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Tocando fondo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Arnoldo Mora

El más reciente escándalo que ha llenado los espacios mediáticos durante semanas y parece que no amainará, pues cada día aparecen nuevos y más graves datos que acrecientan el abismo insondable de la corrupción, debería ser uno de los temas centrales de la próxima campaña electoral, pues ya, de alguna manera, con este escándalo se inició esta campaña. Si bien hemos de reconocer que no se trata, ni mucho menos, de un fenómeno nuevo, porque en lo que llevamos de siglo gobiernos de diverso signo partidario cargan un fardo de acusaciones; basta con mencionar el caso de las Crucitas durante el gobierno de los hermanos Arias, la “trocha” que se dio durante la administración de Laura Chinchilla, o el “cementazo” en el gobierno anterior. Una de las características más preocupantes de estos casos es que salpican, no sólo al entorno de absoluta confianza de los jefes de Estado, sino también a su persona misma y a parientes suyos y sus allegados. El asunto reviste ribetes aún más inquietantes, si tomamos en cuenta que esos reiterados escándalos ponen en tela de juicio la idoneidad ética y la eficiencia administrativa de los que hasta ahora han regido los destinos de la patria; al mencionar a los que “hasta ahora han regido los destinos de la patria”, involucro por igual a los jerarcas de los supremos poderes como a los grandes empresarios, cuyos intereses están ligados a las multimillonarias obras que se realizan con fondos públicos, por lo que siempre se cuidan de tener sus representantes en las instituciones estales, hayan o no sido elegidos por la vía electoral; unos y otros usufructúan de las mieles del poder en razón del dinero, en su condición de grandes empresarios o de funcionarios del Estado. Si algo quedó claro con estos escándalos, es que el origen de la corrupción viene del sector empresarial privado, que se las ingenia para seducir, como la serpiente bíblica, a funcionarios públicos inescrupulosos y proclives al enriquecimiento fácil.

La indignada reacción del pueblo no se ha hecho esperar; podría estallar en cualquier momento, en formas no necesariamente pacíficas; porque hay conciencia de que esta vez no se trata de una vez más, sino que se ha tocado fondo. Veamos el contexto; la pandemia se ha prolongado y, con ello, la crisis económica y sus secuelas en el campo social y laboral, se agudiza. No es que esta crisis no existía antes, pero la pandemia no ha hecho sino poner en evidencia sus manifestaciones más deletéreas, tales como el incremento de la brecha social, el aumento del desempleo y la laguna que se ha creado en la educación formal. Definitivamente, hay un antes y un después de la pandemia; los historiadores hablarán de una generación que se llame “la generación de la pandemia”; es aquella generación de niños y adolescentes que durante meses no pudo asistir a clases y cuyas lagunas educativas les afectará en el futuro personal, como afectará al futuro mismo de nuestro país. Las consecuencias de esta crisis están lejos de verse actualmente en toda su virulencia, pero se irán viendo a medida que vaya pasando el tiempo, porque esas fatídicas consecuencias durarán y perdurarán en forma pertinaz. Lo que podemos decir es que por ahora sólo vemos la punta del iceberg. De nosotros depende que esta crisis no sea una tragedia, sino tan sólo e inevitablemente en algunos de sus efectos, pero que seamos capaces de convertirla en un peldaño que nos permita ascender y ver más lejos personalmente y, sobre todo, como nación, avizorar un panorama más esperanzador en el futuro, empezando por el a presente año en que celebramos doscientos años de haber nacido como nación soberana.

Una crisis como la que vivimos no es casual, ni nació ahora con el escándalo más reciente. La corrupción –y la evasión de impuestos es una de sus purulentas manifestaciones – tiene larga data. Es una de las causas de nuestro subdesarrollo, de por qué no hemos podido superar la pobreza ni acrecentado la clase media, ni hemos avanzado en la justicia social en las últimas décadas. La corrupción tiene sus raíces en la colusión entre intereses privados de un sector minoritario pero cada vez más prepotente e inescrupuloso y mercenarios que, se han apoderado del Estado y sus instituciones, convirtiéndolas en fuentes de lucro y no de servicio a la comunidad. Por eso, la corrupción abarca amplios espacios, tanto privados como públicos y amenaza con estrangular con sus tentáculos omnipresentes a nuestra democracia, sobre todo cuando se alía con el poder del narcotráfico y el dinero proveniente del lavado, que ya domina en gran medida el poderoso capital financiero. Con ello, la paz social y la estabilidad política se ven seriamente amenazadas.

Las raíces del mal no están en la corrupción; ésta no es más que la consecuencia más deletérea de un mal que radica en una sociedad infectada por un capitalismo decadente, que cree que el poder del dinero lo logra todo. Hoy tenemos conciencia en forma dramática de que la democracia está en crisis debido a que el dinero proveniente del lavado amenaza con deteriorar en forma definitiva la confianza del pueblo en los partidos políticos. La corrupción genera decepción generalizada. Por lo que será el pueblo mismo quien deba tomar las riendas de su propio destino. Las próximas elecciones deben ser vistas, no como un monótono ritual más de la “democracia” formal, sino como el primer paso para convertirla en una democracia real que responda a sus necesidades. Para ello, los sectores más sanos y lúcidos de la ciudadanía deben unirse en un frente común y hacer una obra de conciencia cívica que asuma el poder por la vía pacífica y devuelva al pueblo la confianza en su propia capacidad de darse un destino mejor.

José Rodríguez-Medel: comandante de la Guardia Civil en Navarra y héroe republicano

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gabe Abrahams

José Rodríguez-Medel Briones nació en Siruela, Badajoz, España, en 1888. Hijo de militar, fue alumno de la Institución Libre de Enseñanza y estudió la carrera militar, saliendo de la Academia con el grado de teniente.

En 1908, siendo ya oficial de la Guardia Civil, fue destinado a Pamplona. En ese destino, conoció a Lucía Carmona, con la cual contrajo matrimonio el 21 de septiembre de 1911.

Al poco tiempo, Rodríguez-Medel se trasladó a Granada y abandonó su actividad en la Guardia Civil, aunque mantuvo su escalafón en el Cuerpo como supernumerario sin sueldo. En Granada, obtuvo el título de ingeniero mecánico y se dedicó a dar clases de matemáticas. Fundó una Academia de Álgebra y Matemáticas y escribió un libro de aritmética.

En 1933, Rodríguez-Medel reingresó en la Guardia Civil como comandante, solicitando los destinos de Madrid y Pamplona. Destinado en Madrid, se convirtió en el ayudante de campo del general Federico Santiago. En 1936, regresó a Pamplona y asumió el mando de la Comandancia de la Guardia Civil de Navarra.

Nada más llegar a Pamplona, Rodríguez-Medel presentó sus respetos al gobernador de Navarra y al alcalde de Pamplona, Tomás Mata. Sin embargo, no hizo lo mismo con la autoridad militar, el general Emilio Mola Vidal. Ambos se conocían desde que cursaron juntos los estudios en la Academia de Infantería y Rodríguez-Medel sabía que Mola tenía una ideología de extrema derecha y que era contrario a la Segunda República española. Tenía conocimiento además de que Mola conspiraba contra la República.

El general Mola, desde su puesto en Pamplona, efectivamente encabezó la conspiración y el Golpe de Estado contra la Segunda República española de julio de 1936, confirmando las sospechas de su antiguo compañero de estudios.

En los días previos al Golpe de Estado y al inicio de la Guerra Civil española (1936-1939), Mola intentó incorporar a la trama golpista a Rodríguez-Medel sin éxito. Este rechazó la oferta de Mola y, en una tensa discusión, le aseguró que como comandante de la Guardia Civil en Navarra defendería la legalidad republicana y a la Segunda República española.

El 18 de julio de 1936, se produjo el esperado Golpe contra la República con el general Mola a la cabeza. Rodríguez-Medel fue fiel a su palabra, lo cual le condujo a un final dramático.

A las ocho de la tarde de aquel 18 de julio, en la plaza de San Francisco de Pamplona, formaron 80 guardias civiles de la Comandancia de la Guardia Civil de Pamplona para marchar hacia Tafalla. La idea era armar una línea de defensa contra los golpistas, según órdenes dadas por el inspector general de la Guardia Civil, el general Sebastián Pozas. Rodríguez-Medel arengó a sus hombres. Pero su grito ¡Viva la República! fue contestado por varios guardias con vivas a España. Un guardia civil, su chófer, al que él llamaba familiarmente “tío”, le disparó dos tiros por la espalda que le causaron la muerte. La Guardia Civil de Navarra pasó a estar controlada por los golpistas.

Al mismo tiempo que se producían estos hechos, otros comandantes de la Guardia Civil de plazas claves tuvieron más suerte. En Barcelona, José Aranguren y Antonio Escobar, junto a sus hombres, se mantuvieron fieles a la legalidad republicana y combatieron con éxito el Golpe de Estado. En Madrid, la Guardia Civil derrotó a la rebelión, tanto dentro como en los alrededores de la capital.

La noticia de la muerte de José Rodríguez-Medel fue presentada por los golpistas y los medios de comunicación afines al Golpe como un accidente, aunque los dirigentes republicanos tuvieron pocas dudas de que se trataba de un asesinato. La mujer de Rodríguez-Medel tampoco tuvo dudas sobre lo ocurrido y se desplazó rápidamente a Pamplona. Solo pudo enterrar a su marido en un panteón de una familia amiga, sin inscripción alguna.

José Rodríguez-Medel fue una de las primeras víctimas del Golpe de Estado de 1936 que desencadenó la Guerra Civil española y la posterior dictadura de Francisco Franco. Durante décadas, su familia por miedo y el entramado franquista por intereses políticos defendieron que su muerte había sido por accidente. Hoy, con el pasar del tiempo y las aportaciones de historiadores, sabemos que José Rodríguez-Medel fue asesinado por defender la República, que cumplió con ella hasta su último aliento y que, en definitiva, fue un héroe republicano.

Acuerdo con el FMI: apuntes para un posible «plan B»

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Economista
Director a.i. CICDE-UNED

Escribo estos rápidos apuntes, incentivado por la solicitud que recibí de un político nacional, que me pidió mi criterio en relación con un artículo titulado “Un plan B para el acuerdo con el FMI”, del colega economista Francisco Esquivel, el cual fue publicado en el Semanario Universidad el 2 de julio de 2021.

1) Estoy de acuerdo con todo lo que plantea Francisco, pero creo que se queda corto.

2) La situación de relativa sostenibilidad o mejora fiscal que se registra en los primeros meses de este año, podría no ser perdurable. Puede que haya efectos de incrementos en los ingresos por IVA, e influidos por este último, de incremento en los impuestos sobre ingresos y utilidades, que podrían no repetirse en el futuro. Incluso con tales incrementos, la tasa de tributación sigue siendo baja (en el orden del 15% del PIB, aproximadamente, con un PIB que todavía no recupera sus niveles de 2019).

3) Estoy completamente de acuerdo en lo que Francisco plantea en materia tributaria.

4) Pero creo que deberíamos atrevernos a dar un paso más allá mediante la tributación progresiva sobre rentas y ganancias de capital y sobre grandes patrimonios. En el primer caso, la tasa plana penaliza más fuertemente al pequeño ahorrante, al pequeño propietario o, en fin, al pequeño rentista. En el segundo caso, la idea sería ampliar lo que ya existe en relación con casas de lujo, para incluir las otras formas de patrimonio personal o familiar, pero hacerlo con base en tasas progresivas y con un umbral exento suficientemente alto

5) Si ya lo anterior (bien lo sé) es políticamente delicado, lo que enseguida diré quizá lo es más, pero aun así lo creo necesario: la tributación progresiva sobre herencias y sucesiones, como un mecanismo necesario para romper la transmisión intergeneracional de las desigualdades (en la línea de ideas propuestas por Piketty, esto podría alimentar un fondo que, a su vez, permita asignar una dote de capital a cada persona, la cual podría ser entregada a cada muchacho y muchacha, cuando lleguen a su mayoría de edad, o, quizá, a los 21 años).

6) Esquivel plantea en su artículo, ideas valiosas en la línea de una reforma administrativa, que propicie más eficiencia y productividad en el sector público. Está bien, pero no es suficiente. Tendríamos que ambicionar más. Por ejemplo, mediante una mejor articulación y coordinación, que permita eliminar duplicidades y despilfarros. Hay que pensar en lograrlo sobre una base dialógica y respetuosa, sin generar más polarización y conflicto del que ya existe. Una reforma a los regímenes de empleo público, igualmente construida de forma dialogada y con pleno respeto a la Constitución, sigue siendo necesaria (no el esperpento que está siendo propuesto), para corregir incoherencias en las remuneraciones (puestos con funciones y responsabilidades muy similares, a veces idénticas, con salarios muy distintos en distintas instituciones), evitar en el futuro salarios excesivamente altos; garantizar mejora real de los salarios a lo largo del tiempo, pero de forma financieramente sostenible.

7) El aspecto clave, sin el cual nada de lo anterior tiene mucho sentido, tiene que ver con la reactivación de la economía y el incremento sustancial en la capacidad de generación de empleos. Al respecto es importante considerar:

  • Pasarán varios años antes que el turismo tenga una plena recuperación. Lo que por ese lado pueda lograrse es limitado.
  • Las exportaciones de zona franca claramente no son una respuesta. En el último año han crecido a un ritmo espectacular, sin que el resto de la economía (o sea, el 95% de las personas trabajadoras) apenas se enteren.
  • Las exportaciones que no son de zona franca, desde hace algunos años (o sea, desde antes de la pandemia) manifiestan un dinamismo más bien contenido. La recuperación en los países ricos del norte, contribuirá a reanimarlas, pero no será suficiente.
  • Es urgente promover una reactivación con efectos en plazos lo más corto posibles, y que se sienta significativamente en el empleo.
  • En el momento actual ello solo es posible mediante el empuje desde el Estado, a través de un programa de inversiones públicas que sean de rápida y fácil ejecución, y que se diseñen de forma que generen muchos empleos, incluyendo muchos empleos para las mujeres.
  • Esto último debería ser parte, de un amplio programa de inversiones públicas, con proyección a mediano y largo plazo, que enfatice ámbitos como los siguientes: sanidad, educación y cuido; energías limpias; transporte público; ciencia y tecnología; agua; vivienda popular, entre otros.
  • El endeudamiento externo que el país obtenga debería destinarse a financiar estos programas de inversión pública, para generar la necesaria capacidad de pago futura. Hoy se destina a sustituir deuda interna “cara” por deuda externa “barata”. A la larga, ello puede significar que el caldo salga más caro que los huevos, puesto que se descuida el aspecto clave: modernizar la economía y elevar su productividad, para que, en el futuro, podamos afrontar estas deudas sin que ello nos genere nuevos problemas.

8) Claro que es necesario avanzar en la renegociación de la deuda pública, por lo menos el componente interno de ésta. Esta, junto a otras medidas (incluso una intervención más directa del Banco Central), debería propiciar una reducción significativa en los pagos por intereses.

9) El crédito accesible y barato o, en general, una política monetaria que propicie la baja en las tasas de interés, solo puede cumplir una función complementaria, no puede ser el centro de la estrategia. Es que el crédito se mueve a partir de la demanda, no de la oferta. O sea: el crédito se reactiva cuando la economía se reactiva, no a la inversa. Enfatizar la generación de empleo, la modernización de la economía y la elevación de la productividad, así como el desarrollo regional equilibrado, la equidad de género y la democratización en la distribución de la riqueza, son objetivos que deberían guiar la asignación del crédito.

10) Desde luego que hay que avanzar seriamente en simplificación de trámites, siempre que ello no implique sacrificar objetivos ambientales, de protección de los derechos laborales y de los derechos humanos en general, o la protección de la salud. Pero tengamos claro que simplificar trámites es un paliativo y un complemento, no una medida estructural significativa.

11) Cualquier propuesta en materia de reducción de cuotas de seguridad social debería garantizar que habrá fuentes alternativas de financiamiento o, en último término, deberían garantizar que no se dañará financieramente ni a la Caja ni a otras instituciones de seguridad social.

12) En todo caso, no debemos olvidar que las cuotas de seguridad social son “altas” no tanto en términos absolutos, cuando principalmente en términos relativos, es decir, son altas relativamente a la productividad de nuestros trabajadores y trabajadoras. Las soluciones deberían concentrarse en lo segundo, más que en lo primero, y eso es lo que anima, en general, las ideas que aquí propongo.

 

Información e imagen tomada del blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/

¿Momento de cambio?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís

Favorecido por una evolución que se aceleró a lo largo del último decenio, el gran poder económico, el de los grupos más ricos y el empresariado más fuerte, logró en los últimos años, tomar las riendas del país, sin apenas nada que pudiera contrarrestar su asfixiante hegemonía. Pero, quizá, ello podría cambiar.

Quizá, digo. Ya veremos

La “cochinilla” -un escándalo de dimensiones épicas- ha puesto al gran empresariado y a los muy ricos a la defensiva. Y de paso ello ha refrescado la memoria: Caja-Fischel; Yanber; Aldesa… “Papeles de Panamá”; los fraudes tributarios que pringan a La Nación y Teletica; las empresas, eternamente bebés con cero ganancias, de Florida Ice and Farm… Los abusos con tarjetas de crédito y datáfonos de ciertos bancos privados; APM Terminals; la 27…

Lo anterior se entrevera con algunas otras problemáticas, todo lo cual podría abrir opciones para que otros sectores dentro de la sociedad costarricense, recuperen influencia, legitimidad y capacidad de convocatoria.

Unos ejemplos para ilustrar el punto

En contraste con la “timidez” que paraliza a las cámaras empresariales frente al caso “cochinilla” (¿por qué será?), la voz de los sindicatos se ha hecho sentir fuerte y enérgica. Como punto de partida no está mal. Por otra parte, pensiones y los problemas de la educación en el contexto de la pandemia, les pone en bandeja a los sindicatos posibilidades que no deberían desaprovechar.

Algo se ha propuesto en pensiones, pero es insuficiente. No he visto nada en relación con educación. No deberían dejar pasar la ocasión. Para mañana podría ser tarde.

Lo que pase con el proyecto de empleo público, podría ser de decisiva importancia. Si ese mamarracho se cae en la Sala Constitucional (debería caerse, pero sabemos que la Sala es imprevisible), daría oportunidad para un vuelco radical en la narrativa sobre empleo público y reforma del Estado.

Solo he mencionado algunas posibilidades. Hay muchas más. Vale decir: un cambio podría darse, pero no se dará espontáneamente. Ante todo, se necesita lucidez, compromiso y decisión.

 

Publicado en Facebook, compartido con SURCOS por el autor.
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Se debe promover la prohibición de la exportación de aletas de tiburón

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Madre Tierra.

Por Freddy Pacheco León

LAMENTABLEMENTE confunden la situación al interior de Costa Rica, los que se suman irreflexivamente a las bien financiadas campañas en pro de declarar a los tiburones como especies silvestres, para supuestamente acabar con su matanza. Tienen buenas intenciones, pero de ellas está empedrado el camino al infierno.

En nuestro país no es ningún problema la pesca del tiburón para el mercado nacional, porque en Costa Rica se trata de un mercado poco significativo y, además, no se consume sopa de aletas de tiburón. Por tanto, el tiburón se pesca como lo que es, una ESPECIE COMERCIAL, que se consume en los hogares y soditas costarricenses, a veces deliciosamente preparado y muy nutritivo. Es una fuente de proteína usual en los «casados con pescado».

Así, con esa limitada pesca no se pone en peligro ninguna de las 80 especies de rayas, mantarrayas y tiburones presentes en los mares costarricenses, aparte de que es fuente de ingreso para nuestros ya muy sufridos pescadores. Además, como en nuestro país el Incopesca no ofrece licencias específicas para pescar peces cartilaginosos (como sí existen para el atún y existían para los camarones… que ahora mueren de viejos), no se puede afirmar, ¡porque no se pueden tener estadísticas!, que nuestros pescadores artesanales estén «acabando» con una u otra especie.

Entonces, más bien, lo que sí habría de merecer nuestra atención es la cruel práctica del DESALETEO, mediante la cual se pescan esos peces, y luego de cortarles sus aletas, son lanzados al fondo del mar a morir desangrados. DESALETEO que pese a que es ilegal el desembarque de aletas desprendidas de los cuerpos para supuestamente evitarlo, no tiene buenos resultados pues las aletas siguen siendo desembarcadas clandestinamente a lo largo de los 1.200 km del litoral Pacífico. Aletas, que al no ser para consumo interno, SE EXPORTAN a mercados orientales donde se adquieren a precios, si se quiere, caprichosos (a cientos de dólares por kilo) para satisfacer lo que los chinos consideran es una exquisitez en la forma de sopa.

Por eso, es un error pretender eliminar la muy limitada pesca comercial del tiburón a nuestros pescadores, mientras en la práctica, se promueve la EXPORTACIÓN LEGAL DE ALETAS, obtenidas por desaleteo. Entonces amigos, lo que ha de hacerse en Costa Rica, es PROHIBIR esa exportación, algo que una vez anunció la expresidenta Laura Chinchilla y su ministro René Castro, al firmar un muy mal redactado decreto ejecutivo con el que supuestamente se tomaba esa medida. Decreto en el que no solo NO aparece siquiera la palabra «exportación» sino que, paradójicamente, más bien autoriza la IMPORTACIÓN DE ALETAS, para que sean exportadas desde Costa Rica. Como esa situación nacional (el desaleteo) se repite en otros países, por eso, hacia donde tienen que dirigirse los esfuerzos internacionales es hacia prohibir el comercio de aletas en el planeta.

Tiene Costa Rica la oportunidad de emular a islas Bahamas, un buen ejemplo, y prohibir la exportación de aletas. Si lo hacemos (aunque los que se dicen protectores de la fauna marina no parecen interesarse) le estaríamos señalando al mundo un camino a seguir, y le estaríamos dando a los tiburones la protección que merecen.

Imagen: FECON.

Costa Rica: el virus de la desigualdad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Jaime Ordóñez

¿Por qué la antigua Suiza de Centroamérica se volvió uno de los países más desiguales del mundo?

En su época de oro, en las décadas de 1980 y 1990, Costa Rica estaba rankeado como el país 37 del mundo en justicia y equidad, y como el mejor de América Latina, junto con Uruguay, al lanzarse la medición mundial del PNUD, el Índice de Desarrollo Humano, en 1991.

Hoy se encuentra en la lista de los 10 países más desiguales del planeta (World Bank Report, Taking on Inequality, 2018), compartiendo esta lamentable lista de la inequidad con Sudáfrica, Haití, Honduras, Panamá, Ruanda, Brasil, México, Colombia, Chile. El problema no empezó con la COVID-19, desde luego. Venía de mucho atrás, y la pandemia solo lo agudizó.

¿Adónde se perdió Costa Rica? ¿Por qué la nación que se ufanaba en llamarse a sí misma la Suiza centroamericana «El país más feliz del mundo» llegó a esta lamentable situación? Las siguientes notas buscan explicar la gravedad del problema, las causas (que son varias) y explorar si hay soluciones para corregir esto.

Uno de cada tres costarricenses es pobre en 2021

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para junio de 2020, cuando la COVID-19 apenas empezaba, indicaban que ya la pobreza se había disparado y no era culpa de la pandemia. Del histórico 22% de línea de pobreza que el país tuvo en las últimas décadas, en junio de 2020 ya habíamos llegado a un 30.5%. Para junio de 2020 se habían añadido 321,000 personas, para un total de 1,529,255 personas pobres. Para el cierre del presente año 2021, se proyecta un total 1,850,000 de personas pobres, sumada la pobreza extrema y general.

Al escribir estas líneas, uno de cada tres costarricenses es pobre y la situación se sigue agudizando. Ese 33% de pobreza con el cual llegaremos a fines de 2021 tiene, además, un componente explosivo, que nos recuerda mucho de lo que sucedió recientemente en Chile y Colombia (dos países que comparten la nefasta lista de inequidad del Banco Mundial) y es que la pobreza se acelera mucho más en las zonas urbanas que las rurales.

El aumento de la pobreza fue de + 6.5% en zonas urbanas, vs. 2.8% en zonas rurales, lo cual se explica por el destrozo sistemático de la pequeña empresa y el cierre de pequeños negocios. Las zonas rurales tienen pequeños «colchones de bienestar», pequeños fundos, economía rural, etc., de lo cual carecen las zonas urbanas, dependientes de pequeños negocios, alquileres y economía comercial que ha sido destrozada, además de la covid, por errores de política económica, como se indica abajo.

Pero el problema no termina allí. El crecimiento de la pobreza es grave (como ha sido estudiado en teoría del desarrollo), pero es más grave aun cuando crece también la desigualdad. Y Costa Rica es el ejemplo de lo que no se debe hacer por parte de sus políticos y gobernantes: entregarse a los grupos de presión y poder económico y empobrecer a las clases medias y bajas en el proceso.

La desigualdad: de los más justos a uno de más inequitativos del planeta

Para 1986, Costa Rica era uno de los países más equitativos y justos del hemisferio. Poseía un índice de GINI de 0.34 (el mejor de América junto con Uruguay), no muy lejos de Noruega, que posee un histórico 0.23. Pero el país se destrozó en cosa de pocas décadas. Para diciembre de 2020, el GINI llegó a un 0.52 (con un subregistro de 3 o 4 puntos, por subregistro del quintil superior), lo cual lo ranquea hoy dentro de los 10 países más desiguales del planeta.

La desigualdad empezó a crecer a partir del año 2007 y 2008 (ver los indicadores del Banco Mundial y de nuestro propio INEC) y vino en franco deterioro desde entonces. El problema se agudizó entre 2016 y 2018, y tuvo como disparador la Reforma Fiscal de diciembre de 2018, la cual fue absolutamente regresiva: afectó clases medias y bajas, y sobre todo pequeños y medianos empresarios.

Los factores que agudizaron la desigualdad en Costa Rica son varios, pero se pueden sintetizar así: es un país cuyo mercado económico reparte mal, muy mal, pero que, asombrosamente, su sistema tributario, en lugar de corregir, ayuda a agravar esa desigualdad. Los distintos indicadores de la OCDE, del BID y Banco Mundial parecen coincidir en algo absurdo y paradójico: que en los últimos lustros la sociedad se vuelve más desigual en + 1.5 o + 2, después del pago de impuestos. Esto es absurdo. El sistema tributario debe servir para ayudar a quienes menos tienen, y no al contrario: para hacer más ricos a los que reciben más ingresos.

Una reforma fiscal que se ensañó contra las clases medias y bajas

¿Por qué fue tan regresiva la Reforma Fiscal del 2018? Básicamente, porque se ensañó contra clases medias y clases bajas, incluidas PYMES, lo cual hizo cerrar a decenas de miles de empresas. Veamos brevemente las medidas que incluyó:

Se subió un 5% a cada tramo del impuesto de renta. Los tramos quedaron en 20%, 25% y 30% y ello afectó a todas las personas y empresas que sí pagan impuestos en el país.

Se introdujeron reformas al IVA, ampliando la gama de bienes y servicios, que no afectaron a grupos exonerados, y sí a la mayoría de la población que vio encarecida su vida.

Se introdujeron los impuestos de ganancias de capital del 2.5% al 15%, los cuales tampoco afectaron a grupos exonerados, pues se imputan en las exoneraciones de renta, lo cual ha sido aceptado por el Ministerio de Hacienda.

Se subieron los impuestos municipales y las cargas parafiscales.

Se debilitó el rango de la canasta básica.

Y algo fundamental. Se introdujo el impuesto a alquileres, lo cual hizo que se desalojaran miles de locales (vía IVA para el arrendante y renta para el arrendador).

Simultáneamente, para «grupos exentos» (sectores de zonas francas y otros grupos exentos del pago de impuesto de renta) esta Reforma Fiscal de diciembre de 2018 los dejó intocados, otorgándoles aún más beneficios.

No se tocaron regímenes de exención del impuesto de renta en zonas francas y otros regímenes exonerados.

Se reformó ley del IVA y se exoneró adicionalmente del Impuesto de Valor Agregado a las empresas de zonas francas en todas sus compras internas, generando una distorsión adicional.

Y lo más bochornoso: no solo se preservaron todos estos beneficios, sino, adicionalmente, la Asamblea Legislativa exoneró del pago del impuesto de bienes inmuebles (impuesto territorial) a todo el régimen de zonas francas, generando, además, un grave deterioro en la recaudación municipal.

Es decir, mientras hay una Costa Rica que sí paga impuestos (pequeños y medianos negocios nacionales, asalariados del sector público y privado, personas que tiene su base imponible en una planilla de pago, etc.), existe otra Costa Rica que no paga impuestos sistemáticamente desde hace más de dos décadas. Y la Reforma Fiscal del 2018 no solo los dejó intocados, sino que, además, los exoneró tanto del pago de renta como también de otros tributos como el IVA y el impuesto de bienes inmuebles.

¿Y cómo está exactamente distribuida la riqueza en Costa Rica?

Para junio de 2020, de acuerdo con el mismo INEC, el 20% más rico de la población recibía un 51.9% del ingreso, versus apenas 4.49% del 20% más pobre de las personas. El segundo quintil recibía un 8.56% del segundo y el tercero un 13.49%. Es decir, más de 3,300,000 personas reciben apenas el 20% del ingreso de una población.

Sin embargo, la situación es mucho peor. Según la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL) y OXFAM, de Londres, en todo América Latina existe un grosero subregistro en el 5% superior del quintil superior de ingresos, es decir el 20% más rico de la sociedad. Dicho en palabras simples, el 20% más rico esconde gran parte de sus ingresos.

En el caso de Costa Rica, el análisis cruzado con CEPAL y OXFAM nos lleva a plantear este escenario para el cierre de 2020, según el cual el subregistro en el quintil superior es de tal magnitud, que la distribución de ingreso real del país sería la siguiente:

Quintil superior (20% más rico), recibe entre el 75% y el 80% del ingreso.
Cuarto quintil: 12% del ingreso.
Tercer quintil: 7.1%.
Segundo quintil: 5.1% del ingreso.
Primer quintil (20% más pobre): recibe apenas el 3% de la riqueza.

Esa proyección es absolutamente coincidente con la evolución de la desigualdad en América Latina. Para el año 2015, el 10% más rico de América Latina y el Caribe poseía el 71% de la riqueza y tributaba solo el 5.4% de su renta (CEPAL, Informe 2015). De acuerdo con Oxfam, Londres (Informe 2020), para fines del año pasado 2020 el 10% más rico de América Latina y el Caribe posee el 80.2% de la riqueza y tributa solo el 5% de su renta. Todos los números empatan, pues Costa Rica es hoy no solo uno de los países más desiguales de América Latina, sino el octavo en desigualdad en todo el planeta, según el Banco Mundial.

El costo de la evasión fiscal y las exoneraciones

¿Y cuáles son las causas del agravamiento de la distribución en Costa Rica? Se puede sintetizar de la siguiente manera. El mercado distribuye mal, desde luego, pero la mano del Estado (el sistema tributario) agudiza la desigualdad. En la última década y media se agravaron dos tendencias en América Latina, pero con más fuerza en Costa Rica en virtud de la evasión fiscal y el régimen de exoneraciones.

Evasión fiscal: representa 3,200 millones de dólares anuales (5.2% del PIB, según datos del propio Ministerio de Hacienda, año 2020).

Exoneraciones: representan un 5.7% del PIB, según datos del propio Ministerio de Hacienda, Informe 4 de diciembre, año 2017).

Ese 11% del PIB combinado de no pago de impuestos, por evasión o por exoneraciones, se concentra básicamente en el 5% del quintil superior (lo cual lleva al GINI general de una concentración del 52% en el quintil superior a casi un 75%-80%). Corresponde con el análisis de CEPAL y Oxfam en el índice general de desigual distribución de la riqueza para América Latina.

El resultado es un escenario de grandes ganadores y grandes perdedores. Son las dos caras de la moneda. Por un lado, está una Costa Rica que no goza de exoneraciones y no evade fiscalmente; una Costa Rica a la que las altas cargas tributarias, el alto costo de los precios del país y la pandemia, para rematar, ha puesto en una situación grave. Los números de las PYMES (pequeñas y medianas empresas) de Costa Rica son los siguientes:

Un proceso acelerado de quiebra y cierre entre 3 y 5 pequeñas empresas por día en los últimos 18 meses.

Una carga tributaria compuesta de entre el 45% y el 55%, incluyendo renta, IVA, contribución CCSS, otras cargas parafiscales nacionales.

Casi 500,000 personas más pobres en 24 meses (quizá 1.8 millones para fin del 2021).

Las PYMES representan a más de 1,500, 000 personas; es decir, más del 80% de los trabajadores del país.

¿Y cuál es la otra cara de la moneda?

Las empresas privilegiadas con zonas francas y regímenes de excepción crecieron un 10% ininterrumpidamente durante los últimos 5 años.

Representa una PEA de 120,000 personas, menos del 10% de la totalidad del país.

Hay aproximadamente 380 empresas, de las cuales el porcentaje mayor no son empresas de pie suelto (no son transnacionales) y muchas de ellas son empresas de capital nacional disfrazado.

¿El cambio vendrá de fuera?

¿Cómo cambiar esta grave situación de un país que reparte mal su riqueza y que —pasmosamente— tiene un sistema tributario que, más bien, agudiza aún más la desigualdad en el ingreso? Curiosamente, parece ser que el cambio vendrá de fuera, del exterior.

El pasado 5 de junio de 2021 los países del G-7 (Japón, Alemania, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia y Canadá) anunciaron la imposición de una tasa global del 15% para todas las empresas y corporaciones del planeta, buscando eliminar todos los regímenes de exenciones y paraísos fiscales del mundo. Lo que busca esa reforma, desde luego, es acercar ingresos a las administraciones tributarias de los grandes países industrializados. Pero, de paso, ayudará a la equidad interna de los propios países de América Latina, Asia y otros lugares, donde se tienen tales regímenes de exención y de paraísos fiscales que generan inequidades nocivas, como acaba de demostrarse en Colombia y Chile.

Costa Rica debería dar un paso adelante y no esperar que, del exterior, se imponga la reforma en forma draconiana. Se trata de preservar regímenes o zonas de atracción de inversiones, pero con otros incentivos y requiriendoles solidaridad tributaria, optando por el modelo de Irlanda que, en determinando momento adoptó el single digit: un 9% para las zonas francas por un período de 5 años, después llevándolos al 15% y dejándolos allí, tal y como propone ahora el G-7.

Es urgente hacerlo. Que los que hoy no pagan, paguen impuestos y quizá bajen la recaudación para las clases medias y bajas, las que hoy soportan sobre sus hombros mucho del esfuerzo tributario del país. Otras reformas serán necesarias sobre empleo, reforma del Estado y diferentes áreas, y a eso dedicaré el próximo artículo.

 

Fuente: Pressenza International Press Agency

Celebrar el 4 de julio

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

¿Qué representa el obelisco del parque de Cartago? ¿Qué se celebra el 4 de julio? ¿Quién es Pablu Presberu? Parecen preguntas ajenas entre sí.

Osvaldo Durán-Castro (Sociólogo Y Profesor ITCR)

El 4 de julio del 2012 el Semanario Universidad publicó un artículo del sociólogo Osvaldo Durán-Castro en el cual formula las siguientes preguntas: «¿Qué representa el obelisco del parque de Cartago? ¿Qué se celebra el 4 de julio? ¿Quién es Pablu Presberu?» Por la vigencia del texto, SURCOS lo reproduce e invita a leerlo y compartirlo:

Si buscamos el significado del obelisco de la “plaza mayor” de Cartago, aparece de primero la respuesta de la “historia oficial”: representa la unión entre los poderes eclesiástico y político; explicación que rima con la condición planetaria exclusiva –a no ser por el propio Vaticano- de Costa Rica como Estado confesional aliado al catolicismo. Tal unión “colonial” mantiene tradiciones y acciones ceñidas en el conservadurismo.

Si preguntamos, supongamos que a gente medianamente informada, qué se celebra el 4 de julio, muchas personas contestarán que “la independencia de América”. Así: “América”, de donde son los “americanos”, distintos a la gente del resto del continente. Algo que abona para hacer realidad el delirio del Presidente William H. Taft de los Estados Unidos, de tener 3 banderas: una en el Polo norte, otra en Canal de Panamá y otra en el Polo sur, para recordarnos que ellos son “moralmente” y por “superioridad racial”, los dueños de este continente.

Y si preguntáramos quién es Pablu Presberu, es casi seguro que muy poca gente daría una respuesta acertada, pues este nombre nunca ha sido expuesto a profundidad, y si lo fue en alguna rápida mención en la primaria o el colegio, es probable que haya sido borrado a falta de “uso” y necesidad. Pareciera que se logró borrar de la memoria colectiva la sangre indígena.

El “ñak”, palabra cabécar que significa encuentro o conjunción, entre las preguntas puede resultar impensable, pero no es así si aceptamos la historia real y la multiculturalidad costarricense. Desgraciadamente nos estancamos en una versión de la vida de herencia colonial, inquisidora y eclesiástica, reforzada por el neocolonialismo moderno. Ambas visiones, antigua y moderna, refuerzan el racismo, la negación de la-os otra-os, y hacen pensar que la gente “no blanca”, ya sea indígena, negra, o simplemente distinta, es salvaje, incivilizada, infiel, hereje, inferior, chola.

El 4 de julio es el aniversario del asesinato de Pablu Presberu. Fue exhibido encima de un caballo por las calles de Cartago, con un pregonero gritando sus crímenes, amarrado a un palo y fusilado con arcabuz. Luego fue decapitado y su cabeza fue “puesta en el alto para que todos la vean en dicho palo”, según reza la sentencia del entonces Gobernador de su madre patria –y la iglesia católica- Lorenzo A. de Granda y Balbín. (Tatiana Lobo Wiehoff, autora de Asalto al paraíso, posee una copia completa de esta sentencia, y también puede verse una transcripción en el libro “Indios, reducciones y el cacao” de León Fernández. 1976. ECR). Esa cabeza clavada en un palo, subida y exhibida en la plaza mayor de Cartago, era para que herejes y rebeldes supieran del poderío de la iglesia católica y de España. Casualmente la cabeza de Lev Traru –Lautaro- el guerrero indígena chileno, también fue clavada y exhibida en una “pica” en 1557, y la de Tupac Amaru igual en 1781 en Ecuador, pero luego de que le arrancaron la lengua e intentaron, sin éxito, descuartizarlo jalándolo con 4 caballos.

Ciertamente “Pablo Presbere y otros aliados suyos, indios bárbaros infieles de las montañas de Talamanca”, según el gobernador, dieron muerte a curas y soldados (unos diez) y quemaron iglesias, para que Arä, nombre real de la región, nunca fuera conquistada. Pero esas muertes son incomparables con el exterminio por esclavitud y asesinato de la población originaria. Esa masacre se mantiene en la memoria indígena, y ha sido recuperada en parte por la historia crítica, y en la mejor obra sobre el tema que es libro Tatiana Lobo Wiehoff.

Hace 302 años Pablu, “Rey de las Lapas”, fue asesinado. Ese crimen nunca ha sido reconocido como tal, sino más bien “suavizado” y hasta negado por la historia oficial. Ahora los territorios y pueblos indígenas siguen enfrentando invasiones: represas como las que el ICE ha querido construir en Pacuare, en Térraba o en el río Duchí. A las represas se suman exploraciones petroleras, mineras y biopiratería, y prácticas productivas y comerciales que explotan a la tierra y a la población originaria. Mientras tanto mucha gente blanca piensa que “no hay” o “casi no hay indios” y que con llevarle a esos “pobrecitos” vacunas, juguetes plásticos en navidad, cuadernos y unas bolsas de fideos, arroz y azúcar, se arregla su “miserable” existencia.

Pero ante ese sino mucha gente indígena está recuperando su cultura y sabiduría y no quiere que se le tenga como miserable y despojada. Cuando se recorre Arä hasta sus cimas en Alto Urén, Coen, Lari, cuando se camina por las calzadas en el sagrado SuLayӧm o en sus ríos, Presberu sobrevuela de muchas formas sensoriales, espirituales y materiales. En territorios Cabécar y Bribri desde Pacuare, Duchí, Telire, Lari y otros ríos, y en los valles y montañas entrecruzadas que se tocan con el atlántico sur, no ha muerto el más indómito indígena y anticolonialista de Costa Rica.

Ojalá este país se permitiera un destello de decoro y vergüenza con su propio origen, para que esa “pica” de exhibir cabezas conocida como “obelisco”, sea derribada (o al menos escondida), para recuperar un poco de dignidad y para que el 4 de julio tenga sentido costarricense. Tal vez ese día las lapas quieran retornar a Cartago.

 

Imagen tomada de la página de la UCR.

Desvío de fondos de los seguros sociales es bien conocido por autoridades de la CCSS y su Junta Directiva – Fue hecho público en informes oficiales de la CCSS – (Parte 5)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

MSc. Rodrigo Arias López. Actuario Matemático

Quienes dedicaron unos minutos para leer lo que he venido escribiendo sobre la seguridad social, seguramente vieron los siguientes cuadros, figuras y notas que aparecen en las páginas 100 a 104 del documento oficial de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) titulado “Valuación Actuarial del Seguro de Salud, 2017”, que tiene la firma del Sr. Luis Guillermo López Vargas, Director de la Dirección Actuarial de esa institución:

Fuente: https://drive.google.com/file/d/1Xl9WvgMBBmqYoWVEuXwxzziEhv7a5Loo/view?usp=sharing

Al observar las cuatro imágenes y texto anteriores a muchos lectores les quedará claro el desvío no autorizado de fondos del “seguro social” que se ha venido haciendo en la CCSS y que está llevando a la bancarrota al régimen de pensiones (IVM). Pero si alguien aún no lo ha entendido, se lo vuelvo a explicar. En mi artículo anterior (https://wp.me/p6rfbZ-fjq) comenté que el “seguro social” es la parte de la “seguridad social” que cubre a los trabajadores asalariados y a sus familiares dependientes, tal y como lo establece el artículo 73 de la Constitución Política y el transitorio tercero de su artículo 177, para el cual la CCSS recauda mensualmente un 25.66% sobre los salarios, que aportan en forma tripartita los trabajadores asalariados (9.5%), sus patronos (14.5%) y el Estado (1.66%). Como se observa en el Cuadro 51 anterior, el costo del seguro de salud de los trabajadores asalariados es un 7.11% sobre los salarios -a confesión de parte relevo de pruebas-, por lo que restándole al 25.66% este 7.11% sobra un 18.55%, el cual según el artículo 32 de la Ley del seguro social (N° 17) debería ser trasladado al seguro IVM; si no lo hicieran, estarían violentando los artículos 11 y 73 de la Constitución Política. El artículo 32 de la Ley N° 17 dice textualmente lo siguiente: “Artículo 32.- La Junta Directiva formará con los capitales y rentas que se obtengan de acuerdo con esta ley, dos fondos: uno para beneficios y gastos del régimen de reparto y otro para beneficios y gastos del régimen de capitalización colectivo”.

En el Cuadro 49 anterior la CCSS informa -repito, a confesión de parte relevo de pruebas- que los gastos del seguro de salud para el año 2018 serían ₡2,055,797 millones y que los Asalariados consumirían un 41% de dicho gasto (según la figura 43); es decir, el gasto en salud de los Asalariados sería ₡2,055,797 *41% = ₡842,877 millones. En el Cuadro 49 la CCSS informa que los ingresos reglamentarios para 2018 serían ₡2,489,752 millones, de los cuales (según la figura 42), un 71% sería aportado por los Asalariados (junto con sus patronos y el Estado), es decir, aportarían en forma tripartita un monto de ₡2,489,752*71% = ₡1,767,724 millones (es el 15% sobre salarios que la CCSS les cobra). Entonces para cubrir el gasto del seguro de salud de los asalariados (y sus familias), los trabajadores asalariados, sus patronos y el Estado, solo ocupaban contribuir un 47.68% (= ₡842,877 / ₡1,767,724) de lo que la CCSS les cobró de cuotas tripartitas. Dicho de otra forma, en 2018, del 15% sobre los salarios que la CCSS cobró (9.25% a patronos, 5.5% a trabajadores y 0.25% al Estado), solo ocupaba cobrar 15%*47.68% = 7.15%; es decir, el 7.11% del Cuadro 51. El excedente en 2018 sería ₡1,767,724 – ₡842,877 = ₡924,847 millones, o un 7.85% sobre los salarios.

Recordemos que los artículos 42 y 43 de la Ley del Seguro Social (N° 17) dicen lo siguiente: “Artículo 42.- Cada tres años y, además, cuando la Junta Directiva lo juzgue conveniente, se harán revisiones actuariales de las previsiones financieras de la Caja.” “Artículo 43.- La Caja regulará la distribución de sus fondos con arreglo a los cálculos actuariales que le sirvieron de base, o con los que se adopten en virtud de los resultados que arrojen las revisiones ordenadas en el artículo anterior”. ¡Qué maravilla!

En 1943 el actuario Mark Kormes hizo los siguientes cálculos actuariales, para el “seguro social” -salud y pensiones de los trabajadores asalariados- que era lo único que tenía a cargo la CCSS en esa época:

Fuente: https://drive.google.com/file/d/1ua6kzcTpJJuEy1B8RDLZvik3J_C5ATlp/view?usp=sharing, pag. 34.

Como puede observarse, en 1943, cuando la esperanza de vida al nacer era de solo 47 años (Ver https://ccp.ucr.ac.cr/observa/CRindicadores/evida.html), por lo cual los costos de IVM eran sumamente bajos ya que muy pocos llegarían a tener pensión de vejez y las de invalidez y muerte se pagarían durante poco tiempo, el actuario calculó para IVM (pensiones) una cuota mayor a la de salud, en ambos casos para los asalariados (seguro social). Ya para las décadas de 1960, 1970 y 1980, las esperanzas de vida crecieron como la espuma hasta los 75 o más años y lo mismo sucedió con las cuotas del “seguro social”; pero al IVM, siendo parte del “seguro social”, lo dejaron abandonado, más flaco y pulguiento que perro de pobre, como dice el dicho popular. Entonces, ¿cómo explican los jerarcas de la CCSS que durante más de 35 años la cuota del seguro de salud de los asalariados fuera el doble de la cuota del seguro de pensiones de los mismos asalariados? ¿Cómo explican que hoy la cuota de pensiones sea dos tercios de la cuota de salud? ¿Cómo explican que la cuota del IVM sea solo poco más de un tercio de la cuota del fondo de pensiones del Poder Judicial, siendo el primero de reparto -forzado por la CCSS- y el segundo de capitalización completa? ¿Cómo explican que la cuota de IVM sea solo el 67% de la cuota del Régimen de Capitalización de Jupema, siendo el primero de reparto forzado y un viejo de 74 años, mientras que el segundo es de capitalización completa y un jovenzuelo de apenas 29 años?

Regresando al excedente del “seguro social” de 2018, pregunto al Sr. Román Macaya Hayes y a cada uno de los miembros de la Junta Directiva de la CCSS: ¿Por qué no le trasladaron al IVM en 2018 -y años anteriores y siguientes- el monto de ₡924,847 millones que le sobraría al fondo de reparto creado por la Ley del Seguro Social y el artículo 73 constitucional? Si ustedes creen o consideran que no debían trasladar al IVM esas multimillonarias sumas sobrantes del “seguro social” (de los asalariados, valga la redundancia) les pregunto: ¿Qué ley autorizó a la CCSS para cobrar a los patronos, a sus trabajadores y al Estado costos inexistentes del “seguro social” creado por el artículo 73 de la Constitución Política y la Ley N° 17? ¿Qué ley los autoriza a cobrar un 15% si el costo real es 7.11% según las cifras oficiales de la misma CCSS? (Cuadro 49 anterior) ¿Cuál es el criterio legal de la Dirección Jurídica de la CCSS y su Director el Lic. Gilbert Alfaro Morales?. Lo anterior, considerando que el artículo 1 del Reglamento de esa Dirección dice: “Artículo 1º-De la Dirección Jurídica. La Dirección Jurídica de la Caja Costarricense de Seguro Social, es el órgano superior consultivo responsable de la atención de asuntos en materia legal, la representación judicial en defensa de los intereses de la organización, en los términos y condiciones de la legislación aplicable. Otorga el apoyo y la asistencia profesional a la Junta Directiva y las autoridades superiores mediante la emisión de criterios técnico-jurídicos para la toma de decisiones estratégicas y de impacto institucional. Tendrá independencia de criterio en materia legal, en el desempeño de sus funciones, y mantendrá las relaciones de coordinación técnica-funcional con otros abogados de los demás órganos de la Administración”. (Destacados míos). Para cuyo costo y salarios, obviamente se usan las cuotas de los asegurados de la CCSS. ¿La Junta Directiva le habrá solicitado algún criterio legal sobre el desvío de fondos a esa Dirección? ¿Cuál fue el criterio emitido? ¿Lo conoce alguien? ¿A quién le rinde cuentas esa Dirección y la Junta Directiva de la CCSS?  ¿Será que la CCSS produce legislación?  ¿No existe reserva de Ley? ¿Qué hacen los 57 diputados? Mientras esto no se aclare y los asalariados sigan aguantando, seguirán llevando más garrote, les bajarán los beneficios de pensión, les aumentarán las cuotas y las edades de retiro a los 65 años de edad y más adelante a los 70 o a los 75 o más.

No está de más recordar que en la acción de inconstitucionalidad interpuesta por don Gilberth Alfaro en el expediente 15-015096-0007-CO (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-718852), Alfaro alegó que las «Normas de Acreditación de la Discapacidad para el Acceso a Programas Selectivos y de Salud» (Decreto Ejecutivo No. 36042-S) eran inconstitucionales pues “lesionan la autonomía de la CCSS, dispuesta en el artículo 73 de la Constitución Política, al imponerle una serie de tareas y funciones que rozan con su autonomía de gobierno y administración de los seguros sociales y le llevan a desviar fondos de la seguridad social” (Destacados míos). La Sala Constitucional le recordó al Sr. Alfaro que “sólo la institución autónoma afectada por la omisión en el trámite legislativo es la que se encuentra legitimada para accionar”. Así mismo, que “el accionante no acreditó que estuviera autorizado por la Junta Directiva de la CCSS para interponer esta acción de inconstitucionalidad, por lo que carece de la necesaria legitimación para interponer esta acción de inconstitucionalidad. En consecuencia, lo procedente es rechazar de plano la acción interpuesta.” No es de mi conocimiento si la Junta Directiva de la CCSS enderezó lo que nació torcido y si tomó alguna acción por tan grave metida de escarpines de su máximo asesor legal. Tampoco conozco si el Sr. Alfaro fue diligente ante la Junta Directiva de la CCSS haciéndole ver que los resultados mostrados en las páginas 100 a 104 de la “Valuación Actuarial del Seguro de Salud, 2017”, significaban desvío de fondos de los seguros sociales, lo cual está prohibido por el artículo 73 constitucional y el 1° de la Ley 17, tal y como él lo alegó ante la Sala Constitucional. ¿O sería otra pifia? Ignoro igualmente, si el jefe de actuarios cumplió con su deber de explicar el desvío a su superior y/o a la Junta Directiva, conforme al artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

Todo lo anterior, en contraste con el artículo 39 de la Ley del seguro social que dice: “Los fondos de reserva del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social son propiedad de cotizantes y beneficiarios”; pero que, en la práctica, es pura fábula, como muchas cosas en Tiquicia, el país más feliz del mundo. Por ejemplo, ¿Cuántos de los 1,500,000 cotizantes de IVM y de sus 310 mil beneficiarios votaron por alguno de los actuales y anteriores miembros de la Junta Directiva de la CCSS?  Sin duda que esa oportunidad, hoy inexistente de elección popular, constituiría un hito en la historia de la seguridad social costarricense, pues sería para elegir a distinguidas personas para que cumplan la importante función de la Junta Directiva de la CCSS: “dirigir la Caja y fiscalizar sus operaciones”, como dicta el inciso b) del artículo 14 de la ley del seguro social N° 17, una actividad que requiere de mucho talento, responsabilidad y conocimiento de los seguros sociales, la seguridad social y su gestión. Obviamente que la Junta Directiva debe estar muy bien asesorada jurídicamente para no meter los escarpines.

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Imagen principal: Semanario Universidad.

Crisis y captura: el descontento social en tiempos de pandemia en América Latina y el Caribe

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

… la captura es «el ejercicio de influencia abusiva por parte de una(s) élite(s) extractiva(s) —en favor de sus intereses y en detrimento del interés general… OXFAM

Este documento esboza una propuesta de agendas de trabajo para promover el debate sobre cómo reconfigurar el pacto social por vías institucionales en América Latina y el Caribe, fortaleciendo así los sistemas democráticos de la región y hacer frente a privilegios. Estas cuestiones son esenciales en el contexto actual de pandemia y de crisis políticas. Cruzando datos estadísticos y con los estudios de caso de financiación de partidos (Perú), desarrollo turístico (República Dominicana), telecomunicaciones (Argentina) y acceso al agua (El Salvador), este documento establece la relación entre la captura de políticas públicas, desigualdad y desafección con la democracia. Los casos demuestran cómo el lobby, las puertas giratorias y las campañas mediáticas son los principales mecanismos con los que las élites ejercen influencia abusiva para alejar del interés general decisiones políticas cruciales.

INFORMES DE INVESTIGACIÓN DE OXFAM. JULIO 2021

Introducción

En América Latina y el Caribe (ALC), el estrecho vínculo que existe entre desigualdad, poder y dinero es central para entender cómo países con tanta riqueza generan a la vez pobreza y privilegios. El resultado es una elevada desigualdad que deslegitima el sistema democrático al permitir que aquellos que más poder tienen ejerzan una mayor influencia política. En una región donde el 10% más rico concentra el 68% de la riqueza es fácil apreciar la relación entre captura política y desigualdad.

Este documento sostiene que la captura es el mecanismo por el que se crean y perpetúan la desigualdad y los privilegios, además de una de las causas principales detrás del descontento social, la desafección democrática y las protestas que se suceden en casi todos los países de ALC. La captura es, a su vez, un síntoma de la debilidad de los estados. Para demostrarlo, se analiza la extensión del fenómeno de captura política en ALC y su impacto en la democracia y la desigualdad a partir de unos casos concretos de captura en los que diferentes políticas públicas han respondido más a los intereses de una élite que al interés general.

Se trata de casos anteriores a la pandemia que siguen siendo de gran actualidad. La pertinencia de prestar atención a las consecuencias de privilegiar intereses de ciertos grupos por encima de los de la mayoría ha aumentado, si cabe, al implementarse diferentes políticas de gran calado para hacer frente a la COVID-19 en ALC. No es casualidad que algunas élites se hayan podido vacunar antes que la mayoría de la población; o la presión de las grandes farmacéuticas a varios Gobiernos en la región. Tampoco lo es que las discusiones sobre los paquetes de rescate hayan avivado los debates sobre quién se beneficia de las políticas públicas y a quién sirve realmente el contrato social. La COVID-19 ha magnificado y evidenciado el costo de la captura en estados incapaces de hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social.

El contexto actual ofrece una oportunidad para llevar a cabo una reconfiguración profunda de las relaciones de poder en la región; una reconfiguración que en los próximos meses será, con bastante probabilidad, el principal punto de colisión entre las élites y la ciudadanía. El resultado de dicha lucha puede desembocar en escenarios en los que las élites mantengan su poder, pero también en otros más positivos. El ejemplo de Chile es una muestra de que hay esperanza para las mejoras en el actual contexto.

En Latinoamérica, también se está produciendo desde hace años un cierre progresivo de los espacios para la sociedad civil, el activismo, el periodismo, etc. que se está agudizando con la pandemia y la respuesta de los Gobiernos. La protesta contra el statu quo, la disidencia social y el periodismo de investigación se restringen cada vez más mediante leyes que limitan el debate público y las libertades, al tiempo que se silencian voces alternativas, se instauran falsos debates en la opinión pública e, incluso, se militariza el espacio público. Este fenómeno de cierre está asociado con el poder de algunas élites, que buscan reprimir cualquier atisbo de protesta o disidencia y blindar así sus privilegios.

Con la crisis actual se ha abierto un período de cambios e inestabilidad en el que surgen debates sobre «nuevos» bienes públicos como la vacuna, la tecnología o la provisión de servicios públicos. En paralelo, la confianza en la democracia y en los partidos políticos se encuentra bajo mínimos; la ciudadanía ya no confía en que sean capaces de garantizar el acceso a dichos bienes.

La juventud está cada vez más desafecta del sistema y emergen, por un lado, nuevas voces desde movimientos sociales que apuestan por modelos alternativos basados en una democracia real, descentralizada, no institucionalizada e inclusiva; mientras que, por otro lado, hay sectores que reclaman políticas conservadoras y de orden.

Finalmente, este documento también quiere promover una reflexión sobre cuáles deben ser los cimientos a partir de los cuales reconfigurar los contratos sociales en ALC. En la cuarta sección, se plantean algunas propuestas que buscan contribuir a los debates sobre cómo fortalecer y volver a dotar de legitimidad a una democracia no asociada únicamente a una representación institucional, al acto electoral y a unos procesos participativos determinados, sino en relación con otros principios como el de igualdad y libertad.

SURCOS le invita a seguir el enlace para leer el documento completo o bien descargarlo.

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2021/07/Crisis-y-captura-el-descontento-social-en-tiempos-de-pandemia-en-América-Latina-y-el-Caribe.pdf

 

Crisis-y-captura-el-descontento-social-en-tiempos-de-pandemia-en-América-Latina-y-el-Caribe-1Descarga

Compartido con SURCOS por Henry Mora Jiménez.

Al conmemorarse los 40 años del asesinato de Viviana Gallardo en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin (*)

El 1 ero de julio del año 1981, en Costa Rica, la joven Viviana Gallardo Camacho, de 18 años de edad, fue asesinada por varios disparos en una diminuta celda de detención de la Dirección General de la Guardia Civil, al tiempo que fueron heridas de bala dos compañeras suyas, también detenidas con ella.

Los tiros provinieron de un oficial de esta misma Guardia Civil, José Manuel Bolaños Quesada, quien, sin tener asignada la vigilancia de Viviana Gallardo y la de sus compañeras aquel fatídico día, llegó con su metralleta y al parecer, instrucciones muy claras.

En un texto del juez Rodolfo Piza Escalante adjuntado a una decisión de setiembre de 1983 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso (véase enlace, páginas 19-31), se precisa que:

«2. El 1o. de julio de 1981, el Cabo de la Guardia Civil José Manuel Bolaños Quesada, que no estaba a cargo de la vigilancia de las detenidas, logró llegar hasta la puerta de su celda y disparar con una metralleta a través de la mirilla de la misma, causando la muerte de Viviana e hiriendo a sus compañeras Alejandra y Magaly«.

La noticia de la muerte de Viviana Gallardo estremeció a toda la sociedad costarricense y causó un profundo impacto en Costa Rica, en una época de violencia política que caracterizaba a la región centroamericana.

Desde la perspectiva internacional, el caso fue informado usando los canales usuales: por ejemplo, en este cable desclasificado de los archivos de la diplomacia de Argentina, se precisa la forma – algo escueta – en que fue informada la capital argentina por parte de uno de sus representantes en Costa Rica (véase texto). No se ha tenido acceso a otros cables diplomáticos enviados en la época desde San José (y se considera que una investigación al respecto sería muy deseable en aras de conocer mejor cómo la correspondencia diplomática comunicó al mundo este asesinato, y con base en qué tipo de fuentes).

Una reacción insólita del Estado costarricense

Desde la perspectiva del derecho internacional público, el caso del asesinato de Viviana Gallardo constituye una verdadera rareza, como lo detallaremos a continuación.

Se lee, en una primera decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 13 de noviembre de 1981 (véase texto completo), que el Estado costarricense presentó una denuncia, muy pocos días después de los hechos, ante la misma Corte:

«1. Mediante telegrama del 6 de julio de 1981, el Gobierno de Costa Rica (en adelante «el Gobierno») anunció la introducción de la instancia de una demanda para que la Corte entrara a conocer el caso de Viviana Gallardo y otras. Por escrito del 15 de julio de 1981 ese anuncio fue formalizado. En su demanda el Gobierno manifestó a la Corte la decisión de someter a su conocimiento el caso de la muerte en prisión de la ciudadana costarricense Viviana Gallardo, así como el de las lesiones de sus compañeras de celda, causadas por un miembro de la Guardia Civil de Costa Rica, encargado de su vigilancia, en la Primera Comisaría de la Institución; hechos ocurridos el 1 de julio de 1981. En su demanda el Gobierno, invocando el artículo 62.3 de la Convención, solicitó que la Corte decidiera si esos hechos constituían una violación, por parte de las autoridades nacionales de Costa Rica, de los derechos humanos consagrados en los artículos 4 y 5 de la Convención, o de cualquier otro derecho contemplado en dicho instrumento internacional «.

El entonces Presidente de la Corte, el costarricense Rodolfo Piza Escalante, tramitó de manera muy célere la solicitud. Se lee en esta misma precitada decisión que:

«5. Por resolución del 15 de julio de 1981, el Presidente de la Corte, Dr. Rodolfo E. Piza E., decidió someter directamente la consideración de la demanda del Gobierno a la Corte en pleno. Resolvió igualmente, según lo dispuesto por el artículo 5.3 del Reglamento, ceder la Presidencia para el conocimiento del presente asunto al Vicepresidente, Dr. Máximo Cisneros. Habiendo sido electo Presidente de la Corte el Juez Carlos Roberto Reina el día 17 de julio de 1981, pasó desde la misma fecha a presidir las sesiones en sustitución del Juez Máximo Cisneros«.

La respuesta del juez interamericano se dio en dos tiempos.

En una primera decisión del 13 de noviembre de 1981 (cuyo documento original puede apreciarse en este enlace) los jueces decidieron rechazar la solicitud de Costa Rica, al leerse en la parte dispositiva que la Corte:

«1. Decide, unánimemente, no admitir la demanda introducida por el Gobierno de Costa Rica para el examen del caso de Viviana Gallardo y otras. 2. Decide, unánimemente, aceptar y tramitar la solicitud subsidiaria del Gobierno de Costa Rica para remitir el asunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 3. Decide, unánimemente, retener la petición del Gobierno de Costa Rica en su lista de asuntos pendientes en espera del trámite ante la Comisión«.

Reenviado el caso a la Comisión, en este enlace se puede apreciar el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 30 de junio de 1983, que concluye:

«1. Declarar inadmisible la petición objeto del presente asunto de conformidad con el Artículo 48, numeral 1, inciso c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 2. Comunicar esta Resolución al Gobierno de Costa Rica y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 3. Archivar este asunto de acuerdo con lo establecido en el Artículo 32 (c) del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos«.

En un segundo tiempo, en una resolución del 8 de setiembre de 1983, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (véase enlace pp.16-17), páginas decidió:

«1. Declarar inadmisible la petición objeto del presente asunto de conformidad con el artículo 48, numeral 1, inciso c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 2. Comunicar esta resolución al Gobierno de Costa Rica y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 3. Archivar este asunto de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 (c) del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 4. Incluir la presente resolución en su Informe Anual a la Asamblea General de conformidad con el artículo 59 inciso g) del Reglamento de la Comisión«.

El precitado juez Rodolfo Piza Escalante se apartó del criterio de la mayoría (véase enlace, página 31), al indicar en una larga opinión disidente (o voto salvado) que:

«MI VOTO SALVADO es para que la Corte declare: 1. Que, en virtud de la Resolución de la Comisión No. 13/83 de 30 de junio de 1983, deben tenerse por agotados jurídicamente los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2. Que, en consecuencia, cumplida la condición de procedibilidad impuesta por el artículo 61.2 de la Convención y de conformidad con la Decisión de esta Corte del 13 de noviembre de 1981, debe la Corte reasumir el conocimiento de la petición presentada por el Gobierno de Costa Rica«.

En los anales del derecho internacional público, este caso resulta a todas luces insólito, en la medida en que, por primera (y única) vez, un Estado presentó una denuncia … en su contra. El sistema internacional de protección de los derechos humanos funciona como un régimen que asiste a las víctimas en caso de no encontrar justicia o respuesta a sus reclamos en un Estado Parte a un tratado internacional de derechos humanos: pero nunca fue ideado para que los Estados presenten denuncias en su contra.

Cuando el caso fue enviado para conocimiento de la Comisión, órgano interamericano jurídicamente habilitado para recibir denuncias por parte de las víctimas, una desgarradora carta de la madre de Viviana Gallardo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de julio de 1983 (véase texto completo) señaló las condiciones inhumanas de detención previo al asesinato de su hija y las humillaciones a la que fue sometida días antes de aquel 1ero de julio de 1981.

Viviana Gallardo: preguntas lancinantes que no logra borrar el tiempo

En este muy completo artículo publicado por la BBC en el 2017 y titulado «Las incógnitas que rodean la muerte de Viviana Gallardo, unas de las páginas más opacas de la historia de Costa Rica» (y cuya lectura se recomienda), se lee que:

«Sin embargo, el Tribunal Superior Primero Penal condenó a Bolaños como autor único del crimen a 24 años de prisión, que después se redujeron a 18. Luego se le permitió visitar a sus hijos los fines de semana y el 30 de septiembre de 1987 obtuvo el beneficio de la libertad condicional.«

Una libertad condicional otorgada en setiembre de 1987 para hechos acaecidos en julio de 1981 plantea algunas interrogantes. No se ha tenido acceso a algún análisis desde la esfera penal que pueda explicar tan generoso beneficio obtenido de forma tan rápida por los defensores del señor Bolaños. Es de notar que en el precitado informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1983, el Estado costarricense se refirió a la pena de 18 años impuesta al señor Bolaños en una de sus respuestas:

» 13. El Gobierno de Costa Rica en nota del 24 de agosto de 1982 dio respuesta a la solicitud de la Comisión, adjuntando dos certificaciones debidamente autenticadas de las sentencias dictadas en la causa contra José Manuel Bolaños por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves en perjuicio de Viviana Gallardo, Alejandra Bonilla Leiva y Magaly Salazar Nasser. También informó que la pena de 18 años de prisión impuesta al señor Bolaños se cumple actualmente en el Centro Regional de Adaptación Social de Pérez Zeledón».

Fotografía de placa conmemorativa artesanal que apareció en el 2017 y fue a las pocas horas retirada, extraída de artículo de la BBC del 2017 titulado «Las incógnitas que rodean la muerte de Viviana Gallardo, unas de las páginas más opacas de la historia de Costa Rica».

En las conclusiones de su libro publicado en el 2017, titulado «El crimen de Viviana Gallardo» (véase texto completo), luego de un exhaustivo análisis, el historiador costarricense David Díaz Arias finalizó con dos preguntas que, 40 años después de los hechos, permanecen siempre muy válidas:

«El cabo Bolaños murió en junio del 2014 y la prensa comentó entonces que se había llevado a la tumba “el secreto” de por qué mató a Gallardo. En ese contexto, la segunda esposa de Bolaños repitió que aquel hombre había sido bueno, pero le indicó a La Nación que no quería ahondar en el pasado porque “ya lo que pasó pasó y él recibió la condena. Solo él y Dios saben lo que pasó y ya se lo llevó a la tumba”. Como se ve, es imposible que se dejen de tejer dudas sobre la muerte de Gallardo si la prensa insiste en crearlas o reproducirlas. No era exacto que Bolaños no hubiera dado una causa de por qué mató a Gallardo; de hecho, sí lo hizo, construyó dos explicaciones: la de que había sido una venganza, que ensayó entre julio de 1981 y marzo de 1982 y la de que había sido un plan construido desde “arriba” que primero reveló al Semanario Universidad en 1981 y que sostuvo y amplió en detalles desde 1982 hasta 1991. Su pena, además, fue drásticamente reducida de la que originalmente se le había impuesto.

Resulta claro ahora que la teoría de que Gallardo fue asesinada para evitar que delatara a los miembros de “La Familia” carece de fundamento, ya que desde el 17 de junio de 1981, las autoridades habían capturado prácticamente toda la documentación necesaria relacionada con ese grupo. Tampoco es creíble la teoría de que fueron altas autoridades políticas o policiales las que planearon el asesinato, dado que para efectos de combatir el comunismo era más estratégico que Gallardo permaneciera viva. Las preguntas de fondo, que permanecen sin responder son: ¿a quiénes les convenía que Gallardo muriera? ¿Quiénes podían ser directamente perjudicados si ella declaraba en los tribunales? » (pp.26-27).

En este artículo publicado por el periodista Fernando Francia el 2 de julio del 2020, titulado «Viviana Gallardo: un crimen aleccionador«, se lee que:

«El debate sobre terrorismo o revolucionaria se instaló para siempre. Los medios mantienen la versión de terrorismo, aunque estudiosos de historia, tanto David Díaz de la Universidad de Costa Rica como Eduardo Tristán de la Universidad de Santiago de Compostela, sostienen que, por sus postulados políticos, por los documentos encontrados y por las prácticas demostradas atribuidas a la organización no puede adosárseles el término de terrorismo. Era un grupo que cuestionaba el orden establecido y las injusticias y que pretendía realizar cambios por la vía armada».

A modo de conclusión

Salvo error de nuestra parte, en este 1ero de julio del 2021, no se ha observado ninguna iniciativa para conmemorar los 40 años desde que fue asesinada Viviana Gallardo en Costa Rica.

Pese a ello, no cabe duda que en este caso (como en muchos otros casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en América Latina), la exigencia de justicia y de verdad se acentúa con el pasar de cada primavera, de cada conmemoración; al tiempo que, algunos de los testigos de aquella convulsa época en América Central podrían sentir (tal vez) que ya ha llegado el momento de liberar algunas cosas ocultadas durante 40 años.

 

(*) Este texto fue elaborado por Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

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