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Servidor público sin poder servir…

Miguel Ureña Cascante

Servidor público sin poder servir…sometido a cargas de trabajo que no permiten planificar adecuadamente el diario quehacer, sometido al reproche social porque ahora resulta que los impuestos que algunos pagan es lo que permite que mi salario llegue cada quincena basado en un estatuto que data de 1949 y no permite que se ajuste con la realidad nacional.

Servidor público deficitario y carente de motivación porque muchos jefes piensan que lo que está al frente es un privilegiado, y los que están por encima, piensan que son máquinas que se incorporan a un grupo de funcionarios llamado sindicato, y esto, ya es un problema porque empieza a exigir derechos y garantías que sólo las argollas tienen y resulta una amenaza porque ya no es sólo él:.son varios acuerpándolo.

Es un servidor público que debe adaptarse al sistema… las argollas predominan y serán los más calificados para ascender. Ellos serán los perdedores…los que suplen nuestros objetivos los mantendremos a la distancia, no estudian, no aportan, los inteligentes son otros tipos de servidores que tienen acceso a la toma de decisiones y tienen cientos de subalternos, y ellos, se catalogan como ejecutivos a quienes se les aprueban leyes, pero nunca en favor del servicio público que usted se merece.

Esas leyes van en deterioro y hacia reducir la planilla de servidores públicos que usted requiere, por eso no se podrán contratar más servidores en salud ..no se podrán contratar más servidores en seguridad (los que ya entraron los exponen al narco con rifles chochos), no se contratarán más servidores en educación; en general, no se contratarán más servidores porque “los que hay son muchos y son una carga” para el Estado.

Es decir, ya ser servidor es excluyente de la tierra que le da sustento. No somos ya parte del Estado… ser servidor público es carecer de sensibilidad ante tanta demanda porque si se le asigna un trabajo debe cumplirlo sin importar la limitación de recursos a que se expone.

Ser servidor público es no contar con derechos universales … ser servidor público se sataniza tal cual delincuente…ser servidor público es menos que el delincuente entre rejas porque a ese lo alimentan y conceden derechos, mientras que el servidor público debe ganarlos.

Ver un servidor público le desagrada a muchos burócratas… pero ser servidor público hoy es distinto de ser servidor público antes, porque muchos se sirvieron del servicio público.

Ser servidor público hoy es estar inmerso en un mundo de cabezas pensantes que justifican sus salarios con simples reuniones mensuales.

Por eso, si usted ve un servidor público hoy …verifique su nivel y quizás ahí podrá discernir qué tipo de servidor público es.

Recuerde que los diputados son servidores públicos, el presidente y sus ministros también…

Estos llegan a dirigir un país por delegación democrática, de tal manera, debemos tener más cuidado por quien votamos…serán servidores públicos, quizás, o se servirán con su consentimiento.

La historia se repite

“Los trabajadores hacen huelga el lunes, porque suben el pan; el martes se manifiestan porque ganan poco, el miércoles protestan porque faltan libertades, pero el domingo, votan por las derechas” (F. Mitterrand)

Manuel Hernández Venegas

Volverán cientos de empleados públicos, a votar por uno y otro partido, que han destruido las libertades colectivas de los trabajadores y derrumbado el Estado Social y Democrático.

En las urnas electorales quedarán enterradas, para el olvido, la política extrema de devaluación salarial, el congelamiento y el estancamiento a largo plazo de los salarios, la prohibición de la huelga y la negociación colectiva.

La democracia quedará redimida.

Un pueblo anestesiado, que perdió la memoria y que sufre enajenación de rebaño.

Un pueblo sin memoria está condenado a repetir el pasado.

El juego “Matarile rile ro” político

Vladimir de la Cruz

De niños jugábamos y cantábamos muchas canciones asociadas a juegos, una de ellas era “Matarile rile ro”. Se trataba de escoger un paje al que se le asignaba un trabajo o un oficio, que por escogido, se decía que ese oficio no le gustaba, hasta que llega a la “boda”, que supuestamente si le gustaba y se “festejaba”. Era un juego orientado a escoger principalmente oficios para niñas, para mujeres, pero también se podía asociar a niños, a varones, o a ambos cuando jugábamos niños y niñas. Si no le gustaba “hacer mandados” se le podía dar “un coscorrón”, se decía en la canción.

Las elecciones próximas me recordaron ese juego de barrio. Estamos con las elecciones donde se escogerá una persona cuyo oficio es ser “Mandatario”, depositante de la voluntad de los “mandantes” o electores, que le encargan a ese Mandatario gobernar bien, en interés del pueblo, nunca contra él, procurando la mayor felicidad posible y las mejores condiciones de vida, material, intelectual y emocional.

Comparativamente, el juego político es escoger ese Mandatario. Si no nos gusta su escogencia podemos darle “el coscorrón”, que a la tica es criticarlo lo más que se puede, movilizarse en protestas ciudadanas contra acciones que impulse desde el Poder Ejecutivo o conjuntamente con el Poder Legislativo, cuyos miembros, los diputados, también son mandatarios legislativos, encargados de hacer leyes, que no deben ser leyes contra el pueblo.

La Constitución Política de 1844 permitía la resistencia política contra el mal gobierno y su destitución. Esto hay que volverlo a recuperar constitucionalmente, lo que podría ser hoy la revocatoria de mandato, de lo que se habla con alguna frecuencia. La revocatoria de mandato se expresa en los procesos electorales cuando se trata de cambiar al partido político que ha venido gobernando, si no gusta su gestión, o de mantenerlo si gusta, de no reelegir el partido, porque el gobernante es obligatorio cambiarlo cada cuatro años.

Oficialmente en el registro electoral ya hay 28 partidos políticos de carácter nacional, que son los que llevan candidatos presidenciales. Todavía hay varios partidos que no han terminado sus trámites ni escogido sus candidatos, pero que posiblemente los concluyan satisfactoriamente.

A continuación, coloco la lista de partidos políticos inscritos, en orden alfabético, sin su candidato, sin decir cual identificación política o ideológica tienen, sin indicar si son de derecha, centro o izquierda…al vacío.

Usted, querido lector podrá escoger, a modo de encuesta, por cual partido votaría, de acuerdo a su información, conocimiento, simpatía o adherencia política ideológica.

Los 28 partidos nacionales inscritos y en trámite final de inscripción son los siguientes, en orden alfabético, en grupo y en lista.

Haga su selección solo con el nombre del Partido sin fijarse en su candidato, para que aprecie la dificultad que habrá para la inmensa mayoría de votantes su escogencia, para buscar ese paje de la canción que quiera ser de oficio por cuatro años Mandatario, en el supuesto que a todos los partidos y sus candidatos les guste llegar a ser Mandatarios.

En grupo estos partidos, en orden alfabético, son:

Accesibilidad sin Exclusión, Acción Ciudadana, Alianza Demócrata Cristiana, Alianza Patriótica, Avance Nacional, Centro Democrático y Social, Costa Rica Justa, De los Trabajadores, Encuentro Nacional, Frente Amplio, Fuerza Nacional, Integración Nacional, Liberación Nacional, Liberal Progresista, Movimiento Libertario, Movimiento Social Demócrata Costarricense, Nueva Generación, Nueva República, Patria Nueva, Progreso Social Democrático, Renovación Costarricense, Republicano Social Cristiano, Restauración Nacional, Unidad Social Cristiana, Unidos Podemos, Unión Costarricense Democrática, Unión Liberal y Unión Nacional.

En lista son los siguientes:

Accesibilidad sin Exclusión,
Acción Ciudadana,
Alianza Demócrata Cristiana,
Alianza Patriótica,
Avance Nacional,
Centro Democrático y Social,
Costa Rica Justa,
De los Trabajadores,
Encuentro Nacional,
Frente Amplio,
Fuerza Nacional,
Integración Nacional,
Liberación Nacional,
Liberal Progresista,
Movimiento Libertario,
Movimiento Social Demócrata Costarricense,
Nueva Generación,
Nueva República,
Patria Nueva,
Progreso Social Democrático,
Renovación Costarricense,
Republicano Social Cristiano,
Restauración Nacional,
Unidad Social Cristiana,
Unidos Podemos,
Unión Costarricense Democrática,
Unión Liberal
Unión Nacional.

De todos estos partidos ya inscritos, y en proceso final de su inscripción, 17 tienen su candidato definido. De igual modo los coloco alfabéticamente por su nombre, en grupo y en lista, para que Usted, apreciado lector, considere cuál de ellos podría ser el de su preferencia. Tres de estos partidos los escogieron por Convención Nacional, Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana. Al momento de escribir este artículo no estaba definido el ganador de la Convención del Partido Acción Ciudadana, entre Carolina Hidalgo y Welmer Ramos.

En grupo los candidatos presidenciales son:

Carlos Valenciano Kamer, Eliécer Feinzaig Mintz, Fabricio Alvarado Muñoz, Federico Malavassi Calvo, Greivin Moya, José María Figueres Olsen, Lineth Saborío Chaverri, Natalia Díaz Quintana, Oscar Campos, Oscar López Arias, Rodolfo Piza Rocafort, Rodolfo Hernández Gómez, Rodrigo Chaves Robles, Rolando Araya Monge, Sergio Mena, Vivian Quesada.

En lista los candidatos presidenciales son:

Carlos Valenciano Kamer
Eliécer Feinzaig Mintz
Fabricio Alvarado Muñoz
Federico Malavassi Calvo
Greivin Moya
José María Figueres Olsen
Lineth Saborío Chaverri
Natalia Díaz Quintana
Oscar Campos
Oscar López Arias
Rodolfo Piza Rocafort
Rodolfo Hernández Gómez
Rodrigo Chaves Robles
Rolando Araya Monge
Sergio Mena
Vivian Quesada

Sin definir candidato están los siguientes 11 partidos: Alianza Patriótica, Avance Nacional, Centro Democrático y Social, Alianza Demócrata Cristiana, De los Trabajadores, Frente Amplio, Integración Nacional, Patria Nueva, Renovación Costarricense, Restauración Nacional, Unión Nacional.

De igual manera, para su posible escogencia, la lista de partidos con sus respectivos candidatos ya definidos es la siguiente:

Accesibilidad sin Exclusión, Oscar López Arias
Acción Ciudadana, Carolina Hidalgo o Welmer Ramos
Alianza Demócrata Cristiana, SIN DEFINIR aún.
Alianza Patriótica, SIN DEFINIR aún.
Avance Nacional, SIN DEFINIR aún.
Centro Democrático y Social, SIN DEFINIR aún.
Costa Rica Justa, Rolando Araya Monge
De los Trabajadores, SIN DEFINIR aún.
Encuentro Nacional, Oscar Campos
Frente Amplio, SIN DEFINIR aún.
Fuerza Nacional, SIN DEFINIR aún.
Integración Nacional, SIN DEFINIR aún.
Liberación Nacional, José María Figueres Olsen
Liberal Progresista, Eliécer Feinzaig Mintz
Movimiento Libertario, Carlos Valenciano Kamer
Movimiento Social Demócrata Costarricense,
Nuestro Pueblo, Rodolfo Piza Rocafort
Nueva Generación, Sergio Mena,
Nueva República, Fabricio Alvarado Muñoz
Patria Nueva, SIN DEFINIR
Progreso Social Democrático, Rodrigo Chaves Robles
Renovación Costarricense, SIN DEFINIR aún.
Republicano Social Cristiano, Rodolfo Hernández Gómez
Restauración Nacional, SIN DEFINIR aún.
Unidad Social Cristiana, Lineth Saborío Chaverri
Unidos Podemos, Natalia Díaz Quintana
Unión Costarricense Democrática,
Unión Liberal, Federico Malavassi Calvo
Unión Nacional. SIN DEFINIR aún.

En todos los procesos electorales hay también candidatos que suenan posibles, a modo de paracaidistas políticos, para encabezar algún partido que se les presta o alquila, o los invitan para darle vida a esos partidos aprovechando el nombre del posible candidato, donde partidos y candidatos, de este tipo, se presentan casi como franquicias electorales en cada campaña electoral.

La prensa, los medios, los periodistas y encuestadores toman en cuenta a estos paracaidistas políticos, les dan pelota y hasta los colocan en puestos destacados de sus trabajos informativos. Hasta los encuestadores universitarios caen en esta trampa, o en este juego de impulsar candidatos, aún no oficiales y “candidatos” o personajes sin partido.

Interesante para la salud pública política sería que solo tomen en cuenta a los que están debidamente nominados por sus partidos. El escenario del resultado de las encuestas podría alterarse, hacia arriba o hacia abajo, sin esos candidatos paracaidistas o aun no nominados, en la visión de los ciudadanos.

Los partidos nacionales participan, de igual manera, con candidatos a diputados en todas las provincias. Así sumamos a estos 28 partidos nacionales 26 partidos provinciales más, que solo están inscritos para elegir diputados. Así, en las candidaturas a diputados tenemos 54 partidos distribuidos en las siete provincias, en unas habrá más partidos que en otras.

En el juego “Matarile rile ro” político presidencial podremos llegar a tener 28 candidatos que quieren ser los Mandatarios y a nivel legislativo habrá un total de 3.078 candidatos.

De todos estos candidatos a diputados probablemente destacarán publicitariamente los dos o tres que encabezan las listas de diputados por cada provincia…los demás van de relleno, sin ofender ni disminuir su importancia.

A nivel de las candidaturas presidenciales la papeleta coloca el color de la bandera y la cara del candidato presidencial, que puede ayudar al votante, o mandante a su escogencia. En la lista de diputados solo se coloca el color de la bandera en la casilla de votación, donde serán 54 banderitas muchas muy parecidas por el uso y mezcla de colores de cada partido.

Querido lector prepárese, como en el juego, “Matarile rile ro”, para dar el coscorrón correspondiente.

Apenas 500 años después

Palabras de los pueblos zapatistas

13 de agosto del 2021

Hermanas, hermanos, hermanoas:
Compañeros, compañeras, compañeroas:
Por nuestras voces hablan las comunidades zapatistas.
Primero queremos agradecer.
Agradecer que nos hayan invitado.
Agradecer que nos hayan recibido.
Agradecer que nos hayan hospedado.
Agradecer que nos hayan alimentado.
Agradecer que nos hayan cuidado.

Pero sobre todo agradecerles que, a pesar de sus diferencias y contrariedades, se hayan puesto de acuerdo para esto que hoy hacemos. Que tal vez les parecerá poco a ustedes, pero para nosotros los pueblos zapatistas es muy grande.

Somos zapatistas de raíz maya.

Somos de una geografía llamada México y atravesamos el océano para decirles estas palabras, para estar con ustedes, para escucharles, para aprender de ustedes.

Somos de México y en ustedes y con ustedes encontramos cariño, cuidado, respeto.

El Estado Mexicano y sus gobiernos no nos reconocen como nacionales de esa geografía. Somos extraños, extranjeros, indeseables, inoportunos en los mismos suelos que fueron cultivados por nuestros antecesores.

Para el Estado Mexicano somos “extemporáneos”. Eso dice el acta de nacimiento que, después de muchos gastos y viajes de nuestros poblados a las oficinas del mal gobierno, logramos obtener. Y lo hicimos para poder llegar hasta ustedes.

Pero no hemos llegado hasta acá para quejarnos. Ni siquiera para denunciar al mal gobierno que padecemos.

Sólo les decimos esto, porque es ese mal gobierno el que le ha exigido al Estado Español que pida perdón por lo ocurrido hace 500 años.

Deben comprender que, además de ser un sinvergüenza, el mal gobierno de México es también ignorante de la historia. Y la tuerce y acomoda a su conveniencia.

Así que dejemos de lado a los malos gobiernos que cada quien padecemos en nuestras geografías.

Ellos son sólo capataces, empleados obedientes de un criminal mayor.

Quienes formamos el Escuadrón Marítimo Zapatista, y que nos conocen como el Escuadrón 421, hoy estamos frente a ustedes, pero sólo somos el antecedente de un grupo más grande. Hasta 501 delegados. Y somos 501 sólo para demostrarles a los malos gobiernos que vamos delante de ellos. Mientras ellos simulan un festejo falso de 500 años, nosotros, nosotras, nosotroas, vamos ya en lo que sigue: la vida.

En el año 501 habremos de recorrer los rincones de esta tierra insumisa.

Pero no se preocupen. No vendrán los 501 delegados y delegadas de un jalón. Sino que por partes irán llegando.

Ahora mismo, en las montañas del Sureste Mexicano, se está preparando la compañía zapatista aerotransportada a la que llamamos “La Extemporánea” y que está formada por mujeres, hombres, niños y niñas zapatistas.

Con esta compañía aerotransportada viajará también una delegación del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua.

Todas, todoas, todos han padecido para conseguir papeles y vacunas. Se han enfermado y se han aliviado. Han tenido hambre y han estado lejos de sus familias, sus comunidades, su tierra, su lengua, su cultura.

Pero todos, todas y todoas están animados y entusiasmados por llegar a encontrarles. Pero no es en actos grandes, sino que en los lugares donde ustedes resisten, se rebelan, luchan.

Tal vez a alguien le parezca que nos interesan los grandes actos y el impacto mediático, y así valoren los éxitos y fracasos.

Pero nosotros hemos aprendido que las semillas se intercambian, se siembran y crecen en lo cotidiano, en el suelo propio, con los saberes de cada quien.

El mañana no se gesta en la luz. Se cultiva, se cuida y se nace en las sombras inadvertidas de la madrugada, cuando la noche empieza apenas a ceder terreno.

Los terremotos que sacuden la historia de la humanidad empiezan con un “ya basta” aislado, casi imperceptible. Una nota discordante a mitad del ruido. Una grieta en el muro.

Por eso es que no venimos a traer recetas, a imponer visiones y estrategias, a prometer futuros luminosos e instantáneos, plazas llenas, soluciones inmediatas. Ni venimos a convocarles a uniones maravillosas.

Venimos a escucharles.

No será fácil, cierto.

Somos tan diferentes, tan distintos, tan lejanos, tan contrarios y, sobre todo, tan contradictorios.

Nos separan muchas cosas.

Tal vez, al hablar, queriéndolo o no, no sólo decimos nuestra historia, también demostramos la convicción de que lo nuestro es lo que vale, es la verdad.

Cada mirada al pasado nos divide. Y no es de balde esa diferencia. En cada mirada hay rabia y dolor que con legitimidad se asoman a lo anterior.

Es cierto que al mirar la historia pasada buscamos encontrar lo que queremos. Sea rabias, rencores, condenas o absoluciones. Aunque hay estudios serios y profundos, podemos buscar el que nos conviene, el que nos da la razón. El que nos justifica. Y lo hacemos “verdad”.

Así podemos juzgar y condenar. Pero la justicia queda olvidada.

Y así podemos encontrar muchas cosas que nos dividen y confrontan.

Tenemos broncas en nuestra familia, en nuestro grupo, colectivo, organización. En nuestro barrio. En nuestra comarca. En nuestra geografía.

Cada quien tiene un dolor que le marca. Una rabia que le mueve.

Y esos dolores y esas rabias, que no son pocas, están ahí.

Y los pueblos zapatistas decimos que sólo una amenaza más grande, un dolor más terrible, una rabia mayor, es la que puede hacer que nos pongamos de acuerdo en dirigir esa rabia y ese dolor más arriba.

Pero no es que desaparezcan esas diferencias que tenemos, como en los falsos llamados a la “unidad” que suelen hacer los de arriba cuando los de abajo les piden cuentas.

No, de lo que hablamos las comunidades zapatistas es de una causa, de un motivo, de una meta: la vida.

No se trata de abandonar convicciones y luchas. Al contrario. Pensamos que las luchas de mujeres, de otroas, de trabajadores, de originarios, no sólo no deben detenerse, sino que debieran ser más profundas y radicales. Cada quien enfrenta una o varias cabezas de la Hidra.

Porque todas esas luchas, de ustedes y de nosotros los pueblos zapatistas, son por la vida.

Pero mientras no destruyamos al monstruo en su corazón, esas cabezas seguirán brotando y cambiando de forma pero con mayor crueldad.

Ahora, en estos tiempos, miramos y sufrimos una destrucción gigantesca; la de la naturaleza, con la humanidad incluida.

Porque bajo los escombros, las cenizas, el lodo, las aguas sucias, las pandemias, la explotación, el desprecio, el despojo, el crimen, el racismo y la intolerancia, hay seres humanos sin vida. Y cada vida es una historia que se convierte en un número, una estadística, un olvido.

El futuro, la historia por venir, es, como el presente, una pesadilla real. Y, cuando pensamos que no puede ser peor, viene la realidad a golpearnos en el rostro.

Y entonces cada quien ve por sí mismo y, en el mejor de los casos, por sus cercanos: su familia, sus amistades, sus personas conocidas.

Pero, así como en cada rincón del planeta, en cada corazón que late, hay una desgracia presente y una por llegar, hay también una resistencia, una rebeldía, una lucha por la vida.

Porque vivir no es sólo no morir, no es sobrevivir. Vivir como seres humanos es vivir con libertad. Vivir es arte, es ciencia, es alegría, es baile, es lucha.

Y claro, vivir también es estar en desacuerdo con una u otra cosa, discutir, debatir, confrontar.

Entonces hay alguien o algo que nos impide vivir, que nos arrebata la libertad, que nos engaña, que nos estafa, que nos acorrala, que nos va quitando el mundo de cada quien a mordiscos, a tajos, a heridas.

Ahí podemos elegir al responsable. Buscar un culpable. Confrontarlo y hacer justicia. Alguien o algo que pague, que responda por ese dolor que nos deja solos, solas, soloas. Que nos arrincona en una isla cada vez más pequeña, tan diminuta que sólo queda el yo de cada quien.

Y aún ahí, en la pequeña isla, lejana de todo y de todos, nos obligan a ser otra cosa, a no ser lo que somos. Nuestra historia individual que tiene su parte de historia colectiva: una habitación, una casa, un barrio, una comunidad, una geografía, una causa que debe ser cambiada y traicionada para ser parte de otra cosa.

Una mujer que sea del agrado del hombre. Unoa otroa que sea aceptada por lo hetero. Una juventud a la satisfacción de la madurez. Una vejez tolerada por la juventud. Una niñez en disputa por jóvenes, adultos, ancianos. Una fuerza de trabajo eficiente y dócil para el capataz. Un capataz al gusto del Mandón.

Y esa presión para transformarse en lo que no somos tiene el modo de la violencia.

Y es estructural. Todo el sistema está construido para imponer el molde de la normalidad.

Si somos mujeres, debemos serlo según el molde de los varones.

Si somos otroas, debemos serlo según el molde de lo heterosexual.

Por ejemplo, ya ven que hasta hay clínicas para “corregir” la diferencia sexual.

Bueno, pues el sistema es una gigantesca y brutal clínica que “cura” la “anormalidad”. Una máquina que ataca, aísla y liquida lo otro, lo diferente.

Entonces pues así nos traen, día y noche, queriéndonos domar, buscando domesticarnos.

Y nosotros, pues resistiendo. Toda la vida y generaciones completas resistiendo, rebelándose. Diciendo “no” a la imposición. Gritando “sí” a la vida.

No es nuevo, es cierto. Podríamos remontarnos 5 siglos atrás y la misma historia.

Y lo ridículo de todo eso es que, quienes nos oprimen ahora, pretenden tomar el papel de nuestros “libertadores”.

Sin embargo, algo es diferente. Y es que el dolor de la tierra, de la naturaleza, también se ha unido al nuestro.

Y aquí podemos estar o no de acuerdo. Podemos decir que no es cierto, que las pandemias se terminarán, que las catástrofes cesarán, que el mundo, que nuestra vida en el mundo, volverá a ser como antes. Aun cuando ese “antes” era y es de dolor, destrucción e injusticia.

Nosotros, los pueblos zapatistas, pensamos que no. Que no sólo no volverá a ser como antes. Que se va a poner peor.

Nosotras las comunidades zapatistas nombramos al responsable de estos males y le llamamos “capitalismo”.

Y también decimos que sólo con la destrucción total de ese sistema será posible que cada quien, según su modo, su calendario y su geografía, habrá de levantar otra cosa.

No perfecta, pero sí mejor.

Y a eso que se construya, a esas nuevas relaciones entre los seres humanos y entre la humanidad y la naturaleza, se le pondrá el nombre que a cada quien le dé la gana.

Y sabemos que no será fácil. Que no lo es ya.

Y sabemos bien que no podremos solos, cada quien en su parcela combatiendo contra la cabeza de la hidra que le toca padecer, mientras el corazón del monstruo se rehace y crece todavía más.

Y sobre todo sabemos que no habremos de mirar ese mañana en el que, al fin, la bestia arda y se consuma hasta que de ella sólo quede un mal recuerdo.

Pero también sabemos qué haremos nuestra parte, aunque sea pequeña, aunque la olviden las generaciones venideras.

Como comunidades zapatistas que somos, vemos señales.

Pero tal vez estamos equivocados como pueblos que somos.

Ya ven que dicen que somos ignorantes, retrasados, conservadores, opositores al progreso, premodernos, bárbaros, incivilizados, inoportunos e inconvenientes.

Tal vez es así.

Tal vez estamos atrasados porque como mujeres que somos o como otroas, podemos salir a pasear sin temor de que nos ataquen, nos violen, nos descuarticen, nos desaparezcan.

Tal vez estamos en contra del progreso porque nos oponemos a los megaproyectos que destruyen la naturaleza y nos destruyen como pueblos, y que heredan muerte para las generaciones que siguen.

Tal vez estamos en contra de la modernidad porque nos oponemos a un tren, una carretera, una presa, una termoeléctrica, un centro comercial, un aeropuerto, una mina, un depósito de material tóxico, la destrucción de un bosque, la contaminación de ríos y lagunas, el culto a los combustibles fósiles.

Tal vez somos atrasados porque honramos a la tierra en lugar de al dinero.

Tal vez somos bárbaros porque cultivamos nuestros alimentos. Porque trabajamos para vivir y no para ganar paga.

Tal vez somos inoportunos e inconvenientes porque nos gobernamos a nosotros mismos como pueblos que somos. Porque consideramos el trabajo de gobierno como un trabajo más de los comunitarios que habremos de cumplir.

Tal vez somos rebeldes porque no nos vendemos, porque no nos rendimos, porque no claudicamos.

Tal vez somos todo eso que dicen de nosotros.

Pero algo miramos, algo escuchamos, algo sabemos que está pasando y que va a pasar.

Y por eso estamos en este viaje. Porque pensamos y sabemos que no somos los únicos que luchamos, que no somos los únicos que vemos lo que está pasando y lo que va a pasar.

Nuestro rincón del mundo es una pequeña geografía de lucha por la vida.

Estamos buscando otros rincones y queremos aprender de ellos.

Por eso llegamos hasta acá, no a traerles reproches, injurias, reclamos, cobros por deudas impagadas.

Aunque eso esté de moda y aunque cualquiera diría que sí, que tenemos razón en esos reclamos o que no sabemos lo que debemos hacer y ellos, los malos gobiernos, lo harán por nosotros.

Y que esté de moda que esos malos gobiernos se escondan detrás de nacionalismos de cartón.

Y que, bajo la bandera del nacionalismo, nos cubramos nosotros y se cubra también quien nos oprime, quien nos persigue, quien nos asesina, quien nos divide y nos confronta.

No. No venimos a eso.

Detrás de los nacionalismos se esconden no sólo las diferencias, también y sobre todo los crímenes. Bajo un mismo nacionalismo se cobijan el macho violento y la mujer agredida, la intolerancia heterosexual y la otredad perseguida, la civilización depredadora y el pueblo originario aniquilado, el capital explotador y los trabajadores subyugados, los ricos y los pobres.

Las banderas nacionales ocultan más de lo que muestran, mucho más.

Porque pensamos eso, es que nuestro empeño por la vida es mundial. No reconoce fronteras, lenguas, colores, razas, ideologías, religiones, sexos, edades, tamaños, banderas.

Por eso la nuestra, es una Travesía por la Vida.

Ésta es de las pocas veces que haremos uso de la palabra en un acto donde unos pocos hablan y muchos escuchan.

Y lo aprovechamos para hacerles una petición respetuosa.

Cuéntenos su historia. No importa si es grande o pequeña.

Cuéntenos su historia de resistencia, de rebeldía. Sus dolores, sus rabias, sus “no” y sus “sí”.

Porque nosotras las comunidades zapatistas hemos venido a escuchar y a aprender la historia que hay en cada habitación, en cada casa, en cada barrio, en cada comunidad, en cada lengua, en cada modo y en cada ni modos.

Porque, después de tantos años, hemos aprendido que en cada disidencia, en cada rebeldía, en cada resistencia, hay un grito por la vida.

Y, según nosotros los pueblos zapatistas, de eso se trata todo: de la vida.

Y, cuando un día cualquiera, alguien les pregunte “¿a que vinieron los zapatistas?”, juntos podremos responder, sin pena para ustedes y sin vergüenza para nosotras, “vinieron a aprender”.

500 años después, las comunidades zapatistas vinieron a escucharnos.

Desde Madrid, en la geografía que llaman España, y en estos suelos y bajo estos cielos renombrados como SLUMIL K´AJXEMK´OP, o “tierra insumisa”.

A nombre de las comunidades zapatistas.

El Escuadrón Marítimo Zapatista, llamado “Escuadrón 421”.

Planeta Tierra. 13 de agosto, apenas 500 años después.

Información tomada de: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/08/13/apenas-500-anos-despues/
Compartido con SURCOS por María Trejos Montero.

El dilema del petróleo

Por Freddy Pacheco León

Petróleo o turismo, parece ser el dilema que nos quieren imponer, y la respuesta es obvia. Es el turismo, principalmente de mar y playa, la fuente de divisas y empleo más importante de Costa Rica. El ramillete de maravillosas y pequeñas playas que tenemos en ambas vertientes, no es usual encontrarlo en otros países. Caracterizadas por un clima admirable y una vegetación esplendorosa, la gran mayoría exhibe una limpieza certificada ambientalmente, que permiten vislumbrar para después de la pandemia, una recuperación y desarrollo turístico acelerado, si contribuimos con ello. Un nuevo aeropuerto internacional en Orotina, unido una nueva autopista por una nueva ruta hacia el Pacífico, será parte de esa infraestructura necesaria.  De lograrse, se facilitará el ingreso de al menos seis o siete millones de visitantes, atraídos es cierto, por el verdor de nuestros remanentes bosques y diversidad de zonas de vida, pero inobjetablemente, por el sol, el mar y la playa, que conforman el imán virtual que invita a venir a los millones de visitantes, principalmente del hemisferio norte.  

 Pero, imprudentemente, frente a esa realidad, desde hace unos años hay quienes muestran obsesión por los espejismos del negro petróleo. Hace unos 40 años, en la administración de don Luis Alberto Monge, pretendieron construir nada menos que en bahía Culebra, ¡donde hoy se desarrolla el visionario Polo Turístico Golfo de Papagayo!, decenas de tanques gigantescos y un muelle para buques petroleros, como parte de la infraestructura de un oleoducto interoceánico. Gigantesco ducto, que supuestamente iría a trasladar diariamente 1.200.000 barriles de petróleo estadounidense a través de Costa Rica, por el que nos pagarían US$10 millones anuales. Aunque, como ahora, lo presentaban como la salvación fiscal de Costa Rica, fácil es imaginar que, de haberse ejecutado dicho proyecto, el desarrollo del turismo ¡jamás habría sido una realidad tangible!

Pasado ese capítulo y luego de la aprobación de una Ley de Hidrocarburos, modelo de entreguismo antipatriótico, un día sí y otro no, como abejones de temporada, brotan los que, ¡sin prueba alguna!, afirman que nuestro precioso país está prácticamente flotando en petróleo y gas metano, ese al que llaman “gas natural” y que es decenas de veces más contaminante que el CO2.

¡Que es «un pecao» no aprovecharlo, dicen, pues con su explotación pasaríamos a ser una nación petrolera casi como Catar! ¡Que es increíble (como decía el Trump) que los prejuicios “ideológicos” impidan que los costarricenses no podamos gozar de la riqueza que el petróleo nos garantizaría!  Hasta ahora no han dicho que con él todos tendremos un BMW, como “vendían” el TLC, pero quizá no habría que esperar mucho.

Y lo peor es que hay gente que les cree esos cuentos demagógicos. Cuentos en los cuales no se menciona que habría que gastar cientos de millones de dólares para tratar de encontrar, después de muchos años, dónde se esconden esos hidrocarburos altamente contaminantes, pues ni sus fanáticos proponentes tienen idea. Cuentos también, que no mencionan que el Estado costarricense tendría que construir una refinería a un costo cercano a los US$2.000 millones, para un supuesto petróleo del que no se sabe cuál sería su costo de extracción, su transporte desde quien sabe dónde, su valor de mercado internacional, su cantidad explotable ni sus características.

Así, cual, si los costarricenses pudiésemos endeudarnos más para financiar esa «lotería petrolera», no nos hablan de por cuántos años tendríamos que estar pagando más caros los combustibles que eficientemente nos ofrece el Estado, mientras superamos esa jarana sin sentido y dimensiones inimaginables.

O sea, compatriotas, mientras por un lado una cosa semejante sería como un mazazo demoledor para la industria turística que tantos beneficios socioeconómicos concretos nos aporta, por otro, y esto también es de la mayor importancia, algunos ilusos quieren que Costa Rica se promocione como nación enemiga del ambiente y entusiasta promotora del cambio climático. Quieren que se nos reconozca como un pueblo ajeno al futuro que se vaticina para nuestro planeta, el único habitado del Universo, el que tenemos el deber de resguardar como parte del esfuerzo común que la mayoría de pueblos del mundo ha asumido como tarea. Gente que, cual, si eso no importara, mira hacia atrás y no hacia las fuentes de energía limpias del futuro, que como costarricenses hemos de estar comprometidos en promover. Gente a la que tampoco le importaría, ya a nivel nacional, los inevitables y frecuentes derrames de petróleo que podrían arrasar con quién sabe cuántas de nuestras formidables pequeñas playas, para así mandar al carajo el esfuerzo de tantos años.  Personajes que, además, quieren llevar esas ideas a la Presidencia de la República.

 

Compartido con SURCOS por Freddy Pacheco León.

Llegan los afganos

Por Carlos Meneses Reyes

Si hay algo de escaso merito, por parte de ejecutorias gubernamentales del sub presidente colombiano, significa la fallida política exterior y por ende la carencia de una acertada visión de relación con los Estados, en cuanto al tema migratorio acaece.

Lo migratorio clasifica como álgido en la agenda internacional de cualquier país. Subsume diagnósticos tempranos y problemas de afrontar como la salud, educación, seguridad; acorde con el panorama geopolítico, el tránsito, recepción y destino, de esa población, que afecta el tejido social y de entorno.

Tal cual ha sucedido con la concentración de migrantes (la mayoría haitianos y de otros países) en Necloquí, la improvisación y la desidia, redundan en característica y el trato dado a la población migrante venezolana, aupada y soliviantada por motivaciones de injerencias extranjeras y manejo maquiavelista de obtusa oposición al reconocimiento de un gobierno constitucionalmente establecido, conllevan al diagnóstico que en materia de relaciones exteriores y comportamiento migratorio nacional, se está ante una verdadera pifiada

En el presente mes entró en vigencia una nueva Ley de Fronteras, por medio de la cual se establece un régimen especial para los corregimientos, municipios, departamentos y regiones de frontera de Colombia, en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 9, 289 y 337 de la constitución política. La norma fue impulsada por el Gobierno Nacional para regular lo relacionado con las zonas fronterizas de los países vecinos. Al igual que todas las leyes en Colombia, se hacen de espaldas a un debate nacional y a auscultar las necesidades recientes locales. Un ingente esfuerzo, que en nada compensó situaciones nuevas suscitadas en el escenario internacional; precisamente por falta de una perspectiva funcional de las relaciones exteriores aplicada, o sin aplicar, debido al desconocimiento y lo sujeto a la improvisación. Es así, como se estrena esa ley, que plasma situaciones de hecho acomodadas y que ante lo inusitado que ha resultado, el paso por el territorio nacional y permanencia de población migrante haitiana y de otros países, concentrados en zonas no fronterizas, nos damos el lujo de estrenar nueva ley, que no contempla la situación de hecho planteada.

Para el próximo mes de octubre, queda definida la legalización de más de 1.700.000 venezolanos de ambos sexos, que permanecían en el país, a partir del 31 de enero de 2.021.

La carencia de una política consecuente con las actividades e intereses de relaciones de poder y de grupo de los migrantes en Colombia, explica por qué ahora, salta la liebre en un mundo tan distante como el lejano oriente y nos vemos avocados a la orden imperial de tener que aceptar la permanencia y hospitalidad de población afgana, resultado de la debacle producida en ese país invadido por las fuerzas estadounidenses y de la OTAN.

El Estatuto de Permanencia Permanente en el Territorio para venezolanos, conocido como Estatuto Temporal de Protección (ETP), está compuesto por tres fases, a partir del Registro Único de Migrantes venezolanos (RUMV). En USA se denomina Estatuto de Protección Personal (TPS). ¡Tamaña coincidencia! La primera etapa se inició el 5 de mayo. La segunda etapa se inicia el 1 de septiembre e incluye la verificación de datos de manera presencial y el registro biométrico; la tercera fase, concluye hasta octubre de 2.021. A partir del mes de octubre de 2.021 los venezolanos obtendrán la decisión de recibir el certificado de permanencia, como documento permanente, en el plazo de treinta días. Desde ya indicar que esa permanencia se otorga gratuitamente por el plazo de 10 años, como algo que no ajusta realidades cambiantes en la situación venezolana interna. En tanto, ningún venezolano está beneficiado por el Estatuto, sin cambiar su condición migratoria, que es lo indispensable para poderse beneficiar del Sisben, por ejemplo. Están como en el limbo, sin cédula, pasaporte, opciones; algo cohonestado por el sistema migratorio inoperante y que laxa el control de comportamiento social de esta población migrante. Es de enterarse que el actual éxodo de población venezolana no había tenido parangón de proporción, por su cantidad, en América Latina. Ha venido siendo resuelto en otros países y Colombia, la mayor receptora de ese fenómeno no ha logrado dar las pautas de ejemplo a seguirse.

Suscita debate e interpretaciones diversas la permanencia de venezolanos en el país. Expertos los califican de mitos y los reducen a grupos o temas como el que los migrantes salen de su país porque quieren. Generaran inseguridad. Representan peligro para la cultura del país. Afectan la capacidad laboral y de trabajo a la población colombiana. Discriminan a la mujer venezolana situándola en que vienen a embarazarse a Colombia y tener a sus hijos, en garantía a una permanencia.

Naturaleza de la población migrante venezolana en Colombia

A Colombia arriban venezolanos y venezolanas migrantes, motivados por situaciones económicas, sociales, de subsistencia. Se trata de desplazados laborales, emigrantes económicos. Buscan mejorar sus calidades de vida; o salir, puesto que lo hicieron sus familiares; también, para reunificarse. Buscar otros horizontes, etc. Etc. En modo alguno son perseguidos políticos. Huyen por las condiciones económico, sociales y de desventaja, producto de las medias coercitivas y de embargos contra las divisas internacionales del país bolivariano; bloqueos y sanciones impuestos por decenas de países, incluidos los Estados Unidos y la UE, como agentes instigadores principales. Buscan la caída no solo del presidente N. Maduro, sino de todo el sistema imperante de la Revolución Bolivariana. Y esto no es simple afirmación, sino punto de vista escueto. Obedece a la característica de esa población, a la luz del Derecho Internacional Público. Por el contrario, los refugiados son personas que huyen de conflictos armados y de persecución directa. Por motivos políticos, religiosos, raciales, de género, de libre determinación de sexo. Califican como personas en quienes penden amenazas, procesos y/o sentencias adocenadas de parcialidad política, persecución y sobre quienes pesa grave riesgo de perder la vida y por ende a quienes resulta peligroso negar el refugio o el asilo. En esto del estatus de refugio y asilo impera es el estado de conciencia subjetivo del perseguido y/o solicitante. Algo que la regularización del tal Estatuto de personas migrantes venezolanas no califica, para permanecer como refugiados en Colombia.

El régimen de refugiados está claramente normado en lo internacional. Los países respetan y aplican esa normativa que sustenta el principio de legalidad interna. De manera que el tratamiento dado a la población migrante venezolana no admite discusión y es en ocasiones, contenido de acciones y conductas prevaricadoras. Cada país tiene soberanamente procedimientos especializados para conceder o negar un estatutos de refugiados y o asilados; así como para declarar personas no gratas y hasta permitirse el no ingreso o expulsar a extranjeros. Eso concierne al poder de discrecionalidad. En Colombia el invento del Estatuto Provisional de Permanencia por más de diez años, da al traste con esos principios de aplicación universal del debido proceso. Es claramente inconstitucional.

De la naturaleza de los migrantes afganos

Al respecto hablemos de una caja de Pandora. El gobierno narco paramilitar, cipayo, pro imperio y los medios de alienación masiva (MAM), mantienen en vilo a la opinión pública nacional acerca de la llegada de más de 4.000 afganos, que huyen de su país de origen. Se anticipan a calificarlos de refugiados. Tamaña tropelía. El solo hecho de acatar la propuesta unilateral, inconsulta, de orden y mando del gobierno norteamericano, para que sean recibidos un numero de afganos que han salido de su país y ellos han evacuado, previamente, representa el asomo de un flagrante delito de abuso de poder, en un país bajo un supuesto régimen de Estado de Derecho. ¿Qué conlleva esa aceleración confusa?: a una flagrante violación de la soberanía nacional. El trasfondo de supuestos ciudadanos, mujeres, familias y niños perseguidos abrirá la patente de corso para que los efectivos para invasores afganos, actores de crímenes de guerra y de alistamiento militar, traídos, al servicio de las tropas invasoras del pueblo afgano, llegaren a las fértiles tierras del narco para militarismo estatal colombiano. ¿Cuántos de ellos mercenarios y sicarios, en listados de aprobación del Pentágono y de la CIA? Anuncian además, que USA costeará todo, cual prebendas, de por sí denigrantes; lo cual de por si es manifiestamente inconstitucional y craso delito a lesa soberanía (me abstengo de mencionar lesa “patria”, que la bota militarista del ejército made in Usa, ha pisoteado).

Todo pareciere indicar que la llegada de los tales afganos fracasará. ¡De lo contrario, es porque hay Troya!

El dilema del petróleo

Freddy Pacheco León

Petróleo o turismo, parece ser el dilema que nos quieren imponer, y la respuesta es obvia. ES EL TURISMO, PRINCIPALMENTE DE MAR Y PLAYA, LA FUENTE DE DIVISAS Y EMPLEO MÁS IMPORTANTE DE COSTA RICA. El ramillete de maravillosas y pequeñas playas que tenemos en ambas vertientes, no es usual encontrarlo en otros países. Caracterizadas por un clima admirable y una vegetación esplendorosa, la gran mayoría exhibe una limpieza certificada ambientalmente, que permiten vislumbrar para después de la pandemia, una recuperación y desarrollo turístico acelerado, si contribuimos con ello. Un nuevo aeropuerto internacional en Orotina, unido por una nueva autopista hacia el Pacífico, será parte de esa infraestructura necesaria. De lograrse, se facilitará el ingreso anual de al menos seis o siete millones de visitantes, atraídos es cierto, por el verdor de nuestros remanentes bosques y diversidad de zonas de vida, pero inobjetablemente, por el sol, el mar y la playa, que conforman el imán virtual que invita a venir a los millones de visitantes, principalmente del hemisferio norte.

Pero, imprudentemente, frente a esa realidad, desde hace unos años hay quienes muestran obsesión por LOS ESPEJISMOS DEL NEGRO PETRÓLEO. Hace unos 40 años, en la administración de don Luis Alberto Monge, pretendieron construir nada menos que en bahía Culebra, ¡donde hoy se desarrolla el visionario Polo Turístico Golfo de Papagayo!, decenas de tanques gigantescos y un muelle para buques petroleros, como parte de la infraestructura de un OLEODUCTO interoceánico. Gigantesco ducto, que supuestamente iría a trasladar diariamente 1.200.000 barriles de petróleo estadounidense a través de Costa Rica, por el que nos pagarían US$10 millones anuales. Aunque, como ahora, lo presentaban como la salvación fiscal de Costa Rica, fácil es imaginar que, de haberse ejecutado dicho proyecto, el desarrollo del turismo ¡jamás habría sido una realidad tangible!

Pasado ese capítulo y luego de la aprobación de una Ley de Hidrocarburos, modelo de entreguismo antipatriótico, un día sí y otro no, como abejones de temporada, brotan los que, ¡SIN PRUEBA ALGUNA!, afirman que nuestro precioso país está prácticamente FLOTANDO EN PETRÓLEO Y GAS METANO, ese al que llaman “gas natural” y que es decenas de veces más contaminante que el CO2.

¡Que es «un pecao» no aprovecharlo, dicen, pues con su explotación pasaríamos a ser una nación petrolera casi como Catar! ¡Que es increíble (como decía el Trump) que los prejuicios “ideológicos” impidan que los costarricenses no podamos gozar de la riqueza que el petróleo nos garantizaría! Hasta ahora no han dicho que con él todos tendremos un BMW, como “vendían” el TLC, pero quizá no habría que esperar mucho.

Y lo peor es que hay gente que les cree esos CUENTOS DEMAGÓGICOS. Cuentos en los cuales no se menciona que habría que gastar cientos de millones de dólares para tratar de encontrar, después de muchos años, dónde se esconden esos hidrocarburos altamente contaminantes, pues ni sus fanáticos proponentes tienen idea. Cuentos también, que no mencionan que el Estado costarricense tendría que construir una REFINERÍA a un costo cercano a los US$2.000 millones, para un supuesto petróleo del que no se sabe cuál sería su costo de extracción, su transporte desde quien sabe dónde, su valor de mercado internacional, su cantidad explotable ni sus características.

Así, cual si los costarricenses pudiésemos endeudarnos más para financiar esa «LOTERÍA PETROLERA», no nos hablan de por cuántos años tendríamos que estar pagando más caros los combustibles que eficientemente nos ofrece el Estado, mientras superamos esa jarana sin sentido y dimensiones inimaginables.

O sea, compatriotas, mientras por un lado una cosa semejante sería como un MAZAZO DEMOLEDOR PARA LA INDUSTRIA TURÍSTICA que tantos beneficios socioeconómicos concretos nos aporta, por otro, y esto también es de la mayor importancia, algunos ilusos quieren que Costa Rica se promocione COMO NACIÓN ENEMIGA DEL AMBIENTE y entusiasta promotora del cambio climático. Quieren que se nos reconozca como un pueblo ajeno al futuro que se vaticina para nuestro planeta, el único habitado del Universo, el que tenemos el deber de resguardar como parte del esfuerzo común que la mayoría de pueblos del mundo ha asumido como tarea. Gente que, cual si eso no importara, mira hacia atrás y no hacia las fuentes de energía limpias del futuro, que como costarricenses hemos de estar comprometidos en promover. Gente a la que tampoco le importaría, ya a nivel nacional, los inevitables y frecuentes DERRAMES DE PETRÓLEO que podrían arrasar con quién sabe cuántas de nuestras formidables pequeñas playas, para así mandar al carajo el esfuerzo de tantos años. Personajes que, además, quieren llevar esas ideas a la Presidencia de la República…

La chispa

Manuel Delgado

Pocas veces el país ha estado enfrentado a un peligro tan determinante como la pretendida Ley de Empleo Público.

Es un adefesio jurídico; es un adefesio político, pero, sobre todo, es un adefesio moral.

Lo primero que llama la atención es que se le propone como una medida para ayudar a paliar la crisis fiscal y el déficit público. Pero la justificación económico-financiera no está ni medianamente clara. El gobierno dijo al principio que la ley iba a ahorrar un equivalente al 1,5% del PIB. Nunca dijo de dónde salió ese cálculo, pero más el Ministerio de Planificación estimó ese ahorro en una cifra situada entre un 0,6 y 0,9% del PIB. Ahora que se desvincularon de ella el Poder Judicial, las Universidades, las municipalidades y, al menos en parte, la Caja, ese mal llamado ahorro posiblemente sería muchos menos. Pero nadie ha dicho cuánto.

En los aspectos económicos ahondaremos más adelante, pero ahora quiero referirme a lo más aterrador de esa ley, que es el llamado Sistema de Gestión del Desempeño que le da al ejecutivo poderes absolutos sobre cuerpos y almas.

Se trata de darle a MIDEPLAN el poder rector sobre el empleado público, la posibilidad de determinar a quién se contrata y a quién se despide prácticamente sin cortapisas.

Para ello se le dota de una guillotina: los empleados públicos pueden ser despedidos con dos calificaciones anuales de menos del 70%. Los motivos de esa calificación son tan abstractos, que se le da al jerarca el poder omnímodo de echar sin responsabilidad patronal a los empleados que no le conviene a la administración o al partido de turno. O a él personalmente. Por supuesto, ya sabemos que los primeros que irán para fuera son los activistas sindicales.

Ese poder ilimitado de la administración, me decía una activista, alimentará el acoso laboral pero sobre todo el acoso sexual, porque los empleados y empleadas saben que tienen que estar bien con los jefes si quieren conservar sus puestos.

La ley le da a ese ministerio, además, potestades de adoctrinamiento de su mano de obra de manera ilimitada: formarán a los empleados de acuerdo con los intereses del grupo o grupos en el poder. Es lo que se conoce como Estado corporativo. Por cierto, esos grupos de poder y los partidos que los representan han dejado mucho que desear en materia moral como para que pongamos en sus manos tanta responsabilidad.

Todos queremos una administración pública más eficiente, pero ese proyecto no lleva como fin lograr esa meta. Muy al contrario: logrará un estado más autoritario, menos participativo, con jerarcas de más poder y, por tanto, un sistema más propenso a la corrupción.

Nosotros tenemos una excelente institución en materia de manejo del sector público. Es el Servicio Civil, creado por impulso de los trabajadores precisamente para frenar la práctica del clientelismo, que cada cuatro años cambiaba despedía a unos y contrataba a otros según la bandera del partido vencedor en las elecciones. Estamos a un tris de volver a esas prácticas de los años treintas y cuarentas.

Lo que hay que hacer es limpiar esa institución, e impulsar el control desde abajo, desde las asociaciones de beneficiarios, de pacientes del seguro, de clientes de los bancos, de abonados a los servicios de agua y luz, de estudiantes y padre de familia, de los ciudadanos corrientes. Precisamente la solución somos nosotros, los que financiamos ese aparato y no tenemos ningún poder en esas instituciones.

JUAN

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Su cuerpo muestra cierto rictus de dolor y cansancio. Nos comunicamos en un inglés claramente básico; entablamos una corta conversación en la que me explica que proviene de Nepal y que ha perdido la cuenta de los días y semanas que le ha tomado caminar desde que entró a Latinoamérica, no recuerda si por Ecuador o Brasil.

Estamos en las instalaciones provistas por el Estado panameño para atender a las personas migrantes en tránsito. Esa atención, valga decirlo, consiste en una rápida gestión que permita a «Juan» y otras personas como él, continuar su camino a su destino final: Estados Unidos. Son una especie de albergues que a la postre se convierten en sitios de detención mientras se define la situación migratoria de las personas que allí se encuentran.

Es 2011 y participo de un equipo de investigación que realiza un estudio regional sobre los determinantes que explican y caracterizan las movilidades denominadas en ese momento, como ahora, “extracontinentales”, conformadas por personas provenientes de varios países de África y Asia. Me corresponde estudiar el contexto panameño como principal puerta de entrada entre Sur y Centroamérica para estos grupos.

En cierto momento pregunto a «Juan» por el tránsito entre Colombia y Panamá, esa región mitológica, inexpugnable, denominada Tapón del Darién. Su rostro, ya de por sí marcado por meses interminables de viaje e incertidumbre, se desencaja por completo.

Me explica, haciendo un sobre esfuerzo, que jamás hubiera pensado salir de allí con vida. “Me entrego”, me cuenta que dice a los oficiales de migración panameños cuando les ve a la distancia. Recuerda en frente mío la seña que hizo con sus manos para que le colocaran las esposas. Siente que ya no puede más.

Este testimonio, por cierto, fue trabajado como crónica en nuestras reflexiones sobre las migraciones regionales publicado por Editorial Amargord (España, 2019) y sobre el cual hemos venido reflexionando durante estos años tanto desde la literatura como el ejercicio. Denominamos «Juan» a esta biografía, como una forma de apalabrar la cercanía con esa, su historia.

Hablar de Darién es hacer referencia a una frontera poco aquilatada en los análisis regionales, quizá por el peso y la importancia que tiene para las movilidades humanas la parte norte entre Mexico y Guatemala y porque las referencias mediáticas siempre van a acudir al discurso de crisis y no al de las subjetividades.

Por esa región peligrosa y riesgosa han transitado en los últimos 12 años cerca de 160.000 personas migrantes de varias nacionalidades según algunos acercamientos periodísticos. Recientemente se ha observado el aumento de la presencia de personas chilenas en los grupos migrantes pasando por allí. Deben superar la densa selva, animales peligrosos y la acción de actores del crimen que controlan parte de los territorios.

Al tiempo que se escribe esta nota, se conoce del proceso de tránsito de cerca de 10.000 personas ahora conformadas por grupos mixtos provenientes de África, Asia, Cuba, Venezuela y Haití. Este último país, desgarrado por conflictos políticos, pobreza y, por si fuera poco, la acción devastadora de dos terremotos con 11 años de diferencia.

Hace 10 años «Juan» recordaba con drama el paso por Darién, una región selvática de más de 575.000 hectáreas donde ya para entonces la acción de esos actores irregulares había empezado a cobrarse la vida de cientos de migrantes. El número de personas desaparecidas en esa zona es indeterminado, aún al día de hoy. Lo que no es indeterminado son los relatos acerca de personas fallecidas, cuerpos ya irreconocibles que los migrantes en tránsito van sorteando, dejando en el camino en esa frondosa región del planeta.

En estos tiempos en que la movilidad ha quedado confinada desde lo formal, las rutas, boquetes y caminos no oficiales han continuado su funcionalidad para las necesidades de miles de personas que ven en la migración, una estrategia para seguir viviendo.

No sabemos el destino de «Juan». No conocemos si habrá logrado su propósito. Pero estamos seguros de que cualquier cosa distinta a sus recuerdos sobre el paso por el Tampón del Darién significó una luz en su camino.

Conozcamos esas otras realidades sobre el paso incesante de personas por nuestra región centroamericana. Asumamos sus pies. Caminemos con ellos.

 

Imagen: https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/quince-veces-mas-ninos-y-ninas-cruzan-la-selva-de-panama-hacia-estados-unidos

Atroz idea del Gobierno: privatizar y desnacionalizar la electricidad

Por Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON

Regresión de más de un siglo

¡Aberrante! Pocas veces esta palabra puede ser usada con tanta precisión, como en este caso para referirnos al “Proyecto de ley reforma al artículo 3 de la “Ley n° 7200 ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela”, expediente legislativo n° 22.601, que el Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa. Esta propuesta, encabezada por el Presidente de la República, remataría el modelo público de carácter social y solidario, y su institución rectora, el ICE, pues se orienta exactamente a favorecer la inversión privada de empresas generadoras tanto nacionales como externas. El proyecto además coloca al Gobierno de rodillas, como súbdito obediente, ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este texto explicamos por qué el proyecto es un retroceso histórico de más de un siglo, y algunas de sus múltiples debilidades. Una revisión de algunos proyectos de privatización impulsados en anteriores administraciones y la complacencia del gobierno actual con la OECD, los revisamos en el artículo “Gobierno se somete a generadores privados de electricidad y a la OECD”, de próxima publicación.

La esencia del proyecto está explícita en el escrito del Gobierno: “El presente proyecto de ley se presenta ante la Asamblea Legislativa con el fin de eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico, al no existir una justificación ligada a esta restricción para la actividad económica atendida bajo la modalidad de servicio público”, y agrega que “la eliminación de esta restricción busca fomentar el comercio y la participación de la inversión extranjera en el país, así como las ventajas y efectos económicos, sociales y de desarrollo que de ellas derivan” (negrillas ODC).

Ese proyecto constituye un retroceso histórico inaudito que borraría uno de los avances sobresalientes de la sociedad costarricense, como fue la nacionalización de la electricidad y la posterior creación del ICE. De aprobarse, convertiría el mercado eléctrico nacional en un campo de competencia privada ya no sólo entre nacionales, y de éstos con el ICE, si no para favorecer directamente las inversiones transnacionales con plena igualdad de derechos al ICE, y obligando a la entidad estatal a comprar la electricidad que generen. Es decir, se perdería cualquier condición asociada a la nacionalización de la electricidad y su carácter de servicio social, para convertirla en un servicio público regido por la competencia privada, aunque el ICE siga presente como intermediario obligado entre los generadores y los consumidores finales, ya sea dentro del país o en el mercado regional, al que también los privados siguen presionando por incursionar.

Este tipo de apertura ilimitada es otro mecanismo o vía de privatización, prestación y venta de servicios públicos en favor del capital privado y desnacionalización, que se ha usado en paralelo a las concesiones de obra pública y las alianzas público-privadas. Todas conllevan el riesgo asociado de ampliar el tablero de corrupción, como ha ocurrido en muchísimos países del mundo, incluida Costa Rica. Con este proyecto el Gobierno abona directamente a la liberalización de la economía nacional entregando el servicio de electricidad al capital privado, lo cual será una pérdida para toda la sociedad costarricense.

Es una aberración que en Costa Rica el Gobierno acelere en reversa en tiempos en que urge proteger los beneficios colectivos y las economías nacionales, tal y como pide el Secretario General de la ONU, Antonio Gutiérrez. Aunque no nos detendremos en esa historia, vale decir que todos los componentes de los “modelos económicos fallidos” que vivimos hoy en el mundo, incluyeron, e incluyen, medidas de privatización y desnacionalización como las contenidas en el expediente n° 22.601 del Poder Ejecutivo. Debería el Gobierno recordar, o más bien conocer, lo que en el 2003 dijo Joseph Stiglitz, que fue jefe de economistas del Banco Mundial: “A todos aquellos que viven en México, Indonesia, Brasil, la India y otros mercados emergentes se les debería dar una consigna diferente: no luchen por la mítica economía de libre mercado, que nunca existió”. Lo que incomoda es que Stiglitz nunca lo expresara cuando él mismo impulsaba las políticas que empobrecieron y siguen llevando al hambre a millones de personas en todo el planeta.

“Ley Alvarado” para privatizar y desnacionalizar

El expediente n° 22.601 de la Administración Alvarado es mucho más intrépido que cualquiera de los intentos precedentes de privatización de la electricidad en Costa Rica. Suma un componente de desnacionalización que en aquellas propuestas no había sido expuesto de manera tan explícita con el objetivo de reafirmar los beneficios para el segmento de la élite nacional e inversionistas externos, que hasta ahora se han beneficiado con la generación privada de electricidad. La propuesta desconoce más de un siglo de avances sociales y colectivos en cuanto al servicio de electricidad frente a los intereses privados. Nos devuelve al año 1900 cuando la empresa The Costa Rica Electric Light & Traction Co., empezó a concentrar el servicio eléctrico de Costa Rica; aunque esta misma empresa fue desplazada por la American & Foreign Power Co., que concentró prácticamente todo el mercado. Esta propuesta de “ley Alvarado” desconoce la historia de luchas sociales para la nacionalización de la electricidad en Costa Rica, de fortalecimiento del servicio de electricidad con la creación de Compañía Nacional de Fuerza y Luz en 1941, pero sobre todo aniquila el Decreto Ley No. 449 del 08 de abril de 1949 que creó al ICE, del que cualquier gobernante, medianamente sensato, debería sentirse orgulloso y ser defensor.

Se podría decir incluso que la iniciativa pone en riesgo a las cooperativas y empresas de servicio público de electricidad, que contribuyeron, al menos en parte, a fortalecer el mercado eléctrico con sentido nacionalista y ampliando la cobertura a más regiones del país. (El principio de “solidaridad” en el caso de las empresas con formato cooperativo, habría que analizarlo a partir de los precios al consumidor final y del uso y reparto de sus excedentes). Digo que esas empresas reforzaron “en parte” el servicio público, pues hace años la Contraloría General de la República en un informe sobre “la eficacia y eficiencia en la asignación de fuentes de energía para la generación eléctrica”, advirtió “que los costos estimados de la energía de los proyectos de empresas distribuidoras públicas y cooperativas de electrificación rural, son en su mayoría superiores a los promedios determinados por la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA)” (CGR, 2016, p. 2). En esa misma línea, otro dato que debería revisarse con todo cuidado y seriedad es que, según explicó la Contraloría en el mismo documento sobre la eficiencia de proyectos: “no son competitivos Eólico Valle Central de la CNFL, S.A. y Los Santos de Coopesantos R.L, cuyos costos nivelados de la energía de 18,38 y 16,33 c$/kWh están muy por encima del rango utilizado de 7,09 y 12 c$/kWh. Ello, a pesar de que este tipo de generación es cada vez más competitiva y los mejores proyectos a nivel mundial alcanzan consistentemente los 5 c$/kWh sin financiamiento” (CGR, p.10).

Toda la argumentación del proyecto presentado por el Ejecutivo se subsume en un artículo que, aunque pareciera inofensivo, es la propuesta más regresiva que hayamos enfrentado desde 1990, cuando entró en vigencia la Ley 7.200 para favorecer a los generadores privados. Dice el “ARTICULO ÚNICO. – Refórmese el Artículo 3 de la Ley No. 7200, del 28 de setiembre de 1990, cuyo texto dirá: “Artículo 3.- Interés público. Se declara de interés público la compra de electricidad, por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a las cooperativas y a las empresas privadas, que establezcan centrales eléctricas de capacidad limitada para explotar el potencial hidráulico en pequeña escala y de fuentes de energía que no sean convencionales” (Negrillas ODC).

Las debilidades y imprecisiones de este proyecto en general (que revisaremos en un próximo texto), y particularmente del texto del nuevo artículo, hacen que no soporte el mínimo escrutinio técnico. Alguna de esas carencias las revisamos en seguida:

  1. Declarar de “interés público” la compra de electricidad generada por cualquier oferente privado, nacional o extranjero, colocaría al ICE en una condición peor que la que tiene hoy comprando y pagando electricidad de acuerdo con las obligaciones que le imponen las leyes 7.200 y 7.508 aunque no sea requerida por la sociedad costarricense. La determinación del interés público no debe reducirse a un antojo político y comercial. Debe responder a un proceso técnico para definir la necesidad para el país de cada proyecto en particular. Esto está asociado con la relación oferta-demanda, y es bien sabido que el país cuenta con una capacidad instalada y de generación que duplica y más la demanda nacional. Además, esa generalidad flexibiliza la rigurosidad para concluir sobre la viabilidad social y ecológica y la factibilidad económica, que debe establecerse científica y socialmente, también para cada uno de los proyectos.
  2. Esa idea general de “interés público” está copiada del proyecto “Ley General de Electricidad”, expediente No. 17.812, de los Gobiernos Arias Sánchez y Chinchilla Miranda, cuyo artículo 11 indicaba: “Se declaran de interés público y conveniencia nacional los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica que desarrolle cualquier agente del mercado eléctrico nacional”. Para facilitar aún más la construcción de nuevas plantas generadoras, el proyecto proponía que “…los órganos e instancias del Estado y los gobiernos locales otorgarán trato prioritario sobre otros proyectos, a los trámites y gestiones necesarios para el desarrollo acelerado de estos proyectos. Los plazos serán reglamentados por el Poder Ejecutivo”. Ese proyecto de 2009 buscaba la igualdad de condiciones para la competencia entre el ICE y privados en el mercado eléctrico, y esta nueva iniciativa avanza sustancialmente promoviendo “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico”.
  3. Declarar de “interés público la compra de electricidad” es otro mecanismo legal que obligará al ICE a adquirir la electricidad de cualquier competidor privado, aspecto que hace menos de un año se mostró espinoso cuando el ICE decidió no renovar algunos contratos de generadores privados por ser innecesarios para atender demanda nacional de electricidad. El pago a generadores privados llegó a 3.141 millones de dólares entre 1989 y 2021, según datos del ICE publicados por el Semanario Universidad. Aunque la amenaza de debilitamiento del ICE es el problema principal en este proceso, la misma institución ha tenido un papel destacado. De acuerdo con Mauricio Álvarez “El ICE viene actuando en esa dirección, pues ya convirtió a la transnacional española Unión Fenosa en la mayor productora de electricidad privada en nuestro país, con un total de 100 MW, al otorgarle un segundo proyecto (actualmente posee Torito, de 50 MW y La Joya, también de 50 MW)”.
  4. A la ausencia de definiciones y numerosas imprecisiones se suma la de que la compra se hará a “centrales eléctricas de capacidad limitada”. Esa es una ligereza insalvable que le resta el mínimo rigor al proyecto. No es lo mismo capacidad limitada en Noruega que en China, pues cada país establece sus propios estándares, como incluso ocurre en Costa Rica. Retomemos como ejemplo lo ya sabido y señalado: los proyectos con la Ley 7.200 no pueden superar los 20.000 kW (20 MW) y los contratos bajo la Ley 7.500 tienen un tope de 50.000 kW (50 MW) gracias a la (capítulo II de la 7.200), entre ambas modalidades el tope de generación es el 30% de la capacidad del Sistema Eléctrico Nacional. Independientemente del uso que se le ha dado a esas leyes, establecen límites y cantidades claras. Y este proyecto adolece del todo de esas precisiones elementales.
  5. Cualquiera que revise el proyecto y lea que el ICE deberá comprar la electricidad de “fuentes de energía que no sean convencionales”, lo primero que se pregunta es ¿Cuáles son esas fuentes? En el mercado eléctrico de Costa Rica podemos anotar como convencionales la hidroelectricidad, térmica, geotérmica, hasta la eólica y la generada con biomasa, si consideramos que ya tienen bastantes años de ser parte de la oferta nacional. ¿A qué se refieren con “no sean convencionales”?
  6. La misma finalidad del proyecto “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico” es otra imprecisión inaceptable, pues no define condiciones para ejecutarla. Dada esa generalidad, el término “eliminar” permitiría eventualmente una apertura indiscriminada que sería imposible subsanar, corregir o definir por medio de un reglamento. De hecho, es común que muchos ajustes legales para favorecer la generación privada, hasta ahora, se hayan hecho por medio de decretos y directrices ministeriales, pero en este caso, es imposible determinar cómo se dará esa eliminación de barreras a la inversión privada, y sobre todo cuáles serán sus impactos en el mercado eléctrico y para la sociedad costarricense que finalmente deberá consumir esa electricidad a precios de mercado privado. Por eso el texto implica un conjunto de amenazas que ameritan su rechazo absoluto.

Forzar la Constitución para desnacionalizar

La otra línea de justificación, a la cual se le dedica la mayor parte del proyecto, es un conjunto rebuscado de argumentos para forzar la conclusión de que actualmente la inversión privada está poco menos que imposibilitada en Costa Rica. Estirando las ligas al extremo, el proyecto funde el argumento de la OECD -eliminar barreras de inversión privada- con una interpretación de la Constitución Política y de jurisprudencia constitucional de manera más que rebuscada. Dice el Gobierno que “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico”, “Es una recomendación (de la OECD) que se relaciona con el principio constitucional de igualdad, en términos generales y de igualdad entre los nacionales y extranjeros, en términos específicos, y conlleva que no se discrimine entre unos y otros, salvo las excepciones y limitaciones que la Constitución y el ordenamiento establezcan. También se relaciona con la libertad constitucional de empresa o de ejercicio de la actividad comercial”.

Esa interpretación no sólo se usa para promover la privatización del servicio público de la generación, compra, distribución y consumo de electricidad, si no que busca desnacionalizarlo. Por eso hablamos de una regresión hasta antes del 8 de abril de 1949 e incluso hasta 1900 a tiempos del mercado eléctrico controlado desde el sector privado nacional y transnacional.

Este proyecto es un gesto de genuflexión ante el empresariado privado, y en el ámbito global, una reverencia neocolonial ante la OECD. Nadie antes, ni con los proyectos de ley de los partidos más antiguos y tradicionales como Liberación nacional y la Unidad socialcristiana, se llegó al extremo de buscar “el principio constitucional de igualdad…entre los nacionales y extranjeros” para que no se “discrimine entre unos y otros”. Siendo la nacionalización de la electricidad y la creación del ICE insignias notables del Estado social de Costa Rica, es imposible aceptar lo que proponen estos gobernantes, como la idea de no discriminar y de procurar “igualdad entre los nacionales y extranjeros” en el control de una actividad económica verdaderamente crucial para la sociedad costarricense, como es la electricidad. Si se piensa en los costos de la cobertura en regiones de difícil acceso, de nuevo cobra más que pertinencia la necesidad de fortalecer al ICE como entidad de servicio social, y preguntarse si los privados, como nunca ha sido hasta ahora, prestarían el servicio en cualquier región del país.

Cierto es que para algunas empresas privadas del sector eléctrico la apertura indiscriminada podría ser una buena oportunidad para aliarse con foráneos, como ya ocurre con los proyectos (BOT sigla en inglés) Construcción, Operación y Transferencia de la ley 7.508, pero en un escenario de competencia abierta hasta las demás empresas, como las cooperativas, podrían ser disminuidas, parcialmente absorbidas y hasta eliminadas del mercado. No es que los empresarios nacionales de la electricidad privada ameriten defensa, pues ya hemos documentado cómo han hecho fortunas vendiendo electricidad cara e innecesaria. Se trata de que la soberanía, como condición fundamental de un país y de una nación, debe considerar como principio la defensa de “lo nacional” ante la invasión de capitales foráneos, sobre todo en la prestación de cualquier servicio social prioritario, como es la electricidad.

El proyecto no establece ningún límite de inversión para el capital externo. No señala plazos ni condiciones de inversión y venta de la electricidad. No justifica, ni remotamente, que esta apertura se fundamente en una necesidad nacional de electricidad y además, como hemos demostrado, en Costa Rica no falta ni un peso de inversión privada para atender la demanda de electricidad.

Como ciudadanía, este proyecto nos debería regresar a los primeros años del siglo pasado, pero para emular los movimientos sociales que iniciaron la nacionalización la electricidad en Costa Rica con la dirección de la Liga Cívica Nacional, lo cual se logró en 1948 tras décadas de lucha social.

Carlos Alvarado Quesada, Presidente, Rolando Castro Córdoba, Ministro a.i. de Ambiente y Energía y Elian Villegas Valverde Ministro de Hacienda, deben pasar a la historia como destacados peones de la destrucción del Estado social costarricense, y del ICE en particular. Deberían ser recordados por promover la apertura del mercado eléctrico para su privatización y transnacionalización, devolviéndonos a los peores tiempos de vasallaje en las relaciones entre países.