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Al conmemorarse los 40 años del asesinato de Viviana Gallardo en Costa Rica

Nicolas Boeglin (*)

El 1 ero de julio del año 1981, en Costa Rica, la joven Viviana Gallardo Camacho, de 18 años de edad, fue asesinada por varios disparos en una diminuta celda de detención de la Dirección General de la Guardia Civil, al tiempo que fueron heridas de bala dos compañeras suyas, también detenidas con ella.

Los tiros provinieron de un oficial de esta misma Guardia Civil, José Manuel Bolaños Quesada, quien, sin tener asignada la vigilancia de Viviana Gallardo y la de sus compañeras aquel fatídico día, llegó con su metralleta y al parecer, instrucciones muy claras.

En un texto del juez Rodolfo Piza Escalante adjuntado a una decisión de setiembre de 1983 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso (véase enlace, páginas 19-31), se precisa que:

«2. El 1o. de julio de 1981, el Cabo de la Guardia Civil José Manuel Bolaños Quesada, que no estaba a cargo de la vigilancia de las detenidas, logró llegar hasta la puerta de su celda y disparar con una metralleta a través de la mirilla de la misma, causando la muerte de Viviana e hiriendo a sus compañeras Alejandra y Magaly«.

La noticia de la muerte de Viviana Gallardo estremeció a toda la sociedad costarricense y causó un profundo impacto en Costa Rica, en una época de violencia política que caracterizaba a la región centroamericana.

Desde la perspectiva internacional, el caso fue informado usando los canales usuales: por ejemplo, en este cable desclasificado de los archivos de la diplomacia de Argentina, se precisa la forma – algo escueta – en que fue informada la capital argentina por parte de uno de sus representantes en Costa Rica (véase texto). No se ha tenido acceso a otros cables diplomáticos enviados en la época desde San José (y se considera que una investigación al respecto sería muy deseable en aras de conocer mejor cómo la correspondencia diplomática comunicó al mundo este asesinato, y con base en qué tipo de fuentes).

Una reacción insólita del Estado costarricense

Desde la perspectiva del derecho internacional público, el caso del asesinato de Viviana Gallardo constituye una verdadera rareza, como lo detallaremos a continuación.

Se lee, en una primera decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 13 de noviembre de 1981 (véase texto completo), que el Estado costarricense presentó una denuncia, muy pocos días después de los hechos, ante la misma Corte:

«1. Mediante telegrama del 6 de julio de 1981, el Gobierno de Costa Rica (en adelante «el Gobierno») anunció la introducción de la instancia de una demanda para que la Corte entrara a conocer el caso de Viviana Gallardo y otras. Por escrito del 15 de julio de 1981 ese anuncio fue formalizado. En su demanda el Gobierno manifestó a la Corte la decisión de someter a su conocimiento el caso de la muerte en prisión de la ciudadana costarricense Viviana Gallardo, así como el de las lesiones de sus compañeras de celda, causadas por un miembro de la Guardia Civil de Costa Rica, encargado de su vigilancia, en la Primera Comisaría de la Institución; hechos ocurridos el 1 de julio de 1981. En su demanda el Gobierno, invocando el artículo 62.3 de la Convención, solicitó que la Corte decidiera si esos hechos constituían una violación, por parte de las autoridades nacionales de Costa Rica, de los derechos humanos consagrados en los artículos 4 y 5 de la Convención, o de cualquier otro derecho contemplado en dicho instrumento internacional «.

El entonces Presidente de la Corte, el costarricense Rodolfo Piza Escalante, tramitó de manera muy célere la solicitud. Se lee en esta misma precitada decisión que:

«5. Por resolución del 15 de julio de 1981, el Presidente de la Corte, Dr. Rodolfo E. Piza E., decidió someter directamente la consideración de la demanda del Gobierno a la Corte en pleno. Resolvió igualmente, según lo dispuesto por el artículo 5.3 del Reglamento, ceder la Presidencia para el conocimiento del presente asunto al Vicepresidente, Dr. Máximo Cisneros. Habiendo sido electo Presidente de la Corte el Juez Carlos Roberto Reina el día 17 de julio de 1981, pasó desde la misma fecha a presidir las sesiones en sustitución del Juez Máximo Cisneros«.

La respuesta del juez interamericano se dio en dos tiempos.

En una primera decisión del 13 de noviembre de 1981 (cuyo documento original puede apreciarse en este enlace) los jueces decidieron rechazar la solicitud de Costa Rica, al leerse en la parte dispositiva que la Corte:

«1. Decide, unánimemente, no admitir la demanda introducida por el Gobierno de Costa Rica para el examen del caso de Viviana Gallardo y otras. 2. Decide, unánimemente, aceptar y tramitar la solicitud subsidiaria del Gobierno de Costa Rica para remitir el asunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 3. Decide, unánimemente, retener la petición del Gobierno de Costa Rica en su lista de asuntos pendientes en espera del trámite ante la Comisión«.

Reenviado el caso a la Comisión, en este enlace se puede apreciar el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 30 de junio de 1983, que concluye:

«1. Declarar inadmisible la petición objeto del presente asunto de conformidad con el Artículo 48, numeral 1, inciso c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 2. Comunicar esta Resolución al Gobierno de Costa Rica y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 3. Archivar este asunto de acuerdo con lo establecido en el Artículo 32 (c) del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos«.

En un segundo tiempo, en una resolución del 8 de setiembre de 1983, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (véase enlace pp.16-17), páginas decidió:

«1. Declarar inadmisible la petición objeto del presente asunto de conformidad con el artículo 48, numeral 1, inciso c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 2. Comunicar esta resolución al Gobierno de Costa Rica y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 3. Archivar este asunto de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 (c) del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 4. Incluir la presente resolución en su Informe Anual a la Asamblea General de conformidad con el artículo 59 inciso g) del Reglamento de la Comisión«.

El precitado juez Rodolfo Piza Escalante se apartó del criterio de la mayoría (véase enlace, página 31), al indicar en una larga opinión disidente (o voto salvado) que:

«MI VOTO SALVADO es para que la Corte declare: 1. Que, en virtud de la Resolución de la Comisión No. 13/83 de 30 de junio de 1983, deben tenerse por agotados jurídicamente los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2. Que, en consecuencia, cumplida la condición de procedibilidad impuesta por el artículo 61.2 de la Convención y de conformidad con la Decisión de esta Corte del 13 de noviembre de 1981, debe la Corte reasumir el conocimiento de la petición presentada por el Gobierno de Costa Rica«.

En los anales del derecho internacional público, este caso resulta a todas luces insólito, en la medida en que, por primera (y única) vez, un Estado presentó una denuncia … en su contra. El sistema internacional de protección de los derechos humanos funciona como un régimen que asiste a las víctimas en caso de no encontrar justicia o respuesta a sus reclamos en un Estado Parte a un tratado internacional de derechos humanos: pero nunca fue ideado para que los Estados presenten denuncias en su contra.

Cuando el caso fue enviado para conocimiento de la Comisión, órgano interamericano jurídicamente habilitado para recibir denuncias por parte de las víctimas, una desgarradora carta de la madre de Viviana Gallardo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de julio de 1983 (véase texto completo) señaló las condiciones inhumanas de detención previo al asesinato de su hija y las humillaciones a la que fue sometida días antes de aquel 1ero de julio de 1981.

Viviana Gallardo: preguntas lancinantes que no logra borrar el tiempo

En este muy completo artículo publicado por la BBC en el 2017 y titulado «Las incógnitas que rodean la muerte de Viviana Gallardo, unas de las páginas más opacas de la historia de Costa Rica» (y cuya lectura se recomienda), se lee que:

«Sin embargo, el Tribunal Superior Primero Penal condenó a Bolaños como autor único del crimen a 24 años de prisión, que después se redujeron a 18. Luego se le permitió visitar a sus hijos los fines de semana y el 30 de septiembre de 1987 obtuvo el beneficio de la libertad condicional.«

Una libertad condicional otorgada en setiembre de 1987 para hechos acaecidos en julio de 1981 plantea algunas interrogantes. No se ha tenido acceso a algún análisis desde la esfera penal que pueda explicar tan generoso beneficio obtenido de forma tan rápida por los defensores del señor Bolaños. Es de notar que en el precitado informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1983, el Estado costarricense se refirió a la pena de 18 años impuesta al señor Bolaños en una de sus respuestas:

» 13. El Gobierno de Costa Rica en nota del 24 de agosto de 1982 dio respuesta a la solicitud de la Comisión, adjuntando dos certificaciones debidamente autenticadas de las sentencias dictadas en la causa contra José Manuel Bolaños por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves en perjuicio de Viviana Gallardo, Alejandra Bonilla Leiva y Magaly Salazar Nasser. También informó que la pena de 18 años de prisión impuesta al señor Bolaños se cumple actualmente en el Centro Regional de Adaptación Social de Pérez Zeledón».

Fotografía de placa conmemorativa artesanal que apareció en el 2017 y fue a las pocas horas retirada, extraída de artículo de la BBC del 2017 titulado «Las incógnitas que rodean la muerte de Viviana Gallardo, unas de las páginas más opacas de la historia de Costa Rica».

En las conclusiones de su libro publicado en el 2017, titulado «El crimen de Viviana Gallardo» (véase texto completo), luego de un exhaustivo análisis, el historiador costarricense David Díaz Arias finalizó con dos preguntas que, 40 años después de los hechos, permanecen siempre muy válidas:

«El cabo Bolaños murió en junio del 2014 y la prensa comentó entonces que se había llevado a la tumba “el secreto” de por qué mató a Gallardo. En ese contexto, la segunda esposa de Bolaños repitió que aquel hombre había sido bueno, pero le indicó a La Nación que no quería ahondar en el pasado porque “ya lo que pasó pasó y él recibió la condena. Solo él y Dios saben lo que pasó y ya se lo llevó a la tumba”. Como se ve, es imposible que se dejen de tejer dudas sobre la muerte de Gallardo si la prensa insiste en crearlas o reproducirlas. No era exacto que Bolaños no hubiera dado una causa de por qué mató a Gallardo; de hecho, sí lo hizo, construyó dos explicaciones: la de que había sido una venganza, que ensayó entre julio de 1981 y marzo de 1982 y la de que había sido un plan construido desde “arriba” que primero reveló al Semanario Universidad en 1981 y que sostuvo y amplió en detalles desde 1982 hasta 1991. Su pena, además, fue drásticamente reducida de la que originalmente se le había impuesto.

Resulta claro ahora que la teoría de que Gallardo fue asesinada para evitar que delatara a los miembros de “La Familia” carece de fundamento, ya que desde el 17 de junio de 1981, las autoridades habían capturado prácticamente toda la documentación necesaria relacionada con ese grupo. Tampoco es creíble la teoría de que fueron altas autoridades políticas o policiales las que planearon el asesinato, dado que para efectos de combatir el comunismo era más estratégico que Gallardo permaneciera viva. Las preguntas de fondo, que permanecen sin responder son: ¿a quiénes les convenía que Gallardo muriera? ¿Quiénes podían ser directamente perjudicados si ella declaraba en los tribunales? » (pp.26-27).

En este artículo publicado por el periodista Fernando Francia el 2 de julio del 2020, titulado «Viviana Gallardo: un crimen aleccionador«, se lee que:

«El debate sobre terrorismo o revolucionaria se instaló para siempre. Los medios mantienen la versión de terrorismo, aunque estudiosos de historia, tanto David Díaz de la Universidad de Costa Rica como Eduardo Tristán de la Universidad de Santiago de Compostela, sostienen que, por sus postulados políticos, por los documentos encontrados y por las prácticas demostradas atribuidas a la organización no puede adosárseles el término de terrorismo. Era un grupo que cuestionaba el orden establecido y las injusticias y que pretendía realizar cambios por la vía armada».

A modo de conclusión

Salvo error de nuestra parte, en este 1ero de julio del 2021, no se ha observado ninguna iniciativa para conmemorar los 40 años desde que fue asesinada Viviana Gallardo en Costa Rica.

Pese a ello, no cabe duda que en este caso (como en muchos otros casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en América Latina), la exigencia de justicia y de verdad se acentúa con el pasar de cada primavera, de cada conmemoración; al tiempo que, algunos de los testigos de aquella convulsa época en América Central podrían sentir (tal vez) que ya ha llegado el momento de liberar algunas cosas ocultadas durante 40 años.

 

(*) Este texto fue elaborado por Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

Compartido con SURCOS por el autor.

Dos maneras opuestas de gobernanza de la seguridad social

“Me gustas democracia, porque estas como ausente.”

Manuel Hernández

Hace pocos meses, se nos sorprendió con la impresentable propuesta de reforma del sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que ya tenían en el asador, pero que fue advertida y denunciada públicamente por la compañera Martha E. González Rodríguez; que por suerte, justo en el momento oportuno, asumió la representación de las personas trabajadoras en la Junta Directiva de la CCSS.

Los poderes fácticos, esos poderes por los que no se ha votado, y no obstante, tienen agarrada la democracia del cogote, pretendían en la sombra, y pretenden establecer una reforma estructural de IVM, de corte regresivo, aumentando la edad de retiro, reduciendo la tasa de reemplazo y otras medidas lesivas que están en el tablero; que además, le causan una sustancial afectación a las mujeres trabajadoras, sin duda, las más perjudicadas.

Muy por contrario a este estilo autocrático de gobernanza al que nos quieren disciplinar y acostumbrar, existen otras formas civilizadas de abordar esta cuestión.

El ejemplo democrático nos los está dando el recientísimo pacto social de la reforma de las pensiones, celebrado entre el Gobierno, los principales sindicatos (CCOO Y UGT) y las asociaciones empresariales de España, firmado este 1° de julio, el día de ayer.

Son varios los aspectos que contiene el Acuerdo Social, pero dentro de los más importantes, sobresale la eliminación del congelamiento de las pensiones, la revalorización automática de las pensiones, de acuerdo con el costo de vida, la remoción del “factor de sostenibilidad”, que disminuye el importe de la pensión, en función de la esperanza de vida del colectivo del pensionista.

Asimismo, el compromiso del Estado de transferir anualmente, una suma equivalente al 2% de PIB, al sistema de seguridad social, y garantizar hacia futuro las transferencias necesarias para lograr su equilibrio financiero.

El pacto constituye un acuerdo abierto, que deja el espacio para que los interlocutores continúen negociando otros asuntos, en los próximos meses: la sustitución del denominado “factor de sostenibilidad”, por un mecanismo de equidad intergeneracional, mejorar las pensiones mínimas, equiparar los derechos de las trabajadoras del hogar, entre tantos.

Pero más allá del contenido sustancial de este Acuerdo Social, me interesa resaltar aquí dos cosas, como contrapunto a la reforma reglamentaria que se urde contra nuestro sistema de seguridad social:

En primer lugar, la orientación progresista de la reforma pactada por aquellos actores sociales y agentes políticos, que marca el principio, encaminada a fortalecer el sistema público de la seguridad social española.

Por contrario, en nuestro país, la reforma que está en el candelero, en clave regresiva, va en sentido inverso, como el cangrejo, tendiente a desmantelar el régimen público de IVM.

En segundo lugar, sobresale la participación de los actores sociales y el Gobierno, que, como tiene que ser en una sociedad democrática, llegaron en la mesa de negociación a pactar ese importe acuerdo social, que remueve la rémora de una década neoliberal, y además, apuntala la interlocución política de los sindicatos de trabajadores y organizaciones de pensionistas, en esta materia tan importante, que no es para menos, para la clase obrera.

Por contrario, en nuestro país, la reforma neoliberal de pensiones, que se agita a golpe de tambor, contra viento y marea, se aspira imponer de forma autoritaria, dejando en interdicción todo proceso de diálogo social, resintiendo el sistema democrático, que lo tienen al borde del precipicio.

La reforma de las pensiones no puede quedar a merced de un consistorio de 9 personas, que integran la Junta Directiva de la Caja, sino que tiene que ser resultado de un amplio proceso de participación democrática, cuya finalidad no puede ser otra que no sea el fortalecimiento de nuestro sistema público de seguridad social y garantizar pensiones justas y dignas.

Una reforma de ese calado, como la que ha venido fraguando la derecha feroz, carece de toda legitimidad democrática.

02/07/2021

Cleptocracia: de apariencias, sombras y realidades ocultas

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.

La imposibilidad del lenguaje que venimos usando, al menos desde el siglo anterior, para designar los procesos, situaciones concretas o posturas ideológicas de una gran variedad de gentes, para dar cuenta de la realidad del mundo en que vivimos, es algo que se ha tornado evidente por sí mismo, aunque por serlo es que resulta muy difícil –sino, incluso imposible- que los afectados o concernidos puedan darse cuenta del hecho, mucho menos de sus graves consecuencias, incluso en el orden de lo patológico.

De tanto hablar del libre mercado, de la competencia, y de la magia misma del “mercado”,  cuyas virtudes nos recetan, casi todos los días, los neoliberales (en realidad neoconservadores que tienen muy poco de liberales y se aproximan cada día al autoritarismo que lleva todas las trazas de culminar en un nuevo totalitarismo) de todo tamaño, calidad y pelaje, no nos hemos dando cuenta de que son precisamente esas posturas fundamentalistas y delirantes, las que se han encargado de ocultar la verdadera naturaleza del régimen imperante.

En vez de vivir en una sociedad capitalista de libre competencia, en la que el mercado se encargaría, al parecer, de asignar y reasignar los recursos, supuestamente de una manera equilibrada, donde el afán de lucro de unos terminaría por beneficiar a todos(Adam Smith, dixit), incluso como consecuencia de los postulados de la “posmoderna” teoría del derrame (trickle down effect), sucederá que cuando los más ricos hayan acumulado “lo suficiente”, llenándose la copa hasta el borde, entonces la riqueza se derramará para todos los demás, nada más falso, pues lo que sucede más bien, es que un puñado de gentes, cercanas a los detentadores nominales del poder político, y a los insaciables poderes fácticos (acaparadores innatos de la tajada más grande de la riqueza social), tienen monopolizados u oligopolizados los filones más lucrativos de la actividad empresarial, dejando por fuera a aquellos otros sectores empresariales que aspiran a jugar sus cartas en un mercado y una sociedad abiertos (Von Mises, Hayek y otros, dixit) que no existen.

Después del inicio de la contrarrevolución neoconservadora que llevaron adelante Ronald Reagan y Margaret Thatcher a escala planetaria, durante la década de los ochenta, que fue el comienzo de la demolición de las políticas económicas y sociales del new deal rooseveltiano estos neoliberales, en realidad neocon, se han pasado durante cuarenta años hablando de que el estado es el problema y que hay que achicarlo. En los hechos las cosas han funcionado de esta manera, casi sin que nos demos cuenta:

Priorizando la salud del mercado, y de las “finanzas”, presuntamente públicas los corifeos del régimen imperante en casi todos nuestros países, se olvidaron de salud y el bienestar de las gentes, cosa que se ha puesto en evidencia en medio de la llamada pandemia del covid 19, cuando el sistema de salud ha terminado por mostrar algunas de sus grietas más visibles.

Estos neoliberales, cada vez más dogmáticos y autoritarios, a semejanza de los estalinistas de la antigua Unión Soviética, y el diz que “comunismo” que dijeron llevar adelante o profesar, cuando nunca fue otra cosa que un capitalismo de estado malavenido incluso con la llamada libertad de la mano de obra (el Gulag fue la monstruosa demostración del regreso del trabajo esclavo en gran escala para ese régimen, al igual que la palabra stalag lo representó para la Alemania Nazi), se empeñan en decir que el neoliberalismo no ha fracasado, y que así como los problemas de la democracia, no se resuelven con más democracia (Óscar Arias, con su “dictadura en democracia”, dixit), los problemas de la economía, y de la sociedad se resuelven con más desregulación del mercado, en particular el financiero, dejándonos al resto de los mortales en sus garras.

Mientras tanto, el comunismo que nunca fue, cuando han pasado más de treinta años de la caída de la Unión Soviética, está más presente que nunca, aunque no es más que una palabreja para asustar a los incautos y a frenar a las gentes que se salen del rebaño, por cierto no al que aspiran los epidemiólogos a propósito de la Covid 19. Todo el que no se comporte de manera políticamente correcta recibirá el calificativo de “comunista”, aunque no pase de ser un socialdemócrata despistado que se atreva a sugerir algún tímido planteamiento keynesiano, en materia económica y social, como eso de que para reactivar la economía hay que poner circulante en manos de la gente.

El escándalo de las empresas Meco y Hernán Solís (pronto pasará y se irá hacia el olvido más grande), que acapararon durante más de dos décadas el mercado de la llamada concesión de obra pública, en materia vial obedece, al parecer, dentro de la lógica del régimen, a algunos “problemas técnicos” que pronto se resolverán, mientras tanto “el libre mercado” y la competencia no se asoman por ningún lado, aunque se siga hablando de sus “bondades”.

El monopolio de la actividad portuaria en la región del Caribe, por parte de la empresa holandesa APM Terminals, y sus protectores locales, no sólo ha venido a representar servicios más ineficientes, además de tarifas más caras para las compañías navieras y los exportadores locales, sino que ha conducido a la quiebra a la Junta Administrativa para el desarrollo de la vertiente Atlántica(JAPDEVA, por sus siglas), la otra empresa que había venido brindando el servicio portuarios, en condiciones más favorables para los beneficiarios, sus muelles y grúas están hoy casi abandonados, lo que ocasiona el júbilo de los editores del diario La Nación, como también de los propietarios de medios radiofónicos y televisados más importantes, los que en muchos casos resultan ser los mismos

Lo que nos ha acontecido, es que unos cuantos y señores o señoras muy notables se ha convertido en “empresarios” a costillas nuestras, monopolizando las actividades más rentables en algunas áreas que manejaba el sector público, las compras del Estado especialmente en la CCSS o en el ICE, instituciones a las que no cesan de dañar e incluso desprestigiar. Estos personajes que evaden el pago de impuestos reportando cero ganancias, obligan al Estado a emitir bonos, unos títulos que luego ellos compran, y con cuyos intereses crecientes se dedican a lucrar para asfixiar al fisco, han terminado por crear una realidad para la que las palabras, o categorías de análisis hasta ahora empleadas para designarla, han sido vaciadas de casi todo su valor semántico.

Lo único cierto, mal que le pese a algunos, es que vivimos en un mundo de sombras, confundiendo la mentira con la verdad, porque la realidad parece ser otra… ¿será así?, o ¿seguiremos acaso en el mundo de los sueños y las pesadillas recurrentes, esas que algunas gentes asocian a palabras como “cochinilla” o cleptocracia? Por cierto que la última palabra parece estar más cerca de designar lo que de verdad estamos viviendo.

Algo sobre las próximas elecciones

Óscar Madrigal

En estos días conversaba o simplemente “peloteaba” con algunos amigos sobre las próximas elecciones. Reúno de manera esquemática mis opiniones:

1-. A Figueres con los votos obtenidos en la convención del PLN no le alcanza para ganar en primer vuelta. El resultado que obtuvo fue inferior al de Álvarez Desanti hace cuatro años y con ello no logró llegar ni siquiera a segunda ronda. La salida de Rolando Araya debilita aún más su candidatura.

La gente visible que rodea a Figueres, o son los mismos de siempre que no están en capacidad de producir ningún cambio, o igual o peores de neoliberales que el actual equipo económico gubernamental.

2-. La derecha ortodoxa o más ultra se muestra muy fragmentada por intereses personales y usufructo del erario público. Están Linet, Piza, Chávez, Eli, movimiento libertario, el grupo de Natalia Díaz y algunos más. A menos que una fuerza externa los obligue a unirse irán sin fuerza determinante a las elecciones.

3-. Los neopentecostales se encuentran divididos lo que los irá a neutralizar. Si bien Avendaño y su grupo manejarán la deuda política, Fabricio cuenta con el apoyo del poder mediático y financiero de las iglesias internacionales que son muy poderosas. La división les restará toda posibilidad.

4-. La influencia del PAC dependerá de quién sea el candidato o candidata. Si es la preferida del presidente Alvarado, Carolina Hidalgo, se hundirá; si eligen a Welmer podrían tratar de recomponerse con algún sector del llamado progresismo. Sin embargo, el desgaste del PAC por un gobierno entregado al PUSC y PNL, por su traición a los sectores sociales y los escándalos de corrupción, lo ponen en una situación electoral con poco futuro.

5-. Las fuerzas sociales populares deben llenar el vacío que quedará en el centro izquierda del espectro político electoral. La disputa principal será por llenar ese hueco.

José María Villalta es el candidato mejor posicionado en las encuestas que representa la alternativa popular. Villalta es como candidato mucho más que el Frente Amplio y así debería ser; tal vez una de sus debilidades sea el partido, pero su candidatura debería trascenderlo. Para ello debe lanzar casi que de inmediato su candidatura y presentarla junto a muchas otras fuerzas y movimientos populares.

La izquierda debe entender que para estas elecciones sus intereses se unen en la candidatura presidencial del candidato que esté mejor posicionado electoralmente y que, además, reúna condiciones de honestidad, valentía y compromiso y cambio verdadero. La unidad de la izquierda no se limita a ella; eso sería miope políticamente. La unidad de la izquierda tiene sentido si aglutina a su alrededor a las fuerzas populares de amplios sectores que deseen una transformación del injusto sistema tributario y defensa del Estado de Bienestar, en primer lugar, a los trabajadores y trabajadoras y pequeños y medianos productores del campo y la ciudad.

Hasta el momento quien puede reunir esas condiciones y características es el diputado Villalta. Su candidatura debería ser la del pueblo contra los grandes poderes económicos, financieros y mediáticos del país.

6-. Todo parece indicar que habrá segunda vuelta para elegir el presidente. En estas circunstancias los candidatos que pasen a una segunda ronda podrían hacerlo obteniendo alrededor de un 20% de los votos. Con un gran trabajo, inteligente y tesonero, la candidatura del polo popular podría colarse a la segunda vuelta y disputar por primera vez la presidencia de la república.

Las condiciones pueden estar dadas.

Bob Menéndez, Anticubano y su Odio Visceral

Lic. José A. Amesty R.
01-Julio-2021

Roberto “Bob” Menéndez, nacido el 1 de enero de 1954, de 67 años, es senador del Partido Demócrata de Nueva Jersey. Menéndez nació en la Ciudad de Nueva York. Sus padres, de origen cubano, fueron Evangelina y Mario Menéndez, quienes Huyeron de Cuba en 1953, por desaprobar el gobierno de Batista, estableciéndose entonces en la ciudad de Nueva York.

Actualmente es presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. Su vida política está sellada por un largo historial de acciones contra Cuba, Venezuela, Nicaragua y gobiernos o movimientos populares de América Latina y el Caribe, nunca se ruborizo, al empeñarse durante años en recrudecer el genocida bloqueo a Cuba y en fomentar el golpismo y la violencia fascista en Venezuela; para luego caer en las manos de la corrupción.

Ya en el año 2017, enfrentaba 18 cargos por fraude, soborno y corrupción, en esta ocasión, además de ultraderechista, se le acusaba de haber recibido 750.000 dólares, en forma de donaciones a su campaña, regalos, viajes en avión privado y lujosas vacaciones pagadas por un benefactor (Salomón Melgen, un oftalmólogo multimillonario de La Florida), a cambio de que defendiera sus intereses de negocio.

Al final, y bajo una serie de artimañas, como ocurre en el sistema judicial estadounidense, el senador Bob Menéndez, fue absuelto al sellarse el caso. Al parecer, así son los políticos cubanoamericanos, que logran alcanzar puestos en el Congreso y el Senado de Washington: todos envueltos en desfalcos, corrupción, lavado de dinero y otros delitos.

Pero su historial oscuro, viene de más atrás (2009), cuando con su obsesión anticubana, emprendió una acción-jugarreta chantajista para bloquear la visita de la Orquesta Sinfónica de New York a La Habana, lo cual publicaron varios sitios en internet, entre ellos Cubadebate.

Así mismo y grave, los comentarios y rumores persistentes, sobre un escándalo de prostitución que implicaba al senador Menéndez. El FBI hizo una redada en el negocio de un oculista, en West Palm Beach llamado Salomón Melgen, bajo sospecha de proveer viajes gratuitos a República Dominicana y prostitutas menores de edad, al senador Bob Menéndez.

En los inicios de su carrera política, el travieso “Bobi” comenzó a trabajar como ayudante del alcalde de Unión City, William Musto, con el que desarrolló una profunda amistad. Tan intensa fue, que muchos decían que Musto era como un padre para él.

Parece que, al pasar el tiempo, las cosas no le fueron muy bien al alcalde y a sus ayudantes, ya que estaban enredados, hasta el cuello, en problemas de corrupción y gansterismo. En el juicio que se llevó a cabo en contra de Musto, la estrella de los testigos en su contra fue, nada más y nada menos, que el controversial Menéndez. ¿Qué le habrán ofrecido los agentes federales a Bob, para que testificara en contra de su protector y guía?

Lo más probable es que fuera inmunidad, sino no tiene sentido que se prestara a ser testigo en contra de alguien que lo había acogido como un hijo. Menéndez tiene que haber sabido mucho como para poder ayudar a que su jefe fuera a parar con sus huesos en la cárcel.

Lo cierto es que este hombre, mientras ha ido pasando de cargo en cargo, en su convulsa vida política, siempre se le ha visto relacionado con algún escándalo o enredo. Menéndez es un enemigo jurado de Cuba, a la cual ha acusado de todo lo peor. Recuerden que, en su época, quiso hacer ciudadano americano al niño Elián, para que no fuera a reunirse con su padre.

Más reciente, Bob Menéndez, introdujo un recurso en el Congreso estadounidense, que busca restablecer un programa de robo de cerebros dirigido a los médicos cubanos que cumplen misión en el exterior.

La idea del legislador es exigir a la administración gringa, que restituya el polémico Programa de Parole, para Profesionales Médicos Cubanos, establecido por el gobierno de George W. Bush y derogado al final del mandato de Barack Obama.

Durante los años que se mantuvo vigente (2006-2017), esta política constituyó un incentivo ilegal para que el personal cubano de la salud, que colaboraba en terceros países abandonara sus misiones y emigrara a los Estados Unidos.

El programa causó daños a la cooperación médica internacional de Cuba, y en especial a las naciones pobres del tercer mundo, que se benefician del aporte de los profesionales de la Isla.

Así mismo, presento un proyecto de Ley ante el Congreso, que busca prohibir a los tribunales de Estados Unidos, el reconocimiento de marcas comerciales cubanas, supuestamente vinculadas con propiedades nacionalizadas después del triunfo de la Revolución en enero de 1959. Con el título “Ninguna marca robada reconocida en Estados Unidos”, la legislación busca aumentar el cerco económico contra Cuba.

Aun más reciente, la escritora Lilliam Oviedo, señala que Bob actúa como una especie de “Caballo de Troya”, por un lado, para vengarse de Joe Biden, “en el entendido de que, igual que Barack Obama, el actual gobernante tuvo responsabilidad en la articulación de los expedientes judiciales por los cuales él tuvo que responder entre los años 2014 y 2017”, ya mencionados.  

Y por otro lado, sabotear la agenda de la actual administración formará parte de las acciones de Menéndez, con lo cual obstruiría los propósitos de Biden de rescatar la unidad bipartidista en los temas principales de la Nación, justificando su accionar solapado en la frágil mayoría de los demócratas en el Senado, y contando con el apoyo incondicional de su amigo, el senador republicano de origen cubano Marco Rubio, ambos empeñados en perjudicar el diálogo constructivo de Estados Unidos con los gobiernos de la región y, definitivamente, dañar los cambios necesarios e imprescindibles de la política exterior estadounidense en el hemisferio.

En síntesis, la lealtad de Roberto Menéndez, está con Donald Trump en lugar de con el presidente Joe Biden. En New Jersey, estado que representa en el Senado, los enterados veían con asombro hace unos meses, el desinterés que mostró por la campaña presidencial del candidato de su partido, y cómo desviaba fondos de la misma para impulsar la reelección a la cámara de diputados de su amigo, el también cubanoamericano y enemigo jurado de la Revolución Cubana Albio Sires.

Al igual que los legisladores republicanos de origen cubano Marco Rubio y Mario Díaz-Balart, Menéndez se manifestó reiteradamente contra la política del gobierno de Obama y Biden hacia Cuba, de la que llegó a decir que era “dramática y errada”, mientras clamaba ardorosamente junto a ellos por el endurecimiento del bloqueo.

Por otro lado, desde su asiento, Bob Menéndez, quien además ha manifestado rechazo hacia el accionar de la vicepresidenta Kamala Harris, intentará sabotear el reinicio del acercamiento a Cuba y el diálogo de Estados Unidos con los gobiernos de Nicaragua y Venezuela, junto a Marco Rubio, Menéndez hará lo posible por entorpecer el avance, también en la política exterior de República Dominicana.

Menéndez, aparte de su filiación política reaccionaria, su rencor contra el nuevo inquilino de la Casa Blanca y el rechazo que ha manifestado hacia la vicepresidenta Kamala Harris, lo impulsarán, como ya ha prometido en privado, a oponerse a todas las acciones de política exterior que intente el gobierno demócrata, sobre todo, las que tiendan a hacer más flexible y pragmática la política hacia los gobiernos progresistas y revolucionarios de América Latina y el Caribe.

Para reiterar y finalizando, Bob, siendo demócrata, saboteo la campaña de Biden, a quien culpa de todos los juicios por el escándalo en República Dominicana, quien tiene una relación estrecha con los dirigentes de la Fuerza Nacional Progresista, FNP. Se trata de Pelegrín, Vinicio y Juárez Castillo, hijos del abogado Marino Vinicio Castillo, quienes tienen lazos familiares y de negocios con Salomón Melgen y son socios políticos del expresidente Leonel Fernández. Esta última condición los vincula con el actual gobierno”.

Con su asiento en el senado norteamericano, mantiene la presión contra la administración Biden respecto a Cuba y otros asuntos de política exterior.

Con el indulto a Salomón Melgen, por parte de Donald Trump, Menéndez les debe favores a las fuerzas de extrema derecha.

Su cercanía con Marco Rubio, en los temas anticubanos ha levantado preocupación en el Partido Demócrata, ya que algunos directivos sospechan que Menéndez puede facilitarle a Rubio información y estrategias electorales del Partido, a cambio de votos y alianzas en el Comité de Relaciones exteriores del Senado que él preside.

Así mismo, es pública y notoria la proyección ultraderechista de Menéndez, como legislador hacia América Latina y el Caribe, al igual que las de sus colegas cubanoamericanos Marco Rubio y Mario Díaz-Balart. Han hecho y harán cuanto esté a su alcance por frustrar el proceso de paz en Colombia y utilizarlo como plataforma de ataque contra Cuba, apoyarán la política más dura contra Venezuela, incluyendo el apoyo al desprestigiado Juan Guaidó y también contra Nicaragua, mientras redoblan sus esfuerzos por frustrar el acercamiento a La Habana prometido por Biden en campaña.

 

Imagen tomada de https://www.alainet.org/

Las mujeres candidatas

Vladimir de la Cruz

En el sistema electoral costarricense a finales del siglo XIX, por la participación que tuvieron las mujeres en la movilización del 7 de noviembre de 1889, orientada a detener un supuesto fraude que se tramaba contra las elecciones, el Presidente José Joaquín Rodríguez, 1890 – 1894, propuso el reconocimiento de voto de la mujer, sin que esto pudiera concretarse.

En la década de 1910-1920 se iniciaron los movimientos feministas en el país para lograr este Derecho, lucha que se mantuvo por las décadas siguientes. Con el Partido Comunista de Costa Rica, fundado en 1931, se empezó a plantear la plena igualdad jurídica de hombres y mujeres en materia política y electoral.

Las luchas de la mujeres se dieron en distintas formas, no solo en el campo del sufragio, que amainaron frente a las luchas políticas, sociales y sindicales que cobraron fuerza.

En la década de 1940-1948 se intensificaron las luchas de las mujeres en el ámbito político y en la defensa del sufragio frente a las acusaciones que se hacían a los procesos electorales de 1944 y 1948.

El Golpe de Estado que llevó a José Figueres a tomar el Poder, y fundar la Junta de Gobierno de la llamada Segunda República, 1948-1949, atrasándole la Presidencia a Otilio Ulate, vencedor de las elecciones de 1948, en cuya defensa se había realizado el movimiento armado de Figueres, hizo también que Figueres convocara la Asamblea Nacional Constituyente, que funcionó durante 1949, terminando sus funciones el 7 de noviembre, momento en el cual también cesó el Golpe de Estado, al asumir Otilio Ulate la Presidencia de la República.

La Asamblea Nacional Constituyente estableció en la materia político electoral el voto universal, con lo que se reconoció el voto de la mujer costarricense. Desde entonces se integró la mujer al ejercicio del sufragio, como uno de los derechos más sagrados que gozamos y tenemos los costarricenses.

La primera vez que las mujeres costarricenses pudieron ejercer su derecho al voto fue en unas elecciones cantonales, a propósito de un Plebiscito que se hizo en el Distrito de la Tigra en San Carlos en 1950, siendo Bernarda Vásquez, vecina de la Tigra la primer mujer en ejercer el voto.

A nivel nacional fue a partir de las elecciones de 1953 cuando empezaron a gozar de la igualdad política de elegir y también de ser electas. En esta ocasión fueron electas las primeras tres mujeres parlamentarias, Ana Rosa Chacón González, María Teresa Obregón Zamora y Estela Quesada Hernández. Desde entonces han sido electas, cada vez más con mayor cantidad de mujeres porque la legislación ha avanzado obligado la paridad vertical y horizontal en la colocación de las mujeres en las listas de candidatos que ofrecen los partidos.

De esta manera desde 1953 hasta el 2018 han obtenido las mujeres los siguientes escaños legislativos

1953    3
1958    2
1962    1
1966    3
1970    5
1974    4
1978    5
1982    4
1986    7
1990    8
1994    9
1998    11
2002    22
2006    25
2010    23
2014    20
2018    26

Igualmente han presidido la Asamblea Legislativa, siendo la primera en hacerlo, en 1986, Rosemary Karpinski Dodero, luego Rina Contreras López y las últimas, en el actual gobierno Carolina Hidalgo Herrera y Silvia Hernández Sánchez.

De todas las diputadas 10 han repetido una vez la diputación.

En cuanto a candidatas en la fórmula Presidencial empezaron a aparecer, como candidatas a la Vicepresidencia, por primera vez en 1970, cuando la izquierda, con el Partido Acción Socialista postuló a Luisa González Gutiérrez

En los siguientes procesos electorales, a partir de 1978 se mantuvieron en la lista como Vicepresidentas de esta forma:

1978, Lucila Garro Bogantes por la Organización Socialista de los Trabajadores,

1982, Jeannette Bolaños Paniagua y Alicia Soto Blanco por el Partido Demócrata,

1986, Victoria Garrón Orozco por Liberación Nacional, de nuevo Luisa González Gutiérrez por Alianza Popular,

1990, Meta Figueres Boggs por Liberación Nacional, Vilma Soto Alvarado y María Avila Rojas por el Partido Alianza Nacional Cristiana, y Nidia Herrera Bonilla por el Partido Revolucionario de los Trabajadores en Lucha,

1994, Rebeca Grynspan por Liberación Nacional, Mabel Nieto Cartín por la Unidad Social Cristiana, María García Pérez por Fuerza Democrática, María de los Angeles Quesada por el partido Alianza Nacional Cristiana, y Mayra Arias Tuk por el Partido Independiente,

1998, Astrid Fischel Volio y Elizabeth Benito Odio por la Unidad Social Cristiana, Rosemary Karpinski Dodero y Joyce Zurcher Blen por Liberación Nacional, Alcira Castillo Martínez y Odalía Calderón Solano por Fuerza Democrática, Ana Rita Cañas Ruiz por el partido Integración Nacional, Ana María Pérez por el partido Demócrata, Patricia Odio Iglesias por el Movimiento Libertario, Ligia Arias Rodríguez por el partido Nacional Independiente, Mavis Pearson Sawyers por el partido Alianza Nacional Cristiana, Pueblo Unido a Norma Vargas Duarte y Ana Cecilia Jiménez, Marianita Harvey Chavarría por partido Nuevo Partido Democrático, y por el Partido Independiente la fórmula fue completa en los tres puestos, Yolanda Gutiérrez Ventura, Leda María García Pérez, Rafaela Dobles Hidalgo.

2002, Lineth Saborío Chaverri por la Unidad Social Cristiana, Sandra Pizk Feinzilber por Liberación Nacional, Sadie Bravo Pérez por Acción Ciudadana, Otilia Chacón Chacón por el Movimiento Libertario, Elizabeth Delgado Alvarado por Integración Nacional, Anabel Artavia Montero y Marjorie Santamaría Monge por Fuerza Democrática, Ana María Corrales Solís por el partido Unión General, Ligia María Arias Rodríguez por el partido Patriótico Nacional, Ana Quesada Gómez y Vilma Soto Alvarado por Alianza Nacional Cristiana y Nora Fallas Solano por Rescate Nacional.

2006, Laura Chinchilla por Liberación Nacional, Epsy Campbell Barr y Marita González Vega por Acción Ciudadana, Ana Alfaro Masis por el Movimiento Libertario, Liliana Salas Salazar por la Unidad Social Cristiana, Eleonora Badilla Saxe por Unión para el Cambio, Sadie Britton González por Unión Nacional, Floribeth Acosta Jiménez por Renovación Costarricense, Emilia Rodríguez Arias por Alianza Democrática Nacionalista, Anabel Artavia Martínez y Marjorie por Fuerza Democrática, Patricia Ramos por Coalición Izquierda Unida, Gloria Valerín Rodríguez y Emilia Molina Cruz por Unión Patriótica.

2010 Laura Chinchilla Miranda de Liberación Nacional, Mónica Segnini Acosta por Acción Ciudadana, Lorena San Román por el Movimiento Libertario, Iris Zamora Zumbado por la Unidad Social Cristiana, Lilliette Gutiérrez Rojas por Partido Accesibilidad sin Exclusión, María Barahona Riera por Alianza Patriótica, Vivian González Trejos por Integración Nacional.

2014, Ana Elena Chacón Echeverría por Acción Ciudadana, Silvia Lara Povedano por Liberación Nacional, Dagmar Facio Fernández por el Frente Amplio, Abril Gordienko López por el Movimiento Libertario, Patricia Vega Herrera por la Unidad Social Cristiana, Lisbeth Quesada Tristán por Patria Nueva, Rose Mary Zúñiga Ramírez por Restauración Nacional, Ana Dinorah Rodríguez Rojas por Renovación Costarricense, Zulema Villalta por Accesibilidad sin Exclusión, Luz Mary Alpízar Loaiza por Nueva Generación, Jessica Barquero por el Partido de los Trabajadores, Carmen Lidia Pérez Ramírez por Avance Nacional y Vivian González Trejos por Integración Nacional.

2018, Epsy Campbell Barr por Acción Ciudadana, Ivonne Acuña Cabrera por Restauración Nacional, Victoria Gamboa Ross por Liberación Nacional, Edna Camacho Mejía por la Unidad Social Cristiana, María Cecilia Moreira por Integración Nacional, Rosemarie Carro por el Republicano Socialcristiano, Vivian Quesada por el Movimiento Libertario, Laura Hall Moore por el Frente Amplio, Sol Echeverría Hine por Nueva Generación, Laura Fernández Delgado por Alianza Demócrata Cristiana, Sigrid Umaña Alvarez por Renovación Costarricense, Sigrid Umaña Alvarez por Accesibilidad sin Exclusión, y a Jessica Barquero por el Partido de los Trabajadores.

Para las elecciones próximas de febrero del 2022 ya tenemos las siguientes candidatas en la papeleta presidencial, como vicepresidentas o presidentas, y algunas de ellas, en doble candidatura, presidenta y primer lugar de diputada por San José:

Por el partido Nueva República a la Vicepesidencia Alexandra Loría Beeche, por la Unidad Social Cristiana a Lineth Saborío Chaverri, candidata Presidencial, y por el Partido Unidos Podemos a Natalia Díaz Quintana, quien es a la vez candidata a Presidenta y a diputada por San José. Esta doble postulación la están impulsando candidatos hombres en otros partidos.

En el escenario se anuncian posibles candidatas dentro de quienes postulan en el Partido Acción Ciudadana como Marcia González Aguiluz y Carolina Hidalgo Herrera.

No hay a la vista ninguna otra candidata disputando la candidatura a la Presidencia o participando de la fórmula vicepresidencial, pero las habrá porque es obligatorio llevar al menos una candidata.

Para las elecciones de febrero ya hay 18 partidos habilitados para participar, y en posibilidad de llegar a participar si logran inscribirse a tiempo alrededor de una docena más.

De todas estas candidaturas solo una vez, en el 2010, fue electa una mujer como Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, 2010-2014, quien abrió la puerta y la esperanza para otras mujeres de llegar a ser electas.

Entre las que ya están de candidatas me parece que la que más posibilidades puede tener, de ser electa Presidenta, es la candidata de la Unidad Social Cristiana, Lineth Saborío Chaverri. Su victoria aplastante en la Convención de su partido la destacó como eficiente organizadora y lidereza. En lo particular me satisface que haya derrotado, con la paliza que le dio a Pedro Muñoz, que se mantuvo en toda su campaña como arrogante, petulante, grosero con periodistas, con actitudes machistas electorales, blandiendo armas y estandartes de derecha, renunciando con ello a la vieja tradición de ese partido, especialmente a la historia que lo levantó en la década de 1940-1948, de partido reformista aliado a los comunistas. Por el contrario Pedro Muñoz exaltaba sus posturas derechistas, mientras Lineth y el mismo Erwen Masís mostraban más cautela.

En la Convención de la Unidad Social Cristiana sin lugar a dudas Erwen mostró también la sutileza de su trabajo desde las cantonales y logró imponerse en el segundo lugar muy honrosamente.

Pedro Muñoz por ahora cabó su propia tumba en la que se autosepultó en la Convención. Su derrota fue política, después de esto le queda poco por hacer, parlamentaria porque nadie le reconoció nada de su paso por la Asamblea Legislativa, o porque le conocieron bien su paso y no le apoyaron y moral, por la forma chabacana con que se manejó en su Convención. Debió haberle hecho caso a Miguel Angel Rodríguez cuando llamó a buscar una coalición.

Aún sin coalición, en este momento, la candidatura de Lineth si sabe articularse a banderas sociales puede pelear la Presidencia de la República, o asegurar, si así fuere un lugar para una segunda vuelta electoral en caso de que llegue a darse. Esto dependerá de quien lleve en las otras candidaturas y especialmente en la de diputados.

Si esta Asamblea Legislativa se ha lucido por su derechismo político la próxima se espera que camine hacia un progresismo social. Al menos una buena parte del electorado espera esto. Y eso lo veremos con la integración de las papeletas de todos los partidos y de quienes encabecen los puestos más fáciles de ser electos.

Las Cámaras empresariales se están moviendo con la intención de asegurar en algunos de estos partidos sus representantes directos como diputados de esos partidos. Los movimientos sociales debieran hacer lo propio.

La presunta antigüedad de la bandera de España

Gabe Abrahams

Dirigentes políticos principalmente de Ciudadanos, el PP y VOX han declarado en no pocas ocasiones que la bandera de España actual viene de la Edad Media, de los Reyes Católicos, etc. La bandera de España actual, conocida como la rojigualda, es bastante más reciente. Su recorrido histórico es mucho más corto de lo que muchos piensan.

La actual bandera de España fue adoptada por primera vez en 1785, dentro del ámbito de la Marina. En 1843, Isabel II decretó que se utilizara en las Unidades del Ejército e Infantería de Marina. Su uso no se generalizó hasta finales del siglo XIX, siendo obligatoria en edificios públicos solo a partir de 1908.

Antes de la aparición de la bandera actual de España, durante siglos, no se conoció en España, en aquella época las Españas, más bandera que la bandera de paño blanco con una Cruz de Borgoña en rojo. Su introducción data de 1506 y se produce con la Guardia Borgoñona de Felipe el Hermoso.

La bandera blanca con la Cruz de Borgoña en rojo ondeó por primera vez como insignia de las Españas en la batalla de Pavía en 1525 y fue la utilizada por los tercios y regimientos de infantería. Los tercios la portaron como bandera incluso con paños de diferentes colores como el amarillo, entre otros.

La prueba más evidente de que la bandera blanca con la Cruz de Borgoña en rojo fue la bandera de España hasta hace relativamente poco tiempo la tenemos en las banderas actuales de lugares que formaron parte del Imperio español.

Esas banderas no reproducen en su diseño ninguna bandera rojigualda, sino que son una fotocopia casi exacta de la bandera de paño blanco que lucía la Cruz de Borgoña. Dos ejemplos son las banderas de los estados de Florida y Alabama.

El olvido que sufre la antigua bandera de España, que durante siglos y hasta hace relativamente poco tiempo fue la oficial, responde a un desconocimiento histórico de una parte de la derecha; y también a un rechazo visceral de la izquierda, por la utilización que hicieron los Carlistas de la misma. Pero la historia es la que es, guste más o guste menos, y no puede tergiversarse.

 

Enviado a SURCOS por el autor.

Los nuevos muros de la pandemia: las brechas de la inmunización

Jenyel Contreras Guzmán

Deseo dedicar este breve espacio a puntualizar algunos de los principales dilemas éticos y políticos que se presentan de cara a las recientes estrategias de “reactivación económica” y de “retorno a la normalidad pre-covid”, en particular el “turismo de vacunas” y el “pasaporte de vacuna”.

La idea del establecimiento de un pasaporte de vacunas (Certificado Verde Digital de Vacunación o CVD) surgió como una propuesta de los países miembros de la Unión Europea (UE)[1] a inicios de este año, previo a la temporada de verano en dicha región, como una forma de garantizar que las personas ciudadanas de la UE y sus familias puedan viajar con seguridad y el mínimo de restricciones[2]. El mismo ya fue aprobado por la Comisión Europea y se encuentra en proceso de trámite legislativo, y de la puesta en marcha de un mecanismo informático para que sea posible su emisión y lectura en todos los países de la UE antes de entrar en vigor en junio próximo.

Israel desde el pasado mes de febrero ha empezado a implementar el Green Pass, un documento que se puede descargar y llevar en el celular y que indica que la persona ya está inmunizada y puede acceder a distintos comercios y actividades[3]. En Estados Unidos se analizan 17 propuestas para la confección de su propio pasaporte, siendo que el estado de Nueva York ya cuenta con el suyo (Excelsior Pass)[4] desde el pasado mes de marzo, y es utilizado para poder acceder a eventos en establecimientos de gran capacidad como estadios o conciertos. Fue desarrollado en conjunto con IBM y combina una aplicación de billetera de Smartphone con un escáner de códigos QR[5].

Costa Rica por su parte, analiza la posibilidad de desarrollar un pasaporte sanitario en esta misma línea, propuesta que se discutió en el marco de una reunión de la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica[6]. Poco a poco se van incorporan más países en la discusión y en el establecimiento de dicha medida.

Igualmente, el turismo de vacunas se ha popularizado en lugares como Maldivas, Rusia, Serbia, Cuba, Alaska, Dubái y Estados Unidos[7], que ofrecen la posibilidad de vacunarse y vacacionar al mismo tiempo. Para el caso de Costa Rica, Estados Unidos se ha convertido en el principal destino de la “vacunación flexible”, ya más de mil costarricenses han comprado paquetes de viaje que van desde los $800 a los $1.200 y cubren hospedaje, cita y traslado, entre otros. Se estima, que mediante los operadores de viaje saldrán entre 5 mil y 10 mil costarricense más en los próximos meses[8].

Pero ¿Cuáles son los dilemas éticos y políticos que estas dos estrategias plantean? Acá, algunas breves reflexiones al respecto:

El turismo de salud o el turismo médico, no es un fenómeno nuevo, es una actividad altamente lucrativa en la que Costa Rica se posiciona como destino, y que para el año 2017 se estimó una ganancia aproximada de $437 millones[9], orientada mayormente al sector privado de la salud. Esta práctica es a su vez la manifestación de las desigualdades en el acceso al derecho fundamental de la salud, y por ende al resguardo de la vida, en donde quienes cuentan con los recursos económicos pueden acceder a ella más allá de las fronteras nacionales. Esta lógica de monetización de la salud refuerza barreras de exclusión hacia poblaciones históricamente relegadas del acceso a servicios básicos y de atención primaria, así como al tratamiento de enfermedades crónicas y demás padecimientos. Situación que vimos agravada con las primeras fases de la pandemia en donde en países como Estados Unidos la mortalidad de personas afroestadounidenses y migrantes (particularmente hispanas) en estados como Nueva York representaron hasta el 35% de los fallecimientos debido entre otros aspectos, al nulo acceso a los servicios de salud.

Esta privatización del acceso a la salud, en el contexto de la pandemia, plantea una discusión ética sobre el acceso global a los mecanismos de inmunización, que resulten eficaces y de calidad. No se trata ya sólo de preguntar quiénes tienen acceso a la vacuna, sino además a cuál vacuna tienen acceso y quiénes. El tema de la eficacia no es cosa menor, ya que en las 9 vacunas (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Jonhson&Jonhson, Sputnik V, CoronaVac-Sinovac, Novavax, Sinopharm, Cansino Biologics) listas o en fase de ensayo clínico existe una variación de efectividad del 66% al 91%. Así por ejemplo en la UE, y para efectos del CVD las vacunas rusas y chinas no son aceptadas como mecanismo eficaces de inmunización, por lo que las personas que hayan accedido a ellas aún deberán cumplir con la cuarentena obligatoria [10].

La situación se complejiza aún más si analizamos la distribución de las vacunas a nivel global, en donde lo que domina es una distribución desigual de las vacunas entre países pobres y ricos, ya que estos últimos acaparan el 99% de las dosis[11], muchas de ellas compradas previo al inicio de su producción. En este sentido, el Ministerio de Salud de Costa Rica ha indicado que el país ha hecho 21 intentos por adquirir nuevas dosis de la vacuna con diferentes farmacéuticas, y que muchas han señalado tener toda su producción comprometida hasta el 2022[12]. Situación que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha catalogado como un “fracaso moral catastrófico” [13].

Frente a este panorama diversos sectores han planteado la necesidad de establecer al menos dos acciones puntuales: 1. La creación de un fondo solidario de vacunas efectivo para el acceso de las regiones, países y poblaciones más vulnerables (en este sentido COVAX no ha logrado cumplir su cometido, particularmente debido a la falta de voluntad política y económica de farmacéuticas y de países ricos), y 2. La liberación de las patentes de las vacunas, que posibilite una mayor producción de las mismas (proceso que ha sido entorpecido por las mismas razones que en la acción 1).

Nos encontramos de esta forma frente a una lógica perversa y necropolítica, en donde por un lado sabemos que el acceso a la vacuna es limitado y desigual, pero a su vez es posible ir a comprar “los excesos” o “reservas” de vacunas a los países que las han acaparado, e independientemente de si esas “reservas” existen debido a la negativa o falta de confianza de algunos sectores de la población para vacunarse[14], el problema de fondo continua siendo que indiscutiblemente, en esos mismos países, existen importantes sectores de la población que no han sido contemplados en los esquemas de inmunización, tal es el caso de las personas migrantes irregulares. Los datos sobre la vacunación de este tipo de poblaciones son difíciles de rastrear. De modo que nos enfrentamos a la paradoja de la escasez para unos y de los “excesos” para otros sectores de la sociedad.

Nos encontramos de esta forma frente a una polarización social de larga data, “nosotros los turistas” y “los otros los migrantes”. No de casualidad las fronteras que han sido abiertas en mayor medida son las aéreas. Contradictoriamente, el virus alcanzó su condición de pandemia gracias a los vuelos de turismo internacional. Este tipo de situación ha significado un recrudecimiento de prácticas y discursos discriminatorios, xenofóbicos y excluyentes, ya no solo son migrantes sino además migrantes enfermos. Recordemos, por ejemplo, la donación de vacunas del gobierno de Joe Biden a México, como parte de un acuerdo[15] para frenar la migración en la frontera sur de los Estados Unidos.

Esta polarización nos habla también de quiénes son “aptos” para la inmunización y quiénes no, y más aún quiénes tiene posibilidad de retomar su vida de movilidad y sociabilidad pre-pandémica y quiénes deberán continuar relegados al confinamiento, y ahora a adicionales formas de exclusión.

Finalmente, dos elementos poco discutidos dentro de esta lógica de habilitación del turismo vía pasaporte de vacuna, tienen que ver con: 1. El control de la información y las ganancias de las empresas que desarrollen las plataformas para el funcionamiento de los pasaportes, Cambridge Analytica, Facebook y sus plataformas asociadas son un breve recordatorio, y 2. La necesidad de estudiar las posibles implicaciones de delegar en los sistemas sanitarios, farmacéuticas y empresas privadas una suerte del control de las movilidades de las personas en la vida cotidiana y en el traslado internacional.

Imagen tomada de la página de Facebook de FLACSO Costa Rica.

[1] Se busca incluir en dicha propuesta a países como Noruega, Islandia y Suiza, países que no se encuentran dentro de la UE.

[2] https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-56446411

[3] https://www.nytimes.com/es/2021/04/06/espanol/vacunacion-israel-covid.html

[4] https://www.hosteltur.com/lat/143341_eeuu-se-encamina-a-su-propio-pasaporte-de-vacunacion.html

[5]https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-promueve-pasaporte-especial-para-vacunados-contra-la-covid-19

[6]https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-promueve-pasaporte-especial-para-vacunados-contra-la-covid-19

[7]https://www.hosteltur.com/143654_que-paises-ofrecen-la-vacuna-a-turistas-que-vayan-de-vacaciones.html

[8] https://www.larepublica.net/noticia/vacunacion-flexible-dispara-salida-de-ticos-hacia-los-estados-unidos

[9]https://www.nacion.com/economia/negocios/turismo-medico-genero-ingresos-por-437-millones-a/LIVPCO42HVGU5G6HDZNDXNSKCI/story/#:~:text=Las%20visitas%20de%20extranjeros%20a,el%202013%2C%20de%20%24328%20millones.

[11] https://www.msf.es/actualidad/los-paises-ricos-acaparan-mas-99-las-dosis-la-vacuna-la-covid-19

[12]https://delfino.cr/2021/05/salud-registra-21-acercamientos-para-adquirir-vacuna-de-jj-moderna-sputnik-v-y-sinopharm-sin-resultados

[13] https://www.bbc.com/mundo/noticias-55911364

[14] https://www.ngenespanol.com/traveler/turismo-de-vacunas-como-vacunarse-en-eeuu-y-todo-lo-que-debes-saber-al-respecto/amp/

[15] https://www.washingtonpost.com/es/national-security/2021/03/19/vacunas-astrazeneca-mexico-estados-unidos-migracion-biden-amlo/

 

Imagen tomada de la página de Facebook de FLACSO Costa Rica.

Artículo publicado en el blog de FLACSO Costa Rica, compartido con SURCOS por la autora.

Cleptocracia: de apariencias, sombras y realidades ocultas

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

La imposibilidad del lenguaje que venimos usando, al menos desde el siglo anterior, para designar los procesos, situaciones concretas o posturas ideológicas de una gran variedad de gentes, para dar cuenta de la realidad del mundo en que vivimos, es algo que se ha tornado evidente por sí mismo, aunque por serlo es que resulta muy difícil –sino, incluso imposible- que los afectados o concernidos puedan darse cuenta del hecho, mucho menos de sus graves consecuencias, incluso en el orden de lo patológico.

De tanto hablar del libre mercado, de la competencia, y de la magia misma del “mercado”,  cuyas virtudes nos recetan, casi todos los días, los neoliberales (en realidad neoconservadores que tienen muy poco de liberales y se aproximan cada día al autoritarismo que lleva todas las trazas de culminar en un nuevo totalitarismo) de todo tamaño, calidad y pelaje, no nos hemos dando cuenta de que son precisamente esas posturas fundamentalistas y delirantes, las que se han encargado de ocultar la verdadera naturaleza del régimen imperante.

En vez de vivir en una sociedad capitalista de libre competencia, en la que el mercado se encargaría, al parecer, de asignar y reasignar los recursos, supuestamente de una manera equilibrada, donde el afán de lucro de unos terminaría por beneficiar a todos(Adam Smith, dixit), incluso como consecuencia de los postulados de la “posmoderna” teoría del derrame (trickle down effect), sucederá que cuando los más ricos hayan acumulado “lo suficiente”, llenándose la copa hasta el borde, entonces la riqueza se derramará para todos los demás, nada más falso, pues lo que sucede más bien, es que un puñado de gentes, cercanas a los detentadores nominales del poder político, y a los insaciables poderes fácticos (acaparadores innatos de la tajada más grande de la riqueza social), tienen monopolizados u oligopolizados los filones más lucrativos de la actividad empresarial, dejando por fuera a aquellos otros sectores empresariales que aspiran a jugar sus cartas en un mercado y una sociedad abiertos (Von Mises, Hayek y otros, dixit) que no existen.

Después del inicio de la contrarrevolución neoconservadora que llevaron adelante Ronald Reagan y Margaret Thatcher a escala planetaria, durante la década de los ochenta, que fue el comienzo de la demolición de las políticas económicas y sociales del new deal rooseveltiano estos neoliberales, en realidad neocon, se han pasado durante cuarenta años hablando de que el estado es el problema y que hay que achicarlo. En los hechos las cosas han funcionado de esta manera, casi sin que nos demos cuenta:

Priorizando la salud del mercado, y de las “finanzas”, presuntamente públicas los corifeos del régimen imperante en casi todos nuestros países, se olvidaron de salud y el bienestar de las gentes, cosa que se ha puesto en evidencia en medio de la llamada pandemia del covid 19, cuando el sistema de salud ha terminado por mostrar algunas de sus grietas más visibles.

Estos neoliberales, cada vez más dogmáticos y autoritarios, a semejanza de los estalinistas de la antigua Unión Soviética, y el diz que “comunismo” que dijeron llevar adelante o profesar, cuando nunca fue otra cosa que un capitalismo de estado malavenido incluso con la llamada libertad de la mano de obra (el Gulag fue la monstruosa demostración del regreso del trabajo esclavo en gran escala para ese régimen, al igual que la palabra stalag lo representó para la Alemania Nazi), se empeñan en decir que el neoliberalismo no ha fracasado, y que así como los problemas de la democracia, no se resuelven con más democracia (Óscar Arias, con su “dictadura en democracia”, dixit), los problemas de la economía, y de la sociedad se resuelven con más desregulación del mercado, en particular el financiero, dejándonos al resto de los mortales en sus garras.

Mientras tanto, el comunismo que nunca fue, cuando han pasado más de treinta años de la caída de la Unión Soviética, está más presente que nunca, aunque no es más que una palabreja para asustar a los incautos y a frenar a las gentes que se salen del rebaño, por cierto no al que aspiran los epidemiólogos a propósito de la Covid 19. Todo el que no se comporte de manera políticamente correcta recibirá el calificativo de “comunista”, aunque no pase de ser un socialdemócrata despistado que se atreva a sugerir algún tímido planteamiento keynesiano, en materia económica y social, como eso de que para reactivar la economía hay que poner circulante en manos de la gente.

El escándalo de las empresas Meco y Hernán Solís (pronto pasará y se irá hacia el olvido más grande), que acapararon durante más de dos décadas el mercado de la llamada concesión de obra pública, en materia vial obedece, al parecer, dentro de la lógica del régimen, a algunos “problemas técnicos” que pronto se resolverán, mientras tanto “el libre mercado” y la competencia no se asoman por ningún lado, aunque se siga hablando de sus “bondades”.

El monopolio de la actividad portuaria en la región del Caribe, por parte de la empresa holandesa APM Terminals, y sus protectores locales, no sólo ha venido a representar servicios más ineficientes, además de tarifas más caras para las compañías navieras y los exportadores locales, sino que ha conducido a la quiebra a la Junta Administrativa para el desarrollo de la vertiente Atlántica(JAPDEVA, por sus siglas), la otra empresa que había venido brindando el servicio portuarios, en condiciones más favorables para los beneficiarios, sus muelles y grúas están hoy casi abandonados, lo que ocasiona el júbilo de los editores del diario La Nación, como también de los propietarios de medios radiofónicos y televisados más importantes, los que en muchos casos resultan ser los mismos

Lo que nos ha acontecido, es que unos cuantos y señores o señoras muy notables se ha convertido en “empresarios” a costillas nuestras, monopolizando las actividades más rentables en algunas áreas que manejaba el sector público, las compras del Estado especialmente en la CCSS o en el ICE, instituciones a las que no cesan de dañar e incluso desprestigiar. Estos personajes que evaden el pago de impuestos reportando cero ganancias, obligan al Estado a emitir bonos, unos títulos que luego ellos compran, y con cuyos intereses crecientes se dedican a lucrar para asfixiar al fisco, han terminado por crear una realidad para la que las palabras, o categorías de análisis hasta ahora empleadas para designarla, han sido vaciadas de casi todo su valor semántico.

Lo único cierto, mal que le pese a algunos, es que vivimos en un mundo de sombras, confundiendo la mentira con la verdad, porque la realidad parece ser otra… ¿será así?, o ¿seguiremos acaso en el mundo de los sueños y las pesadillas recurrentes, esas que algunas gentes asocian a palabras como “cochinilla” o cleptocracia? Por cierto que la última palabra parece estar más cerca de designar lo que de verdad estamos viviendo.

El desvío de fondos de los seguros sociales y la quiebra del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) (Parte 4)

Rodrigo Arias López
Actuario Matemático

Sí aún no sabe por qué motivo el IVM está en grave riesgo de no poder cumplir sus obligaciones con los pensionados y asegurados, le explico paso a paso que el desvío de fondos de los seguros sociales es lo que está llevando a IVM a la quiebra y a sus asegurados a pagar los platos rotos.

Primero es necesario conocer la diferencia entre “seguro social” y “seguridad social”.  A pesar de que cotidianamente escuchamos ambos términos, lo cierto es que no existe una definición consensuada sobre el significado de “seguridad social”. Una de las definiciones más amplias aparare en [1], pág. 10 y dice así: ‘‘La expresión ‘‘seguridad social’’, concebida como parte de la ciencia política que, mediante adecuadas instituciones técnicas de ayuda, previsión y asistencia, tiene por fin defender o propulsar la paz y la prosperidad general de la sociedad a través del bienestar individual’’. Bajo esta definición, las siguientes instituciones, fondos o empresas, prestan apoyo y servicios de seguridad social en el caso de Costa Rica: IMAS, AYA, ICE, INS (RT y SOA), INVU, CCSS, los Ministerios de Salud, Trabajo y Educación, BANHVI, PANI, INAMU, JPS, Operadoras de Pensiones, Jupema, hospitales y clínicas privadas, las universidades, Bomberos, ASADAS, IAFA, Fondo de Pensiones del Poder Judicial, Fondos Complementarios de Pensiones, etc. Como se aprecia, la definición es amplia, sin excluir a ningún individuo de la sociedad y las coberturas son prácticamente ilimitadas, pues lo que se persigue es el bienestar del individuo.

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el concepto de “seguridad social” es menos amplio, pues dice así, según [2]: “La seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia”.  En este caso tampoco se excluye a ningún individuo de la sociedad; pero se reducen las coberturas, por lo que la lista de instituciones o fondos de “seguridad social” o de apoyo, se reduce de la siguiente manera, en el caso de nuestro país:

  1. La CCSS, pues administra y/o gobierna los siguientes regímenes de seguridad social:
  • El “seguro social” creado por la Ley N° 17 de 1941, ratificado en el artículo 73 de la Constitución Política de la República de Costa Rica (CP). Por este motivo la CCSS se llama así, de “Seguro Social”, aunque desde 1973 se debería llamar “Caja Costarricense de Seguridad Social”, con las mismas siglas.
  • El régimen no contributivo de pensiones creado en el artículo 4 de la Ley N° 5662.
  • El régimen obligatorio de salud de los pensionados creado por la Ley N° 5905.
  • La cobertura obligatoria de salud de las personas de escasos recursos, creada en el artículo 2 de la Ley N° 5349.
  • El régimen obligatorio creado por la Ley 7983 en sus transitorios XII y XVIII, para universalizar la cobertura de la seguridad social a los trabajadores independientes.
  • El seguro “obligatorio” de salud del resto de la población no cubierta por ninguno de los regímenes anteriores, de conformidad con diversas leyes y convenios internacionales.

2. El Ministerio de Salud, el INS y cualquier otra entidad o institución que preste servicios relacionados con la salud.

3. El resto de las instituciones y operadoras que administran regímenes de pensiones.

4. El IMAS, FONABE y cualquier otra institución o empresa que brinde ayudas sin fines de lucro.

Podríamos decir que la “seguridad social” es el “todo”, ya sea en los términos de la OIT o como dice en [1], pág. 10: “la seguridad social se estructura para cubrir todos los riesgos y contingencias a que están sujetos los miembros de una determinada colectividad”. En cambio, el “seguro social” es una parte de la seguridad social o del “todo”, como se define en el artículo 73 de la CP:

“ARTÍCULO 73.- Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine.

    La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social.

    No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales.

    Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de los patronos y se regirán por disposiciones especiales.” (Destacados míos)

Entender la diferencia entre “seguro social” y “seguridad social”, no solo a nivel conceptual, sino también a nivel jurídico, es crucial para comprender el desvío de fondos que se ha venido produciendo, que de continuar llevará a la quiebra segura y muy pronta al IVM. Por eso sigo insistiendo, para que no le quede ninguna duda. La lectura del artículo 73 constitucional nos deja claro que el “seguro social” es la parte de la “seguridad social” dirigida a los trabajadores por cuenta ajena (asalariados) y sus familias (así adicionado por el transitorio del artículo 177 (párrafo tercero) constitucional). El “seguro social” es obligatorio, contributivo y solidario (tripartito). Así también se lee en la Ley del seguro social N° 17 en sus artículos 1, 2 y 3. En [1], pág. 10, también se lee lo siguiente: “Son evidentes las diferencias entre los seguros sociales obligatorios y la seguridad social. Mientras los primeros protegen a los trabajadores por cuenta ajena, la seguridad social nace con el propósito de amparar a toda la población.” (Destacados míos).

Dentro del “seguro social” estarían incluidos otros regímenes (de pensiones) existentes en Costa Rica, en tanto protejan a trabajadores asalariados, sean contributivos, obligatorios y solidarios; sin embargo, en lo sucesivo me refiero solamente al seguro social administrado y gobernado por la CCSS, por lo cual también excluyo los riesgos del trabajo que son administrados por el INS. Entonces me refiero al “seguro social” que protege a los trabajadores asalariados ante las contingencias de invalidez, vejez, muerte, enfermedad, maternidad y otras que la ley determine, incluyendo cobertura familiar, administrado por la CCSS, que de conformidad con los artículos 32, 33 y 34 de la Ley del seguro social N° 17 se divide en dos partes o seguros: el de salud (reparto) y el de capitalización (IVM). El régimen de reparto no crea reservas, mientras que el de capitalización sí crea reservas. El costo para atender los beneficios del primero es de un 7,5% sobre los salarios como se observa en [3], páginas 100-104. Incluso es menos de 7.5%, vea el Cuadro 51 de [3], Pág. 104, que dice “Prima de reparto Asalariados 7.11%”. En la actualidad la prima o cuota que la CCSS recauda para el “seguro social”, de conformidad con el artículo 73 de la CP y el 32 de la Ley N° 17, es un 25,66% del salario. Según ese artículo 32, esa cuota y cualquier otro fondo obtenido por esa ley, debe separarse en dos, una para salud (reparto) y otra para IVM (capitalización). Así, la CCSS debería destinar un 7,5% al primero (reparto) y el restante 18,16% al segundo (IVM). Sin embargo, contrario con dicho artículo y con el artículo 73 constitucional, al IVM en lugar de enviarle el 18,16% solamente le trasladan un 10,66%. El otro 7,5% lo desvían para otros regímenes de seguridad social sin que ello esté autorizado por ley, lo cual no sería posible sin una reforma constitucional. Lo ilustro gráficamente de la siguiente manera, incluyendo en las esquinas, el ordenamiento constitucional y legal vigente que expresamente prohíbe esos desvíos.

Tal desvío multimillonario no autorizado de aportes tripartitos del seguro social, no solamente está prohibido por la CP, sino también por diversas leyes y sentencias judiciales. Por ejemplo, cuando se creó el seguro de salud para las personas de escasos recursos con la ley 5349, el artículo 2 recordó que “Conforme a las disposiciones del párrafo tercero del artículo 73 de la Constitución Política, la Caja no podrá en ejecución de esta ley, contraer obligaciones que impliquen transferencias o empleo de los fondos y reservas de los seguros sociales en finalidades distintas a las propias de su creación”. Algo similar se ordenó en la Ley 5905 cuando se creó el seguro de salud de los pensionados, al indicar: “Si hubiere algún déficit, este será cubierto por el Estado, el cual tomará los recursos de las rentas creadas por leyes anteriores para cubrir la cuota estatal y la cuota del Estado como patrono a la Caja Costarricense de Seguro Social”. (Destacado mío). Si alguien tiene duda, que le pregunte a Román Macaya Hayes o a los directores de la CCSS, cuánto le han cobrado al Estado por el hueco que hay en este seguro y cuánto ha pagado el Estado.

Como si el desvío de un 7,5% sobre los salarios fuera poco, al 10,66% que sí trasladan al IVM le vienen dando grandes pellizcos a partir del año 2000, cuando con la Ley 7983 le ordenaron a la CCSS afiliar a los trabajadores independientes; ello a pesar de que esa ley volvió a recordar que los dineros del seguro social no se pueden usar para otros fines, adicionando al artículo 1 de la ley N° 17 parte del artículo 73 de la CP y al artículo 3 el párrafo que dice:  “Para los trabajadores independientes cuyo ingreso neto sea inferior al salario mínimo legal y que soliciten su afiliación al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, la cuota del Estado se incrementará con el fin de subsanar parcialmente la ausencia de la cuota patronal. Para tales efectos, se creará un programa especial permanente a cargo del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares”. La misma ley agregó al artículo 74 de la ley del seguro social, el párrafo siguiente: “Corresponderá al Ministerio de Hacienda la obligación de presupuestar, anualmente, las rentas suficientes que garanticen la universalización de los seguros sociales y ordenar, en todo caso, el pago efectivo y completo de las contribuciones adeudadas a la Caja por el Estado, como tal y como patrono. El incumplimiento de cualquiera de estos deberes acarreará en su contra las responsabilidades de ley. Penalmente esta conducta será sancionada con la pena prevista en el artículo 330 del Código Penal”. (Destacados míos). ¿Dónde están esas rentas suficientes para la universalización de los seguros sociales? Contrario a ello, el Estado le debe a la CCSS más de ₡2 billones y en los años 2007 y anteriores, la CCSS elevó las cotizaciones de los trabajadores independientes y a muchos de ellos les redujo el subsidio estatal, lo cual abrió una segunda válvula -ver el gráfico anterior- para el desvío de fondos del seguro social de los trabajadores asalariados, para atender a este grupo de trabajadores por cuenta propia, que generalmente cotiza con la base mínima; pero que requiere garantía de pensiones mínimas, por lo cual es actuarialmente deficitario, sin que se haya cuantificado el déficit que tiene en IVM. Al respecto, la OIT señala en [4], pág. 50: “… en la práctica ha resultado muy difícil aplicar este concepto en el caso de ciertos trabajadores, como por ejemplo muchos trabajadores por cuenta propia, cuya modalidad de ingresos es irregular, para quienes el propio concepto de ganancias es difícil de evaluar y quienes generalmente tienen diferentes necesidades y prioridades en materia de seguridad social.”

Así que no coma cuento cuando le dicen o le gritan que el problema del financiamiento y la crisis de IVM es el envejecimiento de la población. La OIT dice en [4], pág. 102: “El envejecimiento de la población no constituye una amenaza para los sistemas de seguridad social sino más bien un problema para la formulación de las políticas económica y social y para el mercado de trabajo”. Que no lo engañen. Recuerde, quienes propiciaron la quiebra de IVM son los mismos que deciden lo que se debe hacer con el IVM y lo quieren sumar a usted como si fuera una oveja, sin respeto, ni importarles el conflicto de intereses que poseen. En guerra avisada no muere soldado.

Referencias:

[1]: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjzhNr4jrnxAhXzRzABHbZvDDQQFjALegQIExAD&url=https%3A%2F%2Farchivos.juridicas.unam.mx%2Fwww%2Fbjv%2Flibros%2F1%2F139%2F36.pdf&usg=AOvVaw2CJ-pQ9GnDdzHHdbsRVBtC

[2]: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi54uS5j7nxAhVnQzABHQTCA5kQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fwcmsp5%2Fgroups%2Fpublic%2F—dgreports%2F—dcomm%2Fdocuments%2Fpublication%2Fwcms_067592.pdf&usg=AOvVaw2k_HM9xF4_rSf8DDTUWN1N

[3]: https://drive.google.com/file/d/1Xl9WvgMBBmqYoWVEuXwxzziEhv7a5Loo/view?usp=sharing

[4]: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_protect/—soc_sec/documents/publication/wcms_220095.pdf

 

Imagen ilustrativa.