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Israel y Colombia: ¿Detrás de las ZEDES hondureñas? 2 de 2

Por Marlin Oscar Ávila
29 de junio de 2021

Hace algunos días publicamos un artículo titulado “Aplicación de un Nuevo Concepto de “Destino Manifiesto” y “Enclave” en Honduras” sobre la comercialización del territorio hondureño al mejor postor internacional, como un fenómeno político mercantil sin precedentes en la época predominante del neoliberalismo. Este hecho, sin parangón en el mundo actual, en el cual un gobierno aliado a los sectores más conservadores de la denominada “comunidad internacional” y local, pone en venta el más preciado patrimonio del pueblo, para beneficio de quienes mantienen el poder político y sectores económicos de la ultra derecha, violentando la propia Constitución, los derechos humanos universales y despojando al país de su soberanía.

Una de las consultas que dejamos sobre la mesa en la publicación anterior es: “¿Está o ha estado el sionismo detrás de las autoridades y algunos empresarios hondureños” para iniciar y gestionar semejante aberración (ZEDEs) dentro del sistema capitalista normal?

Cuando le expresamos a un líder político del departamento de Santa Bárbara la valoración que hacemos de las ZEDEs es que detrás del telón está la Israel sionista, nos respondió: “Pues si es así, estamos listos y servidos”, sugiriendo que poco o nada se puede hacer para evitarlo. Y es que los sionistas tienen un largo historial de usurpaciones, invasiones, irrespeto a los convenios internacionales. Así mismos crímenes contra poblaciones civiles y asesoramientos en el medio oriente, particularmente cuando se refiere a Palestina[1], conflictos en el cual Washington ha estado interviniendo en favor de Israel desde 1948, por lo que no se logra ninguna solución pacífica que favorezca los pueblos deseosos de paz.[2]

Según una investigación del periodista Dan Cohen, corresponsal en Washington DC de Behind The Headlines[3], “Tras el éxito que supuso el Plan Colombia del gobierno de Estados Unidos a la hora de debilitar el movimiento guerrillero de las FARC, éste ha sido aclamado como un modelo de contrainsurgencia exportable para implantar en otros lugares, desde México a Afganistán. De 1984 a 2002, al menos 4 mil 153 miembros —incluyendo 2 candidatos a la presidencia, 14 parlamentarios, 15 alcaldes, 9 candidatos a alcalde, 3 miembros de la cámara de representantes y 3 senadores— fueron asesinados o desaparecidos, en lo que la justicia colombiana denominó como «genocidio político»[4]. Pese a algunos escándalos, la relación «Israel»-Colombia sólo se ha fortalecido a lo largo de los años. Bajo el presidente Iván Duque, los dos países han renovado los lazos y el personal militar israelí ha capacitado a sus homólogos colombianos en «contraterrorismo». El escritor del artículo identifica a un mercenario criminal israelí ex miembro del temible Mossad, Rafi Eitan, quien asesora al gobierno colombiano en su estrategia de represión y exterminio, contra la ciudadanía que lleva dos meses de movilizaciones y paros.[5] [6]

Honduras tiene poco o nada que envidiarle a Colombia en cuanto al asesoramiento de criminales israelitas especialistas en represión a los pueblos que protestan contra los sistemas decadentes como el neoliberalismo. El 13 de octubre de 2009, Percy Francisco Alvarado Godoy, hace un análisis de seis páginas,[7] en el cual explica que los sionistas tienen más de cuatro décadas de asesorar a Honduras y la región centroamericana en métodos de represión al pueblo. Da los nombres de asesores como el del general Jacob Levi y el oficial Jehad Leiner, parte de los dispositivos del Mossad y de familias israelitas hondureñas como los Facussé y Canahuati que han estado involucradas desde que funcionara el tristemente famoso Escuadrón 316.

Aprovechando las ultimas fatalidades de los hondureños, la Plandemia y los dos huracanes: Eta y Iota, el gobierno estadounidense ha procurado fortalecer más la relación triangular entre Colombia y Honduras, con Israel, como tutor y asesor. Léase “Triangular Cooperation Between Honduras and Colombia” con subtítulo “Estrategia de Cooperación Triangular entre Honduras y Colombia, con el apoyo de USAID/Honduras”[8], de reciente publicación. En ese documento se informa sobre el involucramiento de los cuerpos colegiados empresariales CCIT y CCIC, en el proyecto titulado Modelo Integral de Servicios Empresariales (MISE), con el objetivo de “fomentar la articulación público-privada y promover cambios estructurales[9] y sostenibles en Honduras para crear nuevos y mejores empleos”. https://nodoka.co/es/noticias/estrategia-de-cooperacion-triangular-entre-honduras-y-colombia-con-el-apoyo-de-usaid-honduras Podríamos pensar que a través de estos proyectos que se estaría canalizando la ayuda de EUA para detener la migración. La población hondureña tiene el derecho a saber si esto es una mampara para que países como Israel apoye proyectos de despojo territorial como las ZEDES.

Nada casual es que dos diputados nacionalistas propusieran recientemente que se declarara “Dia de la Amistad entre Israel y Honduras el 15 de junio”, previo a la visita de la numerosa comitiva que visitó Israel.

El pueblo hondureño conoce en carne propia lo que significa la presencia de sionistas israelitas en su país, puesto que llevan, al menos, 12 años de sufrir asesinatos selectivos, masacres, torturas, prisión y cualquier tipo de prácticas represivas hacia quienes opinan diferente al régimen gobernante. Los productores de cocaína y lavado de activos colombianos han sabido entrenar a los capos catrachos e influenciar los niveles más altos de la institucionalidad nacional, hasta llevarlos a la mayor corrupción e ingobernabilidad posible.

Por todo lo anterior, es iluso no pensar que el sionismo israelí y el uribismo colombiano, están involucrados en el proyecto estrella del régimen nacionalista: las ZEDES.

[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_entre_la_Franja_de_Gaza_e_Israel_de_2021

[2] https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/oasis/article/view/5332/6696

[3] https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1487661/revelan-estrecha-colaboraci%c3%b3n-de-israel-con-genocidio-en-col

[4] Ídem

[5] Ídem

[6] Según el recuento de tal campaña, se han registrado 83 homicidios de civiles, de los cuales 27 son atribuibles a la fuerza pública, otros siete son atribuibles a “civiles” particulares, y en 43 casos no se ha identificado el agresor https://www.telesurtv.net/news/colombia-actualizacion-protestas-informe-ddhh-20210623-0020.html.

[7] https://www.cedoh.org/Documentacion/Articulos%20Golpe%20de%20Estado/files/Mossad%202.pdf

[8] https://nodoka.co/es/noticias/estrategia-de-cooperacion-triangular-entre-honduras-y-colombia-con-el-apoyo-de-usaid-honduras

[9] El subrayado es nuestro.

La era de las ostentaciones

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

La aguja del tren baja al sonido de una alarma estridente. En pie de fila se posicionan un pick up acondicionado en su parte trasera como verdadero mercado móvil. A su lado un flamante Hummer amarillo, reluciente, reverbera su motor con igual estridencia que la alarma del tren. Un poco más atrás, una mujer joven aborda una bicicleta motorizada de un “delivery”, como glamorosamente se le llama ahora a las personas flexibilizadas de las empresas de entrega que transitan por todo el país; se sostiene pie en tierra mientras revisa en su teléfono de plan prepago, la próxima entrega.

El tren de reciente factura hace su aparición y al pasar frente a mi casa se mueve rítmicamente de un lado al otro. Pienso en el daño estructural que tiene este paso a nivel de la línea férrea y que he visto ser “parchonado”, “arreglado” y vuelto a «parchonar» en los últimos 20 años. Cinco administraciones completas. Por ese paso amorfo y desnivelado, hemos visto desfilar cerca de un centenar de motociclistas por el suelo en época de lluvias y no menos cantidad de automóviles con sus llantas y sus sistemas de suspensión destruidos.

Luego pienso en el escándalo que tan candorosa y literariamente ha sido denominado como “cochinilla” para hablar de corrupción en el manejo público-privado de fondos para infraestructura vial y se me pasa.

Al levantarse la aguja, el Hummer comanda el convoy formado por la espera. La mujer del delivery logró esquivarla hace rato y su motor modificado hizo un ruido parecido a una chicharra. El vendedor de frutas y verduras del pickup mostró una salida digna, con cuidado de que los plátanos y las trenzas de cebolla amarradas a la estructura hechiza de su cajuela no fueran a dar al suelo.

Es esta una imagen permanente y recurrente en una Costa Rica cuyo idilio con la idea y la práctica de igualdad hace tiempo se esfumó. En su lugar, la diferencia, pero en particular la perfomance lacerante de la misma, se escenifica un día sí y otro también. El Hummer, el pick up y la bicicleta modificada y su conductora flexibilizada, dan cuenta de ello.

Por eso, es entendible la indignación de quienes ni siquiera pueden cuantificar en sus cabezas ni en sus vidas, la estratosférica suma que acaban de pagar dos acaudalados empresarios de la construcción como fianza para no permanecer privados de libertad. No alcanzan las calculadoras, dicen unos, da error al convertir de millones a colones, dicen otras. Es una vulgaridad, pareciera ser la palabra más empleada para definir el sentimiento que genera la actitud de los opulentos en tiempos de COVID.

Y esto es así porque la era de la ostentación nos alcanzó para quedarse, igual que la pandemia, igual que la modalidad virtual educativa. Igual que tantas otras cosas.

Esa frase, la de la era de la ostentación, se la debemos al querido y recordado científico social Carlos Sojo en su obra póstuma “Igualiticos: la construcción social de la desigualdad en Costa Rica” (FLACSO-PNUD,2010). En esta, una de sus últimas obras de análisis sobre la realidad costarricense, Sojo dedica unas interesantes líneas al tema de la manifestación de la opulencia por los sectores hegemónicos costarricenses.

Destaco tres ideas de su texto que me parecen importantes al tenor de los últimos acontecimientos detonantes de una práctica de corrupción anquilosada y naturalizada desde hace mucho tiempo.

La primera idea es la de la ruptura de un acuerdo político para contender las diferencias. Con esa normativa tácita y horizontal se configuraba una interrelación de iguales, una comunidad de semejantes, aunque no lo fuéramos. Ese acuerdo erupcionó no más entrando este nuevo siglo y lo que antes era común y natural, es decir, una especie de contrato social de aceptación de esa desigualdad, ahora está falseado. Hecho crisis.

La segunda idea, muy metafórica por cierto en estos tiempos, nos señala “la fuga de los pudientes hacia extremos insospechados» (pero conocidos hoy como la más absoluta legitmidad de los excesos) mediante la cual, dice Sojo, se sustenta esa opulencia desmedida. Esa banalidad in extremis del consumo que “fractura la vida social” (2010, 84).

El flanco local, la vía costarricense, es hacerlo aparecer como resultado de un emprendedurismo empresarial ascendente, la luz divina del éxito individual. En otros países de la región a esa acción se le conoce realmente como acumulación por despojo.

La tercera es una recuperación de una imagen. Nos sirve visualizar el Hummer esperando cruzar, o saltarse, la aguja del tren mientras comparte la espera (vaya paradoja) con el pickup vendedor de Plátanos y tomates y la flexibilizada y empobrecida “delivery”. Sojo la entiende como la demostración de la ostentación, es decir, la conducta de enseñarles a todos por la ventana mientras el aire golpea unos lentes para sol de dos mil dólares, la riqueza que me hace diferente a los demás, ahora si legitimada por la inexistencia de ese pacto de iguales.

El aumento exponencial de la riqueza material en el país se deriva, dijo el sociólogo, de la apertura comercial, la desregulación económica, la expansión del turismo, la bomba inmobiliaria (ya sonaba este tema desde entonces y hasta ahora) y del desordenado crecimiento de las capacidades de las élites profesionales. Todos los días es vista en la calle esta expresión.

Me gustaría sólo agregar una cuarta dimensión que Sojo no llegó a observar en su trabajo. Es la de una ostentación diferente. Es más del orden de lo sociopolítico y sociocultural.

Es aquella que expone la necesidad de presentarse, de demostrar cierto progresismo político que en lo cultural está basado en la consignación de algunos derechos que no son universales, una práctica social urbana de movilidad que también resulta excluyente, un modo de consumo que aunque parezca light, también es suntuario y reservado para personas con cierta capacidad de ingresos y un discurso de inclusión que no termina de asumir la totalidad de esa comunidad de diferentes. Es esta una ostentación permitida bajo el prisma de lo “alternativo” y «progresista», pero igual de lacerante que la señalada por Sojo años atrás.

En una experiencia de contingencia sanitaria, económica y cultural de la cual no sabemos aún como saldremos y si saldremos, transitamos hacia la profundización de un modelo de exclusión que toca en absoluto todas las fibras de la vida costarricense. Como he dicho en otros momentos, la refundación de un nuevo pacto social se impone y es necesaria. Urge.

 

Foto de portada: UCR.

No lo suelte porque se le va…

Por José Luis Pacheco

Hay una frase que se repite a menudo en varias actividades de la vida: “no lo suelte porque se le va” y se utiliza para recalcar la necesidad de mantener a una persona, cosa o tema totalmente tomado para que no se desligue, no se pierda y además no caiga en el olvido.

Hoy lo aplicamos al caso “cochinilla”, caso de corrupción que se da en nuestro país pero que repercute en otros países dados su notoriedad y dada su influencia en asuntos domésticos y de otros países.

Por eso, seguimos con este tema indicando que se abre una luz de esperanza por medio del “Recurso de Apelación” planteado por el Ministerio Público contra la resolución que impone medidas cautelares y fianzas a los involucrados en este tema. Las medidas cautelares y las fianzas son medidas procesales para fundamentar la libertad bajo ciertas condiciones de los imputados, sin embargo, existen una serie de lineamientos para que se otorguen y entre ellos está el de valorar si esos imputados estando en libertad podrían o no obstaculizar la investigación o eventualmente evadir la justicia mediante la fuga. Esas dos premisas son probables dadas las condiciones de los imputados en cuanto a poder económico y conectes internacionales.

La justicia se debe activar desde el primer momento. En este país esa justicia al parecer, duerme plácidamente cuando “de poner el cascabel al gato” se trata. No se ha venido aplicando de manera estricta y sin mirar a quien. Precisamente el símbolo de la justicia es de una persona que mantiene el equilibrio y no mira si se trata de “fulano o mengano” actúa o debería actuar en igualdad de condiciones sobre todos. Desgraciadamente no ha sido así. Por otra parte el sistema jurídico se ha ido desarrollando para beneficiar a la delincuencia y al crimen organizado. Este es un buen momento para que se revisen muchas leyes y se impongan medidas más severas contra los delincuentes y cerrar los portillos que facilitan para esos criminales las acciones para salirse con la suya. Les toca eso a los diputados, sin embargo, estos tampoco hacen por donde llevar adelante esas acciones tan importantes pero para subir impuestos e imponer acciones gravoso contra el pueblo y trabajadores si están listos y se apuran en lograrlo.

También los jueces deben estar muy atentos para que sus acciones sean ejemplarizantes y sirvan de control y de barrera para la comisión de nuevos delitos y máxime si son contra la Hacienda Pública ya que nos afecta a todos.

Ojalá y Dios quiera que se sancionen adecuadamente a quienes participan en esas delincuencias para que los demás pongan barbas en remojo y se abstengan de hacerlo, por el bien de todos.

Los sistemas ideológicos- partidos y los pueblos indígenas

Filidencio Cubillo Morales, Indígena Bribri, Territorio Bribri de Talamanca

Es común escuchar cómo los sistemas ideológicos se confrontan, defendiendo cada uno su doctrina y enarbolando su bandera como el mejor sistema. Los que se denominan demócratas, social-demócratas, social-cristianos, repudian y condenan al socialismo, al comunismo, totalitarismo y a otros sistemas. Sin embargo, para los pueblos originarios en Costa Rica, Latinoamérica y todo América ¿Existen garantías fundamentales, reales para esos pueblos? o ¿Se cumplen las leyes nacionales, convenios, tratados que se han ratificado a favor de los pueblos originarios?

Para los pueblos indígenas, el conservador, el liberal, el colorado, el verde, cualquier sistema lo masacra, lo discrimina, lo reprime, le violenta sus derechos, lo extermina, se comete genocidio de manera cínica o de la forma más sutil, sistemática u orgánica.

En los sistemas llamados democráticos, los pueblos originarios son ignorados, invisibilizados, sus problemas sociales, culturales, políticos, jurídicos son descaradamente desatendidos, archivados.

Los gobiernos firman tratados, convenios, promulgan leyes que al final sirven para que se limpien el trasero.

Tal vil, inicuo es el asesinato, el exterminio de un poblado de un Mapuche en Chile, de un Lenca en Honduras, de un Maya en Guatemala, de un Quechua, de un Chocó, como lo es de un Bribri en Salitre en Costa Rica, y la justicia pronta y cumplida no se vislumbra.

Los politiqueros ya están llegando a las casas, hasta el último rincón, porque perdieron su honestidad, su pudor, les vale un bledo mentir, engañar al humilde campesino, en este caso al indígena. La política como ciencia de la administración pública es excelente, pero cuando se vuelve burda es repugnante.

Este mortal, quien firma, milita en un colectivo político, más no he andado embaucando a mis hermanos y hermanas, milito de forma incondicional, es por la coherencia de sus líderes, hasta el momento, aunque hay que aclarar que existen principios doctrinales con que no comulgo. Tampoco vendo falsas promesas, expectativas, como diciendo que el alto costo de la vida se puede reducir fácilmente, que el paquete de arroz se puede bajar de precio a menos de novecientos colones, es una situación insoslayable.

Los programas sociales son obligaciones del estado, son derechos de las familias y sectores más vulnerables, porque el dinero es del pueblo. La atención de obras públicas es función o deber de un municipio, de un funcionario público, por eso se le paga, es deber del estado, no es un honor del funcionario, pues no son recursos provenientes de su bolsillo, él no se merece un monumento o una estatua. Honor o mérito se merece cuando actúa con probidad.

Los recursos del estado se generan de los impuestos que todos pagamos, si el gobierno pide prestado fondos a otro gobierno u organismo, todo el pueblo paga ese préstamo.

Para las comunidades indígenas es prioridad políticas justas en el sector agrario, que los recursos naturales sean para beneficio de las propias comunidades, políticas sociales, mejoramiento de los servicios de salud para el territorio, fortalecimiento y defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, que no se privatice ni la Caja ni otra institución que son parte del estado de derecho.

Hermanas y hermanos, demandemos derechos colectivos, de bien común. No apoyemos ni fomentemos el clientelismo político que favorece al politiquero, que en cada campaña cambia de bandera, no de proceder, aunque esté cuestionado, esté involucrado con la mafia, el crimen organizado, ¡ya no se ruborizan!

Artículo 5 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas: “los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del estado.

Exijamos respeto a nuestra dignidad. Hagamos valer nuestra libre voluntad, al final usted decide.

Señoras y señores politiqueros: tengan decencia y consideración, no se valgan de las penurias de nuestras familias.

A las corrientes políticas: todos son nefastos, cuando no se actúa con justicia social.

 

Imagen de cabecera tomada de Universidad de Costa Rica.

¿Es suficiente indignarse con la Cochinilla?

Por Alberto Morales Bejarano

Pienso que estaríamos de acuerdo en que no, sin embargo nuestra historia nos confirma con significativas excepciones como ejemplo la Guerra contra los filibusteros, que tenemos memoria flaca o domesticada y en menos que el gallo cante tres veces todo se habrá desinflado. Más aún si la eliminatoria inicia y Keylor Navas se digna venir a jugar con la selección.

Como pueblo regularmente educado, en donde el 52 % de los adolescentes no terminan secundaria y de estos solo el 19 % accede a la educación universitaria, pienso que la natural malicia indígena costarricense, la de Mora y Cañas, podrá ser la que den un vuelco al estado actual de las cosas.

Quisiera pensar eso, sin ser un bucólico cuento porque a veces reaccionamos.

Es de tal magnitud el descaro empresarial y la complicidad institucional, para un entrenado que era un secreto a voces pero que hasta ahora se tienen pruebas y testimonios, que verifican lo obvio, que una reacción de peso es justificable.

Cuando todo esto se contrapone a nuestros niveles de desempleo, de pobreza y de desigualdad y cuando escuchamos historias de personas reales, de verdad, sufriendo porque están pasando hambre y viven el día a día con la zozobra de si tendrán comida para el día siguiente y vuelve a pasar que no. No podemos indignarnos solamente, es la hora de que esto tiene que cambiar. Una revolución armada? indeseable por su costo pero factible; un escoger en las elecciones al menos malo? lo más probable; un populista que nos llene los oídos de lo que queremos oír? está de camino; una manifestación ciudadana multitudinaria que exija cambios reales? lo mínimo necesario pero no suficiente, para enfrentar y parar este despeñadero.

Como costarricense quisiera no olvidar ni el más mínimo detalle de la Cochinilla y mientras tengamos este sistema patético de elección de diputados y de solo representación a través de los partidos, de que hasta donde llegue, poder al menos ejercer mi derecho al voto pretendiendo el mejor cambio posible, que espero no sea votar por el menos malo. Sin embargo este esquema está en vías de agotarse y ojalá de extinción.

Quisiera poder plantearme escenarios alternativos, pero es el tal el embudo que nos ha llevado la clase político-empresarial, particularmente en los últimos treinta años, que cualquier reacción desesperada está a la vuelta de la esquina.

 

Imagen de cabecera tomada de Semanario Universidad.

Convenio 11 y trabajadores agrícolas de Costa Rica: “100 años de soledad”

Gerardo Iglesias y Carlos Amorín

SURCOS comparte la siguiente información:

En un estupendo ensayo que se encuentra en proceso de publicación por la Rel UITA, el asesor en Educación Sindical y ex funcionario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gerardo Castillo, y el abogado laboralista de vasta experiencia profesional acompañando la lucha de numerosos sindicatos, Frank Ulloa, ambos costarricenses, analizan exhaustivamente la génesis, la promulgación, el proceso de ratificación así como las limitaciones y obstáculos que ha encontrado en su camino el Convenio 11 que consagra la libertad sindical para los trabajadores y trabajadoras agrícolas, y que este año cumple un siglo de existencia.

Un opaco centenario

Tomando como pretexto este aniversario, los autores realizan un apretado resumen y contextualización del nacimiento de la OIT, las primeras promulgaciones de Convenios y Recomendaciones, y su desarrollo posterior.

En un lenguaje llano y didáctico, Ulloa y Castillo hacen foco en la fuerte resistencia que encontró desde su origen, en 1921, la extensión del derecho de asociación al sector agrícola mediante el artículo 1 del Convenio: “Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio se obliga a asegurar a todas las personas ocupadas en la agricultura los mismos derechos de asociación y de coalición que a los trabajadores de la industria, y a derogar cualquier disposición legislativa o de otra clase que tenga por efecto menoscabar dichos derechos en lo que respecta a los trabajadores agrícolas”.

Fue necesaria la intervención de la Corte Internacional de Justicia de la Sociedad de las Naciones que, en 1923, sentenció lo que a ciertos sectores empresariales de la época no les resultaba obvio: que el ámbito de acción de la OIT abarca a la agricultura, y que los trabajadores y trabajadoras rurales tienen los mismos derechos que los demás.

Amos y siervos

Esta visión feudal, cultural e ideológicamente incrustada en el empresariado agrícola, aún persiste con diversos matices en gran parte del planeta. “(…) darle vigencia al Convenio 11 de OIT sigue siendo una aspiración de los trabajadores y trabajadoras costarricenses para enfrentar estos retos de manera organizada y dejar de estar a merced de estas empresas”, señalan los autores.

Luego de un profundo análisis sobre la aplicación y real vigencia del Convenio 11 en Costa Rica y la región, el documento aborda entre otros aspectos la crítica al modelo de desarrollo en la agricultura exportadora, las condiciones de trabajo y los derechos de la mujer en las empresas agrícolas, las normas discriminatorias en el Código de Trabajo costarricense, la impunidad de las empresas que imponen sus propias reglas, el reto de acercar los planteamientos teóricos a la realidad, y el auge y caída de la libertad de asociación en el marco de la consolidación de los Estados corporativos.

Una foto que pocos quieren ver

En sus conclusiones, Castillo y Ulloa establecen que:

  • La fuerza de un Convenio no logra anidar en la conciencia ciudadana y en la sociedad si los actores sociales (empresarios, trabajadores, Estado) no están imbuidos de la trascendencia de sus fundamentos éticos y políticos.
  • Se constata que la aplicación del Convenio 11 en Costa Rica ha sido bloqueada, obstaculizada y debilitada históricamente en distintos momentos, formas y medios… “¿Por qué? ¿Quiénes son los responsables de ello? ¿Son conscientes de las implicaciones políticas inmediatas y las que se cultivan al futuro con tales infracciones?”, preguntan los autores.
  • Se reafirma y demuestra que el poder de un instrumento jurídico de carácter internacional como son los Convenios Internacionales del Trabajo tiene una razón de ser en la salida de eventuales conflictos socio-laborales, y en la búsqueda de una meta ideal superior: la paz y la justicia social.
  • Identifican un comportamiento hipócrita presente en diversos actores económicos, políticos y sociales que supuestamente aceptan la vigencia de un sistema de derechos, pero que sin embargo lo relativizan y hasta lo violentan brutalmente para proteger sus intereses individuales y/o corporativos.
  • “De la misma manera −afirman los autores−, el concepto de ética se acuña bajo acepciones y perspectivas utilitaristas de mercado (RSE, Código Ética Empresarial, Comercio Justo, Certificadoras Internacionales, etc.), pero en ningún momento estos mecanismos implican el cumplimiento de la ley respecto a la libertad de asociación de los trabajadores agrícolas, o el respeto a los derechos laborales y al medio ambiente”.
  • En países como Costa Rica, geográficamente pequeños, de bajo desarrollo económico, con estructuras de poder neocoloniales y dependientes, las corporaciones trasnacionales han tenido un papel dominante cuyo peso y gravitación en los empresarios nacionales y las autoridades gubernamentales llega hasta nuestros días, constatan Ulloa y Castillo.
  • Se denuncia que persiste una flagrante subvaloración al trabajador, y más aún al trabajador agrícola, al que se considera como una categoría de menor rango, y la discriminación se acentúa aún más en el trato a los migrantes en el sector agrícola: hambreados, expulsados de su propio país y recibidos como un auténtico ejército de reserva explotable y desechable.
  • Las empresas transnacionales han perfeccionado los mecanismos de explotación e incrementado el nivel de abuso e impunidad al tiempo que se enriquecen, lo que demuestra que, en materia de negocios en gran escala, los riesgos políticos y éticos de las malas conductas no se registran en los libros contables. La impotencia va haciendo mella en la cultura ciudadana, comprometiendo el futuro de la gobernabilidad por el daño social provocado por la mala distribución de la riqueza. Asimismo, la irresponsabilidad ante el deterioro del planeta es incalculable.
  • Las empresas transnacionales aplican un modelo de violencia antisindical y utilizan un doble discurso: por un lado, mediante un supuesto Código de Ética, un sistema de Certificaciones, la manida Responsabilidad Social o el Comercio Justo venden en el mercado internacional la imagen de empresas respetuosas de los derechos laborales y del acatamiento al cuidado de los recursos naturales y el medioambiente. Sin embargo, en las fincas aplican una batería de prácticas y castigos antisindicales e instrumentos de relaciones laborales deformados que sirven para frenar los intentos de organización, impedir la negociación colectiva y neutralizar reivindicaciones socio económicas, al tiempo que utilizan un paquete tecnológico basado en el uso indiscriminado e impune de agrotóxicos.
  • Estas transnacionales han ideado y perfeccionado una verdadera caja de herramientas antijurídicas y de conductas antiéticas con las que capacita a sus mandos medios y a los trabajadores que ellas mismas designan para integrar el Comité Permanente de Trabajadores. Esto es una flagrante desnaturalización de la ley, pero se permite y hasta se acompaña, al obligar al sindicato a acudir a una institucionalidad fallida: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y los Tribunales de Trabajo que no se preocupan por profesionalizar la Inspección del Trabajo. En síntesis, las transnacionales hacen un uso antiético de la legalidad que contagia al resto del empresariado, erosiona las políticas ambientalistas del país y, cada vez más, va desgastando la institucionalidad democrática.

En síntesis, no hay nada para conmemorar, todavía.

 

Fuente del artículo, le invitamos a difundir: http://www.rel-uita.org/costa-rica/100-anos-soledad/?fbclid=IwAR1HLcomGPJoi46KaO86GJ0R5UpJchpALtaisfo0pQ0LzGJ26LcwwnqD7_Q
Imagen: Mural San Javier-Uruguay | Foto: Gerardo Iglesias
Enviado a SURCOS por Maikol Hernández

Muy calladita la Municipalidad de San José

Por Freddy Pacheco León

“Muy calladita», la Municipalidad de San José, la misma del «barrio chino sin chinos», de los más de ¢1.200 millones en exoneraciones («incentivos» les dicen) a empresas constructoras de edificios, de una «ciudad tecnológica» EN EL PROFANADO «CEMENTERIO DE LOS POBRES», del tranvía sin sentido, del basurero de La Carpio que continúa con otro contrato multimillonario, los millonarios drones españoles, los «fuegos» centroamericanos, etcétera, surge ahora como protagonista relevante de los negocios con la constructora MECO. No sólo por un contrato con único oferente por cerca de ¢40.000 millones para reparación de calles, donde MECO recibirá ¢4.057 millones MÁS que lo ofertado por la descalificada, Consorcio Pedregal-Herrera, sino porque, según se consigna en el Semanario Universidad (2/4/14) durante la administración Chinchilla y Araya, fue ÉPOCA DE JAUJA para la constructora acusada de corrupción. Eso explica parcialmente por qué durante las administraciones Arias y Chinchilla, el patrimonio de MECO ¡creció de US$20 millones a US$150 MILLONES! De tanta «confianza» en esos años, que se descubrió como el eterno alcalde y entonces candidato presidencial, hasta viajó (a escondidas por supuesto) junto al contratista privilegiado, en su jet privado a Panamá.

Malvinas Argentinas

Por José Luis Callaci

Más allá de lo que puedan creer o defender los admiradores de la Corona inglesa, el conflicto sobre el Archipiélago de Malvinas se inició a partir de un artero e infundado ataque de una potencia colonial que les arrebató a sus dueños una posesión legítima heredada del imperio español. A pesar de la evidencia histórica y la fuerte razón mencionada, a la que hoy se le agregan otras como la geográfica, hay quienes aún se empeñan en deponer sus opiniones echando mano a argumentos muy trillados y fáciles de rebatir. Lo hacen haciéndole eco a los que emanan del 10 de Downing Street, que nos cuentan una historia, pero al revés. Esa fantástica admiración que algunos profesan por el Reino Unido ha llevado a afirmaciones delirantes como el llegar a decir, sic: “que ha sido mejor que las Islas fueran tomadas por el Imperio Británico y no mantenidas por España o tomadas por el Imperio Ruso, el Alemán o el Japonés”. Probablemente alguien considere que deberíamos ser más tolerantes y comprensivos, superar enojos y aceptar que cuando se practican genuflexiones ante los poderosos no existen límites para la perversidad humana. Pero las cosas son como se presentan y hay que llamarlas por su nombre. Desde la resolución 2065 de Naciones Unidas en 1965, en la cual se reconoce la disputa de soberanía y se convoca a las partes a resolver el conflicto por medio del diálogo y la negociación, el Reino Unido viene reusándose al llamado del organismo internacional que a través del Comité Especial de Descolonización el pasado 24 de junio lo reitera y contó con el abrumador apoyo de los países miembros. Los burdos intentos de soterrar los hechos del conflicto con el fin de justificar la ocupación ha servido más bien para que el apoyo mundial a Argentina sea cada vez mayor y más beligerante, llegando incluso a que muchos países hagan suya la Causa Malvinas. Así que ponerse a estas alturas a tratar de justificar la ocupación de las Malvinas, constituye un acto no solo reprochable sino inadmisible y censurable. El intento fallido de recuperación de las Islas por la fuerza de las armas por parte de un Gobierno militar en 1982 independientemente de alguna intención subyacente que haya tenido, no fue una invasión sino una ocupación legítima de lo que le pertenece al pueblo argentino. Esto al margen de lo que podamos considerar: que esa no debería ser la vía, dadas las actuales condiciones, sino la solución pacífica de la controversia. Las guerras entre las potencias coloniales europeas fueron historias de arrebatos de unos a otros. Los ingleses a principios del Siglo XIX intentaron dos veces invadir las colonias del Río de la Plata en poder del Imperio Español y fracasaron. Esa es una parte de la historia. Pero los hechos son contundentes e irrebatibles. España como resultado de acuerdos con otras potencias europeas se queda con el Archipiélago de las Malvinas el cual pasa, luego de la Independencia de sus colonias al Poder de lo que es hoy Argentina, que la ocupa con personal militar y colonos. La usurpación británica se produjo un 3 de enero de 1833 o sea varios años después de la Independencia. Los ingleses tomaron por sorpresa, por la fuerza y sin declaración de hostilidades, Puerto Soledad y expulsaron a los argentinos. Estos son los antecedentes de los justos reclamos de la parte despojada por un acto de violencia sobre el cual hay quienes lo califican como un ejemplo más de simple piratería perpetrado por la Pérfida Albión.

Juramento

A Albert Camus, Herbert E. Contreras Vásquez, Puntarenas 2012

Ante el Kosmos, en acto solemne, me reconozco animal humano pleno de contradicciones y majaderías como las demás criaturas bípedas

ante el Planeta me confieso irreverente, con el puño cerrado contra las injusticias, diciendo NO a lo que límite mis sueños o las aspiraciones de las mayorías

ante lo Ignoto, por las cenizas de mis ancestros y especialmente ante mi madre

por la gente y por los que no son tratados como gente

por los que se fueron, por los que estando aquí, permanecen ausentes

por todos y por nadie, por los que aborrecen sin saber porqué

por los que no se aman a sí mismos, por los que aman lo que no deberían amar

por esto y por aquello, en este acto solemne

me declaro engendro humano, y para no decir más sandeces

bajo sublime juramento, ante mi hermano el árbol, ante el perro sin abolengo

ante un despojo en medio de cartones homínido o cuadrúpedo ¿qué más da?

ante el agua, ante el fuego, ante el viento, ante la tierra

ante la miseria y ante la asquerosa opulencia

ante el dolor, ante el regocijo

ante uno mismo, ante la soledad, ante todos

JURO no ser parte en la construcción de esta Casa de Lunáticos.

Una visita indeseada de un gobierno falsario

Por, Carlos Meneses Reyes

El equipo gubernativo del sub presidente Duque preparó una visita del mismo al Municipio de Sardinata: Puerta de Entrada al Catatumbo Medio Nortesantandereano. Para ello escogió como sitio de reunión de un concejo de seguridad, el sitio conocido como La Virgen, de ese municipio, caracterizado por ser lugar de manifestaciones campesinas y de bloqueos de la carretera Cúcuta- Ocaña, durante el Paro Político Nacional (PPN). También por concentrar el mayor número de efectivos militares en lo que se ha constituido como una base militar de avanzada de la fuerza conjunta ( ejército, marina, aviación) de operaciones Fudra Omega, caracterizada por el profesor Víctor Renan Vega, como una prolongación del Comando Sur del ejército norteamericano, resultado del Plan Colombia, con un equivalente de 30.000, uniformados; 17.000 de los cuales aposentan en El Catatumbo, bajo la Operación de la Fuerza Vulcano, con un asentamiento de 12.000 soldados, aumentado en 5.000 soldados más, por el espurio presidente en el poder, al inicio del presente año.

Esta visita a Sardinata, celebrada en el día de ayer, 25 de junio de 2.021, la efectúa el sub presidente, cuando más de dos mil campesinos han decidido regresar a su veredas, luego de intensas gestiones del gobernador del Norte de Santander y los alcaldes de Cúcuta, Tibú y Sardinata, para lograr un despeje de las vías y carretera principal mencionada. Un fui, vi, vencí, que por poco termina en tragedia.

En el marco del Paro Nacional los campesinos se concentraron en la Y de Astilleros, donde confluye la vía de Cúcuta- El Zulia, hacia Tibú y Ocaña. El ejercito impidió la marcha campesina hacia Cúcuta, ante lo cual el gobernador del Departamento, junto con el alcalde de Cúcuta y Tibú, se dirigieron al lugar de concentración, en donde se llevó a cabo una Audiencia Pública, con la presencia de la Camisón de Paz del Congreso. Los días 13 y 14 de junio resultaron de intensa actividad, donde el gobernador escuchó las quejas de los manifestantes, siendo falso lo difundido por los medios de intoxicación masiva de la dictadura, que había sido retenido por los campesinos. Fue manifiesto el pedido de la comunidad de estar cansada de la prolongada situación del cierre de vías ente Cúcuta y El Catatumbo. El gobernador regresó a su Despacho, en el Palacio de la Cúpula Chata, como se denomina al centro de la burocracia narco estatal en la capital administrativa del Departamento. Esa noche, en la vereda Agua La Sal, del municipio de Cúcuta, motorizados armados, irrumpieron en el campamento de concentración campesina, disparándoles, en físico acto de terrorismo estatal.

La gobernación del Departamento expidió el Decreto 000879 del 17 de junio de 2.021, por medio del cual se creó la “Mesa Regional por la Reivindicación Popular de El Catatumbo”, como un instrumento de articulación de participación y de concertación, dialogo social y acuerdos, entre la gobernación del Norte de Santander y el Comité de Unidad de El Catatumbo, al que asisten y conforman más de dieciséis siglas organizativas de la región, incluidas de intereses indígenas. El día 18 de junio se llevó a cabo el acto de protocolización de firma del mencionado Decreto, para lo cual se trasladó el gobernador del Departamento al sitio de La Virgen, en Sardinata, acompañado de los alcaldes de Sardinata, El Zulia, Cúcuta; resaltando el logro de condiciones mínimas para la instalación de la Mesa, construyendo una estrategia metodológica que permita ir a los territorios, escuchar las opiniones de las comunidades, recoger inquietudes, validarlas y concertar salidas en la Mesa Regional.

¿A qué fue entonces Duque?

El equipo gubernamental publicitario suplió fases de preparación para que presentara la presidencia un balance de las “inmensas” inversiones hechas a El Catatumbo. Todas en proyección a 15 años, como si el palo estuviere para hacer cucharas. El manipulador Archila, como consejero presidencial, no calculo la diferencia de los sucesos y acontecimientos reseñados y armó una burocrática patraña de espaldas a la población campesina catatumbera.

En patético desgobierno, demuestra los efectos de contradicción que el dictatorial Decreto de asistencia militar y de velada conmoción interior, ha generado en el espíritu y comportamiento de mandatarios locales y regionales, ante el gobierno central. Desconoce que en la región se está en la actividad de instalación de seis mesas de trabajo con ejes temáticos en temas de educación, salud, vivienda, saneamiento, vías de penetración, sobre medio ambiente y en especial sobre los temas de aplicación de los Planes Pinis, referente a la sustitución de cultivos ilícitos en forma voluntaria, mancomunada, con inversiones familiares; la creación de las Zonas de Reserva Campesina(ZRC) y en una palabra la aplicación de los programas máximos y mínimos reivindicativos del movimiento popular, contenidos en los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon, para el logro de una paz estable duradera y de no repetición. Pero no, llegó irrumpiendo en un boato de derroche de fuerza y de estreno de uniformes del generalato. Cuando los dos mil campesinos concentrados habían regresado a sus parcelas y solo un séquito de algunas camisas blancas “de bien” uribeñas, enseñoreando aliento narco paramilitar, reproducían el eco de las contra manifestaciones a las del Paro Nacional.

Y al caer la tarde sonaron los balazos

En un caldeado ambiente político, social y económico como el que transita el país colombiano, el insuceso de disparos de un arma automática, al helicóptero presidencial, de claros distintivos, que traía de regreso a Cúcuta, al primer mandatario de algunos colombianos, no califica- como debía ser en cualquier otro país- en un hecho funesto, aciago, de consecuencias nefastas de alteración. Consuetudinarios con asesinatos de candidatos presidenciales, de líderes sociales, de desmovilizados desarmados, en réditos de beneficios electoreros a una secta, que no partido de gobierno; ya lo aciago de un evento como el sucedido en la tarde de ayer en Cúcuta, demuestra el rompimiento del tejido y sensibilidad social, de un bien preciado como la vida de los seres humanos; no pudiendo catalogar en lo sociológico y antropología, que la pérdida del miedo, pueda redundar en perdida del instinto vida-muerte.

La política concebida desde lo clásico es el resultado de hechos y sucesos. ¿Contribuye ese funesto suceso a un cambio en la conducción política? Infortunadamente, no. Se dan las reacciones esperadas de la mediática. Las declaraciones estereotipadas de “personalidades” políticas, para diferenciarse del montón. En cambio, se reiteran las manidas manifestaciones oficiales de las danzas corruptoras de las recompensas. No existe degradación más grande que la del sapeo, al que se es alérgico desde las bancas de la escuela. Así como la expresión ciudadanos “de bien” calza en la norma de la lucha de clases; los diferentes montos de recompensa ofrecidas, aplica en lo inequitativo de la distribución social de la riqueza en Colombia. Para dar con quienes han decapitado e incinerado jóvenes relacionados con la protesta, fijan: US$3.000. Por dar con quien quemó un tracto mula atravesado en la vía: US$200.000. Por quien disparó desde zona en despoblado e inventado que fue del techo de una casa de barrio humilde: US$1.000.000. Esas tales recompensas no tienen control fiscal, tributario, ni nada. Denuncian que no las dan y son objeto de extorsión subsiguiente. Fácil de comprender.

Múltiples versiones circulan en las redes sociales. Puede ser, como no, que un despistado traqueto, poseedor de esa clase de arma en el mercado negro, predominante en Cúcuta; o un aventurado miliciano, mutuo propio y en licencia, haya decidido dispararle al llamativo objetivo aéreo. No cabe en parámetros analíticos que haya sido una acción insurgente. En los últimos diez años han sido objeto de ataques con fusiles unos seis helicópteros de guerra, que posan en zonas de combate en El Catatumbo. Solo han sido averiados. No derribados. Índice de probabilidades que descartan la efectividad de esa escaramuza, dadas las dotes salvadoras y de tecnología de punta con que cuenta el helicóptero presidencial. Conocedores del conflicto armado interno en Colombia, aseguran que la guerrilla colombiana, en 50 años, no ha logrado obtener misiles, tierra-aire, por ejemplo. Queda entonces el factor preponderante de la geopolítica, dada la situación estratégica de Colombia, para el imperio y el interés de invadir a la República Bolivariana de Venezuela. Aunque burdo, es significativamente probable, lo de la doble bomba, en el mismo auto, que estalló en las instalaciones del Batallón Maza, de la 30 Brigada en Cúcuta y ahora este “atentado”, pletórico de argumentos para una acción de desestabilización en la frontera.

Sabido es que el ejército oligárquico de expansión Made in Usa colombiano, es el tercer ejercito del mundo que mayor recursos dinerarios recibe del imperio; siendo el primero Israel, el segundo Egipto y el tercero Colombia. Queda por ver la cacería de brujas en escena. Sin mayor excitación, así concluyó.