeta. Y aunque pueda sonar exagerado, la realidad es que múltiples países poseen ahora la capacidad de aniquilación total. Por ello, debemos esforzarnos al máximo para evitar conflictos armados, pero nunca a expensas de nuestro interés nacional”.
Rubio deja entrever un cambio en la lógica estratégica de Estados Unidos; la guerra ya no es una opción sostenible en un mundo donde el equilibrio de poder se ha diversificado. Su declaración refleja el reconocimiento implícito de que la unipolaridad ha caducado y que la coexistencia con otros polos de poder es inevitable. En este contexto, las naciones que sepan moverse con pragmatismo y estrategia podrán aprovechar las oportunidades que ofrece un sistema más distribuido, sin quedar atadas a los dictados de una sola potencia.
Es contundente y queda claro, que la era del mundo dominado por una única superpotencia ha llegado a su fin. El modelo en el que Estados Unidos determinaba unilateralmente la política global sin restricciones externas ha colapsado, y Washington lo ha entendido. Europa hoy debe reinventarse, se encuentra sola y sin ese compañero que en los últimos treinta años fuera su amigo fiel. Ahora, el reequilibrio del poder global dependerá de la interacción entre múltiples actores, donde Rusia, China, India, Turquía, Irán y otras naciones históricas pero emergentes en este contexto serán claves en la configuración del siglo XXI y sus retos globales.
Las potencias siguen operando mediante la vía militar para resolver conflictos, como como si se tratara del siglo pasado. En su afán por imponer el control en sus áreas de influencia han perdido la perspectiva de quien es el enemigo principal de la humanidad. En este caso es el cambio climático que se cierne amenazadoramente, a pasos agigantados, sobre todo el planeta. Amenaza que solo se puede solventar con la integración de los esfuerzos de todas las naciones de forma inmediata.
Las grandes potencias, solo visualizan el progreso técnico por su impacto en el campo de la guerra. Concentrándose en la velocidad, la precisión y el impacto de sus armas. Piensan que con eso están actualizados en el campo de la defensa, sin darse cuenta, que esta debe centrarse ante todo en enfrentar al enemigo estratégico de la humanidad que no se combate con armas de guerra. Además no han tomado nota que la realidad y las relaciones de poder han cambiado. Ya no se basan solo en el poder militar, sino que la globalización ha cambiado la relación entre países y bloques haciéndolos más interdependientes sus relaciones y que las acciones provocan reacciones que los afecta a todos.
El juego tecnológico, de quien tiene el misil o el avión más nuevo los ha obsesionado a tal punto que les ha impedido ver la importancia que, en la nueva realidad tienen, por encima de las armas de destrucción, el manejo de los combustibles y materiales estratégicos.
Que las confrontaciones armadas entre potencias atómicas no pueden ni deben realizarse, como lo plantean algunos Estados Mayores a través de las llamadas armas nucleares tácticas. Peligrosos instrumentos que pueden desencadenar un holocausto nuclear.
Si bien es evidente que la guerra de Ucrania fue provocada por el interés de la OTAN de integrar este país a su bloque e instalar en su territorio armas estratégicas, cosa que el presidente Putin destacó como una línea roja que obligaría a Rusia a tomar medidas, no entiendo la decisión de este de invadir Ucrania, teniendo en sus manos un arma mucho más poderosa como es el suministro de combustibles a Europa. Al invadir con su ejército a Ucrania, no solo afectó, irreparablemente su relación con ese país, sino que integró a la Unión Europea alrededor a la OTAN, como lo querían los Estados Unidos, en vez de dividirlos como era su intención.
Por otra parte, la torpeza estratégica de la OTAN alentada por los Estados Unidos, es de antología ya que, aplicó las sanciones a la compra de combustible ruso, pensando en doblegarla como si fuera un pequeño país vulnerable. Pero resulta que Rusia es un país continental que tiene aliados y podría ser autosuficiente y además es el principal proveedor de combustible a Europa. Con esta medida la OTAN parece haberse disparado en el pie y permitido a Rusia utilizar un arma mucho más potente que su aparato militar. Todo esto al mismo tiempo que arrojó un aliado muy importante en brazos de China, el rival principal por la hegemonía mundial.
En otras palabras Rusia, se comportó́ como si estuviera en el siglo XX donde los conflictos se dirimían con tanques y aviones, sin darse cuenta de que, producto de la globalización tenía en sus manos acceso a la yugular del combustible europeo. La OTAN queriendo perjudicar a Rusia la hizo consciente de que tiene un poder más grande que su ejército.
O sea, los políticos y los militares concentrados en la eficacia de sus juguetes de guerra han perdido el sentido de los tiempos que vivimos y han continuado con sus inercias y modelos mentales propios del siglo XX. provocando muerte, dolor y sufrimiento innecesario a sus pueblos, al mismo tiempo que cometen torpezas de antología. Todo esto sería cómico, si no fuera trágico y estuviera desviando recursos de la lucha contra el enemigo principal.
Es una locura total, que sería objeto de una comedia, si no es porque puede transformarse en una tragedia para toda la humanidad. Las Invasiones por parte de los Estados Unidos a Irak, Afganistán, Libia, Siria, entre otros han sido terreno de guerras y confrontaciones trágicas para sus pueblos, pero no conllevaron el riesgo de una confrontación directa entre potencias atómicas. En el caso de Ucrania el juego de la guerra entre potencias es de alto riesgo para la paz y estabilidad del planeta, al mismo tiempo que distrae la atención y los recursos de la amenaza principal que pende como una espada de Damocles sobre toda la humanidad: el cambio climático.
Esta situación de emergencia que vive la humanidad no puede ser enfrentada y resuelta con el actual ordenamiento de las Naciones Unida, donde las potencias tienen derecho a veto. Debe enfrentarse con una declaratoria de emergencia de al menos dos décadas mientras se atiende la emergencia climática, que por una parte se obligue a un armisticio de los conflictos y de sanciones unilaterales y por otra canalice al menos el 15% de todos los recursos asignados a los ejércitos a la regeneración de suelos y mares, al desarrollo de energías limpias y un nuevo modelo de desarrollo económico sustentable siguiendo los principios del “Donut” impulsado exitosamente por Holanda.
Los ciudadanos de todas las naciones del mundo no podemos permanecer impasibles dejando que las potencias sigan en sus juegos de poder. Costa Rica debe actuar con decisión reafirmando su vocación de paz y neutralidad, demandando conjuntamente con otros países latinoamericanos y del mundo, la declaratoria de emergencia mundial a las Naciones Unidas. Si este tema se discute y enfrenta con decisión en el máximo organismo, se abrirá un camino de esperanza y las potencias deberán guardar sus sables. Esta es una lucha moral como la que se emprendió en siglo XVIII para suprimir la esclavitud, cuando de esta dependía la riqueza del sistema. Nos toca ahora recoger el guante o desguarecer el futuro de nuestros hijos y nietos.
“Comulgando en público terminé con la guerra de la Vendée/
Haciéndome pasar por un musulmán me establecí en Egipto/
Con dos o tres declaraciones papistas me ganaré a todos los curas de Italia”.
Concepto de participación en la democracia.
Las sociedades democráticas han buscado con denuedo desde el principio de los días una más intensa participación de las masas en la actividad política, valga decir en la toma de decisiones a diversos niveles de la sociedad.
En la Antigua Grecia, en Atenas, que se tiene por la cuna de la Democracia, el sistema político se diferenció del oligárquico (gobierno de una minoría, generalmente rica), de la tiranía (donde el poder descansa en un dictador absoluto), de la monarquía (que es el poder absoluto ejercido por un rey o una reina y generalmente es hereditario). La mayor diferencia con todos ellos radicó en que: en la democracia se instituyó un sistema directo de toma de decisiones por aquellos considerados ciudadanos. Por lo consiguiente la decisión y por tanto el poder dejó de estar concentrado en una minoría privilegiada, en un dictador autoritario o en la figura de un Rey o una Reina.
Sin embargo, se diferencia de la democracia moderna en que la primera, como la democracia ateniense, no tenía un verdadero sistema electivo y fue participativo solo para una minoría.
Nótese que, con respecto a la participación en las deliberaciones y en la toma de la decisión, los derechos siempre recayeron en la ciudadanía, una minoría respecto del total de los habitantes. Esta minoría fue la que ostentó la condición de ciudadanía, solo ella; quedaban excluidas las mujeres y los niños sin excepción, los esclavos y los extranjeros o metecos (del griego “Métoikos” que significa Meta o sea cambio y Oikos, que quiere decir Casa).
Como puede verse, el concepto de participación ha experimentado cambios en el tiempo, según las transformaciones experimentadas por la sociedad humana.
El concepto moderno de participación no admite exclusiones discriminatorias, ya que ciudadano es toda aquella persona, hombre o mujer, indistintamente de la etnia, clase o grupo social al que pertenezca, siempre que sea mayor de edad y mantenga su cédula de identidad al día. Ser ciudadano implica entonces, ser miembro de una comunidad, tener los mismos derechos que los demás y las mismas oportunidades de influir en el destino de esa comunidad.
La teoría y la práctica.
Es evidente que, en la teoría, la igualdad de derechos alcanzados por la ciudadanía en la sociedad democrática moderna es un concepto teórico, filosófico, jurídico y político que, implica al menos lo siguiente: 1. Han tenido que librarse muchas luchas antes de alcanzar la anhelada “igualdad de derechos” estipulada en las diferentes constituciones en sociedades democráticas. O sea, la igualdad de todas las personas que ostentan la ciudadanía ante la ley. 2. Aun así, la vida cotidiana nos demuestra que una cosa es la teoría y otra, muy otra es la práctica. Lo anterior significa que, con frecuencia, los derechos que se han obtenido tras intensas luchas, a lo sumo quedan consignados en preceptos teóricos o leyes, pero no en la cotidianidad, en la práctica siguen siendo irrespetados. Un ejemplo es la lucha de las mujeres contra la violencia de género, las leyes la condenan, pero en la vida sigue siendo uno de los flagelos más comunes y temidos en muchas sociedades democráticas. Lo mismo podemos señalar en relación con la llamada igualdad étnica, mejor conocida como igualdad racial. Los Estados Unidos constituyen un ejemplo paradigmático de la exclusión y violencia que sufren las personas afrodescendientes todos los días, a pesar de que la ley condena las prácticas discriminatorias de tipo racista. En la misma Costa Rica pervive una cultura de discriminación contra minorías étnicas, de género y contra personas homosexuales. 3. Una cosa es la participación de muchos individuos, los cuales forman parte de una masa organizada que conoce sus derechos; otra muy distinta es la participación de una masa inconsciente de sus derechos, por bulliciosa que sea, cuando ha sido convocada por un líder que la manipula.
Con estos antecedentes podremos convenir –grosso modo- en que participación es: “…un concepto democrático que implica el compromiso individual y colectivo para conseguir la transformación del entorno en busca del interés general”. (Cfr.https://www.worldhistory.org).
En la práctica política democrática, concretar la participación ciudadana es algo de lo más complicado, puesto que son muy escasas las sociedades que han alcanzado un alto grado de participación que, de cabida a la construcción diaria de la política y que contemple a amplios grupos de la sociedad civil en el territorio, en las regiones, en las comunidades y en las instituciones, para así poder llevar a cabo sus ideales democráticos. No se cuenta con muchas experiencias al respecto. Por eso, es mucho más prolija la experiencia acumulada en las sociedades democráticas en los últimos 75 años en torno al ejercicio del voto. Aun así, las debilidades de procesos electorales en democracias avanzadas están a la vista, por la influencia y mediatización que ejercen en ellas poderes económicos incontrastables, en ocasiones la prensa de gran calado y, hoy más que nunca, otros poderes enormes que se mueven ocultos o semiocultos “tras bambalinas”, como el narcotráfico y diversas formas de corrupción que actúan para distorsionar el voto e influir sobre masas prácticamente inermes desde el punto de vista ideológico y político.
Participación en masa versus participación de y con la masa.
Estoy consciente que el concepto de “masa” es en sí mismo controversial en la ciencia política, porque la masa es un conjunto conformado de partes difusas y por lo tanto difíciles de diferenciar y establecer las interrelaciones entre sus diferentes elementos. Con todo y ello, es útil, porque en la vida de las sociedades democráticas modernas, encontramos muchos momentos en los que actúan masas como contingentes humanos que se distinguen porque colaboran entre sí en circunstancias políticas temporales, circunstanciales.
Es preciso distinguir dos tipos de situaciones que caracterizan el comportamiento político de las masas. Existe un primer caso que se da cuando las masas exhiben un comportamiento anárquico y desordenado en un momento determinado, propio de agrupamientos que carecen de orientación y conciencia de lo que pretenden, andan trémulas al socaire de un “líder” demagogo. En este caso se trata de grupos humanos fácilmente manipulables por agentes que se erigen en el único elemento distintivo con el que la masa se identifica (¿líderes?). En el populismo de diferente signo ideológico, el liderazgo es generalmente externo y ejerce sobre la masa informe, una influencia quizás decisiva, en la que se apoya para obtener ventaja en la lucha por el poder político. En este caso, todo el sistema en su conjunto tiende a la “entropía” o caos.
En el segundo caso al que hacemos referencia, nos es dable distinguir a la masa cuando se ha conformado a lo largo de un prolongado proceso de activismo político, que permite al conglomerado más o menos organizado adquirir una cierta conciencia de sí mismo. En cada coyuntura o momento político, podemos observar diferentes estratos que interactúan al interior de un gran grupo humano, con una orientación político-ideológica similar, solo forjada a lo largo del tiempo. En este conjunto, los diversos estratos más o menos organizados, no solo interactúan entre ellos, sino con elementos del liderazgo que ha sido elegido y cuenta por tanto con legitimidad, cuando menos en el origen. Aquí los distintos estratos de la masa también poseen iniciativa en la acción política, por su cultura política y solidez organizativa que les permite enfrentar de mejor manera la entropía o tendencia al desorden en la sociedad. Entropía es un concepto que tomamos prestado de la Física y que se refiere según la Real Academia, a “Una medida del desorden del sistema. Una masa de una sustancia con sus moléculas regularmente ordenadas, formando un cristal, tiene entropía mucho menor que la misma sustancia en forma de gas con sus moléculas libres y en pleno desorden”. Por eso podemos decir sin temor a equívocos que una cosa es la “participación” en masa, que conduce a la entropía, al caos y al desorden, y otra es la participación de un liderazgo que se ha forjado de y con la masa.
¿Qué podemos esperar de la democracia en Costa Rica hoy?
Nada, en tanto la masa inerte continúe supeditada a un demagogo populista y mentiroso.
Otro futuro nos será dado si comenzamos a entender que cada ciudadano y ciudadana tiene una responsabilidad que cumplir en la tarea diaria de reconstruir un sistema democrático vigoroso, donde no habrá un “salvador supremo”, único, porque nunca lo ha habido. Juan Rafael Mora, en la guerra del 56, fue un motor propulsor de la heroicidad que anidaba en el corazón de los costarricenses que, no reconocían amos ni esclavos, sino que deseaban con fervor comenzar a redimirse y recorrer por su cuenta un camino propio. El líder lo fue, porque supo despertar en la masa el sentimiento de independencia y no los abandonó nunca.
Hoy el sistema democrático costarricense se encuentra en un nuevo trance de su historia. Es preciso que alguien tenga la visión, la fuerza y el valor para inocular en la masa ese derrotero; no un “salvador supremo”, sino alguien que tenga la humildad y se identifique con las necesidades de los más vulnerables, e insufle en los emprendedores grandes y pequeños, la energía para actuar sin miedo y aportar lo suyo, con capacidad de sacrificio para actuar con lealtad y altruismo en una sociedad que nos la han llevado por la ruta de la desigualdad, y este desafío hay que afrontarlo.
Personalmente no creo que sea la tarea de un solo partido. En eso también un verdadero líder debe armarse del coraje para convocar a muchos y muchas a una unidad amplia, democrática, popular.
La historia de los pueblos muestra su continuidad y ruptura en su devenir, sin perder sus raíces constitutivas, rasgos que permanecen como un sello indeleble. Desconocer los rasgos esenciales de los pueblos constituye una limitación para comprender, no solo su pasado, también su presente. Jorge Santayana afirmaba “Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”, que sin la pretensión del mecanicismo del corsi y recorsi de Giovanni Vico, nos permite reflexionar que no existe presente sin pasado, que la historia no es la narración de lo que no volverá, es el reconocimiento de los hechos y tendencias que marcan e inciden en nuestra cotidiana existencia social.
Estas líneas intentan sintéticamente comprender la significación del poder, a través de un breve recuento general de su historia en las sociedades.
El poder es una facultad de decidir y disponer de la actuación de otros, en sus propios o ajenos contextos, determinados o impuestos socialmente. No es una capacidad definida individualmente, tampoco es un proceso estandarizado en la organicidad de una comunidad estructurada, es una relación social, inherente de una vida compartida en ámbitos, circunstancias, necesidades y problemáticas dinámicas.
El poder primigeniamente no era ajeno a los individuos, fue creado socialmente por y para las colectividades, constituyendo una necesidad cotidiana en la organicidad del trabajo de la vida comunitaria.
El poder posee la impronta de la sociedad donde surge, de sus tradiciones, anhelos, creencias e ilusiones creadas de una vida en común, a través de los tiempos en sus medios espaciales. Luego, los poderes no eran ni pueden ser iguales entre sociedades, como tampoco inmutables ni necesariamente compartidos entre las distintas colectividades.
En el pasado las identidades de las personas estaban referidas a su pertenencia a pueblos y familias, no siendo relevante su particular identificación, lo cual era suficiente para establecer relaciones y confraternizar entre individuos, lazos que también se convertían en vínculos familiares y espaciales, unificando y enriqueciendo culturas y formas de vida de pueblos, a pesar de sus diferencias originarias. Esto es, el respeto a las diferencias culturales, constituían una relación igualitaria en la heterogeneidad social, constituyendo un poder encarnado colectivamente.
El surgimiento de formas superestructurales en la organicidad societal, marcaron drásticas rupturas entre las personas y sus pueblos que se separaban ante el imperio de Estados que delimitaron el espacio de sus dominios e impusieron identidades ideológicas privadas, así como sujetaban a las poblaciones a patrones de vida, producción, comercio, guerras y estratificaciones sociales que subordinaban a poblaciones, no propietarias, al trabajo esclavo o servil para quienes los habían dominado por la fuerza bruta e ideológica de bandas armadas y religiosas. Épocas donde se impusieron poderes a los dominados y creando las condiciones para la conservación del poder elitizado, en un universo de esclavitud, servidumbre o de proletarización, conformando formas y estructuras de clases distintas y antagónicas, pero conservando los propietarios, los privilegios del dominio, la explotación, la segregación y la privatización del bienestar a expensas del trabajo y vidas de las clases empobrecidas. Formas sociales que explícitamente enunciaban el poder clasista existente, esclavista, feudal y burgués para cada época.
La historia nos revela que la organicidad y el poder fue privatizado burguesamente desde el siglo XVIII hasta el presente globalizado, donde lo fundamental gira en torno de los intereses, voluntad y actuación de los propietarios del capital, comprometiendo el pensamiento y la acción de una sociedad modelada por las relaciones que se imponían con la directa intervención de un Estado, déspota contra sus subalternos, genocida contra las poblaciones originarias y depredador de los recursos y riquezas naturales y nacionales.
La revolución francesa y la americana conquistaron derechos igualitarios, libertad, democracia, fraternidad, soberanía popular, entre otros, que liquidaron las formas monárquicas y colonialistas en sus contextos, así como se creaban las nuevas relaciones económicas que se gestaban y se expandían, tras la crisis del mundo medioeval. Esas revoluciones inauguraron la ciudadanía y la política en sus espacios sociales de capitalismo incipiente. En tiempos posteriores algunas sociedades, los sectores subalternos, en su desigualdad e inequidad, lograron conquistar derechos y libertades, creando institucionalidad pública, democracia y libertades formales, morigerando la desigualdad y la inequidad desde la regulación estatal, conocidos como Estados de Bienestar, como ocurrió en Costa Rica en la década del cuarenta del siglo pasado.
No obstante, los logros sociales alcanzados por algunas sociedades no fueron modo generalizados ni estables, por el contrario, se truncaron y degradaron, tanto en Francia, en Estados Unidos de Norte América, como en los Estados europeos y otros que habían instaurado Estados de Bienestar. En cuatro décadas el liberalismo económico evidenció la dependencia estatal, ante las fluctuaciones y vaivenes críticos de la economía, así como de las ambiciones de los propietarios del capital que liquidaban y privatizaban las conquistas sociales.
El debilitamiento de las políticas institucionales, que aún continúan, así como el crecimiento de la exacción de excedentes y la apropiación de los recursos sociales y naturales, entre otras características, mostraron la imagen del poder estatal como una red integrada de la dominación del capital.
Estos procesos liberales de capitalismo salvaje conviven con formas económicas de reproducción simple, que sobreviven en relaciones solidarias y democráticas entre los subalternos en sus pequeñas organizaciones y comunidades pobres, no relevantes para la economía ni el poder capitalista.
El poder concentrado y centralizado está relativizando su vínculo clasista para ser la manifestación de los intereses y actuación de los mayores propietarios de la riqueza acumulada del mundo, proveniente de los sectores financieros y tecnológicos que ambicionan, sin mediación alguna, ser los amos del planeta.
De este modo, el poder actual se individualiza por la actuación e influencia de los multimillonarios y un gobierno que compiten, agreden y disputan el poder mundial absoluto, creando un escenario propicio para una tercera conflagración mundial, con la participación de pueblos y gobernantes en el binomio imperial-totalitario, del cual no está excluido Costa Rica como cómplice ni como víctima.
Juan Carlos Durán Castro Asesor Sindical ANEP-CCSS Secretario de Prensa FECTSALUD
Un señor de derecha, de la vertiente nacionalista del que ahora denominan capitalismo fascista nacionalista, como Trump, «que difiere » de la vertiente transhumanista hegemonizada por George Soros de Davos, está exclusivamente golpeando la mesa con 5 ejes centrales de geopolítica:
1- Canal de Panamá
2- Groenlandia
3- «Golfo de América»
4- Anexar Canadá
5- Aranceles como espada de Damocles.
Una agenda enorme, que habrá que ver como avanza realmente, por lo cual es menester político separemos que las bombetas y cachiflines mediáticos globales, que controlan corporaciones informativas y aspiremos a ver la realidad y posibles avances temporalizando apropiadamente los tiempos políticos para aspirar a guiar adecuadamente.
La verdad lo que hace Trump, es aspirar con urgencia equilibrar la correlación de fuerzas global, pues EEUU, viene arrastrando una policrisis en varios estamentos como país hegemón desde 1945 y es igualmente cierto que no desaparecerá, pues mantiene tres valuartes esenciales: el aparataje militar industrial, un mayor control de la narrativa global » informativa» que le permite llevar ventaja en la guerra cultural- cognitiva y el manejo del patrón dólar, ejes que se han debilitado, pero que aunados a algunas acciones le va a permitir colarse en esta nueva era multipolar ya en total desarrollo.
Al final como era de esperar, en esa tarea de equiparar las fuerzas mundiales, la prioridad es Ucrania y los negocios que de ahí se derivarán, los cuáles son el elemento central para hacer llegar recursos a los EEUU y cumplir con el discurso de enfoque nacionalista, como una expresión del nuevo liberalismo proteccionista, que es contrario al discurso neoliberal que hemos conocido por décadas, pero que encaja en el contexto actual para EEUU y que sin duda presenta pocas o nulas diferencias con el enfoque fascista del otro enfoque globalista transhumanista, que se deriva del control que emana del foro de Davos.
Dicho esto, está claro a nuestro humilde juicio, que el 14 de febrero 2025, no dudamos marca un punto de inflexión histórico, con la comunicación entre Trump y Putin, lo cual derriba buena parte de la narrativa engañosa de los operadores y operadoras europeas, que llevan desde 1945, siendo alfombra de los EEUU, cuya postración muestra hoy sus consecuencias.
Una llamada marca hoy una implosión brutal en la UE, que ha sido abofeteada tanto en la Conferencia de Inteligencia Artificial, como en la de Seguridad en Múnich, Alemania, en las cuales han sufrido un remesón histórico que ya ha provocado dos sesiones de emergencia en Paris y que parecieran indicar que Macron aspira a asumir algún liderazgo, pero no nos engañemos, la UE, no se va a atrever a enviar soldados a Ucrania, el discurso de poses mediáticas revela su sumisión al golpeado hegemón del norte que está jugando bien sus cartas.
Pero las cosas están claras, una buena parte de la dis que dirigencia de Europa, no se atreverá a romper su cordón umbilical y se plegarán a los designios gringos.
Por otro lado, EEUU con su consenso con Rusia de 3 ejes iniciales:
Lograr frenar el conflicto en Ucrania.
Elecciones democráticas en ese país (que deja fuera a Zelenski sin duda) y cerrar la etapa final de la paz, resulta ser una táctica y una estrategia que trasciende a ese conflicto y nos coloca ante un escenario de un acuerdo que marca el inicio de una nueva fase en la cual el multipolarismo reinará y marcará un momento que brinde las condiciones para una nueva repartición del mundo de cara a los negocios, que son al final del día la agenda de Donald Trump, actor que amarrará con Rusia el devenir del planeta.
Esta realidad puede presentar diversos problemas, pero más allá de todo, decimos con reservas incluidas, que nos alegrarnos, pues nos parece que la consolidación de un escenario como este que nos aleje de la estupidez de una guerra nuclear le agrega valor al mundo como tal y enciende algunas luces.
Así las cosas, Rusia y EEUU, van a definir las características del mundo a partir del 14 de febrero 2025 y sentarán a la mesa a Ucrania, a la UE y a otros actores, para que sigan la ruta trazada, consensuada sin duda con una China y una India, con un perfil más bajo, pero altamente estratégico.
O sea, la reunión inicial en Arabía Saudí marca un antes y un después para el mundo y deja clara cuál es la lógica de Trump y la de Putin, los roles de China e India y los efectos e impactos que empieza a sufrir el mundo en el siglo XXI.
Al final en este reacomodo de las piezas del lego, no olvidemos nuestra América y la relevancia en el actual contexto y sin duda alguna la lectura obligatoria que debemos tener en relación con nuestra patria y los enormes riesgos a los cuáles está expuesta en la actual coyuntura, puesto que no dudamos que las consignas de siempre de los movimientos sociales y sindicales, se mantienen intactas y es menester en tal sentido construir los mecanismos para blindar, mejorar y humanizar la institucionalidad nacional ante un proceso global que tendrá repercusiones de diverso tipo que requieren de acciones para la protección social y económica de las mayorías residentes en el país y el respeto a los derechos humanos, en Tiquicia.
El pasado 22 de enero, durante la celebración del 16° Aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia en el Coliseo de la Coronilla, Cochabamba, un fragmento del discurso del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, desató una reacción inmediata en el sector más radical del evismo. Sus palabras no solo intensificaron las tensiones internas, sino que profundizaron la fractura entre quienes defienden una renovación política y aquellos que se aferran al liderazgo inamovible de Evo Morales.
La respuesta del ala más ortodoxa del evismo no tardó en llegar. En redes sociales y espacios de debate político, se emprendió una campaña de descalificación contra Rodríguez y otros líderes emergentes, reflejando la resistencia a cualquier intento de relevo generacional. Este escenario plantea una pregunta crucial: ¿Hasta cuándo se puede postergar la renovación dentro del movimiento sin que este colapse por sus propias contradicciones?
El evismo enfrenta un dilema existencial. Apostar por una continuidad forzada del liderazgo de Morales o permitir que nuevas figuras, con una visión adaptada a los desafíos del presente, asuman el mando. La historia de cualquier movimiento político demuestra que la renovación no debería ser el resultado de un conflicto insostenible, sino un proceso estratégico para garantizar la vigencia de su proyecto.
Reducir el evismo a una pugna fratricida es un error. La política no debe girar en torno a la eliminación de adversarios internos, sino a la evolución de ideas y liderazgos. En este sentido, Andrónico Rodríguez no representa una amenaza, sino una oportunidad para modernizar el movimiento. La transición política no implica la negación del pasado, sino su integración en una nueva etapa que fortalezca el futuro del proyecto.
Para ello, es crucial que las organizaciones sociales conserven su autonomía, que los intelectuales desempeñen un papel activo y que la sociedad civil participe en la construcción de un horizonte político sostenible e inclusivo. La actual crisis interna del evismo exige un liderazgo capaz de interpretar el complejo contexto social, político y económico de Bolivia. En este punto, Rodríguez emerge como una figura con un sólido respaldo y un bajo nivel de rechazo en comparación con otros candidatos de cara a las elecciones de 2025.
Sin embargo, su reciente participación en el ampliado de Tiraque, Cochabamba, junto a Evo Morales, generó incertidumbre sobre su verdadera posición. Al reafirmar que es un dirigente “orgánico” y reconocer a Morales como el único candidato, Rodríguez pareció adoptar una postura sumisa. Pero esta actitud también podría interpretarse como una estrategia flexible, destinada a reducir las tensiones y disipar los ataques en su contra tras su intervención del 22 de enero.
El proceso de cambio en Bolivia no puede depender exclusivamente de una figura, sino de una renovación estructural que responda a las necesidades reales del país. El liderazgo que Bolivia necesita no solo debe administrar el legado del pasado, sino también redefinir el futuro con visión y responsabilidad. Andrónico Rodríguez, con su capacidad de conciliación y su arraigo en las bases, podría encarnar ese nuevo ciclo. La pregunta es si tendrá el margen político para hacerlo o si el evismo seguirá atrapado en su propia resistencia al cambio.
1.Todavía no hay una acusación formal contra el presidente de la República, el vicepresidente Brunner, el canciller Arnoldo André, algunos diputados oficialistas y otros adherentes al Partido Progreso Social Democrático (PPSD), porque la Fiscalía se encuentra en una fase de investigación acerca de quiénes son los presuntos responsables de haber incurrido en graves delitos contra la legislación electoral de nuestro país. Por lo consiguiente en este artículo no me propongo inculpar a nadie; sé que hacen falta las pruebas concluyentes para que se pueda hablar de culpables.
2. Sin embargo, sí deseo expresar mi criterio de carácter politológico más que jurídico, sobre la relevancia que esta investigación tiene en Costa Rica hoy. Diré primero que cualquier investigación que se realice en contra del presidente de la República y otros altos funcionarios del poder ejecutivo y de la Asamblea Legislativa, es de mucho cuidado; sobre todo cuando se trata de examinar presuntos hechos dolosos en que podrían haber incurrido los altos dignatarios gubernamentales, porque de probarse la culpabilidad, se constituiría un grave daño político, jurídico y moral que afectaría aún más la credibilidad de la sociedad civil en la política y en los políticos.
3. En este caso, la investigación discurrió primero, desde hace tres años por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), y, se configuró un documento en noviembre del 2024. Este documento deberá ser conocido, esperamos que con urgencia por los magistrados del TSE. Pero, dado que se trata de una investigación a tan altos dignatarios del Estado costarricense, el pasado 17 de enero, el fiscal general, Carlo Díaz, sustentado en una orden judicial de la Sala Tercera (que conoce y se pronuncia sobre delitos penales), incauta el documento, justamente con el fin de examinar si amerita elevarlo a los tribunales de justicia competentes para que se inicie un juicio. El documento al que nos referimos versa sobre el supuesto financiamiento paralelo en la campaña del hoy presidente Rodrigo Chaves. De probarse los hechos que allí se señalan, obviamente sería a todas luces un ilícito grave contra artículos del código electoral y, como ha quedado dicho procedería que el fiscal lo eleve a juicio.
4. El procedimiento no es nada sencillo, puesto que algunos de los altos dignatarios investigados, como el presidente de la República, el vicepresidente, el ministro de Relaciones Exteriores y los dos diputados, están investidos de inmunidad. En tal caso procede que el TSE valore la denuncia y, si lo estima necesario, ordene a la Inspección Electoral, que instruya una investigación preliminar. Si realizado este proceso encuentra indicios de culpabilidad, deberá trasladar la denuncia a la Asamblea Legislativa, a fin de que ésta, proceda a levantar la inmunidad de los funcionarios que estime necesario. Se requerirán dos terceras partes de los votos de los diputados a la Asamblea Legislativa para levantarles la inmunidad a los dignatarios aquí mencionados para que puedan ser sometidos a juicio. O sea, se trata de un procedimiento calificado.
5. ¿Cuáles son los presuntos delitos en que habrían incurrido los dignatarios y otros de sus partidarios? El informe del Departamento de financiamiento de partidos políticos del TSE, como resultado de tres años de investigación concluyó que se habrían cometido por parte del presidente, los siguientes delitos electorales, a saber: Rodrigo Chaves, habría recaudado fondos para financiar al PPSD, sin haber recibido autorización alguna del tesorero de este partido político. Una violación como esta, de haberse producido, implicaría penas de dos a cuatro años de cárcel, según artículo 273 del Código Electoral. Los recursos, postula el informe de investigación habrían ingresado a cuentas de una firma privada ATA Trust Company, mediante la cual se administraron los recursos del fideicomiso “Costa Rica Próspera”. También señala el informe dado a conocer por el diario La Nación, que el presidente recibió contribuciones o donaciones, por medio de una estructura paralela a las cuentas oficiales del PPSD, con lo cual evadía el control del propio partido político; esa cuenta paralela que se constituyó fue el fideicomiso mencionado y uno de los sujetos de investigación. Con ello se habría violado el artículo 275, inciso b, del código electoral.
6. A su vez al canciller Arnoldo André, se le atribuyen dos delitos más: igual que Chaves habría violado el artículo 273 del mismo código, tras haber incurrido, supuestamente en la misma falta de captar recursos por medio del fideicomiso, para el PPSD también. Pero, por otra parte, se le atribuye haber donado a esa estructura paralela, el fideicomiso, una suma de 3,6 millones de colones. De haberse producido esa donación sería una irregularidad violatoria del artículo 274 del citado código.
7. A la diputada Luz María Alpízar, en su calidad de presidenta del PPSD, se le estaría atribuyendo haber recibido financiamiento privado, mediante el aporte de personas no autorizadas para recaudar esos fondos, las cuales habrían empleado cuentas, aparentemente no inscritas, ni autorizadas por el tesorero nacional, o por el comité ejecutivo nacional del PPSD. De probarse tal delito sería una violación al artículo 275 del mismo código. En este caso, si se logra probar el delito se señalan penas de cárcel de dos a seis años.
8. Al diputado Waldo Agüero, se le investiga también por sospechas de haber violado el artículo 275. A la vez, a su hija, Sofía Agüero Salazar, se le sigue proceso de investigación por sospechas de haber recibido y depositado fondos en su cuenta bancaria, ilegales, para financiar la candidatura de su padre. En este caso el dinero recaudado provenía del banquero Jack Loeb. (Cfr. Para más abundamiento, pueden conocer informes de los artículos del diario La Nación sobre esta materia de los días domingo dos de febrero del 2025, págs. 1 y 3, martes 4 de febrero, págs.1 y 3 y, miércoles 5 de febrero, págs. 1 y 3).
En suma, la investigación a la que nos hemos estado refiriendo del Departamento encargado de estudiar el financiamiento de los partidos políticos, perteneciente al TSE, habla de dos supuestas estructuras paralelas a la contabilidad oficial del partido de Chaves, el fideicomiso y una cuenta privada de la señora Sofía Agüero Salazar.
Al estudio de estos supuestos delitos, está abocada ahora la fiscalía general, con el objeto de seguir la trazabilidad de los fondos recaudados mediante estructuras paralelas y así se estaría probando que los recursos se habrían recibido de donantes privados no autorizados, cuyo destino era beneficiar tanto la candidatura a la presidencia de Chaves, como la de Brunner, y la de los candidatos a diputados de aquel entonces, aquí mencionados con anterioridad. También se afirmó en este artículo, que el fiscal tuvo que solicitar autorización de los magistrados de la Sala Tercera de lo penal, para obtener la orden judicial y así incautar el documento al que hemos hecho referencia.
Como puede verse, de probarse los ilícitos, los altos funcionarios de la administración pública, el presidente Chaves y los demás, habrían incurrido en faltas graves que atentarían contra nuestro sistema electoral, y habrían faltado a la confianza de los costarricenses que votaron por ellos y los que todavía les mantienen la confianza. Es de esta manera como se vulnera la democracia costarricense y cada vez mayor cantidad de personas en nuestro país se han ido decepcionando de la política y los políticos. Esperamos que los que sean acusados, no acudan a procedimientos espurios y leguleyadas en su defensa que, producirían todavía más decepción en el pueblo.
El lawfare no es de creación jurisprudencial, ni legal. Tampoco corresponde a creatividad doctrinaria jurídica; siendo, una instrumentalización de la justicia. Es la utilización de una opción aparentemente legal y lógica de tipos y actuaciones judiciales, utilizados como instrumentos políticos y por ende alejada de lo sistemático de la dogmática jurídica. Se conoce como guerra jurídica; judicialización de la política; o acoso judicial. Se relaciona con el ataque al poder ejecutivo o al representante de esa rama; mediante la utilización de instancias judiciales nacionales e internacionales, buscando su desprestigio y hasta su caída y destitución, sin el uso de las armas. Su principal engranaje es funcionar con la dictadura mediática intoxicante (medios de comunicación) y el uso de las redes sociales. En el escenario latinoamericano, luego del fracaso de las dictaduras militares, se acudió, como signo desestabilizador del imperio y lacayos criollos, a la llamada “dictadura civil” para transmutar, en los últimos años, en el fenómeno del “golpe blando”. La derecha habla del Estado de Derecho; pero la realidad es que tienen archivado el Estado Social. El escenario propicio para la aplicación del lawfare es la carencia, o falta de funcionamiento, de un Estado Social, en un país determinado; en donde predomina la institución judicial subordinada al poder político y a los partidos políticos tradicionales, detentadores de poder; con una presentación de miseria de la justicia y por ende un cuadro de justicia vulnerable. Tomando los casos emblemáticos de uso del “golpe blando” en países latinoamericanos como Honduras, Paraguay, Perú, Bolivia, Brasil y el no abortado del caso colombiano, se puede caracterizar una constante de aplicación en gobiernos progresistas, alternativos, con proyección de izquierda, que afectan al “establecimiento” pro-imperio. La medida no ha logrado aplicar en gobiernos de izquierda, con inspiración socialista y por ende con un marco constitucional diferente, de nuevo tipo, tal como sucede con la indoblegable Cuba; el ejercicio constitucional del bravo pueblo bolivariano y la consecuente inspiración soberana del gobierno sandinista. Por ende, al abordar sobre su caracterización persiste en mantener una apariencia de legalidad, buscando deslegitimar, desprestigiar, provocar el repudio popular y aplicar hacia el desgobierno y/o el “mal gobierno”.
Destacar que cuando hay sumisión al estado social no se da aplicación del lawfare. No es dable particularizar en lo de jueces afines al régimen imperante; como el de casos de jueces que resaltan como jueces valientes. Aunque no es tema de este ensayo, no se puede desconocer el contenido ideológico de las sentencias judiciales. Predomina el ejercicio de la tridivisión de los poderes. Aplica lo del ejercicio o ejecución armónica de la tridivisión del poder. Por ello se puede encontrar una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, valiente, al asumir en contrario una imposición del ejecutivo. Pero, de igual manera, la correspondencia de decisiones judiciales armoniosas y acorde al desempeño gubernamental en la Republica Bolivariana de Venezuela, como también en la Nicaragua Sandinista. O las medidas judiciales contra la pretendida fascistización contra el migrante en los Estados Unidos. Hasta aquí este preámbulo de fundamento jurídico-doctrinario, sobre el lawfare, para adentrarnos en la caldera del diablo, tal como corresponde al desarrollo institucional actual en Colombia.
Cómo opera el lawfare en Colombia
Existe particulares condiciones en el escenario, no ya de una Rama seca de la justicia, la cual fue incinerada por el militarismo de derecha. Sí, de un sistema de justicia, permeado por la corrupción, en un modelo de estado considerado, por algunos, como un narco-Estado imperante. Realísticamente operan feudos, con identificaciones y denominaciones exactas y de contenido delictivo como el denominado “Cartel de La Toga”. No opera el acoso judicial cual un modelo único aplicado a cada país. Pero en el caso colombiano si se da y aplica unas condiciones y formas lastimosas. Comencemos por el comportamiento de las Altas Cortes ante las propuestas de reformas de fondo (ni siquiera revolucionarias) en lo de la salud, lo laboral, pensional, tributario e iniciativas administrativas gubernamentales para superar el estado de cosas inconstitucional (eci) que existen en regiones del país como en la Guajira, por ejemplo y a hoy potenciado en lo de El Catatumbo. Pero no solo en eso; el sistema judicial contencioso administrativo (Consejo de Estado) ha sido reiterativo en impedir la función constitucional de ser el presidente de la república el orientador de las relaciones internacionales. Durante cerca de tres años transcurridos de gobierno progresista-liberal, los nombramientos de libre remoción de embajadores, cónsules y del servicio exterior, le fueron revocados al presidente de la república, quien actúo conforme al mandato constitucional, Artículo 189-2 de la Constitución Política de 1.991 (CP91). “Corresponde al Presidente de la República: “Dirigir las relaciones internacionales”. Bajo revestimiento legal, adujeron la existencia de un estatuto reglamentario de la carrera consular, que exige suplir vacantes con personal adscrito en antigüedad en la Cancillería, al que le acomodan lo de “pacto sindical”; siendo que una asociación de empleados de libre nombramiento y remoción, en modo alguno son sindicalizados; resultando tal materia así atendida totalmente inconstitucional; como es desde todas luces notorio impedir al director de las relaciones internacionales la búsqueda de mejor escogencia de sus colaboradores. Pues bien, sin pretender ser taxativos, ese es un caso ejemplar de acoso judicial y de guerra legal contra el presidente colombiano. Tan solo nombrar, como de registro, el procedimiento obtuso y dilatorio de la Corte Suprema en nombrar al Fiscal General de Colombia, que debía reemplazar al anterior titular Francisco Barbosa. Quedó, como de registro histórico “el manejo de los tiempos” y el condicionamiento a que el cuestionado fiscal citado, quien empoderó como un descarado activista político de oposición al ejecutivo; autoproclamándose como un órgano de control constitucional, sin serlo; que no tenía superior alguno que le vigilare y auditare, buscando lograr el cometido que su aliada y también cuestionada Vice Fiscal General, continuara en interinidad, por inconcebible periodo de tiempo; de no ser por el decido empeño del movimiento popular movilizado, en abortar tan criminal treta. Se pueden citar más casos emblemáticos de intervención torticera de las Altas Cortes contra el programa político del presiente G. Petro y que dibuja la escena del llamado “golpe blando”. Pero ha quedado demostrado que el tal golpe blando no solo aplica por el uso del manejo de las instancias judiciales. En el caso colombiano, también se acudió al acoso por parte del principal órgano de control constitucional, la Procuraduría General, que es el supremo director del Ministerio Público. Resulta innumerable señalar las actuaciones, en desfase, de la Procuradora General Margarita Cabello; todas tendientes a enrarecer el ambiente de un “mal gobierno” del titular del Ejecutivo. Logró la muerte política, mediante destitución y prolongadas inhabilidades para desempañar cargos públicos, de muchos funcionarios gubernamentales, destacando el de dos representativos: el ex canciller Álvaro Leiva Duran y el Dr. Luis Guillermo Pérez Casas, como director de la Superintendencia de Subsidio Familiar. Al igual que el anterior Fiscal General mencionado, actúo la Procuradora General como una activista opositora contra las decisiones del titular del ejecutivo nacional, presidente G. Petro U. De igual reseña resulta el inconstitucional proceder del Consejo Nacional Electoral (CNE) al violar el fuero constitucional que reviste al presidente de la república, que predica sea únicamente La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes su juez natural. Siendo el CNE el máximo rector que inspecciona y regula la actividad electoral, armó una plataforma de ataque contra el señor presidente de la república al decidir investigarlo, con cargos directos, dentro del debido accionar por la investigación que adelanta sobre supuesta violación de topes financieros en la campaña electoral para le elección de presidente. Corresponde que “esos” cargos contra el señor presidente sean de conocimiento de la Comisión de Acusaciones y así no ha sido tramitado. De resultar ciertos y probados esos cargos de irregularidad electoral, el candidato ganador, que en este caso lo fue el presidente de la república, incurriría en mala conducta, con el efecto de destitución del cargo de elección y al no ser previamente juzgado por su juez natural le declararían la vacancia que llegaría a ser suplida por el actual presidente del Senado. Así resumido, sobre la suerte de la presidencia de la república de Colombia pende una espada de Damocles, como resultado de un montaje torticero, materializado en un recurso crudo de guerra jurídica contra el titular de la rama ejecutiva.
Pero valga pues, para concluir en reflejo de asomo de aplicación del acoso legal y judicial conocido como lawfare lo último sucedido por la actual titular de la Fiscalía General, Luz Adriana Camargo Garzón y por la señora ministra de Justicia Angela María Buitrago.
La encerrona al proceso del fin del conflicto armado con una insurgencia denominada coordinadora bolivariana
Con 30 años de análisis y conocimiento del conflicto armado interno; no había encontrado una actitud tan mentirosa, falaz, de perjurio y descalificadora del estatus insurgente de la guerrilla colombiana. Pensaba que no lo era de la concepción de nuestro presidente; pero si lo es de la CIA y del adecuado maquillaje Trump. El Catatumbo exige y requiere un consejero nacional sobre el conflicto armado, con aplicación de solución política definitiva.
Una cosa es analizar el desvertebrado accionar del Alto Comisionado del gobierno progresista – liberal, en la búsqueda del fin del conflicto armado interno en Colombia, basado en la perfidia y en la práctica divisoria anti – solución; y otro callar ante el maquiavélico accionar de la titular de la Fiscalía General de la República, contra la buena fe del presidente G. Petro U, en su búsqueda de «Paz». La detención arbitraria, desde todo punto de vista, contra Giovanni Arias Rojas, alias ARAÑA, de la muy fraccionada Segunda Marquetalia y ahora denominada la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, al mando del cuestionado Walter Mendoza, demuestra el accionar de la derecha militarista pro imperio, al finiquitar el proceso adelantado con lo que queda de ese sector insurgente. La postura del vocero gubernamental, Dr. Armando Novoa, es consecuentemente jurídica y digna de aplauso, conforme al marco legal aplicado.
La Fiscalía General alega que antes de concretar acuerdos en la mesa de negociación o de conversaciones, la Interpol no está impedida para solicitar capturas. Que la circular roja aplicada al ex farc alias Araña, en su calidad de vocero de los negociadores, se dio desde antes del actual gobierno. Calla en explicar que la decisión fue tomada desde Lyon Francia, y aquí ejecutada y cumplida en un tiempo récord de 24 horas. LA Fiscal General, se erige como intérprete de la norma; en la prelación del acatamiento a un acuerdo internacional como lo es el de la extradición. Desconoce la orden expresa, legal, de levantamiento de orden captura contra el señor Giovanni Arias Rojas. Como funcionaria en el papel de actora judicial, a ella no le compete interpretar la orden a ejecutar. Tampoco es interprete de la norma y mucho menos abrogarse la facultad de aplicarla, como si se tratara de un juez. Olvida que La Fiscalía no es un órgano de control y en esto emula al saliente Fiscal General opositor, de quien en la práctica ha sido una garante continuadora. La Fiscalía es una operadora del sistema judicial, pero no imparte justicia. Eso lo olvida para acudir a una acción de desprestigio al accionar gubernamental del ejecutivo nacional
En tanto y al unísono, la ministra de justicia Angela María Buitrago, defendió la captura de alias Araña, contradiciendo la argumentación del negociador del gobierno Dr. Armando Novoa, ante la orden de su detención, emanada de la Interpol, sin mayores consideraciones.
Las anteriores dos funcionarias, al mejor ejemplo de contenido y naturaleza del fenómeno del lawfare, en este artículo analizado, justifican la decisión de entrampamiento de un vocero de un sector de la insurgencia al que el gobierno del presidente G. Petro, le dio el carácter de insurgente o rebelde, independiente que esté incurso en delitos de narcotráfico, (que no es un delito de lesa humanidad, ni crimen de guerra).
Ambas abrieron un debate político-jurídico sobre el cumplimiento de los tratados internacionales y la protección de quienes han realizado acercamientos con el Estado para dejar las armas. Aduce la ministra Buitrago en cuestión: «No es una orden proferida internamente, por lo que no es un proceso que se esté ventilando en Colombia. Para nosotros, los tratados, las convenciones y los convenios son obligatorios de cumplir por el principio de la reciprocidad para efectos de justicia». Significa lo anterior que la orden presidencial puede ser desconocida, acudiendo a instancias internacionales.
Indudablemente han generado, ambas funcionarias, una escena de estafa procedimental con el único mensaje y encubierta labor de instrumentalizar una adecuación de trámite judicial a la espera de resultados desconsiderados a la eficacia y eficiencia de la gestión gubernamental; afectar su buen desempeño y propiciar la solicitud formal del gobierno entrometido de los Estados Unidos de pedir la extradición de alias Araña, que no será competencia a definir de ninguna de la dos nombradas sino del señor presidente de la república de Colombia. Conclusivamente, es un claro caso de guerra jurídica o lawfare, para afectar la consistencia del titular del ejecutivo nacional. Y quien extraditará: ¡el señor presidente o el imperio!
El regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca y a la escena internacional está redefiniendo el tablero geopolítico de Occidente. Su reciente conversación con el presidente Vladimir Putin para iniciar las negociaciones y poner fin a la guerra en Ucrania no solo confirma que este conflicto fue inducido por Occidente, sino que también representa un giro fundamental en la política exterior de Estados Unidos. Con este movimiento, Trump ha puesto en su lugar a una Europa que durante décadas ha dependido de la protección estadounidense sin asumir la responsabilidad de su propia seguridad. Ahora, el mensaje es claro: si Europa no es capaz de garantizar su propia defensa, Estados Unidos no seguirá sacrificando sus recursos y su gente por ellos.
Desde la Segunda Guerra Mundial, Europa convirtió a Estados Unidos en su principal herramienta de seguridad, delegando en Washington la respuesta ante cualquier amenaza externa. La Guerra Fría y la expansión de la OTAN reforzaron esta relación, pero los tiempos han cambiado. Trump ha entendido que Estados Unidos no tiene por qué seguir asumiendo el rol de protector absoluto de Occidente, especialmente cuando sus propios intereses estratégicos están en juego. Su postura hacia Rusia ya no es de confrontación como la pasada administración del presidente Biden, sino de cooperación estratégica, lo cual es correcto y necesario en un mundo que avanza hacia la multipolaridad.
El caso de Ucrania es un claro ejemplo de la nueva visión de Trump. En lugar de seguir financiando sin límites al gobierno de Volodímir Zelenski, la prioridad será recuperar lo invertido. La administración Trump probablemente exigirá el pago en forma de petróleo y tierras raras, recursos fundamentales para la economía y seguridad energética de Estados Unidos. Así lo ha mencionado el destacado coronel estadounidense Douglas McGregor en una reciente entrevista. Se acabó el financiamiento descontrolado a gobiernos que no aportan beneficios tangibles a Washington.
La eventual conclusión de la guerra en Ucrania podría marcar el principio del colapso definitivo de la OTAN, una organización que nació como un dique contra la Unión Soviética pero que, tras la caída del bloque comunista, sobrevivió a base de conflictos diseñados para justificar su existencia. Mantenida artificialmente por las élites globalistas de Occidente, la Alianza Atlántica ha demostrado ser más un instrumento de hegemonía estadounidense que un verdadero garante de seguridad.
Hoy, la paradoja es innegable: la izquierda, que durante décadas exigió el desmantelamiento de la OTAN, ahora titubea y evita confrontarla abiertamente. Su institucionalidad, hábilmente adaptada al lenguaje del progresismo, ha logrado cooptarla mediante un sofisticado ejercicio de soft power. Prueba de ello son las declaraciones del entonces secretario general Jens Stoltenberg en 2023, cuando, en un mensaje grabado y difundido por la Alianza, afirmó: “Existimos no solo para defender y proteger nuestras tierras, sino también a las personas en toda su variedad”. Ahora, la OTAN no solo se presenta como un bastión militar, sino también como una supuesta defensora de la diversidad. Y así, la izquierda, que en otro tiempo habría denunciado su existencia, prefiere callar.
Si Washington deja de sostener esta estructura caduca, Europa se verá obligada a redefinir su seguridad bajo sus propios términos, sin el paternalismo estadounidense. La disolución de la OTAN, un escenario antes impensable, hoy ya no parece una utopía, sino una posibilidad concreta en el tablero geopolítico.
En el caso de Asia, la posible desmilitarización de las relaciones con China y la estabilización del tema de Taiwán podrían ser otros de los grandes logros de una política exterior más realista y pragmática. Garantizar la paz en la región del Indo-Pacífico es esencial, y para ello es necesario abandonar la lógica de confrontación impuesta por el globalismo liberal. Un entendimiento entre Estados Unidos y China sobre los asuntos estratégicos de la región aseguraría una estabilidad duradera y reduciría los riesgos de conflicto.
La única región donde no está claro cuál será el accionar de Washington sigue siendo Oriente Medio, y los compromisos que tiene Trump con Israel, donde la situación sigue siendo tensa y las posibilidades de un gran conflicto regional que incluya a EE. UU. siguen vivas. Sin duda, este puede ser el talón de Aquiles del gobierno norteamericano en temas geopolíticos.
En este contexto, la política de Trump moldea un mundo donde las grandes potencias negocian desde sus propios intereses sin estar atadas a una visión hegemónica impuesta por una élite occidental decadente. Sí, es el fin de la globalización neoliberal tal como la conocemos. Esto marca el inicio de una era multipolar en la que el globalismo liberal, con su agenda de intervención y control absoluto, empieza a desmoronarse. El futuro se encamina hacia un equilibrio de poder más natural, donde cada nación puede defender sus propios intereses y zonas de influencia sin ser obligada a seguir un modelo único e impuesto desde arriba. Trump no solo está tratando de reordenar Occidente, sino que, junto con Rusia y China está poniendo los cimientos de un mundo verdaderamente soberano y multipolar.
